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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-01014-00

Fecha
3 de agosto de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-01014-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F AL L A Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, (UGPP), por la causal a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 17 de septiembre de 2019 que negó a las súplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Sin condena en costas. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción especial de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-01014-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

3 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2020-01014-00 (3124-2020)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Felipe Santiago Ochoa Molano

Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causales de revisión previstas
en los literales a) y b).

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(en adelante UGPP) contra la sentencia del 17 de septiembre de 2019 proferida por
el Tribunal Administrativo del Tolima, que confirmó la decisión del 15 de mayo de
2017, emitida por el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Felipe Santiago
Ochoa Molina.

ANTECEDENTES

La UGPP, interpuso la acción especial de revisión establecida en la Ley 797 de
2003, contra la sentencia del 17 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, para lo cual invocó las causales contenidas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten la revisión de
providencias judiciales ejecutoriadas «cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso» y «cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».

Los hechos que fundamentan la acción son, en síntesis, los siguientes:

Que la UGPP, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
(lesividad), presentó demanda en contra del señor Felipe Santiago Ochoa Molano,
con el fin de obtener la nulidad de la Resolución N°2086 de 26 de junio de 2012,
proferida por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
por medio de la cual se reliquidó la pensión de jubilación del señor Ochoa Molano
sobre la totalidad de los factores salariales percibidos durante el último año de

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2020-01014-00 (3124-2020)

servicios; condicionando el pago efectivo de los derechos reconocidos a la
correspondiente aprobación del cálculo actuarial por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público1.

Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) reliquidar la pensión en los términos descritos en el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, con inclusión de los factores enlistados en el Decreto
1158 de 1994, ii) condenar al pensionado a restituir las sumas pagadas en exceso,
iii) declarar que el señor Ochoa Molano tiene derecho a que se le liquide su pensión
de jubilación teniendo en cuenta el Ingreso Base de liquidación del último años y
según lo dispone el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994 y
que por tanto, no había lugar al pago de valor alguno por nuevo cálculo pensional.

Como sustento fáctico de sus pretensiones, la demandante afirmó que con el acto
acusado el cual fue objeto de un infructífero trámite de revocatoria directa, se
desbordó el marco normativo que rige la materia pues el señor Ochoa Molano tiene
derecho a que se liquide su prestación teniendo en cuenta el tiempo que hiciere falta
los últimos diez años de servicio, sobre el 75% de los factores salariales
expresamente señalados en el Decreto 1158 de 1994 y no con el 75% de la totalidad
de factores devengados en el último año de servicio.

Que el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué, quien conoció el proceso en
primera instancia, el 15 de mayo de 2017, profirió sentencia a través de la cual negó
las pretensiones de la demanda. Para arribar a tal decisión, expresó que el acto
administrativo acusado se encontraba ajustado a derecho, como quiera que se fundó
válidamente en los parámetros jurídicos que para la época se encontraban vigentes
y eran aplicables al caso concreto.

Que debía acogerse la postura de las sentencias T-615 de 2016 de la Corte
Constitucional y de la proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, el 23
de marzo de 2017, en sede de tutela, conforme las cuales, los precedentes
contenidos en las sentencias C-258 de 2013 y SU-258 de 2015 son aplicables hacia
el futuro habida consideración que la Corte misma no moduló sus efectos.

Inconforme con la decisión, el 26 de mayo de 2017, la UGPP presentó recurso de
apelación en el que solicitó se revoque la decisión, bajo el argumento de que el IBL
debe liquidarse conforme lo prevé el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
tal y como lo ha sostenido la Corte Constitucional a través de las sentencias C-258
de 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de 20162.

El 17 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo del Tolima, confirmó la
sentencia de primer grado3; decisión que quedó ejecutoriada el 24 de octubre de
20194.

1 Dicha condición fue objeto de litigio dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado

con el radicado N°73001-23-33-005-2014-00572-00 y fue declara nula en providencia del 18 de septiembre de
2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, confirmada por en sentencia del 23 de julio de 2020,
según la verificación efectuada por el Despacho del ponente en el registro de actuaciones SAMAI.
2 Folios 194 a 198 ibidem.
3 Folios 223 a 246 ejusdem.
4 Folio 263 ibid.

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-01014-00 (3124-2020)

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

En la sentencia del 17 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo del Tolima,
confirmó la providencia del 15 de mayo de 2017, emitida por el Juzgado Noveno
Administrativo de Ibagué, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la UGPP contra
el señor Felipe Santiago Ochoa Molina.

Los principales argumentos que sustentaron la providencia fueron los siguientes:

Que al pensionado no le resulta aplicable el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de
2016, por tres razones: i) en ellas se analizó el IBL de las personas beneficiarias
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y no del previsto en la Ley 33 de
1985 del cual era beneficiario el demandado, toda vez que al 15 de febrero de 1985
ya contaba con 15 años de servicio; ii) el derecho se consolidó el 12 de septiembre
de 1995 y iii) el acto demandado se emitió el 26 de junio de 2012, esto es, con
anterioridad a la fecha en que fueron proferidas las decisiones que se consideran
desconocidas.

Que el acto demandado se encuentra debidamente motivado, pues se expidió con
observancia de las normas que le eran aplicables y con fundamento en la posición
vigente del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, esto
es, la sentencia del 4 de agosto de 2010.

Que, si bien no se desconoce que el Consejo de Estado, a través de providencia
del 28 de agosto de 2018, varió su tesis sobre la forma de calcular el IBL de los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que esta
no resulta aplicable al sub examine, pues aquella no examinó el IBL de los
trabajadores acogidos por el régimen de transición de la Ley 33 de 1985.

Finalmente expuso que, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en su
decisión de unificación resaltó que su aplicación sería retrospectiva y que los
pronunciamientos que se hayan emitido basados en la postura que sostenía en la
sentencia del 4 de agosto de 2010, no se podrían entender que fueron proferidas
con abuso del derecho o fraude de la ley, por lo que concluyó que el acto
administrativo demandado goza de presunción de legalidad y que cualquier
consideración diferente atentaría contra las garantías constitucionales del
pensionado.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

La UGPP, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, presentó acción de revisión en contra de la sentencia del 17 de septiembre
de 2017, al considerar que está incursa en las causales a) y b) del artículo 20 de la
citada legislación.

Indicó que con la orden judicial emitida se incurrió abiertamente en la vulneración al
debido proceso, en tanto mantener una liquidación pensional en los términos
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expuestos no se corresponde con lo dispuesto por los artículos 36 y 21 de la Ley
100 de 1993 y al desconocer la jurisprudencia que sobre el asunto ha desarrollado
la Corte Constitucional, que trae consigo un detrimento de los recursos destinados
a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones que la
Nación debe administrar.

Que la liquidación ordenada excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que
el señor Ochoa Molano, al estar cobijado por el régimen de transición, tiene derecho
al reconocimiento de la pensión en las condiciones de edad, tiempo de servicios y
monto, entendido este último como la tasa de reemplazo, previstas por la Ley 33 de
1985, pero, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley
100 de 1993. Que en cuanto a los emolumentos sobre los cuales debe calcularse la
mesada pensional que percibe la demandada, debe atenderse al Decreto 1158 de
1994, que contiene una lista taxativa de los emolumentos que ostentan la calidad
de factores salariales.

Que el juzgador que profirió la decisión recurrida le otorgó a los artículos 21 y 36 de
la Ley 100 de 1993 una interpretación que en principio resulta formalmente posible,
a partir de las varias opciones que ofrece, pero en realidad contravienen postulados
de rango constitucional, conduciendo a resultados desproporcionados,
específicamente porque se viola un principio de rango constitucional de gran
relevancia en materia pensional como lo es la sostenibilidad financiera del sistema.

Que se desconoció la pacífica y clara línea jurisprudencial de la Corte
Constitucional5, a partir de la cual se determinó que para los beneficiarios del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso
base de liquidación aplicable es el contenido en el inciso 3° o en el artículo 21 de
dicha norma; criterio desarrollado a partir del estudio de la constitucionalidad de los
apartes del inciso 1 del artículo 11 e incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de
19936, la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 junto con las reglas del
IBL para los beneficiarios del régimen especial de congresistas y su reiteración del
estudio en abstracto para todos los beneficiarios de régimen de transición.

Contestación de la acción especial de revisión

El señor Felipe Santiago Ochoa Molina pese a ser notificado en debida forma
guardó silencio7.

Concepto del Ministerio Público

El señor Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado no efectuó
pronunciamiento alguno.

5 En particular, las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de

2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018.
6 Sentencia C-168 de 1995
7 Índice 23 de SAMAI. Denótese que el señor Felipe Santiago Ochoa Molina se notificó del auto admisorio de la

demanda mediante correo electrónico del 5 de agosto de 2021 con acuse de recibo, tal como se advierte en el
índice 19 de SAMAI, no obstante, no contestó la demanda.
4

Radicado: 11001-03-25-000-2020-01014-00 (3124-2020)

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La Subsección en primer lugar, se ocupará de determinar si, en efecto, los
presupuestos procesales de la acción especial de revisión están dados en el caso
concreto, para luego, en caso afirmativo resolver si se configuran las causales de
revisión alegadas por la entidad demandante, esto es, si al mantenerse el
reconocimiento pensional del señor Felipe Santiago Ochoa Molina con la inclusión
del 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio,
se generó una violación al debido proceso y/o se excedió la cuantía de la prestación
conforme a lo previsto por la Ley.

Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidades del recurso extraordinario
de revisión, ii) Causales de revisión invocadas en la demanda; iii) aspectos
jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación y iv) se examinará el
caso concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 20031, habilitó al Gobierno para que
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones8 formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas
o pensiones de cualquier naturaleza.

Está acción tal como el recurso extraordinario de revisión tiende a invalidar los
efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra ejecutoriada, por eso se
presenta como una excepción al principio de la cosa juzgada, y las causales para
su procedencia están establecidas taxativamente en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

Aunque es cierto que la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido
para el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción
contenciosa administrativa ha sido considerada como una acción especial9 por al
menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación
en quien está habilitado para ejercer la acción.

En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a
las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta

8 Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016.
9
Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado : 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-
12), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: es claro que las particularidades de la “acción especial de
revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja
principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control
–Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el
fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”
5

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judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en
dichas causales (…)»10.

Frente a las causales para interponer el recurso se advierte que son aquellas
establecidas taxativamente en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de
2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de la norma pueden
ejercer la acción.

Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario público por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad,
además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira11 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.

Utilización del mecanismo de revisión como tercera instancia

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido consistente en establecer
que resulta improcedente ventilar a través del recurso de revisión asuntos que
pretendan prolongar un debate jurídico que ya se zanjó dentro del proceso ordinario.
Al respecto por parte de la Corporación se ha precisado:

“El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto
del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez
más (…).

En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite
propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso,
hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia
ejecutoriada (…)”12

En esas condiciones, esta acción judicial no es una “tercera instancia” en la que
puedan plantearse argumentos para remediar omisiones cometidas en defensa de
los intereses de la parte que terminó desfavorecida, ni la oportunidad para reabrir
un debate propio de las instancias o suplir la deficiencia probatoria.

Causales de revisión contemplada en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

El apoderado judicial de la UGPP invocó como sustento de la acción de revisión las
causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los
cuales disponen:

«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con

10 Ibidem.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N° 4, sentencia

del 1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
12 Criterio plasmado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, M.P.: Bertha
Lucía Ramírez de Páez, Expediente: 2013-02110.
6

Radicado: 11001-03-25-000-2020-01014-00 (3124-2020)

la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».

Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de las causales
especiales aludidas.

En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, esto es, cuando el reconocimiento de la prestación periódica a cargo del
tesoro público se haya obtenido con violación al debido proceso, debe resaltarse
que la Constitución Política de Colombia en su artículo 29, prevé este derecho como
fundamental, encaminado a garantizar a la persona el respeto en todas las
actuaciones que se surten en los procesos judiciales o en trámites administrativos,
con el propósito de lograr la aplicación correcta de la justicia.

Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado13 como la Corte Constitucional14 son
concordantes en cuanto a su jurisprudencia en el sentido de establecer que el
derecho fundamental previsto en el artículo 29 de la Constitución Política,
comprende al menos tres elementos:

«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme
con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción
de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público
y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el
derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem».

Acerca de la segunda causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la
mencionada ley, a saber, aquella relativa a la liquidación de la pensión sobre una
cuantía excesiva, es preciso señalar que la exposición de motivos del proyecto que
direccionó la expedición de la Ley 797 de 2003, obedeció a la necesidad «[…] de
construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el
tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]»15.

De igual manera, se advierte que se manifestó en dicha ocasión por parte del
Gobierno Nacional y se estudió por parte del Congreso de la República la
conveniencia de establecer un mecanismo para revisar las pensiones
irregularmente otorgadas o por montos que no establece la ley, con el fin de «[…]
afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes
perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»

Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem, estaba en reducir el déficit
fiscal, hacer factible en términos económicos el sistema pensional e introducir la
revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo
debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, el análisis de procedencia

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
Providencia del 5 de febrero de 2019, MP: Alberto Yepes Barreiro, Radicación número: 11001-03-15-000-2018-
01884-00(REV)
14 Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
15 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-01014-00 (3124-2020)

de las causales en la acción será de carácter taxativo y restringido a la finalidad para
la cual fue creada.

En atención a lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos
parámetros.

Caso concreto

Sería del caso entrar a resolver de fondo el asunto, sin embargo, analizados los
presupuestos procesales para la procedencia de la acción especial de revisión, la
Sala encuentra que los planteamientos enunciados en el recurso están referidos a
atacar las decisiones que estudiaron la legalidad del acto que reconoció la
prestación periódica en vía administrativa y que validaron los efectos producidos
con ella en el reconocimiento del derecho pensional.

En los términos del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, debe precisarse que la acción
especial de revisión “está referida a las providencias judiciales, a las transacciones
o conciliaciones judiciales o extrajudiciales que, respectivamente, hayan decretado
o decreten, o acordado, el reconocimiento de sumas periódicas o pensiones de
cualquier naturaleza, a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública”16.
Lo anterior significa que el mecanismo especial, no está previsto para controvertir
sentencias que no hayan reconocido los conceptos que cita la norma.

Al respecto, la Sala Sexta Especial de Decisión del Consejo de Estado, en sentencia
del 3 de noviembre de 2020, radicación número: 11001-03-15-000-2020-03047-00
(REV) al estudiar un asunto de similar connotación al que hoy se resuelve,
puntualizó que la acción de revisión exige que el reconocimiento pensional sea
otorgado en una sentencia, o sea el resultado de una transacción o conciliación y,
por tanto:

“[…] para la prosperidad de las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, no
es lo mismo el reconocimiento de una pensión a través de un acto
administrativo, que por medio de una sentencia; y mucho menos puede
equipararse una sentencia que niega las pretensiones de declarar la nulidad
de un acto que reconoce una pensión, con una sentencia que reconoce o
decreta una prestación o una pensión, para efectos de su estudio en sede del
recurso extraordinario de revisión.

Entonces, como la pensión fue reconocida por CAJANAL a través de un acto
administrativo, es claro que no puede hacerse el estudio de las causales de revisión
alegadas, puesto que ambas requieren que el reconocimiento de la pensión se haya
hecho en una sentencia, conciliación o transacción

En este contexto, la Sala precisa que la Unidad Administrativa de Gestión Pensional
y Parafiscales de la Protección Social - UGPP cuenta con diferentes mecanismos
judiciales para controvertir aquellas pensiones que se han otorgado de manera
irregular, dependiendo de la forma como se haya hecho el reconocimiento de la
respectiva prestación. Así las cosas tendrá:

16 En los términos expuestos por la Corte Constitucional en sentencia C-835 de 2003, a través de la cual estudió

la constitucionalidad de los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003.
8

Radicado: 11001-03-25-000-2020-01014-00 (3124-2020)

• El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto
administrativo que haya reconocido una obligación económica o una pensión de
manera ilegal.

• El recurso extraordinario de revisión contra la sentencia ejecutoriada, una
conciliación o una transacción en la que se haya hecho el reconocimiento de una
obligación económica o de una pensión. Un ejemplo de este caso se da cuando en
la actuación administrativa se niega una reliquidación de una pensión y por medio
de sentencia se declara la nulidad del acto y en su lugar se ordena la respectiva
reliquidación, en este evento se puede interponer el respectivo recurso
extraordinario de revisión, siempre y cuando se configure alguna de las causales
establecidas en la ley.

En este caso se tiene que la UGPP inició el proceso de nulidad y restablecimiento
de derecho en contra del acto administrativo proferido por la extinta CAJANAL, con
el que pretendía su declaratoria de nulidad. De manera que esa entidad no puede
pretender que por medio de las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, se lleve a cabo una tercera instancia en donde se revise la pensión
reconocida en un acto administrativo, ya que como se dijo, el recurso
extraordinario con fundamento en esas causales, tiene por objeto revisar
sentencias, conciliaciones o transacciones que hayan ordenado o decretado
el pago de sumas de dinero o de pensiones.

Así las cosas, se reitera que si la UGPP no logró desvirtuar la presunción de
legalidad del acto que reconoció la pensión dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, no puede a través de esas causales, buscar que
se realice dicho estudio.”. (Negrillas fuera del texto original)

Esta cita jurisprudencial es pertinente por cuanto el estudio que se realiza para el
conocimiento de recurso extraordinario, implica que se identifique la sentencia que
haya decretado el reconocimiento de una pensión, sin que resulte posible invalidar
una providencia que no lo haya hecho. En otras palabras, esta Corporación vía
tutela ha señalado un argumento que comparte la Sala según el cual:

“[…] [e]l acto en el que la administración reconoce el derecho pensional, tiene un
control por vía judicial, esto es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y
su modalidad en lesividad, y si al acudir a esta modalidad (la de lesividad), el juez
concluye que tiene el derecho, el reconocimiento ya tuvo su control, por lo que no
resulta necesario exigir un segundo control; por el contrario, si la administración
niega y, en sede judicial se reconoce el derecho pensional, ese reconocimiento no
ha tenido control, para lo cual sí está previsto el recurso extraordinario de revisión.”17

Del material probatorio obrante en el expediente se observa que través de la
Resolución N°03321 del 11 de octubre de 199518, el INCORA reconoció una
pensión de jubilación en favor del señor Felipe Santiago Ochoa “con base en el
promedio de los salarios devengados en el último año de servicio, quien
corresponde al tiempo comprendido entre el 1° de mayo de 1992 y el 30 de abril de
1993 (…)” en cuantía de $203.940.

17 Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P.: Luis Alberto Álvarez Parra,

Sentencia del 18 de diciembre de 2019; radicación Número: 11001-03-15-000-2019-03507-01(Ac)
18 Visible a folio 63 del archivo digital denominado”
1_11001032500020200101400_T133340585822909212.zip/Principal/D1EXPEDIENTEDIGITAL20201122038
20.pdf”
9

Radicado: 11001-03-25-000-2020-01014-00 (3124-2020)

De forma posterior, teniendo en cuenta el concepto emitido por el Comité de
Defensa del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia19
mediante Resolución N°2086 del 26 de junio de 201220, el director general del
mencionado Fondo dispuso modificar el artículo primero de la resolución primigenia
en el sentido de reconocer y ordenar el pago de la pensión de vejez en favor del
señor Felipe Santiago Ochoa en una cuantía de $529.876,48 efectiva a partir del 12
de septiembre de 1995. La liquidación, en esta ocasión, se efectuó con el 75% de
lo devengado durante el último año de servicio; acogiendo los parámetros
jurisprudenciales establecidos en la sentencia de unificación proferida por el
Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010.

Dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (en modalidad
lesividad) instaurado contra el acto administrativo en comento, el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Ibagué, el 15 de mayo de 2017, dictó sentencia
mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, habida consideración de
que encontró ajustada a derecho según la jurisprudencia vigente al momento de
emitirse el mismo. Esta decisión la confirmó el Tribunal Administrativo de Tolima en
consideración a la pertenencia del actor al régimen de transición a la Ley 33 de
1985, a la fecha en la que se configuró su estatus pensional (12 de septiembre de
1995), esto es, previo a la emisión de las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de
2015 y SU-427 de 2016 y a la imposibilidad de aplicar retrospectivamente el
precedente de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.

De lo anterior se sigue que la sentencia del 17 de septiembre de 2019, objeto de
estudio, no efectuó el reconocimiento pensional el señor Felipe Santiago Ochoa,
sino que negó las pretensiones de la demanda tendientes a declarar la nulidad del
acto administrativo que reconoció la prestación periódica y por ello, como esta no
reconoce o impone una obligación de pago de sumas periódicas a la UGPP, no
resulta procedente.

A juicio de la Sala, la situación jurídica que creó la administración no debe afectarse
en la medida que el acto administrativo que reconoció el derecho pensional con la
inclusión de todos los factores devengados durante el último año ya fue objeto de
control y convalidado tanto por el juez de primera como de segunda instancia.

En consecuencia, las razones aludidas son suficientes para declarar infundado el
recurso extraordinario.

19 En Acta N° 002 de 2012 del 23 de enero de 2012, transcrita en la resolución N°2086 de 26 de junio de 2012,
se concluyó: "(...) Para el caso de ex trabajadores (empleados públicos) que se encuentren cobijados por el
Régimen de Transición previsto en la ley 100 de 1.993, ley 797 de 2.003 y demás disposiciones concordantes,
y cuyas pensiones de jubilación deban ser reconocidas bajo las condiciones previstas en la ley 33 de 1.985, es
pertinente aplicar las sentencias de unificación y demás precedentes jurisprudenciales que se han proferido
sobre el particular, lo que en principio conduce a recomendar que estas pensiones deberán liquidarse con
fundamento en la normatividad vigente y aplicable al momento de su causación y con fundamento en todos los
factores salariales devengados en el último año de servicios, como se expresó en los acápites anteriores, la
cual debe liquidarse con el 75% de ese promedio o ingreso base de liquidación, en consonancia además con la
Circular No. 54 de 2010 de la Procuraduría General de la Nación, la ley 1395 de 2.010 y el precedente
jurisprudencial vigente sobre la materia, proferido en la Jurisdicción Contencioso Administrativa y por la propia
Corte Constitucional. (...)."
20 Obrante a folios 156 y siguientes ibid.
10

Radicado: 11001-03-25-000-2020-01014-00 (3124-2020)

Condena en costas

Con fundamento en el artículo 188 del CPACA y dado que se ventila un asunto de
interés público, en el entendido que el UGPP buscó controvertir una providencia
judicial que ratificó la legalidad del acto administrativo por medio del cual se
reconoció la prerrogativa pensional para evitar un posible detrimento al erario, la
Sala se abstendrá de condenar en costas a la entidad demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F AL L A

Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, (UGPP), por la causal a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el
17 de septiembre de 2019 que negó a las súplicas de la demanda, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción
especial de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

11

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