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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-01072-00

Fecha
29 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-01072-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR infundada la acción especial de revisión ejercida por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP), contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 28 de julio de 2016. SEGUNDO. RECONOCER personería a la abogada Sandra Patricia Ramírez Alzate para que actúe como apoderada principal del FONCEP, en los términos del poder que consta a índice 21 de Samai. TERCERO. No condenar en costas. Devolver el expediente ordinario al tribunal de origen, si hay lugar a ello, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-01072-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

29 de noviembre de 2024

Radicación: 11001-03-25000-2020-01072-00 (3476-2020)
Demandante: FONCEP
Demandado: Luis Antonio Gómez Reina

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-25000-2020-01072-00 (3476-2020)
Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
(FONCEP)
Demandado: Luis Antonio Gómez Reina
Referencia: Acción especial de revisión

Tema: acción especial de revisión, Ley 797 de 2003, artículo 20, literales a) y b). Subtema 1:
naturaleza y alcance de la acción especial. Subtema 2: análisis de la situación pensional.
Régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985; IBL. Subtema 3: conformidad entre la
cuantía del derecho pensional y lo debido de acuerdo con la ley.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
acción especial de revisión presentada por el Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones (FONCEP), en contra de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 28 de julio de
2016, que ordenó la reliquidación de una pensión de jubilación conforme a la Ley 33
de 1985.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (en adelante
FONCEP), en ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, pretende que se invalide la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 28 de julio de
2016, por medio de la cual revocó la providencia de primera instancia, en el sentido de
ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida a favor de Luis Antonio
Gómez Reina, bajo el régimen de la Ley 33 de 1985, en cuantía equivalente al 75%
del promedio mensual de lo devengado en el último año de servicio y con la inclusión
de todos los factores salariales, entre los que se encuentran la prima de antigüedad,

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Demandante: FONCEP
Demandado: Luis Antonio Gómez Reina

el subsidio de alimentación, el auxilio de transporte, el quinquenio y las primas de
navidad, semestral y de vacaciones

El ente demandante sustenta la acción especial de revisión en las causales previstas
en los literales a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque considera que la
prestación se obtuvo con violación del debido proceso al otorgar «un derecho sin el
cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para tal fin, lesionando
gravemente el erario» y configura un exceso de lo debido de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda inicial y sentencia objeto de la acción especial de revisión

1. Luis Antonio Gómez Reina, por conducto de apoderado judicial, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del FONCEP para que
se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Resolución núm.
1137 de 27 de agosto de 1999, mediante la cual el gerente general del Fondo de
Ahorro y Vivienda Distrital (FAVIDI) le reconoció la pensión de jubilación y (ii) oficio
G.P. 3946 - 2014, por medio del cual el gerente de pensiones del Fondo de
Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones (FONCEP) negó el reajuste
pensional.

2. La pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho que dio lugar a la decisión
objeto de la acción especial de revisión estuvo dirigida a obtener la reliquidación de la
pensión de jubilación conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, unificada
mediante la sentencia del 4 de agosto de 2010, vigente al momento de la radicación de
la solicitud de reliquidación pensional y de la presentación de la demanda.

3. El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., en fallo de primera
instancia dictado el 5 de febrero de 2016, negó las pretensiones de la demanda tras
considerar que no era procedente la reliquidación de la pensión con la inclusión de los
factores devengados en el último año de servicio. Al sustentar la decisión, el juez precisó
que la Corte Constitucional en sentencia SU-230 de 29 de abril de 2015, indicó que las
personas que se encuentren en régimen de transición, para efectos de la liquidación
de la pensión de jubilación o de vejez, deben tener en cuenta para determinar el
ingreso base de liquidación (en adelante IBL) lo dispuesto en el inciso 3° del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual se apartó de la tesis de unificación del
Consejo de Estado adoptada el 4 de agosto de 2010.

4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante la sentencia objeto de la acción especial de revisión, proferida el 28 de julio
de 2016, revocó la decisión de primera instancia y, en consecuencia, declaró la nulidad
parcial del acto administrativo que reconoció la pensión de jubilación y la nulidad total
del oficio G.P. 3946 - 2014 que negó la reliquidación de la prestación, en el siguiente

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Demandante: FONCEP
Demandado: Luis Antonio Gómez Reina

sentido1:

«5. Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, CONDÉNASE al FONDO DE PRESTACIONES
ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP, a reliquidar la pensión de
jubilación del señor LUIS ANTONIO GÓMEZ REINA, con el equivalente al 75% de lo
devengado en el último año de servicio (13 de octubre de 1994 al 13 de octubre de 1995),
con la inclusión de los factores salariales: asignación básica, prima de antigüedad,
alimentación, prima de riesgo, transporte, recargo nocturnos, recargos festivos, recargos
festivos nocturnos, y la doceava (1/12) parte del quinquenio y de las primas de navidad,
semestral, y de vacaciones, con efectos fiscales a partir del 12 de marzo de 2011, por
prescripción trienal.».

5. Como fundamento de la decisión, el tribunal expuso, en primer lugar, que en
virtud de los artículos 10, 102, 269 y 270 de la Ley 1437 de 2011, la Jurisdicción de lo
Contencioso-Administrativo otorgó el carácter predominante a las sentencias de
unificación dictadas por el Consejo de Estado. Por lo anterior, consideró que no era
procedente aplicar la sentencia SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional, pues fue
proferida en una acción de tutela que tiene efectos inter partes, lo que impide hacerla
extensiva a la generalidad de los asuntos.

6. En segundo lugar, consideró que la sentencia de unificación dictada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010, resultaba aplicable
al caso de Luis Antonio Gómez Reina por constituir un precedente vinculante para la
jurisdicción. Además, en virtud de los principios de inescindibilidad de la ley y
favorabilidad en materia laboral previstos en el artículo 53 de la Constitución Política,
el régimen pensional debe aplicarse de manera integral.

2.2. Solicitud de revisión especial

7. El apoderado del FONCEP presentó la solicitud de revisión, en ejercicio de la
acción especial prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en contra de la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que se
revoque y en su lugar se ordene, lo siguiente:

(i) que se declare que Luis Antonio Gómez Reina, en cuanto a la liquidación de
su mesada pensional, no es acreedor de un derecho adquirido amparable
por la legislación colombiana. En consecuencia, se ordene la reliquidación
de la pensión conforme a las reglas previstas en las sentencias C-168 de
1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, SU- 631 de 2017,
T-039 de 2018, de la Sala Plena de la Corte Constitucional y la sentencia de
unificación del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018;
(ii) que el FONCEP determine el IBL conforme a lo dispuesto en el inciso 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo previsto en el artículo
21 de dicha normativa, esto es, en atención a los factores base de cotización
taxativamente determinados en el Decreto 1158 de 1994.

1 Samai, índice 3, archivo «11_ED_07 S823-D5DEMANDA-2020113015457.PDF(.pdf) NroActua 3», pág. 9–17.

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Demandado: Luis Antonio Gómez Reina

8. Al sustentar la solicitud de revisión, el FONCEP afirmó que el reconocimiento
de la pensión se obtuvo con violación del debido proceso porque se ordenó una
reliquidación sin el cumplimiento de los requisitos legales, lo cual genera una
afectación grave del erario; lo «procedente y legal, es que se tuvieran en cuenta las
disposiciones contenidas en el artículo 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto a la
conformación del IBL».

9. Según el organismo demandante, el desconocimiento legal referido generó la
aplicación indebida del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, razón por la cual los operadores judiciales ordenaron «efectuar una
reliquidación de la prestación conforme a una interpretación errada separándose así
de lo debidamente probado en el trámite judicial, conllevando a la violación del debido
proceso».

10. Además, adujo que la providencia mediante la cual se le ordenó al FONCEP
reliquidar la pensión de jubilación reconocida a favor de Luis Antonio Gómez Reina
incurre en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, porque la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la
ley, en tanto se dispuso la reliquidación de la pensión en contravía de lo previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Agregó que la determinación del IBL en la forma
dispuesta en la sentencia excede la cuantía debida de acuerdo con la ley al no fijar el
periodo de liquidación con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario
promedio de los 10 últimos años o el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho.

11. La liquidación pensional en los términos señalados en la sentencia objeto de
revisión constituye una grave afectación a la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, toda vez que contribuye a aumentar en un 98.5% la prestación, pues generó
el pago de una pensión equivalente a $3.897.758, respecto de la inicialmente
reconocida por un valor de $1.964.098.

2.3. Trámite de la acción especial de revisión

12. Esta corporación, mediante auto del 30 de septiembre de 2021, admitió la
demanda especial de revisión interpuesta por el FONCEP en contra de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ordenó la notificación de
la decisión a Luis Antonio Gómez Reina, así como al agente del Ministerio Público2.

13. Luis Antonio Gómez Reina, mediante apoderado judicial, se opuso a las
pretensiones de la acción de revisión porque el reajuste pensional fue reconocido en
aplicación del régimen previsto en la Ley 33 de 1985, es decir, en cuantía equivalente
al 75%, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de
servicio y de acuerdo con la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 4 de
agosto de 2010. Agregó que el pronunciamiento del máximo tribunal de lo contencioso–
administrativo contenido en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 es
posterior a la decisión objeto de revisión, motivo por el cual es inmodificable debido a
los principios de confianza legítima, cosa juzgada y seguridad jurídica3.

2 Samai, índice 5, archivo «12_QUEADMITE(.DOCX) NroActua 5».
3 Samai, índice 11, archivo «16_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 11».
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14. El Ministerio Público no presentó concepto de fondo en el presente asunto.

15. El despacho sustanciador, mediante auto de pruebas del 1 de septiembre de
2022, incorporó al expediente los documentos allegados con la demanda de revisión,
prescindió del periodo probatorio y reconoció personería al apoderado judicial del
demandado4.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

16. Esta Subsección es competente para conocer de la acción especial de revisión
de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y el inciso
segundo del artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)5, por cuanto este
mecanismo se surte mediante el procedimiento previsto para el recurso extraordinario
que se interpone contra sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos.

3.2. Oportunidad de la acción especial de revisión

17. En relación con la oportunidad de la acción especial, el último inciso del artículo
251 del CPACA prevé que la revisión sustentada en las causales establecidas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe presentarse dentro de los cinco (5) años
siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial.

18. En este caso, la sentencia del 28 de julio de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D se notificó el 23 de
noviembre de 20166, en ese orden, cobró ejecutoria a los tres días siguientes, de
conformidad con el artículo 302 del CGP7, lo que acaeció el 28 de noviembre de 2016.
Como la demanda se presentó el 1 de diciembre de 20208, es válido afirmar que el
ejercicio de la acción fue oportuno.

4 Samai, índice 13.
5 «Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del

Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió
la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia (…)». (Artículo
adicionado por la Ley 2080 de 2021, así: Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se
aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción,
regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003).
6 Samai, índice 12, expediente núm. 11001-33-35-011-2015-00298-01,
7 ARTÍCULO 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez

notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez
resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando
carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o
cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.
8 Samai, índice 2, archivo «1_DemandaWeb_Demanda-NotificaciónDecreto806(.pdf) NroActua 2».

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3.3. Legitimación para la causa

19. La Ley 797 de 2003, al reformar algunas disposiciones del Sistema General de
Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, estableció como sujetos activos de la
acción especial al Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público; al contralor general de la república y al procurador general
de la nación, con el propósito de que estas entidades soliciten la revisión de las
providencias judiciales que «impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza», con sustento en dos causales. La primera, prevista en el literal a) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 para los eventos en que el reconocimiento se haya
obtenido con violación al debido proceso; la segunda, descrita en el literal b), cuando
la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley.

20. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-258 de 2013, legitimó para el
ejercicio de la acción a diferentes entidades administradoras de pensiones para
ejercer la acción especial de revisión, cuando el reconocimiento pensional hubiera
sido otorgado sin cumplir las previsiones fijadas en esa providencia para la aplicación
del régimen pensional especial previsto en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.
Asimismo, la sentencia SU-427 del 11 de agosto de 2016 precisó «frente a la
legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de un abuso
del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para interponerlo,
debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de
2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las
prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras
instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen
funcionamiento financiero».

21. En ese orden, la Sala concluye que el FONCEP está legitimado en la causa por
activa para ejercer la acción de revisión especial prevista en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, por medio del trámite dispuesto para el recurso extraordinario de
revisión, dado que esta entidad fue la que asumió el pago de la suma periódica de
dinero derivada de la reliquidación de la pensión de jubilación9.

22. Luis Antonio Gómez Reina se encuentra legitimado para la causa por pasiva,
dado que actuó como parte actora en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que finalizó con la providencia objeto de la acción especial de revisión,
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, el 28 de julio de 2016.

3.4. Problemas jurídicos

23. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en la solicitud de revisión
especial presentada por el FONCEP en contra de la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D que ordenó la
reliquidación de la pensión reconocida a favor de Luis Antonio Gómez Reina, la Sala
9 La Sección Segunda, Subsección B de esta corporación en sentencia del 25 de abril de 2024, dictada en el

proceso con número de radicado 11001-03-25-000-2022-00191-00, consideró que el FONCEP se encontraba
legitimado para formular la acción especial de revisión establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de
conformidad con la jurisprudencia unificada de la Corte Constitucional en sentencia SU-427 de 2016.
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se ocupará de establecer si la decisión judicial incurrió en las causales previstas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, a partir de la respuesta a los
siguientes problemas jurídicos:

24. ¿La reliquidación pensional ordenada mediante la sentencia objeto de revisión
incurrió en la violación del debido proceso al sustentar el reconocimiento en una
supuesta interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que fija el
ingreso base de liquidación de la pensión con la inclusión de los factores de salario
sobre los cuales se realizaron aportes? Si la respuesta al interrogante es negativa, la
Sala procederá al análisis del siguiente cuestionamiento:

25. ¿El IBL establecido en la sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación, reconocida a favor de Luis Antonio Gómez Reina, excede lo debido de
acuerdo con la ley, al incluir para su liquidación los factores salariales previstos en el
régimen pensional anterior aplicable al caso en virtud del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993?

3.5. Naturaleza y alcance de la acción especial de revisión de sentencias que
imponen el pago de pensiones

26. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece la revisión de las decisiones
judiciales, transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocen
sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública, mediante un mecanismo judicial que la Corte
Constitucional10 ha denominado «acción especial o sui generis de revisión».

27. Los antecedentes legislativos refieren que la acción especial de revisión fue
instituida para revisar tanto las decisiones judiciales que «han reconocido pensiones
irregularmente» como las providencias que reconocen «montos que no corresponden
a la ley», con el propósito de afrontar «los graves casos de corrupción en esta materia»
y/o «evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación» por el pago de derechos
pensionales reconocidos de manera irregular o por reliquidaciones que exceden lo
debido de acuerdo con la ley11.

28. En armonía con lo anterior, esta corporación ha considerado que las causales
de revisión de pensiones obtenidas con violación al debido proceso o con exceso del
monto debido de acuerdo con la ley, constituyen una garantía para la defensa de los
principios de sostenibilidad financiera, eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de la
seguridad social en pensiones12.

29. En relación con el procedimiento de la revisión especial, el artículo 20 de la Ley
797 de 2003 dispone que es el señalado para el recurso extraordinario de revisión
previsto en el código respectivo, que procederá por las causales previstas en esa

10 Corte Constitucional, Sentencia C-835 de 2003.
11 Gaceta del Congreso nro. 350 de 23 de agosto de 2002.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 1 de agosto de 2017, Sala Cuarta

Especial de Revisión, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, Sala Veintidós
Especial de Decisión, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).

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codificación y, además, (i) cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso y (ii) cuando la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

30. En lo atinente al recurso extraordinario de revisión previsto en los artículos 248
y siguientes del CPACA, la jurisprudencia de la corporación ha señalado la naturaleza
restrictiva, extraordinaria y excepcional del recurso de revisión13 que permite el análisis
de las sentencias amparadas bajo el principio de cosa juzgada14.

31. Las causales de revisión muestran la naturaleza eminentemente procedimental
de los vicios o errores que posibilitan la revisión de la sentencia por la vía del recurso
extraordinario como excepciones al principio de cosa juzgada. La Corte Constitucional,
al declarar la exequibilidad del artículo 249 del CPACA15, reiteró que el recurso
extraordinario de revisión previsto en la mayoría de las áreas del derecho ha sido
diseñado para proceder contra las sentencias ejecutoriadas por las causales taxativas
previstas en la ley16, «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia
material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada 17».

32. Ahora, si bien la revisión por las causales especiales previstas en la Ley 797 de
2003 se surte mediante el procedimiento dispuesto para el recurso extraordinario, la
jurisprudencia de esta corporación ha precisado que «esto no quiere decir que sea
equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la “acción
especial de revisión” le otorgan una entidad propia»18.

33. En este orden, la jurisprudencia del Consejo de Estado19 ha considerado que la
acción especial de revisión de sentencias con sustento en las causales previstas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, tiene las siguientes características:

i) requiere de un sujeto activo cualificado, porque la legitimación para ejercer
el mecanismo judicial recae sobre el Gobierno, los organismos de control y
las entidades administradoras de pensiones con cargo a fondos de
naturaleza pública;
ii) está regida por el procedimiento previsto para el recurso extraordinario de
revisión establecido en los artículos 248 y siguientes del CPACA;
iii) tiene como propósito revisar las sentencias que imponen el pago de sumas
periódicas o pensiones de cualquier naturaleza para mantener el equilibrio
entre la prestación y su legalidad, y salvaguardar el principio de

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del 3

de abril de 2018, expediente 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
14 CPACA, artículo 250.
15 Corte Constitucional, sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
16 Corte Constitucional, sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009.
17 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003. «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter

absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha
consagrado la acción de revisión (…)».
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia del 18

de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000- 2020-03549-00, y del 22 de noviembre de 2021, expediente
11001-03-15-000-2019-01749-00.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión 19 y 9, sentencias
del 18 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000- 2020-03549-00, y del 22 de noviembre de 2021,
expediente 11001-03-15-000-2019-01749-00.
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sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social20;
iv) no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el
derecho a una prestación, pues su marco está circunscrito a revisar los
presupuestos del reconocimiento cuando se considera concedido con
violación al debido proceso (literal a) y la liquidación de la prestación por
exceso de lo debido de acuerdo con la ley (literal b)21.

3.6. Análisis del caso concreto. Causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Violación al debido proceso

34. El apoderado del FONCEP sustentó el ejercicio de la acción especial de revisión
en las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 porque, a su juicio, la
pensión de Luis Antonio Gómez Reina fue reconocida «sin el cumplimiento de los
requisitos legalmente establecidos para tal fin» y configura un exceso de lo debido
según lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

35. Frente a la causal de revisión especial atinente al reconocimiento obtenido con
violación del debido proceso, la Sala observa que el FONCEP no expuso razones
concretas para sustentar la configuración de este supuesto en el caso del señor
Gómez Reina, dado que no cuestionó el reconocimiento de la prestación por el
desconocimiento de las garantías que conforman este derecho fundamental. Los
argumentos están dirigidos a cuestionar la interpretación de las normas aplicadas para
la determinación del ingreso base de liquidación (IBL), pues en la demanda expone
que «el reconocimiento y la orden de reliquidación de la pensión de jubilación del señor
LUIS ANTONIO GÓMEZ REINA, en los términos ordenados en las providencias
cuestionadas no le corresponden, pues lo procedente y legal, es que se tuvieran en
cuenta las disposiciones contenidas en el artículo 36 y 21 de la Ley 100 de 1993
respecto a la conformación del IBL»22.

36. En lo concerniente al alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, la jurisprudencia de esta corporación ha sido pacífica al
considerar que la violación al debido proceso en el reconocimiento de pensiones de
cualquier naturaleza o sumas periódicas de dinero con cargo a fondos públicos ocurre
cuando la providencia cuestionada mediante la acción especial desconoce una o
varias de las garantías que conforman este derecho fundamental. Este marco descarta
cuestionamientos sustentados en la aplicación del derecho sustancial, «pues su
naturaleza no es de ser una tercera instancia»23 o «instancia adicional (…) para
controvertir la valoración probatoria efectuada por el juez de la causa ordinaria, salvo
que en dicha labor puedan advertirse errores que enseñen de manera ostensible que
el funcionario decidió en contra de la evidencia probatoria, apartándose así de los
hechos debida y manifiestamente probados» 24.

20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 5

de febrero de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01884-00.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia del 27 de marzo de 2014, expediente 11001-03-25-000-2012-

00561-00(2129-12). En igual sentido, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de mayo de 2018,
expediente 2014-00665-00 (acción de revisión) y sentencia de 25 de noviembre de 2021, expediente 2018-00963-
00 (acción de revisión).
22 Samai, índice 2, archivo «1_DemandaWeb_Demanda-NotificaciónDecreto806(.pdf) NroActua 2», pág. 10.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 24 de septiembre de 2021, expediente 2018-01426-00
(Revisión).
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 5 de mayo de 2020, expediente 2018-04700-00 (Revisión).

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37. En igual sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha precisado
que el ejercicio de la acción especial de revisión, como excepción al principio de cosa
juzgada, dirigida a salvaguardar los recursos públicos comprometidos en el pago de
prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, se circunscribe a situaciones
evidentes de vulneración al debido proceso; presupuesto que impone al juez lo
siguiente: (i) ponderar el defecto atribuido a la decisión judicial acusada para calificar
su trascendencia y determinar si existe «un exceso en la sentencia, evidente, grosero,
que no [sea] una mera discrepancia en torno a la aplicación de una norma, o un
extemporáneo y fútil pedimento» y, (ii) «delimitar las eventuales situaciones que
puedan llevar a eximir a las entidades públicas que hayan tenido espacios procesales
idóneos para plantear esas discusiones, y que no los hubiesen utilizado, pero sin
soslayar responsabilidades individuales»25.

38. El alcance de la causal de revisión especial, cuando el reconocimiento se
obtiene con violación al debido proceso, permite concluir que la sustentación expuesta
en el caso bajo estudio no encaja como un evento con la capacidad de configurar una
excepción al principio de cosa juzgada, pues el argumento que la edifica gira en torno
a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que el apoderado del FONCEP
considera correcta para la determinación del IBL, en el entendido de que el régimen
de transición solo concedió el beneficio de acceder a la pensión de jubilación con los
presupuestos de edad, tiempo de servicio y monto o tasa de remplazo determinados
en el régimen anterior, sin incluir el periodo ni los factores a tener en cuenta en el
cálculo de la cuantía pensional.

39. En este escenario, la respuesta al primer problema jurídico es negativa, porque
el argumento expuesto por el FONCEP para sustentar la causal no encuadra en un
evento de vulneración evidente del debido proceso en el reconocimiento pensional. La
supuesta interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 como sustento
de la causal revela que el ejercicio de la acción especial de revisión estuvo encaminada
a lograr una tercera instancia para cuestionar la tesis aplicada no como un mecanismo
para ajustar la pensión concedida con violación al debido proceso.

40. Resulta oportuno precisar, además, que el argumento formulado por el
FONCEP para sustentar la violación al debido proceso se subsume en la segunda
causal alegada, consistente en el exceso de la cuantía reliquidada, fundada en la
supuesta irregularidad de la orden de reliquidación pensional que le genera al
pensionado «unas ventajas irrazonables relacionadas con un incremento en su
prestación en grave detrimento del erario»26.

3.7. Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Exceso de la cuantía
pensional.

41. El apoderado del FONCEP sustentó la configuración de la causal b) con el
argumento de que la orden de reliquidación, que cobró firmeza con la sentencia objeto
de la acción especial de revisión, excedió lo debido conforme a la ley aplicable porque
25 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 18 de agosto de 2021, expediente con

radicación nro. 76956, reitera tesis expuesta en las sentencias CSJ SL5119-2020 y CSJ SL2148-2017.
26 Samai, índice 2, archivo «1_DemandaWeb_Demanda-NotificaciónDecreto806(.pdf) NroActua 2», pág. 26.

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determinó el IBL conforme al régimen pensional anterior que rigió el reconocimiento
pensional en virtud de la aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, del que era beneficiario Luis Antonio Gómez Reina.

42. La entidad recurrente sostiene que, se configuró la causal referida, porque si
bien Luis Antonio Gómez Reina es beneficiario del régimen de transición, las
disposiciones de la Ley 33 de 1985 le debieron ser aplicadas únicamente respecto de
la edad, el tiempo y el monto. Sin embargo, para el IBL y el periodo sobre el cual se
debe liquidar la pensión, los preceptos que lo regulan son los artículos 21 y 36 de la
Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994. Por ello, la pensión de jubilación debió
ser reliquidada con el 75% del promedio de lo devengado, sobre el salario promedio
de 10 años, o el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho.

43. Para resolver este cuestionamiento, la Sala procede a verificar los hechos que
se encuentran acreditados en el expediente para luego determinar la conformidad de
la situación pensional con la orden judicial de liquidación a partir del análisis de la
motivación de la sentencia y el alcance de la causal consistente en el exceso de la
cuantía del derecho frente a lo debido de acuerdo con la ley.

3.7.1. Reconocimiento y liquidación pensional

44. La Resolución núm. 1137 del 27 de agosto de 1999, expedida por el Fondo de
Ahorro y Vivienda Distrital (FAVIDI), hoy Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones (FONCEP), acredita el reconocimiento de la pensión de vejez
de Luis Antonio Gómez Reina, a partir del 28 de octubre de 1999, en cuantía de
$715.362.0027.

45. El FONCEP, mediante oficio núm. G.P. 3946 — 2014. Id. 17984 del 28 de
octubre de 2014, negó la solicitud de reliquidación pensional presentada por Luis
Antonio Gómez Reina28.

46. La directora de gestión humana de la Secretaría Distrital de Gobierno de la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., expidió una certificación que acredita los factores
salariales devengados por el señor Gómez Reina, durante el último año de servicio,
esto es, entre el 14 de octubre de 1994 y el 13 de octubre de 1995. La referida
certificación demuestra que el pensionado recibió los siguientes factores salariales: (i)
asignación básica; (ii) prima de antigüedad; (iii) alimentación; (iv) prima de riesgo; (v)
transporte; (vi) recargos nocturnos 35%; (vii) recargos festivos 200%; (viii) recargos
festivos nocturnos 235%; (ix) prima de navidad; (x) prima semestral; (xi) prima de
vacaciones; y (xii) quinquenio29.

47. El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., mediante sentencia
de 5 de febrero de 2016, decidió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por el pensionado en contra de la resolución y el oficio referidos en
precedencia, en el sentido de negar las pretensiones por considerar que no era

27 Samai, índice 3, archivo «11_ED_07 S823-D5DEMANDA-2020113015457.PDF(.pdf) NroActua 3», pág. 32.
28 Samai, índice 3, archivo «11_ED_07 S823-D5DEMANDA-2020113015457.PDF(.pdf) NroActua 3», pág. 32.
29 Samai, índice 3, archivo «11_ED_07 S823-D5DEMANDA-2020113015457.PDF(.pdf) NroActua 3», pág.22.

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procedente la reliquidación de la pensión con la inclusión de los factores devengados en
el último año de servicio30.

48. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia de 28 de julio de 2016, objeto de la presente acción de revisión,
decidió el recurso de apelación interpuesto por el pensionado en el sentido de revocar
la providencia de 5 de febrero de 2016. En consecuencia, declaró la nulidad de los
actos administrativos demandados y condenó al FONCEP, así:

«5. Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, CONDÉNASE al FONDO DE PRESTACIONES
ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP, a reliquidar la pensión de
jubilación del señor LUIS ANTONIO GÓMEZ REINA, con el equivalente al 75% de lo
devengado en el último año de servicio (13 de octubre de 1994 al 13 de octubre de 1995),
con la inclusión de los factores salariales: asignación básica, prima de antigüedad,
alimentación, prima de riesgo, transporte, recargos nocturnos, recargos festivos,
recargos festivos nocturnos, y la doceava (1/12) parte del quinquenio y de las primas de
navidad, semestral, y de vacaciones, con efectos fiscales a partir del 12 de marzo de
2011, por prescripción trienal (sic).»31.

49. El FONCEP, en cumplimiento de la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, expidió la Resolución núm. SPE 1138 del 18 de julio
de 201732, por medio de la cual reliquidó la pensión de jubilación de Luis Antonio
Gómez Reina, de conformidad con lo siguiente33:

Que es procedente efectuar la liquidación de conformidad con lo ordenado en el fallo
anterior, ordenando reconocer y pagar a favor del demandante, ya identificado, la
reliquidación de la pensión de jubilación en cuantía equivalente al 75% del promedio
de lo devengado en el último año de servicios prestados, esto es, entre el 01 de
diciembre de 1994 y el 30 de noviembre de 1995 (de acuerdo con lo informado en Id.
144786 del 22 de mayo de 2017), en la forma ordenada por el fallo judicial.

Que para tal fin, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones —
FONCEP, elaboró con base en la certificación de factores salariales expedida por la
Secretaría de Gobierno del Distrito del 21 de abril de 2017, suscrita por la directora de
Gestión del Talento Humano, allegada a esta entidad el 25 de abril de la misma
anualidad a través del Id. 140396, y la respectiva aclaración allegada mediante Id.
144786 del 22 de mayo de 2017 por la misma dependencia, la siguiente liquidación:

Nombre del Solicitante: LUIS ANTONIO GÓMEZ REINA Tipo de Identificación: CC
Identificación: 17111357 Fecha de Nacimiento: 28/10/1944
Año a Actualizar: 1999 Id Control: 135788
Porcentaje IBL: 75,00 %
(…)
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer al señor LUIS ANTONIO GOMEZ REINA, ya
identificado, la suma de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON
SETENTA Y DOS CENTAVOS ($137.975.946,72), por los siguientes conceptos:

30 Samai, índice 3, archivo «11_ED_07 S823-D5DEMANDA-2020113015457.PDF(.pdf) NroActua 3», pág. 6-8.
31 Samai, índice 3, archivo «11_ED_07 S823-D5DEMANDA-2020113015457.PDF(.pdf) NroActua 3», pág. 9–17.
32 Samai, índice 3, archivo «DemandaWeb-Demanda-(.pdf) NroActua 3», páginas 375 a 384.
33 Samai, índice 3, archivo «11_ED_07 S823-D5DEMANDA-2020113015457.PDF(.pdf) NroActua 3», pág. 29-40.

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CONCEPTO VALOR
Valor pagado $126.218.266
Valor reliquidado $250.480.412
Diferencia a pagar $124.262.147
Indexación $16.600.383
Subtotal $140.862.530
Descuento aportes $13.485.080.04
Total neto a pagar $127.377.449.96

Que de acuerdo con lo anterior, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y
Pensiones FONCEP, reconocerá al demandante, la suma de $140.862.530 M/CTE, por
los siguientes conceptos: $124.262.147 M/CTE, correspondientes a la diferencia
generada entre el valor de la mesada pensional que se le venía cancelando y el valor
causado como consecuencia de la reliquidación ordenada en el fallo judicial por el
periodo comprendido entre el 12 de marzo de 2011 al 30 de noviembre de 2016,
(teniendo en cuenta que la ejecutoria de la sentencia ocurrió en el mes de noviembre
de 2016) y $16.600.383 M/CTE, por indexación de la condena, de acuerdo con lo
ordenado en la sentencia judicial.

50. La valoración en conjunto de los medios de prueba documental incorporados al
expediente permite afirmar que la situación pensional de Luis Antonio Gómez Reina
fue definida por el FONCEP conforme a la Ley 33 de 1985, en virtud del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, del que era beneficiario el pensionado. Por lo tanto,
la pensión se reconoció a partir de la fecha en que cumplió 55 años (28 de octubre de
1999), momento para el cual acreditó más de 20 años de servicio en el sector público.

51. En punto a la determinación del IBL pensional, la sentencia cuestionada por el
FONCEP, mediante el ejercicio de la acción especial de revisión, muestra que la
cuantía de la mesada pensional fue calculada con el 75 % del promedio mensual
devengado por el pensionado en el último año de servicio con inclusión de todos los
factores salariales.

52. Lo anterior, en atención a la aplicación de la Ley 33 de 1985 tanto para la edad,
tiempo y monto o tasa de remplazo, como para el periodo de liquidación y los
emolumentos a incluir, bajo la consideración que, aún después de la sentencia C-258
de 2013, «se sigue manteniendo la posición del Órgano de Cierre de nuestra
jurisdicción, asumida por este tribunal, de que el IBL para liquidar la pensión» debe
incluir todo lo percibido en el último año de servicio.

53. En este contexto, la Sala se ocupará de analizar los pronunciamientos de esta
corporación y de la Corte Constitucional sobre el alcance del régimen de transición
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que permitió la aplicación de regímenes
anteriores para proteger la expectativa legitima de las personas próximas a pensionarse
al momento del cambio legislativo.

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3.7.2. Verificación de la conformidad entre la cuantía del derecho pensional y lo
debido de acuerdo con la ley

54. El Sistema General de Pensiones, en virtud del régimen de transición dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, permitió a quienes estaban próximos a
pensionarse mantener las condiciones pensionales previstas en el régimen anterior,
siempre que reunieran los requisitos de edad o tiempo de servicio exigidos para la
fecha de entrada en vigencia del nuevo régimen, con la precisión de que los beneficios
de esa transición, solo salvaguardaban las condiciones de edad, tiempo de servicio y
monto o tasa de remplazo establecidos en la normativa con la que el servidor tenía la
expectativa de pensionarse.

55. La Corte Constitucional, en el primer análisis de constitucionalidad del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, consideró que la salvaguarda de los derechos pensionales
derivada de una transición normativa constituye «[…] una plausible política social que,
en lugar de violar la Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena dar especial
protección al trabajo». Así, concluyó que la regla de liquidación del IBL aplicable a los
beneficiarios de la transición es el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para pensionarse, siempre que fuera menor de diez años, o el cotizado
durante todo el tiempo, si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor34. En sentencias posteriores de
constitucionalidad, la Corte Constitucional decidió estarse a lo resuelto en la
providencia que declaró parcialmente exequible el artículo 36 de la Ley 100 de 199335.

56. Por otra parte, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta corporación, al
establecer el alcance del régimen de transición, fijó como primera tesis interpretativa,
que los servidores públicos que cumplieran los requisitos del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 podían pensionarse al cumplir los presupuestos de edad, tiempo de servicio
y monto previstos en el régimen pensional general anterior (Ley 33 de 1985), con la
precisión que el último elemento protegido por la transición (monto) incluía el beneficio
de calcular el IBL con los factores y el periodo de liquidación previstos en la norma
precedente no con los señalados en el régimen general.

57. En este orden, la Sección Segunda, mediante sentencia de unificación del 4 de
agosto de 201036, dispuso que el régimen de transición debía aplicar el principio de
inescindibilidad normativa, en el entendido que el «monto» salvaguardado en virtud
del cambio legislativo constituía una unidad con el período de liquidación y los factores
enunciativos, no taxativos, previstos en el régimen pensional anterior.

58. En un segundo momento, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, por
medio de sentencia de unificación fechada el 28 de agosto de 2018, replanteó la tesis
aplicada por las Subsecciones de la Sección Segunda. En su lugar, consideró que la
transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, solo preservó los
presupuestos de edad, el tiempo de servicio y el porcentaje o tasa de remplazo
previstos en el régimen anterior para quienes estaban próximos a pensionarse, sin que
se entienda que el último elemento incluye la aplicación del periodo y los factores

34
Corte Constitucional, sentencia C-168 de 20 de abril de 1995.
35 Corte Constitucional, sentencias C-058 de 1998 y C-146 de 1998.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, exp. 0112-2009.

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previstos en dicho régimen, por no formar parte del beneficio de la transición37.

«Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen [de] transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993.».

59. La Sala Plena de esta corporación indicó en esta sentencia que las reglas de
unificación «son obligatorias para todos los casos en discusión tanto en vía
administrativa como judicial (…) De igual manera, debe precisarse que los casos
respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables. Las pensiones que han sido reconocidas o
reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la
Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden considerarse que lo fueron con
abuso del derecho o fraude a la ley».

60. Conforme a la tesis unificada referida, es claro que a partir de la sentencia de
unificación proferida por la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo el 28 de agosto
de 2018, por medio de la cual esta corporación replanteó la tesis jurisprudencial sostenida
por la Sección Segunda frente al alcance del régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, analizado por la Corte Constitucional en las sentencias C-258
de 2013 y SU-230 de 2015, los beneficios de la transición solo cobijan los elementos de
edad, tiempo y monto o tasa de remplazo.

61. Así, a partir de esta nueva tesis jurisprudencial, las pensiones reconocidas en
aplicación de regímenes pensionales generales se liquidan conforme a lo previsto en los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, regla que por, expresa disposición de la Sala
Plena, es obligatoria para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como
judicial. Las situaciones definidas con anterioridad son consideradas decisiones
razonables sustentadas en el principio de autonomía judicial y en la obligatoriedad del
precedente del órgano de cierre de la jurisdicción.

62. Bajo este marco jurisprudencial, es válido afirmar que la sentencia objeto de la
acción especial, dictada el 30 de julio de 2015, no incurrió en la causal de revisión prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque para esa fecha se encontraba
vigente la regla de interpretación jurisprudencial según la cual las pensiones reconocidas
conforme al régimen establecido en la Ley 33 de 1995 se liquidaban con lo devengado
en el último año de servicio y con la inclusión de los factores devengados en ese periodo.
Es del caso precisar que la fracción de los emolumentos incluidos en el IBL no fue
determinada en la sentencia de unificación vigente para la época en que se dictó la
providencia objeto de revisión ni constituyó un objeto de reproche en la presente
demanda.

63. Esta consideración desvirtúa entonces la afirmación del ente demandado que
ponía de presente un aumento ilegal de la mesada, al pasar de un millón novecientos

37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia 00143 de 28 de agosto de 2018, exp.

2012-00143-01.
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Demandado: Luis Antonio Gómez Reina

sesenta y cuatro mil noventa y ocho pesos ($1.964.098) a tres millones ochocientos
noventa y siete mil setecientos cincuenta y ocho pesos ($3.897.758), con motivo de la
reliquidación e indexación de la primera mesada ordenadas mediante la sentencia
objeto de revisión, que dispuso la inclusión de los factores efectivamente devengados
por el pensionado, según consta en la certificación expedida por la directora de gestión
humana de la Secretaría Distrital de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.38.

64. En este orden, la respuesta al segundo problema jurídico es negativa, porque
el IBL establecido en la sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación, reconocida a favor de Luis Antonio Gómez Reina, se ajustó a la
interpretación jurisprudencial del régimen previsto en la Ley 33 de 1995, según la cual
las pensiones reconocidas conforme a dicho régimen se liquidaban con el promedio de
lo devengado por el servidor durante el último año de servicio, con la inclusión de todos
los factores salariales devengados en ese periodo. Por tanto, el derecho pensional
reliquidado en los términos dispuestos en la sentencia judicial cuestionada no excede lo
debido de acuerdo con la ley.

4. Conclusión

65. Las razones expuestas permiten concluir que la sentencia objeto de revisión no
incurrió en las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque la
reliquidación pensional se ajustó a la interpretación jurisprudencial del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, vigente para la fecha en que se dictó la providencia (28 de julio
de 2016), según la cual el ingreso base de la pensión reconocida bajo el régimen
previsto en la Ley 33 de 1985, se liquida con el promedio de todo lo devengado en el
último año de servicio.

5. Costas

66. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, establece el deber del juez de pronunciarse sobre las costas
procesales, cuya liquidación y ejecución se rigen por la norma procesal general, y fija
como excepción los eventos en que se «ventile un interés público».

67. La norma referida fue adicionada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en
el siguiente sentido: «[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».

68. En el caso bajo estudio, no resulta procedente la condena en costas porque el
ejercicio de la acción especial de revisión, previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, constituye un mecanismo que involucra un interés público dirigido a la defensa
de los principios de sostenibilidad financiera, eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de la
seguridad social, según lo expuesto en los antecedentes legislativos. Además, no se
estableció que la demanda se presentara con manifiesta carencia de fundamento legal.

38 Samai, índice 3, archivo «11_ED_07 S823-D5DEMANDA-2020113015457.PDF(.pdf) NroActua 3», pág.22.
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Radicación: 11001-03-25000-2020-01072-00 (3476-2020)
Demandante: FONCEP
Demandado: Luis Antonio Gómez Reina

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR infundada la acción especial de revisión ejercida por el Fondo
de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP), contra la sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, el 28 de julio de 2016.

SEGUNDO. RECONOCER personería a la abogada Sandra Patricia Ramírez Alzate
para que actúe como apoderada principal del FONCEP, en los términos del poder que
consta a índice 21 de Samai.

TERCERO. No condenar en costas.

Devolver el expediente ordinario al tribunal de origen, si hay lugar a ello, previas las
anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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