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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00039-00

Fecha
14 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00039-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia de segunda instancia del 1° de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 19001 33 31 004 2014 00271 01. Segundo: Invalidar la sentencia de segunda instancia del 1° de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 19001 33 31 004 2014 00271 01 y, en su lugar, confirmar la sentencia del 18 de febrero de 2017, expedida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Popayán, que denegó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Radicación: 11001 03 25 000 2021 00039 00 (0098-2021) señor Fredy Nilson Osorio Castaño, dentro del expediente 19001-33-31-004 2014-00271-00. Tercero: Sin condena costas. Cuarto: Comunicar esta decisión al Tribunal Administrativo del Cauca. Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente del recurso extraordinario de revisión. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00039-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

14 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001 03 25 000 2021 00039 00 (0098-2021)
Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)
Demandado: Fredy Nilson Osorio Castaño

Temas: Causales de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 y del numeral 7 del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA). Asignación de retiro Policía
Nacional. Homologación de agentes al nivel ejecutivo.
Principio de inescindibilidad normativa.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por CASUR
contra la sentencia de segunda instancia del 1° de agosto de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo del Cauca.

ANTECEDENTES

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que al señor Fredy Nilson Osorio Castaño le fue reconocida una asignación de
retiro mensual, mediante Resolución 5944 del 15 de julio de 2013, proferida por
CASUR, en cuantía equivalente al 75% del sueldo básico y con base en las
partidas legalmente computables para el grado que ostentaba. Que se hizo
efectiva a partir del día 4 del mismo mes y año, fecha de su retiro efectivo del
servicio, y las normas que fueron aplicadas para tales efectos fueron los
Decretos 1091 de 1995, 4433 de 2004 y 1858 de 2012.

Que demandó esa resolución en lo relativo a las partidas computables de la
liquidación y al porcentaje de la prestación. Además, solicitó que se condenara
a CASUR a reliquidar su asignación de retiro en cuantía de un 70%, con la

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partida básica del grado de intendente y teniendo en cuenta factores como las
primas de actividad, antigüedad y navidad, y el subsidio familiar, conforme lo
establecen los artículos 100 y 104 del Decreto 1213 de 1990 para los agentes
de la Policía Nacional.

Que la demanda fue conocida en primera instancia por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Popayán, Cauca, que negó las pretensiones en
sentencia del 18 de febrero de 2017.

Que mediante sentencia del 1° de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo del
Cauca revocó el fallo y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda.
Providencia que quedó ejecutoriada el 13 de noviembre de ese año, luego de
que se resolviera negativamente una solicitud de aclaración presentada por
CASUR.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

En la sentencia del 1° de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo del Cauca
accedió a las pretensiones teniendo en cuenta que el demandante obtuvo el
grado de agente de la Policía Nacional el 1° de septiembre 1993, y
posteriormente, se homologó al nivel ejecutivo, por lo que la liquidación de la
asignación de retiro reconocida mediante la Resolución 5944 del 15 de julio de
2013 de CASUR, debió observar lo dispuesto en el artículo 104 del Decreto 1213
de 1990, y no lo previsto en el artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, que fue la
norma aplicada.

Ello, por cuanto aquel quedó cobijado por el régimen de transición y
favorabilidad consagrado en el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004
y en la Ley 180 de 1995, que impedía que a los miembros de la Fuerza Pública
que se encontraban en servicio activo en la fecha de su entrada en vigor, se les
aumentara el tiempo de servicios o se les desconocieran los factores salariales
de la normativa que se les venía aplicando.

Que, en ese sentido, se resalta que el artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 fue
anulado por la Sección Segunda del Consejo de Estado a través de sentencia
del 3 de septiembre de 2018, con efectos ex tunc o desde el momento en el que

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fue expedido, principalmente, porque desconoció la mencionada regla de
transición con la desmejora de los beneficios prestacionales de aquellos que,
como el demandante, hacían parte del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

Así, encontrando mérito en lo anterior para anular parcialmente la Resolución
5944 de 2013, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a CASUR que
profiriera un acto administrativo en el que dispusiera la reliquidación y pago de
la asignación de retiro del señor Osorio Castaño, a partir del 4 de julio de 2013,
en los términos de los artículos 100 y 104 del Decreto 1213 de 1990, y con base
en su cargo de intendente y los emolumentos percibidos en el momento de su
retiro del servicio. Frente a esto último, advirtió que, en virtud del principio de
favorabilidad, si la suma resultante de la orden impartida llegare a ser inferior a
la inicialmente reconocida, habría de mantenerse la primera.

Finalmente, condenó en costas por las dos instancias a la demandada y fijó las
agencias en derecho en un valor equivalente al 0.5% de las condenas.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Causales invocadas

En criterio de la parte demandante, respecto de la anterior sentencia se
configuran las causales de revisión contenidas en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, y en los numerales 5 y 7 del artículo 250 del CPACA. Sin
embargo, solo expresó razones respecto de la primera y la última, y no
desarrolló la del numeral 5 ibidem1. Los argumentos que sí fueron expuestos se
resumen a continuación:

• Sobre la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

Que el fallo del Tribunal Administrativo del Cauca incurrió en esta causal, que
se materializa «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido

1
Por «existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación».

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de acuerdo con la ley […]», toda vez que, a través de una combinación indebida
de factores de liquidación del nivel ejecutivo con el de agentes de la Policía
Nacional, aumentó el valor a reconocer por concepto de asignación de retiro al
señor Fredy Nilson Osorio Castaño, que para el año 2020, aplicando los
parámetros originales de la Resolución 5944 de 2013 de CASUR para un
intendente, debió ser de $ 2.528.464, mientras que con lo proveído en la
sentencia recurrida quedó en $ 3.659.211.

Que, la mezcla de regímenes se dio porque el Tribunal ordenó que se reliquidara
la prestación teniendo en cuenta, por un lado, la asignación básica para el grado
de intendente en el nivel ejecutivo, y por el otro, los factores y criterios de
liquidación propios de los agentes, lo cual va en contravía de la reiterada
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el principio de inescindibilidad de
las normas en esta materia.

Que, en todo caso, se resalta que la aplicación plena de los preceptos sobre el
nivel ejecutivo en la liquidación de la asignación de retiro para el señor Osorio
Castaño conlleva una mesada superior a la del régimen de los agentes, pues
con este último, en el 2020, habría sido de $ 1.700.185.

• Acerca de la causal señalada en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA

Que esta consiste en «no tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación
periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud
con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su
pérdida», se configuró porque en la sentencia recurrida, el Tribunal
Administrativo del Cauca desconoció el principio de inescindibilidad normativa,
en los términos indicados en el acápite precedente.

Contestación al recurso extraordinario

La parte demandada y el agente del Ministerio Público guardaron silencio.

Así las cosas, se decidirá previas las siguientes,

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CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta que la parte demandante solo expuso argumentos respecto
de las causales de revisión consagradas en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 y en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA, el juicio de la
Subsección en esta sentencia se limitará a ellas. En ese orden, no se abordará
lo concerniente a la señalada en el numeral 5 ibidem, pues, de acuerdo con el
numeral 4 del artículo 252 ejusdem, es requisito de este recurso extraordinario
que se indique de manera precisa y razonada la causal invocada, lo cual no fue
cumplido en este caso.

De esa forma, se debe resolver si se configuran las causales de revisión 1)
«cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables» y 2) por «no tener la
persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la
sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida».

Para el efecto, la Sala hará referencia a los siguientes temas: i) generalidades
del recurso extraordinario de revisión, ii) causal de revisión del literal b), artículo
20 de la Ley 797 de 2003, iii) causal del numeral 7 del artículo 250 del CPACA,
iv) principio de inescindibilidad normativa respecto de la asignación de retiro
para cargos homologados al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, y v) examen
del caso concreto a la luz de esas premisas.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El artículo 248 del CPACA prevé, sobre el recurso extraordinario de revisión, lo
siguiente: «Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos
y por los jueces administrativos».

De acuerdo con el precepto transcrito, este recurso extraordinario tiene por
finalidad invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que se encuentra
ejecutoriada, lo cual, a la luz del artículo 250 ibidem, solo se puede materializar

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a partir de las causales taxativamente señaladas en la ley 2. Estas últimas, tal y
como lo ha entendido esta Subsección, buscan el restablecimiento del criterio
de justicia material y la supremacía de las garantías procesales, respecto de: i)
decisiones judiciales que fueron permeadas por circunstancias no conocidas al
momento de proferir el fallo y ii) por la ocurrencia de hechos delictivos o
fraudulentos o por nulidades originadas al tiempo de proferir la sentencia 3.

Ahora, es importante indicar que el recurso extraordinario en comento no es un
mecanismo que habilita una tercera instancia para discutir los problemas
jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas interpretaciones del
litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes, ni para
subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del
proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión. No obstante, en lo que
tiene que ver con casos de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
erario o de fondos de naturaleza pública, existen unas causales de revisión que
sí implican un análisis parcial del derecho sustancial aplicado al asunto 4, como,
por ejemplo, las del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y del numeral
7 del artículo 250 del CPACA, las cuales se analizarán a continuación.

Causal de revisión del literal b), artículo 20 de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone lo siguiente:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por
el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

2 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 21 de octubre de

1993, rad. 040 (rev.).
3 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 15 de marzo de 2018, rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014).
4 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 7 de diciembre de

2010, rad. 11001-03-15-000-2005-00297-01 REV.

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La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Respecto de esta norma, inicialmente es menester señalar que, según lo ha
indicado esta Corporación, su objetivo es la protección del erario frente al
reconocimiento o liquidación irregular de pensiones o cualquier clase de suma
periódica, con la posibilidad de revisión, no solo de sentencias ejecutoriadas
como lo establece el artículo 248 del CPACA, sino también de otras providencias
judiciales, conciliaciones o transacciones, mediante las cuales estas sumas
hayan sido concedidas 5.

Es importante precisar que, según el artículo 251 ibidem, la revisión de estas
decisiones o acuerdos, a partir de las causales específicas establecidas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, cuenta con un término de caducidad más
amplio que el consagrado para el recurso extraordinario que se fundamenta en
las causales del CPACA, ya que es de cinco años y no solamente de uno.
Igualmente, según lo indicado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la
legitimación para presentar el recurso en estos casos, no se limita a los
ministerios y órganos de control enunciados en el mencionado artículo 20, sino
que también la tienen las administradoras de pensiones encargadas del pago
de las prestaciones periódicas 6.

De ese modo, en estos asuntos, las decisiones judiciales o acuerdos
conciliatorios o transaccionales pueden ser revisados con base, tanto en las
causales generales consagradas en el artículo 250 del CPACA, como en las
específicas previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y estas últimas
implican, por un lado, el análisis de la legalidad del reconocimiento de la
pensión o suma periódica desde la perspectiva del derecho al debido proceso
(literal a), y por el otro, a la liquidación excesiva o en mayor valor de esta, de
cara a su fundamento normativo (literal b).

5 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión nº 4,

sentencia del 5 de diciembre de 2017, rad. 10001-03-15-000-2017-01529-00(REV).
6 Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-427 de 2016.

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En lo concerniente a la causal del literal b), se resalta que esta presupone la
existencia de un derecho reconocido y no cobija los casos en los que este tema
se discute. Además, no procede cuando la cuantía de este sea inferior a la
legalmente establecida, sino cuando esta es superior a la prevista en el
ordenamiento jurídico.

Causal del numeral 7 del artículo 250 del CPACA

Esta causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas se presenta por «no tener
la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la
sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida».

Acerca de este motivo de revisión, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado 7, al analizar la causal que contenía el
numeral 4 del artículo 188 del Decreto 01 de 1984 que es, en esencia, la misma
prevista en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA, precisó que se configura
siempre que exista, en primer término, una sentencia que decrete o reconozca
a favor de una persona una prestación periódica, entre las que se incluyen las
asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. En ese sentido, no
abarca situaciones en las que la providencia niega la prestación o cuando se
refiere a cuestiones posteriores o accesorias a su reconocimiento, como la
reliquidación, factores y, en general, lo relativo a su monto.

Y, en segundo término, la causal demanda que el tema decidido con la sentencia
haya sido la aptitud legal para acceder a la prestación, esto es, que verse sobre
el cumplimiento de los requisitos o supuestos consagrados en el ordenamiento
jurídico para adquirir el derecho.

Principio de inescindibilidad normativa respecto de la asignación de retiro
para cargos homologados al nivel ejecutivo de la Policía Nacional

Este principio de la legislación laboral y de la seguridad social, tiene una íntima

7
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 7 de diciembre de
2010, rad. 11001-03-15-000-2005-00297-01 REV.

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relación con el de favorabilidad, y se encuentra consagrado en el artículo 21 del
Código Sustantivo del Trabajo, que señala: «NORMAS MAS FAVORABLES. En
caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece
la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su
integridad […]». (Negrita fuera de texto).

En ese sentido, inescindibilidad es indivisibilidad o inseparabilidad y, de acuerdo
con la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 8, el principio en
comento consiste en entender que las normas jurídicas bajo las cuales debe
regirse un asunto concreto, han de ser aplicadas en su integridad, es decir, no
pueden ser divididas para resolver con parte de ellas y parte de otras el caso de
que se trate.

A su vez, esta Sección en reiterada jurisprudencia ha señalado que la
inescindibilidad se estructura con fundamento en el principio de favorabilidad,
según el cual, no es viable desmembrar las normas legales, de manera que,
quien resulte beneficiario de un régimen debe aplicársele en su integridad y no
parcialmente tomando partes de uno y otro ordenamiento 9.

Lo anterior, concuerda con la postura sostenida por la Corte Constitucional, que
al respecto ha indicado 10:

«La condición más beneficiosa para el trabajador, se encuentra plenamente
garantizada mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra
en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también legal, y a quien
corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o
benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla. De
conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla
regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención
colectiva, etc), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las
normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La
favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de
distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando
existe una sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida
debe ser aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir
de cada norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría
convirtiendo en legislador. […]». (Negrita fuera de texto).

8 Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, auto emitido en conflicto de competencias del

13 de junio de 2017, rad. 11001-03-06-000-2017-00021-00; y concepto del 31 de julio de 1997, rad. 0992.
9 Cfr. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación

jurisprudencial del 25 de agosto de 2016, rad. 85001-33-33-002-2013-00060-01 (3420-2015); Subsección
A, sentencia del 8 de mayo de 2008, rad. 76001-23-31-000-2003-04045-01 (1371-2007); y Subsección B,
sentencia del 9 de octubre de 2008, rad. 25000-23-25-000-2000-06793-01 (3021-2004).
10 Ver entre otras: i) sentencia C-168 de 1995, ii) sentencia T-832 A de 2013.

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De lo anterior se infiere que el denominado principio de derecho laboral de
inescindibilidad o indivisibilidad, tradicionalmente ha sido consagrado en la
legislación laboral colombiana como complemento del de favorabilidad, según
el cual, cuando en un asunto se encuentran dos o más textos aplicables a la
solución del caso concreto, la norma que se adopte: i) debe ser la más favorable
al trabajador y ii) debe ser aplicada en su integridad, con lo cual, se evita el
desmembramiento de las normas legales para tomar aspectos favorables que
uno y otro régimen ofrezca.

Ahora, en el caso de los miembros de la Policía Nacional, el régimen salarial
y prestacional, específicamente de los agentes, estaba previsto en el Decreto
1213 de 1990. Posteriormente, con la creación del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional, los agentes de dicha institución tuvieron la posibilidad de acceder
voluntariamente a dicho régimen, conforme al artículo 13 del Decreto 132 de
1995. Quienes así lo hicieron, debieron someterse a las normas salariales y
prestacionales que fijó el Gobierno Nacional, inicialmente en el Decreto 1091
de 1995, y luego en los Decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012, sin que
pudieran ser desmejorados o discriminados en su situación laboral.

Lo precedente, sin perjuicio de lo consagrado en el artículo 3 de la Ley 923 de
2004, sobre la imposibilidad de exigirle a los miembros de la Fuerza Pública en
servicio activo en el momento de su entrada en vigor, como requisito para el
reconocimiento del derecho a la asignación de retiro, un tiempo de servicio
superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de su expedición
cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el
retiro se produzca por cualquier otra causal, lo cual acarreó la nulidad de varios
preceptos reglamentarios que violaron esa prohibición legal.

En las anteriores condiciones, esta Subsección ha considerado que, en virtud
del principio de inescindibilidad de las normas, los agentes que se homologaron
de manera voluntaria al nivel ejecutivo de la Policía Nacional con el
cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 13 del Decreto 132 de
1995, se acogieron al régimen salarial y prestacional consagrado en los
decretos antes señalados, sin que fuera factible agregar o determinar derechos

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más beneficiosos que se encontraran en el régimen salarial y prestacional del
Decreto 1213 de 1990, pues, de lo contrario, se desconocería este principio 11.

Igualmente, ha determinado que, de la comparación integral entre el régimen
de agentes y el del nivel ejecutivo, se concluye que con la homologación no se
vulneró el mandato de no regresividad de los derechos sociales, toda vez que
quienes hicieron parte de este proceso se beneficiaron ampliamente al cambiar
de régimen12.

En efecto, en casos con identidad de supuesto fácticos y jurídicos al que hoy
ocupa la atención de la Sala, se ha sostenido que el hecho de que el régimen
prestacional del nivel ejecutivo de la Policía Nacional no reproduzca con
exactitud el previsto, en otrora, para el personal de agentes de esa institución
no supone per se una discriminación o desmejora en materia prestacional para
los miembros del referido nivel. Por el contrario, esta Corporación ha precisado
que un análisis o visión en conjunto de ambos regímenes permite advertir que
las prestaciones previstas para un miembro del nivel ejecutivo, en el Decreto
1091 de 1.995, superan en monto a las contempladas para el personal de
agentes de la Policía Nacional 13.

Caso concreto

En primer lugar, la Sala estima que, respecto de la causal de revisión del
numeral 7 del artículo 250 del CPACA, no se cumplen los presupuestos para su
prosperidad, porque, de un lado, la sentencia impugnada no reconoció una
prestación periódica, sino que ordenó la reliquidación de una asignación de
retiro previamente otorgada por la entidad accionante; y, por el otro, en ella no
se discutió la aptitud legal que el señor Fredy Nilson Osorio Castaño tenía para
ser beneficiario de dicha mesada.

11
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 16 de septiembre de 2021, rad. 50001-23-33-000-2013-00288-02 (4677-2019).
12
Ibidem.
13
Tesis que ha sido pacífica por parte de la Sección, se pueden consultar las sentencias: Subsección A:
del 3 de diciembre de 2020, radicados: 25000-23-42-000-2016-04653-01 (5663-18) y 25000-23-42-000-
2016-04652-01 (0966-18); del 9 de septiembre de 2021, radicado: 25000-23-42-000-2014-01465-01(3340-
16); Subsección B: del 21 de octubre de 2021, radicado: 05001-23-33-000-2014-01927-01(1843-19); del
25 de noviembre de 2021, radicado: 13001-23-33-000-2013-00117-01(3103-15) entre otras.

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Ahora bien, sobre la causal descrita en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, esta Subsección encuentra que sí se configura en este asunto,
por los siguientes motivos:

El Tribunal Administrativo del Cauca, en la sentencia cuestionada, declaró la
nulidad parcial de la Resolución 5944 del 15 de julio de 2013, expedida por
CASUR, y ordenó la reliquidación y pago de la asignación de retiro del señor
Osorio Castaño, a partir del 4 de abril de 2013, en los términos de los artículos
100 y 104 del Decreto 1213 de 1990, teniendo en cuenta, además, el cargo de
intendente y los emolumentos percibidos en la fecha de su retiro del servicio.

Para efectos de lo anterior, esa Corporación precisó que el demandante en el
proceso ordinario, para el momento de la entrada en vigor de la Ley 923 de
2004, se encontraba en el servicio activo en el nivel ejecutivo, por lo que no se
le podía exigir un tiempo de servicios superior a 15 o 20 años, ni desconocer la
cuantía de la asignación y los factores que debían ser tenidos en cuenta para la
liquidación, pues también estaban previstas en la normatividad vigente para el
30 de diciembre de 2004, a saber, el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990,
para acceder a la asignación de retiro.

Adicionalmente, adujo que el artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, aplicable en
el momento del retiro del actor, fue declarado nulo por el Consejo de Estado, lo
cual derivó, según el Tribunal, en que se deban aplicar las normas que regían
con anterioridad a los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que
es el Decreto 1213 de 1990, pues las demás que pretendían regular la materia
fueron extraídas del ordenamiento jurídico.

Esta Sala estima que no le asiste razón al referido Tribunal, puesto que si bien
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 3 de septiembre de 2018, declaró la nulidad, con efectos ex tunc,
del aludido artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, en el que se fijó el régimen
pensional y de asignación de retiro para el personal que ingresó al nivel ejecutivo
de la Policía Nacional por incorporación directa, hasta el 31 de diciembre de
2004, lo cierto es que, tal y como se demostró en el proceso de nulidad y

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restablecimiento del derecho que dio origen a la sentencia objeto de revisión, el
señor Fredy Nilson Osorio Castaño ingresó al referido nivel ejecutivo de forma
homologada, como consta en la Resolución 00284 del 29 de enero de 1996 14,
emitida por el director general de la Policía Nacional.

Dicho de otro modo, al señor Osorio Castaño le era aplicable el artículo 1° del
Decreto 1858 de 2012, vigente para la época en la que se retiró del servicio,
esto es, el 3 de abril de 2013 15, y que no fue objeto de declaratoria de nulidad
por parte de esta Corporación, que preceptúa lo siguiente:

«Artículo 1º. Régimen de transición para el personal homologado del Nivel
Ejecutivo. Fíjase el régimen pensional y de asignación de retiro para el personal
que ingresó voluntariamente al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional antes del
1º de enero de 2005, siendo Suboficiales o Agentes, los cuales tendrán derecho
cuando sean retirados de la institución después de quince (15) años de servicio
por llamamiento a calificar servicios, por voluntad de la Dirección General o por
disminución de la capacidad psicofísica y los que se retiren a solicitud propia o
sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos después de los
veinte (20) años de servicio, a partir de la fecha en que terminen los tres (3)
meses de alta, por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague
una asignación mensual de retiro equivalente a un cincuenta por ciento (50%) del
monto de las partidas de que trata el artículo 3º del presente decreto, por los quince
(15) primeros años de servicio, un cuatro por ciento (4%) más por cada año que
exceda de los quince (15) hasta cumplir los diecinueve (19) años y un nueve por
ciento (9%) al cumplir los veinte (20) años de servicio. Así mismo se incrementará
en un dos por ciento (2%) por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en
ningún caso sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales partidas». (Negrita
fuera de texto).

Además de lo anterior, contrario a lo señalado por el tribunal de segunda
instancia del proceso ordinario, los requisitos para acceder a la asignación de
retiro no fueron más exigentes que lo señalados en el artículo 1313 de 1990,
pues exige igualmente 20 años de servicio para retirarse por solicitud propia,
esto es, no ser agravó la situación del miembros de la Policía Nacional en ningún
momento.

Por consiguiente, no había lugar a declarar la nulidad parcial de la Resolución
5944 del 15 de julio de 2013, ni ordenar la reliquidación de la asignación de retiro

14 Folios 94 y 95 del cuaderno principal del expediente 19001 33 31 004 2014 00271 00, allegado de

manera digital por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán (Cauca), visible en el índice
19 del expediente digital en Samai.
15 El retiro del servicio el señor Fredy Nilson Osorio Castaño se ordenó a través de la Resolución 01170

del 3 de abril de 2013, emitida por el director general de la Policía Nacional, visible en los folios 21 y 22,
ibidem.

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del señor Osorio Castaño tomando como base los artículos 100 y 104 del
Decreto 1213 de 1990, pero también manteniendo el grado de intendente del
nivel ejecutivo y las partidas computables para dicho régimen, puesto que dicha
situación, tal como lo aseveró la apoderada de la entidad recurrente, desconoció
el principio de inescindibilidad normativa, pues tomó aspectos favorables de una
y otra norma en beneficio del accionado.

Además, al haber dispuesto incluir los factores base de liquidación señalados
en el artículo 100 del Decreto 1213 de 1990 (régimen de agentes) y los previstos
en el artículo 3 del Decreto 1858 de 2012 (nivel ejecutivo de la Policía Nacional),
que tienen en común algunas partidas computables, lo cierto es que, tal y como
lo señaló CASUR, se adicionaron como tales las primas de actividad, de
antigüedad y el subsidio familiar que provocaron un incremento en la cuantía de
la asignación de retiro del señor Osorio Castaño, a la cual no tiene derecho.

Por consiguiente, la Sala encuentra fundada la acción de revisión interpuesta
por CASUR, al haberse configurado la causal contemplada en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez que la sentencia cuestionada
reconoció una prestación periódica que excedió lo debido de acuerdo con la ley.

Sentencia de reemplazo

El artículo 255 del CPACA prevé que, si se encuentra fundada la causal de
revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se deberá invalidar
la sentencia recurrida y, en su lugar, ha de emitirse la que en derecho
corresponde, en la cual «se resolverá sobre las restituciones, cancelaciones,
perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha invalidación».

De esa manera, como sentencia de reemplazo de la emitida en segunda
instancia el 1° de agosto de 2019 por el Tribunal Administrativo del Cauca, se
confirmará la sentencia del 18 de febrero de 2017, expedida por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Popayán, que denegó las pretensiones del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Fredy
Nilson Osorio Castaño, dentro del expediente 19001 33 31 004 2014 00271 00.

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En todo caso, según lo consagra el literal c) del artículo 164 del CPACA, no es
procedente la devolución de las sumas que haya recibido el señor Fredy Nilson
Osorio Castaño en un mayor valor al inicialmente reconocido por su asignación
de retiro en la Resolución 5944 del 15 de julio de 2013, proferida por CASUR,
toda vez que la reliquidación ordenada por el Tribunal Administrativo del Cauca
no tuvo como causa una actuación de mala fe del demandante en el proceso
ordinario.

De la condena en costas del recurso extraordinario de revisión

Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión se declarará
fundado y que en este se ventiló un interés público relacionado con la protección
del erario, en los términos señalados en los artículos 188 y artículo 255 del
CPACA, no hay lugar a la condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional por la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia de segunda
instancia del 1° de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
19001 33 31 004 2014 00271 01.

Segundo: Invalidar la sentencia de segunda instancia del 1° de agosto de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho 19001 33 31 004 2014 00271 01 y, en
su lugar, confirmar la sentencia del 18 de febrero de 2017, expedida por el
Juzgado Cuarto Administrativo de Popayán, que denegó las pretensiones del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el

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señor Fredy Nilson Osorio Castaño, dentro del expediente 19001-33-31-004
2014-00271-00.

Tercero: Sin condena costas.

Cuarto: Comunicar esta decisión al Tribunal Administrativo del Cauca.

Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente del
recurso extraordinario de revisión.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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