Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00123-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00123-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00123-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de septiembre de 2026
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00123-00 (0747-2021)
Demandante: Hugo Gerardo Ordoñez Rivera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00123-00 (0747-2021)
Demandante: Hugo Gerardo Ordoñez Rivera
Demandada: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito
Tema: Causal 5. ° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
Presupuestos de configuración.
Decisión: Declara infundado el recurso extraordinario de revisión
I. ASUNTO
1. Se decide el recurso extraordinario de revisión previsto en los artículos 248 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, interpuesto por el señor Hugo Gerardo Ordóñez
Rivera contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 11 de
septiembre de 2020, dentro del proceso ejecutivo tramitado bajo el radicado 41-
001-23-31-000-2005-00918-03.
II. ANTECEDENTES DEL PROCESO EJECUTIVO
2.1. Pretensiones
2. El señor Hugo Gerardo Ordóñez Rivera solicitó que se librara mandamiento de
pago contra la ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito por las
siguientes sumas: i) $462.692.910 por concepto de salarios y prestaciones sociales
ordenados en la sentencia constitutiva del título ejecutivo; ii) $64.918.982 por
concepto de indemnización correspondiente al período comprendido entre el 1 de
noviembre de 2011 y el 31 de agosto de 2016, «más los que se sigan causado (sic)
hasta su pago, por tratarse de una prestación periódica»; iii) los intereses moratorios
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Demandante: Hugo Gerardo Ordoñez Rivera
causados, «más los que se sigan causando hasta su pago», a partir del 1 de
diciembre de 2016; y iv) las costas procesales que se causaran en el proceso
ejecutivo.
2.2. Hechos
3. Se indicó que la sentencia constitutiva del título ejecutivo fue proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila el 16 de abril de 2015, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho tramitado bajo el radicado 41-001-33-31-
001-2005-00918-01. En ella se condenó a la ESE Hospital Departamental San
Antonio de Pitalito a reconocer y pagarle al actor «los sueldos, prestaciones
sociales, emolumentos a que tenga derecho y demás haberes causados y dejados
de percibir desde la fecha de retiro —30 de diciembre de 2004— hasta cuando el
demandante haya sido incluido en nómina de pensionados, o hasta la edad de retiro
forzoso —11 de julio de 2012—, el evento que (…) [haya] ocurrido primero». Esta
providencia quedó ejecutoriada el 12 de mayo de 2015.
4. Que el actor fue incluido en la nómina de pensionados en julio de 2015. Por lo
tanto, de acuerdo con los parámetros fijados en la sentencia base de recaudo, la
ESE ejecutada debía pagarle los emolumentos laborales que dejó de percibir entre
el 30 de diciembre de 2004, fecha en la que fue retirado del servicio, y el 11 de julio
de 2012, momento en el que alcanzó la edad de retiro forzoso.
5. La ESE expidió la Resolución 286 del 1 de diciembre de 2015, mediante la cual
liquidó la condena impuesta en la sentencia base de recaudo por los siguientes
conceptos: salarios y prestaciones sociales —$168.660.992—; indemnización —
$55.826.438—; intereses moratorios —$32.586.609—, y descuentos por pensión —
$55.831.408—. Lo anterior arrojó un valor neto por pagar de $201.247.601.
6. A criterio del ejecutante el acto de ejecución no liquidó debidamente las órdenes
impuestas en el título ejecutivo, pues no incluyó los valores correspondientes a los
salarios y prestaciones que dejó de percibir entre el 12 de julio de 2007 y el 11 de
julio de 2012. En consecuencia, se afectó el valor real de la indemnización, la
indexación y los intereses de mora, los cuales ascendían a $649.743.906 —valor
indexado—.
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Demandante: Hugo Gerardo Ordoñez Rivera
2.3. Trámite en primera instancia
7. Mediante auto del 9 de junio de 2017, el Juzgado Primero Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Neiva libró mandamiento de pago en favor del ejecutante
y contra la ESE «para que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación
personal de este auto pague las siguientes sumas de dinero»: i) $462.692.910,
correspondientes a los salarios y prestaciones sociales ordenados en la sentencia
base de recaudo; ii) $64.918.912 por concepto de indemnización derivada de la
condena, «más los que se sigan causando hasta su pago, por tratarse de una
prestación de causación periódica»; y iii) los valores correspondientes a los
intereses de mora, desde el momento de su causación y hasta que se verificara el
pago total de la obligación.
8.La ESE Hospital departamental San Antonio de Pitalito propuso las siguientes
excepciones de mérito:
8.1 Pago de la obligación. Estimó que los conceptos ordenados en el título
ejecutivo fueron reconocidos y pagados mediante el acto de ejecución, esto es,
la Resolución 286 del 1 de diciembre de 2015. En efecto, indicó que
Colpensiones, a través de la Resolución GNR 202462 del 7 de julio de 2015,
incluyó al señor Ordóñez Rivera en la nómina de pensionados a partir de agosto
de 2015, pero liquidó los valores correspondientes al retroactivo pensional desde
el 1 de agosto de 2007, por un total de $383.325.395.
8.2 Así las cosas, como la sentencia base de recaudo indicó que el pago de los
emolumentos reconocidos en favor del actor debía efectuarse desde el 30 de
diciembre de 2004 hasta el momento en el que fuera incluido en la nómina de
pensionados, era palmario que, al incluirlo Colpensiones en dicha nómina y
pagarle el retroactivo pensional desde el 1 de agosto de 2007, los conceptos
ordenados en el título ejecutivo correspondían a los causados entre diciembre de
2004 y julio de 2007.
8.3 La entidad sustentó lo anterior en la incompatibilidad constitucional entre los
salarios reclamados en la demanda ejecutiva y la pensión reconocida mediante
la Resolución GNR 202462 del 7 de julio de 2015, con efectos a partir del 1 de
agosto de 2007, conforme al artículo 128 de la Constitución Política y al artículo
19 de la Ley 4 de 1992. En consecuencia, consideró que el acto de ejecución se
ajustó a derecho y que, por consiguiente, se configuró la excepción de pago.
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Demandante: Hugo Gerardo Ordoñez Rivera
2.4. Sentencia de primera instancia
9. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva dictó
sentencia el 14 de marzo de 2019, mediante la cual declaró probada la excepción
de pago total de la obligación, ordenó la terminación del proceso ejecutivo y dispuso
el desembargo de la caución prestada por la parte demandada mediante títulos de
depósito judicial. Finalmente, condenó en costas al ejecutante.
10. Para resolver el litigio, el juzgado puso de presente que en el plenario reposaban
las siguientes pruebas:
10.1 Sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del
Huila el 16 de abril de 2015, mediante la cual revocó la decisión de primer grado
que había negado las pretensiones y, en su lugar, declaró la nulidad de los actos
acusados. A título de restablecimiento del derecho, ordenó que la ESE reconociera
y pagara en favor del señor Hugo Gerardo Ordóñez Rivera «los sueldos,
prestaciones sociales, emolumentos a que tenga derecho y demás haberes
causados y dejados de percibir, desde la fecha de retiro —30 de diciembre de
2004—, hasta cuando el demandante haya sido (sic) incluido en nómina de
pensionado, o hasta la edad de retiro forzoso —11 de julio de 2012—, el evento
que haya ocurrido primero, previas las deducciones de Ley (…)».
10.2 Resolución 286 del 1 de diciembre de 2015, expedida por la ESE, mediante
la cual dio cumplimiento a la sentencia anterior y reconoció en favor del ejecutante
la suma de $201.247.601.
10.3 Sentencia del 20 de noviembre de 2012, proferida por la Sala Sexta de
Decisión Escritural del Tribunal Administrativo del Huila —dentro del proceso
tramitado bajo el radicado 2009-00439-00—, mediante la cual se ordenó al Instituto
de Seguros Sociales —hoy Colpensiones— reconocer y pagar la pensión por
aportes al señor Hugo Gerardo Ordóñez Rivera, «siempre y cuando no lo hubiere
hecho, de conformidad con lo establecido en la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709
de 1994 (…) a partir del 11 de julio de 2007, salvo que el actor se hubiera vinculado
nuevamente al servicio, en cuyo caso tal prestación se reconocerá a partir del retiro
definitivo». Esta providencia quedó ejecutoriada el 22 de enero de 2013.
10.4 Resolución GNR 202462 del 7 de julio de 2015, mediante la cual
Colpensiones, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Administrativo del
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Huila en la sentencia del 20 de noviembre de 2012, reconoció una pensión de vejez
al señor Hugo Gerardo Ordóñez Rivera a partir del 1 de agosto de 2007, con
inclusión en nómina para el período «201507». El retroactivo pensional fue incluido
en la nómina de julio de 2015 por valor de $393.325.395.
11. Con fundamento en los anteriores presupuestos fácticos, el juzgado estimó que,
en el curso del proceso ejecutivo, no podía desconocerse, por una parte, lo
ordenado en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 20 de
noviembre de 2012 —diferente de la sentencia base de recaudo y dictada dentro
del proceso tramitado bajo el radicado 2009-00439-00—, mediante la cual se ordenó
reconocer y pagar una pensión de vejez al actor a partir del 11 de julio de 2007. Por
otra parte, tampoco podía desconocerse lo dispuesto en la Resolución GNR 202462
del 7 de julio de 2015, expedida por Colpensiones, mediante la cual se reconoció la
pensión con efectos a partir del 1 de agosto de 2007 y se pagó el correspondiente
retroactivo pensional.
12. En esa línea, como el artículo 128 de la Constitución Política prohíbe percibir más
de una asignación proveniente del tesoro público —regla reiterada en la Ley 4 de
1992 y el Decreto 2245 de 2012— y el cargo que desempeñó el ejecutante en la
entidad ejecutada no estaba comprendido en alguna de las excepciones a dicha
prohibición, el juzgado consideró que la ESE, al expedir la Resolución 286 del 1 de
diciembre de 2015, cumplió los parámetros fijados en la sentencia base de recaudo.
En consecuencia, declaró probada la excepción de pago.
2.5. Recurso de apelación
13. El ejecutante interpuso recurso de apelación contra la sentencia anterior con el
fin de que fuera revocada y, en su lugar, se accediera a las pretensiones. Como
fundamento de su disenso, explicó que el juzgado no valoró integralmente la
sentencia constitutiva del título ejecutivo, pues al caso no le era aplicable la
prohibición de doble asignación contenida en el artículo 128 de la Constitución
Política, debido a que lo reconocido fue a título de indemnización y no de salario.
En ese contexto, los valores pagados por la entidad eran incorrectos, ya que la
liquidación debía extenderse hasta el año 2012 —fecha en la que alcanzó la edad
de retiro forzoso— y no solo hasta el momento a partir del cual se reconoció el
retroactivo pensional.
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2.6. Sentencia objeto de revisión
14. El Tribunal Administrativo del Huila dictó sentencia el 11 de septiembre de 2020,
a través del cual confirmó la decisión de primer grado, referente a no seguir adelante
con la ejecución, pero la sustentó en otras razones.
15. En primer lugar, explicó que el juez del proceso ejecutivo tiene la facultad de
declarar de oficio aquellas excepciones que encuentre probadas y que guarden
relación con los aspectos sustanciales del título. Sustentó lo anterior en las
siguientes premisas:
15.1 El artículo 422 del CGP establece que pueden demandarse ejecutivamente
las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos
provenientes del deudor o de su causante, «o de las que emanen de una
sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción o
de otra providencia judicial (…)».
15.2 De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional1, los títulos
ejecutivos deben gozar de elementos formales2 y sustanciales. Respecto de
estos últimos, adujo que el título debía contener una prestación en beneficio del
acreedor y a cargo del deudor, relativa a una obligación de dar, hacer o no hacer.
Además, la obligación debía ser clara; expresa —es decir, estar contenida en un
documento que declarara su existencia—, y exigible —esto es, que el plazo al
que estuviera sujeta se hubiera cumplido o, si dependía de una condición, que
esta se hubiera configurado—.
15.3 Con fundamento en la sentencia proferida el 9 de febrero de 2017 por el
Consejo de Estado, dentro del proceso tramitado bajo el radicado 11001-03-15-
000-2016-03413-00, recordó que, tratándose de la ejecución de providencias
judiciales, «el funcionario judicial tiene la posibilidad de decidir de manera oficiosa
sobre aquellas excepciones de mérito que encuentre probadas en el proceso, así
no hayan sido alegadas por la parte demandada». Esta facultad comprende el
examen de los requisitos sustanciales que debe reunir el título ejecutivo.
15.4 A juicio del ad quem, esa facultad guarda relación con la potestad prevista en
el artículo 282 del CGP, que establece que, cuando el juez encuentre probados
1
Citó la sentencia T-747 de 2013.
2
Que sean auténticos y provengan del deudor, de su causante, o de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal
de cualquier jurisdicción.
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hechos constitutivos de una excepción, debe reconocerla de oficio. Asimismo, se
relaciona con lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA, conforme al cual el juez
de lo contencioso administrativo debe pronunciarse sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquier otra que encuentre probada. Por ello, el silencio del
inferior no impide que el superior estudie la respectiva excepción, sin perjuicio del
principio de no reformatio in pejus.
16. En segundo lugar, el Tribunal se apartó de la consideración del Juzgado relativa
a que se había probado la excepción de pago de la obligación, sustentada en que
la entidad con el acto de ejecución cumplió integralmente lo ordenado en la
sentencia base de recaudo; y que lo reclamado por el ejecutante contravenía la
prohibición de la doble asignación proveniente del erario contenida en el artículo
128 Constitucional.
17. Explicó que cuando se profiere una sentencia dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho mediante la cual se declara la nulidad del
acto de retiro de un cargo y se ordena el reintegro, así como el pago de los salarios
y prestaciones dejados de percibir, para todos los efectos legales se entiende que
el restablecimiento del derecho produce la ficción de que el demandante
permaneció siempre en el servicio. En consecuencia, los dineros cuyo pago se
ordena corresponden a los salarios y prestaciones que aquel dejó de percibir
durante el tiempo en el que estuvo desvinculado.
18. No obstante, cuando se accede a la nulidad del acto administrativo que ordenó
el retiro del servicio de un empleado público, pero no es posible retrotraer las cosas
a su estado inicial mediante el reintegro, la orden del juez consiste en indemnizar o
resarcir al demandante. La cuantía de esa indemnización se calcula con fundamento
en los salarios y prestaciones que habría percibido durante el periodo de
desvinculación. Ello según lo previsto en la sentencia proferida el 29 de enero de
2008 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
dentro del proceso identificado con el radicado interno 1153-2004, en la cual se
determinó que las sumas pagadas como consecuencia de la nulidad del acto que
ocasionó un retiro del servicio, cuando el reintegro no es posible, tienen carácter
indemnizatorio. Por lo tanto, los dineros que el empleado público habría recibido
durante el período de desvinculación no están sujetos a la prohibición de doble
asignación proveniente del erario, prevista en el artículo 128 de la Constitución
Política, pues se reconocen a título de indemnización, en tanto que los salarios y
prestaciones que no se percibieron durante ese período solo se tienen en cuenta
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para calcular la suma resarcitoria.
19. En ese contexto jurídico, el Tribunal concluyó que en la sentencia constitutiva del
título ejecutivo se determinó que no era posible reintegrar al demandante a la planta
de personal de la ESE ejecutada, debido a la reforma efectuada en la entidad. Por
consiguiente, no fue posible retrotraer la actuación administrativa al estado anterior
al retiro. De ahí que la condena impuesta en favor del actor tuviera carácter
indemnizatorio y fuera calculada con fundamento en los salarios y prestaciones que
habría percibido. En consecuencia, los valores correspondientes al período
comprendido entre agosto de 2007 y julio de 2012 no estaban sujetos a la
prohibición de doble asignación contenida en el artículo 128 de la Constitución
Política.
20. Por lo anterior, consideró que no le asistía razón al Juzgado al declarar probada
la excepción de pago bajo el argumento de que reconocer una suma superior a la
liquidada por la entidad implicaría incurrir en la prohibición de doble asignación. No
obstante, estimó que no había lugar a revocar la decisión de no seguir adelante con
la ejecución, debido a que la obligación reclamada en la demanda ejecutiva no
cumplía los requisitos sustanciales de ser expresa y exigible.
21. En efecto, adujo que la sentencia presentada como título ejecutivo dispuso,
literalmente, que la ejecutada debía pagar los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir por el ejecutante desde el 30 de diciembre de 2004 hasta cuando
hubiera sido incluido en la nómina de pensionados o alcanzara la edad de retiro
forzoso, lo que ocurriera primero.
22. Para el ejecutante, primero alcanzó la edad de retiro forzoso —11 de julio de
2012—, pues Colpensiones lo incluyó en la nómina de pensionados en julio de 2015.
Sin embargo, el Tribunal, después de examinar la Resolución GNR 202462 del 7 de
julio de 2015, mediante la cual fue incluido en dicha nómina, advirtió que en el caso
del actor existían dos momentos: i) la fecha de efectividad de la pensión, esto es, el
1 de agosto de 2007; y ii) la fecha en la que se materializó el pago de la prestación,
que correspondió a julio de 2015.
23. Si bien el pago efectivo de la pensión comenzó en el año 2015, su reconocimiento
se hizo con efectos a partir del año 2007. De ahí que, aunque la sentencia base de
recaudo hubiera señalado que la condena se liquidaría «hasta cuando el
demandante haya sido incluido en nómina de pensionados», para el ad quem «no
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puede entenderse esta expresión como el instante en que la entidad pensional
efectúa un pago de mesadas atrasadas a favor del beneficiario». Lo anterior, porque
la Resolución GNR 202462 del 7 de julio de 2015 fue expedida en cumplimiento de
otra sentencia judicial, en la cual se determinó que el derecho pensional del actor
se causó a partir del 11 de julio de 2007, pues desde ese momento reunió los
requisitos para acceder a la prestación.
24. En consecuencia, atendiendo a las órdenes impartidas en la sentencia base de
recaudo, el Tribunal concluyó que lo primero que ocurrió en el caso del actor fue la
efectividad de su inclusión en la nómina de pensionados, configurada a partir del 1
de agosto de 2007. Por lo tanto, esa fecha constituía el extremo final para calcular
la indemnización ordenada. La ESE ejecutada cumplió dicha obligación mediante la
Resolución 286 del 1 de diciembre de 2015, pues en ella liquidó los salarios y
prestaciones dejados de percibir por el actor hasta julio de 2007, así como los
respectivos intereses moratorios. Las sumas reconocidas fueron pagadas el 6 de
enero de 2016.
25. Por consiguiente, confirmó la sentencia de primera instancia del 14 de marzo de
2019, mediante la cual se dispuso no seguir adelante con la ejecución, pero por las
razones antes expuestas.
2.7. Del recurso extraordinario de revisión3
26. La causal invocada. El señor Hugo Gerardo Ordóñez Rivera presentó este
recurso contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 11
de septiembre de 2020, al considerar que se configuró la causal de revisión prevista
en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. Sustentó su reproche en
dos disposiciones: i) el numeral 2 del artículo 133 del CGP, que, a su entender, se
configura cuando una sentencia revive un proceso legalmente concluido; y ii) el
inciso segundo del artículo 134 ibidem, relativo a la posibilidad de alegar la nulidad
originada en una sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede
recurso. Como consecuencia, solicitó que se infirmara la sentencia que estimó
viciada de nulidad y, en su lugar, se ordenara seguir adelante con el proceso
ejecutivo. Finalmente, pidió que se condenara en costas a la ESE.
27. Argumentos de sustentación. Consideró que el Tribunal, al proferir la sentencia
objeto de reproche, arribó a una conclusión errada a partir del análisis de las
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Índice 2 del aplicativo SAMAI.
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pruebas que reposaban en el expediente y de su relación con la sentencia
constitutiva del título ejecutivo, debido a que interpretó de manera diferente los
extremos temporales con fundamento en los cuales debían calcularse los conceptos
ordenados en este último.
28. En efecto, recordó que la sentencia constitutiva del título ejecutivo, proferida el
16 de abril de 2015 por el Tribunal Administrativo del Huila, declaró la nulidad del
acto administrativo mediante el cual había sido retirado del cargo de médico
especialista, sin disponer su reintegro, debido a la imposibilidad derivada de la
modificación de la planta de personal de la ESE. A título de restablecimiento del
derecho, se ordenó el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir desde el momento de su retiro —30 de diciembre de 2004— hasta cuando
hubiera sido incluido en la nómina de pensionados o alcanzara la edad de retiro
forzoso —11 de julio de 2012—, lo que ocurriera primero.
29. Reiteró que lo primero que ocurrió en su caso fue que alcanzó la edad de retiro
forzoso, esto es, 65 años, el 11 de julio de 2012, dado que su inclusión en la nómina
de pensionados se produjo en julio de 2015. En consecuencia, de acuerdo con el
mandato cierto y determinado contenido en la sentencia base de recaudo, la
indemnización ordenada en su favor debía liquidarse por el período comprendido
entre el 30 de diciembre de 2004 y el 11 de julio de 2012.
30. No obstante, la ESE ejecutada se abstuvo de cumplir integralmente las órdenes
contenidas en el título mediante el acto de ejecución —Resolución 286 del 1 de
diciembre de 2015—, pues allí liquidó y pagó únicamente los conceptos
correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de
julio de 2007, cuando el reconocimiento debía extenderse hasta el 11 de julio de
2012. Por esa razón, promovió el proceso ejecutivo para obtener el pago de los
valores causados entre el 1 de agosto de 2007 y esta última fecha.
31. El Juzgado declaró probada la excepción de pago mediante sentencia del 14 de
marzo de 2019, al considerar que el reconocimiento de los valores solicitados por el
ejecutante contrariaba la prohibición de percibir una doble asignación proveniente
del erario.
32. El actor apeló esa decisión con el argumento de que los valores ordenados en la
sentencia base de recaudo se reconocieron a título de indemnización y no de
salarios y prestaciones sociales, por lo que no estaban sujetos a dicha prohibición
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constitucional. Frente a ello, el Tribunal, en la sentencia del 11 de septiembre de
2020, acogió ese planteamiento y concluyó, con fundamento en el precedente del
Consejo de Estado sobre la materia, que las pretensiones de la demanda ejecutiva
no contrariaban la prohibición de doble asignación proveniente del erario. Sin
embargo, decidió no revocar la sentencia proferida por el Juzgado el 14 de marzo
de 2019, debido a que, en su criterio, la obligación reclamada en la demanda
ejecutiva no era expresa ni exigible conforme a la sentencia presentada como título
ejecutivo.
33. Para el actor, con esa decisión el Tribunal despojó de sentido y alcance a la
sentencia base de recaudo, al concluir erradamente que la obligación reclamada no
estaba contenida en ella. A su juicio, lo procedente era reconocer y pagar los
emolumentos dejados de percibir hasta el 11 de julio de 2012 —fecha en la que
alcanzó la edad de retiro forzoso—, dado que con ello no se incurría en la prohibición
de doble asignación de recursos del Estado, en la medida en que dichas sumas se
reconocieron a título de indemnización. Agregó que no tuvo la oportunidad de
controvertir esa determinación, pues fue adoptada en la sentencia de segunda
instancia, contra la cual no procedía recurso alguno.
34. Asimismo, sostuvo que se vulneraron sus derechos al debido proceso y de
contradicción, debido a que la entidad demandada no cuestionó la validez del título
ejecutivo ni formuló reparos formales en su contra. De ahí que, a su juicio, el Tribunal
al analizar oficiosamente el título excedió la competencia prevista en el numeral 2
del artículo 442 del CGP, pues en la sentencia únicamente podía estudiar las
excepciones de mérito formuladas en la contestación. En otras palabras, como el
título ejecutivo existía y no adolecía de vicios, el análisis de la sentencia reprochada
debía limitarse a determinar si se había probado el pago de la obligación, lo que
excluía cualquier pronunciamiento sobre su carácter expreso y exigible.
35. De igual modo, sostuvo que, si el Tribunal consideraba que la obligación
reclamada en la demanda ejecutiva debía ser expresa y exigible conforme al título
ejecutivo, el incumplimiento de tales requisitos constituía un defecto formal,
derivado de que las pretensiones no hubieran sido planteadas con precisión y
claridad, según lo dispuesto en el artículo 162 del CPACA. No obstante, ese reparo
no fue formulado en la oportunidad procesal correspondiente, por lo que plantearlo
en la sentencia de segunda instancia vulneró sus derechos al debido proceso y de
contradicción.
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Demandante: Hugo Gerardo Ordoñez Rivera
36. Por ese motivo, el ad quem incurrió en la causal de nulidad contenida en el
numeral 2 del artículo 133 del CGP, dado que revivió el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el cual se profirió la sentencia base de recaudo,
pues modificó el sentido de la condena respecto del extremo temporal final hasta el
cual debía calcularse la indemnización, aspecto sobre el que, a su juicio, no podía
pronunciarse. Con ello, además, vulneró la cosa juzgada que revestía la sentencia
base de recaudo.
37. Adicionalmente, el recurrente consideró que el Tribunal al expedir la sentencia
censurada incurrió en la causal genérica de nulidad originada en la sentencia,
contenida en el artículo 134 ibidem, debido a que se presentó un exceso de poder
al modificar, en la práctica, la sentencia constitutiva del título ejecutivo —al
considerar que la obligación perseguida no cumplía los requisitos de ser expresa y
exigible—, sin contar con una atribución legal para ello y sin que tales defectos
hubieran sido alegados durante el proceso.
38. Finalmente, censuró la decisión del Tribunal de no seguir adelante con la
ejecución con fundamento en los siguientes argumentos: i) confundió la inclusión en
la nómina de pensionados con la fecha de efectividad de la pensión reconocida; ii)
los valores reconocidos por Colpensiones en favor del actor por el período
comprendido entre los años 2007 y 2015 correspondían a un retroactivo y no a
mesadas pensionales, conceptos que, a su juicio, eran diferentes; y iii) los recursos
con los cuales Colpensiones reconoce las pensiones no provienen del tesoro
público, sino de un fondo de propiedad de los afiliados, por lo que el pago de algún
concepto con cargo a ellos no implica incurrir en la prohibición constitucional de
doble asignación.
2.8. Intervenciones
39. La ESE Hospital departamental San Antonio de Pitalito contestó la demanda
y se opuso a la prosperidad de la causal alegada en el recurso extraordinario. Adujo
que el Tribunal Administrativo del Huila en la sentencia reprochada efectuó un
análisis integral de los elementos que tenía a su disposición para determinar si la
entidad había cumplido las órdenes contenidas en la sentencia base de recaudo.
Por consiguiente, consideró que los argumentos formulados por el actor en sede de
revisión no eran de recibo, ya que la sentencia censurada «aplicó razonable y
proporcionalmente la decisión judicial en el (…) contexto en que se hizo efectiva la
pensión y el restablecimiento de su derecho pensional, sin desconocimiento de la
12
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relación jurídica establecida en la sentencia cognitiva, de manera que no se logra
demostrar la causal invocada (…)».
40. El Ministerio Público rindió concepto, mediante el cual solicitó que se declarara
infundado el recurso. A su juicio, no le asistía razón al recurrente al considerar que
el juez del proceso ejecutivo había intentado revivir el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Por el contrario, advirtió que aquel pretendía utilizar
el recurso extraordinario de revisión para cuestionar el criterio adoptado por el juez
del proceso ejecutivo al interpretar la sentencia presentada como título ejecutivo.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
41. Esta Subsección es competente para resolver este asunto, de conformidad con
lo establecido en los artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 13 del Acuerdo 080 de
12 de marzo de 2019, reglamento interno de esta corporación.
3.2. De la oportunidad para interponer el recurso
42. De conformidad con lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011,
cuando el recurso se fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral 5°,
entre otras, podrá presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia».
43. La sentencia impugnada se notificó el 17 de noviembre de 2020, por lo que los
tres días siguientes de que trata el artículo 205 del CPACA transcurrieron entre el
18 y el 20 de noviembre de 2020. De modo que la ejecutoria de la sentencia ocurrió
el 21 de noviembre siguiente. El recurso extraordinario, por su parte, fue radicado
el 12 de febrero de 2021, es decir, dentro del término legal.
3.3. Problema jurídico
44. De acuerdo con lo argüido por el actor, le corresponde a la Sala determinar si la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 11 de septiembre de
2020, dentro del proceso ejecutivo adelantado en proceso bajo radicado 41-001-23-
31-000-2005-00918-03 incurrió en la causal de revisión contenida en el numeral 5.°
del artículo 250 del CPACA, expresamente por configurarse los móviles contenidos
en el numeral segundo del artículo 133 del CGP y en el artículo 134 ibidem.
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45. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del recurso
extraordinario de revisión; y ii) el contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250
del CPACA y el principio de congruencia como causal específica de configuración
de la nulidad originada en la sentencia.
3.4. Normas y jurisprudencia aplicables
46. La naturaleza y objeto del recurso extraordinario de revisión. El artículo 248
de la Ley 1437 de 2011, establece que:
«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
47. La jurisprudencia de esta corporación ha indicado que, por su naturaleza, el
recurso extraordinario de revisión es un medio judicial de impugnación que, por
excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las
sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada. Lo anterior, en razón
a que puede ser dirigido en contra de las providencias ejecutoriadas proferidas por
cualquiera de las autoridades que integran la jurisdicción de lo contencioso
administrativo —jueces y tribunales, así como las subsecciones y secciones de esta
corporación—.
48. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de
la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de situaciones
externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso ordinario, pero
que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de cosa juzgada.
En sentencia de 3 de marzo de 2020,4 la Sala Décima Especial de Revisión de este
tribunal, expresó:
«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.
43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI
Capítulo I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –Ley 1437 de 2011-, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de impugnación
4
Expediente nro. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), C.P. Sandra Liset Ibarra Vélez.
14
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excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e
infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas, por incurrir
en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley».5
44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir
las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en cualquier
instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos cuya
naturaleza permita la interposición del recurso. En consecuencia, el recurso
extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por la
doctrina6 como un medio de impugnación con la virtud de afectar de manera
excepcional el principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa
juzgada, pues con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado,
siempre que se configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.7
45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión tiene
por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión
controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas
que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del
legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa
juzgada […]».8
49. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el debate
propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias probatorias de
las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias; iv) controvertir
la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de aplicación de
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, consejero Ponente Dr. Alberto Yepes Barreiro Sentencia
de 30 de septiembre de 2014.
6
LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016, Pág. 884.
7
«1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado después de
dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente
no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada
la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó
una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la
sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare
que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de
peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en
el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».
8
Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15- 000-2003-00133-
00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2014, exp.
34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
15
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las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso sometido a
juicio.
50. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la
procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre una
argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente entre los
fundamentos y la causal alegada9. En la sentencia que se viene citando, esta
corporación expresó:
«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate
propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso
extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpretativa
del juez10 o para corregir errores «in iudicando»11, sino que fue consagrado para
discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en
la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos
falsos o adulterados12-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser
determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la
aparición de una persona con mejor derecho13-, o fueron sobrevinientes a la decisión
y hacen que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal
cuarta,14- o deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una
nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación15-.
47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia
está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la
obligación elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese
formalismo, debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y,
especialmente, los hechos que le sirven de fundamento y la configuran.
48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos
en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al
recurrente realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los
9
Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020, expediente nro. 11001-03-15-
000-2019-00119-00(REV), C.P. Alberto Montaña Plata.
10
Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001-03-15- 000-2008-
00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia.
11
En sentencia C- 998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los errores in iudicando
son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de una norma sustancial o por
interpretación errónea…».
12
Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados».
13
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria.
14
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
15
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
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juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni
pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio
del derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de
defensa, como si se tratara de una nueva instancia.
49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder
la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la
sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo».16
51. El contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA. El numeral
5.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo dice, a la letra, que:
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación».
52. De acuerdo con el anterior dispositivo, los presupuestos para su configuración
son los siguientes: i) que exista nulidad procesal y; ii) que esta se origine en una
sentencia que ponga fin al proceso y contra la cual no proceda el recurso de
apelación.
53. En relación con las causales de invalidación que pueden invocarse en contra de
la sentencia, se han identificado dos posiciones principales al interior de esta
corporación. En la primera de ellas, se defendió la tesis de la legalidad y la
taxatividad de las nulidades, pregonando que solo pueden emplearse las enlistadas
16
Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios pronunciamientos de los
que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de 27 de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-
0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: «… no constituye una nueva instancia, razón por la cual no es
admisible en él la continuación del debate probatorio o sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las
precisas causales señaladas en la ley, cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo.
(....)». En ese mismo sentido, en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se
manifestó que con el recurso extraordinario especial de revisión «(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración propio
del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya expuestos
y debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso especial de revisión en un
juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)».
17
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en el Código General del Proceso y aquellas que impliquen la vulneración del
derecho al debido proceso contenido en el artículo 29 superior17.
54. Por su parte, en la segunda teoría, se señaló que la causal en estudio no se
configura únicamente con situaciones taxativas, sino también a través de otras
circunstancias que el juez, basado en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
adecuación, identifique y revele en cada caso concreto como contrarias a los
mandatos constitucionales que necesariamente conlleven a infirmar la decisión
judicial18. A partir de esta última tesis sostuvo que19:
«[…] En esta última corriente, que admite hipótesis no contempladas en forma
expresa como causales de nulidad, la jurisprudencia ha identificado, a modo
enunciativo, ciertos casos de afectación del derecho al debido proceso, al igual que
del acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, admitiendo
que hay lugar a revisar la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la
decisión (i) es inhibitoria; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la no reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere
en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o perención; (vii)
no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii) desconoce
el principio de congruencia20 bien sea por una condena extra, ultra o infra petita.
Visto lo anterior, la presente decisión acoge los planteamientos que expuso la
sentencia de unificación del 8 de mayo de 201821 proferida por la Sala Plena de la
Corporación, de manera que adhiere a la tesis que defiende la no taxatividad de las
17
Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 3 de febrero de 2015, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala
Veintiséis Especial de Decisión, Radicación 11001-03-15-000- 1998-00157-01(REV), Actor: Sociedad de Mejoras Publicas de
Cali; del 1 de octubre de 2019 radicación 11001-03-15-000-2017-00811-00(REV), actor: Odilio Fernández Sánchez y otros;
del 3 de diciembre de 2019, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, radicación
11001-03-15-000-2014-01303-00(REV), actor: Panadería La Victoria S.A.
18
A esta postura se adscriben, entre otras, las siguientes decisiones judiciales adoptadas por esta Corporación: sentencia del
8 de mayo de 2018, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación 11001-03-15-000-1998-00153-01, actor: Julio
César Mancipe Estupiñán; sentencia del 7 de octubre de 2019, Sección Tercera, Subsección B, radicación 11001-33-31-035-
2008-00180- 01(52615); actor: Ferney Darío Lis Fula y otros; sentencia del 24 de octubre de 2019, Sección Segunda,
Subsección A, radicación 11001-03-25-000-2014-00325-00(0997-14), actor: Carlos Januario Montero Pérez.
19
Sobre el particular se puede consultar, entre otras, la sentencia de 26 de agosto de 2021, proferida por esta Subsección
dentro del expediente con radicado 11001-03-25-000-2017-00852-00(4598-17).
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV 2014-00440-
00.
21
Expediente 1998-00153. La decisión sostuvo que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando se presenta
alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se dictó el fallo de segunda
instancia, objeto del recurso de revisión, (actualmente artículo 133 del Código General del Proceso) y ii) por desconocimiento
del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció esta Corporación en la sentencia de 7 de febrero de
2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en la Sentencia C-739 de 2001. Pero además, determinó que un fallo
inhibitorio no justificado es causal de nulidad constitucional por violación de los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia y a una tutela judicial efectiva.
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causales de nulidad que configuran el supuesto del artículo 250 numeral 5 del
CPACA. En ese orden de ideas, la nulidad predicable de la sentencia de instancia
se estructura por:
• El acaecimiento de alguna de las hipótesis que regula el artículo 133 del
CGP;
• La existencia de irregularidades que afecten sustancialmente el derecho al
debido proceso;
• Otros vicios que, sin estar relacionados con el ejercicio de valoración
probatoria y jurídica que efectuó la providencia, tengan la entidad suficiente para
que, en sede de revisión y luego de un estudio que consulte parámetros de
ponderación, razonabilidad y mesura, el juez concluya que la sentencia objetada
quebrantó la legalidad y la justicia.
En efecto, la Subsección considera que esta tesis resulta más coherente con los
valores que busca proteger el ordenamiento superior pues, de un lado, satisface la
finalidad a la que responde el recurso extraordinario de revisión, permitiendo que
decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, pero también garantiza el
principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones
excepcionales, en las que el peso de la anomalía sea tal que se transgreda el núcleo
esencial de derechos que se caracterizan por tener una marcada relevancia
constitucional22 y que se configuren en la sentencia».
55. Corolario, las causales de nulidad que se pueden predicar frente a las sentencias
ejecutoriadas no son taxativas sino enunciativas, entendidas estas últimas como
aquellas irregularidades que afecten con magnitud y gravedad las garantías
esenciales del derecho fundamental al debido proceso.
56. Pues bien, conforme con lo analizado, se resolverá el problema jurídico planteado
en precedencia.
3.5. Caso concreto
57. Antes de resolver el asunto sometido a conocimiento de la Sala se considera
pertinente traer a colación los hechos que motivaron al recurrente a discrepar de la
posición adoptada por el Tribunal en la sentencia objeto de censura, así:
22
En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de
Decisión N.° 19, sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2017-02369-00, demandante: Pedro José
Vaca López.
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58. El Tribunal Administrativo del Huila dictó sentencia el 16 de abril de 2015, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado bajo el
radicado 41-001-33-31-001-2005-00918-01, mediante la cual revocó la sentencia
proferida el 17 de marzo de 2011 y declaró la nulidad parcial de los Acuerdos 017 y
018, ambos del 22 de diciembre de 2004, por medio de los cuales se modificó la
planta de personal de la ESE. A título de restablecimiento del derecho, condenó a
la entidad a reconocer y pagarle al señor Hugo Gerardo Ordóñez Rivera «los
sueldos, prestaciones sociales, emolumentos a que tenga derecho y demás
haberes causados y dejados de percibir, desde la fecha de retiro —30 de diciembre
de 2004— hasta cuando el demandante haya sido incluido en nómina de
pensionados, o hasta la edad de retiro forzoso —11 de julio de 2012—, el evento
que hay (sic) ocurrido primero, previstas las deducciones de Ley que procedan».
59. La ESE Hospital departamental San Antonio de Pitalito expidió la Resolución 286
del 1 de diciembre de 2015, mediante la cual dio cumplimiento a las órdenes
contenidas en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 16 de
abril de 2015. Para liquidar las prestaciones dispuestas en el título, tuvo en cuenta
que Colpensiones, mediante la Resolución GNR 202462 del 7 de julio de 2015, le
reconoció una pensión de vejez al señor Hugo Gerardo Ordóñez Rivera, en
cumplimiento de otra sentencia proferida por ese Tribunal. Asimismo, advirtió que
el actor fue incluido en la nómina de julio de 2015, con inicio del pago en agosto de
ese año, y que se le reconoció el retroactivo pensional causado a partir de agosto
de 2007.
60. Enconsecuencia, el acto de ejecución reconoció las prestaciones sociales
dejadas de percibir por el actor desde la fecha de su retiro, esto es, el 30 de
diciembre de 2004 hasta el 31 de julio de 2007, debido a que, según el acto expedido
por Colpensiones, la pensión se hizo efectiva a partir del 1 de agosto de ese año.
Asimismo, liquidó los intereses moratorios causados hasta el 30 de noviembre de
2015. La suma final reconocida ascendió a $201.247.601.
61. Colpensiones expidió la Resolución GNR 202462 del 7 de julio de 2015, mediante
la cual dio cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila el 20 de noviembre de 2012, dentro del proceso tramitado bajo el radicado
2009-00439-00. En esa providencia se reconoció una pensión por aportes en favor
del señor Hugo Gerardo Ordóñez Rivera, con fundamento en la Ley 71 de 1988 y el
Decreto 2709 de 1994, a partir del 11 de julio de 2007, «salvo que el actor se hubiera
vinculado nuevamente al servicio, en cuyo caso tal prestación se reconocerá a partir
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del retiro definitivo». En cumplimiento de lo anterior, el acto administrativo dispuso
que la pensión se reconocería a partir del 1 de agosto de 2007, debido a que la
última cotización se efectuó el 30 de julio de ese año, y fijó la mesada en $2.929.401.
De igual manera, reconoció la suma de $393.325.395 por concepto de retroactivo
pensional, indexación e intereses moratorios, una vez efectuados los descuentos
en salud.
62. Clarificadas las premisas fácticas del caso, se recuerda que el recurrente
consideró que la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Huila incurrió en la causal quinta del recurso extraordinario de
revisión —relativa a la nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso—,
debido a que, a su juicio, se configuró el supuesto previsto en el numeral 2 del
artículo 133 del CGP, consistente en que el juez, mediante una providencia posterior
revivió un proceso legalmente concluido.
63. En concreto, cuestionó que en la sentencia censurada se hubiera concluido que
la obligación reclamada en la demanda ejecutiva no era clara ni expresa, en lo
relacionado con el reconocimiento y pago a cargo de la ESE de los emolumentos
laborales dejados de percibir entre el 1 de agosto de 2007 y el 11 de julio de 2012.
Lo anterior, pese a que, en su criterio, la sentencia base de recaudo sí dispuso, de
manera alternativa, que el reconocimiento de los valores en favor del actor se
extendería hasta cuando alcanzara la edad de retiro forzoso —lo que ocurrió el 11
de julio de 2012— o fuera incluido en la nómina de pensionados —lo que sucedió
en julio de 2015—, según el evento que ocurriera primero. A su entender, lo primero
que aconteció fue que alcanzó la edad de retiro forzoso.
64. Por lo tanto, consideró errada la posición adoptada por el Tribunal en la sentencia
del 11 de septiembre de 2020, según la cual el título ejecutivo dispuso que el
reconocimiento de los emolumentos indemnizatorios se extendiera únicamente
hasta el 1 de agosto de 2007. Ello, porque, de acuerdo con la Resolución GNR
202462 del 7 de julio de 2015, expedida por Colpensiones, desde esa fecha se
reconoció el derecho pensional en favor del actor y se liquidó el correspondiente
retroactivo, en cumplimiento de otra sentencia diferente proferida dentro de medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido con el fin de obtener
el reconocimiento y pago de una pensión por aportes.
65. Analizados los anteriores motivos de disenso, la Subsección considera que no le
asiste razón al recurrente al sostener que se configuró la causal de nulidad originada
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en la sentencia por los siguientes motivos:
66. En primer lugar, aunque el recurrente invocó como fundamento específico de la
nulidad el supuesto previsto en el numeral 2 del artículo 133 del CGP, este no se
configuró. El sentido literal de la disposición permite concluir que su materialización
presupone que el juez, mediante auto o sentencia, reanude la actuación dentro de
un proceso legalmente concluido, es decir, dentro de la misma cuerda procesal23.
67. En el presente caso no se profirió una providencia mediante la cual se hubiera
reanudado el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 41-001-33-31-001-2005-00918-01, el cual concluyó con
la ejecutoria de la sentencia del 16 de abril de 2015. Por el contrario, la providencia
cuya nulidad se alega fue proferida dentro de un proceso ejecutivo posterior y, por
tanto, diferente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. De
ahí que, aunque mediante el proceso ejecutivo se pretendiera obtener el
cumplimiento de la sentencia del 16 de abril de 2015, ello no permite considerar que
ambos procesos se hubieran surtido dentro del mismo trámite.
68. Igualmente, observa la Subsección que los argumentos desplegados por el actor,
como soportes para aludir la configuración de esta causal de nulidad, en realidad
buscan rebatir la interpretación probatoria y normativa realizada por el Tribunal en
la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2020, que derivó a que concluyera, de
oficio, que las pretensiones que buscaba el ejecutante no se soportaban de manera
clara y expresa en la sentencia del 16 de abril de 2015. Finalidad que, como se
explicó en el marco jurídico precedente, se aleja de la teleología del Recurso
Extraordinario de Revisión.
69. En segundo lugar, la Subsección no comparte la posición del recurrente, quien
sostuvo que el hecho de que la entidad no hubiera discutido la validez del título
ejecutivo impedía que el Tribunal examinara sus elementos constitutivos en la
sentencia de segunda instancia.
70. En efecto, analizada la providencia objeto de reproche, se advierte que en ella se
explicaron detalladamente los fundamentos normativos y jurisprudenciales por los
23
Al respecto, la doctrina especializada sobre la materia indica sobre el particular lo siguiente: «De la misma manera considera
el legislador la actuación que adelanta el juez cuando revive tramitaciones de procesos que han terminado en forma legal,
porque esa actuación es abiertamente contraria a la ley que señala la competencia del juez. En consecuencia, si con
posterioridad a la terminación de un proceso por desistimiento, transacción, perención o sentencia, el juez pretende proseguir
la actuación, salvo obviamente lo que tiene que ver con su cumplimiento, aquella quedará viciada de nulidad». Hernán López
Blanco, Código General del Proceso, Parte General, (DUPRE Editores: Bogotá, 2016).
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cuales, a juicio del ad quem, el juez del proceso ejecutivo podía analizar de oficio, y
en cualquier estado del trámite, los elementos constitutivos del título —tanto
formales como sustanciales— y, de ser el caso, declarar probada la excepción
relacionada con su inexistencia.
71. Por lo tanto, aunque dicha causal no se hubiera alegado en el recurso, es
menester precisar que la decisión censurada motivó en extenso las razones que
habilitaban al Tribunal para el estudio oficioso de los elementos del título ejecutivo,
con base en criterios normativos contenidos en el CGP y en el CPACA, así como
en disposiciones jurisprudenciales proferidas por el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional. En consecuencia, no se advierte que con esa decisión se vulneraron
los derechos al debido proceso y de contradicción y defensa invocados en el
recurso, y tampoco que el Tribunal no pudiera efectuar un estudio oficioso sobre el
título ejecutivo. De tal manera que, lo que se evidencia es que el recurrente pretende
controvertir la actividad interpretativa efectuada por el juez en la providencia
recurrida.
72. En igual sentido, la Sala difiere del argumento del actor, relativo a que, en su
entender, la ausencia de los requisitos que el Tribunal tuvo por probados en la
sentencia del 11 de septiembre de 2020 —ausencia de expresividad y claridad del
título ejecutivo— hacen parte de los criterios formales de la demanda; por lo que su
incumplimiento derivaba en su inadmisión y no la declaratoria de oficio en el trámite
de segunda instancia, ya que ello vulneró su derecho al debido proceso y
contradicción.
73. Con esa apreciación, el recurrente confunde los requisitos formales que debe
reunir toda demanda presentada ante la jurisdicción (regulados, para la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, en los artículos 161 a 166 del CPACA) con los
requisitos formales y sustanciales que debe reunir todo título ejecutivo (previstos en
el artículo 422 del CGP) para que la obligación contenida en él pueda ejecutarse
judicialmente.
74. Así, mientras que, al presentarse la demanda, la ausencia de sus requisitos
formales conlleva a su inadmisión para lograr, por ejemplo, la correcta
individualización de las pretensiones, la claridad de los hechos o la estimación de la
cuantía; el incumplimiento de los requisitos formales y sustanciales del título no
pueden ser un motivo de inadmisión, pues, en estricto sentido, versan sobre la
composición documental del mismo —esto es, requisitos formales—, o sobre la
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expresividad, claridad y exigibilidad de la obligación perseguida24.
75. Lo último, sin perjuicio de que, en cualquier estado del proceso, el juez realice la
verificación de los requisitos formales y sustanciales del título y, en caso de que
encuentre probado su incumplimiento declare la terminación del proceso, en virtud
del citado potestad-deber con el que cuenta. Circunstancia que, en todo caso, no
vulnera los derechos al debido proceso y de contradicción y defensa en los términos
que propone en el recurso.
76. Finalmente, la Subsección advierte que el actor concluyó sus motivos de disenso
cuestionando los criterios empleados por el Tribunal para declarar de oficio la
inexistencia del título y, en consecuencia, disponer la terminación del proceso. En
concreto, controvirtió: i) que se hubiera considerado la fecha de efectividad de su
inclusión en la nómina de pensionados como el extremo final para reconocer los
emolumentos reclamados en el proceso ejecutivo; ii) que los valores reconocidos
por Colpensiones por el periodo comprendido entre los años 2007 y 2015
correspondieran a mesadas pensionales, pues, a su juicio, fueron pagados a título
de retroactivo pensional; y iii) que los recursos con los cuales Colpensiones paga
las mesadas pensionales provinieran del tesoro público, dado que, en su criterio,
pertenecen a los afiliados y, por ello, su utilización no contraviene la prohibición de
doble asignación contenida en el artículo 128 de la Constitución Política.
77. No obstante, se estima que todos esos planteamientos están dirigidos a
cuestionar el análisis jurídico y fáctico efectuado por el Tribunal, quien, en ejercicio
de su actividad interpretativa, concluyó que la obligación reclamada por el actor en
la demanda ejecutiva no estaba contenida de manera clara y expresa en la
sentencia presentada como título ejecutivo.
78. Por último, se deja constancia de que el recurrente sostuvo que la sentencia
censurada también incurrió en lo que denominó «la causal genérica de nulidad
originada en la sentencia», prevista en el artículo 134 del CGP. Sin embargo, este
reproche tampoco prospera por las siguientes razones: i) la disposición invocada
regula la oportunidad y el trámite para alegar las nulidades procesales y precisa que
aquella originada en la sentencia que puso fin al proceso puede plantearse mediante
24
Al respecto, la doctrina especializada sobre la materia ha dicho lo siguiente: «No se podrá inadmitir una demanda ejecutiva
porque le falten los documentos necesarios para integrar el título ejecutivo, pues en este caso, el juez administrativo deberá
atender las prescripciones del artículo 430 del CGP, que prevé: “Presentada la demanda acompañada de documento que
preste mérito ejecutivo, el juez librara mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida,
si fuera procedente, o en la que aquel considere legal” (…)». Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, La acción ejecutiva la
jurisdicción administrativa, (Editorial Lijursánchez: Bogotá, 2021).
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el recurso de revisión cuando contra esa decisión no proceda otro recurso y no
hubiera sido posible alegarla previamente. Por lo tanto, no establece una causal
autónoma y diferente de la prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA; y
ii) los argumentos formulados para sustentar esa supuesta causal son los mismos
que el recurrente empleó para alegar la configuración del supuesto previsto en el
numeral 2 del artículo 133 del CGP.
79. Los anteriores motivos son suficientes para que la Subsección concluya que al
actor no le asiste razón en los reproches planteados en su recurso. Por
consiguiente, lo procedente es declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión promovido en esta oportunidad.
3.6. Condena en costas
80. El inciso final del artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 —modificado por el artículo
70 de la Ley 2080 de 2021— establece que «[si] se declara infundado el recurso,
se condenará en costas y perjuicios al recurrente».
81. En este contexto, y atendiendo a que el recurso extraordinario se declaró
infundado, es procedente la imposición de condenas por este concepto, en la
medida que se encuentra comprobada su causación en los términos del numeral 8
del artículo 365 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión formulado
por el señor Hugo Gerardo Ordoñez Rivera en contra de la sentencia de segunda
instancia proferida el 11 de septiembre de 2020, por el Tribunal Administrativo del
Huila, dentro del proceso ejecutivo adelantado bajo radicado 41-001-23-31-000-
2005-00918-03.
SEGUNDO. CONDENAR en costas y agencias en derecho al señor Hugo Gerardo
Ordoñez Rivera, conforme a lo indicado en esta providencia, las cuales se liquidarán
por la secretaría de esta Sección.
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TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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