Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00148-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00148-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00148-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001032500020210014800 (0873-2021)
Demandante: Leonardo Reyes Contreras
Demandado: Nación – Comisión Nacional del Servicio Civil y otro
Tema: Concurso de méritos
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por el señor Leonardo Reyes Contreras contra la Nación –
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), el Instituto de Movilidad de Pereira y
el municipio de Pereira.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137
del CPACA,1 el señor Leonardo Reyes Contreras solicitó que se anule el Acuerdo
CNSC-20191000006236 del 17 de junio de 2019, proferido por la CNSC, «por el
cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección para proveer
los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema general de carrera
administrativa de la planta de personal del Instituto de Movilidad de Pereira –
Convocatoria No. 1336 de 2019 – Territorial 2019 – II», «en lo concerniente al
Capítulo II Empleos convocados, Artículo 8, Nivel Técnico, Agentes de Tránsito,
Código 340, Grado 3».
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
3. El demandante sostuvo que el acto acusado quebrantó los artículos 13, 25,
53 y 125 de la Constitución Política; 24 de la Convención Americana de Derechos
Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.
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Demandante: Leonardo Reyes Contreras
Culturales; las Leyes 769 de 2002 y 1310 de 2009; y el Decreto Ley 785 de 2005.
4. Al desarrollar el concepto de violación, el actor planteó los siguientes cargos:
i) De acuerdo con las Leyes 769 de 2002 y 1310 de 2009, el Decreto Ley 785 de
2005 y la Sentencia C-577 de 2006, proferida por la Corte Constitucional, los
agentes de tránsito deben contar con formación técnica profesional.
ii) El Instituto de Movilidad de Pereira en su manual de funciones dispuso que
para ocupar el mencionado empleo se requería «cursar y aprobar el programa de
capacitación (catedra de formación e intensidad mínima establecida por la
autoridad competente)». Esta decisión se fundó en la Resolución 4548 de 2013,
suscrita por el Ministerio de Transporte, cuyo contenido también resulta contrario
a la ley, pues indicó que para ese empleo se necesitaría demostrar un título como
«técnico laboral».
iii) El concurso cuestionado desconoció que el título de técnico profesional no es
asimilable al de técnico laboral, conforme se desprende de los artículos 24 y 25
de la Ley 30 de 1992 y la Ley 1064 de 2006.
iv) El artículo 3 de la Ley 1310 de 2009 facultó al Ministerio de Transporte para
reglamentar la capacitación de los agentes de tránsito, pero tal atribución no le
permitía establecer los requisitos de ingreso al empleo, sino las capacitaciones
del personal vinculado. En efecto, existen dos clases de formación que deben
acreditarse para desempeñar ese cargo y obedecen a dos momentos
independientes, a saber: a) la educación técnica profesional que se exige para el
ingreso y es impartida por una institución de educación superior; y b) la
capacitación que se realiza con posterioridad a la posesión y la puede dictar un
establecimiento de educación no formal.
1.2. Contestación de la demanda
5. La CNSC se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en los
siguientes argumentos:
i) Se encuentran configuradas las excepciones de indebida escogencia del
medio de control y caducidad.
ii) El acto demandado se ajustó al ordenamiento superior, teniendo en cuenta
que el proceso de selección se fundó en la información suministrada por la
entidad destinataria del mismo y conforme a su manual de funciones, respecto
del cual la CNSC no tiene injerencia alguna.
6. El Instituto de Movilidad de Pereira solicitó que se negaran las
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pretensiones de la demanda por las siguientes razones:
i) El manual de funciones de la entidad acató la Ley 1310 y la Resolución 4548
de 2013, por lo que adscribió el cargo de agente de tránsito al nivel técnico y
solicitó el cumplimiento de los requisitos dispuestos en dichas normas «una de
las cuales es el de aprobar el programa de capacitación (cátedra de formación e
intensidad mínima establecida por la autoridad competente)».
ii) Al agente de tránsito no se le reclama el título, sino la aprobación del
programa de capacitación, exigencia que fue satisfecha en la convocatoria.
Además, existe precedente jurisprudencial sobre la materia aquí debatida.2
7. El municipio de Pereira expresó que el acuerdo enjuiciado era respetuoso
de Ley 1310 de 2009 y de la Resolución 4548 de 2013. Igualmente, formuló las
excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, indebida escogencia
del medio de control, caducidad e indebida individualización del acto demandado.
II. TRAMITE EN ÚNICA INSTANCIA
2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada
8. Por auto del 10 de agosto de 2023, se admitió la demanda.
9. Por auto del 6 de febrero de 2025, se negó la solicitud de medida cautelar
presentada por el actor.
10. Mediante auto del 20 de junio de 2025, el despacho evidenció la posibilidad
de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A
del CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) negar las excepciones de indebida
escogencia del medio de control, caducidad e indebida individualización del acto
demandado; b) diferir para el momento de dictar la sentencia correspondiente, la
resolución de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta
por el municipio de Pereira; c) prescindir de la audiencia inicial prevista en el artículo
180 ibidem; d) resolver sobre las pruebas aportadas y solicitadas; e) fijar el litigio; f)
correr traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos de
conclusión y concepto, respectivamente.
2.2. Alegatos de conclusión
11. El demandante y el Instituto de Movilidad de Pereira se abstuvieron de
presentar alegatos de conclusión. La CNSC y el municipio de Pereira reiteraron los
argumentos expuestos en las respectivas etapas del proceso.
2 La entidad invocó la sentencia del 13 de abril de 2023, radicado 20191000001516.
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2.3. Ministerio Público
12. La Procuraduría Delegada de Intervención 8 Tercera ante el Consejo de
Estado rindió concepto en el sentido de solicitar que se declare probada la
excepción de falta de legitimación en la causa formulada por el municipio de Pereira
y se acceda a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes
razonamientos:
i) El Instituto de Movilidad de Pereira es la entidad legitimada para ejercer la
defensa en el presente proceso, ya que expidió el manual de funciones base de
la convocatoria demandada y goza de personería jurídica.
ii) El manual por el cual se rige el proceso de selección atacado contradice la
Resolución 4548 de 2013, expedida por el Ministerio de Transporte, ya que en
esta se aclaró que para ocupar el cargo de agente de tránsito se debía contar
con formación de técnico laboral; sin embargo, el referido manual «solamente
exige para el efecto el diploma de bachiller o el certificado o constancia de su
trámite».
13. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes:
III. CONSIDERACIONES
3.1. Cuestión previa – Falta de legitimación en la causa
14. Mediante auto del 20 de junio de 2025, el despacho ponente difirió para el
momento de dictar sentencia la resolución de la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva, propuesta por el municipio de Pereira.
15. Al respecto, la entidad territorial sostuvo que el Instituto de Movilidad de
Pereira es una entidad descentralizada del orden municipal, con personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía presupuestal, técnica, administrativa, jurídica y
financiera. Por ende, sus responsabilidades no pueden extenderse al municipio.
16. Ahora bien, la legitimación en la causa se ha entendido como el vínculo de los
sujetos procesales frente a la pretensión, es decir, que concierne a la posibilidad de
formular u oponerse a las pretensiones de la demanda, según se trate del sujeto
activo o pasivo «con interés en la relación jurídica sustancial debatida en el
proceso».3
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia del 25 de septiembre de 2013, radicado: 25000 23 26 000
1997 5033 01 (20.420).
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17.En este caso se encuentra acreditado que el concurso de méritos demandado
se dirigió a proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema
general de carrera administrativa de la planta de personal del Instituto de Movilidad
de Pereira.
18. Conforme al Acuerdo Municipal 137 de 1994 y el Decreto Municipal 838 del
2016, el referido instituto es un establecimiento público con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente, es decir, que esta entidad es
la legitimada en la causa por pasiva para ejercer la defensa en el presente proceso,
ya que es autónoma frente al municipio de Pereira, por lo cual se declarará probada
la excepción propuesta.
3.2. Presentación del caso y metodología de decisión
19. En el presente asunto, la Sala examinará si el Acuerdo CNSC-
20191000006236 del 17 de junio de 2019 está viciado de nulidad por violación al
ordenamiento constitucional y legal en que debía fundarse.
20. Para acometer dicho propósito, se abordarán los siguientes aspectos
relevantes: i) texto del acto acusado; ii) requisitos para acceder al cargo de agente
de tránsito; iii) el caso concreto - problema jurídico - análisis de los cargos de
nulidad; y iv) costas y agencias en derecho.
3.3. Texto del acto demandado
21. Es preciso aclarar que no se transcribirá integralmente el acto enjuiciado en
razón a su extensión y a que el actor lo cuestionó «en lo concerniente al Capítulo II
Empleos convocados, Artículo 8, Nivel Técnico, Agentes de Tránsito, Código 340,
Grado 3», cuyo tenor es el siguiente:
ACUERDO No. CNSC-20191000006236 DEL 17-06-2019
"Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección para
proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la planta de personal del Instituto de Movilidad de Pereira
• Convocatoria No. 1336 de 2019 - Territorial 2019 - II"
LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el
artículo 130 de la Constitución Política, en los artículos 11, 12 y 30 de la Ley 909 de
2004 y en los artículos 2.2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, y
CONSIDERANDO:
[…]
ACUERDA:
[…]
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ARTÍCULO 1. CONVOCATORIA. Convocar el proceso de selección para proveer de
manera definitiva diecisiete (17) empleos, con ciento nueve (109) vacantes,
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal
del Instituto de Movilidad de Pereira – Risaralda, que se identificará como
“Convocatoria No. 1336 de 2019 – Territorial 2019 – II”.
[…]
ARTÍCULO 8. EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de la OPEC que
se convocan para este proceso de selección son los siguientes:
NIVEL NÚMERO DE EMPLEOS NÚMERO DE VACANTES
Profesional 8 9
Técnico 6 96
Asistencial 3 4
TOTAL 17 109
PARÁGRAFO 1. La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo, ha sido
suministrada y certificada por el Instituto de Movilidad de Pereira - Risaralda y es de
su responsabilidad exclusiva, así como el Manual de Funciones y Competencias
Laborales que dicha entidad envío a la CNSC, el cual sirvió de insumo para el
presente proceso de selección, según los detalles expuestos en la parte considerativa
de este Acuerdo. Las consecuencias derivadas de la inexactitud, equivocación o
falsedad de la información reportada por la aludida entidad serán de su exclusiva
responsabilidad, por lo que la CNSC queda exenta de cualquier clase de
responsabilidad frente a terceros por tal información. En caso de existir diferencias
entre la OPEC certificada y el referido Manual de Funciones y Competencias
Laborales, prevalecerá este último, por consiguiente, la OPEC se corregirá dando
aplicación a lo previsto en el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA. Así mismo, en caso de
presentarse diferencias entre dicho Manual de Funciones y Competencias Laborales
y la ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma superior.
[…].
3.4. Requisitos para acceder al cargo de agente de tránsito
22. La Ley 769 de 2002, por la cual se expidió el Código Nacional de Tránsito
Terrestre, en su artículo 4 dispuso que «[l]os cuerpos especializados de Policía de
tránsito urbano y Policía de Carreteras de la Policía Nacional y los cuerpos
especializados de agentes de policía de tránsito dependientes de los organismos
de tránsito departamental, metropolitano, distrital y municipal, deberán acreditar
formación técnica o tecnológica en la materia».
23. Por su parte, los artículos 20 y 21 del Decreto Ley 785 de 2005 establecieron
que, dentro de la clasificación de los empleos públicos, los agentes de tránsito
pertenecerían al nivel asistencial; sin embargo, la Corte Constitucional declaró
inexequible tal previsión por las siguientes razones:4
12.- De este modo, lo estipulado por el parágrafo 2° del artículo 4° del Código Nacional
de Tránsito, implicaba que quien aspiraba a formar parte de un cuerpo especializado
de policía de tránsito de la Policía Nacional o de un organismo de tránsito de una
4 Sentencia C-577 de 2006.
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entidad territorial, debía cumplir con el requisito de ostentar un título de educación
superior como técnico o tecnólogo como mínimo. No de otra manera se puede
interpretar la expresión “formación técnica o tecnológica”, sino a través de lo definido
en este sentido por la Ley de Educación Superior (L.30/92). La cual, en su artículo
25 5 , prescribe los distintos títulos que pueden ser conferidos por las diferentes
instituciones de educación superior, y dentro de los cuales incluye los de técnico y
tecnólogo. Y, que en la práctica corresponde, como se ha dicho, a estudios
superiores.
[…]
13.- Por el contrario, a partir del decreto 785 de 2005, la exclusión del cargo de agente
de tránsito del nivel técnico de los empleos de las entidades territoriales (art 19
D.785/05), y su subsiguiente clasificación en el nivel asistencial (art. 20 D.785/05),
implica que para acceder a dicho cargo en un organismo de tránsito de una entidad
territorial, se deben cumplir otros requisitos. […]
En este orden, quien aspire al cargo de agente de tránsito en un distrito o municipio
de categorías especial, primera, segunda o tercera, deberá acreditar mínimo
educación básica primaria; y en un distrito o municipio de categorías cuarta, quinta y
sexta, deberá acreditar mínimo tres años de educación básica primaria. Lo que en
términos prácticos significa, que en el primer caso el requisito consiste en cinco (5)
años de primaria (art. 21 L.115/94)6 y en el segundo en tres (3) años de primaria (art.
21 L.115/94). […]
[…] La Sala considera, que por la naturaleza de las funciones que desempeñan y su
especial incidencia en principios primordiales de la Carta de 1991 y en los derechos
fundamentales de los ciudadanos, la exigencia de idoneidad resulta precaria y en
consecuencia inconstitucional.
[…]
44.- De otro lado, considera la Corte que es también posible que los agentes de
tránsito de los organismos de tránsito de las entidades territoriales, satisficieran la
idoneidad para enfrentarse a la aplicación e interpretación de normas jurídicas,
mediante la preparación específica en este tema. Lo cual superaría la situación de
inconstitucionalidad encontrada por esta Sala. […]
24. La Ley 1310 de 2010 unificó las normas sobre agentes de tránsito y
determinó lo siguiente en cuanto a los presupuestos para desempeñar el empleo:
Artículo 3. Profesionalismo. La actividad de Agente de Tránsito y Transporte es una
profesión y como tal deberán recibir una formación académica integral acorde con su
rango que permita una promoción profesional, cultural y social, con acento en la
instrucción ética, moral, física, ecológica, de liderazgo y de servicio comunitario.
Para efectos de la formación técnica en la materia, exigida para desempeñarse como
autoridad de tránsito y transporte, los organismos de tránsito con jurisdicción en las
capitales de departamento podrán crear escuelas no formales encargadas de dicha
5 Ley 30 de 1994. “ARTÍCULO 25. Los programas académicos de acuerdo con su campo de acción, cuando son
ofrecidos por una Institución Técnica Profesional, conducen al título en la ocupación o área correspondiente. Al título
deberá anteponerse la denominación de: "Técnico Profesional en......"
Los ofrecidos por las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, o por una universidad, conducen al título en
la respectiva ocupación, caso en el cual deberá anteponerse la denominación de "Técnico Profesional en......" Si hacen
relación a profesiones o disciplinas académicas, al titulo podrá anteponerse la denominación de: "Profesional en ..." o
"Tecnólogo en...."
(...)”. Estos incisos fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional en sentencia C-1509 de 2000.
6 […]
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formación académica, cumpliendo con el pénsum reglamentado por el Ministerio de
Transporte o en su defecto para esta capacitación o la tecnológica se contratará con
Universidades Públicas reconocidas.
Parágrafo 1. El Ministerio de Transporte, dentro de los seis (6) meses siguientes a la
publicación de la presente ley, fijará los parámetros para actualizar el pénsum de
capacitación, inducción, reinducción y formación técnica para ser agente de tránsito.
Parágrafo 2. Los organismos de tránsito y transporte deberán organizar como mínimo
anualmente un (1) curso de actualización en normas y procedimientos de tránsito y
transporte, seguridad vial y policía judicial, relaciones humanas, éticas y morales
dirigido a todos sus empleados e impartidos por personas o entidades idóneas en el
ramo.
Artículo 7. Requisitos de creación e ingreso. Para ingresar a los cuerpos de
agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales se requiere, además:
1. Ser colombiano con situación militar definida.
2. Poseer licencia de conducción de segunda (2ª) y cuarta (4ª) categoría como
mínimo.
3. No haber sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, pena privativa
de la libertad, excepto por delitos políticos culposos.
4. Ser mayor de edad.
5. Cursar y aprobar el programa de capacitación (cátedra de formación e intensidad
mínima establecida por la autoridad competente).
6. Poseer diploma de bachiller, certificado o constancia de su trámite.
[…]
25. A su turno, el Ministerio de Transporte, por Resolución 4548 del 1 de
noviembre de 2013, reglamentó los artículos 3 y 7 de la Ley 1310 de 2009, de la
siguiente forma:
Artículo 2. Instituciones para impartir educación. La formación de que trata el artículo
4 de la presente resolución, podrá ser impartida por instituciones de educación
superior o instituciones para el trabajo y desarrollo humano, legalmente constituidas
y aprobadas por la entidad respectiva.
Artículo 3. Formación requerida. Teniendo en cuenta la jerarquía y nivel determinado
en el artículo 6 de la Ley 1310, en razón a las funciones que exigen el desarrollo de
procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, los agentes de
tránsito deberán acreditar la siguiente formación, para ocupar el cargo:
Código Denominación Nivel
290 Comandante de tránsito Título Profesional
338 Subcomandante de Tránsito Técnico Profesional
339 Técnico operativo de tránsito Técnico Laboral
340 Agentes de tránsito Técnico Laboral
Artículo 5. Las personas que se encuentren ocupando el cargo de agente de tránsito
en un organismo de tránsito, para el cual hayan acreditado el cumplimiento de los
requisitos vigentes al momento de su incorporación al empleo, podrán continuar
desarrollando dicha actividad. Sin embargo, el organismo de tránsito deberá
garantizar que estos funcionarios realicen un curso de reinducción que abarque las
áreas de formación de que trata el artículo 3 de la presente resolución.
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Por su parte, las personas que al momento de la entrada en vigencia de la presente
resolución, deseen vincularse como agente de tránsito a un organismo de tránsito,
deben acreditar la formación determinada en el artículo 3 del presente acto
administrativo, sin perjuicio de los demás requisitos contenidos en el artículo 7 de la
Ley 1310 de 2009.
26. Conforme a la normativa vigente para la fecha en que se expidió el acuerdo
demandado, esto es, la Ley 1310 de 2009 y la Resolución 4548 de 2013, para
acceder al cargo de agente de tránsito es necesario acreditar, entre otros requisitos,
un título como Técnico Laboral en el que se haya cursado el pénsum académico
previsto por el Ministerio de Transporte en la mencionada resolución y que, según
su artículo 4, comprende los siguientes ejes estructurantes: normatividad, ejercicio
de la autoridad de tránsito, ética, seguridad vial, criminalística, resolución de
conflictos y comunicación asertiva, pedagogía y primeros auxilios.
3.5. El caso concreto. Problema jurídico - análisis de los cargos de
nulidad
27. De acuerdo con los argumentos planteados en la demanda y su contestación,
le corresponde a la Sala determinar si el acto acusado quebrantó el ordenamiento
superior por haber ofertado a concurso público el cargo de agente de tránsito con
base en requisitos diferentes a los señalados por el legislador.
28. En aras de contextualizar el debate, es pertinente anotar que el agente del
Ministerio Público solicitó la anulación del acuerdo demandado en razón a que, para
acceder al empleo de agente de tránsito, únicamente previó como requisito de
formación el título de bachiller; sin embargo, este razonamiento escapa al litigio en
los términos planteados por el actor.
29. En efecto, el accionante afirmó que el manual de funciones del Instituto de
Movilidad de Pereira exigió «cursar y aprobar el programa de capacitación (catedra
de formación e intensidad mínima establecida por la autoridad competente)» y que
tal decisión se fundó en la Resolución 4548 de 2013, cuyo contenido también resulta
contrario a la ley, pues indicó que para ese empleo se necesitaría demostrar un
título como «técnico laboral».
30. Bajo este escenario, el reproche del actor consiste en indicar que el título de
técnico laboral exigido para acceder al empleo de agente de tránsito no es
equivalente al de técnico profesional requerido por el legislador.
31. Por ende, con miras a respetar los principios de congruencia y justicia rogada,
el despacho se circunscribirá a analizar el litigio en los términos planteados por el
demandante.
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32. Ahora bien, esta Subsección estudió un caso con supuestos análogos al
presente, por lo cual la Sala atenderá el criterio jurisprudencial allí fijado, del cual se
destacan las siguientes conclusiones relevantes al sub lite:7
i) Conforme a las Leyes 30 de 1992, 115 de 1994 y 1064 de 2006 y el Decreto
4904 de 2009, los títulos de técnico laboral y profesional son diferentes, pues el
primero corresponde a la denominada educación para el trabajo y el desarrollo
humano, mientras que el segundo es un estudio de educación superior.
ii) El artículo 5 de la Ley 1064 de 2006 determinó que «[l]os certificados de
aptitud ocupacional, expedidos por las instituciones acreditadas como de
“Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano”, serán reconocidos como
requisitos idóneos de formación para acceder a un empleo público en el nivel
técnico que se señala en el Decreto 785 del 3 de marzo de 2005 y las
disposiciones que lo modifiquen o adicionen».
iii) Aunque existe una distinción clara entre un título técnico profesional y un
certificado de aptitud ocupacional, el legislador estableció que el segundo sería
válido para ocupar un cargo de nivel técnico, como lo es el de agente de tránsito.
iv) La Ley 1064 de 2006 «estableció que el título de técnico laboral sería válido
para acceder a un empleo del nivel técnico, con el fin de que no se discriminara
esa formación y se ampliara el acceso a la función pública, en especial para
aquellos sectores de la población que anteriormente encontraban barreras
injustificadas por haber adelantado programas en el contexto de la educación
para el trabajo y el desarrollo humano, pese a que tenían conocimientos
relevantes tenientes a desempeñar con idoneidad y eficiencia los cargos oficiales
clasificados en el nivel técnico».8
v) La Ley 769 de 2002 especificó que los agentes de tránsito debían «acreditar
formación técnica o tecnológica en la materia»; sin embargo, este mandato no
puede leerse de manera aislada, pues la Ley 1064 de 2006 otorgó mayor
relevancia a la educación para el trabajo y el desarrollo humano.
vi) De acuerdo con la Ley 1310 de 2009, para acceder al empleo de agente de
tránsito, se debe acreditar una formación técnica, pero el legislador no la catalogó
como técnica profesional e inclusive especificó que podían impartirla instituciones
de educación no formal y, a partir de este lineamiento, otorgó facultades al
Ministerio de Transporte para que fijara «los parámetros para actualizar el
pénsum de capacitación, inducción, reinducción y formación técnica para ser
agente de tránsito».
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 13 y 28 de abril de 2023, radicados 11001
11001-03-25-000-2021-00134-00 (0812-2021) y 11001-03-25-000-2021-00135-00 (0816-2021).
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 13 y 28 de abril de 2023, radicados 11001
11001-03-25-000-2021-00134-00 (0812-2021) y 11001-03-25-000-2021-00135-00 (0816-2021).
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Radicado: 11001032500020210014800 (0873-2021)
Demandante: Leonardo Reyes Contreras
vii) El demandante sostiene que, al tenor del artículo 7 la Ley 1310 de 2009, para
acceder a dicho empleo es necesario contar con un título técnico profesional y,
una vez posesionado, realizar un estudio en el ramo de la educación para el
trabajo y el desarrollo humano; sin embargo, la norma expresamente aludió al
programa de capacitación (cátedra de formación e intensidad mínima establecida
por la autoridad competente) como requisito de ingreso, por lo tanto, los artículos
3 y 7 de la Ley 1310 de 2009 disponen que para acceder a dicho cargo se debe
contar con una capacitación suficiente, pero sin catalogarla como educación
superior en la modalidad de un título técnico profesional.
viii) Los estudios realizados en un técnico laboral en tránsito y transporte también
cumplen con la capacitación a que aludió la Corte Constitucional en la Sentencia
C-577 de 2006, pues se trata de una formación específica en materia de tránsito
y transporte, la normativa aplicable, los procedimientos para atender un accidente
y las eventuales víctimas, a lo cual se agrega la educación en ética, solución de
conflictos y comunicación asertiva que resultan relevantes para relacionarse con
la comunidad, hacer cumplir el ordenamiento jurídico bajo los presupuestos del
debido proceso y ejercer su autoridad con respeto de la dignidad humana.
ix) La Resolución 4548 de 2013 no ha sido suspendida ni anulada, por lo que
goza de presunción de legalidad y también resultaba de obligatorio cumplimiento
para estructurar las convocatorias a concursos de méritos para proveer los
empleos de agentes de tránsito.
33. Así las cosas, no están llamados a prosperar los cargos de nulidad del acto
demandado, fundados en que la educación técnica laboral exigida para acceder al
cargo de agente de tránsito del Instituto de Movilidad de Pereira no es homologable
a la formación técnica profesional.
3.6. Condena en costas
34. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que
se ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por el municipio de Pereira.
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Radicado: 11001032500020210014800 (0873-2021)
Demandante: Leonardo Reyes Contreras
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad formulada contra
el Acuerdo CNSC-20191000006236 del 17 de junio de 2019, proferido por la CNSC,
«por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección para
proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema general de
carrera administrativa de la planta de personal del Instituto de Movilidad de Pereira
– Convocatoria No. 1336 de 2019 – Territorial 2019 – II».
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Reconocer al abogado Diego Alejandro Ospina Agudelo, quien se
identifica con cédula de ciudadanía 1088313535 9 y Tarjeta Profesional 276097,
como apoderado del municipio de Pereira.
QUINTO: En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley y el art. 186 del CPACA.
9 Certificado de Vigencia N.: 1380038.
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