Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00178-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00178-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00178-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
16 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00178-00 (1011-2021)
Demandante: Jorge Iván Mina Lasso
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00178-00 (1011-2021)
Demandante: Jorge Iván Mina Lasso
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ministerio de Justicia y del Derecho -
Ministerio de Hacienda - Policía Nacional
Tema: Pensión de invalidez – Fuerza Pública
Decisión: Declarar la excepción de cosa juzgada - Negar las pretensiones de la
demanda
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso
promovido por el señor Jorge Iván Mina Lasso contra la Nación - Ministerio de Defensa
• Ministerio de Justicia y del Derecho - Ministerio de Hacienda - Policía Nacional.
I. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
2.1.1. Pretensiones
2. El señor Jorge Iván Mina Lasso actuando en nombre propio y en ejercicio del
medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 del CPACA,1 solicitó
declarar la nulidad de las siguientes disposiciones, expedidas por el Gobierno nacional:
i) artículo 32 del Decreto 4433 del 31 de diciembre 2004, «por el cual se fija el régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública»; y ii) artículo
2 del Decreto 1157 del 24 de junio de 2014, «por el cual se fija el régimen de asignación
de retiro a un personal de la Policía Nacional y de pensión de invalidez para el personal
uniformado de la fuerza pública».
2.1.2. Normas violadas y concepto de la violación
3. El demandante sostuvo que los actos acusados vulneran los artículos 150,
numeral 19, de la Constitución Política; la Ley 923 de 2004; el Convenio 159 de la OIT
y la Ley 732 de 2002.
1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.
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4. Al desarrollar el concepto de violación, el actor planteó los siguientes cargos:2
i) Para la expedición del Decreto 4433 de 2004 y el Decreto 1157 de 2014, el
Gobierno excedió su potestad reglamentaria, pues el presidente de la República no
puede legislar sobre los requisitos requeridos para acceder a la pensión de
invalidez, su monto o sobre la manera de liquidarla, por ser estos asuntos de reserva
legal. En ese sentido, dichos actos invalidaron la competencia del Congreso, ya que
le correspondía al legislador mediante la expedición de una Ley Marco o Estatutaria
facultar al presidente para que expidiera estos decretos.
ii) El Gobierno nacional desconoció el numeral 3.5 del artículo 3 de la Ley 923 de
2004, al fijar requisitos adicionales por debajo de los porcentajes reales de la
pensión de los miembros de la Fuerza Pública. Además, la misma disposición
estableció que el monto de la pensión de vejez sería fijado teniendo en cuenta el
porcentaje de la disminución de capacidad laboral determinado por los Organismos
Médico Laborales Militares y de Policía.
iii) La facultad otorgada por la Ley 923 de 2004, para la expedición de Decretos
con fuerza de Ley, es sólo por el término de 6 meses, por lo que el ejecutivo no tenía
la facultad para proferir el Decreto 1157 de 2014, lo anterior, teniendo en cuenta que
éste fue suscrito 11 años después de que se le confirió dicha la facultad, por lo que
resulta extemporáneo.
2.2. Contestación de la demanda
5. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público3 y el Ministerio de Defensa
Nacional4 se opusieron a las pretensiones con argumentos similares, a saber:
i) Los actos demandados fueron expedidos en ejercicio de la potestad
reglamentaria otorgada al presidente de la República por el numeral 11 del artículo
189 de la Constitución Política, que faculta al jefe del ejecutivo para que expida los
decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de la ley.
ii) La violación a la potestad reglamentaria sólo puede configurarse cuando el
presidente de la República contraríe la propia ley reglamentada u otra del mismo
linaje, lo que ocurre cuando la ley de manera expresa ya se ocupó de la materia y
el reglamento la controvierte, modifica o desconoce su sentido.
2 La Sala únicamente tendrá en cuenta los razonamientos que aluden a la ilegalidad de los actos acusados, pues
el actor esgrimió otros razonamientos que atañen a decisiones administrativas distintas a las enjuiciadas en el sub
lite.
3
Índice 23 de Samai
4
Índice 24 de Samai.
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iii) Las normas acusadas son producto de la facultad reglamentaria ampliada de
la que goza el Gobierno nacional en materia de leyes marco, pues el artículo 150,
numeral 19, de la Constitución Política, estableció que le compete al Congreso fijar
las pautas generales a las cuales debe sujetarse el ejecutivo para regular el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos y el régimen de prestaciones
mínimas de los trabajadores oficiales, y en virtud de dicha atribución el Congreso
expidió la Ley 4 de 1992.
iv) El Ministerio de Defensa Nacional indicó que el demandante confunde la
potestad reglamentaria con la función atribuida por el Congreso de la República
prevista en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución para revestir, hasta por
seis meses, al presidente de precisas facultades extraordinarias para expedir
normas con fuerza de ley, por ello, como los actos demandados fueron expedidos
en ejercicio de la potestad reglamentaria, que no tiene limitación en el tiempo, el
presidente no carecía de «competencia temporal».
II. TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA
2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada
6. A través de auto del 23 de enero de 2023, el magistrado conductor del proceso
admitió la demanda.
7. Mediante auto de 30 de octubre de 2023, se negó la medida cautelar solicitada
por la parte demandante.
8. En auto del 20 de junio de 2025, el despacho evidenció la posibilidad de emitir
sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A del CPACA,
adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.
9. En consecuencia, se dispuso: a) prescindir de la audiencia inicial prevista en el
artículo 180 ibidem; b) resolver sobre las pruebas aportadas y solicitadas; c) fijar el
litigio; d) correr traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos de
conclusión y concepto, respectivamente.
2.2. Alegatos de conclusión
10. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
11. La parte demandada - Ministerio de Defensa reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda.
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2.3. Ministerio Público
12. El agente del Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó declarar la
cosa juzgada, pues la legalidad de las normas acusadas se estudió por parte la sección
segunda de esta corporación en las sentencias del 14 de febrero de 2019, radicado
11001‐03‐25‐000‐2013‐01218‐00 (3070‐13); del 8 de febrero de 2018, radicado 11001-
03-25-000-2015-00113-00 (1927-2015); y del 22 de octubre de 2020, radicado 11001-
03-25-000-2016-00533-00. En estas providencias se concluyó que las normas estaban
ajustadas a derecho.
13. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes:
III. CONSIDERACIONES
3.1. Cuestión previa - Derogatoria del acto demandado
14. Como se indicó en el escrito de la demanda, el artículo 32 del Decreto
Reglamentario 4433 de 2004, que regulaba las condiciones para otorgar la pensión de
invalidez a los uniformados que perdieron la capacidad laboral en actos meritorios del
servicio, fue derogado por el artículo 2 del Decreto Reglamentario 1157 de 2014.
15. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 91, numeral 5, del CPACA, la fuerza
ejecutoria de los actos administrativos culmina cuando pierden su vigencia. Al
respecto, el Consejo de Estado ha explicado que «si la norma ha dejado de regir por
haber sido sustraída del ordenamiento jurídico, la consecuencia es que deja de ser
aplicable por la administración y, por consiguiente, pierde el carácter obligatorio para
los asociados».
16. A pesar de la disposición acusada perdió fuerza ejecutoria, por razón de la
derogatoria, es importante resaltar que ello no impide estudiar su legalidad, por cuanto
el medio de control de nulidad no está condicionado a la vigencia del acto, sino que su
finalidad consiste en verificar la legalidad objetiva en aras de mantener el imperio del
orden jurídico.
17. En tal sentido, esta corporación ha expresado que la derogación o subrogación
de un acto administrativo ocasiona la cesación de sus efectos hacia el futuro, situación
que en nada afecta la posibilidad de resolver sobre su legalidad, pues ello «comprende
la evaluación de sus requisitos esenciales a afectos de definir si nació o no válido a la
vida jurídica».
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3.2. Problema jurídico
18. Corresponde a la Sala determinar si los artículos 32 del Decreto 4433 de 2004
y 2 del Decreto 1157 de 2014 fueron expedidos sin competencia del presidente de la
república y en contravía de la Ley 923 de 2004, en los términos alegados por el
demandante.
3.3. Contenido de los actos demandados
19. A continuación, se transcribirán integralmente los artículos enjuiciados en cuyo
tenor es el siguiente:
DECRETO 4433 DE 2004
«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública»
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
En desarrollo de lo dispuesto por la Ley 923 del 30 de diciembre de 2004,
DECRETA:
[…]
ARTÍCULO 32. Reconocimiento y liquidación de la incapacidad permanente parcial en
combate o actos meritorios del servicio. El personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados
de las Fuerzas Militares, y de Oficiales, Suboficiales, Miembros del Nivel Ejecutivo y
Agentes de la Policía Nacional, que adquieran una incapacidad permanente parcial igual
o superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al setenta y cinco por ciento (75%)
ocurrida en combate, o actos meritorios del servicio, o por acción directa del enemigo, o
en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto
internacional, o en accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio del servicio,
tendrá derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta
cuando se compute como tiempo de servicio y mientras subsista la incapacidad a que el
Tesoro Público les pague una pensión mensual, que será reconocida por el Ministerio
de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso,
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas dispuestas en el presente
decreto, siempre y cuando exista declaración médica de no aptitud para el servicio y no
tenga derecho a la asignación de retiro.
DECRETO 1157 DE 2014
«Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro a un personal de la Policía
Nacional y de pensión de invalidez para el personal uniformado de la fuerza pública»
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere
la Ley 923 de 2004,
[…]
DECRETA:
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Demandante: Jorge Iván Mina Lasso
[…]
Artículo 2°. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando
mediante Acta de Junta Médico-Laboral y/o Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar
y de Policía, realizada por los organismos médico-laborales militares y de policía, se
determine al Personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y personal
vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares y
Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para
la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional, una disminución de la
capacidad laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%) ocurrida en servicio
activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres meses
de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista la incapacidad,
a que el Tesoro Público, les pague una pensión mensual, que será reconocida por el
Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según
el caso, liquidada de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan,
con fundamento en las partidas computables que correspondan, según lo previsto en los
Decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012, así:
2.1. El cincuenta por ciento (50%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea
igual o superior al cincuenta por ciento (50%), e inferior al setenta y cinco por ciento
(75%).
2.2. El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad laboral
sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%), e inferior al ochenta y cinco por
ciento (85%).
2.3. El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad laboral
sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%), e inferior al noventa y cinco por
ciento (95%).
2.4. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).
Parágrafo 1°. La base de liquidación de la pensión del personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio será el sueldo básico de un Cabo Tercero o su
equivalente en la Armada Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional.
Parágrafo 2°. Las pensiones de invalidez del personal de Soldados Profesionales,
previstas en el Decreto-ley 1793 de 2000, serán reconocidas por el Ministerio de Defensa
Nacional con cargo al Tesoro Público.
3.4. Marco normativo y jurisprudencial
3.4.1. Cosa Juzgada
20. En primer término, es pertinente anotar que el Ministerio Público sostuvo que
en este caso se había configurado la cosa juzgada porque las normas demandadas ya
habían sido estudiadas por el Consejo de Estado en tres sentencias.
21. Sin embargo, luego de una exhaustiva búsqueda, la Sala observó que las
sentencias del 8 de febrero de 2018, radicado 11001-03-25-000-2015-00113-00 (1927-
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2015) y del 22 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2016-00533-00, no
guardan relación con la temática debatida en el sub lite.
22. Por su parte, en la decisión adoptada el 14 de febrero de 20195 se estudió entre
otros, la legalidad del artículo 32 del Decreto 4433 de 2004. En tal providencia se
analizó la facultad del presidente de la República para proferir dicha norma y si
desconoció el artículo 3 de la Ley 923 de 2004, aspectos sobre los que versa la
presente demanda.
23. El artículo 189 del CPACA dispone que la sentencia que niegue la nulidad de
un acto administrativo «producirá cosa juzgada erga omnes, pero solo en relación con
la causa petendi juzgada».
24. Esta corporación ha sostenido que la citada disposición regula la institución de
la cosa juzgada relativa, la cual se configura cuando existe identidad de objeto y causa.
25. El objeto se encuentra comprendido «tanto por las declaraciones que, en
concreto, se solicitan de la administración de justicia (petitum), como por el
pronunciamiento específico del órgano judicial en la parte resolutiva de la respectiva
sentencia con respecto al petitum». 6
26. En torno a la causa petendi o causa de pedir se ha indicado que «hace
referencia a las razones que sustentan las peticiones del demandante ante el juez. Es
así como la causa petendi contiene, por una parte, un componente fáctico constituido
por una serie de hechos concretos y, de otro lado, un componente jurídico, constituido
no sólo por las normas jurídicas a las cuales se deben adecuar los hechos planteados
sino, también, por el específico proceso argumentativo que sustenta la anotada
adecuación. En suma, es posible afirmar que la causa petendi es aquel grupo de
hechos jurídicamente calificados de los cuales se busca extraer una concreta
consecuencia jurídica».7
27. De otro lado, la jurisprudencia ha explicado que el requisito de la identidad de
parte demandante no aplica en procesos nulidad simple, «en tanto que este
mecanismo de control fue instituido por el legislador con el fin de servir de instrumento
para velar por la defensa y el respeto del ordenamiento jurídico, el principio de jerarquía
normativa, y de legalidad, por lo que puede ser ejercido en cualquier tiempo y por
cualquier persona». 8
5
Sentencia del Consejo de Estado- Sección Segunda Subsección “B”. Rad. 11001-03-25-000-2013-01218-00
(3070-2013)
6
Corte Constitucional, Sentencia T-162 de 1998.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, radicado: 52001-23-31-000-2010-
00514-01 (51279).
8
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 3 de abril de 2025, radicado 11001 0324 000 2016 00539 00.
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Demandante: Jorge Iván Mina Lasso
28. En el presente caso se demanda el artículo 32 del Decreto 4433 de 2004 y la
legalidad de esta norma fue analizada por esta corporación en sentencia del 14 de
febrero de 2019, por lo que en este caso existe identidad de objeto.9
29. Asimismo, existe identidad de causa petendi, ya que el concepto de violación
esgrimido en este y en el expediente objeto de comparación, resultan iguales en lo que
atañe a: i) la violación a la reserva de ley y exceso de la facultad reglamentaria del
presidente de la República al proferir el artículo 32 del Decreto 4433 de 2004 y ii) el
desconocimiento del artículo 3 de la Ley 923 de 2004 y de los porcentajes de invalidez
establecidos en esta disposición. Esta corporación concluyó que dichos cargos de
nulidad no estaban llamados a prosperar, por cuanto:
Se observa que la Ley 923 de 2004 en su artículo 3º estableció los elementos mínimos que
deben ser tenidos en cuenta para la expedición del “régimen de asignación de retiro, la
pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de
estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública”,
[…]
Conforme se evidencia, la Ley Marco establece que para el reconocimiento de la
pensión de invalidez de miembros de la Fuerza Pública se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos: i) que el monto de la referida pensión se liquide de acuerdo con el
porcentaje de la disminución de la capacidad laboral; ii) que el porcentaje mínimo de
pérdida de capacidad laboral requerido es del 50%; y iii) que para determinar el derecho
al reconocimiento y liquidación de dicha pensión, se permite la existencia de criterios
diferenciales, dependiendo de las circunstancias en las que se haya originado la
pérdida de la capacidad laboral.
[…]
De conformidad con lo expuesto, se estima que el artículo 32 del Decreto 4433 de 2004
no incurrió en ningún tipo de omisión reglamentaria, por cuanto a través de éste el
Presidente de la República acató el mandato de la Ley 923 de 2004, correspondiente
a establecer los requisitos específicos que deben cumplir los miembros de las Fuerzas
Militares y de Policía Nacional para acceder a la pensión de invalidez.
Lo anterior, teniendo en cuenta además que, el artículo 2 del Decreto 1157 de 2014
establece que con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al
50%, ocurrida en servicio activo, los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, sin
distinción alguna, podrán ser acreedores del derecho a la pensión de invalidez.
Seguidamente, de la confrontación entre lo dispuesto por el artículo 3° numeral 3.5 de
la Ley 923 de 2004, y el contenido del artículo 32 del Decreto 4433 de 2004, se tiene
que según el primero, para el reconocimiento de la pensión de invalidez de miembros
de la Fuerza Pública, es permitido un trato diferencial dependiendo de si la lesión que
produjo la pérdida de la capacidad está relacionada o no con la prestación del servicio;
lo cual comparte el artículo 32 del Decreto 4433 de 2004, comoquiera que prevé que
son beneficiarios de la pensión de invalidez los servidores públicos que allí se
mencionan, siempre y cuando acrediten una incapacidad igual o superior al 50% e
inferior al 75%, ocurrida en combate, o actos meritorios del servicio, o por acción directa
del enemigo, o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en
conflicto internacional, o en accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio
del servicio.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” . Radicado 11001-03-25-000-2013-01218-00 (3070-2013)
Magistrado Ponente: César Palomino Cortés
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Demandante: Jorge Iván Mina Lasso
Así las cosas, se considera que mediante el artículo 32 del Decreto 4433 de 2004 se
desarrolla lo dispuesto en la Ley Marco 923 de 2004, sin que ello denote una omisión
reglamentaria ni la creación de una norma distinta a la establecida el artículo 3° numeral
3.5 de la Ley en mención. Por consiguiente, se precisa que el artículo acusado no
adolece de ningún vicio de nulidad, en tanto fue proferido por el presidente de la
República dentro de la órbita señalada expresamente por el Congreso de la República
en la Ley 923 de 2004, artículo 3° numeral 3.5.
30. En este orden de ideas, los motivos de inconformidad que expuso el
demandante en el sub lite en relación con el artículo 32 de la Ley 4433 de 2004 fueron
estudiados en el expediente 3070-2013. En efecto, la Sala explicó con suficiencia las
razones por las cuales el presidente de la República era competente para establecer
los requisitos específicos que deben cumplir los miembros de las Fuerzas Militares y
de Policía Nacional para acceder a la pensión de invalidez, y si dicha facultad se ejerció
dentro en los términos previstos por el Congreso de la República en el artículo 3
numeral 3.5. de la Ley 923 de 2004.
31. Así las cosas, la Sala se estará a lo resuelto en la sentencia del 14 de febrero
de 2019, proferida en el expediente 3070-2013 en relación con el artículo 32 del
Decreto 4433 de 2004.
3.4.2. Competencia del presidente de la República para reglamentar la pensión
de invalidez de los miembros de la fuerza pública
32. Por otra parte, la demandante solicitó la nulidad del artículo 2 del Decreto 1157
de 2014 pues estimó que, al igual que ocurrió con el artículo 32 del Decreto 4433 de
2004, el presidente de la República carecía de competencia para proferir normas sobre
los requisitos requeridos para acceder a la pensión de invalidez, pues dichos asuntos
son de reserva legal.
33. Además, estimó que la facultad otorgada por la Ley 923 de 2004 para la
expedición de Decretos con fuerza de Ley es sólo por el término de 6 meses, por lo
que el Decreto 1157 de 2014 se expidió conforme a una facultad ejercida de forma
extemporánea.
34. Ahora bien, esta corporación realizó las siguientes precisiones en relación las
finalidades y características de las leyes marco en nuestro ordenamiento: 10
La figura de las leyes marco o cuadro - que fue tomada y adaptada del derecho francés
• fue introducida en el ordenamiento constitucional colombiano a través de la reforma de
1968. Las leyes cuadro implican un nuevo tipo de relación entre el Legislativo y Ejecutivo:
las leyes ordinarias deben ser simplemente acatadas y ejecutadas por el Gobierno - el
cual solamente tiene potestad para reglamentar su mejor puesta en vigor, a través de
10
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A Sentencia de 30 de septiembre de 2021. Rad 11001-03-25-
000-2014-00103-00 (0209-2014).
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Demandante: Jorge Iván Mina Lasso
los decretos reglamentarios -, mientras que en el caso de las leyes marco el Ejecutivo
colabora activamente con el Legislativo en la regulación de las materias que deben ser
tramitadas a través de esta clase de leyes. Así, en tanto que el Congreso se limita a fijar
las pautas generales, las directrices que deben guiar la ordenación de una materia
determinada, el Ejecutivo se encarga de precisar, de completar la regulación del asunto
de que se trata. Para el caso colombiano ello ha significado que diversos temas que
hasta la reforma constitucional de 1968 eran regulados exclusivamente por el Congreso,
se asignen ahora conjuntamente al Legislativo y el Ejecutivo.
El objetivo de las leyes cuadro es el de permitirle al Estado responder ágilmente a los
cambios acelerados que experimentan en la sociedad moderna diversas materias. Para
poder reaccionar prontamente ante los sucesos cambiantes es necesario contar con la
información necesaria - suficiente y actualizada - y con procedimientos expeditos. Estos
dos requisitos son satisfechos por el Poder Ejecutivo, pero no por el Legislativo. Este
último suele contar con procesos de decisión lentos y no posee los recursos
indispensables para disponer directamente de la información pertinente para la toma de
decisiones, razón por la cual debe solicitarla del Ejecutivo. Esta situación es la que ha
conducido a señalar que diversos asuntos deben ser regulados por el Ejecutivo de
acuerdo con las orientaciones generales que imparta el Legislativo. De esta manera, la
institución de las leyes marco permite simultáneamente resguardar el principio
democrático - puesto que el Congreso conserva la facultad de dictar y modificar las
normas básicas para la regulación de una materia - y reaccionar rápidamente ante la
dinámica de los hechos a través de decretos del Gobierno que adapten la regulación
específica de la materia a las nuevas situaciones.
35. De acuerdo con lo anterior, las leyes marcos fijan los principios, objetivos,
criterios y orientaciones a los cuales debe sujetarse el Gobierno para desarrollar
determinada materia con mayor amplitud y especificidad, según las circunstancias y
necesidades, puesto que es conocedor de la realidad política, económica, social y
ambiental del país.
36. Ahora bien, el artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política
establece que el Congreso de la República tiene la potestad de dictar las normas
generales en las que señalen los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública, en virtud de la cual, se expidió la Ley Marco 923 de
2004, que estableció los elementos mínimos que deben ser tenidos en cuenta para la
expedición de dicho régimen, por lo que el Gobierno expidió, en ejercicio de la facultad
reglamentaria antes descrita, el Decreto 4433 de 200411 en el que estableció los
requisitos específicos que deben cumplir los miembros de las Fuerzas Militares y de
Policía para acceder a la pensión de invalidez.
37. En ese sentido, tal como se indicó en la Sentencia de 14 de febrero de 2019, el
presidente de la República tiene la competencia para reglamentar el régimen pensional
y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.
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«por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública»,
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Demandante: Jorge Iván Mina Lasso
38. Resulta necesario precisar que, aunque en la sentencia del 14 de febrero de
2019 la corporación se pronunció únicamente sobre la legalidad del artículo 32 del
Decreto 4433 de 2004, y no frente al artículo 2 del Decreto 1157 de 2014, los
argumentos expuestos en dicha providencia, resultan pertinentes en este asunto, pues
en ambos casos se debate si el presidente de la República es competente para
reglamentar los requisitos para que los miembros de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional accedan a la pensión de invalidez.
39. Finalmente, en cuanto a la falta de competencia temporal para ejercer la
potestad reglamentaria en la misma providencia, la corporación precisó que, el
presidente de la república, en virtud de lo dispuesto en el artículo 189-11 de la Carta
Política, puede ejercerla en cualquier momento sin necesidad de que la ley así lo
determine en cada caso.
40. De acuerdo con lo anterior, los argumentos expuestos por el demandante no
están llamados a prosperar.
3.4.3 Desconocimiento del numeral 3.5 del artículo 2 de la Ley 923 de 2004
41. Finalmente, la parte demandante estimó que el artículo 2 del Decreto 1157 de
2014 desconoció el numeral 3.5 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, al fijar requisitos
adicionales por debajo de los porcentajes reales de la pensión de los miembros de la
Fuerza Pública. Además, la misma disposición estableció que el monto de la pensión
de vejez sería fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de capacidad
laboral determinado por los Organismos Médico Laborales Militares y de Policía.
42. Al respecto, la Sala advierte que la parte demandante no precisó cuáles eran
los requisitos adicionales establecidos en esta disposición ni los porcentajes en los que
la prestación debía ser reconocida.
43. Sobre el reconocimiento de la pensión de invalidez, la Ley Marco previó que,
para el reconocimiento de la pensión de invalidez de los miembros de la Fuerza
Pública, se debía tener en cuenta, i) que el monto de la asignación debía liquidarse
teniendo en cuenta el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, ii) que el
porcentaje mínimo de pérdida de la capacidad laboral requerido para tener derecho a
la prestación es del 50% y ii) finalmente, que debían aplicarse de criterios diferenciales
dependiendo de las circunstancias que dieran origen a la pérdida de la capacidad
laboral.
44. El artículo el artículo 3, numeral 3.5, de dicha Ley, dispuso lo siguiente:
El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado
teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro
de la Fuerza Pública, determinado por los Organismos Médico–Laborales Militares y de
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Policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios
diferenciales de acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la
capacidad laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder al
derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%)
y el monto de la pensión en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las
partidas computables para la asignación de retiro.
45. La anterior disposición estableció para el reconocimiento de la pensión de
invalidez un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 50% y como monto mínimo
de la prestación el 50% de las partidas computables para la asignación de retiro.
46. De la confrontación entre el artículo 3. numeral 3.5 de la Ley 923 de 2004 y el
artículo 2 del Decreto Reglamentario 1157 de 2004, se observa que en ambas
disposiciones se estableció como monto mínimo de la pensión el 50% de las partidas
computables.
47. Además, la norma acusada previó que dicho monto podía ser mayor cuando se
incrementara el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, situación que también se
ajusta a los lineamientos señalados en la ley marco; por lo tanto, el presidente de la
República acató el mandato previsto en la mencionada Ley en relación con los montos
para el reconocimiento de la prestación.
48. Por otra parte, se observa que el demandante también indicó que el presidente
de República tampoco tenía competencia para establecer requisitos para la asignación
de retiro; sin embargo, no desarrolló argumentos frente a ello por lo que la Sala se
abstendrá de pronunciarse al respecto.
49. De acuerdo con las consideraciones expuestas, la Sala negará las pretensiones
de la demanda, toda vez que no logró demostrarse la ilegalidad de las normas
acusadas.
3.5. De la condena en costas
50. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que
se ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero. Declarar probada, de oficio, la excepción de cosa juzgada respecto del
artículo 32 del Decreto Reglamentario 4433 de 2004 en atención a lo expuesto en la
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parte motiva de esta sentencia. En consecuencia, estarse a lo resuelto en la sentencia
del 14 de febrero de 2019 proferida por el Consejo de Estado, dentro del proceso
11001-03-25-000-2013-01218-00 (3070-2019), en relación con dicha disposición, y en
la cual la corporación negó las pretensiones de la demanda.
Segundo. Negar las demás pretensiones de la demanda, en atención a lo expuesto
en la parte motiva de esta sentencia.
Tercero. Sin condena en costas.
Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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