Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00259-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00259-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00259-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
23 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad – Ley 1437 de 2011
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00259-00 (1515-2021)
Demandantes: Nelson Enrique Barrera Morales y otros
Demandados: Departamento Administrativo de la Función Pública y otros
Tema: Nulidad contra artículo 15 del Decreto 446 del 24 de febrero
de 1994. Se niegan las pretensiones.
SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA
______________________________________________________________________
La Sala conoce en única instancia de la demanda de simple nulidad instaurada por los
actores contra el siguiente apartado del artículo 15 del Decreto 446 de 1994: «[…] Los
miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional […]».
I. ANTECEDENTES
Disposición demandada
ARTÍCULO 15. Subsidio familiar. De conformidad con las normas legales vigentes que
regulan el pago del subsidio familiar, los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho, a partir del 1º de
enero de 1995, al pago de un siete por ciento (7%) adicional por tal concepto, sin
constituir factor salarial, el cual se pagará por unidad familiar, con cargo al presupuesto
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.
La anterior prestación se establece sin perjuicio del subsidio familiar a que tienen
derecho los funcionarios de acuerdo con las normas vigentes.
Demanda
1. Los demandantes con la interposición del presente medio de control pretenden
que se declare la nulidad de un apartado del artículo 15 del Decreto 446 de 1994,
mediante el cual se establece un pago adicional del 7% en el subsidio familiar para los
miembros del cuerpo de custodia y vigilancia. Consideran que la norma cuestionada
excluye al personal administrativo del INPEC de tal beneficio, por lo que se desconocería
diversos principios y derechos constitucionales, especialmente los consagrados en los
artículos 5, 13 y 42 de la Constitución Política, relacionados con el reconocimiento de la
familia como institución básica de la sociedad y el derecho a la igualdad.
2. Los demandantes consideran que no existe una justificación constitucional que
sustente el trato diferencial en el reconocimiento del porcentaje adicional en el subsidio
familiar entre estos dos grupos de funcionarios, pues ambos están sometidos al mismo
régimen de carrera administrativa especial. Sostienen que incluso algunos miembros del
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Demandante: Nelson Enrique Barrera Morales y otros
cuerpo de custodia y vigilancia realizan labores administrativas, lo cual refuerza la
comparabilidad fáctica y jurídica entre ambos grupos.
3. De igual manera, destacan que el derecho al subsidio familiar no debe ser
entendido ni condicionado por la función desempeñada, sino como una manifestación del
principio de protección a la familia consagrado en la Constitución Política. Arguyen que
esta garantía debe beneficiar a todos los trabajadores que tengan a cargo familiares, sin
que exista ninguna distinción por las funciones que se desempeñan.
Trámite procesal
4. La demanda inicialmente promovida por los actores fue interpuesta como nulidad
por inconstitucionalidad, sin embargo, mediante auto del 22 de julio de 2021, el despacho
sustanciador inadmitió la controversia y solicitó adecuar el medio de control al de nulidad
simple que prevé el artículo 137 del CPACA. Posteriormente, el 8 de septiembre de 2021,
los actores, dando cumplimiento a lo ordenado en el auto inadmisorio, subsanaron la
demanda. Finalmente, el medio de control fue admitido mediante auto del 31 de marzo
de 2022.
Contestación de la demanda
5. El Departamento Administrativo de la Función Pública se opuso a las
pretensiones de la demanda porque considera que el Decreto 446 de 1994 fue expedido
en desarrollo de la Ley 4 de 1992, la cual estableció los lineamientos para que se fijara
el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Adicionalmente, consideró
que este decreto es acorde con las normas superiores que lo sustentan y fue expedido
dentro del marco de la potestad reglamentaria que le compete al Gobierno Nacional.
6. Frente al argumento de la supuesta vulneración del derecho a la igualdad, explicó
que el monto adicional del subsidio familiar del 7% fue otorgado a los funcionarios del
INPEC que hacen parte del cuerpo de custodia y vigilancia, pues estos servidores
enfrentan mayores riesgos y tienen unas condiciones de trabajo más exigentes que el
personal administrativo. Por ende, el trato diferenciado se fundamenta en criterios
objetivos que no configuran discriminación alguna, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional.
7. El Ministerio de Justicia y del Derecho se opuso a las pretensiones de la parte
demandante, señalando que la disposición controvertida no vulnera el derecho a la
igualdad, ni a la protección de la familia como institución básica de la sociedad. Sostuvo
que el monto adicional del 7 %, otorgado exclusivamente al cuerpo de custodia y
vigilancia del INPEC, fue establecido basado en un criterio razonable de diferenciación
derivado del alto riesgo y la extensa jornada laboral que debe soportar este tipo de
funcionarios.
8. La cartera ministerial puso de presente que la Corte Constitucional ha avalado este
tipo de medidas diferenciadoras con el objeto de garantizar plenamente el principio de
igualdad material. Como quiera que la medida reprochada está dirigida a compensar el
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Demandante: Nelson Enrique Barrera Morales y otros
riesgo laboral y las extensas jornadas a las que están sometidos quienes trabajan en el
cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec, se justifica el trato preferente respecto de los
funcionarios del personal administrativo.
9. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a las pretensiones de la
demanda, pues considera que la norma demandada en este caso corresponde a un
ejercicio válido de la facultad reglamentaria ampliada de la que goza el Gobierno
Nacional. Además, esta cartera consideró que la censura de la parte actora resulta
desacertada en la medida en que se funda en una interpretación mecánica del principio
de igualdad que no corresponde con la igualdad material que reconoce el artículo 13 de
la Constitución.
II. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
10. Los demandantes, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el
Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
reiteraron los argumentos expuestos en las respectivas etapas del proceso.
III. EL MINISTERIO PÚBLICO
11. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado presentó concepto
mediante el cual solicitó que no se declare la nulidad del aparte del artículo 15 del Decreto
446 de 1994 demandado, por estar ajustado a derecho, al no vulnerar normas
constitucionales y legales, y no estar incurso en causales de nulidad. Frente a la presunta
violación del artículo 5º de la Constitución, el Ministerio Público señaló que la norma
acusada no está desconociendo a la familia como institución básica de la sociedad
porque todos los funcionarios del INPEC tienen derecho al subsidio familiar. La
disposición acusada solo otorga a ciertos cargos un porcentaje adicional del 7% sobre
esa prestación económica.
12. Respecto al cargo de violación del artículo 13 superior, el Ministerio Público
manifestó que lo que pretenden los actores es extender la igualdad a dos categorías de
empleados al interior del INPEC. Frente a lo anterior, indica que el mandato constitucional
no ordena siempre un trato igual para todos los destinatarios de la norma, y, en el caso
bajo examen, se presentan situaciones jurídicas distintas, dado que existe una diferencia
sustancial y funcional entre la categoría de los empleados del INPEC, pues los miembros
del cuerpo de custodia y vigilancia no pueden ser catalogados como similares al personal
administrativo, toda vez que, por mandato legal, las funciones que cumplen los primeros
son actividades de alto riesgo en las que se deben soportar unas condiciones
excepcionales, a las que no están sujetos los demás miembros de la institución.
13. Finalmente, en lo que se refiere al cargo de la presunta violación del artículo 42
de la Constitución, para el Ministerio Público la parte actora no sustentó este cargo en
debida forma, ni tampoco determinó el nexo causal entre el otorgamiento de un
porcentaje adicional del subsidio familiar a un determinado grupo de servidores públicos
del INPEC y la vulneración o desprotección de las familias de los funcionarios que no
gocen de este beneficio.
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Demandante: Nelson Enrique Barrera Morales y otros
IV. CONSIDERACIONES
Competencia
14. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, el Consejo de Estado
es competente para resolver en única instancia la nulidad de los actos administrativos
expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de
derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden. A su vez,
está sección es competente para conocer del presente asunto de conformidad con el
artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 2019, por el cual se expide el reglamento interno del
Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024, el cual consigna
que la sección segunda conocerá de los procesos de simple nulidad de actos
administrativos de orden nacional que versen sobre asuntos laborales y de la seguridad
social.
Problema jurídico
15. La Sala en el presente asunto debe resolver si el apartado del artículo 15 del Decreto
446 de 1994, que estableció que los miembros del cuerpo de vigilancia y custodio del
Inpec gozarían de un porcentaje adicional del 7% sobre el subsidio familiar desconoce
el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución y la protección
especial de la institución familiar que ordenan los artículos 5 y 42 de la Carta Política.
Lo anterior por excluirse del goce de ese beneficio al personal administrativo de esa
institución.
La igualdad como derecho y principio constitucional y la protección especial de la
familia
16. En el ordenamiento constitucional colombiano la igualdad y la protección especial a
la familia fueron reconocidos como elementos estructurales del Estado Social de
Derecho, por lo que la Constitución Política de 1991 les otorgó el carácter de principios
y derechos fundamentales. Por ende, estos preceptos no solo sirven como marcos de
interpretación normativa, sino que, además, deben guiar la actuación de todas las
autoridades públicas.
17. La igualdad, como principio y derecho, fue reconocida en el artículo 13 de la
Constitución Política, disposición que no solo consagró el concepto de igual formal en
el que todas las personas son igualmente libres ante la ley, sino que, además, adoptó
el concepto de igual material. Este último precepto obliga al Estado a promover las
políticas necesarias para que todas las personas puedan gozar de unas condiciones
materiales mínimas que les permita adelantar sus proyectos de vida.
18. Así las cosas, el derecho a la igualdad tiene una doble dimensión, por un lado, la
prohibición de toda forma de discriminación y, por otro, el mandato al Estado para que
promueva condiciones reales de equidad, especialmente, en favor de grupos que
históricamente han sido más desfavorecidos.
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Demandante: Nelson Enrique Barrera Morales y otros
19. El alcance y contenido del derecho a la igualdad ha sido ampliamente desarrollado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en varios pronunciamientos, en los
cuales ha advertido que no es sinónimo de uniformidad, sino de justicia material. Así,
por ejemplo, en la sentencia C-022 de 1996, el Tribunal Constitucional señaló que
tratar igual a quienes están en situaciones distintas puede generar nuevas injusticias.
En el mismo sentido, en la sentencia C-371 de 2000, se consolidó el criterio según el
cual los tratos diferenciados son admisibles siempre y cuando estén sustentados en
razones objetivas, legítimas y proporcionales.
[...] el reconocimiento de la igualdad permite que en algunos eventos se establezcan
diferenciaciones, más aún tratándose de la promoción de personas o grupos que se
encuentran en situaciones de desventaja; pero también se ha dicho que no toda norma
que establezca un trato diferenciado, así persiga beneficiar a estas personas o grupos
es, por esa sola circunstancia, constitucional. En cada caso, habrá de analizarse si la
medida es razonable y proporcionada.
20. En línea con la interpretación de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, en
sentencia del 12 de noviembre de 20201, reafirmó que el principio de igualdad permite
diferenciaciones cuando estas tienen una base funcional, técnica o de protección
especial. Por lo tanto, se considera legítimo establecer, por ejemplo, diferencias
salariales cuando existen razones objetivas y justificadas, como las que se refieren a
la naturaleza de las funciones desempeñadas o la necesidad de brindar una
protección especial a ciertos grupos de trabajadores.
21. De tal manera tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han
establecido que el principio de igualdad permite tratos diferenciados siempre que
estos persigan un fin constitucionalmente legítimo, y se encuentren sustentados en
criterios razonables, especialmente en el ámbito laboral, prestacional y funcional.
22. La familia, entendida como el grupo de personas cercanas, vinculadas por lazos de
afecto, amor o consanguinidad, fue reconocida como institución básica de la sociedad
y como un derecho fundamental por la Constitución Política de 1991. Este especial
estatus constitucional obliga al Estado a promover políticas públicas que busquen su
protección y promoción, medidas que se pueden adoptar en diferentes contextos
como el laboral, el sistema de seguridad social, el educativo o en el espacio público.
23. Así las cosas, el subsidio familiar, regulado por las leyes 21 de 1982 y 789 de 2002,
es el reflejo de una política mediante la cual se cumple el mandato constitucional de
protección a la familia, pues esta subvención tiene como objetivo aliviar las cargas
familiares de los trabajadores con menores ingresos, contribuyendo al sostenimiento
de sus familias mediante prestaciones económicas.
24. En este mismo orden, la Corte Constitucional, en Sentencia T-942 de 2014, determinó
que el subsidio familiar tiene como objetivo principal contribuir a la protección de la
familia como núcleo esencial, y es, precisamente, una forma de ejecución del mandato
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de
2020, expediente 25000 23 42 000 2013 01884 01 (3804-16), M.P., Gabriel Valbuena Hernández
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00259-00 (1515-2021)
Demandante: Nelson Enrique Barrera Morales y otros
consagrado en el artículo 42 superior, pues su objetivo consiste en el alivio de las
cargas económicas que representan para el trabajador el sostenimiento de su familia.
Caso concreto
25. A la Sala le corresponde resolver la demanda de nulidad instaurada contra el
aparte del artículo 15 del Decreto 446 de 1994 que reconoció un beneficio de un
porcentaje adicional del 7% en el pago del subsidio familiar para los miembros del cuerpo
de custodia y vigilancia del INPEC. En criterio de los demandantes la disposición
controvertida vulnera el derecho a la igualdad y la protección familiar, pues excluyó de la
prerrogativa a los demás miembros de la institución.
26. En este punto, resulta menester precisar que, sobre el derecho a la igualdad y el
trato diferenciado entre categorías funcionales, los demandantes argumentaron que el
otorgamiento exclusivo del porcentaje adicional del 7% del subsidio familiar a los
miembros de cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC es un trato discriminatorio que
no tiene fundamento legal ni constitucional. Sin embargo, esta Sala observa que dicho
trato corresponde con criterios objetivos, razonables y proporcionales, lo cual descarta
una vulneración del derecho a la igualdad.
27. En efecto el derecho a la igualdad, reconocido en el artículo 13 de la Constitución
Política, permite al legislador y al ejecutivo adoptar medidas diferenciadoras cuando
estén fundadas en criterios razonables. En este sentido, el principio de igualdad no impide
que se otorgue un trato diferente a personas que se encuentran en situaciones distintas,
siempre y cuando la diferenciación tenga una finalidad legítima y se base en criterios
objetivos.
28. En el presente caso, se encuentra acreditado que los miembros del cuerpo de
custodia y vigilancia del INPEC desarrollan actividades de alto riesgo, reconocidas
expresamente por el legislador en el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto
2090 de 2003. Igualmente, estos servidores desempeñan funciones en horarios y
condiciones que les impide compartir con su familia en las mismas condiciones que las
personas que solo realizan labores administrativas.
29. Justamente para compensar esta situación, en la disposición censurada se
estableció un porcentaje adicional del 7% del subsidio familiar para los funcionarios del
cuerpo de custodia y vigilancia. Este porcentaje es una medida válida y razonable que
busca compensar las difíciles tareas y el horario extendido de estos servidores, el cual
muchas veces le impide pasar tiempo de calidad con sus familias y en condiciones
similares a la realizada por el personal administrativo.
30. En este contexto, aunque no se puede desconocer que el personal administrativo
ejerce funciones importantes para el correcto funcionamiento del INPEC; el nivel de
exposición, el horario y el riesgo inherente de las funciones que realizan los miembros
del cuerpo de custodia y vigilancia constituye una base jurídica válida y suficiente para el
trato prestacional diferenciado. Precisamente, la igualdad exige tratar de manera
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diferente a quienes están en condiciones disimiles, especialmente cuando el factor de
esa diferenciación responde a criterios funcionales o de mayor vulnerabilidad.
31. Ahora, sobre la supuesta afectación a la familia como institución básica de la
sociedad, esta Sala considera que tampoco se configura la vulneración de los artículos 5
y 42 de la Constitución Política. En efecto, el porcentaje adicional del 7% en ningún
momento impide ni restringe el derecho de acceder al subsidio familiar del que puede
gozar todos los funcionarios que cumplan los requisitos establecidos en la ley. Lo que
hace el aparte del artículo demandado es establecer un porcentaje adicional
exclusivamente para un grupo funcional, lo cual constituye una acción afirmativa dirigida
a proteger a quienes desempeñan labores de mayor peligrosidad.
32. El porcentaje adicional y su no extensión al personal administrativo no implica una
desprotección para las familias de estos servidores, pues estos tienen derecho al subsidio
familiar general reconocido en la ley. Las medidas estatales de protección a la familia
pueden tener en cuenta el contexto específico de los sujetos beneficiarios con el fin de
materializar una protección que sea diferenciada cuando las condiciones lo ameritan.
Dicha facultad ha sido ampliamente reconocida por la jurisprudencia contenciosa y
constitucional como una competencia legítima del ejecutivo, especialmente en el marco
de la función administrativa regulatoria en los temas salariales y prestacionales.
33. En mérito de lo expuesto, esta Sala concluye que el artículo 15 del Decreto 446 de
1994, en el aparte que consagra un porcentaje adicional del 7% del subsidio familiar
exclusiva para el cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC, no vulnera los principios ni
derechos constitucionales invocados por la parte demandante, ni configura causal alguna
de nulidad.
Condena en costas
34. El artículo 188 del CPACA establece que no habrá condena en costas cuando la
cuestión objeto de litigio sea de interés público. Esta regla es aplicable al presente caso
porque la acción fue incoada en ejercicio del medio de control de nulidad, el cual
trasciende de la esfera particular a la general al abordar asuntos de interés común que
pueden ser promovidos por cualquier persona. En consecuencia, no se condenará en
costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
V. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, declarar la
legalidad del apartado demandado.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00259-00 (1515-2021)
Demandante: Nelson Enrique Barrera Morales y otros
TERCERO. En firme esta decisión, por Secretaria de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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