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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00279-00

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00279-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la UGPP, respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B el 25 de noviembre de 2019, que confirmó la sentencia del 25 de febrero de 2016, emitida por el Juzgado Veintitrés Administrativo de Bogotá, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Sin condena en costas. Tercero: Reconocer personería al abogado José Guillermo Jara Pardo, portador de la tarjeta profesional 131.267 del Consejo Superior de la Judicatura para que actúe dentro del proceso de la referencia en calidad de apoderado de la señora Luz Alba Beltrán Riveros conforme al poder conferido mediante escritura pública visible en el índice 37 de la plataforma digital SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00279-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

1 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., primero (1.°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00279-00 (1564-2021)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Luz Alba Beltrán Riveros

Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causal de revisión prevista
en el literal b).

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) contra la sentencia del 25 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que confirmó la
decisión del 25 de febrero de 2016, emitida por el Juzgado Veintitrés Administrativo
de Bogotá, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
por la señora Luz Alba Beltrán Riveros.

ANTECEDENTES

La UGPP, interpuso la acción especial de revisión1 establecida en la Ley 797 de
2003, contra la sentencia del 25 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, para lo cual
invocó la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que
permite la revisión de providencias judiciales ejecutoriadas «cuando la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».

Los hechos que fundamentan la acción son, en síntesis, los siguientes:

Que el señor Luis Enrique Rojas Martínez se vinculó a la docencia el 16 de febrero
de 1957, acumulando un total de 35 años y 24 días de servicio y alcanzando su
estatus pensional el 5 de marzo de 1983 al cumplir 50 años.

Que solicitó a la extinta Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) el
reconocimiento y pago de una pensión gracia, que le fue otorgada mediante la
Resolución 014652 del 8 de agosto de 2000, con el 75% de lo devengado en el año
inmediatamente anterior a la adquisición de su estatus pensional, en una cuantía de
$25.194.26, efectiva desde el 5 de marzo de 1983, pero con efectos fiscales a partir
del 19 de julio de 1992.

1 La presentación de la acción se efectuó el 21 de mayo de 2021, de acuerdo con registro efectuado en el índice

3 de SAMAI.

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Que posteriormente, el señor Rojas Martínez presentó dos nuevas solicitudes de
reliquidación a CAJANAL, primero por retiro definitivo del servicio y segundo
pretendiendo la inclusión de nuevos factores salariales devengados en el año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus y el quinquenio. Ambas
solicitudes fueron negadas mediante las Resoluciones 54044 del 14 de noviembre
de 2007 y 13527 del 31 de marzo de 2009.

Que el pensionado interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la UGPP con el fin de obtener la nulidad de la Resolución 13527 del 31 de
marzo de 2009, por medio de la cual se negó la reliquidación de la pensión gracia
con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior al
cumplimiento del estatus de pensionado.

Como consecuencia de lo anterior y con el fin de que se le restableciera el derecho,
solicitó se condenará a la UGPP a: i) reconocer y pagar la reliquidación de la pensión
de gracia, incluyendo todos los factores salariales del año anterior al cumplimiento
de su estatus de pensionado, esto es, entre el 4 de marzo de 1982 y el 5 de marzo
de 1983 y considerando la asignación básica, la prima de navidad, la prima de
servicios, las horas extras, el quinquenio y los ajustes salariales, ii) cumplir la
sentencia en el plazo del artículo 192 del CPACA, iii) aplicar los ajustes de valor o
indexación de las sumas adeudadas hasta la fecha de ejecutoria y iv) cancelar las
costas y agencias en derecho.

Que el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Bogotá, en sentencia del
25 de febrero de 2016, accedió parcialmente a las pretensiones, declarando la
nulidad de la Resolución 13527 de 31 de marzo de 2009, en cuanto no se tuvieron
en cuenta todos los factores salariales devengados por el señor Rojas Martínez
durante el año anterior a la adquisición de su estatus pensional, excluyendo
únicamente el factor quinquenio. En consecuencia, ordenó a la UGPP reliquidar y
pagar en forma indexada la pensión gracia incluyendo las horas extras y las primas
de servicios, vacaciones y semestral en la base de la liquidación desde el 3 de
febrero de 2012 por prescripción trienal.

Que las partes interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión, la
demandante argumentando que la pensión debe calcularse considerando todos los
ingresos devengados por el docente al momento de consolidar el derecho
pensional, sin discriminación de factores y la parte demandada sostuvo que el fallo
debía ser revocado, ya que la pensión gracia del actor fue liquidada conforme a lo
establecido en la Ley 114 de 1913.

Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
en sentencia del 25 de noviembre de 2019, confirmó la decisión del Juzgado
Veintitrés Administrativo del Circuito de Bogotá, reiterando que la liquidación de la
pensión gracia debía incluir todos los factores salariales devengados por el señor
Rojas Martínez durante el último año de servicio, salvo el quinquenio; decisión que
quedó ejecutoriada el 3 de diciembre de 2019.

Que mediante Resolución RDP 002920 del 4 de febrero de 2020, la UGPP dio
cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
reliquidando la pensión gracia del señor Rojas Martínez por nuevos factores

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salariales en una cuantía equivalente a $21.833, efectiva a partir del 5 de marzo de
1983, con efectos fiscales desde el 3 de febrero de 2012.

Que el señor Luis Enrique Rojas Martínez falleció el 23 de agosto de 2020, motivo
por el cual la UGPP, mediante la Resolución RDP 028793 del 14 de diciembre de
2020, reconoció y ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes al 100% a favor
de la señora Luz Alba Beltrán.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en
providencia del 25 de noviembre de 2019, confirmó la decisión adoptada por la
primera instancia para lo cual tuvo en cuenta las consideraciones que pasan a
exponerse:

Que en la Sentencia de Unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, la Sección
Segunda del Consejo de Estado estableció que para el reconocimiento de la
pensión gracia, es indispensable cumplir con todos los requisitos legales,
incluyendo la prestación de servicios como docente en planteles departamentales,
distritales o municipales durante al menos 20 años, la vinculación anterior al 31 de
diciembre de 1980, el cumplimiento de los 50 años de edad, y el desempeño con
honradez, consagración y buena conducta.

Que el artículo 4 de la Ley 4 de 1966 establece que las pensiones de jubilación o
invalidez deben calcularse tomando como base el 75% del promedio mensual de
salarios devengados durante el último año de servicios, criterio que se mantiene en
el Decreto Reglamentario 1743 de 1966.

Que según la definición de salario contemplada en el Decreto 1160 de 1947 y en el
Código Sustantivo del Trabajo, se considera como tal «todo lo que reciba el
trabajador a cualquier título y que implique directa o indirectamente retribución
ordinaria y permanente de servicios [...]», lo cual incluye primas, bonificaciones y
otras compensaciones que el trabajador perciba regularmente.

Que en el expediente consta que el actor recibió en su último año de servicio sueldo,
horas extras, prima de servicios, quinquenio, prima de vacaciones y prima de
navidad, por lo que es indiscutible de estas partidas deben ser consideradas para
la liquidación de la pensión gracia, con excepción del quinquenio, conforme lo
señalado por el a quo, porque la pensión gracia tiene una base legal específica y
no incluye emolumentos extralegales, salvo aquellos percibidos antes del 11 de
diciembre de 1968, fecha de promulgación del Acto Legislativo 01 de 1968.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

La UGPP, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, presentó acción de revisión en contra de la sentencia del 25 de noviembre de
2019, al considerar que está incursa en la causal b) del artículo 20 de la citada
legislación.

Solicitó se revoque la sentencia del 25 de noviembre de 2019, proferida por el

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ii) que en la reliquidación de la pensión
sustituida a favor de Luz Alba Beltrán Riveros, se excluya el valor correspondiente
a la prima de servicios, dado que no constituye factor salarial y iii) que se declare
que la mencionada debe devolver las sumas pagadas en exceso con el respectivo
ajuste inflacional.

Los argumentos presentados para recurrir la decisión son los siguientes:

Que el Tribunal erróneamente consideró la prima de servicios como parte del salario
en la liquidación de la prestación, a pesar de que este concepto no constituía factor
salarial para los años 1982 y 1983, ya que su creación para el personal docente
ocurrió únicamente a partir del año 2013, con la expedición del Decreto 1545 del
mismo año y solo tuvo efectos a partir de 2014.

Que con la orden judicial se creó una situación jurídica favorable al docente Luis
Enrique Rojas Martínez que resulta contraria a derecho y que impone una carga
prestacional sin fundamento legal al erario.

Que se produjo una clara vulneración del principio de seguridad jurídica al aplicar
retroactivamente una ley que no contempló su aplicación a hechos anteriores a su
promulgación.

Contestación de la acción especial de revisión2

La señora Luz Alba Beltrán Riveros pese a ser notificada en debida forma no
contestó la acción de revisión en el término previsto.

Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no emitió
pronunciamiento.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La Subsección se ocupará de resolver si se configura la causal de revisión alegada
por la entidad demandante, esto es, si al reliquidarse la pensión del señor Luis
Enrique Rojas Martínez, de la cual la señora Luz Alba Beltrán Riveros es beneficiaria
como cónyuge supérstite, con la inclusión de la prima de servicios se generó un
exceso en la cuantía de la prestación reconocida.

Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidades del recurso extraordinario
de revisión, ii) Causal de revisión invocada; iii) Liquidación de la pensión gracia, iv)
De la prima de servicios para el personal docente y v) Se examinará el caso
concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

2 Índice 31 SAMAI.

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El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 20031, habilitó al Gobierno para que
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador
general de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones3 formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas
o pensiones de cualquier naturaleza.

Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Aunque la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el
recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción
contenciosa administrativa ha sido considerada como un mecanismo especial4 por
al menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la
calificación en quien está habilitado para ejercer la acción.

En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...)
a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales
que se encuadren en dichas causales (…)»5. Frente a las causales para interponer
el recurso se advierte que son aquellas establecidas taxativamente en los artículos
250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en
el inciso primero de la norma pueden ejercer la acción.

Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad,
además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira6 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.

Causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

La UGPP invocó como sustento de la acción de revisión la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la cual dispone:

3 Sentencia SU-427 de la Corte Constitucional.
4 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado : 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-

12), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: es claro que las particularidades de la “acción especial de
revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja
principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control
–Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el
fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”
5 Ibidem.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia

del 1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)

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«b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».

La exposición de motivos del proyecto de la Ley 797 de 2003 reflejó la necesidad
«[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y
sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]»7. En ese
contexto, tanto el Gobierno Nacional como el Congreso de la República
consideraron necesario establecer un mecanismo para revisar las pensiones
otorgadas de manera irregular o por montos que no se ajusten a lo establecido por
la ley, con el objetivo de «[…] afrontar los graves casos de corrupción en esta
materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]».

Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem está dirigido a reducir el déficit
fiscal y garantizar la sostenibilidad económica del sistema pensional, permitiendo la
revisión de prestaciones periódicas cuyo monto supere lo legalmente estipulado.

Liquidación de la pensión gracia

Inicialmente, la Ley 114 de 1913, en su artículo 2.º, estableció que la pensión gracia
se calcularía tomando la mitad del sueldo que el docente hubiese devengado
durante los dos últimos años de servicio. En caso de variaciones salariales, se
consideraría el promedio.

Posteriormente, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo 4.°, determinó que las pensiones
de jubilación o invalidez concedidas a los trabajadores de entidades de derecho
público se liquidarían y pagarían tomando como base el 75% del promedio mensual
de salarios devengados durante el último año de servicio, sin discriminación alguna
de las pensiones otorgadas a los servidores oficiales.

Por su parte, el Decreto 1743 de 1966, en el artículo 5.º señaló:

«[…] A partir del veintitrés (23) de abril de 1960 inclusive, las pensiones de
jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más
entidades de Derecho Público, serán liquidadas y pagadas tomando como base
el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de salarios
devengados durante el último año de servicios, previa la demostración de su
retiro definitivo del servicio público. […]»

En la Ley 33 de 1985 se mantuvo la cuantía del valor pensional en un 75%, pero
introdujo modificaciones significativas respecto de la edad y el monto que serviría
como base de liquidación. Respecto del monto de la pensión se indicó que este
sería calculado sobre el salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicios. Sin embargo, el parágrafo 1.º del artículo 1.º de
esta ley hizo una excepción para los empleados que gozan de un régimen especial
de pensiones, como es el caso de la pensión gracia.

Por lo tanto, considerando que la Ley 4.ª de 1966 y su decreto reglamentario no
excluyeron explícitamente a la pensión gracia de su aplicación, esta Corporación
determinó que dicha pensión debe liquidarse tomando como base el promedio
mensual de los salarios obtenidos en el último año de servicios. En el caso

7 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222

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específico de esta pensión especial el último año que sirve como referencia para su
liquidación es aquel en el cual se cumplen los requisitos de edad y tiempo de
servicio.

Esta misma Corporación, en decisión del 26 de septiembre de 2012 8, se pronunció
sobre la forma de calcular la pensión gracia de la siguiente manera:

«Lo primero que se concluye es que la pensión gracia no se reconoce
atendiendo los aportes efectuados a la entidad de previsión sino que es una
prestación con cargo al tesoro público, pues se trata - como se dijo en el texto
legal - de una pensión nacional, lo que resulta reafirmado por el Decreto 81 de
1976 mediante el cual se transfirió a la Caja Nacional de Previsión Social el
pago de esta prestación, determinando que ésta entidad asumiría las funciones
de la Sección de Pensiones de la Dirección General del Presupuesto del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entre otras, la del pago de las
pensiones del personal que adquirió o adquiriera el derecho estando al servicio
del magisterio de primaria.

[…] Es cierto que las pensiones especiales deben regularse por las normas
aplicables a ellas y en el caso de la pensión gracia, al tenor de la Ley 114 de
1913 artículo 2º, se liquidaba atendiendo la mitad del sueldo que hubiere
devengado el docente durante los dos últimos años de servicios y en caso de
que ellos hubieran sido distintos, se tenía en cuenta su promedio;
posteriormente la Ley 4ª de 1966, sin hacer excepción alguna a diferencia de
lo que sucedió con la Ley 33 de 1985, precisó en su artículo 4º:

[…] Esta ley, como se expresó, no excluyó ninguna pensión de las percibidas
por los servidores oficiales, fue reglamentada por el Decreto 1743 de 1966 y
allí se dijo que para liquidar la pensión se tomaría como base el 75% del
promedio mensual de salarios devengados durante el último año de servicios.
Es decir que se precisó a cuál promedio mensual se refería la Ley 4ª de 1966.

[…] En consecuencia, cuando se trata de liquidar la pensión gracia debe
tenerse en cuenta todo lo percibido por el beneficiario durante el último
año de servicios inmediatamente anterior al cumplimiento de los
requisitos, aunque sobre ellos, o alguno de ellos, no se haya efectuado
aportes a la Caja de Previsión»

De la prima de servicios para el personal docente

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 1042 de 1978, estableció el sistema de
nomenclatura y clasificación de empleos para entidades públicas y creó la prima de
servicios en el artículo 58 en los siguientes términos:

«Artículo 58. La prima de servicio. Los funcionarios a quienes se aplica el
presente Decreto tendrán derecho a una prima de servicio anual equivalente a
15 días de remuneración, que se pagará en los primeros quince días del mes
de julio de cada año (...)».

Por su parte, el artículo 42 ibidem dispuso que la prima de servicios es parte del
salario; sin embargo, al establecer el campo de aplicación, en el artículo 140 ibidem,
excluyó de su aplicación expresamente a los docentes oficiales:

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección "A", Sentencia de

26 de septiembre de 2012, Radicación núm.: 05001-23-31-000-2004-07186-01(2376-11).

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«Artículo 104. De las excepciones a la aplicación de este decreto. Las normas
del presente Decreto no se aplicarán a las siguientes personas, cuya
remuneración se establecerá en otras disposiciones:

b) Al personal docente de los distintos organismos de la Rama Ejecutiva.»

Posteriormente, la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y con relación a las prestaciones de los docentes, el artículo 15
señaló:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de
1990, será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el
régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de
conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990,
para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135
de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las
excepciones consagradas en esta Ley.

(...).

Parágrafo 2. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no
pagará las siguientes prestaciones, que continuarán a cargo de la Nación como
entidad nominadora, en favor del personal nacional o nacionalizado, vinculado
antes o con posterioridad al 31 de diciembre de 1989: Primas de navidad, de
servicios y de alimentación, subsidio familiar, auxilio de transporte o movilización
y vacaciones».

Por su parte, el artículo 115 de la Ley 115 de 1994 estableció que el régimen
prestacional de los educadores estatales es el contenido en la Ley 91 de 1989 y 60
de 1993, entre otras.

En la sentencia de unificación del 14 de abril de 20169, la Sección Segunda del
Consejo de Estado examinó si la Ley 91 de 1989 estableció o extendió la prima de
servicios introducida por el Decreto Ley 1042 de 1978 para el personal docente, a
lo cual concluyó que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 no creó dicho componente
salarial a favor del personal docente.

Luego, a través del Decreto 1545 de 2013 se reguló el reconocimiento de la prima
de servicios para el personal docente y directivo docente oficial de las instituciones
educativas de preescolar, básica y media, en los siguientes términos:

«Artículo 1. Prima de servicios. Establécese la prima de servicios para el
personal docente y directivo docente oficial que presta sus servicios en las
instituciones educativas de preescolar, básica y media, la cual será cancelada
a partir del año 2014 en los términos que a continuación se señalan:

9 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 14 de abril de

2016, radicado núm. 15001-33-33-010-2013-00134-01(3828-14)- CE-SUJ2

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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00279-00 (1564-2021)

1. En el año 2014, la prima de servicios será equivalente a siete (7) días de
la remuneración mensual del docente o directivo a 30 de junio del respectivo
año.

2. A partir del año 2015, y en adelante, la prima de servicios que establece
el presente Decreto será equivalente a quince (15) días de la remuneración
mensual del docente o directivo docente a 30 de junio del respectivo año.

Parágrafo. La prima de servicios que se establece en el presente Decreto será
cancelada por las respectivas entidades territoriales certificadas en educación
en los primeros quince (15) días del mes de julio de cada año (...)».

En atención a lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.

Caso concreto

Con el propósito de proferir un pronunciamiento sobre el particular, ha de tenerse
en cuenta que la controversia se centra exclusivamente en la inclusión del factor
prima de servicios, sin que se cuestione el derecho a la pensión gracia ni la
normativa empleada para su liquidación.

Para el análisis de la causal invocada en el literal b) del mencionado artículo,
corresponde al juez determinar si los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por
la entidad recurrente encuadran dentro del contenido en ella dispuesto por el
legislador, a fin de examinar si es dable evaluar el fondo del asunto planteado.

La Sala observa que los argumentos presentados en la acción detallan en qué
consiste la afectación al patrimonio público, al señalar que la pensión que es
actualmente percibida por la señora Luz Alba Beltrán Riveros excede lo legalmente
estipulado, debido a que con ocasión a la reliquidación ordenada por la sentencia
objeto de revisión se incorporó un factor que el causante de la pensión gracia no
había devengado. Como consecuencia de esta presunta integración errónea, el
monto de la pensión aumenta inevitablemente al ampliar la base de liquidación con
elementos adicionales.

Por ello, al exponerse de manera sucinta la presunta afectación al patrimonio
público, la parte accionante puede cuestionar la presunción de veracidad que cobija
la decisión deprecada, pues indica de manera precisa y razonada la causal
invocada, situación que habilita a analizar esta corporación a continuar con el
estudio del asunto. De ahí que se examinará, si en el caso concreto, se configura la
consecuencia procesal prevista en el precepto normativo mencionado, esto es, si el
quantum de la pensión desbordó el límite legalmente establecido y si se dio por la
indebida aplicación del precedente jurisprudencial.

De la relación probatoria que precede, la Subsección advierte que, en la sentencia
objetada, el Tribunal de instancia ordenó la reliquidación de la pensión con base en
lo previsto en el artículo 4 de la Ley 4 de 1966, en armonía con el concepto de
salario previsto en los artículos 127 del Código Sustantivo del Trabajo, 2 de la Ley
5 de 1969 y 42 del Decreto 1042 de 1978, entendido como todo aquello que recibe
el trabajador directa o indirectamente con ocasión de la relación laboral. Bajo dicha
interpretación, consideró que debía computarse todos los emolumentos percibidos

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por el docente en el año anterior a la consolidación del estatus jurídico de
pensionada, entre ellos, la prima de servicios.

La UGPP reprocha que en la sentencia bajo revisión se haya incluido el valor de la
prima de servicios, dado que esta no formaba parte del salario para los años 1982
y 1983, que corresponden al último período de servicios de la demandada. Según
la entidad, la prima de servicios fue establecida únicamente para los docentes a
partir del año 2014 mediante el Decreto 1545 de 2013, normativa que no tiene
aplicación retroactiva y, por lo tanto, sostiene que dicho concepto nunca pudo haber
sido percibido por el docente en el período mencionado.

En este punto, es pertinente destacar que respecto la liquidación de la pensión
especial de gracia, esta Corporación ha establecido que deben incluirse todos los
componentes salariales percibidos por el docente durante el año inmediatamente
anterior al cumplimiento de los requisitos de tiempo y edad. Este criterio fue
expuesto por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 24 de
enero de 2013, radicación núm. 05001-23-31-000-2004-06407-01 (2435-11).

«Es pertinente resaltar que reconocimiento de la pensión graciosa (sic) se
sujeta a la normatividad especial, lo cual impide aplicar las disposiciones del
régimen ordinario de pensiones para empleados del sector oficial, tales como
las Leyes 33 y 62 de 1985, el artículo 9º de la Ley 71 de 1988 y el artículo 10
del Decreto 1160 de 1989, dado que se trata de una prestación especial que
no se liquida con base en el valor de aportes durante el año anterior al retiro
definitivo del servicio, sino con base en el valor de los factores salariales
devengados en el año anterior a la fecha en adquirió su estatus.

Sobre el tema, la Sala considera pertinente transcribir apartes de la sentencia
de 13 de octubre de 2005, dictada en el proceso No. 1286-2005, Magistrado
Ponente: Dr. Jesús María Lemos, en la cual se dijo lo siguiente:

“No es viable la reliquidación pensional para la fecha del retiro, porque los
factores devengados en el año anterior al retiro del servicio se tienen en cuenta
para efectos de la liquidación de la pensión ordinaria y de ninguna manera para
la pensión gracia, dado que ésta, como su nombre lo indica, por ser especial y
tener reglamentación propia, debe regirse por el tratamiento que le dio el
legislador. No debe perderse de vista que, como concesión especial, la ley
permitió a los docentes gozar de la pensión gracia, que queda definitivamente
consolidada a la fecha de su acusación, y, simultáneamente, continuar
laborando y percibiendo el salario correspondiente. En cambio, la pensión
ordinaria de jubilación sólo empieza a disfrutarse una vez se produce el retiro
del servicio. Esta diferencia explica que sobre la pensión ordinaria si proceda
la reliquidación a la fecha del retiro del trabajador incluyendo los factores
percibidos en el año anterior.” (subrayado por el Despacho) .”.

Siguiendo las anteriores directrices, es claro que en la liquidación de la
pensión gracia se deben incluir todos los factores salariales percibidos
por la demandante, durante el año inmediatamente anterior a aquél en que
cumplió con los requisitos de tiempo y edad, para hacerse merecedora a
este reconocimiento pensional especial. En otras palabras, la liquidación de
la pensión gracia sólo es posible respecto de factores devengados al momento
de la consolidación del status pensional

[…]

En ese orden, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal que anuló las
resoluciones acusadas, por cuanto en el acto administrativo de reconocimiento

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de la pensión gracia no se tuvo en cuenta lo percibido por la actora por concepto
de prima de navidad, prima de vida cara, prima de alimentación en el último
año de servicio, factores que se certificó como devengados por la docente la
Gobernación de Antioquia en documento visible a folios 4 a 6». (Subrayas y
negrillas intencionales de la Sala).

Respecto a los factores que conforman el salario para la liquidación de la pensión
gracia, esta Corporación establecía10 en el momento en que se emitió el fallo
actualmente bajo revisión lo siguiente:

«La Sala encuentra necesario determinar ahora, qué factores son los que
vienen a integrar el concepto de salario, pues sobre él es que se entra a
precisar la base líquida para el 75%, que corresponde al monto final de la
pensión.

La remuneración o salario equivale a todo lo devengado por el empleado o
trabajador como consecuencia directa o indirecta de su relación laboral;
comprende entonces, los sueldos, primas, bonificaciones y demás
reconocimientos que se hagan directa o indirectamente por causa o por razón
del trabajo o empleo sin ninguna excepción. 15 En torno al tema, el Decreto
1160 de 1947, en su artículo 6 (parágrafo 1.º), prevé que salario es «[...] todo
lo que reciba el trabajador a cualquier otro título y que implique directa o
indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como las
primas, sobresueldos y bonificaciones [...]».

Y es que lo dispuesto en este Decreto también lo tiene previsto el artículo 127
del Código Sustantivo del Trabajo, que aunque aplicable al régimen laboral
individual de carácter privado, bien merece traerlo a colación por tratarse de
una consagración de derechos mínimos, pues prescribe que constituye salario
«[...] todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como
contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación
que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del
trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de
descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones».

En conclusión, el salario está constituido por todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el trabajador como contraprestación por su labor.»

Siguiendo las anteriores directrices, es claro que en la liquidación de la pensión
gracia se deben incluir todos los factores salariales percibidos por el beneficiario
durante el año inmediatamente anterior a aquél en que cumplió con los requisitos
de tiempo y edad, vale decir los que regían para el momento en que consolidó el
derecho, sin perjuicio de que sobre ella se hubieren efectuado aportes al sistema
de seguridad social pues esta prestación a pesar de estar a cargo del Tesoro
Nacional, está sujeta a un régimen especial que no requiere afiliación del
beneficiario a CAJANAL ni hacer aportes para el efecto11.

Revisadas las pruebas obrantes en el expediente se advierte que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al analizar las pruebas aportadas al proceso de
cara con el criterio jurisprudencial referido examinó la certificación del 23 de junio
de 2011, suscrita por la coordinadora del Grupo Interno de Recursos Humanos de
la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la que consta que la docente durante el año anterior
a la adquisición de su estatus de pensionada, a saber, entre los años 1982 y 1983,

10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de enero de 2019, radicación núm.
47001-23-33-000-2014-00088-01(3208-16).
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de agosto de 2005, radicación: 05001-

23-31-000-2003-00567-01(2509-05), demandante: María Isabel Ramírez Salazar.

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devengó los siguientes emolumentos: sueldo, horas extras, prima de servicios,
prima de navidad y quinquenio12.

Ahora, la Sala no pasa por alto, el hecho de que, en la certificación de los valores
devengados en el año anterior al estatus, expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá
el factor de primas de servicio se referenció como factor no salarial. Sin embargo,
independientemente de esta clasificación y de la posición de la entidad respecto a
la existencia del concepto en el período de devengo se observa que el Tribunal a
efectos de concluir si dicho concepto tenía o no naturaleza salarial verificó si se
encontraba abarcado dentro del concepto de «salario» vigente para la época, esto
es, que fuera retributivo del servicio. Además, ha de considerarse no existía ninguna
norma de rango legal que le quitara dicho carácter al factor, ni se allegó prueba de
ello.

De este modo, no considerar la prima de servicios como un factor salarial para la
liquidación de la pensión gracia implicaría desconocer que el señor Luis Enrique
Rojas percibió dicho concepto en el año anterior al estatus y que además se
constituye como un factor salarial conforme a la definición vigente en la ley y la
jurisprudencia al momento de emitirse el fallo.

Así las cosas, en el caso particular, la decisión de ordenar que se liquidara la
pensión gracia con todos los factores salariales devengados en el año anterior al
estatus, sin excluir expresamente la prima de servicios, era razonable, comoquiera
que, para el 25 de noviembre de 2019, cuando se produjo la sentencia de instancia,
la legislación que regulaba el tema y la jurisprudencia del Consejo de Estado era
pacífica en el sentido de admitir su inclusión. Por esa razón, no puede afirmarse que
la providencia ahora analizada se haya proferido de manera arbitraria o con un
desconocimiento flagrante del precedente aplicable, antes bien, se encuentra
razonablemente sustentada y fundamentada.

Aunque la parte recurrente argumenta que la prima de servicios para el sector
docente no fue establecida hasta el año 2013 y, por lo tanto, debería haber sido
excluida, es importante reiterar que en el momento en que se emitió el fallo en
cuestión no existía una jurisprudencia unificada sobre los conceptos a considerar
en la liquidación de la pensión gracia, específicamente en cuanto a si todos los
ingresos devengados debían ser incluidos o si algunos debían ser excluidos debido
a su naturaleza.

Por un lado, esta Corporación había determinado en múltiples ocasiones que los
emolumentos extralegales, como la prima de licenciado, no deben incluirse en la
liquidación pensional cuando son establecidos por una entidad sin la competencia
para emitir tales disposiciones13. Por otro lado, existía jurisprudencia vigente incluso
hasta el año 2019 que afirmaba que todos los ingresos devengados por el empleado

12 Folio 14 del expediente que contiene el proceso ordinario, obrante en el archivo denominado
«01DemandaAnexos», índice 17 SAMAI.
13 Consejo de Estado, sentencias del 7 de abril de 2011 (Sección Segunda, Subsección B, radicación: 05001-
23-31-000-2002-01993-01 (0266-10)), 11 de febrero de 2015 (Sección Segunda, Subsección A, radicación:
05001-23-31-000-2008-00320-01 (3735-13)), 30 de marzo de 2017 (Sección Segunda, Subsección A,
radicación: 05001-23-33-000-2012-00830-01 (1433-14)), y 27 de noviembre de 2017 (Sección Segunda,
Subsección A, radicación: 11001-03-15-000-2017-02884-00).

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o trabajador como resultado directo o indirecto de su relación laboral debían ser
considerados en el cálculo de la pensión, incluidas las primas, sin excepción.

En consecuencia, el Tribunal, en el ejercicio de su independencia judicial, tenía la
facultad de adoptar cualquiera de las dos líneas jurisprudenciales vigentes, siempre
y cuando proporcionara una fundamentación adecuada para su elección; hecho que
ocurrió al alinearse su motivación con el criterio previamente establecido por esta
corporación en decisiones emitidas el 20 de abril de 201714 y el 24 de enero de
201915, aunque estas no fueran citadas explícitamente.

En consecuencia, no quedó demostrada la trasgresión de las normas legales
alegadas por la UGPP, en tanto la reliquidación ordenada fue reconocida con
sustento en el criterio jurisprudencial vigente para la época en la que se profirió la
decisión y en consecuencia se declarará infundada la acción.

Condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el
criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual, en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando
encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria,
malintencionada o de mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre que se acredite que la parte vencida obró con
manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A de esta Sección, aclara que adoptó la postura en virtud de la cual, se
deberá analizar la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme al
inciso 2 del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, se observa que la acción especial de revisión no carece de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas, por el contrario, en el
escrito contentivo del recurso la UGPP expuso argumentos razonables en defensa
jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se impondrá condena en costas a la
parte vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del
20 de abril de 2017, radicado interno núm. 1705-2014. En esta decisión se indicó que la reliquidación de la
pensión de jubilación gracia debía efectuarse con el 75% del promedio mensual de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus pensional con base en la Ley 4ª
de 1966 y en su Decreto Reglamentario 1743 del mismo año.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de enero de 2019, radicación núm.
47001-23-33-000-2014-00088-01(3208-16).

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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00279-00 (1564-2021)

FALLA

Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la UGPP,
respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B el 25 de noviembre de 2019, que confirmó la
sentencia del 25 de febrero de 2016, emitida por el Juzgado Veintitrés Administrativo
de Bogotá, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Reconocer personería al abogado José Guillermo Jara Pardo, portador de
la tarjeta profesional 131.267 del Consejo Superior de la Judicatura para que actúe
dentro del proceso de la referencia en calidad de apoderado de la señora Luz Alba
Beltrán Riveros conforme al poder conferido mediante escritura pública visible en el
índice 37 de la plataforma digital SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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