Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00306-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00306-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00306-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
7 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00306-00 (1692-2021)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Betty Cecira Gómez Arenas
Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación
__________________________________________________________________
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) contra la sentencia del Juzgado Único Administrativo de Leticia, el 17 de
agosto de 2018, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderada judicial,
solicitó infirmar la sentencia del Juzgado Único Administrativo de Leticia, el 17 de
agosto de 2018, que accedió a las pretensiones de la demanda formulada por la
señora Betty Cecira Gómez Arenas contra la UGPP, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de radicado 91 001 33 33 001 2017 00142 01.
Con fundamento en lo anterior, además, solicitó i) declarar que la señora Betty
Cecira Gómez Arenas, en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: UGPP
acreedora de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana; ii)
ordenar la reliquidación de la mesada pensional de la demandada, teniendo en
cuenta el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° o 21 de
la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo
establecido por la Corte Constitucional;1 y iii) ordenar a la demandada reintegrar los
dineros, debidamente indexados, recibidos en exceso por virtud de la reliquidación
pensional ordenada en las sentencias objeto de revisión.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente, señaló los
siguientes:
i) El 7 de mayo de 1943, nació la señora Betty Cecira Gómez Arenas. Prestó sus
servicios en los siguientes períodos y entidades:
• Desde el 1.° de febrero de 1970 hasta el 28 de febrero de 1974, en el INEM,
sede Bucaramanga, Ministerio de Educación Nacional.
• Desde el 1.° de marzo de 1974 hasta el 31 de mayo de 1976, en el INEM, sede
Cartagena, Ministerio de Educación Nacional. Tuvo una licencia desde el 17
de junio hasta el 19 de julio de 1974.
• Desde el 1.° de junio de 1976 hasta el 13 de mayo de 1978, en el INEM, sede
Ibagué, Ministerio de Educación Nacional. Tuvo una licencia desde el 13 de
febrero hasta el 13 de mayo de 1978.
• Desde el 1.° de febrero de 1978 hasta el 21 de noviembre de 1997, en la
Secretaría de Educación departamental de Amazonas.
• Desde el 21 de enero de 1998 hasta el 15 de diciembre de 1999, en la
Gobernación de Amazonas y el último cargo que desempeñó fue el de jefe
de la División de Planeación Educativa.
1 La entidad demandante cita las las Sentencias C-168 de 1995, C- 258 de 2013, SU- 230 de 2015,
SU-427 de 2016, SU -210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, SU-023 de 2018 y T-039 de
2018 y los Autos 326 de 2014 y 227 de 2017. Folio 2 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.
2
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Demandante: UGPP
• Desde el 1.° de junio de 1995 hasta el 30 de enero de 2001, cotizó en el
Instituto de Seguro Social, «tiempos privados Pontificia Universidad
Javeriana».
ii) El 7 de mayo de 1998, la señora Gómez Arenas adquirió el estatus jurídico
pensional.
iii) El 4 de octubre de 2004, a través de la Resolución 20426 la extinta Caja Nacional
de Previsión Social (CAJANAL) reconoció una pensión de jubilación a la hoy
demandada en cuantía de $ 876.561,51, a partir del 1.° de febrero de 2001,
condicionada al retiro definitivo del servicio. Para tal efecto, se tomó una tasa de
reemplazo del 75 % del promedio devengado en 6 años y 10 meses de servicio y
con la inclusión de los factores salariales de asignación básica, bonificación por
servicios prestados y sobresueldo, de conformidad con las Leyes 33 de 1985 y 100
de 1993.
iv) El 13 de junio de 2017, mediante la Resolución RDP 024829 la UGPP negó la
reliquidación de la pensión de jubilación de la hoy demandada, la cual fue
confirmada por la Resolución RDP 034544 del 4 de septiembre de 2017.
v) El 17 de agosto de 2018, el Juzgado Único Administrativo de Leticia, profirió
sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder a las pretensiones de la
demanda interpuesta por la señora Betty Cecira Gómez Arenas contra la UGPP. En
ese orden, resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:2
PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones RDP 024829 de 13 de junio
de 2017 y RDP 034544 de 4 de septiembre de 2017, en cuanto negaron la reliquidación
de la pensión de vejez de la señora Betty Cecira Gómez Arenas, incluyendo todos los
factores salariales solicitados por la demandante. De acuerdo con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior y A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO de la (sic) Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, reliquidará la pensión de
jubilación de la señora Betty Cecira Gómez Arenas, en el 75 % de lo devengado en el
último año de servicios, conforme a las bases expuestas en la parte motiva de esta
providencia, para lo cual se tendrá en cuenta, no sólo la remuneración básica mensual,
sino también: las doceavas (1/12) parte (sic) de la prima de servicios, prima de
2 Folios 126 al 133.
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Demandante: UGPP
vacaciones, prima de navidad y bonificación, y pagará las diferencias en las mesadas
pensionales causadas, con efectos fiscales a partir del 14 de marzo de 2014, conforme
a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
[…] QUINTO. DECLARAR de oficio la excepción de Prescripción, respecto de las
sumas causadas con antelación al 14 de marzo de 2014.
SEXTO. CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, a pagar a favor del
demandante, las diferencias causadas en todas las mesadas pensionales, a partir del 14
de marzo de 2014, por ocurrir el fenómeno de la prescripción conforme a lo indicado en
el numeral anterior. Realizando los descuentos sobre los factores respecto de los cuales
no se hayan hecho las deducciones de ley para seguridad social en los términos que se
han indicado en esta sentencia, teniendo en cuenta el término de prescripción. […]
(Resaltado original del texto)
vi) El 17 de agosto de 2018, quedó ejecutoriada la sentencia proferida por el
Juzgado Único Administrativo de Leticia.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
El Juzgado Único Administrativo de Leticia, el 17 de agosto de 2018,3 emitió
sentencia de primera instancia, en el sentido acceder a las pretensiones de la
demanda impetrada por la señora Betty Cecira Gómez Arenas contra la UGPP, con
sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:
i) Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,4 emitida por el Consejo
de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de
salario, debían incluirse en la liquidación de las pensiones de jubilación todas
aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como
contraprestación del servicio.
ii) En atención a la referida providencia de unificación, a los beneficiarios del
régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe
aplicárseles en su integridad la Ley 33 de 1985 en virtud del principio de
inescindibilidad de la ley, es decir, edad, tiempo de servicios y monto de la pensión.
3
Folios 126 al 133.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicado
2500023250002006-0750901 (0112-09).
4
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Demandante: UGPP
No es procedente aplicar la Sentencia C-258 de 2013, emitida por la Corte
Constitucional, porque se circunscribe al régimen pensional especial de los
Congresistas y demás funcionarios ahí señalados.
En ese orden, se ratifica la posición sentada por el Consejo de Estado, la cual
observa los principios de igualdad, confianza legítima, buena fe, seguridad jurídica,
progresividad y favorabilidad en materia pensional y en ese sentido, es procedente
apartarse del criterio fijado en la Sentencia SU-230 de 2015, emitida por la Corte
Constitucional, para efectos de determinar el IBL a la luz de la Ley 33 de 1985. Lo
anterior, además, tiene fundamento en los artículos 10 y 270 del CPACA.
iii) En el sub lite se acreditó que la demandante es beneficiaria del régimen de
transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en consecuencia, en
el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación deben incluirse todos los
factores devengados durante su último año de servicio, comprendido entre el 14 de
diciembre de 1998 y el 15 de diciembre de 1999.
iv) Está probada la excepción de prescripción extintiva del derecho de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 14 de marzo de 2014.
v) Por lo tanto, se impone declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 024829 de 13
de junio de 2017 y RDP 034544 de 4 de septiembre de 2017. A título de
restablecimiento del derecho, se ordena a la entidad demandada reliquidar la
pensión de jubilación de la demandante, a partir del 7 de mayo de 1998, con efectos
fiscales desde el 14 de marzo de 2014, por prescripción trienal, en el equivalente al
75 % de lo devengado en el último año de servicio, comprendido entre el 14 de
diciembre de 1998 y el 15 de diciembre de 1999, a saber: asignación básica y las
doceavas partes de las primas de servicios, de vacaciones y de navidad y de la
«bonificación».
Se ordena la indexación de la primera mesada pensional y se autoriza a la entidad
a descontar los aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se
ordena y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal.
1.2. Las causales de revisión invocadas
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Demandante: UGPP
La apoderada de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los
siguientes argumentos:
i) El juzgador se apartó de la interpretación que había desarrollado la Corte
Constitucional sobre el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con ello, se
desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los
principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29,
121, 123 inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.
ii) En el expediente se acreditó que la señora Gómez Arenas es beneficiaria del
régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ende
le es aplicable la Ley 33 de 1985.
En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden
cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al
cual se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la
pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.
Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la
Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la
pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10
años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación emitida
por el DANE. En ese sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional,5 criterio que
constituye precedente obligatorio.
5 La entidad recurrente cita lo ha señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de
1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631
de 2017, SU-223 de 2018 y T-039 de 2018.
6
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Demandante: UGPP
iii) El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe
calcularse la mesada pensional que percibe la demandada, comoquiera que, se
insiste, adquirió el estatus jurídico de pensionada en vigencia de aquella norma.
iv) La mesada pensional devengada por la señora Gómez Arenas se incrementó sin
que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta
gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
Vencido el término para presentar contestación a la acción especial de revisión, la
parte demandada guardó silencio.6
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de
revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.7 Asimismo, atendiendo
al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la
Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso,
es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.8
De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias
judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
6 Tras revisar el expediente y el sistema SAMAI, la Sala advierte que la señora Betty Cecira Gómez
Arenas, guardó silencio. Lo anterior, pese a que esta corporación el 10 de septiembre de 2021,
notificó personalmente de manera electrónica a la demandada el contenido de la acción especial de
revisión interpuesta por la UGPP. Actuación visible a índice 8 de la plataforma SAMAI.
7 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.».
8 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
Adicionalmente, la Sala resalta que la presente acción especial de revisión fue interpuesta antes de
la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, esto es, el 8 de noviembre de 2019 como consta en
el folio 11 reverso del cuaderno de la acción de revisión; razón por la cual su trámite no está regido
por las reglas de competencia consagradas en la referida norma.
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Demandante: UGPP
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas
de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General
de la Nación».9
Así mismo, es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto
575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), está legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta
que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, como lo reconoció la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-427 de 2016.
De otro lado, mediante el auto del 1.° de julio de 2021,10 esta Sala al admitir la
acción especial de revisión objeto de estudio, señaló lo siguiente:
[…] v) Juez natural: La competencia para resolver el pluricitado medio de impugnación,
con base en las causales establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, recae, de
manera exclusiva y concreta, en el Consejo de Estado, independientemente de si la
providencia objeto del recurso fue proferida por un juzgado o tribunal administrativo.11
(Resaltado original del texto).
2.2. Oportunidad
El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En
el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 17 de agosto de 201812
y la acción especial de revisión se interpuso el 8 de noviembre de 2019,13 por lo
9 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también
reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
10 Folios 160 al 162.
11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Auto del 20 de febrero de 2019, proferido
dentro del proceso 85001-23-33-000-2016-00113-01 (2816-2016), con ponencia del suscrito
magistrado.
12 Folio 134.
13 Folio 11 reverso.
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Demandante: UGPP
que es dable concluir que fue presentada dentro del término establecido en la ley.
2.3. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del Juzgado Único Administrativo de Leticia,
del 17 de agosto de 2018, se encuentra inmersa en las causales de revisión
contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que
permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya
obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables».
2.4. Marco normativo
2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los
siguientes términos:
ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
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Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y
que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de
la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:
i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación,
ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que
sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación
y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio
entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos
limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de
Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a
revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la
liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido
proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.
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Demandante: UGPP
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe
admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento
pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede
lo ordenado por la ley.
Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró14 que el recurso extraordinario
de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,15 procede contra
sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia
material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».
En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas
por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso
extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.
2.4.2. Alcance de las causales de revisión
Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador
estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21
de la Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones
14 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene
carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para
enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias
posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una
injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un
proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material,
como fines esenciales del Estado».
15 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario
de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los
artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito
penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código
Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)».
Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
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Demandante: UGPP
judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones
irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla
la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera
se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».16
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la
norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones
y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de
los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».17
Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la
citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito
primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a
la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al
erario».18
Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas
a dos eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación del
debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde
al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente
encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea
posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias
de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso,
sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido
irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.
16 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017,
radicado 2017-01529 (REV).
17 Ibidem.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
2014-00845-00 (2743-13).
12
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Demandante: UGPP
2.4.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, respecto a la interpretación
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
Mediante la sentencia de unificación CE-SUJ-SIII, del 28 de agosto de 2018,19 la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en interés de unificar su jurisprudencia
respecto de los criterios interpretativos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, relativos a si se aplica o no el régimen de transición al IBL, estableció las
siguientes reglas:
El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso, entre
consideraciones, la siguiente:
91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base
de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha
ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este
grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados
para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables.
(Resaltado fuera del texto).
Adicionalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
definió las siguientes subreglas:
La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores
públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985
(edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de
2018, radicado N.º 52001-23-33-000-2012-00143-01.
13
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00306-00 (1692-2021)
Demandante: UGPP
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones.» Esta subregla se justifica, así:
99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse
como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.
De acuerdo con las anteriores pautas fijadas por la Sala que, se repite, constituyen
precedente obligatorio, el IBL para las personas que se en encuentran en el régimen
de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, según corresponda.
Ahora, comoquiera que la jurisprudencia que profiere esta Corporación, según la
Constitución Política,20 la ley y la Corte Constitucional,21 tiene valor vinculante por
emanar de órganos diseñados para su unificación, el contenido y la regla o ratio que
expone en sus sentencias tiene características de permanencia, identidad y
obligatoriedad. En virtud de ello, la Sala Plena estableció como efectos de la
mentada decisión, los siguientes:
20 Constitución Política, artículo 237, ordinal 1.
21 Corte Constitucional, Sentencia C-816 de 2011, M.P.: Mauricio González Cuervo.
14
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Demandante: UGPP
La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente
en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las
reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a
través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y
dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no
puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación
de esta sentencia.
No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de
transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera
que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una
sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada. (Resaltado fuera del
texto).
De lo anterior se infiere que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 se aplican a todos los casos
pendientes de solución, tanto en vía administrativa como en vía judicial, a través de
acciones ordinarias. Sin embargo, se excluyen aquellos asuntos pendientes de
resolver en recurso extraordinario, ya que, para salvaguardar el principio de la
seguridad jurídica, los efectos de la citada providencia no operan respecto de
situaciones definidas y que hicieron tránsito a la cosa juzgada.
Por lo tanto, en el caso de los recursos extraordinarios y las acciones de revisión,
estos deben analizarse de conformidad con el criterio judicial imperante para la
fecha en que se profirió la sentencia objeto del recurso, precisamente, por los
efectos de la nueva tesis jurisprudencial.
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala advierte que en
relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, esto es, cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso», es necesario que se exponga la vulneración a este derecho en
relación con los núcleos esenciales que lo componen.
15
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Demandante: UGPP
Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial de
Decisión22 precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los siguientes
tres elementos: «i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El
derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin
dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a
impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem.»
Sin embargo, se observa que lo planteado por la entidad recurrente es que la
sentencia objeto de revisión excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que
sus argumentos se dirigen a cuestionar el período y los factores tenidos en cuenta
al momento de liquidar la prestación, sin hacer manifestación alguna en relación
con la vulneración de las garantías anteriormente mencionadas. En ese sentido, la
Sala efectuará el estudio de aquel planteamiento bajo la causal contenida en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Así, la inconformidad de la UGPP consiste en sostener que la sentencia del Juzgado
Único Administrativo de Leticia, del 17 de agosto de 2018, habría incurrido en la
causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en
tanto accedió parcialmente a la demanda, razón por la cual ordenó la reliquidación
de la pensión de jubilación de la hoy demandada, en los términos de la Ley 33 de
1985.
Con ello, en su concepto, se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional
en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de
2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018, a partir
de las cuales se determinó que para los beneficiarios del régimen de transición
22 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
16
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Demandante: UGPP
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de liquidación
aplicable es el contenido en el inciso 3.° de dicha norma o en el artículo 21 ibidem.
Pues bien, luego de examinar los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub lite, la
Sala encuentra mérito suficiente para declarar infundada la acción de revisión, con
base en las siguientes razones:
En primer lugar, la Sala debe precisar que el Juzgado Único Administrativo de
Leticia, con sustento en la sentencia emitida el 4 de agosto de 2010, por la Sección
Segunda de esta corporación,23 entendió que la expresión «monto», contenida en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, comprendía «todas las sumas que habitual y
periódicamente reciba el empleado como retribución de sus servicios», en el último
año.
Concretamente, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, esta
Corporación concluyó lo siguiente:24
[L]a Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no
impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último
año de prestación de servicios.
En la misma sentencia se reiteró que el monto de la pensión hace referencia a la
tasa de remplazo o porcentaje de la cuantía pensional y al periodo de liquidación
previsto en el régimen anterior, es decir, el 75 % del promedio de lo devengado en
el último año de servicio.
En segundo lugar, tal como lo advierte la entidad recurrente, durante cierto período,
el Consejo de Estado y la Corte Constitucional desarrollaron interpretaciones
disímiles respecto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL aplicable
a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 4
de agosto de 2010, expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 4 de
agosto de 2010, expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).
17
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Demandante: UGPP
Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, expediente: 52001-
23-33-000-2012-00143-01,25 fijó el criterio de esta corporación en torno a la
integración del ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas bajo el
régimen de transición (inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993), para concluir
que este solo puede estar constituido por aquellos factores sobre los que se hayan
efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones. De esta manera, la
Sección Segunda ajustó su postura con la establecida por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013.
No obstante, al fijar los efectos de la sentencia, se precisó lo siguiente:
No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una
pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de
la causal invocada.
De acuerdo con lo anterior, las providencias que realizaron interpretaciones sobre
el IBL de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, antes de la expedición de la citada sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018, son decisiones razonables, sustentadas en el principio de
autonomía judicial, que en su momento unificaron las diferentes tesis tanto del
Consejo de Estado como de la Corte Constitucional.
Ahora bien, al efectuar el respectivo análisis de las pruebas, se observa que la
sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación y sobre la cual hay
cosa juzgada, aplicó un solo sistema de manera integral, en tanto tuvo como
fundamento la Ley 33 de 1985, con una tasa de reemplazo del 75 % y la inclusión
de todos los factores percibidos en el último año de servicio, todo lo cual se
encuentra ajustado al precedente jurisprudencial vigente para la época de
expedición de la sentencia. Lo anterior, en atención a que el juzgado encontró
25Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de
2018, expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
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Demandante: UGPP
probado que la señora Betty Cecira Gómez Arenas era beneficiaria del régimen de
transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Por consiguiente, el Juzgado Único Administrativo de Leticia, ordenó la reliquidación
de la pensión de jubilación que devenga la hoy demandada, con efectos fiscales a
partir del 14 de marzo de 2014, por prescripción trienal, en el equivalente al 75 %
del salario promedio devengado en el último año de servicio, comprendido entre el
comprendido entre el 14 de diciembre de 1998 y el 15 de diciembre de 1999,
teniendo en cuenta la asignación básica y las doceavas partes de las primas de
servicios, de vacaciones y de navidad y de la «bonificación».
Finalmente, ordenó la indexación de la primera mesada pensional y autorizó a la
UGPP a descontar los aportes correspondientes a los factores salariales cuya
inclusión se ordenó y sobre los cuales no se hubiere efectuado la deducción legal.
Cabe advertir que los factores previamente descritos fueron devengados por la hoy
demandada, conforme lo certificó la jefe de Talento Humano de la Gobernación de
Amazonas, en el lapso de diciembre de 1998 a diciembre de 1999, conforme consta
en el folio 106 reverso del cuaderno de traslados de la acción especial de revisión.
Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso reiterar que la UGPP en la acción de
revisión, circunscribió su argumento a discutir que, para calcular el IBL de la
pensionada, debieron atenderse las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores enlistados en el Decreto 1158 de
1994, en armonía con la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha desarrollado
sobre el tema. No obstante, no expuso ningún reparo frente a algún emolumento en
particular, por lo que la Subsección, siguiendo el criterio de anteriores decisiones,26
contraerá su análisis a ello.
Así las cosas, examinada la decisión objeto de revisión, se advierte que en lo
atinente a la inclusión de los factores salariales en el ingreso base de liquidación, la
sentencia del juzgado halló fundamento en la jurisprudencia de esta corporación
26 Al respecto, véase la sentencia del 12 de agosto de 2021, radicado 110010325000201800914 00
(3158-2018); C.P. William Hernández Gómez.
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Demandante: UGPP
vigente para la época, esto es, la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,
expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).
En consecuencia, el Juzgado Único Administrativo de Leticia, en el ejercicio de su
independencia y autonomía judicial, valoró las pruebas allegadas junto con la
normativa aplicable y explicó las razones que lo llevaron a acoger el criterio judicial
imperante para la época de su expedición, según el cual en el IBL se deberán
incluir todos los factores percibidos durante el último año de servicio.
Es decir, la sentencia del 17 de agosto de 2018 no fue caprichosa al momento de
definir el ingreso base de liquidación (IBL) aplicable a la pensión de jubilación
reconocida a la demandada como beneficiaria del régimen de transición previsto en
el citado artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino que fue respetuosa de la tesis
jurisprudencial que había decantado la Sección Segunda del Consejo de Estado
para la época.
Respecto al presunto desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, cabe señalar que si bien para entonces, en la Sentencia C-258 del
7 de mayo de 2013, la alta corporación se había pronunciado sobre el IBL y el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en ella únicamente se refirió al régimen
pensional de los congresistas y de los altos dignatarios del Estado, una condición
que no reúne la señora Gómez Arenas.
De igual manera, si bien es cierto que el juzgado reconoció la existencia de la
Sentencia SU-230 de 2015 emitida por la Corte Constitucional, que también invoca
la UGPP;27 también lo es que juzgó que debía optar por la aplicación del criterio
vigente del Consejo de Estado, en uso de su autonomía judicial, en tanto lo encontró
más ajustada a los principios de favorabilidad e inescindibilidad de la norma.28
27 La entidad recurrente fundamenta la presente acción especial de revisión, además, en las
Sentencias SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018.
28 En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero
de 2019, radicación: 11001-03-15- 000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP.
20
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Demandante: UGPP
Finalmente, conviene reiterar que la Sala Plena del Consejo de Estado profirió
sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018, en la que varió su posición frente
al ingreso base de cotización de los servidores del régimen general. Sin embargo,
dicha providencia delimitó sus efectos a los casos pendientes de solución en sede
administrativa y judicial, por lo que aquellos respecto de los cuales hubiera operado
la cosa juzgada, resultarían inmodificables. Por consiguiente, la tesis allí contenida
no puede extenderse al presente asunto, pues la decisión que se revisa se ajustó
al criterio vigente para la época.
Por los motivos expuestos, la Sala encuentra infundada la acción de revisión
interpuesta por la UGPP, al no haberse configurado las causales contempladas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, comoquiera que por un
lado, aquella entidad no hizo alusión a la vulneración de las garantías propias del
derecho al debido proceso, razón por la cual se abordó el estudio respecto al literal
b) y por el otro, como quedó visto, la sentencia cuestionada se profirió bajo los
parámetros de la jurisprudencia vigente para aquella época en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y, por ende, no excedió lo debido de acuerdo con la ley.
3. De la condena en costas
Con fundamento en el inciso 2.° del artículo 188 del CPACA, en el presente caso, los
sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de que contaban con
suficiente respaldo legal y jurisprudencial para obtener un pronunciamiento
favorable a sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena
en costas.
4. Conclusión
Con base en los anteriores argumentos, en la preceptiva jurídica que gobierna la
materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en
casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de
estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que la presente acción de revisión
debe ser declarada infundada, puesto que no se acreditó la configuración de las
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causales invocadas, esto es, las señaladas en los literales a) y b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), por las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Juzgado Único
Administrativo de Leticia, del 17 de agosto de 2018, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 91 001 33 33 001 2017 00142 01, al
juzgado de origen y archivar la acción de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
22
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