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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00328-00

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00328-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Nación (Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial) contra la sentencia proferida el 31 de agosto de 2020 por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por María Teresa Chedraui Lissa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en favor de María Teresa Chedraui Lissa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y REINGRESAR el expediente al despacho ponente para la fijación de las agencias en derecho.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00328-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia : Recurso extraordinario de revisión – Ley 1437 de 2011
Radicación : 11001-03-25-000-2021-00328-00 (1755-2021)
Demandante : Rama Judicial (Dirección Ejecutiva de Administración Judicial)
Demandado : María Teresa Chedraui Lissa

Tema : Causal de revisión artículo 250-7 de la Ley 1437 de 2011
Decisión : Declara infundado el recurso extraordinario de revisión. No se
configuró la causal invocada pues la recurrente cuestionó la
interpretación y el alcance del derecho reconocido, mas no la
aptitud legal de la beneficiaria.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial contra la sentencia proferida el 31 de agosto de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria.

I. ANTECEDENTES

Proceso ordinario1

1. La señora María Teresa Chedraui Lissa promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación (Rama Judicial -
Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial), con
el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se negó la
reliquidación de su remuneración y de las prestaciones derivadas de esta. En concreto,
demandó el oficio DEA12-JR-5905 del 23 de agosto de 2012, que negó la petición inicial,
y la Resolución 5139 del 28 de noviembre de 2014, que confirmó esa decisión al resolver
el recurso de apelación.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se reliquidara su asignación
mensual y las prestaciones sociales, incluidas las cesantías, con fundamento en el
artículo 15 de la Ley 4 de 1992, el Decreto 10 de 1993 y el Decreto 1251 de 2009. Sostuvo
que, en su condición de juez primera penal para adolescentes con función de
conocimiento de Bogotá, la entidad no tuvo en cuenta, para liquidar la prima especial de

1
Archivo «77RECIBEMEMORIAL_2015003721.zip» que se encuentra en el iíndice 69 de SAMAI del Consejo de
Estado.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00328-00 (1755-2021)
Demandante: Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial)

servicios y los demás emolumentos, la totalidad de los ingresos laborales anuales de los
congresistas, en particular las cesantías, pese a que tales factores debían integrar la base
para establecer el 70% de lo que por todo concepto devengan los magistrados de altas
cortes y, por esa vía, la remuneración de los jueces.

3. La parte actora expuso que elevó petición escrita ante la Administración para
obtener el reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales, así como que
esta fue negada por el oficio antes referido, y que, aunque interpuso recurso de apelación,
la administración mantuvo la negativa mediante la Resolución 5139 de 2014. Añadió que
la liquidación efectuada por la demandada desconoció el carácter permanente de la prima
especial de servicios y omitió incluir factores salariales que, a su juicio, eran
indispensables para fijar correctamente su remuneración.

4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestó la demanda y se opuso
a las pretensiones. Propuso, entre otras, las excepciones de prescripción, inepta
demanda, impedimento de condena en abstracto e integración del litisconsorcio
necesario, al estimar que debían vincularse el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
el Departamento Administrativo de la Función Pública. Defendió la legalidad de los actos
acusados y sostuvo que la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la
Ley 4 de 1992 no constituía factor salarial para todos los efectos pretendidos por la
demandante y que el reconocimiento reclamado no podía desbordar los límites fijados
por la normativa anual de salarios.

5. El Juzgado Primero Administrativo Transitorio del Circuito de Bogotá, en sentencia
del 15 de noviembre de 2019, declaró no probadas las excepciones y accedió
parcialmente a las pretensiones. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos
demandados y ordenó reliquidar y pagar a favor de la actora las diferencias salariales y
prestacionales, incluidas las cesantías, con observancia de lo dispuesto en el artículo 2
del Decreto 1251 de 2009, pero solo por el período comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2009, en armonía con la sentencia de unificación del 2 de septiembre
de 2019.

6. La parte demandante interpuso recurso de apelación parcial. Cuestionó que el a
quo hubiera limitado la condena al año 2009, pues, en su criterio, el Decreto 1251 de
2009 dispuso no solo el porcentaje aplicable para esa vigencia, sino también que, a partir
de 2010, y con carácter permanente, la remuneración correspondiente debía mantenerse
en el porcentaje allí previsto. Igualmente insistió en que, para establecer la prima especial
de servicios, debían incluirse las cesantías percibidas por los congresistas dentro de la
base de liquidación.

7. La entidad demandada también apeló y defendió que no era procedente
reconocer a la actora las sumas reclamadas con el alcance fijado en primera instancia
por cuanto el Decreto 1251 de 2009 solo tuvo vigencia durante el año 2009 y, además,
el reconocimiento ordenado podía superar los topes de remuneración legalmente
autorizados.

2

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00328-00 (1755-2021)
Demandante: Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial)

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
mediante sentencia del 31 de agosto de 2020, modificó la decisión de primera instancia.
Consideró que la remuneración de la demandante debía reliquidarse conforme al artículo
2 del Decreto 1251 de 2009, esto es, en el porcentaje allí previsto para los jueces del
circuito y a partir de 2010, con carácter permanente, con incidencia en las prestaciones
sociales reclamadas.

Demanda del recurso extraordinario de revisión2

9. La Nación (Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial),
interpuso recurso extraordinario de revisión3 contra la sentencia del 31 de agosto de
2020, proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por María Teresa
Chedraui Lissa.

10. El recurrente invocó la causal prevista en el numeral 7 del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011, relativa a no tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación
periódica la aptitud legal necesaria para su reconocimiento. Sostuvo que la sentencia de
segunda instancia ordenó reliquidar y pagar a la demandante, en su condición de juez
del circuito, una remuneración fundada en el artículo 2 del Decreto 1251 de 2009, con
efectos permanentes, pese a que esa disposición solo rigió durante la vigencia fiscal de
2009.

11. En apoyo de la causal, la entidad afirmó que la providencia recurrida desconoció
la sentencia de unificación del 2 de septiembre de 20194, en la que se precisó que el
Decreto 1251 de 2009 tuvo una vigencia taxativa limitada al año 2009, por cuanto el
Gobierno Nacional expide anualmente la regulación salarial correspondiente. Por ello,
adujo que la demandante no tenía aptitud legal para obtener, con fundamento en ese
decreto, el reconocimiento de diferencias salariales y prestacionales con posterioridad a
esa anualidad.

12. Asimismo, señaló que el fallo cuestionado excedió los topes legales de
remuneración y comprometió el patrimonio público, al ordenar un reconocimiento
económico sin soporte normativo vigente para los años posteriores a 2009. Con base en
ello, solicitó dejar sin efectos la sentencia recurrida en cuanto reconoció a la actora una
prestación periódica sin que, a juicio de la entidad, existiera título jurídico para ello.

Contestación del recurso5

13. La accionada se opuso a la prosperidad del recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la entidad recurrente contra la sentencia del 31 de agosto de 2020,
proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Señaló que

2 Demanda radicada el 9 de junio de 2021.
3
Índice 3 de SAMAI del Consejo de Estado.
4
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, Sentencia de Unificación SUJ-016-CE-52-2019 del
2 de septiembre del 2019, Conjuez Ponente Carmen Anaya de Castellanos.
5
Índice 38 ibidem.
3

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00328-00 (1755-2021)
Demandante: Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial)

dicha providencia modificó la sentencia de primera instancia y ordenó la reliquidación de
sus ingresos mensuales conforme al artículo 2 del Decreto 1251 de 2009 y a los decretos
salariales expedidos año a año, sin superar los topes fijados por el Gobierno Nacional.

14. En relación con los hechos expuestos en la demanda de revisión, aceptó como
ciertos los relativos a la existencia del proceso ordinario, la contestación de la demanda,
la sentencia de primera instancia y la sentencia de segunda instancia. Precisó, sin
embargo, que el argumento según el cual la providencia recurrida desconoció la
sentencia de unificación y causó detrimento patrimonial no constituía un hecho, sino una
valoración jurídica con la que la recurrente pretendía reabrir la discusión propia de las
instancias ordinarias.

15. Como fundamento de su defensa sostuvo que el recurso extraordinario de revisión
no puede convertirse en una tercera instancia. Afirmó que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial reprodujo en esta sede los mismos planteamientos que había
formulado al contestar la demanda y al sustentar la apelación contra la sentencia de
primera instancia, particularmente los relacionados con la vigencia del Decreto 1251 de
2009 y con la supuesta superación de los topes salariales. Por ello, adujo que no se
estaba ante una circunstancia externa o sobreviniente que permitiera desvirtuar la cosa
juzgada, sino frente a una inconformidad con la decisión adoptada en segunda instancia.

16. En cuanto a la causal prevista en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA, la
opositora señaló que no se encontraba acreditado que careciera de aptitud legal para ser
beneficiaria de la prestación reconocida en la sentencia recurrida. Manifestó que una
lectura integral del Decreto 1251 de 2009 permitía concluir que este no solo fijó los
porcentajes aplicables para la vigencia de 2009, sino que también dispuso, de manera
expresa, los porcentajes que debían regir a partir de 2010 y con carácter permanente,
según el empleo desempeñado. Agregó que esa fue precisamente la interpretación
acogida por el Tribunal al proferir la sentencia objeto de revisión.

17. También afirmó que el Tribunal, al resolver la apelación, examinó las pruebas
obrantes en el expediente, las normas aplicables y la jurisprudencia relevante, por lo que
no podía sostenerse que hubiera desconocido el principio de cosa juzgada ni que hubiese
reconocido una prestación sin sustento jurídico. Añadió que la providencia cuestionada
fue clara al disponer que la liquidación debía efectuarse conforme al artículo 2 del Decreto
1251 de 2009 y a los decretos que fijaran los porcentajes correspondientes año a año,
sin exceder los topes establecidos por el Gobierno Nacional.

18. Frente al argumento relativo a la superación del tope remuneratorio, indicó que la
recurrente no aportó prueba fehaciente que demostrara ese supuesto exceso, sino que
se limitó a aludir a un cálculo elaborado por la entidad. En su criterio, ese planteamiento
tampoco configuraba la causal invocada y solo evidenciaba la intención de cuestionar
nuevamente una materia ya debatida y decidida en el proceso ordinario.

19. Con fundamento en lo anterior, solicitó declarar infundado el recurso extraordinario
de revisión y condenar en costas a la recurrente.

20. El Ministerio Público guardó silencio.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00328-00 (1755-2021)
Demandante: Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial)

II. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el Consejo de
Estado6 es competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto se configura la causal
de revisión prevista en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA, invocada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, esto es, si la señora María Teresa Chedraui Lissa
no tenía al tiempo del reconocimiento la aptitud legal necesaria para ser beneficiaria de
la prestación periódica reconocida en la sentencia del 31 de agosto de 2020, o si por el
contrario, los reparos formulados por la recurrente se dirigen realmente a cuestionar la
interpretación normativa y el alcance temporal y económico que el juez natural dio al
derecho debatido.

Análisis del problema jurídico

23. Es importante destacar desde un principio que el recurso extraordinario de
revisión, previsto en el Capítulo I del Título VI del CPACA, constituye un mecanismo
excepcional de impugnación que permite controvertir sentencias ejecutoriadas cuando se
configuran situaciones extraordinarias que afectan de manera sustancial la justicia
material. Su finalidad es corregir errores graves que no pudieron debatirse dentro del
proceso ordinario y que, por su entidad, justifican la superación del principio de cosa
juzgada. En ese sentido, no se trata de una tercera instancia ni de una vía para reabrir el
debate jurídico o probatorio ya definido por el juez natural, sino de una herramienta
procesal reservada a supuestos de extrema relevancia que comprometen garantías
constitucionales fundamentales, como el debido proceso o la tutela judicial efectiva.

24. En particular, el numeral 7 del artículo 250 del CPACA establece la procedencia
del recurso extraordinario de revisión cuando la persona en cuyo favor se decretó una
prestación periódica carecía de la aptitud legal para obtenerla, la pierde con posterioridad
a la sentencia o sobreviene una causal legal para su pérdida. Sobre el particular, esta
corporación7 ha precisado que dicha causal se estructura a partir de dos presupuestos
esenciales: que la sentencia objeto del recurso haya reconocido una prestación periódica
o decretado su pérdida, y que el debate jurídico se refiera a la aptitud legal para acceder
o mantener el derecho a dicha prestación.

6
En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12
de marzo de 2019, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024, el conocimiento del asunto corresponde a
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
7 Ver las sentencias del 7 de diciembre de 2010, Rad. 11001-03-15-000-2005-00297-01(REV); 13 de febrero de 2020,

Rad. 11001-03-25-000-2016-00287-00 (1637-16) 29 de octubre de 2020, Rad. 11001 03-25-000-2015-00138-00(0287-
15); y del 4 de marzo de 2021, Rad. 11001-03-25-000-2013-01223-00 (REV).
5

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Demandante: Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial)

25. Asimismo, se ha señalado que esta causal no se predica de sentencias que niegan
el reconocimiento de una prestación periódica ni de aquellas que resuelven controversias
relativas a su monto, reliquidación o factores salariales, pues en tales eventos no se
discute la aptitud legal para acceder al derecho pensional, sino únicamente aspectos
relacionados con su cuantía o forma de liquidación.

26. En el presente asunto, la Sala advierte en primer lugar, que la entidad recurrente
sustentó el recurso extraordinario de revisión en la causal contemplada en el numeral 7
del artículo 250 del CPACA, al afirmar que la beneficiaria de la condena carecía de aptitud
legal para acceder a la prestación reconocida en la sentencia de segunda instancia. Sin
embargo, al examinar el contenido material del recurso, se observa que la censura no
está dirigida, en estricto sentido, a controvertir una condición personal, jurídica o funcional
de la accionada para ser titular del derecho reconocido, sino a cuestionar la forma en que
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca entendió y aplicó el Decreto 1251 de 2009,
así como la extensión que otorgó al restablecimiento del derecho.

27. En efecto, la demandante en el proceso ordinario acudió al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir los actos mediante los cuales la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó la reliquidación de su remuneración
y de las prestaciones derivadas de esta en su condición de juez del circuito. La
controversia quedó planteada, desde entonces, alrededor del alcance del régimen salarial
aplicable, de la incidencia del artículo 15 de la Ley 4 de 1992 y del Decreto 1251 de 2009,
así como de la procedencia de reconocer diferencias salariales y prestacionales con base
en ese marco normativo.

28. La sentencia de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones y limitó
el reconocimiento al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2009. Esa decisión fue apelada por las partes, y el Tribunal, mediante sentencia del 31
de agosto de 2020, modificó el fallo y dispuso que la remuneración de la actora, en su
condición de juez del circuito, y mientras ejerciera ese cargo, debía liquidarse conforme
a lo previsto en el artículo 2 del Decreto 1251 de 2009 y en los decretos que fijaran los
porcentajes correspondientes año a año, sin superar los topes establecidos por el
Gobierno nacional. De manera que la providencia recurrida resolvió expresamente el
debate acerca del alcance temporal y económico del derecho reclamado.

29. Pese a ello, la entidad acudió al recurso extraordinario de revisión para sostener,
en síntesis, que el Tribunal desconoció la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019,
por cuanto el Decreto 1251 de 2009 solo tuvo vigencia durante ese año y no podía servir
de fundamento para reconocer reajustes salariales con posterioridad al 31 de diciembre
de 2009. Añadió que la condena implicaba la superación de los topes de remuneración
previstos para los jueces de la República y, por esa vía, comprometía el patrimonio
público.

30. Es decir, el núcleo argumentativo del recurso no recae sobre la falta de aptitud
legal de la beneficiaria para acceder a la prestación, sino sobre dos reproches diferentes:
de un lado, que el Tribunal habría interpretado de manera equivocada la vigencia del
Decreto 1251 de 2009; y, de otro, que habría dado al restablecimiento del derecho un

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Demandante: Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial)

alcance económico que, según la recurrente, excedía los topes permitidos. Ambos
cuestionamientos son propios del razonamiento judicial efectuado en la sentencia
ordinaria y, por tanto, pertenecen al ámbito del debate de instancia, no al de la causal
extraordinaria invocada.

31. En esa medida, la Sala observa que la entidad recurrente no demostró que la
accionada careciera de una calidad o condición jurídica indispensable para ser
destinataria del reconocimiento efectuado en la sentencia. Por el contrario, la discusión
parte de un presupuesto que no fue verdaderamente controvertido en el recurso: que la
beneficiaria se encontraba vinculada a la Rama Judicial en el cargo de juez del circuito,
esto es, precisamente en una de las categorías funcionales a las que el propio Decreto
1251 de 2009 se refería. Lo que la entidad discute no es, entonces alguna condición
jurídica de la beneficiaria que le impida acceder a la prestación sino la forma en que debía
liquidarse ese derecho y el lapso durante el cual procedía su reconocimiento.

32. No sobra añadir que con posterioridad a la interposición del recurso extraordinario, la
propia Dirección Ejecutiva de Administración Judicial expidió la Resolución 8985 del 10
de diciembre de 2024, mediante la cual dio cumplimiento a la sentencia de segunda
instancia y practicó la liquidación de diferencias salariales, cesantías, indexación e
intereses. Si bien esa actuación no torna improcedente por sí sola el medio extraordinario,
sí pone de relieve que la propia administración abordó el cumplimiento del fallo dentro de
parámetros concretos de liquidación, lo que muestra, una vez más, que la discusión gira
alrededor del alcance económico y temporal del derecho reconocido, no sobre la aptitud
legal de la beneficiaria para ser titular de este.

33. Así las cosas, la Sala concluye que la causal prevista en el numeral 7 del artículo 250
del CPACA no se configura cuando el recurrente no cuestiona verdaderamente la aptitud
legal del beneficiario para acceder a la prestación reconocida, sino la interpretación
normativa y el alcance temporal y económico que el juez ordinario dio al derecho
debatido. Por ende, tales reparos son ajenos a la finalidad del recurso extraordinario de
revisión, pues no están orientados a demostrar la falta o pérdida de una condición jurídica
habilitante de la persona favorecida con la condena sino a reabrir la discusión sobre el
modo en que debía resolverse la controversia ordinaria.

34. En consecuencia, como la entidad recurrente no acreditó que la señora María Teresa
Chedraui Lissa careciera, al tiempo del reconocimiento, de la aptitud legal necesaria para
acceder a la prestación decretada, sino que se limitó a insistir en una discrepancia
hermenéutica y económica respecto de la sentencia recurrida, el recurso extraordinario
de revisión habrá de declararse infundado.

Condena en costas

35. El artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 255 del CPACA,
estableciendo un criterio objetivo para la imposición de costas, consistente en que estas
deben imponerse al recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión.

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00328-00 (1755-2021)
Demandante: Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial)

36. En ese sentido, dado que en el presente caso se declarará infundado el recurso, y
que la parte accionada acreditó la causación de costas como consecuencia de su
intervención en el proceso, se impondrá dicha condena a la entidad accionante en favor
de María Teresa Chedraui Lissa, las cuales deberán liquidarse por la secretaría de esta
sección.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la Nación (Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial) contra la
sentencia proferida el 31 de agosto de 2020 por la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por María Teresa Chedraui Lissa, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, en favor de María Teresa Chedraui Lissa, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y REINGRESAR el expediente al despacho ponente para
la fijación de las agencias en derecho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

8

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