Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00398-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00398-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00398-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
17 de noviembre de 2022
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00398-00 (1945-2021)
Demandante: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00398-00 (1945-2021)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP
Demandado: LEONOR DEL CARMEN DÍAZ DE RAMÍREZ
Temas: Causal de revisión artículo 20, literales a) y b) de la Ley 797 de
2003.
SENTENCIA DE REVISIÓN–Ley 1437 de 2011 O-67-2022
ASUNTO
La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, UGPP, con el fin de que se infirme la sentencia del 20 de junio de 2011
proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión del Circuito de
Bogotá, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por
la señora Leonor del Carmen Díaz de Ramírez contra la extinta Caja Nacional de
Previsión Social EICE bajo el radicado No. 2010-0234.
ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO
DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO1
La señora Leonor del Carmen Díaz de Ramírez, por intermedio de apoderado y en
ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del CCA, demandó la nulidad del
Oficio PABF CDP 2009-19220 del 27 de octubre del 2009, mediante el cual la Caja
Nacional de Previsión Social, en adelante Cajanal, denegó la solicitud de
suspensión y reintegro de las deducciones que se realizan por concepto de
cotización para salud en las mesadas de la pensión gracia.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho solicitó
condenar a la entidad demandada a: i) suspender y que se abstenga de hacer en
un futuro los descuentos que se vienen efectuando en cada mensualidad a la
pensión gracia por concepto de aportes para salud; ii) pagar el reintegro indexado
de las sumas indebidamente descontadas desde la primera mesada; iii) reconocer
los intereses de mora en virtud del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y iv) dar
1 Folios 55 a 79 del archivo adjunto al índice 19 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
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Demandante: UGPP
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código
Contencioso Administrativo.
Como normas vulneradas invocó los artículos 2, 25, 29, 53, 58 y 228 de la
Constitución Política; las Leyes 4ª de 1966, 5a de 1969, 33 de 1985, 57 de 1887,
153 de 1887, 114 de 1913, 91 de 1989, 100 de 1993 y el Decreto 47 de 2000.
En igual sentido, explicó que el acto objeto de demanda ordenó un descuento que
no está autorizado en las normas que regulan la pensión gracia ni en el régimen
especial aplicable al personal docente, esto es, la Ley 91 de 1989 norma que
solamente prevé la deducción de un 5% con destino a salud. Agregó que el artículo
279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del ámbito de aplicación del Sistema Integral
de Seguridad Social, creado por tal norma, a los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Por lo tanto, no pueden atenderse en su caso
las disposiciones relativas a los aportes aplicables a quienes se rigen por dicha ley.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2
Cajanal se opuso a las pretensiones de la demanda. Expuso que el artículo 143 de
la Ley 100 de 1993 ordena que, para financiar el Sistema Integral de Seguridad
Social, se les debe descontar a los pensionados el 12% de la mesada para la
prestación de los servicios de salud, sin importar la clase de pensión que se perciba.
Igualmente, formuló las siguientes excepciones:
Falta de causa sustantiva para la acción y cobro de lo no debido: Indicó que, la
entidad demandada ha efectuado los descuentos para aportes a la salud sobre la
mesada pensional de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
Prescripción de mesadas: Solicitó que, en caso de acceder a las pretensiones de la
demandante, se declarara la prescripción de las sumas causadas con tres años de
anterioridad a la presentación de la demanda de conformidad con el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969.
Genérica o innominada: Solicitó que, se declare cualquier excepción que resulte
probada o que se configure en el proceso.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN3
El 20 de junio de 2011, el Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión del
Circuito de Bogotá dictó sentencia, mediante la cual declaró la nulidad del acto
administrativo demandado y ordenó a CAJANAL que reintegre a la señora Leonor
del Carmen Díaz de Ramírez lo descontado de su mesada de pensión gracia que,
por concepto de salud, haya superado el 5% del valor de tal mesada desde el 28 de
2 Folios 121 al 133 del archivo adjunto al índice 19 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
3 Folios 218 a 223 del cuaderno principal.
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Demandante: UGPP
mayo de 2006 y que así mismo, se abstenga de seguir realizando descuentos en
un porcentaje superior al señalado en el artículo 2 de la Ley 4a de 1966.
Como fundamento de su decisión, en primer lugar, indicó que revisada la normativa
que ha regulado la pensión gracia en el ordenamiento jurídico y los regímenes
pensionales en el país, resulta inaceptable que se incorpore a los beneficiarios de
la pensión gracia al Sistema Integral de Seguridad Social debido a: i) su naturaleza
especial que los excluye por ser una dádiva del Estado que no tiene causa en
cotización alguna, y ii) porque la Ley 100 de 1993 se encargó de excluirlos del
conjunto de sujetos destinatarios de tal norma.
En segundo lugar, señaló que la prescripción trienal se configura comoquiera que
los descuentos comenzaron a practicarse a partir de octubre de 1999 y la petición
de reintegro se presentó el 28 de mayo de 2009; es decir, habiendo transcurrido
más de 3 años como lo dicta el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
En ese orden, concluyó que los descuentos por concepto de aportes a salud de las
mesadas pensionales de la señora Leonor del Carmen Díaz de Ramírez debían ser
equivalentes a un 5%, como lo ordena el artículo 2 de la Ley 4ª de 1966, toda vez
que esta disposición no fue derogada por la Ley 100 de 1993 para los beneficiarios
de la pensión gracia.
Contra la anterior decisión se presentó recurso de apelación4, por quien afirmó ser
la apoderada de Cajanal, el cual fue rechazado por auto del 22 de agosto de 20115,
puesto que quien lo interpuso no acreditó la calidad con la que decía actuar.
ACCIÓN DE REVISIÓN6
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, presentó acción de revisión
con fundamento en el artículo 20, literales a) y b), de la Ley 797 de 2003 que
disponen: «a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso», y «b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables ».
Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó que: (i) se revoque la sentencia
proferida el 20 de junio de 2011 por el Juzgado Séptimo Administrativo de
Descongestión del Circuito de Bogotá dentro del trámite ordinario; (ii) se declare que
CAJANAL carecía de legitimación en la causa por pasiva; y (iii) se declare que sobre
la pensión gracia reconocida en favor de la señora Leonor del Carmen Díaz de
Ramírez deben realizarse los descuentos por concepto de salud, según la Ley 100
de 1993.
4 Ff. 219 a 221 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, índice 20 de SAMAI.
5 Ff. 233 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, índice 20 de SAMAI.
6 Folios 238 a 271 cuad. ppal.
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Demandante: UGPP
Para fundamentar la demanda, dividió su exposición en dos acápites según las
causales anunciadas, así:
i) El reconocimiento pensional se obtuvo con violación al debido proceso.
Al respecto, adujo que el desconocimiento del debido proceso derivaba de la falta
de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Caja Nacional de Previsión
Social EICE en liquidación (hoy UGPP), ya que esta entidad no era la destinataria
ni depositaria de los recursos que se recaudaban para el Sistema de Seguridad
Social en Salud.
De otro lado, aludió al artículo 14 del Decreto 1703 de 2002 para destacar que, si
bien los descuentos por concepto de Seguridad Social en Salud los efectúa la
entidad de previsión social, los recursos de dichas cotizaciones son girados al
Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, que de acuerdo con el Decreto 1283 de
1996, es una cuenta adscrita al Ministerio de Salud.
ii) La cuantía de la reliquidación pensional excede lo debido de acuerdo
con la ley.
En relación con esta causal, precisó que se configura al haber accedido al reintegro
de las sumas que por concepto de aportes a salud sobre la pensión gracia le habían
sido retenidas a la hoy demandada. Para el efecto, explicó que los descuentos con
destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud tenían fundamento en los
artículos 157, 202 y 203 de la Ley 100 de 1993, según los cuales los pensionados
deben encontrarse afiliados y, por ende, realizar las cotizaciones al tenor del artículo
160, numeral 3 ibidem.
En tal virtud, afirmó que el aporte al régimen contributivo, actualmente fijado en un
12.5% por el artículo 204 de la citada ley, modificado por el artículo 10 de la Ley
1122 de 2007, debe efectuarse a los docentes beneficiarios de la pensión gracia
porque estos no hacen parte de la excepción que prevé el artículo 279 de la Ley
100 de 1993, aunque en principio pueda generarse la apariencia de que sí lo son.
Sobre el punto, explicó que, si bien el inciso 2 de la disposición en comento exceptúa
del Sistema General de Seguridad Social a los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, lo cierto es que lo hace en cuanto a las
prestaciones que asume dicho fondo, pero por disposición del parágrafo 2 de la
misma norma, la pensión gracia no está a cargo de aquel sino de la Caja Nacional
de Previsión Social, hoy UGPP. Por el mismo motivo, agregó, tampoco resulta
aplicable el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 a la pensión gracia.
Finalmente, en relación con la improcedencia del reembolso de los descuentos a
salud de la pensión gracia, hizo referencia a la sentencia T-359 de 2009 proferida
por la Corte Constitucional. Con base en ella, sostuvo que la orden judicial objeto
de reproche desconoce (i) que incluso antes de la Ley 100 de 1993 los pensionados
de Cajanal contribuían con el 5% de su mesada pensional para financiar los
servicios de salud, por mandato del artículo 2 de la Ley 4 de 1966; (ii) que al entrar
en vigencia aquella norma se estableció de manera general una tasa inicial de
cotización del 12% y (iii) que para evitar la pérdida de poder adquisitivo que sufrirían
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Demandante: UGPP
las pensiones reconocidas con anterioridad al 1 de enero de 1994 en razón a ese
incremento en la tasa de cotización, el artículo 143 de la citada Ley 100 de 1993
concedió un reajuste mensual de las mesadas en la misma proporción.
CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN
La señora Leonor del Carmen Díaz de Ramírez no contestó la acción de revisión
dentro del término previsto para el efecto.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO7
La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado solicitó que se declare
infundada la acción de revisión por extemporánea. En su criterio, la regla sobre la
oportunidad en la interposición de este medio de control señalada por la Corte
Constitucional, en la sentencia SU-427 de 1996, no se puede extender sub examine,
toda vez que este no es uno de los casos a los que se refieren las sentencias C-258
de 2013 y SU-230 de 2015, en relación con los asuntos en los que se presenta
abuso del derecho y fraude a la ley.
CONSIDERACIONES
• Competencia
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
señala en el artículo 250 que de los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones
y subsecciones del Consejo de Estado según la materia8.
Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 precisa:
«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS
PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE
NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales que hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a
solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de
la República o del Procurador General de la Nación. […]».
Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver la acción formulada es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 20199.
7 Índice 10 del expediente digital en SAMAI.
8 En concordancia con el lineamiento de la sentencia de inexequibilidad C-520 de 4 de agosto de
2009.
9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Demandante: UGPP
Por lo anterior, esta Subsección es competente para conocer de la acción de
revisión formulada por la UGPP contra la sentencia proferida el 20 de junio de 2011
por el Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá10.
Legitimación
La demandada argumentó que la UGPP no se encuentra dentro de las entidades
señaladas por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 para presentar la acción de
revisión. Sobre el particular, conviene señalar que, sobre la legitimación de la UGPP
para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer
pensiones, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la
siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo
de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las
decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho,
en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho
mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha
en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a
cargo Cajanal.»
En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado a través de sus Salas
Especiales de Decisión11, admitió expresamente que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social está habilitada para adelantar esta clase de procesos, criterio ratificado por
esta Subsección12.
Es de anotar que de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la
UGPP se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales
causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden
nacional y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo
el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se
decrete su liquidación, como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión
Social EICE.
La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009.
Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que
estuvieren en curso al cerrarse el trámite liquidatario, el artículo 22 de aquel decreto
dispuso que estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones
asumidas por ese organismo. En el sub lite ello se traduce en que la UGPP adquirió
la calidad de parte demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que
10 Se precisa que la acción de revisión se radicó antes de la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021,
motivo por el cual esta última no le es aplicable en materia de competencia, de acuerdo con lo
expuesto en el artículo 86 ejusdem.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de
Decisión N.° 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00,
demandante: UGPP.
12 Entre otras, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 20 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2012-00443-
00(1818-12), demandante Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación.
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Demandante: UGPP
comenzó a regir la Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró
terminado el proceso de liquidación de Caja Nacional de Previsión Social EICE.
Adicionalmente, el Decreto 575 de 2013, art. 6, núm. 6, le atribuyó a la UGPP la
competencia para iniciar acciones de esta naturaleza.
De acuerdo con lo anterior, la UGPP se encuentra legitimada para la presentación
de la acción de revisión.
Oportunidad
En lo relativo a la oportunidad en la presentación de la acción de revisión, el agente
del ministerio público sostiene que la acción de revisión es extemporánea. Lo
anterior, en consideración a que, en su criterio, la regla contenida en la sentencia
SU-427 de 2016 no resulta aplicable al sub examine, comoquiera que la sentencia
censurada no ordenó un reconocimiento pensional con abuso del derecho, en los
términos de las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte
Constitucional.
Al respecto, es importante poner de presente que la sentencia SU-427-2016 señaló
que solo hasta el 12 de junio de 2013 se inició la sucesión procesal y defensa judicial
de los asuntos que tenía a cargo Cajanal, quien atravesó por una situación
administrativa que le impedía cumplir sus funciones correctamente como fue
reconocido en las sentencias T-068, T- 167 y T- 439 de 1998, que dieron origen a
la declaratoria de estado de cosas inconstitucional en relación con la administración
del sistema pensional de los empleados públicos. Igualmente, advirtió que el abuso
del derecho como causal de revisión independiente de desarrollo jurisprudencial no
se consideró por la Corte para prever los términos de caducidad provisionales
considerados antes de la expedición del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011.
Sin embargo, la Corte sostuvo que el plazo de los 5 años dispuesto por el
mencionado artículo 251 a partir de la ejecutoria de la sentencia «no puede servir
como referente para determinar la caducidad respecto a la UGPP, en atención al estado de
cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal », de manera que definió que su
contabilización no podía ser anterior al 12 de junio de 2013. Lo anterior, en criterio
que aquella Corporación, reviste las siguientes ventajas:
«(i) No anula el principio de seguridad jurídica, pues si bien permiten que se
controvierta una sentencia ejecutoriada lo hacen, por regla general, a través de
un mecanismo especializado, cuya naturaleza precisamente es servir de
instrumento procesal para remediar decisiones injustas y, de manera
excepcional, mediante la acción de tutela en casos de palmarios abuso del
derecho.
(ii) No desconoce el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional,
ya que le permite a la UGPP acudir hasta el 11 de junio de 2018 ante la Corte
Suprema o el Consejo de Estado para controvertir las decisiones judiciales que
considere lesivas para el tesoro público y frente a las cuales no precedía recurso
alguno.
(iii) Permite atender al principio general del derecho según el cual de la ilegalidad
no se generan derechos y permite la aplicación del mecanismo previsto en el
Acto Legislativo 01 de 2005, el cual autoriza afectar la intangibilidad de las
sentencias ejecutoriadas para impedir que se mantengan situaciones irregulares
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Demandante: UGPP
en desmedro del erario público, así como responde a la situación especial de
ineficiencia e inoperancia administrativa que enfrentó Cajanal.
(iv) Establece un período de gracia a la persona beneficiaria de una prestación
con abuso del derecho para que no vea afectados abruptamente sus derechos
con ocasión del reajuste de la pensión como consecuencia de la intervención
excepcional del juez constitucional .»
Así las cosas, comoquiera que la Corte Constitucional reconoció como parte activa
de la UGPP para la interposición de la acción de revisión solo a partir del 12 de junio
de 2013 y que el requisito de la oportunidad es un presupuesto procesal de la
acción, se trata de un aspecto que se debe verificar antes del estudio del fondo del
asunto y será en la sentencia en donde se analice si se configura la causal de
revisión invocada o un eventual abuso del derecho. En esas condiciones, no se
puede sujetar la caducidad a la configuración de la causal a la procedencia de la
acción.
Bajo ese entendido, en el presente asunto, considera la Subsección que se debe
dar aplicación a regla definida por la sentencia SU-427 de 2016, según la cual, en
el caso de la UGPP, el término para la interposición de la acción de revisión prevista
en la Ley 797 del 2003 empezaría a contabilizarse a partir del 12 de junio de 2013.
Por lo tanto, en razón a que la sentencia recurrida del 20 de junio de 2011 se notificó
en edicto que permaneció fijado entre el 24 y el 29 de junio del mismo año13, de
manera que quedó ejecutoriada el 14 de julio de 201114 y la correspondiente acción
de revisión se interpuso el 2 de marzo de 201715, la demanda se encuentra en
tiempo.
La acción de revisión de sentencias sobre pensiones
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 200316 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS
PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE
NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier
tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas
por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
13 F. 217 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho digitalizado, índice 20 de
SAMAI.
14 Fl. 237 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho digitalizado, índice 20 de
SAMAI.
15 La demanda de revisión se radicó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (f. 236 C. ppal.),
el cual, mediante providencia del 4 de abril de 2017 ordenó remitió el proceso por competencia al
Consejo de Estado, y fue efectivamente remitido a esta Corporación el 20 de mayo de 2021.
16 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.».
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Demandante: UGPP
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en
cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y
además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»17.
Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo
cierto es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos
tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional,
entre los cuales se tienen los siguientes:
● Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción
y conciliación18.
● Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que
realizan el reconocimiento de pensiones19.
● Respecto de su alcance, la jurisprudencia advirtió que no se extiende a
reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las
pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito
de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de
velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el
principio de universalidad que lo inspira20.
● De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del
derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció
con vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde.
17 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia
C-835 de 2003.
18 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
19 Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.°
4, sentencia del 1. ° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV).
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00398-00 (1945-2021)
Demandante: UGPP
● Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia21.
Problemas jurídicos
El problema jurídico que se debe resolver se resume en las siguientes preguntas:
1. ¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003 en la sentencia del 20 de junio de 2011, proferida por el Juzgado
Séptimo Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, por haber
condenado a la UGPP a la devolución del 7% de los dineros que descontó de la
pensión gracia de la señora Leonor del Carmen Díaz de Ramírez por concepto de
aportes a salud?
2. ¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003 en la sentencia del 20 de junio de 2011, proferida por el Juzgado
Séptimo Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, al considerar que
sobre la pensión gracia proceden las deducciones de cotizaciones a salud en
porcentaje del 5% y no del 12%?
Primer problema jurídico
¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 en la sentencia del 20 de junio de 2011, proferida por el Juzgado
Séptimo Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, por haber
condenado a la UGPP a la devolución del 7% de los dineros que descontó de la
pensión gracia de la señora Leonor del Carmen Díaz de Ramírez por concepto de
aportes a salud?
Análisis de la configuración de la causal de revisión prevista en el literal
a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
La parte demandante consideró que se presentaba esta causal en la medida en
que, al no ser la destinataria ni depositaria de los recursos que se recaudaban para
el Sistema de Seguridad Social en Salud, carecía de legitimación en la causa por
pasiva en lo relativo a la orden de devolución del dinero que ya se había deducido
de la pensión gracia. A su juicio, ello comporta el desconocimiento del derecho al
debido proceso.
En ese sentido, la Sala se ocupará, en primer lugar, de establecer si, en efecto, la
UGPP (antes CajanaL EICE) carecía de legitimación en la causa por pasiva y, de
resultar procedente, analizará si dicha circunstancia puede ser violatoria del
derecho en cuestión.
Sobre la falta de legitimación en la causa, la corporación ha sostenido que se trata
de una figura que puede ser abordada desde dos perspectivas, una de hecho y otra
material. La primera de ellas se establece en virtud de la relación procesal que se
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.°
25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00398-00 (1945-2021)
Demandante: UGPP
teje entre demandante y demandado con ocasión de la mera atribución que el
primero de ellos formula en contra del segundo a través de la pretensión procesal y
de su vinculación al proceso cuando se traba la litis. Por su parte, la legitimación
material en la causa se refiere a quienes tienen, de un lado, la titularidad del derecho
y, de otro, la titularidad de la obligación, es decir, a quienes verdaderamente
corresponde asumir la condición de partes dentro del proceso por ser los que, en
realidad, ostentan la calidad para exigir lo que reclaman y para negarlo.
A efectos de emitir un pronunciamiento sobre el particular, lo primero que ha de
tenerse en cuenta es que lo pretendido en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho fue la supresión del descuento que para salud dispuso
efectuar la Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación sobre las mesadas
de la pensión gracia y la devolución de valores que ya le habían sido retenidos por
tal concepto.
Por ahora, basta mencionar brevemente que dicha entidad realizó los referidos
descuentos con apoyo en los artículos 157, 202, 203, 204 y 279 de la Ley 100 de
1993, normas que, con independencia de la legalidad o no de la práctica de esta
deducción en el caso concreto, cuestión que será abordada en el siguiente problema
jurídico, les asignaban a las administradoras de pensiones, como pagadoras de tal
prestación, la competencia para realizarlo. En el caso particular de la demandante,
el artículo 2, numeral 5, del Decreto 65 de 2004 le atribuyó la función de « […] Efectuar
el recaudo de las cotizaciones obligatorias de sus afiliados, en los términos establecidos
por la ley […]».
Es cierto que, aunque la Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación
efectuaba las deducciones en comento, no era la receptora final de dichos recursos
económicos ya que aquellos, al hacer parte del Sistema de Seguridad Social en
Salud, debían ser girados al Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA, donde se
le imprimiría la destinación adecuada. Así lo dispone el artículo 14, inciso 2, del
Decreto 1703 de 2002, en los siguientes términos:
«[…] Artículo 14. Régimen de excepción. Para efecto de evitar el pago doble de
cobertura y la desviación de recursos, las personas que se encuentren
excepcionadas por ley para pertenecer al Sistema General de Seguridad Social
en Salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de
1993, no podrán utilizar simultáneamente los servicios del Régimen de
Excepción y del Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizantes
o beneficiarios.
Cuando la persona afiliada como cotizante a un régimen de excepción
tenga una relación laboral o ingresos adicionales sobre los cuales esté
obligado a cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, su
empleador o administrador de pensiones deberá efectuar la respectiva
cotización al Fosyga en los formularios que para tal efecto defina el
Ministerio de Salud. Los servicios asistenciales serán prestados,
exclusivamente a través del régimen de excepción; las prestaciones
económicas a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, serán
cubiertas por el Fosyga en proporción al Ingreso Base de cotización sobre el
cual se realizaron los respectivos aportes. Para tal efecto el empleador hará los
trámites respectivos.» (Negrillas de la Sala).
Establecido lo anterior, la Sala concluye que no es de recibo el argumento de la hoy
demandante en revisión, quien en el proceso primigenio se encontraba legitimada
12
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00398-00 (1945-2021)
Demandante: UGPP
en la causa por pasiva no solo de hecho, al haberse dirigido en su contra la demanda
ordinaria, sino también materialmente.
Esta última legitimación no logra desvirtuarse por el hecho de que el dinero
correspondiente a los aportes de salud debiera ser trasladado al Fondo de
Solidaridad y Garantía, pues, en cualquier caso, quien tomó la decisión de efectuar
los descuentos que el Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión del
Circuito de Bogotá consideró no ajustados a derecho en la sentencia objeto de
revisión fue la Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación (hoy UGPP).
En ese orden de ideas, no resulta razonable que la demandante en revisión hubiere
alegado falta de legitimación en la causa por pasiva para cumplir la orden de
devolución de los valores que dedujo de la pensión gracia de la señora Leonor del
Carmen Díaz de Ramírez, pues fue ella la que, en primer lugar, dispuso realizar los
descuentos que, en sede judicial, fueron calificados de ilegales.
Luego, sería una afrenta a la proporcionalidad imponerle al pensionado la carga de
reclamar ante el FOSYGA el reintegro del dinero que, a juicio del ad quem, le fue
descontado de sus mesadas sin justificación jurídica por la Caja Nacional de
Previsión Social EICE en liquidación, a quien, en virtud de la sentencia objeto del
actual recurso, le correspondía proceder con la devolución ordenada para, en un
segundo momento, iniciar un trámite administrativo ante el FOSYGA tendiente a la
devolución de tales recursos.
Conclusión: No se configura la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, en la sentencia impugnada en vía extraordinaria, toda vez que la
falta de legitimación en la causa por pasiva que la hoy demandante acusó como
violatoria del derecho al debido proceso no se presentó.
Segundo problema jurídico
¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 en la sentencia del 20 de junio de 2011, proferida por el Juzgado
Séptimo Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, al considerar que
sobre la pensión gracia proceden las deducciones de cotizaciones a salud en
porcentaje del 5% y no del 12%?
Análisis de la configuración de la causal de revisión contemplada en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
La norma en comento consagra la procedencia de la acción de revisión, así
«[…] Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas […] b) Cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables […]».
En la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797
de 2003 se observa que la misma obedeció a la necesidad « […] de construir
esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y,
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00398-00 (1945-2021)
Demandante: UGPP
equitativos para todos los ciudadanos […]»22. Así las cosas, entre los principales
propósitos de esta norma y en particular del artículo 20 ibídem estaba el de reducir
el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos
permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya
cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden de
ideas, las causales de procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de
conformidad con la teleología a la que responde dicho instrumento procesal.
Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca dentro
de tales parámetros ya que lo que se ha de dilucidar es si sobre la pensión gracia a
que tiene derecho la señora Leonor del Carmen Díaz de Ramírez debe practicarse
el descuento para salud propio del Sistema General de Seguridad Social en el
porcentaje que consagra la Ley 100 de 1993 y, en esa medida, si la mesada que se
le paga mensualmente debe verse reducida en la proporción de dicho aporte a
efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera de aquel.
• La pensión gracia como prestación sujeta a descuentos en salud
El propósito que pretendió satisfacer el legislador con la consagración de la pensión
gracia fue el de compensar el poder adquisitivo de los maestros de primaria del
sector oficial vinculados a entidades territoriales, cuya remuneración era baja con
relación a la de los educadores del nivel nacional, debido a la escasez de recursos
de los departamentos y municipios para cumplir con las obligaciones laborales a su
cargo. Ello permitió que, de manera simultánea, se pudiera ser acreedor de la
pensión de jubilación territorial (pensión ordinaria) y de la nacional (pensión gracia),
sin que en ningún escenario ambas prestaciones pudieran provenir de recursos
nacionales.
En principio, el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 concedió esta prestación económica
para los maestros de las escuelas de primaria oficiales, pero luego se ampliaría
dicho beneficio a los empleados docentes y profesores de las escuelas normales y
a los inspectores de instrucción pública atendiendo a las condiciones definidas en
la Ley 116 de 1928. Tiempo después, de conformidad con la Ley 37 de 1993, los
maestros de escuela que completaran el tiempo de servicio legalmente exigido en
establecimientos de enseñanza secundaria también podrían hacerse beneficiarios
de dicha prestación.
Con posterioridad, el servicio de educación oficial de primaria y secundaria que
estaba siendo prestado y financiado por los departamentos y municipios pasó a
redefinirse como un servicio público a cargo de la Nación en virtud de lo dispuesto
en la Ley 43 de 1975, que introdujo un proceso gradual de nacionalización que
culminó el 31 de diciembre de 1980 y que tenía como propósito equiparar las
condiciones salariales y prestacionales entre los educadores del nivel territorial y los
del nivel nacional.
El artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989, además de restringir el
reconocimiento del derecho a la pensión gracia a aquellos docentes vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1980, consagró expresamente la compatibilidad de esta
prestación con la pensión ordinaria de jubilación, así:
22 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00398-00 (1945-2021)
Demandante: UGPP
«[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas
que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho
a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la
totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja
Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible
con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo
total o parcial de la nación […]».
Como puede advertirse, la norma en cuestión exceptuó la regla que impedía que la
pensión gracia y la ordinaria de jubilación fueran ambas de carácter nacional, lo que
se permitió única y exclusivamente respecto de los docentes departamentales y
municipales que, a 31 de diciembre de 1980, quedaron comprendidos en el proceso
de nacionalización que implantó la Ley 43 de 197523. En similar sentido, el artículo
6 de la Ley 60 de 1993 dispuso:
«[…] El régimen prestacional y aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin
solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la
Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con
pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de
vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo
Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen
prestacional vigente de la respectiva entidad territorial […]».
De otro lado, es preciso señalar que el reconocimiento de esta prestación
económica estaba a cargo de la Caja Nacional de Previsión Social de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 81 de 1976; en el artículo 15, numeral 2, literal a), de
la Ley 91 de 198924 y; en el 279 de la Ley 100 de 1993, parágrafo 225. Como quedó
explicado, en la actualidad la pensión gracia es asumida por la Unidad de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Con la expedición de la Ley 4 de 1966 los aportes para financiar los servicios de
salud se hicieron obligatorios, sin excepción alguna, para todos los pensionados por
dicha caja. Así lo previó el parágrafo del artículo 5 ibídem al señalar
«[…] Artículo 2º.- Los afiliados forzosos o facultativos de la Caja Nacional de
Previsión Social, cotizarán con destino a la misma así:
23 Sobre el alcance del numeral 2.º, literal a) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, puede verse la
sentencia proferida el 26 de agosto de 1997 por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado.
24 Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado
y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes
disposiciones: […] 2. Pensiones: A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que
por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación […]
25 Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley
no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido
por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la
presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas […] PARÁGRAFO
2o. La pensión gracia para los educadores de que trata las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de
1933, continuará a cargo de la Caja Nacional de Previsión y del Fondo de Pensiones Públicas del
Nivel Nacional, cuando éste sustituya a la Caja en el pago de sus obligaciones pensionales […]
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00398-00 (1945-2021)
Demandante: UGPP
a) Con la tercera parte del primer sueldo y de todo aumento, como cuota de
afiliación, y
b) Con el cinco por ciento (5%) del salario correspondiente a cada mes. Decreto
Nacional 1743 de 1994
Parágrafo. - Los pensionados cotizarán mensualmente con el cinco por
ciento (5%) de su mesada pensional […]» (Negrillas de la Sala).
Ahora bien, la Ley 100 de 1993 impuso una tasa de cotización del 12% para financiar
el Sistema General de Seguridad Social en Salud, consagrando en su artículo 280
lo siguiente:
«[…] Artículo 280. Aportes a los fondos de solidaridad. Los aportes para los
fondos de solidaridad en los regímenes de salud y pensiones consagrados en
los artículos 27 y 204 de esta Ley serán obligatorios en todos los casos y sin
excepciones. Su obligatoriedad rige a partir del 1 de abril de 1994 en las
instituciones, regímenes y con respecto también a las personas que por
cualquier circunstancia gocen de excepciones totales o parciales previstas en
esta Ley.
En consecuencia, a partir del 1 de abril de 1994, el aporte en salud pasará
del 7 al 8%* y cuando se preste la cobertura familiar, el punto de cotización
para solidaridad estará incluido, en todo caso, en la cotización máxima del
12% […]» (Negrillas de la Sala).
El debate que subyace a la presente controversia radica en establecer si dicha tasa
resulta aplicable a la pensión gracia por haber sido impuesta sin distinción alguna a
todos los afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud o si, el régimen de
excepción que consagra el artículo 279, excluye de su aplicación a las pensiones
gracia.
La Sala es de la primera tesis referida, pues considera que el precepto en cuestión
fijó en forma general una tasa de cotización en aras de financiar el Sistema General
de Seguridad Social en Salud, teoría que va en consonancia con los principios de
solidaridad y sostenibilidad financiera que rigen la materia.
Lo anterior teniendo en consideración que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993
exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio creado
por la Ley 91 de 1989 de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social
previsto en aquella, excepción que debe interpretarse en modo restringido, lo que
impone entender que solo aplica en lo que se refiere a las prestaciones que asume
aquel fondo26, entre las cuales no se encuentra la pensión gracia que, como se dijo,
correspondía inicialmente a la Caja Nacional de Previsión Social y, ahora, a la
Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP.
Al no encontrarse exceptuados los docentes de la aplicación de la Ley 100 de 1993
en lo que hace a la pensión gracia, les es aplicable el artículo 157 ibídem, literal a),
numeral 1, en cuanto prevé la afiliación obligatoria de los pensionados al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, así:
«[…] Artículo 157. Tipos de participantes en el sistema general de seguridad
social en salud. A partir de la sanción de la presente Ley, todo colombiano
participará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de
Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al
26Corte Constitucional, sentencia C-369 de 2004.
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00398-00 (1945-2021)
Demandante: UGPP
régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como
participantes vinculados.
A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.
Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en
Salud:
1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las
personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores
públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes
con capacidad de pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema
mediante las normas del régimen contributivo de que trata el capítulo I del
título III de la presente Ley […]» (Subraya la Sala).
Asimismo, sirve de fundamento a esta posición el artículo 52 del Decreto 806 de
199827, «por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud
y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud
y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional », que en su artículo 52
dispone:
«[…] Artículo 52. Concurrencia de empleadores o de administradoras de
pensiones. Cuando una persona sea dependiente de más de un empleador o
reciba pensión de más de una administradora de pensiones, cotizará sobre la
totalidad de los ingresos con un tope máximo de veinte salarios mínimos
mensuales legales vigentes28, en una misma Entidad Promotora de Salud,
informando tal situación a los empleadores o administradoras de pensiones
correspondientes.
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, la persona
responderá por el pago de las sumas que en exceso deba cancelar el Fondo de
Solidaridad y Garantía a diferentes EPS por concepto de UPC. Cuando las EPS
hayan reportado oportunamente la información de sus afiliados en los términos
establecidos en el presente decreto, no estarán obligadas a efectuar reembolso
alguno.
Parágrafo. En el formulario de afiliación deberá quedar constancia de la
concurrencia de empleadores y administradoras de pensiones […]».
En efecto, esta interpretación resulta acorde con el artículo 143 de la Ley 100 de
1993 que, en virtud del incremento en la tasa de cotización a salud que implicó su
entrada en vigor, ordenó el reajuste de las pensiones en la misma proporción, según
el siguiente texto:
«[…] Artículo 143. Reajuste pensional para los actuales pensionados. A quienes
con anterioridad al 1o. de enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión
de vejez o jubilación, invalidez o muerte, tendrán derecho, a partir de dicha
fecha, a un reajuste mensual equivalente a la elevación en la cotización para
salud que resulte de la aplicación de la presente Ley […]».
Sobre el asunto objeto de controversia, esta corporación precisó en sentencia del
26 de enero de 2017:
«[…] esta Sala considera que los pensionados en gracia, tienen la obligación
de efectuar los aportes a salud en cuantía del 12%, pues el artículo 143 de la
Ley 100 de 1993, unificó el aporte de las mesadas pensionales al servicio de
salud, sin tener en cuenta la clase de pensión de que sean beneficiarios; por lo
27 Con excepción de sus artículos 17 al 24, 52, 65, 70, 71, 72 y 79, el Decreto 806 de 1998 fue
derogado por el artículo 89 del Decreto 2353 de 2015.
28 Hoy en día el tope alcanza los veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por
disposición expresa del artículo 1, parágrafo 1, del Acto Legislativo 01 de 2005, que adicionó el
artículo 48 de la Constitución Política.
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00398-00 (1945-2021)
Demandante: UGPP
tanto, la pensión gracia no está exceptuada de cotizar a dicho sistema […] 29».
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ya había fijado el mismo criterio, al
sostener que los beneficiarios de la pensión gracia están obligados por aquella ley
a aportar a salud el 12% sobre el valor de su mesada, posición que definió en las
sentencias T-359 de 2009, T-546 y T-835 de 2014 y T-581 de 2015. Al respecto, ha
señalado el máximo tribunal constitucional:
«[…] En conclusión, ninguna disposición normativa excluye a los regímenes de
excepción del deber de cotizar al Sistema General de Seguridad Social, por el
contrario está demostrado que a través del tiempo los beneficiarios de la
pensión gracia han estado obligados a efectuar los aportes
correspondientes al sistema de salud para la prestación de los servicios
médico asistenciales, situación que no varió con la expedición de la Ley
100 de 1993. Conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución, definido
en el literal c) del artículo 2 de la Ley 100 de 1993, el pago de las cotizaciones
en salud es obligatorio, independientemente de que se preste o no el servicio,
en acatamiento del principio de solidaridad que rige el sistema de Seguridad
Social en Colombia […]»30 (Subrayas de la Sala).
De lo anteriormente expuesto, se deduce que al considerar que las deducciones por
concepto de aportes a salud de la pensión gracia debían corresponder al 5% y no
al 12%, la sentencia del 20 de junio de 2011 del Juzgado Séptimo Administrativo de
Descongestión del Circuito de Bogotá incurrió en la causal prevista en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
En conclusión, se configuró la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 ya que, al disponerse que las deducciones sobre la
pensión gracia de que es titular la señora Leonor del Carmen Díaz de Ramírez
debían efectuarse en un porcentaje inferior al ordenado por la Ley 100 de 1993, la
cuantía del derecho que le fue reconocido excedió lo debido de acuerdo con la
misma Ley 100 de 1993.
Decisión
Con base en los argumentos expuestos, la Sala declarará fundada la acción
interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. En consecuencia,
infirmará el fallo proferido el 20 de junio de 2011 por el Juzgado Séptimo
Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá y, en su lugar, denegará las
pretensiones de la demanda instaurada por la señora Leonor del Carmen Díaz de
Ramírez en contra de la Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación, hoy
UGPP, de conformidad con lo expuesto en precedencia.
Ahora, en caso de que la entidad no haya realizado el pago en comento, no será
procedente que la señora Leonor del Carmen Díaz de Ramírez lo exija pues, como
quedó establecido en esta providencia, sobre la pensión gracia sí debe hacerse la
deducción para aportes a salud. Sin embargo, en el evento en que la entidad sí
hubiese procedido a la devolución de ese dinero, no habría lugar a ordenar que sea
29 Sentencia del 26 de enero de 2017; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, radicado 63001-23-33-000-2014-00239 01; expediente 1932-15.
30 Sentencia T-581 del 4 de septiembre de 2015; Corte Constitucional, Referencia: Expediente T-
4943302.
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00398-00 (1945-2021)
Demandante: UGPP
reintegrado, porque ello no fue objeto de pretensión en la demanda, y, además, es
preciso entender que fue recibido de buena fe pues esta no ha sido desvirtuada,
resultando aplicable lo establecido en el numeral 1, literal c), del artículo 164 del
CPACA, vigente para la fecha de presentación de la demanda de revisión. La norma
prevé:
«[…] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de
buena fe […]»
Esa buena fe se presume teniendo en cuenta que fue una decisión judicial proferida
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho la que ordenó la
devolución de las sumas retenidas de la pensión gracia por concepto de aportes a
salud.
De la condena en costas
En relación con la condena en costas, el artículo 188 ibidem dispone que «[…] Salvo
en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas […]».
En esas condiciones, la Subsección considera que el ejercicio de la acción de
revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es un mecanismo de defensa de los
principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y
participación que rigen el servicio público esencial de seguridad social. Además, se
presenta como una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional. En esa medida, se ventila un interés público y, por esa razón, la Sala
considera improcedente la condena en costas en el caso analizado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar fundada la acción de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, UGPP (antes CAJANAL EICE), contra la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión del
Circuito de Bogotá el 20 de junio de 2011 dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 2010-00234, al configurarse la causal
consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En consecuencia,
se dispone:
Infirmar la sentencia referida. En su lugar, se dispone:
Denegar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
interpuesta por la señora Leonor del Carmen Díaz de Ramírez en contra de la Caja
Nacional de Previsión Social EICE en liquidación, hoy UGPP, de conformidad con
la parte motiva de esta providencia.
19
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00398-00 (1945-2021)
Demandante: UGPP
Segundo: Denegar las demás pretensiones de la acción de revisión.
Tercero: Sin condena en costas.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de
origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI y
archívese el expediente de la acción de revisión.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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