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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00420-00

Fecha
27 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00420-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 19 de diciembre de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo. No condenar en costas. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. DMGT 22

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00420-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00420-00 (2027-2021)
Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Demandado: Marcos Hormiga Pérez

Tema: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Cuantía reconocida excede lo debido

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
_________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público contra la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2016 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico1, por medio de la cual se confirmó la decisión
del 2 de febrero de 2016 emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo de
Barranquilla que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Marcos
Hormiga Pérez.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la
entidad recurrente solicitó que se infirmara la sentencia proferida el 19 de diciembre
de 2016 por el Tribunal Administrativo del Atlántico que confirmó la decisión del 2
de febrero de 2016 emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Barranquilla
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
08001-33-33-005-2015-00113-00 (01), que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda presentada por Marcos Hormiga Pérez y, en

1 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado: 08001-33-33-005-2015-00113-00;

actor: Marcos Hormiga Pérez, demandado: Colpensiones.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00420-00 (2027-2021)
Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

consecuencia, declaró la nulidad: i) total del acto ficto producto del silencio del
Instituto de Seguros Sociales2 frente a la petición presentada el 12 de agosto de
2012, en la que solicitó la reliquidación de la pensión con el 75% del promedio de
lo devengado en el último año de servicio; ii) parcial de las resoluciones 8599 del
12 de diciembre de 2005 y 10447 del 5 de octubre de 2006, a través de las cuales
se reconoció la pensión de vejez con el promedio de lo devengado durante el
tiempo en que le hacía falta para tener derecho a la pensión; y iii) condenó a la
Administradora Colombiana de Pensiones3 a reliquidar la prestación con el 75%
del promedio mensual de los factores devengados en el último año de servicio,
esto es del 23 de agosto de 1995 al 22 de agosto de 1996.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la revocatoria de la sentencia objeto
de revisión; ii) la declaratoria de que a Marcos Hormiga Pérez no le asistía derecho
a que su pensión se reliquidara con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio; iii) la orden de inclusión en nómina de
pensionados de Colpensiones con una mesada liquidada con el promedio de lo
devengado durante los 10 últimos años anteriores al cumplimiento de requisitos
para tener derecho a la pensión; iv) el reintegro de todas las sumas de dinero
pagadas como consecuencia del acto de reliquidación pensional.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes4:

3.1. Marcos Hormiga Pérez nació el 3 de agosto de 1948.

3.2. Desde el 29 de mayo de 1973 hasta el 30 de agosto de 1975, prestó sus
servicios a la Electrificadora del Atlántico SA., E.S.P «afiliado al Instituto de los
Seguros Sociales desde el día 1° de junio de 1973» [sic].

3.3. Durante el periodo comprendido entre el 1° de abril de 1977 y el 22 de agosto
de 1996 laboró al servicio de la E.S.P. Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica5
y su último cargo fue el de subdirector general de empresa industrial y comercial.

3.4. Mediante la Resolución 8599 de 2005, el ISS le reconoció una pensión de
jubilación en cuantía de $2.509.123, efectiva a partir del 3 de agosto de 2003. Dicha
prestación se liquidó con el 75% del promedio mensual de lo «devengado o cotizado
durante el tiempo que le hacía falta para tener derecho a la pensión, a la fecha de entrada

2 En lo que sigue ISS.
3 En lo sucesivo Colpensiones.
4 Para efectos prácticos se sintetizaron los hechos según loe elementos probatorios allegados.
5 En adelante CORELCA.

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Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

en vigencia del sistema general de pensiones para los entes territoriales» [sic].

3.5. El anterior acto fue confirmado por medio de la Resolución 10447 del 5 de
octubre de 2006, a través de la cual la entidad resolvió el recurso de reposición
interpuesto por el pensionado.

3.6. El pensionado promovió proceso ordinario laboral a fin de que se declarara que
le asistía el «derecho a la jubilación por vejez de que trata la Ley 33 de 1985, con un IBL
de $5.589.720 y bajo tase de 75% por valor de $4.192.290, con causación de primera
mesada a partir del 3 de agosto de 2003 […] porque el IBL solo debió calcularse bajo las
cotizaciones sufragadas por empleadores públicos visibles en el mismo reporte de
cotizaciones del ISS, periodo 1° de abril de 1994 al 22 de agosto de 1996» [sic]. Lo anterior,
pues, a su juicio la entidad para calcular el IBL pensional había tenido en cuenta «las
cotizaciones privadas efectuadas con posterioridad a la desvinculación del servicio público con
CORELCA» [sic].

3.7. El 10 de agosto de 2012, Marcos Hormiga Pérez solicitó al ISS la reliquidación
de su mesada pensional según la tesis de unificación prevista en la sentencia del
«4 de agosto de 2010, expediente No. 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-
09)»; sin embargo, frente a ella se guardó silencio.

3.8. El Juzgado 13 Laboral del Circuito de Barranquilla mediante providencia del 9
de mayo de 2013 condenó a Colpensiones a «reconocer y pagar el reajuste de la
mesada pensional en $790.008.05 a partir del 3 de agosto de 2003, debidamente
indexados» [sic]. Dicha decisión fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla en sentencia del 24 de septiembre de 2013.

3.9. El 6 de marzo de 2015, el pensionado presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo6, en
orden a que se declarara la nulidad parcial de las resoluciones 8599 del 12 de
diciembre de 2005 y 10447 del 5 de octubre de 2006 y total del acto ficto producto
del silencio del ISS frente a la petición presentada el 12 de agosto de 2012.

3.10. A través de la Resolución GNR175455 del 13 de junio de 2015, el ISS dio
cumplimiento a las sentencias proferidas por la jurisdicción ordinaria y reliquidó la
prestación con un «valor de la mesada a 1° de julio de 2015 = $5.459.772.00» [sic].

3.11. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla en
sentencia del 2 de febrero de 2016 declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados y, en consecuencia, ordenó la reliquidación de la pensión reconocida

6 En adelante CPACA.

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en cuantía del 75% de todos los factores salariales devengados en el último año
de servicio, esto es el comprendido del 23 de agosto de 1995 al 22 de agosto de
1996.

3.12. Contra la anterior providencia Colpensiones interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia del
19 de diciembre de 2016 en la que se confirmó la providencia recurrida; «en la
decisión de primera y segunda instancia no hubo mención alguna por parte de los
Despachos Judiciales frente a la posible cosa juzgada o inducción al error del demandante,
al haber iniciado una demanda ante la jurisdicción ordinaria» [sic].

3.13. Por medio de la Resolución GNR 2199 del 05 de enero de 2017, Colpensiones
declaró el total cumplimiento del fallo judicial proferido por el «JUZGADO TRECE
LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA confirmado por el TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA SALA PRIEMRA DE
DECISIÓN LABORAL dentro del proceso con radicado No
08001310501320120044100, aclarando que el retroactivo pensional por reliquidación fue
cancelado mediante proceso ejecutivo desde el 03 de agosto de 2003, arrojando una
valor de mesada para el año 2003 de $3.299.132» [sic].

3.14. Colpensiones, a través de la Resolución SUB260037 del 2 de octubre de 2018,
dio cumplimiento a la providencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito Judicial de Barranquilla confirmada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico y, en consecuencia, reliquidó la pensión con una tasa de reemplazo del
75% sobre el promedio mensual de los factores devengados durante el último año
de servicio , lo cual arrojó una mesada pensional equivalente a la suma de
$9.217.421 para el año 2018 y un retroactivo pensional por valor de $308.176.505.

3.15. Marcos Hormiga Pérez promovió proceso ejecutivo ante el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, bajo radicado No.
08001333300720170031300; autoridad que en auto del 22 de febrero de 2018 libró
mandamiento de pago y el 11 de septiembre de 2018 lo modificó en el sentido de
indicar que el valor del retroactivo de las diferencias pensionales equivale a la suma
de $738.308.378.00, $116.823.181 por concepto de diferencias indexadas,
$196.820.286.00 por intereses moratorios hasta el 1° de mayo de 2017 y
$153.506.804 por intereses moratorios causados hasta el 31 de agosto de 2018.

3.16. En auto del 4 de octubre de 2019, ese despacho judicial liquidó la mesada
pensional con el último año de servicio, en cuantía de $10.959.180 para el año
2009, esto es, la suma de $16.562.633 para el año 2021. Además, con el auto de
28 de febrero de 2020, modificó la liquidación del crédito presentada por la parte
demandante y la aprobó por la suma de $1.417.312.948.

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Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3.17. Con la Resolución SUB63834 del 11 de marzo de 2021, Colpensiones dio
cumplimiento a lo establecido por el Juzgado en el proceso ejecutivo, y reliquidó
nuevamente la pensión de vejez en cuantía de $16.562.633 para el año 2021.

3.18. Colpensiones presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla,
con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
«acceso efectivo a la administración de justicia e igualdad ante la ley, orientados a la
Defensa del patrimonio público y a la protección del principio de sostenibilidad financiera»
[sic].

3.19. Mediante providencias del 19 de agosto de 2021 y del 27 de septiembre de
2021, el Consejo de Estado declaró la improcedencia de la solicitud de tutela7.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 19 de diciembre de 2016, el Tribunal Administrativo del Atlántico
resolvió el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones, en la cual confirmó
la decisión del 2 de febrero de 2016 emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito de Barranquilla que ordenó la reliquidación de la pensión de Marcos
Hormiga Pérez sobre el 75% del promedio de todos los factores salariales
percibidos durante el último año de servicio [23 de agosto de 1995 al 22 de agosto
de 1996], de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985 y
en concordancia con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 20108 proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado. El pago se ordenó desde el 12 de
agosto de 2009, por prescripción.

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos 9:

5.1. Taly como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado,
especialmente la proferida el 4 de agosto de 2010, para el reconocimiento de la
prestación es válido tener en cuenta todos los factores salariales que conformaban
la base de liquidación, de modo que el monto de la pensión se debe establecer con

7 Consejo de Estado, sentencias del 19 de agosto y 27 de septiembre de 2021, expedientes 11001-

03-15-000-2021-03471-00 (01).
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, expediente 25000-23-

25-000-2006-07506-01, M.P. Doctor Victor Hernando Alvarado Ardila.
9 Samai, índice 46, 42_MemorialWeb_Respuesta-08001333100720150011(.pdf) NroActua 46;

https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/adm07bqlla_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx
?id=%2Fpersonal%2Fadm07bqlla%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F
DIGITALIZACION%2F2015%2F08001333300720150011300%2F08001333100720150011300%2
F01PrimeraInstancia%2FC01Principal&viewid=eb703b2a%2De5c5%2D4385%2D82dd%2Dd16e2
cbcc4ab; 46Fallo.pdf.

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el 75 % del promedio de salarios devengados en el último año de servicio bajo el
entendido de que son factores de salario aquellas sumas que percibe el servidor
de manera habitual y periódica como contraprestación directa por sus servicios,
independientemente de la denominación que se les dé.

5.2. Marcos Hormiga Pérez nació el 3 de agosto de 1948 y a la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993, tenía más de 45 años de edad, por tanto, era beneficiario
del régimen de transición previsto en el artículo 36 ibidem, y en consecuencia,
podía acceder al beneficio pensional con los requisitos de la Ley 33 de 1985, esto
es con el 75% de los factores salariales devengados durante el último año de
servicio.

1.2. La causal de revisión invocada

6. La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos10:

6.1. La cuantía del derecho reconocido excede lo debido, al haberse accedido a la
reliquidación de una pensión de vejez con el promedio de lo devengado en el último
año de servicio, evidentemente en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993.

6.2. Lo anterior, porque para el reconocimiento pensional era correcto aplicar la Ley
33 de 1985 respecto de la edad, el tiempo de servicio y el monto; sin embargo, en
cuanto al ingreso base de liquidación la norma aplicable era el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, esto es, el 75 % del promedio de lo devengado durante los 10 años
anteriores al reconocimiento de la pensión o el tiempo que le hiciera falta para
adquirir el derecho, como en efecto lo dispuso el inciso 3 del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, pues este aspecto no estaba sujeto a la transición.

6.3. La Corte Constitucional ha trazado una línea pacífica y clara [C-168 de 1995,
C-258 de 2013, auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, entre otras] respecto de la
manera como se debe liquidar la pensión sometida al régimen de transición, para
lo cual se toma en cuenta lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de
1993, se conservan los requisitos de edad, tiempo de servicio y monto [tasa de
reemplazo] del régimen anterior.

6.4. En ese orden, la sentencia objeto de revisión incurrió en la causal invocada al
proferirse con absoluto desconocimiento de la normativa y los preceptos
jurisprudenciales vigentes para la época y en detrimento de la sostenibilidad

10 Samai, índice 2, 4_ED_RADICADO_220210277(.PDF) NroActua 2.

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financiera del sistema pensional, pues contribuye al aumento de un 222% de la
mesada del causante.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. Marcos Hormiga Pérez se opuso a las pretensiones de la solicitud de revisión y,
por tanto, pidió que se rechazara por improcedente, por las razones que se
expresan a continuación11:

7.1. Nació el 3 de agosto de 1948 y comenzó a laborar con la Electrificadora del
Atlántico desde el 29 de mayo de 1973; posteriormente, entre el 1° de abril de 1977
y el 22 de agosto de 1996 se vinculó con CORELCA, en los cargos de «profesional
especializado, jefe de sección, jefe de división y subdirector general de establecimiento
público y empresa industrial y comercial» [sic].

7.2. Luego de su retiro del servicio como servidor público, continuó su ejercicio
profesional como ingeniero electricista y cotizó «Seguro de IVM del ISS en los ciclos
de cotización comprendidos entre agosto de 1997 y febrero de 2005, acumulando en dicho
periodo 361,5 semanas equivalentes a más de siete (7) años de cotización privada
posterior en calidad de trabajador particular» [sic].

7.3. Comoquiera que «no tenía conocimiento que a su retiro de CORELCA dejó causado
su derecho a la pensión de la Ley 33/85, exigible desde los 55 años» [sic] solo hasta el
año 2005 reclamó al ISS su prestación, esto es «después de cumplir los 55 años de
edad […] lo cual demuestra que no existió conducta indebida» [sic] para el
reconocimiento pensional.

7.4. En el proceso no se encontró acreditada la causal invocada por la recurrente,
pues la sentencia objetada se resolvió con base en el material probatorio allegado
al expediente, en el cual se dio cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos
por los preceptos constitucionales y legales vigentes para la época, además la
cuantía concedida estaba definida por la normativa y la línea jurisprudencial
vigente para el momento de su promulgación.

7.5. Los factores reconocidos en la sentencia objeto de revisión fueron los que en
efecto devengaba en el año inmediatamente anterior al retiro definitivo del servicio
público, en tal caso, es claro que no buscó beneficiarse de una conducta
constitutiva de abuso del derecho o fraude a la ley.

11 Samai, índice 25,
28_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_22_11001032500020210(.pdf)
NroActua 25.

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8. Por medio del auto del 20 de octubre de 202312, el despacho sustanciador vinculó
a Colpensiones como tercera interesada en el proceso.

9. Colpensiones no se opuso a las pretensiones del recurso, en tanto que al estudiar
y analizar la reliquidación de la prestación «encontró que las actuaciones adelantadas
en el proceso violan el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional por
cuanto de antaño existió y existe Sentencias de la línea jurisprudencial de la Honorable
Corte Constitucional, tales son SU 230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017, SU-
023 de 2018 y en especial la Sentencia C-258 de 2013, con ponencia del Dr. José Ignacio
Pretelt Chaijub, sobre la especial interpretación que debía dársele al artículo 36 de la Ley
100 de 1993: ‹del régimen anterior debe respetarse la edad, el tiempo o semanas de
cotización y el monto, EXCEPTUANDO EL IBL›. En tal sentido, se dirá que para la Entidad
se torna obligatorio el reconocimiento y aplicación de la jurisprudencia de la Honorable
Corte Constitucional, como quiera que sus determinaciones resultan ser fuente de derecho
para las autoridades y los particulares cuando a través de sus competencias
constitucionales establecen interpretaciones vinculantes frente a los principios de la Norma
Superior»13 [sic].

1.4. Concepto del Ministerio Público

9.1. El Procurador de Intervención Tercero delegado ante el Consejo de Estado
rindió concepto en el que solicitó declarar infundado el recurso de revisión,
comoquiera que Marcos Hormiga Pérez era beneficiario de la transición de la Ley
100 de 1993, y las providencias objeto de revisión fueron proferidas con
fundamento en la Ley 33 de 1985 y la tesis jurisprudencial vigente14.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

10. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA15.

12 Samai, índice 30.
13 Samai, índice 36; 35_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 36.
14 Samai, índice 26;
29_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 26.
15 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias

ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.

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Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

11. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
201916, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

12. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

13. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 30 de
enero de 201717 y la presente acción fue radicada el 2 de julio de 202118, lo que
permite concluir que se presentó oportunamente.

2.3. Los problemas jurídicos

14. Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿la cuantía del derecho reconocido a
Marcos Hormiga Pérez excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse
accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuraron los
supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer
de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala].
16 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
17 Samai, índice 46, 42_MemorialWeb_Respuesta-08001333100720150011(.pdf) NroActua 46;

https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/adm07bqlla_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx
?id=%2Fpersonal%2Fadm07bqlla%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F
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F01PrimeraInstancia%2FC01Principal&viewid=eb703b2a%2De5c5%2D4385%2D82dd%2Dd16e2
cbcc4ab; 53Oficio.pdf.
18 Samai, índices 1 y 3.

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2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2019 de la Ley 797 de 200320 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias.

16. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

17. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal
de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen21.

18. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de

19 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de

fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión
por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para
este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
20 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
21 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.

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2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes22:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación
de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley,
o en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

19. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»23.

22 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio

de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.
23 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,

radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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20. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se
eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»24.

2.4.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen
de transición de la Ley 33 de 1985

21. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los « empleados oficiales», es
decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes
acumularan 20 años de servicios y contaran con 55 años de edad, podrían acceder
a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año
de servicios.

22. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado
por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los
siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones
de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

23. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes
términos:

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial,
podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad
de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el
Gobierno.

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.

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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00420-00 (2027-2021)
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(…)

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad a la presente Ley» [Resalta la Sala].

24. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales
que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicios prestados de
manera continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las
normas que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no
completarlos, tendrían que acumular los 20 años de servicios y contar con 55 años
de edad para acceder a la pensión.

25. En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 es el Decreto Ley
3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En
consecuencia, esta corporación ha acudido a las disposiciones contenidas en la
Ley 6.a de 194525, que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así
como a las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «[a] pesar de que la
Ley 33 de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, […] en este aspecto se debe
aplicar también el régimen anterior, porque resulta más favorable al demandante»26; este
último exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es mujer»27.

26. Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 2020 28, esta corporación29
señaló que si el servidor es de orden nacional se aplicará el Decreto Ley 3135 de
1968 y si es de orden territorial se acudiría a la Ley 6. a de 1945, ello en cuanto a
la edad de jubilación. Así se indicó:

«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 194530 se aplicó para efectos de las prestaciones
sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así como a los
servidores públicos del nivel territorial […].

[…]

El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual
se dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008,
radicado 25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010,

radicación: 25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales
27 Artículo 27.
28 Expediente 47001-23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017).
29 En igual sentido puede verse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia

del 24 de marzo de 2022, expediente 11001-03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
30 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones

profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo».

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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00420-00 (2027-2021)
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sector público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de
jubilación que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y
tuviera 55 años de edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley
33 consagró un régimen de transición consistente en que los empleados oficiales que
a la fecha de su entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince
(15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las
disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente
ley» (se destaca), que para el caso de los servidores públicos del orden nacional
era el Decreto 3135 de 1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945»
(Se resalta).

27. Ahora bien, se advierte que ni la Ley 6.ª de 1945 ni el Decreto 3135 de 1968
previeron los factores a tenerse en cuenta para efectos de determinar la base de
liquidación de la pensión de jubilación, por esto, la jurisprudencia de la corporación
acudió a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior
y de carácter general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al
momento de liquidar las pensiones. Así se señaló entre otras, en las sentencias
del 19 de noviembre de 200931 y del 16 de diciembre de 200932, en las que se
indicó lo siguiente:

«[…] El artículo 1º, parágrafo 2, ibidem, estableció un régimen de transición consistente
en que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la fecha de
expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del régimen anterior de
pensiones contenido en la Ley 6 de 1945 […]
Encontrándose demostrado que el régimen pensional aplicable al actor es el
contemplado en la Ley 6 de 1945, para efectos de determinar la base de liquidación de
la pensión de jubilación se acudirá a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, norma posterior de carácter general que determina los factores salariales que
deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación
[…]
Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como principio
general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de
hacerlo así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su naturaleza
se pueden tomar para poder establecer la base de liquidación […]
Es del caso aclarar que por encontrase el actor dentro del régimen de transición de la
Ley 33 de 1985 la liquidación de la pensión debe realizarse conforme a lo dispuesto en
el Decreto 1045 de 1978, por ser la norma anterior aplicable pues aplicar dos normas
legales diferentes para efectos del reconocimiento y liquidación de una misma pensión,
como lo hizo el A quo, implicaría la violación del principio de “inescindibilidad de la ley”
que prohíbe la aplicación parcial de las normas legales. […]» (Se subraya)

28. El anterior antecedente evidencia que en relación con el IBL de las pensiones
reconocidas por virtud de los regímenes de transición, la jurisprudencia del
Consejo de Estado fue pacífica en considerar que se debían «garantizar los
principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y

31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009,

radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:

250002325000200200474 01(1754-06).

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favorabilidad en materia laboral», y que, en consecuencia, «la Ley 33 de 1985 no indica
en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional,
sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros
conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de
servicios»33.

2.5. Caso concreto

29. En torno a la causal de revisión del literal b) de la norma en que se funda la
acción, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió la
decisión objeto de revisión con sustento en la posición jurisprudencial de la Sección
Segunda del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010 34 según la cual, la
expresión «monto», contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, comprendía
«aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como
contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que
se les dé».

30. Al respecto, la entidad recurrente sostiene que la Corte Constitucional de tiempo
atrás ha fijado reglas según las cuales el IBL no hace parte del régimen de
transición. En efecto, dicha regla fue decantada por la Corte Constitucional a partir
del año 2013 con la sentencia C-258 de manera específica para el caso de las
pensiones de los congresistas y altos dignatarios del Estado.

31. Empero, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional realizaron
interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL
aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto, la
Sala considera que la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, proferida
el 19 de diciembre de 2016, no fue caprichosa y, por el contrario, respetó los
derroteros jurisprudenciales que para la época había trazado el Consejo de Estado
como máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo y órgano de cierre de la
jurisdicción.

32. Lo anterior es así, toda vez que para concluir que el IBL también hacía parte
del régimen de transición se fundamentó en la referida sentencia del 4 de agosto
de 2010 que señaló que «cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir
a la normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer ninguno de los
aspectos inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho», especialmente,
cuando ello resulta más favorable para el beneficiario de la prestación; de manera

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 25000-23-

25-000-2006-07509-01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia de 4 de agosto de 2010, radicado 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09).

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que fue respetuosa de la tesis jurisprudencial que había decantado la Sección
Segunda del Consejo de Estado para la época.

33. En efecto, el criterio del Consejo de Estado solo se modificó con la expedición
de la sentencia de unificación del año 2018, por lo que es claro que para la época
en que se expidió la sentencia recurrida, la posición era que las pensiones de los
servidores públicos debían liquidarse teniendo en cuenta todos los factores
constitutivos de salario, bajo la consideración de que la aplicación del régimen de
transición debía respetar el principio de la inescindibilidad de la norma.

34. Ahora bien, el Tribunal Administrativo del Atlántico confirmó la decisión de
primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Barranquilla que declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó la
reliquidación de la pensión de Marcos Hormiga Pérez, con la inclusión de los
factores devengados en el último año de servicio, «atendiendo de manera integral»
las disposiciones previstas en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985. En relación con
lo anterior, igualmente se advierte que el Tribunal siguió la línea jurisprudencial
fijada en la aludida sentencia del 4 de agosto de 2010, que en lo particular dispuso:

«De acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en
materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos,
normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba
a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales
que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están
simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por
el trabajador durante el último año de prestación de servicios.

[…]

Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices
jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores
públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es
decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como
contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que
se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica,
dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación
por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios,
entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba
el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a
título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del
servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el
trabajador se puede ver enfrentando». [Negrillas del original].

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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00420-00 (2027-2021)
Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

35. En virtud de lo anterior, se encuentra que en el expediente obran las
certificaciones de factores salariales expedidas el 18 de enero de 200535 y el 11 de
octubre de 201636 por la gerente de recursos humanos de CORELCA y por la
subdirectora de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía,
respectivamente, según las cuales Marcos Hormiga Pérez devengó en el último
año de servicio [1995 a 1996] los siguientes factores: i) sueldo básico; ii) primas
técnica, de vacaciones, de servicios ; iii) vacaciones; iv) bonificación por servicios
prestados; v) auxilios de medicinas; y vi) viáticos.

36. Ahora bien, la Sala encuentra acreditado que:

36.1. Marcos Hormiga Pérez nació el 3 de agosto de 194837.

36.2. Desde el 29 de mayo de 1973 hasta el 30 de agosto de 1975, prestó sus
servicios a la Electrificadora del Atlántico SA., E.S.P «afiliado al Instituto de los
Seguros Sociales desde el día 1° de junio de 1973»38 [sic].

36.3. Entre el 1° de abril de 1977 y el 22 de agosto de 1996, laboró en CORELCA,
así39:

Desde Hasta Cargos desempeñados
1° de abril de 1977 12 de junio de 1979 -. Profesional especializado IV-31, división construcciones
-. Profesional especializado V-25, sección subestaciones
-. Profesional especializado 3010-09, sección subestaciones
16 de enero de 1981 22 de agosto de 1996 -. Jefe sección 2075-09, sección ejecución y control división
proyecto Sierra Nevada40
-. Jefe división de operación 2040-14, Dirección Regional
proyecto Alto Sinú41
-. Jefe división de construcciones 2040-14, Subdirección
Técnica42
-. Subdirector General de Establecimiento Público 0040-05,

35 Samai, índice 25,

28_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_22_11001032500020210(.pdf)
NroActua 25; folios 44 al 61.
36.Samai, índice 46, 42_MemorialWeb_Respuesta-08001333100720150011(.pdf) NroActua 46;

https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/adm07bqlla_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx
?id=%2Fpersonal%2Fadm07bqlla%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F
DIGITALIZACION%2F2015%2F08001333300720150011300%2F08001333100720150011300%2
F01PrimeraInstancia%2FC01Principal&viewid=eb703b2a%2De5c5%2D4385%2D82dd%2Dd16e2
cbcc4ab; 01Demanda.pdf; folios 50 y 51.
37 Samai, índice 25,

28_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_22_11001032500020210(.pdf)
NroActua 25; folios 34 y 35.
38 Ibidem, folio 142.
39 Ibidem, folio 63.
40 Ibidem, folios 64 y 65.
41 Ibidem, folios 66 al 73.
42 Ibidem, folios 74 al 77.

17

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00420-00 (2027-2021)
Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Subdirección Técnica, Dirección General43
-. Subdirector General de Empresa Industrial y Comercial
0040-20, Subdirección Técnica, Dirección General44

36.4. Mediante la Resolución 8599 de 2005, el ISS le reconoció una pensión de
jubilación en cuantía de $2.509.123, efectiva a partir del 3 de agosto de 2003. Dicha
prestación se liquidó con el 75% del promedio mensual de lo «devengado o cotizado
durante el tiempo que le hacía falta para tener derecho a la pensión, a la fecha de entrada
en vigencia del sistema general de pensiones para los entes territoriales»45 [sic].

36.4.1. El acto de reconocimiento pensional tuvo en cuenta el tiempo de servicio a
favor CORELCA y por el laborado en la Electrificadora del Atlántico, por lo que
«solicit[ó] el cobro de la correspondiente cuota parte del bono pensional con el cual se
financiar[ía] la prestación» [sic].

36.4.2. Los tiempos cotizados como trabajador del sector privado no se tuvieron en
cuenta porque «la norma aplicable exige para acceder a la prestación acreditar 20 años
de servicio público» [sic].

36.5. A través de la Resolución 10447 del 5 de octubre de 2006, al resolver el
recurso de reposición interpuesto por el pensionado, el ISS confirmó la anterior
decisión porque la liquidación de la prestación se realizó según lo previsto por el
inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 199346.

36.6. Por medio de la Resolución GNR175455 del 13 de junio de 201547, el ISS dio
cumplimiento a las sentencias del 9 de mayo de 2013 y 24 de septiembre de 2013,
proferidas por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Barranquilla y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y, en consecuencia, reliquidó la
mesada pensional en cuantía de $5.459.772.

36.7. Con la Resolución GNR 2199 del 5 de enero de 201748, Colpensiones declaró

43 Ibidem, folios 78 al 87.
44 Ibidem, folios 88 al 91.
45 Samai, índice 46, 42_MemorialWeb_Respuesta-08001333100720150011(.pdf) NroActua 46;

https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/adm07bqlla_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx
?id=%2Fpersonal%2Fadm07bqlla%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F
DIGITALIZACION%2F2015%2F08001333300720150011300%2F08001333100720150011300%2
F01PrimeraInstancia%2FC01Principal&viewid=eb703b2a%2De5c5%2D4385%2D82dd%2Dd16e2
cbcc4ab; 01Demanda.pdf; folios 21 al 26.
46 Ibidem, folios 27 al 32.
47 Samai, índice 2, 2_ED_MARCOSHORMIGAPEREZ(.ZIP) NroActua 2; MARCOS HORMIGA

PEREZ; 8. 7- GNR 175155 DEL 16 DE JUNIO DE 2015.pdf.
48 De acuerdo con la motivación de la Resolución SUB 260037 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2018,

visible en Samai, índice 2, 2_ED_MARCOSHORMIGAPEREZ(.ZIP) NroActua 2; MARCOS
HORMIGA PEREZ; 8. SUB 260037 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2018.pdf.

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Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

el total cumplimiento del fallo judicial proferido por el «JUZGADO TRECE LABORAL
DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA confirmado por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA SALA PRIEMRA DE DECISIÓN LABORAL
dentro del proceso con radicado No 08001310501320120044100, aclarando que el
retroactivo pensional por reliquidación fue cancelado mediante proceso ejecutivo desde el
03 de agosto de 2003, arrojando una valor de mesada para el año 2003 de $3.299.132»
[sic].

36.8. Colpensiones, mediante Resolución SUB260037 del 2 de octubre de 201849,
dio cumplimiento a la providencia proferida objeto de revisión y reliquidó la pensión
de vejez y, por ende, el monto de la mesada pensional aumentó a $9.217.421 para
el año 2018 y un retroactivo pensional por valor de $308.176.505.

36.9. Con la Resolución SUB63834 del 11 de marzo de 2021 50, Colpensiones dio
cumplimiento a lo establecido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Judicial de Barranquilla en el proceso ejecutivo promovido por Marcos Hormiga
Pérez, y reliquidó nuevamente la pensión de vejez en cuantía de $16.562.633 para
el año 2021.

37. Adicionalmente, se encuentra acreditado que durante más de 20 años laboró
en la Electrificadora del Atlántico SA., E.S.P y en CORELCA, el último cargo
ocupado fue el de subdirector general de Empresa Industrial y Comercial 0040-20,
Subdirección Técnica, Dirección General en CORELCA, sin que sea posible
establecer que dicho ascenso no correspondiera a su trayectoria laboral, pues los
cargos ocupados guardan relación con su desarrollo profesional.

38. Así las cosas, la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, sobre la pensión reconocida a Marcos
Hormiga Pérez, no evidencia un incremento desproporcionado o que no guarde
relación con su trayectoria laboral.

39. En consecuencia, la liquidación de la pensión de Marcos Hormiga Pérez no
excedió lo debido de acuerdo con la ley, pues se demostró que i) era beneficiario
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda
vez que nació el 3 de agosto de 1948; ii) completó más de 20 años de servicio; y
iii) durante el último año percibió los factores respecto de los cuales se ordenó la
reliquidación de la pensión.

49 Ibidem; 8. SUB 260037 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2018.pdf .
50 Ibidem, 11. SUB 63843 11 DE MARZO DE 2021.pdf.

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Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

40. Asimismo, valga precisar que en la sentencia del 28 de agosto de 2018 51 la
Sala Plena del Consejo de Estado precisó que las referidas reglas de unificación
serían obligatorias para los casos en discusión en sede administrativa y judicial,
por lo que resultan inmodificables aquellas decisiones que han hecho tránsito a
cosa juzgada, en garantía del principio de seguridad jurídica, pues «[n]o puede
entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones
que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en
la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del
derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso
extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo
esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal
invocada».

40.1. En este punto, la Sala no pasa por alto que en los fundamentos fácticos de la
solicitud de revisión el Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que «en
la decisión de primera y segunda instancia no hubo mención alguna por parte de los
Despachos Judiciales frente a la posible cosa juzgada o inducción al error del demandante,
al haber iniciado una demanda ante la jurisdicción ordinaria» [sic]; argumento que si bien
está dirigido a la configuración de la cosa juzgada, lo cierto es que, en el término
de oportunidad, pudo ser invocado en la causal 8 del artículo 250 del CPACA que
dispone:

«Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión:

(…)

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes
del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el
segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».

41. Enese sentido, la causal invocada no resulta idónea respecto de los
argumentos expuestos en el escrito de la acción de revisión y el derecho subjetivo
reconocido en la sentencia revisada.

42. Con todo, la Sala encuentra pertinente precisar que el principio de la cosa
juzgada no tiene carácter absoluto, pues en su camino se encuentra el debido
proceso sustantivo o la justicia material, en el cual pueden converger hechos y
conductas que una vez consolidados desvirtúan la oponibilidad de una decisión
que ya cobró firmeza, situación para la cual se ha dispuesto la posibilidad de
invalidarla y así revivir un proceso ya fenecido, con el único fin de evitar la
prevalencia de una injusticia, todo esto mediante la acción de revisión.

51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018,

expediente 52001 23 33 000 2012 00143 01 (IJ).

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Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

43. Asimismo, ese mecanismo excepcional permite que la sentencia ejecutoriada u
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, sean objeto de enmienda con ocasión de alguna ilicitud, con el fin de
restituir el derecho al afectado y, de paso, evitar un grave perjuicio patrimonial al
erario, a través de una nueva providencia que resulte acorde con el ordenamiento
jurídico.

44. Sin embargo, lo anterior no debe entenderse como un recurso o una tercera
instancia que implique la oportunidad de reabrir debates ya concluidos en las
etapas procesales instituidas para ello, en ese orden, el legislador fijó derroteros
de procedencia de ese mecanismo excepcional de manera taxativa denominados
causales, con el fin de evitar escenarios de interpretación que den lugar a la
discrecionalidad del juzgador para encuadrar o aproximarse al marco de alguna de
ellas previstas en el ordenamiento, lo cual resulta razonable debido al alcance de
la acción, esto es, infirmar providencias amparadas por el principio de cosa
juzgada52.

45. Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia del 19 de diciembre de
2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico no incurrió en la causal
de revisión prevista en el literal b) de la Ley 797 de 2003 y, por lo tanto, se declarará
infundada la acción de revisión interpuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

2.6. Costas

46. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se
dispondrá sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto.

3. Conclusión

47. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de la causal invocada, esto es, la señalada en el literal b) del artículo
20 de la ley 797 de 2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre

52 Sobre el particular la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación se ha expresado en

ese sentido en varias oportunidades, entre las cuales se citan las sentencias del 6 de mayo de 2021
en el proceso con radicación 11001032500020180074800 (2720-2018), expediente 70001-23-33-
000-2013-00065-01 (1908-2014) y sentencia de 17 de mayo de 2018 con radicación 11001-03-25-
000-2014-00665-00(2074-14). Por su parte la Corte Constitucional se ha pronunciado en igual
sentido en las sentencias C-520 de 2009 y C-871 de 2003.

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Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico el 19 de diciembre de 2016, por las razones expuestas
en la parte motiva de la providencia.

Segundo. No condenar en costas.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DMGT

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