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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00450-00

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00450-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declárese infundada la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP (antes CAJANAL EICE), contra la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Villavicencio el 28 de junio de 2013, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 5000013331006201100403 00. Segundo: Sin condena en costas. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al despacho de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción de revisión de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00450-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

3 de noviembre de 2022

Radicado: 110010325000202100450 00 (2165-2021)
Demandante: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de noviembre dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 110010325000202100450 00 (2165-2021)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Demandado: MYRIAM CASTAÑEDA

Temas: Causal de revisión literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Pensión de sobrevivientes - Aplicación retrospectiva de la ley.

SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-xxx-2022

ASUNTO

La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la UGPP con el fin de que se
infirme la sentencia del 28 de junio de 2013 proferida por el Juzgado Sexto
Administrativo de Descongestión de Villavicencio dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la señora Myriam Castañeda, bajo el
radicado 5000013331006201100403 00.

ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO

La señora Myriam Castañeda, por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción
consagrada en el artículo 85 del CCA, demandó1 la nulidad de la Resolución PAP
025106 del 11 de noviembre de 2010, mediante la cual la Caja Nacional de Previsión
Social EICE en Liquidación negó el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
que se condene a la demandada a: i) reconocer una pensión de sobrevivientes en
calidad de compañera permanente del señor Luis Antonio Alarcón, a partir del 18 de
marzo de 1991, sumas debidamente indexadas; ii) pagar las mesadas adicionales,
causadas desde la fecha descrita en el numeral anterior; iii) reajustar las mesadas

1 Folios 1 a 16 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
500012333000201600395.
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Demandante: UGPP

pensionales en los términos previstos en el Decreto 758 de 1990 y demás normas
concordantes; iv) pagar los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley
100 de 1993; v) cancelar las costas procesales según lo previsto en el artículo 171 del
CCA y vi) cumplir la sentencia conforme lo dispone el artículo 176 ibidem.

Fundamentos fácticos

En síntesis, se presentaron los siguientes:

1. El señor Luis Antonio Alarcón nació el 27 de marzo de 1946 y prestó sus
servicios en las siguientes entidades:

Entidad Periodo Días laborados Semanas
Del 1/10/1965 al
Ministerio de Defensa 720 102
30/09/1967
Del 1/03/1968 al
Policía Nacional 1741 248
1/1/1973
1del 1/07/1973 al
DAS 423 60
3/09/1974
Del 1/06/1975 al
DAS 900 128
30/11/1977
Departamento del Del 4/12/1974 al
121 17
Meta 4/04/1975
Del 10/06/1978 al
ISS 204 29
30/12/1978
Del 9/03/1988 al
ISS 175 25
30/08/1988
Del 1/09/1988 al
ISS 183 26
31/01/1989
Del 5/12/1989 al
ISS 31 4
4/1/1990
Del 21/08/1990 al
DIAN 207 29
17/03/1991
Total 4705 672

2. El señor Luis Antonio Alarcón contrajo matrimonio con la señora Myriam
Castañeda el 24 de enero de 1970, con quien convivió hasta el momento de su deceso.
De dicha unión nacieron tres hijos, Ángela Constanza Alarcón Castañeda, Sonia
Alarcón Castañeda y Luis Edwin Alarcón Castañeda, actualmente todos mayores de
25 años y sin ninguna invalidez.

3. El señor Luis Antonio Alarcón falleció el 17 de marzo de 1991, por enfermedad
común.

4. Mediante Resolución PAP 025106 del 11 de noviembre de 2010, la Caja
Nacional de Previsión Social en Liquidación denegó el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes en favor de la señora Myriam Castañeda.

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Demandante: UGPP

Como disposiciones vulneradas, adujo que el acto acusado desconoce los artículos 1,
2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución Política; así como el
Decreto 758 de 1990 y la Ley 100 de 1993.

Como concepto de violación, aseguró que el acto demandado desconoció los
principios de igualdad, favorabilidad y retrospectividad de la ley. Así como las
sentencias del 11 de abril de 20022 y 14 de agosto de 20093 proferidas por el Consejo
de Estado y las providencias C-461 de 1995 y C-444 de 1997 emitidas por la Corte
Constitucional.

Explicó que, tal como lo ha sostenido el Consejo de Estado, en virtud del principio de
retrospectividad de la ley, una normativa en materia pensional podrá aplicarse a
situaciones acaecidas con anterioridad a su expedición y vigencia, pero sus efectos
serán a partir de este último momento. Bajo esa misma línea argumentativa, expuso
que la demandante tiene derecho a que se reconozca la pensión de sobrevivientes en
aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto 758 de 1990, habida cuenta
de que su cónyuge, el señor Luis Antonio Alarcón, acreditó más de 670 semanas de
cotización antes de su deceso.

Finalmente, pidió que de no acoger aquella, se dé aplicación a las disposiciones
contenidas en la Ley 100 de 1993.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA4

La Caja Nacional de Previsión Social ECIE en Liquidación presentó escrito en el que
se opuso a las pretensiones de la demanda. Aseveró que la demandante no tiene
derecho a que se reconozca pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge
supérstite del señor Luis Antonio Alarcón, comoquiera que no se cumple con uno de
los requisitos previstos en la Ley 33 de 19735, a saber, 20 años de servicio, dado que,
para el 17 de marzo de 1991, fecha del deceso, aquel solo acreditó 13 años, 1 mes y
16 días de labor.

Propuso las siguientes excepciones:

• «INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y COBRO DE LO NO DEBIDO»: Afirmó
que no existe a cargo de la entidad obligación alguna en favor de la señora Myriam
Castañeda toda vez que se dio aplicación a la normativa que rige el sub lite.

«PRESCRIPCIÓN»: Solicitó que, en caso de acceder a las pretensiones de la
demandante, se declare la prescripción de las sumas no reclamadas dentro de los 3
años anteriores, como lo prevé el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, en
concordancia con los artículos 151 del Código de Procedimiento del Trabajo y 488 del

2 Sección Segunda, Subsección A, radicado: 3106-00, Actor: Fabio José Liévano Liévano.
3 Sección Segunda, Subsección A, radicado: 2249-08. Actor: Gisela Ayola Toro. Demandado Policía

Nacional.
4 Folios 62 a 64 del cuad. ppal. parte 1 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
5 Así se señala expresamente en la contestación de la demanda.

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Demandante: UGPP

Código Sustantivo del Trabajo, así como la jurisprudencia que sobre el asunto ha
desarrollado la Corte Suprema de Justicia6.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN7

El Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Villavicencio, mediante
sentencia del 28 de junio de 2013, resolvió: i) declarar la nulidad de la Resolución
025106 del 11 de noviembre del 2010; ii) ordenar a la Caja Nacional de Previsión Social
EICE en Liquidación reconocer y pagar en favor de la señora Myriam Castañeda una
pensión de sobrevivientes, en calidad de cónyuge supérstite del señor Luis Antonio
Alarcón, a partir del 1 de abril de 1994, en la cuantía señalada por el artículo 48 de la
Ley 100 de 1993; iii) declarar prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 18
de octubre de 2003 y iv) negar las demás pretensiones de la demanda.

Inicialmente, consideró que los argumentos en que se funda la denominada
«INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y COBRO DE LO NO DEBIDO» no constituyen
un medio exceptivo pues están dirigidos a atacar la pretensión de la demanda, por lo
que su análisis corresponderá al fondo del asunto. De igual forma, estimó que el
fenómeno de la prescripción sería estudiado una vez se haya determinado la
existencia o no del derecho.

Seguidamente, citó el contenido del artículo 25 del Decreto 758 de 1990, así como la
sentencia del 21 de junio de 2011, emitida por la Corte Suprema de Justicia, para
concluir que, contrario a lo pedido por la demandante, aquella normativa solo resulta
aplicable a quienes hubiesen efectuado cotizaciones únicamente al ISS, condición con
la que no cumple el señor Luis Antonio Alarcón, ya que al momento del deceso se
encontraba vinculado laboralmente en el sector oficial, particularmente, al servicio de
la DIAN. Ello significa que las cotizaciones para pensión se realizaron en CAJANAL
EICE.

Luego, en relación con la aplicación de la Ley 100 de 1993, consideró que, si bien el
señor Luis Antonio Alarcón falleció el 17 de marzo de 1991, lo cierto es que, en virtud
de los principios de equidad, proporcionalidad y retrospectividad, desarrollados por el
Consejo de Estado, en sentencia del 11 de abril de 20028, y la Corte Constitucional,
en sentencia T-515 del 6 de julio de 20129, es razonable aplicar el contenido de la
referida norma para efectos de acceder a la pensión de sobrevivientes que se reclama.

De conformidad con lo anterior, una vez analizadas las probanzas obrantes en el
dossier de cara con los requisitos previstos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993,
encontró que el causante cumplió con las 26 semanas de cotización que se le exigen
al afiliado al momento de la muerte para que sus beneficiarios puedan acceder a la
pensión de sobrevivientes. Indicó que el trabajador laboró para diferentes entidades
públicas, con lo que acumuló 9 años, 4 meses y 1 día de servicios. Así mismo que
durante el último año, anterior a su fallecimiento, en calidad de celador de la Dirección

6 Citó la sentencia de febrero de 2004, radicado: 21231.
7 Folios 108 a 130 del cuad. ppal. parte 1 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
8 Sección Segunda, Subsección A, expediente: 3106-00.
9 Expediente: 3393270.

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de Impuestos y Aduanas Nacionales, cotizó para pensión durante 205 días, lo que
equivale a 29.28 semanas. De igual forma, halló acreditado que la señora Myriam
Castañeda es la cónyuge supérstite del señor Luis Antonio Alarcón, pues contrajeron
matrimonio el 20 de enero de 1970.

En consecuencia, ordenó reconocer la pensión de sobrevivientes a partir del 1 de abril
de 1994, fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, en el monto
previsto en el artículo 48, inciso 2 de la misma normativa.

Finalmente, declaró prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 18 de octubre
de 2003, teniendo en cuenta que la petición se radicó el 18 de octubre de 2006.

La entidad demandada interpuso recurso de apelación en contra de la anterior
decisión. Sin embargo, el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de
Villavicencio, a través de auto del 21 de marzo de 201410, lo declaró desierto de
conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 640 de 2001, adicionado por el
artículo 70 de la Ley 1395 de 2010.

LA ACCIÓN DE REVISIÓN11

La UGPP presentó acción de revisión de la providencia que ordenó el pago de sumas
periódicas a cargo del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que trata el artículo
20 de la Ley 797 de 2003 literales a.) y b.) de la Ley 797 de 2003 que disponen: «a)
Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», y «b.) Cuando
la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:

1. «Revocar» la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de
Descongestión de Villavicencio, el 28 de junio de 2013, mediante la cual se reconoció
pensión de sobrevivientes en favor de la señora Myriam Castañeda, dentro del proceso
ordinario instaurado en contra de la extinta Caja Nacional de Previsión Social EICE,
bajo el radicado: 5000013331006201100403 00.

2. Declarar que a la señora Myriam Castañeda no le asiste el derecho a que se
reconozca la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite del señor
Luis Antonio Alarcón, toda vez que este no acreditó los requisitos que para el efecto
exige la Ley 33 de 1985, a saber, los 20 años de servicio.

3. Declarar la nulidad de la Resolución RDP 032510 del 27 de octubre de 2014,
mediante la cual la UGPP dio cumplimiento a la decisión judicial referida en el numeral
primero.

10 F. 227 del cuad. ppal. parte 1 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
11 Ff. 152 a 161 del cuad. ppal. La demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo del Meta,

quien la tramitó, sin embargo, el Consejo de Estado, en auto del 18 de junio de 2021, declaró la falta de
competencia del Tribunal, la nulidad del fallo emitido y asumió la competencia. Véase índice 3 de SAMAI
del proceso 500012333000201600395
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4. Condenar a la señora Myriam Castañeda a reintegrar, en favor de la UGPP,
todas las sumas que le fueron pagadas, debidamente indexadas.

5. Condenar en costas a la demandada.

A continuación, estimó que la decisión adoptada en la sentencia objeto de revisión
contraría los artículos 13, 30, 48, 53, 83, 95 y 128 de la Constitución Política; 1 de la
Ley 33 de 1985; 13 de la Ley 797 de 2003 y 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.

En sustento de lo anterior, argumentó que la señora Myriam Castañeda no tiene
derecho a que se le reconozca pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge
supérstite del señor Luis Antonio Alarcón, comoquiera que, para el 17 de marzo de
1991, fecha de su deceso, no contaba con el tiempo de servicio requerido para causar
la referida prestación, pues revisados los documentos obrantes en el expediente
administrativo solo están acreditados 10 años, 2 meses y 28 días de labor. Explicó que
de acuerdo con la normativa que rige el derecho pensional, a saber, las Leyes 12 de
1975 y 33 de 1985, el trabajador debe acreditar 20 años de servicio para que sus
beneficiarios puedan acceder a la pensión de forma vitalicia.

En su criterio, contrario a lo expuesto por el Juzgado, no es posible aplicar en el sub
lite las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993, habida cuenta de que esta
normativa no había sido expedida para el momento en que falleció el trabajador. Con
respecto a este razonamiento, citó la sentencia de unificación del 25 de abril de 2013
proferida por el Consejo de Estado, dentro de la cual se sostuvo que el derecho a la
pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del pensionado.
Denotó que, si bien es cierto, en virtud del principio de favorabilidad es aplicable el
régimen general en lugar de la norma especial que rige el caso, lo cierto es que aquel
debe estar vigente al momento del deceso.

CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN12

Dentro del término, la señora Myriam Castañeda, mediante apoderado, contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones. Al respecto, explicó que, la decisión del 28
de junio de 2013 adoptada por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de
Villavicencio fue emitida con observancia de la Constitución y la jurisprudencia que,
sobre la aplicación retrospectiva de la ley, desarrolló para la época tanto el Consejo de
Estado como la Corte Constitucional13.

Propuso las siguientes excepciones:

• «IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN»: Aseveró que los
argumentos expuestos en la acción de revisión no se ajustan a ninguna de las
causales taxativamente enlistadas en el CPACA.

Más adelante, indicó que, en gracia de discusión, verificados los literales a) y b)
de la Ley 797 de 2003, tampoco hay lugar a considerar que estos se configuran

12 Folios 170 a 179 cuad. ppal.
13 Para el efecto cito la sentencia T-564 de 2015.

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en el sub examine, habida cuenta de que en el proceso ordinario se
garantizaron los derechos al debido proceso, contradicción y defensa de las
partes. Igualmente, se dio aplicación a la Ley 100 de 1993 a partir de su
vigencia. En otras palabras, en virtud del principio de retrospectividad de la ley,
y teniendo en consideración que el fallecimiento del causante acaeció en 1991,
el juez ordenó el reconocimiento pensional a partir del 1 de abril de 1994, fecha
de entrada en vigor de aquella, y con efectos fiscales desde el 18 de octubre de
2003, por prescripción trienal.

• «COBRO DE LO NO DEBIDO»: Sobre el punto explicó que, de ser el caso, no
habría lugar a devolver las sumas pagadas a la señora Myriam Castañeda,
comoquiera que la pensión de sobrevivientes fue reconocida a través de
sentencia judicial y bajo los presupuestos constitucionales de la buena fe.

• «COSA JUZGADA»: Consideró que en el asunto se configuran los elementos de
la cosa juzgada, pues existe identidad de partes, causa y objeto. Resaltó que el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes ya fue analizado por parte del
Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Villavicencio, a través de la
sentencia que se pretende revisar.

De igual forma, señaló que, si bien la entidad promovió recurso de apelación en
contra de la decisión emitida por el juzgado, lo cierto es que, aquel fue declarado
desierto. En ese sentido, estimó que no puede pretender subsanar con la
demanda de revisión la falta de interposición del recurso de alzada, donde
hubiere podido manifestar sus inconformidades con el fallo adoptado.

CONSIDERACIONES

Competencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala,
en el inciso segundo del artículo 249, que de los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.14.

Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver el recurso formulado es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 15.

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, dispone:

14 «Artículo 249. Competencia.

(…)
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
15 Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.

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Demandante: UGPP

«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública
la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial. […]» (Se subraya)

De acuerdo con lo anterior, se advierte que la norma en cita no restringe la posibilidad
de revisar las sentencias de única, primera o segunda instancia en las que se
reconozcan sumas periódicas o pensiones, con cargo al erario. En otras palabras,
pueden ser objeto de revisión las providencias judiciales que hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de esta naturaleza
la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones indistintamente de la
instancia en que fueron proferidas, comoquiera que la ley de forma expresa le atribuyó
su conocimiento, al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia, según las
materias sometidas a su competencia.

En consecuencia, esta Subsección es competente para conocer de la acción de
revisión formulada por la UGPP contra la sentencia proferida el 28 de junio de 2013
por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Villavicencio 16.

Legitimación

Sobre la legitimación de la UGPP para promover la revisión de providencias judiciales
que hayan ordenado reconocer pensiones, la Corte Constitucional en la sentencia SU-
427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido
de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad
asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.»

En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado a través de sus Salas
Especiales de Decisión17, admitió expresamente que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

16 sentencias proferidas por juzgados administrativos, para el efecto puede consultarse:

Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de mayo de 2021, radicación:
11001-03-25-000-2014-01347-00 (4377-2014), demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de junio de 2021, radicación:
11001-03-25-000-2017-00264-00 (1310-2017), demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Si bien la Ley 2080 de 2020 en el artículo 68, radicó la competencia de estos asuntos en los Tribunales
Administrativos, lo cierto es que el presente proceso ingresó antes de la entrada en vigor de aquella
normativa.
17 Ibidem.

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Radicado: 110010325000202100450 00 (2165-2021)
Demandante: UGPP

está habilitada para adelantar esta clase de procesos, criterio ratificado por esta
Subsección18.

Es de anotar que de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP
se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados
a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las
entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento
de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación,
como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.

La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009.
Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren
en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que
estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese
organismo. En el sub lite, ello se traduce en que la UGPP adquirió la calidad de parte
demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la
Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso
de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. Adicionalmente, el
Decreto 575 de 2013, art. 6, núm. 6, le atribuyó a la UGPP la competencia para iniciar
acciones de esta naturaleza.

De acuerdo con lo anterior, la UGPP se encuentra legitimada para la formulación de la
acción de revisión.

Oportunidad de la acción de revisión

Con el fin de analizar si la demanda fue interpuesta oportunamente, se debe tener en
cuenta que la sentencia del 28 de junio de 2013, proferida por el Juzgado Sexto
Administrativo de Descongestión de Villavicencio, se notificó mediante edicto que se
desfijó el 15 de julio de 201319 y quedó ejecutoriada el día 18 de los mismos mes y
año. Así pues, teniendo en cuenta que la acción de revisión se presentó con
fundamento en las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, que,
respecto de ellas, el artículo 251 del CPACA establece un término de cinco años para
su interposición, es claro que al haberse radicado la demanda el 8 de junio de 201620,
la entidad se encontraba dentro del término legal.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 20 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2012-00443-00(1818-12),
demandante Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación.
19 Folios 133 cuad, ppal. parte 1 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
20 Se precisa que la demanda inicialmente fue radicada en el Tribunal Administrativo del Meta (f. 163

del cuad. ppal.) y mediante providencia del 18 de julio de 2016 se remitió al Consejo de Estado (f. 165
a 166 del cuad. Ppal).
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Demandante: UGPP

Cuestión previa

Cosa Juzgada

Teniendo en consideración que la demandada estima que se configuró la cosa juzgada
porque en el presente asunto existe identidad de partes, causa y objeto, y
adicionalmente, porque no se interpuso recurso de apelación en contra de la decisión
objeto de revisión, el análisis de esta se dividirá en dos, a fin de examinar cada uno de
los argumentos.

Al respecto, debe precisarse que la finalidad de la acción especial de revisión es
precisamente invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que se encuentra
ejecutoriada21 y persigue el restablecimiento del criterio de justicia material y la
supremacía de las garantías procesales, cuando éstas han sido lesionadas en una
decisión judicial que fue afectada por situaciones que no pudieron ser contempladas
en el decurso procesal. Es un medio impugnativo que afecta el principio de la
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al
principio de la cosa juzgada22, entendido éste como fundamento esencial del
ordenamiento jurídico y garantía del debido proceso.

Por lo expuesto, la acción de revisión contra la sentencia del 28 de junio de 2013
proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Villavicencio es
procedente, pues la naturaleza misma del proceso comporta que se dirija contra
sentencias ejecutoriadas, de las que se predica la cosa juzgada.

Por otra parte, en lo relativo a la falta de interposición del recurso de apelación, es
preciso recordar, que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que pueden ser
objeto de revisión las providencias judiciales que hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondo de similar naturaleza la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones, sin delimitar si ello se
refiere solo a las sentencias de única, primera o segunda instancia, y, si para su
interposición es necesario que se hayan agotado los recursos ordinarios contra la
decisión de la cual se pretende su revisión. Por lo tanto, es pertinente hacer una lectura
armónica de esta normativa y el artículo 248 del CPACA, que prevé:

«El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas
dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los
jueces administrativos.»

21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. 15 de

marzo de 2018. Radicación: 1001-03-25-000-2014-00862-00. Interno: 2668-2014. Recurrente: Horacio
Chala. Demandado.
22 La cosa juzgada es una institución jurídico procesal en virtud de la cual las decisiones contenidas en

una sentencia y otras providencias judiciales tienen el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas,
ello con la finalidad de lograr la terminación definitiva de controversias, en aras de buscar la seguridad
jurídica. En términos de esta corporación es un fenómeno jurídico de «[…] carácter imperativo e
inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza, lo cual implica de suyo la imposibilidad de volver
sobre asuntos ya juzgados, para introducir en ellos variaciones o modificaciones mediante la adopción
de una nueva providencia […]». Consejo De Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda, Subsección A, treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número:
25000-23-25-000-2010-01147-01(1365-14).
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Demandante: UGPP

De acuerdo con lo anterior, es plausible concluir, en primer lugar, que la demanda
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos y, en segundo, que no es una
condición para su procedencia que se interpongan los recursos ordinarios,
particularmente, en lo relativo al recurso previsto por el artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

Sobre este último punto, la Corte Constitucional en sentencia C-520 de 200923, al
estudiar la constitucionalidad del artículo 185 del Código Contencioso Administrativo,
que si bien no es la norma que en materia sustancial rige el presente caso, lo cierto es
que, el análisis efectuado con respecto a ella es aplicable al artículo 248 de la Ley
1437 de 2011, en cuanto ambas disposiciones guardan identidad, aseveró que no
resulta compatible «con el derecho a la igualdad y al acceso a la justicia, que se exija la
interposición de un recurso de apelación como condición procesal para acceder al recurso
extraordinario de revisión. Dada la naturaleza de las causales del recurso extraordinario, la
mayoría referidas a hechos no conocidos al momento en que se dicta la sentencia, no resulta
jurídicamente viable sujetar el ejercicio de recursos extraordinarios al uso de los de naturaleza
ordinaria».

En estos términos, y teniendo en cuenta que tal exigencia no se encuentra prevista en
las Leyes 797 de 2003 y 1437 de 2011, para la revisión de providencias que imponen
el pago de prestaciones periódicas a cargo del Erario o de entidades de naturaleza
pública no es posible para el juez incluirla so pena de entorpecer el acceso a la
administración de justicia, vulnerar el derecho al debido proceso y desconocer la
finalidad de este mecanismo extraordinario, que no es otra que buscar la verdad
material y proteger el Tesoro.

De conformidad con las anteriores razones, la Sala advierte que el hecho de no
interponer el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 28 de junio de 2013
por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Villavicencio, no impide a la
parte interesada solicitar posteriormente la revisión de tal providencia, en tanto el
agotamiento de los recursos ordinarios no es requisito indispensable para la procedencia
de la acción de revisión.

Acción especial de revisión de sentencias sobre pensiones

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 200324 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado

23 Sentencia del 4 de agosto de 2009.
24 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
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o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»25

Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:

• Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación26.

• Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones27.

• Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira28.

• De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes a la liquidación de aquellas,

25 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-

835 de 2003.
26 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
27 Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4,

sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
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cuando se liquidaron en un valor mayor al que corresponde o se reconocieron
con vulneración del debido proceso o de la ley.

• Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia29.

Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:

¿Se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 en la sentencia del 28 de junio de 2013, proferida por el Juzgado
Sexto Administrativo de Descongestión de Villavicencio, en cuanto ordenó reconocer
una pensión de sobrevivientes en favor de la señora Myriam Castañeda, en calidad de
cónyuge supérstite del señor Luis Antonio Alarcón, de conformidad con la Ley 100 de
1993, en aplicación del principio de retrospectividad?

Para resolver el anterior cuestionamiento se abordarán los siguientes temas: i) la
causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; ii)
la causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003;
iii) regímenes pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993, reconocimiento de la
pensión «por muerte del afiliado»; iv) régimen general de pensiones, Ley 100 de 1993,
pensión de sobrevivientes; v) posiciones jurisprudenciales sobre la aplicación
retrospectiva de la ley en materia pensional; y vi) verificación de las causales alegadas.

La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales consagradas
para el recurso extraordinario de revisión, también procede «Cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso».

Sobre el debido proceso es importante indicar que está consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental que está constituido
por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien
sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para
proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de
la justicia30. Algunas de las garantías del debido proceso son31:

«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo;

(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de

29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25,

sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
30 Ver: Sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
31 Sentencia C-341 de 2014.

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acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división
del trabajo establecida por la Constitución y la ley;

(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas
las demás personas que intervienen en el proceso;

(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones
injustificadas o inexplicables;

(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar
justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo y

(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones
o influencias ilícitas.»

Adicionalmente, deben tenerse presente otros aspectos que han sido integrados por
la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias
judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina
alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales32, que, de encontrarse probadas, llevan a la
conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez
del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias33 que hacen la decisión
incompatible con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales
conceptos cuando se estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia. Por
ello, son ineludibles al momento de evaluar la configuración de la causal prevista por
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Reconocimiento de la Pensión «por muerte del afiliado»

Régimen general de los empleados públicos antes de la expedición de la Ley 100 de
1993

En relación con la sustitución pensional los artículos 36 y 39 del Decreto 3135 de
196834, así como 80 y 92 del Decreto 1848 de 196935 determinaron la posibilidad de
trasmitir la pensión de jubilación en favor de los beneficiarios del causante,
únicamente, en dos eventos, a saber: i) cuando fallece el empleado público en goce

32 Ver las sentencias:

Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018.
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión n.º 19, sentencia del 31 de mayo de 2021, radicación:
11001031500020200309200, demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, demandado: Gerardo Jesús Quirama Solórzano.
33 Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de 2015.
34 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se

regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales»
35 «Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968»

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de pensión y ii) cuando el empleado público muere con derecho a pensión sin que en
efecto se haya efectuado el reconocimiento.

Más adelante, con la expedición de la Ley 33 de 197336, se señaló que para que
procediera la sustitución pensional, el trabajador particular o el empleado o trabajador
del Sector Público, debía estar pensionado o al momento de su fallecimiento tener el
derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez. Textualmente señaló:

«Artículo 1°. Fallecido el particular pensionado o con derecho a pensión de
jubilación, invalidez o vejez, o un empleado o trabajador del sector público, sea
este oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la
respectiva pensión en forma vitalicia. […]
Parágrafo 2°. A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, o tengan
derecho causado a disfrutar, de los cinco (5) años de sustitución de la pensión, les
queda prorrogado su derecho dentro de los términos de esta Ley.»

Posteriormente, la Ley 12 de 197537 exigió que el trabajador o empleado haya
completado el tiempo de servicio, de manera que, si fallecía antes de cumplir la edad
cronológica para tener derecho a la pensión de jubilación, había lugar a la sustitución
pensional.

De acuerdo con lo anterior, es razonable inferir que, si bien es cierto, en principio el
derecho a la sustitución pensional solo surgía para los beneficiarios de un empleado
público cuando a la fecha de su fallecimiento éste había perfeccionado o consolidado
completamente el derecho jubilatorio, también lo es que aquel derecho se extendió
para los casos en los que el empleado público hubiese logrado el tiempo de servicios
sin reunir o completar la edad pensional; ello con el fin de amparar el derecho de la
familia del trabajador, que por la contingencia de muerte no logró consolidar
plenamente su derecho pensional.

Régimen general de pensiones – Ley 100 de 1993, pensión de
sobrevivientes

La Constitución Política de 1991, en su artículo 48 determinó que la Seguridad Social es
un servicio público de carácter obligatorio y un derecho irrenunciable, de tal manera que,
por la estructura de este derecho, es el Estado el obligado a dirigir, coordinar y controlar
su efectiva ejecución. Ciertamente, la pensión de sobreviviente se enmarca dentro del
derecho a la seguridad social y tiene como finalidad primordial, la de satisfacer la
necesidad de subsistencia económica que persiste para quien sustituye a la persona
que disfrutaba de una pensión o tenía derecho a su reconocimiento, una vez producido
el fallecimiento de ésta, en razón a la desprotección que se genera por ésa misma
causa.

Por su parte, la Ley 100 de 1993, la cual derogó tácitamente38 la Ley 12 de 1975, previó
que la referida prestación se obtiene no solamente en el caso del fallecimiento del

36 «Por el cual se transforman en vitalicia las pensiones de las viudas»
37 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación»
38 Corte Constitucional, sentencia C-328 de 2001.

“Derogación de la norma acusada y estudio de los cargos del demandante.

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pensionado sino también en el evento en que el causante que fallezca hubiera cotizado
al sistema por lo menos veintiséis (26) semanas, en ese momento, o habiendo dejado
de cotizar, efectuara aportes por veintiséis (26) semanas del año inmediatamente
anterior (art. 46)39.

Aplicación retrospectiva de la ley en materia pensional

• Criterio del Consejo de Estado

El Consejo de Estado, diversas ocasiones, otorgó efectos retrospectivos a normas
pensionales con sustento en el principio de favorabilidad. Ciertamente, en la sentencia
del 10 de septiembre de 199240, se tuvieron como referentes jurisprudenciales los
pronunciamientos de «24 de septiembre de 1951» y de «julio 16 de 1980» que acudieron
a razones de justicia y de equidad.

Mediante sentencia del 11 de abril de 200241, la Subsección A de la Sección Segunda
reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la
Ley 100 de 1993, pese a que el fallecimiento había ocurrido en enero de 1994, bajo el
argumento de que «es necesario acudir al sentido común y no solo al texto frío de la ley
encontrando una solución cimentada en principios de equidad y proporcionalidad, de los que
se apartaría una decisión judicial que niegue el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes a quien ha aportado al sistema de seguridad social durante más de 7 años y la
concede a quien demuestra aportes por 26 semanas, con el argumento simple de la entrada
en vigencia de la pensión de sobrevivientes».

2- La norma acusada hace parte de la Ley 113 de 1985, que adiciona la Ley 12 de 1975, que regula
ciertos aspectos de la llamada pensión de sobrevivientes. Ahora bien, la Ley 100 de 1993, que es norma
posterior, creó el sistema general de seguridad general, y en su libro primero establece el régimen
general de pensiones. Específicamente, ese libro primero regula integralmente la pensión de
sobrevivientes, tanto en el régimen de prima media (artículos 46 y ss.) como en el de ahorro individual
(arts. 73 y ss.). Así, las normas sobre el régimen de prima media señalan al respecto:
Por su parte, los artículos 73 y ss. de la misma Ley 100 de 1993 regulan la pensión de sobrevivientes
en el régimen de ahorro individual y tienen un contenido normativo similar. Estamos pues ante una
regulación integral y sistemática de una materia, que es posterior a la norma acusada. Ahora bien,
conforme a la teoría jurídica, y como lo ilustra al respecto el artículo 3º de la ley 153 de 1887, se entiende
que esa regulación sistemática posterior de un tema deroga tácitamente las normas precedentes sobre
la materia, salvo que las normas previas establezcan regímenes especiales. Así, el artículo 3º de la ley
153 de 1887 dice que se estima "insubsistente una disposición legal por declaración expresa del
legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva
que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería" (subrayas no originales).
La Corte Suprema de Justicia, en su momento, y esta Corte Constitucional han reconocido, en
numerosas ocasiones, ese efecto derogatorio de la ley posterior que regula integralmente un tema. Así,
la Corte Suprema -Sala Plena-en múltiples pronunciamientos reiteró que el ejercicio de la facultad
legislativa consistente en expedir códigos, estatutos orgánicos o regímenes legales integrales implica la
derogación de las normas incorporadas a éstos para integrar un solo cuerpo normativo, tesis que ha
sido plenamente aceptada por esta Corte Constitucional.
Ahora bien, en este caso, la norma previa acusada no consagra ningún régimen especial, por lo cual
debe entenderse derogada por el sistema integral posterior de la Ley 100 de 1993, tal y como lo ha
entendido esta Corte. Es pues claro que el artículo impugnado fue derogado. El interrogante que surge
entonces es si esa derogación implica que la Corte deba inhibirse de conocer los cargos de la
demanda.”.
39 Disposición vigente antes de la modificación que introdujo el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.
40 Sala Plena de lo Contenciosos Administrativo, sentencia del 10 de septiembre de 1992, radicación:

S-182.
41 Sección Segunda, Subsección A, radicación: 25000-23-25-000-1999-6571-01 (3106-00), actor: Fabio

José Lievano, demandado: CAJANAL
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Dicho criterio fue reproducido en proveídos del 29 de abril de 201042, 1 de noviembre
de 201243 y 7 de febrero de 201344, dentro de los cuales se optó por reconocer una
pensión de sobrevivientes de conformidad con la Ley 100 de 1993, en aplicación de
los principios de retrospectividad y favorabilidad. Entonces, aunque en esos asuntos
el deceso fue anterior a la entrada en vigor del sistema general de seguridad social, lo
cierto es que, hasta ese momento se había admitido la posibilidad de que a los
beneficiarios de un régimen especial le fueran aplicables las disposiciones de
naturaleza general, en tanto estas últimas pueden resultar más favorables a sus
pretensiones.

La anterior postura se mantuvo hasta que la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en providencia del 25 de abril de 201345, la modificó. En esta sentencia consideró que
la ley que resulta aplicable es la que se encuentre vigente al momento en que se
estructura el derecho, esto es, en el caso de la pensión de sobreviviente, en la fecha
en la que se produjo el fallecimiento del afiliado o pensionado. Textualmente, señaló
lo siguiente:

«[…] Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación
retroactiva de la Ley 100 de 1993, pues considera que le es benéfica y favorece
sus pretensiones; no obstante, los derechos prestacionales derivados de la muerte
del señor Reyes se consolidaron a la luz de las normas vigentes al momento de su
fallecimiento, lo que lleva a afirmar que no es viable la aplicación de la ley que se
pretende, toda vez que ello iría en contravía del principio de irretroactividad de la
ley, derivado de la Ley 153 de 1887.

La ley sustancial, por lo general, tiene la virtud de entrar a regir las situaciones que
se produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se encuentran consolidadas y,
solo por excepción, rigen de manera retroactiva; sin embargo, para que ello ocurra,
el contenido de la ley debe precisar lo pertinente, lo que no sucede en el caso de
la Ley 100 de 1993, pues al tenor de lo dispuesto en su artículo 151 empezó a regir
a partir del 1.º de abril de 1994.

42 Sección Segunda, Subsección A, radicado: 250002325000200700832 01 (0548-09), actor: Eulalia

Guerrero vda de Orjuela, demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. 12 de 1975,
pese a que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970, bajo el argumento de que en «virtud del
principio de favorabilidad se admite la aplicación retrospectiva de la Ley, tal como lo ha sostenido esta
Corporación […] por cuanto la Ley nueva si puede regular ciertas situaciones o hechos jurídicos que
aun cuando han acaecido bajo la vigencia de una Ley, no tuvieron la virtud de obtener su consolidación
de manera definitiva como derecho bajo la Ley antigua […]».
43 Radicación 13001-23-31-000-2005-02358-01 (0682-11). Se reconoció una pensión de sobrevivientes

con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, a pesar de que el deceso del causante
se produjo el 20 de febrero de 1991. En esta oportunidad el doctor Gerardo Arenas Monsalve salvó el
voto en los siguientes términos: «Nótese además, desde el punto de vista práctico, el complejo problema
que surge con la tesis mayoritaria que no se comparte, de aplicar el régimen general de la Ley 100 de
1993 a situaciones que se resolvieron plenamente antes de su vigencia. Como se trata de pensiones, y
éstas no tienen término de prescripción, todos los derechos pensionales de sobrevivientes, resueltos en
su momento aplicando válidamente la legislación anterior, resultan ahora sorpresivamente litigiosos, es
decir, susceptibles de discusión judicial, así el fallecimiento del causante se haya producido en vigencia
de esa legislación anterior, y así se hayan reconocido los derechos derivados del régimen anterior. El
principio constitucional de la sostenibilidad financiera, establecido en la Carta desde el Acto Legislativo
No. 1 de 2005 queda en entredicho, con una extensión tan amplia y generalizada de la aplicación del
régimen general».
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 7 de febrero de 2013, radicado 050012331000200801384 01 (0998-2012). El agente de
la Policía falleció el 24 de diciembre de 1992. Se aplicó la Ley 100 de 1993 por considerarla más
favorable que el régimen especial del que era beneficiario el causante.
45 Sección Segunda, radicación: 76001 23 31 000 2007 01611 01 (1605-09), actor: María Emilsen

Larrahondo Molina
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Demandante: UGPP

En las anteriores condiciones, la demandante no tiene derecho a acceder al
derecho pensional consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda
vez que los derechos prestacionales causados con la muerte de su cónyuge se
consolidaron en vigencia de la normatividad anterior46, la que exigía el requisito de
tener 15 o más años de servicio activo y, como no cumplió ese requisito, no era
viable su reconocimiento. […]».

De acuerdo con lo anterior, a partir de la sentencia del 25 de abril de 2013 se consideró
que no es procedente aplicar la Ley 100 de 1993 a situaciones que se consolidaron
antes de la entrada en vigor de esa norma, en virtud del principio de favorabilidad,
pues debe tenerse en cuenta la disposición normativa vigente en el momento de los
hechos que dieron origen a la consolidación del derecho pensional. Sin embargo,
también se emitieron pronunciamientos que continuaron con la tesis anterior, los
cuales se pueden verificar en las sentencias de 22 de agosto de 201347 y de 3 de
marzo de 201548.

• Criterio de la Corte Constitucional

Por su parte, la Corte Constitucional, en relación con la retrospectividad de la ley, en
sentencias, T-891 de 201149, T-072 de 201250, T-587A de 201251 y T-515 de 201252
consideró que es posible aplicar la Ley 100 de 1993 a situaciones de hecho que, si
bien tuvieron lugar con anterioridad a su entrada en vigor, nunca vieron definitivamente
consolidada la situación jurídica que de ellas se deriva, pues sus efectos siguieron
vigentes o no encontraron mecanismo alguno que permitiera su resolución en forma
definitiva. En la sentencia T-073 de 201553, estimó que se configuró un defecto fáctico
en una providencia que denegó la pensión de sobrevivientes, con sustento en la
sentencia del 25 de abril de 2013 anteriormente citada.

Hasta este punto se observa que, si bien en principio las normas jurídicas solo tienen
aplicabilidad a situaciones que tuvieron lugar con posterioridad a su vigor, ello no
presenta impedimento alguno para que, en los casos en los que la situación jurídica
no se ha consolidado o, sus efectos siguen surtiéndose, una nueva norma pueda entrar
a regular y a modificar situaciones surtidas con anterioridad a su vigencia.

En efecto, la Corte consideró que, sin desconocer el texto claro de las normas legales,
deberá optarse, en situaciones en que se pida el reconocimiento pensional con
fundamento en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, por la posición que
más se adapte a la norma superior y garantice la tutela efectiva de los derechos

46 Artículo 120 del Decreto 2063 de 1984.
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de agosto de 2013, radicación:

88001-23-31-000-2012-00002-01(1756-12).
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicación número: 05001-23-33-000-2012-

00772-01(0328-14).
49 En este caso el causante falleció en septiembre de 1986 y cotizó 18.5 años a Cajanal, como empleado

público.
50 En este caso el causante falleció el 9 de enero de 1992 y había cotizado a Cajanal por 19 años.
51 En este caso el causante falleció el 22 de octubre de 1988 y había laborado cotizado en el sector

público 924,29 semanas y también tenía cotizaciones al ISS por un total de 92,9 semanas.
52 En este caso la causante falleció en 1988 y había cotizado 902 semanas.
53 En el expediente T-4.551.950, el causante falleció el 3 de enero de 1986, había cotizado menos de

los 15 años previstos por la norma que en principio le era aplicable, esto es, el artículo 120 del Decreto
1063 de 1989. Se destaca que, en este asunto, la Corte no solo invocó el principio de favorabilidad para
aplicar el régimen general de pensiones sobre el especial, sino que lo hizo en forma retrospectiva.
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fundamentales de quien reclama el derecho pensional. En criterio de dicha
corporación, esta interpretación se acompasa en mayor medida con los principios
constitucionales contenidos en el artículo 53 de la Constitución, como lo es el de
favorabilidad.

Ciertamente, a través de sentencia T-564 de 2015, el máximo tribunal constitucional
estimó viable mantener su posición sobre la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de
1993 pero delimitada bajo unos presupuestos específicos. Textualmente señaló:

«[…] La Constitución Política, entendida como el mecanismo jurídico/político a
través del cual se consolida en la práctica el pacto social entre los habitantes del
territorio nacional, adquiere o sustenta su legitimación en la garantía de los
llamados “fines esenciales del Estado” (compilados en el artículo 2 superior) y entre
los que, concretamente, se encuentran: (i) el garantizar la efectividad de los
derechos consagrados en la Carta y (ii) mantener la vigencia de un orden social
justo. De ahí que esta Corporación ha entendido que es a partir de la efectiva
materialización y garantía de dichos elementos fundamentales que permiten la
cohesión social, que se justifica la existencia misma del Estado en su modalidad
“social de derecho”.

En este sentido, dentro del especial modelo de Estado que nos circunscribe, con
respecto al cual se ha aceptado que la función judicial ha adquirido una especial
relevancia como “portadora de la visión institucional del interés general” y, en
específico, de la responsabilidad de garantizar la eficacia de los Derechos
Fundamentales (entendidos como presupuestos de la existencia y vigencia del
pacto social), estima la Sala inadmisible que, ante pervivencia de situaciones
diáfanamente desproporcionadas, irrazonables e injustas, sea posible que el juez
constitucional se encuentre en la obligación de dar primacía a la formalidad en las
leyes y a principios de seguridad jurídica, sobre el efectivo reconocimiento y
garantía de los derechos.

Por lo anterior, si bien, en principio, la aplicación retrospectiva de la normatividad
que consagra el instituto de la pensión de sobrevivientes no resultaría aplicable a
la luz de una interpretación que, como se dijo con anterioridad, es razonable, por
tratarse de una situación que podría ser interpretada como consolidada
jurídicamente con la muerte del afiliado; es necesario entender que dicha situación
no ha encontrado una resolución definitiva y, por ello, es posible entrar a dar
aplicación retrospectiva de la Carta Política actual con el objetivo de que sea
posible hacer frente a los efectos inconstitucionales que tienen lugar en la
actualidad como producto de la falta de determinación jurídica de dicha situación.

De ahí que, tras un estudio de las consecuencias jurídicas que se derivan del no
reconocimiento del derecho pensional reclamado, se tiene que, a la luz de la
concepción actual de los principios de dignidad humana, justicia material,
solidaridad, igualdad, proporcionalidad, razonabilidad y los fines esenciales del
Estado, así como de los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo
vital y vida en condiciones dignas, resulta necesario concluir que nos enfrentamos
a un evidente déficit de protección que requiere de la inmediata intervención del
Estado y justifica que se entienda como no consolidada la situación jurídica de
estas personas; de forma que quienes constituyen este especial sector de la
población puedan ser sujetos de la aplicación retrospectiva del ordenamiento
jurídico actual y, así, se permita el surgimiento de este derecho pensional en
cabeza del núcleo familiar del afiliado.

Considera la Corte que, en los eventos en los cuales (i) el afiliado falleció, habiendo
cotizado una elevada cantidad de años al sistema (como los que ha tratado hasta
ahora la jurisprudencia), (ii) sin que haya configurado derecho pensional alguno
que le sea posible sustituir y (iii) sin que al momento de su muerte haya estado

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vigente la figura de la pensión de sobrevivientes, es mandatorio concluir que su
situación jurídica no se ha consolidado jurídicamente y, por ello, resulta admisible
la aplicación retrospectiva del ordenamiento jurídico actual en lo relacionado con
la figura de la pensión de sobrevivientes. Ello, como producto del (1) anormal vacío
regulatorio que existía en relación con una institución que permitiera mitigar los
efectos del acaecimiento de esta especial contingencia; (2) el desproporcionado e
irrazonable estado de desprotección en el que, como producto de dicho vacío, se
encuentran inmersos; y (3) la ausencia de resolución definitiva del conflicto.

Lo anterior, con el objetivo de que el déficit de protección proveniente de la
inexistencia de la figura de la pensión de sobrevivientes, no se constituya en una
barrera infranqueable que impida la materialización del derecho a la seguridad
social y, en la práctica, haga etéreo o, incluso quimérico, el ejercicio de los demás
derechos subjetivos de quienes, a la luz del ordenamiento jurídico vigente en el
momento de la muerte del afiliado, no tendrían derecho a prestación alguna. […]».

Precisamente, en la sentencia T-116 de 2016, la Corte realizó un nuevo análisis de la
materia y luego de poner de presente los precedentes que admitieron la aplicación
retrospectiva de normas pensionales, concluyó:

«[…] del anterior recuento jurisprudencial esta Corporación concluye que le
corresponde al operador jurídico verificar en cada caso (i) si la aplicación de la ley
preconstitucional de seguridad social en concreto es una carga desproporcionada,
y de ser así, (ii) proceder a implicarla o flexibilizar su interpretación con el fin de
superar situaciones de graves afectaciones de derechos fundamentales, como
ocurre con las solicitudes de sustituciones pensionales de cónyuges de
trabajadores que prestaron sus servicios al Estado por más de 15 años.[…]».

De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional definió un nuevo margen de
aplicación retrospectiva de la norma pensional. En consecuencia, para dicha
corporación, procede la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, siempre que se
cumplan los siguientes presupuestos, a saber, que: i) el afiliado falleció, habiendo
cotizado una elevada cantidad de años al sistema (mínimo 15 años); ii) no se haya
configurado derecho pensional alguno que le sea posible sustituir y iii) que al momento
de su muerte no haya estado vigente la figura de la pensión de sobrevivientes. De
cumplirse con ello resultará imperativo concluir que la situación jurídica del peticionario
no se ha consolidado jurídicamente y, por ello resulta admisible la aplicación
retrospectiva del ordenamiento jurídico actual en lo relacionado con la figura de la
pensión de sobrevivientes.

En la sentencia T-525 de 2017, reiteró la posición jurisprudencial sobre la aplicación
retrospectiva de la Ley 100 de 1993 y puso de presente que la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado también se emitió la sentencia del 22 de
agosto de 2013.

Es de anotar que, posteriormente, la Corte continuó admitiendo la aplicación
retrospectiva de la Ley 100 de 1993, en casos en los que el deceso fue anterior a la
Constitución Política de 1991 y al sistema general de seguridad social. Es así como en
la sentencia T-155 de 2018 precisó que no se había consolidado la situación de la
beneficiaria de la prestación por muerte del afiliado porque i) para la fecha del deceso,
no existía la prestación reclamada y ii) el hecho que configura la prestación continuaba
produciendo efectos, en la medida en que no se había podido definir el derecho de la
beneficiaria, debido a la desprotección jurídica a la que había sido sometida.

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Más recientemente, en la sentencia T-017 de 2022, se hicieron importantes precisiones
en relación con los pronunciamientos ya identificados. En efecto, por una parte, reiteró
la posición adoptada por la jurisprudencia constitucional y, por otra, indicó que con
posterioridad a la del 25 de abril de 201354 de la Sección Segunda las sentencias de 22
de agosto de 201355 y de 3 de marzo de 201556 adoptaron una tesis distinta, situación
que fue abordada de la siguiente forma:

«[…] es importante retomar lo atinente a la sentencia expedida el 25 de abril de
2013, para recordar que cualquier cambio en el precedente judicial o constitucional
debe tener en cuenta las reglas que se expusieron en la parte considerativa de este
fallo, con base en la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional. Como son:

i) La prohibición de que exista un cambio de jurisprudencia arbitrario. El mismo
debe obedecer a cambios relevantes desde el punto de vista de los presupuestos
jurídicos y sociales existentes. Debe estar suficientemente argumentado y
evidenciarse el análisis de ponderación de los distintos bienes jurídicos
comprometidos.

ii) En caso de imprecisión o contradicción del precedente judicial aplicable, le
corresponde al órgano judicial competente aclarar y unificar su propia
jurisprudencia.

iii) En los casos antes mencionados es un deber de las autoridades públicas y
judiciales evidenciar las distintas posturas y argumentar la mejor manera de aplicar
los mismos y optar por la que mejor realice las reglas, los principios, los valores
constitucionales, las normas legales. Incluida la interpretación judicial de los
órganos de cierre. A juicio de la Sala, los fallos expedidos con posterioridad a la
sentencia del 25 de abril de 2013, evidencian que no hay una postura uniforme al
interior de la Sección Segunda del Consejo de Estado y que hay otros criterios
hermenéuticos que pueden aplicarse en virtud del principio de favorabilidad,
igualdad, justicia y equidad, a partir de una robusta línea jurisprudencial que se ha
construido desde el año de 1951.

Sumado a que esta Corporación ha expedido fallos recientes donde accede a la
aplicación retrospectiva de la ley en materia pensional, con base en principios y
valores constitucionales como el de favorabilidad e igualdad.

Ahora bien, la institución jurídica del precedente jurisprudencial como se anotó en
la parte considerativa, no implica que el derecho ni la interpretación del mismo
quede petrificado. Con todo, los cambios jurisprudenciales no pueden ser abruptos
ni sorpresivos, ni afectar gravemente derechos fundamentales sin brindar

54 Respecto de esta sentencia la corte valoró que no es una sentencia de unificación sino de
rectificación, textualmente sostuvo: « Ahora bien, es importante precisar que la sentencia del 25 de abril
de 2013, en la cual se funda la negativa de las autoridades judiciales a reconocer la pensión de
sobrevivientes con base en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, no es una sentencia de unificación sino
de rectificación, que se refiere específicamente a dos fallos expedidos por la Sección Segunda el 29 de
abril de 2010 y el 1.° de noviembre de 2012.»
55 No se indican más datos, trae la siguiente cita: «(…) acogiendo la reiterada jurisprudencia de la

Sección Segunda de esta Corporación y de la Corte Constitucional, tanto la Sra. LUZ MARINA
HOWARD SALGUEDO y su menor hijo GEORGE ERICK PEÑAFIEL HOWARD, tienen derecho a gozar
de la pensión de sobrevivientes en virtud de la aplicación retrospectiva de la ley general de seguridad
social, así el agente Peñafiel al momento de su muerte no contara con 15 años de servicio y aún no
estuviere vigente el régimen pensional de la Ley 100; teniendo en cuenta que el tiempo que llevaba
vinculado a la institución y cotizando evidencia, que con creces contaba con más de las 26 semanas
exigidas en el artículo 46 de la citada ley (…)»
56 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Radicación: 05001-23-33-000-2012-00772-

01(0328-14).
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Demandante: UGPP

argumentos sólidos que den cuenta de las razones con base en las cuales se
produce dicha transformación interpretativa o porque esta emerge como la mejor.»

Por último, la sentencia en cita consideró que el atender la providencia del 25 de 2013
de la Sección Segunda, de manera inflexible, y dejar de aplicar los criterios expuestos
por la Corte Constitucional, desconoce los principios constitucionales de seguridad
jurídica, confianza legítima y buena fe, además, desconoce el precedente contenido
en la sentencia T-525 de 2017.

Verificación de la causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003

En el expediente se encuentra acreditado que el señor Luis Antonio Alarcón prestó sus
servicios así:

Entidad Período Tiempo
Ministerio de Defensa, 1 de octubre de 1965 al 30
2 años
Ejercito Nacional57 de septiembre de 1967
1 de marzo de 1968 al 1 de
Policía Nacional58 4 años, 10 meses y 1 día
enero de 1973
1 de julio de 1973 al 3 de
septiembre de 1974
DAS59 3 años, 8 meses y 3 días
1 de junio de 1975 al 30 de
noviembre de 1977
Administración de
21 de agosto de 1990 al 17
Impuestos Nacionales de 6 meses y 27 días
de marzo de 1991
Villavicencio60

De igual forma, obran cotizaciones al ISS61, por los siguientes tiempos:

Entidad Periodo Tiempo
MORA HERMANOS CIA 10 de junio al 30 de
6 meses y 21 días
LTDA diciembre de 1978
9 de marzo al 30 de agosto
MONTECZ LIMITADA 5 meses y 22 días
de 1988
2 de agosto de 1988 al 31
OTACC LTDA 6 meses
de enero de 1989
5 de diciembre de 1989 al 4
CNSRC MOTECZ LTA 30 días
de enero de 1990

57 Como se observa del certificado de información laboral emitido por el Ministerio de Defensa obrante

en el folio 63 del anexo 1.
58 Como se advierte en la certificación emitida por el jefe del Grupo de Archivo General de la Policía

Nacional obrante en el folio 65 del anexo 1.
59 Como se advierte de la certificación expedida por el coordinador del Grupo de Administración de

Personal del DAS, obrante en el folio 66 del anexo 1.
60 Tal como consta en la certificación del 23 de diciembre de 1991 expedida por el jefe de la División

Administrativa de la Administración Local del Meta, de la Unidad Administrativa Especial Dirección
General de Impuestos, obrante en el 11 del anexo 1.
61 Como consta en la certificación de los periodos de afiliación obrante en el folio 70 del anexo 1.

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El 20 de enero de 1970 el trabajador contrajo matrimonio con la señora Myriam
Castañeda62. De dicha unión nacieron tres hijos, a saber, Luis Edwin Alarcón
Castañeda63, Ángela Constanza Alarcón Castañeda64 y Sonia Alarcón Castañeda65.
Posteriormente, el 17 de marzo de 1991 falleció66.

Por medio de la Resolución 22614 del 20 de abril de 1993, la Caja Nacional de
Previsión Social reconoció en favor de la cónyuge e hijos el pago de un seguro por
muerte67.

A través de Resolución PAP025106 del 11 de noviembre de 2010 el liquidador de la
Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación, negó el reconocimiento y pago
de una pensión de sobrevivientes, con ocasión del fallecimiento del señor Luis Antonio
Alarcón68.

Mediante sentencia del 28 de junio de 2013, el Juzgado Sexto Administrativo de
Descongestión de Villavicencio ordenó reconocer en favor de la señora Myriam
Castañeda pensión de sobrevivientes de conformidad con la Ley 100 de 1993, aplicada
retrospectivamente, en virtud del principio de favorabilidad. Los argumentos que
sirvieron de fundamento fueron los siguientes:

«[…] Si bien es cierto el causante Luis Antonio Alarcón, falleció el 17 de marzo de
1991, antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, lo
anterior no es óbice para reconocer la prestación – pensión de sobreviviente -, con
fundamento en el fenómeno de la retrospectividad de las normas de derecho, esto
es, cuando las normas se aplican a partir del momento de su vigencia, a
situaciones jurídicas y de hecho que han estado gobernadas por una norma
anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han consolidado al momento de entrar
a regir la nueva disposición, este instrumento ha sido concebido por la
jurisprudencia nacional como un límite a la retroactividad, asociando su propósito
a la satisfacción de los principios de equidad e igualdad en las relaciones jurídicas
de los asociados, y a la superación de aquellas situaciones marcadamente
discriminatorias y lesivas del valor justicia que consagra el ordenamiento jurídico
colombiano, de conformidad con los cambios sociales, políticos y culturales que se
suscitan en nuestra sociedad.
[…]
Atendiendo los postulados jurisprudenciales antes referidos, este operador judicial
considera que es factible acceder a la pensión de sobrevivientes, aplicando
retrospectivamente las disposiciones legales contenida[s] en la Ley 100 de 1993,
con fundamento en los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad.
En consecuencia, se procederá a determinar si el causante – Luis Antonio Alarcón-
cumplió con el requisito de solidaridad contenido en la citada ley, para que la
demandante pueda acceder o no [a] la pensión de sobrevivientes.
[…]
En el caso sub examine, se infiere del acto administrativo atacado – Resolución
PAP025106 del 11 de noviembre de 2010 – y de las certificaciones laborales
visibles a folios 65-69 anexo I, que el causante cotizó a CAJANAL, 3361 días, es
decir, 9 años, 4 meses y 1 días. Asimismo, en el año anterior a su deceso, que lo
fue, el 17 de marzo de 1991, laboró en el cargo de Celador en la Dirección de
62 Tal como da cuenta la constancia de registro del matrimonio obrante en el folio 16 y de la partida de

matrimonio obrante a folio 27 ibidem.
63 Folio 22 idid.
64 Folio 21 ejusdem.
65 Folio 23 ibidem.
66 Como se advierte en el registro de defunción visible en el folio 28 ibid.
67 Folios 38 a 40 ibidem.
68 Folios 91 a 93 ejusdem.

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Demandante: UGPP

Impuestos y Aduanas Nacionales, desde el 21 de agosto de 1990 hasta el 16 de
marzo de 1991, es decir, que cotizó en el último año de servicios 205 días, que
corresponden a 29.28 semanas; lo que permite concluir que se encuentra
satisfecho el requisito de la solidaridad con el Sistema General de Pensiones.

También se demostró que MYRIAM CASTAÑEDA es la cónyuge del causante
LUIS ANTONIO ALARCÓN, desde el 20 de enero de 1970, así lo acredita el
Registro de matrimonio visto a folio 56 del anexo 1, lo que hace a la demandante
beneficiaria en forma vitalicia de la prestación – Pensión de Sobrevivientes – al
tenor de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. […]».

Análisis de la Subsección

En la demanda, la UGPP considera que con la decisión objeto de revisión se vulneró
el debido proceso. Lo anterior, debido a que la sentencia cuestionada accedió al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de la señora Myriam
Castañeda, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993,
pese a que esta normativa no se encontraba vigente al momento del deceso del señor
Luis Antonio Alarcón. En sustento de lo anterior, puso de presente que, sobre el
asunto, el Consejo de Estado sostuvo que no es viable la aplicación retroactiva de la
Ley 100 de 1993 en la sentencia del 25 de abril de 201369. Así las cosas, se advierte
que, si bien la parte demandante no lo señala expresamente, lo cierto es que la
sentencia del 25 de abril de 2013 se invoca como precedente.

Al respecto, advierte la Subsección que la decisión del Juzgado Sexto Administrativo
de Descongestión de Villavicencio contenida en la sentencia de 28 de junio de 2013
se sustentó en el criterio contenido en la sentencia T-515 de 2012 de la Corte
Constitucional, el cual se alineó con lo expuesto por la Sección Segunda, Subsección
A, del Consejo de Estado, en la sentencia del 11 de abril de 2002, citada por el
Juzgado.

Tal y como se dejó expuesto en párrafos precedentes, la jurisprudencia constitucional
se ha mantenido constate en el hecho de admitir la posibilidad de aplicación
retrospectiva de la Ley 100 de 1993, la cual siempre le ha dado prevalencia, incluso
frente a la tesis expuesta en la sentencia del 25 de abril de 2013. En este sentido se
destacan las providencias T-073 de 2015 y, la más reciente, T-017 de 2022. En este
último pronunciamiento, se cuestionó el carácter de sentencia de unificación del fallo
de la Sección Segunda de 2013.

Igualmente, quedó precisado que incluso con posterioridad la sentencia de 25 de abril
de 2013, la Subsección A admitió la aplicación retrospectiva de las normas que
habilitan la posibilidad de conceder una pensión de sobrevivientes con base en los
artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, a situaciones en las que el fallecimiento del
causante fue anterior a la entrada en vigor de esta última, particularmente, las
providencias de 22 de agosto de 201370 y de 3 de marzo de 201571.

69 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, radicado:
760012331000200701611 01(1605-2009)
70 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de agosto de 2013,

radicación: 88001-23-31-000-2012-00002-01(1756-12).
71 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicación número: 05001-23-33-000-2012-

00772-01(0328-14).
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Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha hecho énfasis en la necesidad de aclarar
y unificar la jurisprudencia, en casos en los que se detecta imprecisión o contradicción
del precedente, lo cual, hasta la fecha no se ha dado. Además, en materia de
aplicación retrospectiva de normas pensionales, la Corte impone revisar los criterios
hermenéuticos aplicables, basados en los principios de favorabilidad, igualdad, justicia
y equidad, atendidos en la línea jurisprudencial desarrollada por el Consejo de Estado,
a partir de 1951.

Con base en lo expuesto, no se juzga que la posición adoptada por el Juzgado Sexto
Administrativo de Descongestión de Villavicencio haya incurrido en vulneración del
debido proceso, al aplicar el criterio expuesto por la Corte Constitucional, vigente al
momento en el que se profirió la sentencia objeto de revisión. Es así, en atención que
en múltiples oportunidades dicha corporación ha considerado como imperativo valorar
las situaciones puestas en conocimiento de lo jueces a la luz de los principios cuya
aplicación impone la Carta Política.

En ese orden, el hecho de haber atendido el criterio adoptado por la Corte
Constitucional no se constituye en vulneración del debido proceso, máxime cuando la
aplicación inflexible y rígida de la sentencia del 25 de abril de 2013 ha sido cuestionada
por aquella corporación, como lo plasmó en la sentencia T-017 de 2022, así como su
carácter de «sentencia de unificación». En este sentido, se tiene que el juez, en el
ejercicio de su autonomía e independencia, optó por atender los postulados
constitucionales que la jurisprudencia de la Corte ha juzgado imperativos al momento
de fundar las providencias que resuelven tales litigios.

De manera que, la posición asumida por el juez de instancia no se juzga como
caprichosa o contraria a derecho, sino que se encuentra razonablemente sustentada.
En consecuencia, no se configura la causal a) de revisión.

Verificación de la causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003

La norma en comento consagra la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
«Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de motivos del
proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797 de 2003 se observa que ella
obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente
viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]»72. Así las
cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20
ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en
términos económicos permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones
periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese
orden de ideas, las causales de procedencia de la acción de revisión deben

72 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222.

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interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde dicho instrumento
procesal.

Análisis de la Subsección

Para el estudio de esta causal, se observa que, la UGPP, en la demanda de revisión
no expone las razones por las cuales considera que se excede lo debido por la ley, en
la liquidación de la pensión que ordenó reconocer la sentencia de 28 de junio de 2013
del Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Villavicencio. En efecto, se
limitó a cuestionar el reconocimiento pensional, sin el lleno de los requisitos exigidos
por la Ley 33 de 1985, argumento que ya fue estudiado en el anterior acápite, sin
cuestionar el valor que se ordenó reconocer, cuestión propia de la causal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003.

Así las cosas, no se estima que no se configura la causal b) de revisión alegada por la
UGPP.

Conclusión general: No se configura la causal de revisión prevista en el literal a) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en la sentencia del 28 de junio de 2013, proferida
por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Villavicencio, en cuanto
ordenó reconocer una pensión de sobrevivientes en favor de la señora Myriam
Castañeda, en calidad de cónyuge supérstite del señor Luis Antonio Alarcón, de
conformidad con la Ley 100 de 1993, en aplicación del principio de retrospectividad,
por cuanto, esta decisión se sustentó en el criterio sostenido por la jurisprudencia de
la Corte Constitucional.
Tampoco se configura la causal b), dado que la UGPP no expuso los argumentos
tendientes a demostrar su configuración.
Decisión

Con base en los argumentos expuestos, se declarará infundada la acción de revisión
interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, contra la sentencia
proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Villavicencio, el 28
de junio de 2013, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado 5000013331006201100403 00.

Condena en costas

El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público». Esta Corporación73 ha
considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar los graves casos de
corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público, así como un
mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,

73 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, salas especiales de decisión, sentencias

de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00(REV).
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Demandante: UGPP

integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de seguridad
social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la condena en costas en el
caso analizado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declárese infundada la acción de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, UGPP (antes CAJANAL EICE), contra la sentencia proferida por el
Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Villavicencio el 28 de junio de 2013,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
5000013331006201100403 00.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al despacho de
origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y
archívese el expediente de la acción de revisión de revisión.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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