Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00454-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00454-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00454-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00454-00 (2215-2021) (AER)
Accionante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social- UGPP
Demandado: María Ascensión Esteban de Castañeda
Temas: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 - Presupuestos
de configuración. Pensión de jubilación de acuerdo con la Ley 6ª
de 1945.
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 20032
presentada por la UGPP en contra de la sentencia de 19 de febrero de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que confirmó la sentencia
de 13 de septiembre de 20173 dictada por el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Santa Marta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado 470013333001201500051-00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Proceso ordinario inicial
2.1.1. La demanda4
2. La señora María Ascensión Esteban de Castañeda, por intermedio de
apoderado, instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). Accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 El escrito de revisión se presentó el 15 de julio de 2021 (según se encuentra consignado en la página
principal del expediente digitalizado), de manera que está regulado por los artículos 248 y s.s. del CPACA,
por remisión del inciso 3.º del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3 Aclarada el 9 de agosto de 2018.
4 De acuerdo con las sentencias de primera y segunda instancia visible a folios 70 y s.s. y 81 y s.s. del
archivo 5, visible en el índice 4 del aplicativo SAMAI correspondiente al expediente digitalizado.
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restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contra la UGPP,
con el objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:
• La nulidad de la Resolución RDP 004273 del 31 de enero de 2013 dictada
por la UGPP por medio de la cual negó la reliquidación de la sustitución
pensional percibida por la señora Esteban de Castañeda.
• La nulidad de la Resolución RDP 024361 del 28 de mayo de 2013 por
medio de la cual se resolvió un recurso de apelación y se confirmó la
decisión inicial.
3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó la reliquidación y pago de la pensión jubilación que le fue sustituida, en
cuantía equivalente al 75% de la totalidad de los factores salariales devengados
en el año inmediatamente anterior a la fecha que se retiró del servicio, así como
el pago de las diferencias generadas en las mesadas pensionales, la indexación
de las mismas, el reconocimiento de los intereses moratorios y la condena en
costas a la entidad accionada.
1.1.2 Hechos relevantes
4. El señor Marcelino Castañeda Flórez, prestó sus servicios al Estado como
cabo de aduanas para el Ministerio de Hacienda, en la Aduana Nacional de Santa
Marta por más de 20 años.
5. CAJANAL le reconoció al señor Marcelino Castañeda Flórez una pensión de
jubilación mediante Resolución 008378 del 11 de noviembre de 1992, pero sin
incluir la totalidad de los factores salariales devengados en el año anterior a la
adquisición del estatus pensional.
6. El señor Marcelino Castañeda Flórez falleció el 21 de enero de 2008, por lo
que le fue sustituida la pensión a la señora María Ascensión Esteban de
Castañeda, en calidad de cónyuge supérstite mediante Resolución 37150 de
2008.
7. Por lo anterior, presentó petición de revisión y reliquidación de la pensión
sustituida para que se incluyeran todos los factores salariales percibidos en el
último año de servicios anterior a la adquisición del estatus pensional, pero esta
le fue denegada por medio de las Resoluciones RDP 004273 del 31 de enero de
2013 y RDP 024361 del 28 de mayo de 2013.
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8. Según la parte actora, sólo se tuvo en cuenta la asignación básica y la
bonificación por servicios prestados, pero omitiendo la inclusión del subsidio de
alimentación, los servicios extraordinarios, las primas de antigüedad, de navidad,
de vacaciones, semestral y los viáticos, factores que fueron devengados por el
causante.
2.1.3 Normas violadas y concepto de violación 5
9. Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados desconocieron
los artículos 2.°, 6.°, 25, y 58 de la Constitución Nacional, el artículo 10.° de la
Ley 57 de 1887, Las Leyes 4ª de 1966, 5ª de 1969, 33 de 1985, 62 de 1985, 71
de 1988, 1437 de 2011, así como los Decretos 3135 de1 968 y 1743 de 1996.
10. En cuanto al concepto de violación, indicó que la Subdirección de
Prestaciones Sociales de la entidad demandada, desconoció el ordenamiento
jurídico al reconocer de manera «incompleta» la prestación reclamada; es decir
con la inclusión de los factores salariales percibidos en el último año de servicios.
Adicional, ente su negativa se basó en relacionar normas inaplicables al caso
concreto, desestimando los derechos adquiridos del causante.
2.1.4. Sentencia de primera instancia6
11. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta, mediante
providencia de 13 de septiembre de 2017, declaró la nulidad de los actos
demandados y concedió las súplicas de la demanda en los siguientes términos:
«“2.-A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ORDÉNASE a
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES reliquidar la pensión de sobreviviente de
la señora MARÍA ASCENSIÓN ESTEBAN DE CASTAÑEDA. Para tales efectos
ha de calcular el 75% de lo devengado en el último año de servicio (del 24 de
agosto de 1989 hasta el 23 de agosto de 1990), incluyendo todos los factores
salariales prestados en ese período, por el causante. Así, se deberá proceder
con la reliquidación, desde la primera mesada de la pensión de jubilación, y año
a año realizar los reajustes correspondientes, y la indexación. Hecha esta
indexación deberá reconocerse el pago de la diferencia que dejó de pagarse por
cada mes.
“3.- DECLÁRANSE PRESCRITAS las diferencias resultantes en las mesadas
5 Visible a folios 70 y s.s. del Archivo 5 del expediente digital. Índice 4.
6 Visible a folios 128 y s.s. archivo 5 del expediente digitalizado visible en el índice 3 del aplicativo SAMAI.
del expediente.
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de la demandante por el reajuste ordenado en el numeral 2. por los períodos
anteriores al 20 de noviembre de 2009 en aplicación de la prescripción trienal,
conforme a lo expuesto en la parte de esta audiencia».
12. Para tal efecto, aclaró que, en este caso, el causante adquirió su derecho
antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, siéndole aplicables las
Leyes 33 y 62 de 1985, esta última que contiene en listado de los factores
salariales que deber ser incluidos en la liquidación pensional.
13. Estimó que, al tenor de lo señalado por la sentencia de unificación de 25 de
febrero de 2016 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, los factores
salariales que debían ser incluidos en la liquidación pensional debían ser todos
aquellos devengados en el último año de servicio, sin que puedan ser excluidos
aquellos sobre los cuales el empleador no realizó aportes.
14. Aclaró que además de la asignación básica y la bonificación por servicios
«según se evidencia a folio 27 del expediente el causante recibió muchos más
conceptos que constituyen salario. Vale aclarar que en esta certificación no se
precisa exactamente lo percibido entre el 24 de agosto de 1989 y el 23 de agosto
de 1990 pues el tiempo certificado va de abril de 1989 a agosto de 1990, por lo
que el despacho estima que la entidad de previsión deberá precisar esa
información con el empleador, al momento de liquidar, no obstante, tal
certificación le permite al despacho concluir que la liquidación fue mal
efectuada.»
15. Esta decisión fue aclarada mediante providencia de 9 de agosto de 2018
frente a los factores a incluir:
«1.- ADICIONAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia
proferida por este despacho el día 13 de septiembre de 2017, el cual quedará
así:
"2.- A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ORDÉNASE a la
UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES reliquidar la pensión de sobrevivientes de la señora MARÍA
ASCENCIÓN ESTEBAN DE CASTAÑEDA. Para tales efectos ha de calcular el
75% de lo devengado en el último año de servicio (del 24 de agosto de 1989
hasta el 23 de agosto de 1990), incluyendo todos los factores salariales
percibidos en ese período por el causante, dentro de los cuales se encuentran el
Subsidio de Alimentación, Servicios Extraordinarios, Prima de Antigüedad, Prima
de Navidad, Prima de Vacaciones y Prima Semestral. Así, se deberá proceder
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con la reliquidación, desde la primera mesada de la pensión de jubilación, y año
a año realizar los ajustes correspondientes, y la indexación. Hecha esta
indexación deberá reconocerse el pago de la diferencia que dejó de pagarse por
cada mes."
“2.- NIÉGUENSE las demás solicitudes. […]»7.
2.1.5. Recurso de apelación8
16. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la entidad demandada
interpuso recurso de apelación, en el que indicó que en este caso los actos
acusados fueron proferidos con acatamiento del ordenamiento legal y por ello
solo se incluyeron la asignación básica y la bonificación por servicios, al tenor de
lo señalado en las Leyes 33 y 62 de 1985. Además, que no todo lo percibido por
el causante constituye factor salarial.
17. Finalmente señaló que en caso de mantenerse la reliquidación en los
términos ordenados por el A quo, debía ordenarse también el descuento por los
aportes pensionales no efectuados.
2.1.6. Sentencia objeto de revisión.9
18. El Tribunal Administrativo del Magdalena, dictó sentencia de segunda
instancia el 19 de febrero de 2020, en la cual, confirmó la providencia proferida
por el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta.
19. En primer lugar, aclaró que debía abordar el análisis realizado por el Consejo
de Estado en sentencia de unificación de 9 de julio de 2009 dictada dentro del
proceso radicado 25000232500020040444201 (0208-2007) con ponencia de la
consejera Bertha lucía Ramírez de Páez, «[…] para los casos en donde a la
entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, el sujeto pensionable contaba con
quince (15) años cumplidos continuos o discontinuos de servicio, donde la
entidad demandada aplicó para el reconocimiento pensional los Decretos 3135
de 1968, 1848 de 1969 y el 1045 de 1978 que establecen los factores a incluir en
la liquidación pensional».
77 Según se indica en la sentencia de segunda instancia.
8 Según se relata en la sentencia de segunda instancia visible a folio 85 y s.s. Ibidem.
9 Folios 150 y siguientes del archivo No. 5 del índice 3 del expediente digitalizado en el sistema SAMAI.
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20. Estimó que en atención a los tiempos de servicios laborados por el causante
le era aplicable el régimen de transición establecido en el artículo 1.°, parágrafo
2.° de la Ley 33 de 1985, toda vez que se desempeñó en la Aduana Nacional de
Santa Marta, desde el 1.° de enero de 1969 al 23 de agosto de 1990 y frente a
los factores percibidos explicó:
«[…]durante los últimos 2 años, percibió los siguientes factores: de 1 de abril al
31 de diciembre de 1989: asignación básica mensual, prima de antigüedad,
bonificación por servicios prestados, prima de servicios extraordinarios, prima de
vacaciones, prima semestral, bonificación, viáticos, subsidio de alimentación
mensual y prima de navidad.
Del 1 de enero hasta el 23 de agosto de 1990 de mismo año (fecha de retiro),
sueldo básico, bonificación, prima semestral. servicios extraordinarios y prima de
alimentación (fol. 23)».
21. Así mismo, de la Resolución 0008378 de 11 de noviembre 1992 y la
liquidación de prestaciones económicas por medio de la cual CAJANAL le
reconoció la pensión de jubilación al causante Marcelino Castañeda (fl.3-10), se
advierte que, la liquidación de la pensión se efectuó teniendo en cuenta la
asignación básica mensual y la bonificación por servicios prestados percibidos
en el último año de servicios.
22. De acuerdo con ello, estimó que a la pensión del causante le era aplicable la
Ley 6ª de 1945 sobre los requisitos para su reconocimiento y lo preceptuado
en la Ley 4ª de 1966, los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y el 1045 de
1978, respecto a los factores salariales a incluir en la liquidación pensional, y con
base en la postura del Consejo de Estado, plasmada en la sentencia de 9 de
julio de 2009, era procedente ordenar la reliquidación pensional con todos los
factores salariales devengados en el último año de servicios como lo había
ordenado el Juzgado, pero a la luz de lo establecido en el Decreto 1045 de 1978,
como son, «asignación básica mensual, prima de antigüedad, bonificación por
servicios prestados, prima de servicios extraordinarios, prima de vacaciones,
prima semestral, bonificación, viáticos, subsidio de alimentación mensual y prima
de navidad, pero bajo el régimen legal y normativo anteriormente citado».
23. Finalmente se abstuvo de condenar en costas a la entidad.
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2.1.7. La acción especial de revisión 10
24. La UGPP invocó como causal de revisión la consagrada en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de
interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias
judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública y especialmente:
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere según la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
25. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:
i). Revocar la sentencia proferida el 19 de febrero de 2020, por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, qué confirmó, la sentencia de primera instancia
dictada por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta, de 13
de septiembre de 2017, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho de carácter laboral instaurado por la señora María Ascensión
Esteban de Castañeda contra la UGPP, en el proceso radicado
470013333001201500051-00/01.
ii). Declarar que a la señora María Ascensión Esteban de Castañeda no le asiste
el derecho a que la pensión reconocida le sea reliquidada con la totalidad de los
factores de salario devengados en el último año de servicios, es decir, que
deberán excluirse los conceptos de: Auxilio de alimentación, prima de servicio,
prima de junio, prima de diciembre, prima de navidad, y prima de vacaciones.
iii). Declarar que la reliquidación de la pensión de sobreviviente reconocida a
favor de la señora María Ascensión Esteban de Castañeda debe calcularse
conforme con las previsiones del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
al tenor de lo expresado por la H. Corte Constitucional en sentencias C- 258 de
2013 y SU-230 de 2015 y el Decreto 1158 de 1994, siendo del caso incluir única
y exclusivamente la asignación básica y bonificación por servicios prestados para
efectos del cálculo de la mesada pensional.
iv). Declarar que la señora María Ascensión Esteban de Castañeda debe
efectuar la devolución de las sumas pagadas en virtud del acto de reconocimiento
de la reliquidación de la pensión de sobreviviente, debidamente indexadas.
10 Expediente digitalizado, archivo 2.
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26. Para fundamentar la causal de revisión, la UGPP sostuvo que la señora María
Ascensión Esteban de Castañeda no tenía derecho a obtener la reliquidación
ordenada, toda vez que el causante era beneficiario del régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ello, su pensión debió
liquidarse de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3. ° del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y con los factores de cotización establecidos taxativamente en los
Decretos 1158 de 1994.
27. Estimó que la pensión se reliquidó con desconocimiento de las providencias
de la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015,
Auto 326 de 2014, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395
de 2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018.
28. Adicionalmente, señaló que el Tribunal reconoció una mesada en valor
superior al que en derecho correspondía, por lo que se configura un perjuicio
causado a la entidad accionante y al erario.
2.1.8. Contestación
29. La señora María Ascensión Esteban de Castañeda, no dio contestación a la
demanda pese a que fue notificada del auto admisorio, como se advierte en los
índices 10 y 11 del aplicativo SAMAI.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
30. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo
249 del CPACA, norma que estableció que cuando se trate de sentencias
proferidas por los Tribunales Administrativos, conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia. Igualmente, corresponde
conocer a la Sección Segunda, según el art. 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo
de 2019 de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3.2. Oportunidad
31. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
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Constitucional en la sentencia C-835 de 200311, declaró la inexequibilidad de
dicha expresión al señalar:
«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado
deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del
Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de
la ley 712 de 2001. Términos que tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».
32. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, que en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:
«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado
a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».
33. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 2016 estableció
que, tratándose de fallos en contra de la UGPP, dicha entidad puede presentar
las solicitudes de revisión, incluso, luego de vencido el plazo de los cinco años
de caducidad, pues el mismo comienza a contabilizarse a partir del 12 de junio
de 2013, providencia en la cual la Sala Plena de esa Corporación unificó su
jurisprudencia y adoptó la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en
las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término
de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes
del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de
los asuntos que tenía a cargo Cajanal».
34. En este caso, la solicitud de revisión se presentó en tiempo, toda vez que, la
decisión judicial de segunda instancia que se cuestiona fue proferida el 19 de
febrero de 2020 y el escrito de revisión se presentó el 15 de julio de 2021, según
se encuentra consignado en la página principal del expediente digitalizado.
11 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: «[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece
el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
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3.3. Problema jurídico
35. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 19 de febrero de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca, incurrió en la causal de
revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al condenar
a la UGPP, a reliquidar la pensión de jubilación de la señora María Ascensión
Esteban de Castañeda con el 75% del promedio de los salarios, incluyendo la
totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
36. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a la causal mencionada, relacionada
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la
decisión judicial cuestionada.
3.4. La acción especial de revisión y la causal contemplada en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
37. La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar una
providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se configuren, de manera
expresa, las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA 12 (antes artículo
188 del CCA), situación que es posible entenderse como una de las excepciones
al principio de la cosa juzgada13, que se aplica exclusivamente a aquellas
situaciones «críticas» en las que a pesar de la presunción de legalidad que cobija
a las sentencias, ellas no pueden subsistir por el grave desconocimiento de los
12 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil
quince (2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto
Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
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principios fundamentales del proceso.
38. Ahora bien, la solicitud de revisión formulada por la entidad recurrente está
contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera
precisamente como una acción especial14, con algunas diferencias referidas a
su finalidad y la legitimación en la causa por activa. De esta manera, se estableció
para controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de
cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas
con cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en esta
materia15 y para ejercerla se requiere de un solicitante calificado 16, que a su vez
es un tercero que no intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación.
39. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 17 facultó al Gobierno
para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o
del procurador general de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la
Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde
se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública.
40. Adicionalmente, a través del ordinal 6.º del artículo 6.º del Decreto 5021 de
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente:
Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12).
accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez
Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento
del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es
claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede
al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión,
quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar
con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema
pensional […]»(subrayas de la Sala).
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero
ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017).
Radicado: 250002325000200205275 01. Número Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción: Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera
ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238
00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez-. Admite acción de
revisión.
17 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales
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28 de diciembre de 200918 el Gobierno Nacional delegó como función de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social adelantar o asumir, cuando haya lugar, las
acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3.5. Análisis de la Sala
3.5.1. En cuanto a la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003: «b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
41. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente19 como un instrumento
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa 20 y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones21,
en especial, el principio de solidaridad22 y equilibrio financiero.
42. Frente a esta causal, la apoderada de la UGPP estimó que es errónea la
interpretación efectuada por el Ad quem, frente al régimen de transición
contenido en el artículo 36 la Ley 100 de 1993 y su aplicación al caso de la señora
María Ascensión Esteban de Castañeda, toda vez que el causante Marcelino
Castañeda era beneficiario del mismo, por lo cual le asiste derecho a que se
apliquen las prerrogativas de la transición según las cuales, se le debe liquidar la
pensión con el promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años,
o el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, con inclusión exclusiva
de los factores salariales sobre los cuales cotizó y que se encuentran contenidos
en el Decreto 1158 de 1994.
43. Para el análisis de esta causal, el juez debe determinar si los supuestos
fácticos y jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente encuadran dentro del
contenido en ella dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es dable evaluar
18 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus
dependencias.
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
20 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
21Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
22 Ratio o razón de ser de la seguridad social
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el fondo del asunto planteado.
44. La Sala observa que entre los planteamientos expuestos en la acción se
encuentra la afectación al patrimonio público y si bien la entidad no especificó
valor alguno, es evidente que esto se sustentó al solicitar que la pensión se
liquide única y exclusivamente con la asignación básica y la bonificación por
servicios extrayendo de la liquidación «el auxilio de alimentación, prima de
servicio, prima de junio, prima de diciembre, prima de navidad, y prima de
vacaciones», pues con estos emolumentos se genera un mayor valor en la
pensión.
45. Teniendo en cuenta que se encuentra demostrada la presunta afectación al
patrimonio público, la parte accionante puede cuestionar la presunción de
veracidad que cobija la decisión deprecada, de ahí que se examinará, si en el
caso concreto, se configura la consecuencia procesal prevista en el precepto
normativo mencionado, esto es, si el quantum de la pensión desbordó el límite
legalmente establecido y si se dio por la indebida aplicación del precedente
jurisprudencial.
3.5.1.1. Análisis de la causal.
46. Frente a esta causal la apoderada de la UGPP estimó que la pensión
reconocida al señor Marcelino Castañeda y que le fuera sustituida a favor de la
señora María Ascensión Esteban de Castañeda y reliquidada en virtud de la
sentencia objeto de revisión, se rige por el régimen de transición de la Ley 100
de 1993 y por ello debió liquidarse teniendo en cuenta el ingreso base de
liquidación establecido en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y,
con los factores de cotización taxativamente determinados en el Decreto 1158 de
1994.
47. Según la apoderada, mantener la reliquidación ordenada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca entraría en desconocimiento de las providencias
de la Corte Constitucional, C – 168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014,
SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017.
3.5.1.2. Caso concreto
48. Es de destacar que en este caso es evidente que al señor Marcelino
Castañeda no le era aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, al
contrario de lo señalado por la UGPP en la solicitud de revisión:
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49. En efecto, revisado el expediente originario se advierte lo siguiente:
• El señor Marcelino Castañeda nació el 3 de enero de 1928 como da cuenta
la copia de la partida de bautismo visible en el folio 185 del pdf allegado
en el archivo 5 del expediente administrativo visible en el índice 4.
• En las certificaciones laborales visibles a folios 188 y siguientes ibidem se
advierte que el señor Marcelino Castañeda Flórez se desempeñó como
guarda de aduanas del Ministerio de Hacienda desde el 5 de diciembre de
1969 hasta el 23 de agosto de 1990.
50. De acuerdo con ello se advierte que cumplió 20 años de servicios el 5 de
diciembre de 1989 y, además, le es aplicable el régimen de transición de la Ley
33 de 1985 por cuanto a su entrada en vigencia contaba con más de 15 años de
servicios. Veamos:
51. La Ley 33 de 1985 «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con
las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público»
previó un régimen de transición para los empleados públicos en el parágrafo 2.°
del artículo 1.° en los siguientes términos:
«Artículo 1. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya
determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen
especial de pensiones.
En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado
oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse
antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía
general, establezca el Gobierno.
[…]
Parágrafo 2. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley
hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio,
continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que
regían con anterioridad a la presente ley.
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[…]». Destacado fuera del texto original.
52. En ese sentido le serian aplicables a la situación pensional del causante las
previsiones anteriores en materia pensión y que llevaron a determinar por parte
del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta y el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que el estatus jurídico de pensionado se alcanzó
el 4 de diciembre de 1989, cuando cumplió los 20 años de servicios.
53. En efecto, la Ley 6ª de 1945 en su artículo 17 dispuso una pensión de
jubilación para los empleados oficiales equivalente a las 2/3 partes del promedio
de los sueldos devengados en el último año de servicio para quienes acreditaran
50 años de edad y 20 de servicio, continuos o discontinuos, la cual fue
modificada por el artículo 3.° de la Ley 65 de 1946 y luego por el artículo 4.° de
la Ley 4ª de 1966, este último en el sentido que dicha prestación social sería
equivalente al 75% del promedio mensual percibido en el último año de servicios.
54. Bajo esa línea, a partir de la Ley 4ª de 1966, los empleados oficiales que
cumplieran 50 años de edad y 20 años de servicios al Estado tendrían derecho a
una pensión de jubilación equivalente al 75% del promedio mensual recibido en
el último año.
55. Posteriormente, se expidió el Decreto 3135 de 1968 que integró la seguridad
social entre el sector público y privado y reglamentó el régimen prestacional de
los empleados públicos y trabajadores oficiales. En ese sentido, en su artículo 27
señaló:
«Pensión de jubilación o vejez. El empleado público o trabajador oficial que sirva
veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es
varón, o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva entidad de
previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al
75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio».
56. Es decir, este artículo solo cambió lo relacionado con el requisito de edad que
pasó de 50 años a 55 años para los hombres, mientras que para las mujeres se
conservó igual.
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57. Sobre estas disposiciones normativas, la Corporación 23 ha sostenido
diferentes posiciones, por una parte, sostuvo que la entrada en vigencia de la Ley
33 de 1985 derogó el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 y, por consiguiente,
su régimen de transición remite a la Ley 6 de 1945, en estos términos:
«No es de recibo el argumento del a quo para negar la prestación pues si bien es
cierto los Decretos 3135 de 1968 y su Decreto Reglamentario 1848 de 1969,
modificaron la edad de jubilación dispuesta en la Ley 6 de 1945, dichas normas
fueron derogadas por la Ley 33 de 1985 por lo que la misma nos devuelve a la
Ley 6 de 1945, como régimen anterior aplicable. Precisamente es el régimen de
transición dispuesto en la Ley 33 de 1985 el que permite aplicar el régimen
anterior establecido por la Ley 6 de 1945»24.
58. Por otra parte, también se ha mantenido la postura 25 en relación con la
aplicación del artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 a los beneficiarios del primer
inciso26 del parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985. De esta manera quedó
expuesto en sentencia del 3 de junio de 2010 27:
«En el presente caso, para el 13 de febrero de 1985, fecha en que entró en
vigencia la Ley 33 de 1985, el señor Jaime Severo Torres Morales contaba con
más de 15 años de servicios (fl. 2), es decir que en cuanto a la edad lo
gobierna el régimen anterior establecido en el Decreto Ley 3135 de 1968.
A pesar de que la Ley 33 de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación,
considera la Sala que en este aspecto se debe aplicar también el régimen
anterior, porque resulta más favorable al demandante. De no hacerse así, se
desconocería el principio mínimo fundamental consagrado en el artículo 53 de la
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 16 de diciembre de 2009, radicación: 25000-23-25-
000-2002-00474-01(1754-06), demandante: German Rodríguez Carmona; del 31 de enero de 2019,
radicado: 730012331000201100659 01 (3005-2016), demandante: José Álvaro Ortiz; del 16 de diciembre
de 2009, radicación: 250002325000200200474 01(1754-06); y sentencia del 19 de noviembre de 2009,
radicación: 250002325000200401634 01(1028-07), actor: Raúl Armando Quiñones Villarreal.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de abril de 2007, radicación:
150012331000199902187-01(1114-03), este criterio fue reiterado en las providencias de la Subsección B,
sentencia del 19 de noviembre de 2009, radicación: 250002325000200401634 01(1028-07), actor: Raúl
Armando Quiñones Villarreal;
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010, radicación:
25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales; del 23 de febrero
de 2012, radicación: 25000-23-25-000-2004-01309-01 (1143-08), demandante: Luz Mariela Pacheco de
Briñez.
26 «Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años
continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación
que regían con anterioridad a la presente Ley».
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010, radicación:
25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales
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Carta Política que establece la “situación más favorable al trabajador en caso de
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho».
59. En ese orden de ideas, esta Sección del Consejo de Estado ha admitido la
aplicación tanto de la Ley 6ª de 1945 como del Decreto 3135 de 1968 tratándose
de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición dispuesto en el
parágrafo 2.° del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985.
60. De acuerdo con esto, era perfectamente válido, como lo hizo el Tribunal 28 que
la pensión se reconociera a la luz de las citadas disposiciones Ley 6ª de 1945
sobre los requisitos para el reconocimiento pensional. Es decir, 50 años de edad
y 20 años de servicios, que en este caso confluyeron el 4 de diciembre de 1989.
61. Adicional a lo anterior, el Tribunal Administrativo explicó que en cuanto a la
liquidación de la pensión las normas aplicables son «los Decretos 3135 de 1968,
1848 de 1969 y 1045 de 1978 respecto a los factores salariales a incluir en la
liquidación pensional.»
62. El Tribunal estimó que debían incluirse los factores percibidos en el último
año de servicios como son: «asignación básica mensual, prima de antigüedad,
bonificación por servicios prestados, prima de servicios extraordinarios, prima de
vacaciones, prima semestral, bonificación, viáticos, subsidio de alimentación
mensual y prima de navidad, pero bajo el régimen legal y normativo anteriormente
citado».
63. A folio 190 ibidem obra certificación expedida por la jefe de la División
Administrativa de la «Aduana Nacional» en Santa Marta en el que se advierte
que en efecto el señor Marcelino Castañeda López percibió los citados factores:
28 Página 14 de la sentencia objeto de revisión.
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64. Como se advierte de todo lo anterior, es evidente que al sustentar la causal
b) establecida en el artículo 20 de la ley 797 de 2003 la UGPP incurrió en un error
pues en este caso no se vislumbra la aplicación del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, pues, como se advierte, el estatus pensional se adquirió en el
año 1989, siéndole aplicable a la pensión del causante las disposiciones de la
Ley 6ª de 1945 y con ello, los factores establecidos en el Decreto 1045 de 1978.
65. En este sentido, dado que el señor Castañeda Flórez ya había reunido los
requisitos para adquirir su pensión antes de la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993, se colige que los argumentos que sustentan la causal de revisión no
guardan relación con este caso, pues pretenden que el ingreso base de
liquidación a aplicar sea el establecido en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y, con los factores de cotización taxativamente determinados en el
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Decreto 1158 de 1994, atendiendo a los últimos diez años o el tiempo que le
hiciera falta para adquirir el derecho o toda la vida laboral.
66. Es reprochable que la entidad sin realizar algún análisis del caso concreto
emplee los mismos formatos para la presentación de las demandas y con ello
haga incurrir en un desgaste a la Administración de Justicia pues como se
advierte, toda su argumentación se dirige a casos totalmente diferentes al que se
analiza en esta oportunidad.
67. De acuerdo con lo anterior se releva la Sala del citado análisis normativo y
con ello, del presunto desconocimiento de las sentencias de la Corte
Constitucional, C – 168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de
2015, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017; esto pues aquellas se refieren a la
interpretación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, norma que como
se vio no se aplica al caso.
68. De acuerdo con el escenario descrito se colige que en este caso no se
configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
razón por la cual se declarará infundada la acción especial de revisión interpuesta
por la UGPP.
3.6. Condena en costas
69. El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos
necesarios o útiles dentro de una actuación judicial y comprende los
denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o
agencias del derecho29, los llamados en el CPACA gastos ordinarios del
proceso30 y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la
práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como
peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior en caso de
apelación.
70. En atención a que la demanda fue presentada el 15 de julio de 202131, debe
darse aplicación a la Ley 2080 de 2021, norma según la cual, debe hacerse un
estudio sobre la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica. En esos términos, se advierte en el sub lite dicha
carencia en los fundamentos de la acción impetrada por la entidad, situación que
29 Artículo 361 del Código General del Proceso.
30 Artículo 171 No. 4 en conc. Art. 178 ib.
31 Página principal del expediente digitalizado visible en el sistema SAMAI.
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conduciría a imponer condena en costas dado que como se vio la entidad
fundamentó su causal sobre argumentos que emplea para casos totalmente
disímiles. Sin embargo, dado que la accionada no contestó la demanda se colige
que éstas no se causaron.
71. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar infundada la acción especial de revisión interpuesta contra
la sentencia de 19 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena a través de la cual se confirmó la providencia de 13 de septiembre de
2017 dictada por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
470013333001201500051-00/01, de conformidad con lo señalado en la parte
motiva.
SEGUNDO. – Sin condena en costas en atención a lo expuesto.
TERCERO. – Efectuar las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión
judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
835
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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