Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00480-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00480-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00480-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
16 de abril de 2026
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Número Interno: 2315-2021
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandada: Olegario Corrales Cruz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Dieciséis (16) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00480-00 (2315-2021)1
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Demandado: Olegario Corrales Cruz
Trámite: Acción especial de revisión
Tema: Revisión de la sentencia proferida el 28 de junio de 2017
por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Causal regulada en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Decisión: Sentencia de única instancia
La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, contra la sentencia del veintiocho (28) de junio de dos mil diecisiete
(2017), proferida por la Sección Segunda, Subsección “B”, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con Rad. Núm. 11001-33-35-017-2014-00139-00,
mediante la cual, se revocó la sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil
quince (2015), proferida por el Juzgado Décimo (10º) Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones de la
demanda y, en su lugar, ordenó la reliquidación pensional deprecada.
I. ANTECEDENTES
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Expediente electrónico visible en el aplicativo Samai.
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Número Interno: 2315-2021
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandada: Olegario Corrales Cruz
1.1) La demanda de revisión.
1. La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP formuló la acción especial de revisión2 prevista en el
artículo 20, literal b), de la Ley 797 de 2003, con la que pretende que se infirme la
sentencia del veintiocho (28) de junio de dos mil diecisiete (2017), proferida por la
Sección Segunda, Subsección “B”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se revocó la sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil
quince (2015), proferida por el Juzgado Décimo (10º) Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones de la
demanda, por lo que declaró la nulidad del acto administrativo demandado por el
actor y, como consecuencia, accedió a la reliquidación pensional solicitada por él.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, la entidad accionante solicita que
se confirme la sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015),
proferida por el Juzgado Décimo (10º) Administrativo de Descongestión del Circuito
Judicial de Bogotá, en el entendido que el señor Olegario Corrales Cruz no es
acreedor de la liquidación ordenada en la sentencia cuya revisión se pretende.
3. Al respecto, solicita que, la liquidación y pago de la mesada pensional reconocida
se efectúe “conforme a las reglas previstas en la sentencia de unificación del H.
Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-
00143-01, y las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-
395 de 2017, y SU-023 de 2018 de la sala Plena de la Corte Constitucional,
manteniendo como ingreso base de liquidación el fijado en inciso 3º del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y/o el artículo 21 de dicha Ley, incluyendo únicamente los
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Índice 0003 del expediente electrónico que reposa en el Samai.
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factores base de cotización taxativamente determinados en el Decreto 1158 de
1994, debiendo ser excluidos las prima de navidad, de servicios y de vacaciones.”
4. En línea con lo expuesto, la accionante pretende que: (i) se ordene a la entidad
a reliquidar y pagar la mesada pensional, a favor del señor Olegario Corrales Cruz,
calculando el ingreso base de liquidación de la prestación reconocida en atención a
lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, teniendo
en cuenta como factores los taxativamente señalados en el artículo 1º del Decreto
1158 de 1994; (ii) se ordene al señor Corrales Cruz, a restituirle a la UGPP la
totalidad de dineros recibidos en exceso con ocasión de la reliquidación de la
mesada pensional; (iii) y que se ordene al señor Corrales Cruz a que el pago que
efectúe a favor de la entidad, lo haga de forma actualizada e indexada, con los
respectivos intereses, dando aplicación a los artículos 187 y 192 del CPACA.
5. Como sustento fáctico de las pretensiones, señaló que, el señor Olegario Corrales
Cruz nació el siete (7) de octubre de mil novecientos cincuenta y tres (1953), quien
prestó sus servicios así: (i) al Instituto de Seguros Sociales, desde el dieciséis (16)
de junio de mil novecientos setenta y seis (1976), hasta el veinticinco (25) de junio
de dos mil tres (2003); y (ii) a la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento, desde el
veintiséis (26) de junio de dos mil tres (2003), hasta el ocho (8) de mayo de dos mil
ocho (2008). Aclaró que, el último cargo desempeñado por el causante fue el de
auxiliar de servicios administrativos en la seccional de Cundinamarca.
6. Narró que, mediante la Resolución No. 5905 del trece (13) de julio de dos mil
nueve (2009), la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento le reconoció una pensión de
jubilación al señor Corrales Cruz, de conformidad con el Decreto No. 1653 de 1977,
efectiva a partir del siete (7) de octubre de dos mil ocho (2008), en cuantía inicial de
$1.037.808, equivalente al 75% del promedio de lo percibido en los últimos diez (10)
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años, “(…) con la expectativa de compartir con el Instituto de Seguros Sociales
Asegurador, hoy Colpensiones.” Destacó que, el Instituto de Seguros Sociales,
mediante la Resolución No. 1219 del dieciocho (18) de mayo de dos mil diez (2010),
le concedió una pensión de jubilación al señor Olegario Corrales Cruz, en cuantía
de $1.396.639, a partir del siete (7) de octubre de dos mil ocho (2008). En dicha
oportunidad, se tuvo en cuenta la edad, tiempo y monto contenido en el artículo 19
del Decreto 1653 de 1977, pero el IBL indicado en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, con los factores salariales establecidos en el Decreto 158 de 1994.
7. Añadió que, por medio de la sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil
quince (2015), el Juzgado Décimo (10º) Administrativo de Descongestión del
Circuito Judicial de Bogotá D.C., dentro del Rad. No. 2014-00139-00, negó las
pretensiones de la demanda promovida por el señor Corrales Cruz, encaminadas a
reliquidar la pensión. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
virtud de la sentencia objeto de revisión, revocó la providencia anterior y, en su
lugar, declaró la nulidad del acto acusado, ordenando la reliquidación pensional.
8. Adujo que, mediante la Resolución GNR No. 327983 del tres (3) de noviembre de
dos mil dieciséis (2016), Colpensiones le “reconoció el pago de una pensión de
vejez de carácter compartida a favor del señor Olegario Corrales Cruz, en cuantía
de $1.400.664 efectiva a partir del 07 de noviembre de 2013 con un retroactivo de
$58.928.632.00, que deberá ser girado a favor de la UGPP.” Aunado a lo expuesto,
a través de la Resolución RDP No. 048706 del veintitrés (23) de diciembre de dos
mil dieciséis (2016), la UGPP modificó una mesada pensional por compartibilidad y
ordenó el pago de un mayor valor de una pensión de vejez, resolviendo “ajustar la
mesada pensional en el mayor valor a cargo del FOPEP de la pensión de vejez
reconocida a favor de Olegario Corrales Cruz, en la cuantía que resulte entre la
diferencia del valor de la mesada pensional otorgada por el ISS (…) y el valor de la
mesada reconocida por el Instituto de Seguros Sociales Asegurador (…).”
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9. Finalmente, aseguró que, mediante la Resolución RDP No. 10363 del veintidós
(22) de marzo de dos mil dieciocho (2018), la UGPP dio cumplimiento al fallo objeto
de revisión y, en consecuencia, reliquidó la pensión de vejez reconocida al señor
Olegario Corrales Cruz, aplicando un 75% sobre el ingreso base de liquidación
devengado en el último año de servicios, liquidación para la cual -según indicó- tuvo
en cuenta los siguientes factores: asignación básica, prima de servicio, auxilio de
alimentación, auxilio de transporte y la prima de vacaciones.
1.2) Sentencia objeto de revisión.
10. A través de la sentencia del veintiocho (28) de junio de dos mil diecisiete (2017)3,
la Sección Segunda, Subsección “B”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con Rad. Núm.
11001-33-35-017-2014-00139-00(01), revocó la sentencia del treinta y uno (31) de
agosto de dos mil quince (2015), proferida por el Juzgado Décimo (10º)
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá y, como
consecuencia de lo anterior, accedió a las pretensiones de la demanda promovida
por el señor Olegario Corrales Cruz. Al respecto, resolvió lo siguiente:
“PRIMERO. REVOCAR la sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince
(2015), proferida por el Juzgado Décimo (10) Administrativo de Descongestión del Circuito
Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda en el proceso instaurado por
el señor Olegario Corrales Cruz contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, conforme a lo
expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO. DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución N° 1219 del 18 de mayo de
2010, mediante la cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, reconoció la pensión de
jubilación del actor y la nulidad del oficio N° 15240.05 0000010251 del 24 de julio de 2013,
que negó la reliquidación de la pensión y expuso que la resolución que reconoció la pensión
se encontraba en firme y agotada la vía gubernativa.
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Índice 00033 del expediente electrónico que reposa en el Samai.
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TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración, ordenar a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y contribuciones Parafiscales de la Protección
Social UGPP, que proceda a reliquidar la pensión del señor Olegario Corrales Cruz, teniendo
en cuenta el 75% del salario devengado en el último año de servicios, esto es, entre el 25
de junio de 2002 y el 25 de junio de 2003, con todos los factores salariales, además de la
asignación básica, como factores salariales (sic), el auxilio de alimentación, auxilio de
transporte, primas de servicios y vacaciones (…)”.
11. De acuerdo con los elementos valorados por el Tribunal, advirtió que el
accionante se encontraba amparado por el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que, para el primero (1º) de abril de mil
novecientos noventa y cuatro (1994), tenía más de cuarenta (40) años de edad y
había superado los quince (15) años de servicio. Sostuvo que, como el ahora
demandado cumplió cincuenta y cinco (55) años de edad el siete (7) de octubre de
dos mil ocho (2008), y laboró en el Instituto de Seguros Sociales – ISS por espacio
superior a los veinte (20) años, tiene derecho a que su pensión vitalicia de jubilación
sea reconocida y liquidada conforme a las previsiones del Decreto 1653 de 1977,
de donde se extrae que el monto de la pensión se determina teniendo en cuenta
todos los factores devengados durante el último año de prestación de servicio.
12. El A quo adujo que no desconocía los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, contenidos en las sentencias SU-230 de 2015 y C-258 de 2013; sin
embargo, anotó que, aún con tales decisiones, el Consejo de Estado ratificó en la
sentencia de unificación del veinticinco (25) de febrero de dos mil dieciséis (2016),
la aplicación de la sentencia del cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010), en la
que se precisó el criterio en cuanto a los factores salariales que se deben tener en
cuenta para la liquidación pensional (en el sentido de tener en cuenta el universo de
factores percibidos por el trabajador durante el último año de servicios), razón por
la cual, concluyó que acogía el precedente del órgano de cierre de la jurisdicción.
13. Así las cosas, el Tribunal afirmó que, con estricta observancia del precedente
del Consejo de Estado, al demandante le asiste el derecho a que la pensión sea
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reliquidada con inclusión como factores salariales, además de la asignación básica,
el auxilio de alimentación, auxilio de transporte, primas de servicios y vacaciones.
1.3) Causales de revisión invocadas.
14. La entidad accionante invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, al sostener que, la reliquidación de la pensión del señor Corrales
Cruz, en los términos ordenados en la sentencia objeto de revisión, no se acompasa
con lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 respecto al IBL,
comoquiera que, a su juicio, se debieron tener en cuenta solamente los factores
salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994 para liquidar la referida prestación.
15. Sostuvo que, la reliquidación ordenada por la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca resulta contraria a los artículos 1º, 2º, 4º, 6º, 13,
48, 121, 123 inciso 2º y 124 de la Constitución Política. En adición, precisó que, la
decisión controvertida se apartó del precedente constitucional aplicable a la materia.
16. Reprochó que el Tribunal en cita hubiera procedido con la reliquidación de la
pensión de jubilación, bajo la égida del Decreto 1653 de 1977, al encontrar al
beneficiario inmerso en el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, y aplicándole, en consecuencia, el IBL del 75% de lo devengado
en el último año de servicios, con inclusión de factores salariales como el auxilio de
alimentación y de transporte, prima de servicios, vacaciones y la asignación básica.
17. Aseveró que, con ocasión de lo ordenado por el Tribunal, se otorgó “un derecho
a la reliquidación pensional en exceso”, circunstancia que, según adujo, lesiona
gravemente el erario, en la medida en que es a la Nación a la que le corresponde
asumir los recursos para sufragar la prestación del demandado.
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1.4) Contestación de la demanda de revisión.
18. Mediante el auto del dieciocho (18) de junio de dos mil veinticuatro (2024)4, el
despacho sustanciador admitió la acción especial de revisión y, en aplicación del
artículo 6º, inciso 6º, de la Ley 2213 de 2022, ordenó las notificaciones de rigor. La
providencia fue notificada el veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)5
y, dentro del término de traslado, la parte demandada no se pronunció frente a la
demanda, como se dispuso en el auto de pruebas proferido el cinco (5) de diciembre
de dos mil veinticinco (2025)6, en el que se tuvo por no contestada.
1.5) Concepto del Ministerio Público.
19. El Procurador Delegado de Intervención 8 Tercero ante el Consejo de Estado
rindió concepto 7 , en virtud del cual solicitó que se declare infundado el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
20. En criterio del agente del Ministerio Público, no concurren los elementos fácticos
y normativos para que se configure la causal contenida en el artículo 20, literal b),
de la Ley 797 de 2003, toda vez que la providencia objeto de revisión fue proferida
con un criterio jurisprudencial hermenéutico distinto -y anterior- al de la sentencia
de unificación de la Corte Constitucional SU-230 de 2015, posteriormente ratificada
con las sentencias SU-427 de 2016, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017, a través
de las cuales se precisó -y reiteró- la interpretación respecto del alcance del régimen
de transición general del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según la cual el ingreso
base de liquidación no hace parte de dicho régimen de transición pensional.
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Índice 00011 del expediente electrónico que reposa en el Samai.
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Índice 00014 del expediente electrónico que reposa en el Samai.
6
Índice 00026 del expediente electrónico que reposa en el Samai.
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Índice 00018 del expediente electrónico que reposa en el Samai.
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21. Manifestó que, para la fecha en la que se profirió la sentencia censurada, esto
es, el veintiocho (28) de junio de dos mil diecisiete (2017), ya existía unificación
jurisprudencial sobre la materia, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, de fecha cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010), relativa
al régimen de transición pensional y a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, en punto al monto de la pensión a reconocer y los factores
salariales de liquidación que debían tomarse en cuenta para ese fin.
22. Destacó que, en la providencia en comento, el Consejo de Estado unificó su
jurisprudencia en el sentido de señalar que, para el servidor público, el IBL hace
parte del régimen de transición y que, en consecuencia, tanto la edad, como el
tiempo de servicio, incluidos los factores salariales devengados que se debían tener
en cuenta para liquidar la pensión, eran los previstos en el régimen anterior al de la
Ley 100 de 1993. Lo anterior teniendo en cuenta que, por un lado, el régimen a
aplicar debía conservar su integralidad, sin posibilidad de escindir la norma en lo
referente al IBL y, por el otro lado, opera el principio de favorabilidad en beneficio
del trabajador, por lo que, por regla general, tanto en los regímenes ordinarios, como
los especiales, el IBL correspondía al último año de servicios tomando como
factores salariales la totalidad de los devengados en este período.
23. En línea con lo expuesto, recordó que los factores relacionados en el artículo 3º
de la Ley 33 de 1985 no se inscriben en un listado taxativo, sino simplemente
enunciativo, razón que no impide la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador, a título de salario, durante el último año de prestación de servicios, sin
distingo de los aportes realizados sobre ellos, “(…) puesto que tal omisión no es
justificación para excluirlos al momento de integrar el IBL, y en el evento de no
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haberse realizado los aportes, el fallo judicial debía contemplar la respectiva
reliquidación y descuento en favor del correspondiente fondo pensional.”
24. Adujo que, al margen de las sentencias C-258 de 2013 y la SU-230 de 2015,
proferidas por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado se apartó de dichos
pronunciamientos, como ocurrió con la sentencia del veinticinco (25) de febrero de
dos mil dieciséis (2016), proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda, en la
cual ratificó la tesis según la cual el IBL debe regirse por la norma prevista en el
régimen pensional anterior, y no por lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100
de 1993. A partir del recuento anterior, el Ministerio Público concluyó que la pensión
del señor Olegario Corrales Cruz fue “reliquidada conforme a la normatividad y
jurisprudencia vigente al momento”, esto es, de acuerdo con la posición adoptada
en la sentencia de unificación del cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010),
proferida por el Consejo de Estado, sin que se avizorara un abuso del derecho.
II. CONSIDERACIONES
2.1) Competencia.
25. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción,
según lo previsto en los artículos 249 del CPACA8 y 20 de la Ley 797 de 20039, en
concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación,
contenido en el Acuerdo 080 del doce (12) de marzo de dos mil diecinueve (2019)10.
2.2) Oportunidad.
8
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán
las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
9
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias»
10
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
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26. La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que la sentencia
revisada fue notificada el cinco (5) de julio de dos mil diecisiete (2017) 11, cobró
ejecutoria el diez (10) de ese mismo mes y año12, y la demanda fue presentada el
veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021) 13 , razón por la cual, no fue
superado el término de cinco (5) años establecido en el artículo 251 del CPACA.
2.3) Problema jurídico.
27. En el presente caso, le corresponde a la Sala determinar si la sentencia del
veintiocho (28) de junio de dos mil diecisiete (2017), proferida por la Sección
Segunda, Subsección “B”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuya
revisión se pretende, está incursa en la causal de revisión consagrada en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si la cuantía de la pensión
reconocida a favor del señor Corrales Cruz excedió lo debido de acuerdo con la ley.
28. Con el propósito de desatar el problema jurídico planteado, se abordarán los
siguientes capítulos: 2.4) el marco normativo y jurisprudencial de la acción especial
de revisión; 2.5) el caso concreto; y 2.6) la condena en costas.
2.4) Marco normativo y jurisprudencial.
2.4.1) Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003: objeto y alcance.
29. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de
providencias judiciales, de la siguiente manera:
11
Índice 00033 del expediente electrónico que reposa en el Samai, p. 150 del archivo.
12
Índice 00033 del expediente electrónico que reposa en el Samai, p. 154 del archivo.
13
Índice 00001 del expediente electrónico que reposa en el Samai.
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Demandada: Olegario Corrales Cruz
«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales
que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas
para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
30. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material 14 y
comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual esta Corporación ha sostenido que
«sólo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si
el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en
este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»15.
31. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y
quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su
prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas, que no corresponden
a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio,
adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada.
Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo, so pretexto de reabrir el debate
14
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.
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jurídico o revivir una valoración probatoria, que fue realizada por el juez de instancia.
32. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que,
la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite
convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de
esta clase de instrumentos extraordinarios16.
33. Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio del
recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo
explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del cuatro
(4) de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el
referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 17 […]
pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 18, dado que, más allá de
que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario
de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 19»,
tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción20.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
17
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas
procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado
a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control
más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-
00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad.
11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E)
Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza
a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena.
Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó,
como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra
sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base
en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –.
Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las
sentencias.
19
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia,
reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de
2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de
2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
20
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
14
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2.4.2) Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de
acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.
34. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone
que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», es decir,
cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a
lo legal o convencionalmente viable.
35. Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente
se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016,
SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, a partir de las cuales se advierte que el ingreso
base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, es el previsto en el inciso tercero del artículo 36
de dicha norma, pues aquel no hace parte de los beneficios que éste otorga.
36. No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial con respecto a la
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que la controversia no
se agota en la simple confrontación de las normas aplicables y la sentencia revisada,
sino que impone un análisis más detallado y cuidadoso. En efecto, se tiene que,
antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos y condiciones
generales para acceder a la pensión de jubilación, por parte de los servidores
públicos, se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía previsto
que todo «empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55
años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una pensión mensual
15
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vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».
37. Así, aunque la Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas
reglas, con arreglo a las cuales resulta posible causar el derecho a devengar una
pensión, el Legislador previó la posibilidad de acceder a un régimen de transición,
en los términos señalados en el artículo 36 de la norma en cuestión21, aludiendo a
los componentes de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión, a efectos de
proteger las expectativas legítimas de las personas próximas a pensionarse.
38. Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo por el
cual la Sección Segunda de esta Corporación, en la sentencia de unificación
proferida el cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010)22, acogió el principio de
inescindibilidad, conforme al cual dispuso que, a los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, les debía ser aplicada, en su totalidad, la normativa
de la cual eran destinatarios al momento en que esta entró en vigor, y concluyó que:
«(…) la Ley 33 de 1985 no indicó en forma taxativa los factores salariales que
conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios».
21
«ARTICULO. 36.- Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55)
años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos
años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión
de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si
son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la
establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. El ingreso base
para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo
el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a
la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los
dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. […]»
22
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010. Radicación: 0112-2009.
Demandante: Luis Mario Velandia. Demandado: Cajanal. Magistrado ponente: Víctor Hernán Alvarado Ardila.
16
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39. Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la sentencia SU-
230 de 2015, en la que la Corte Constitucional modificó el sentido de su
jurisprudencia referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y
precisó que el ingreso base de liquidación no es un elemento del régimen de
transición previsto en el artículo 36 ibídem y, por tal razón, dichas pensiones deben
ser liquidadas calculando el porcentaje previsto a manera de monto por el régimen
anterior, sobre el ingreso base de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993.
40. La postura antedicha generó una divergencia interpretativa que sólo fue
superada con la emisión de la sentencia de unificación jurisprudencial del veintiocho
(28) de agosto de 201823, en la cual la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
modificó la postura que sostenía la Sección Segunda, en los siguientes términos:
«[…] 92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
sienta la siguiente regla jurisprudencial: “El Ingreso Base de Liquidación del inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición
para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los
requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones
previsto en la Ley 33 de 1985”.
93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar
el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes
subreglas:
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme
a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-
23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
17
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base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.
[…] 96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones […]».
41. En consecuencia, si bien es cierto que la jurisprudencia en vigor de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado prevé que el ingreso base de liquidación no
es un elemento integrante del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993,
también lo es que, con antelación a la emisión del citado fallo de veintiocho (28) de
agosto de dos mil dieciocho (2018), la posición unificada del Máximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo era distinta, postura que, con pleno sustento legal y
constitucional, acogieron no pocos juzgados y tribunales administrativos del país a
la hora de proferir sus decisiones.
42. Dicha situación no fue desatendida en la sentencia de unificación del veintiocho
(28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) y, con el objeto de clarificar la aplicación
de las reglas jurisprudenciales fijadas, se establecieron los efectos de la decisión de
la siguiente manera:
«[…] 115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al
precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia,
disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se
aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en
vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado
la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables.
116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad
jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por
ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación
de esta sentencia.
117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen
de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera
que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una
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sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada […]».
43. Así las cosas, en punto a concretar el alcance de la causal prevista en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en aquellos casos en los que, en el marco
de interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se acusa
una determinada providencia judicial de ordenar la liquidación de una pensión en
una cuantía que excede lo que legalmente corresponde, conforme a la copiosa
jurisprudencia de esta Corporación, es viable compilar las siguientes subreglas de
aplicación normativa:
a. El cambio jurisprudencial adoptado con la sentencia de unificación jurisprudencial de 28
de agosto de 201824 no configura, por sí solo, infracción de las normas pensionales que
fijan el ingreso base de las pensiones reconocidas en virtud del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993.
b. Las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de unificación
jurisprudencial de 28 de agosto de 2018 25 en las que se hubiere preferido dar aplicación
a la posición de unificación impuesta por esta Corporación con fallo de 4 de agosto de
2010 y no así a la tesis expuesta en sentencia SU-230 de 2015, no configuran, por ese
solo hecho, un abuso del derecho o fraude a la ley.
c. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el reconocimiento de
una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la medida que la cuantía excedió
el límite legal.
44. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el
reconocimiento de una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la
medida en que la cuantía haya excedido el límite legal.
2.5) Caso concreto.
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm.
52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm.
52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
19
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45. Descendiendo al asunto sub examine, la Sala recuerda que, la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, pretende que se infirme la sentencia del veintiocho (28) de junio de
dos mil diecisiete (2017), proferida por la Sección Segunda, Subsección “B”, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se revocó la sentencia
del treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015), proferida por el Juzgado
Décimo (10º) Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, para
que, en su lugar, se declare que el señor Corrales Cruz no tiene derecho a que su
pensión de jubilación se liquide con la totalidad de factores de salario devengados
en el último año de servicio, atendiendo a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1158 de 1994 y el precedente constitucional.
46. Expuesto el extremo de la controversia que corresponde a la presente acción,
la Sala reitera la subregla de aplicación normativa, identificada en el estudio que
antecede, según la cual, las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de
la providencia de unificación jurisprudencial del veintiocho (28) de agosto de dos mil
dieciocho (2018)26, en las que se hubiere decidido dar aplicación a la posición de
unificación adoptada por esta Corporación en el fallo del cuatro (4) de agosto de dos
mil diez (2010) y, no así, a la tesis expuesta en sentencia SU-230 de 2015, no
configuran, por ese solo hecho, un abuso del derecho o fraude a la ley.
47. En el presente caso, evidencia la Sala que, mediante la sentencia del treinta y
uno (31) de agosto de dos mil quince (2015), proferida por el Juzgado Décimo (10º)
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, se denegaron de
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho intentada
por el señor Olegario Corrales Cruz, encaminada a que se ordenara la reliquidación
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-
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de la pensión que le fue reconocida, con la inclusión del universo de factores
devengados durante el último año de servicios. Para esa sede judicial, debía
aplicarse la interpretación del régimen de transición acogida por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-230 de 2015, a partir de la cual, se concluyó que
los actos demandados fueron expedidos con fundamento en dicha tesis y, en tal
virtud, no develaban vicio de ilegalidad alguno que condujera a su nulidad.
48. Como se advirtió ut supra, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la
sentencia objeto de revisión, revocó el fallo apelado y, en su lugar, accedió a las
pretensiones del señor Corrales Cruz. Para dicho propósito, el Tribunal, contrario a
la tesis prohijada por el Juzgado, acogió la postura respaldada por el Consejo de
Estado en la sentencia del veinticinco (25) de febrero de dos mil dieciséis (2016),
en la cual se ratificó la regla acogida en la sentencia del cuatro (4) de agosto de dos
mil diez (2010), en orden a avalar la liquidación de la pensión con base en la
integridad de factores salariales percibidos por el trabajador durante el último año
de servicios, de conformidad con las previsiones del Decreto 1653 de 1977.
49. Así las cosas, el Tribunal ordenó a la entidad demandada -en esa oportunidad-
a que procediera con la reliquidación de la pensión del señor Corrales Cruz,
teniendo en cuenta el 75% del salario devengado en el último año de servicios (esto
es, entre el 25 de junio de 2002, y el 25 de junio de 2003), con inclusión de todos
los factores salariales, que comprenden no sólo la asignación básica, sino también
el auxilio de alimentación, auxilio de transporte, la prima de servicios y vacaciones.
50. Como consecuencia de la decisión anterior, la Unidad Administrativa de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, mediante
la Resolución RDP No. 010363 del veintidós (22) de marzo del dos mil dieciocho
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(2018)27, con miras a acatar la providencia objeto de revisión, reliquidó la pensión
del señor Corrales Cruz, en cuantía de $1.278.977, con efectividad a partir del siete
(7) de octubre de dos mil ocho (2008). Para tal fin, en la liquidación pensional tuvo
en cuenta los siguientes factores salariales devengados por el beneficiario:
51. Por lo tanto, la Sala vislumbra que la sentencia censurada observó la posición
jurisprudencial de esta Corporación, que se encontraba en vigor al momento en que
se profirió, razón por la cual no se avizora que la decisión comporte una transgresión
normativa directa, ni resulta, por sí sola, contraria al régimen legal.
52. En este punto, debe anotarse que también le corresponde al juez de revisión
establecer, de acuerdo con las particularidades de cada caso, si la sentencia
objetada hizo posible el reconocimiento de una pensión con abuso del derecho o
fraude a la ley, en la medida en que la cuantía haya excedido el límite legal.
53. Al respecto, en la sentencia del veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno
(2021), la Sección Segunda del Consejo de Estado indicó28:
«[…] 34. Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente señalar que la acción de revisión se
erige como una herramienta judicial cuyo ejercicio hace prevalecer el interés de la
27
Índice 00033 del expediente electrónico que reposa en el Samai, pág. 241 y siguientes del archivo.
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de mayo de 2021. Radicado: 11001-03-25-000-
2018-01538-00. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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colectividad por encima del particular al detener o armonizar con la ley el pago de pensiones
reconocidas en exceso, bien sea por error, ignorancia o desconocimiento del funcionario
judicial o administrativo de las disposiciones reguladoras de la pensión o ya sea por
adoptarse una interpretación que no se acompasa con los principios reguladores del sistema
de seguridad social en pensiones vertidos en la Carta Superior.
35. En ese sentido, un abuso del derecho en el sistema de seguridad social en pensiones se
produce cuando en ejercicio de las garantías que aquel cobija, un individuo con una posición
económica privilegiada obtiene, además de las ventajas que ostenta en la sociedad, otras
adicionales que desafían los principios de la seguridad social en pensiones y resisten su
orientación equitativa, tal como lo reconoció la Sentencia C-258 de 2013 al sostener que
<<para que se produzca este abuso del derecho, el aumento [de la mesada pensional], se
repite, debe ser claramente desproporcionado y debe ser evidente que no corresponde a su
historia laboral>>.
36. Entonces, se justifica la revisión de las sentencias controvertidas por vía de las acciones
extraordinaria de revisión, en aquellos casos en los cuales, al constatar que la ventaja
irrazonable que generó el fallo cuestionado pone en riesgo el sostenimiento fiscal del sistema
y por ende, la expectativa de los demás afiliados del sistema de seguridad social, con ocasión
de una anomalía en la interpretación judicial, carga que por supuesto, está a cargo de quien
invoca la causal y que tiene el deber de demostrarlo […]»
54. A su vez, la Sala Especial de Decisión 2 del Consejo de Estado, en la sentencia
del veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), estableció29:
«[…] 65. Evidentemente, no puede considerarse que el presente caso se trate de una
pensión obtenida con abuso del derecho o con fraude a la ley o que se trate de una pensión
injustificada o excesivamente privilegiada, teniendo en cuenta que la cuantía de la pensión
inicialmente determinada en $1.356.900,61 fue reliquidada por el retiro del señor García
García a la suma de $1.541.1540,41 mediante Resolución 15191 del 12 de agosto de 2003
(aclarada por la Resolución 004902 del 27 de febrero de 2004) y, posteriormente,
determinada en $1.932.465,13, mediante Resolución 27739 del 13 de junio de 2007, a
través de la cual CAJANAL EICE dio cumplimiento al fallo de nulidad y restablecimiento del
derecho, según consta en el folio 106 del cuaderno de anexos del recurso extraordinario de
revisión.
66. Por otra parte, a juicio de la Sala, la pensión, en el monto así reconocido por el Consejo
de Estado hace más de 15 años, no atenta contra el interés general, ni tiene una repercusión
en detrimento de los recursos estatales; además, que, en tales condiciones, no pone en
desequilibrio la sostenibilidad fiscal del sistema pensional, primero porque no corresponde
a una de aquellas pensiones excesivas, privilegiadas, o a uno de los beneficios
desproporcionados que, entre otros aspectos, dieron origen a la necesidad de modificar el
sistema pensional para ponerles término 30 y, segundo, porque la sentencia recurrida en
29
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2. Sentencia del 24 de septiembre de 2021. Radicado: 11001-03-15-000-
2018-01426-00. Recurrente: UGPP. M.P. César Palomino Cortés.
30
En la Sentencia de Unificación del 11 de junio de 2020, citada anteriormente, se explicó como la sostenibilidad financiera
fue el fundamento del esquema pensional instituido por el Acto Legislativo 01 de 2005, así: “Como era alarmante la situación
fiscal por la que venía atravesando el Estado, puesto que había comprometido seriamente sus finanzas públicas, producto
del reconocimiento y pago de excesivas pensiones a su cargo, hecho sumado al retraso en la vigencia plena del nuevo
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revisión, dispuso que en el evento de no haberse pagado la totalidad de los aportes de ley,
la Caja debería realizar las compensaciones correspondientes, lo cual, responde
precisamente a la observancia de este criterio de sostenibilidad financiera del sistema, como
reiteradamente lo consideraba el Consejo de Estado, en sus diferentes salas, al señalar, en
algunos de sus pronunciamientos, que “la decisión que accedió al reconocimiento de la
reliquidación pensional, no podía pasar por alto el criterio de sostenibilidad fiscal
consagrado en la Carta Política (art. 48), lo que se manifiesta en la orden de descuento de
los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, como se acaba de indicar
[…]»31
55. En el caso bajo estudio, la Sala de Subsección encuentra acreditado que el
señor Olegario Corrales Cruz nació el siete (7) de octubre de mil novecientos
cincuenta y tres (1953)32, y que acumuló los siguientes tiempos de servicios: (i) por
un lado, en el Instituto de Seguros Sociales – ISS laboró como auxiliar de servicios
administrativos, desde el dieciséis (16) de junio de mil novecientos setenta y seis
(1976), al veinticinco (25) de junio de dos mil tres (2003); y (ii) por el otro lado, en la
E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento se desempeñó como auxiliar administrativo
grado 23, desde el veintiséis (26) de junio de 2003, hasta el once (11) de mayo de
dos mil ocho (2008), acumulando un total de 11.466 días de servicio (+30 años).
56. De igual manera, a partir de la revisión de las pruebas obrantes en el expediente
con Rad. Núm. 11001-33-35-017-2014-00139-00(01), las cuales fueron remitidas a
esta instancia judicial, se logra extraer que: (i) el estatus pensional tuvo efectividad
a partir del siete (7) de octubre de dos mil ocho (2008); (ii) prestó sus servicios
durante más de treinta (30) años, primero al Instituto de Seguros Sociales – ISS y,
más adelante, en virtud de la escisión del citado instituto, a la E.S.E. Luis Carlos
sistema pensional, con ocasión de un régimen de transición que estipuló el derecho a jubilarse con el régimen anterior que
fuera aplicable, se presentó la necesidad de adicionar el artículo 48 de la Constitución Política a través del Acto Legislativo
01 de 2005, en cuyo artículo 1.° se estableció que al Estado, no solo le corresponde respetar los derechos adquiridos de
conformidad con la ley, sino que, además, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, al igual que asumir
el pago de la deuda pensional que estuviera a su cargo (subraya fuera del texto).
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 19 de abril de 2018 (exp. 2017-
01534-01), reiterada en sentencia del 14 de marzo de 2019, (exp. 2018-00683-01(AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
32
Índice 00033 del expediente electrónico que reposa en el Samai, pág. 65 y siguientes del archivo.
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Número Interno: 2315-2021
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandada: Olegario Corrales Cruz
Galán Sarmiento, siendo su último cargo el de “auxiliar de servicios administrativos”,
grado 23, el cual desempeñó hasta el año dos mil ocho (2008).33
57. Sobre la base de los hechos relacionados, el señor Corrales Cruz se encontraba
amparado por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, y tenía derecho a que la reliquidación de su pensión se hiciera de acuerdo
con la totalidad de factores salariales legales percibidos durante el último año de
servicios, conforme al artículo 1º de la Ley 33 de 1985, las demás disposiciones
concordantes y a la posición jurisprudencial prohijada por esta Corporación.
58. En consecuencia, y contrario a lo sostenido por la parte actora, los factores
salariales incluidos por el Tribunal, se ajustan a los parámetros fijados en la
sentencia de unificación del cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010), sin exceder
sus lineamientos. Ello, conforme a los factores salariales efectivamente devengados
por el señor Olegario Corrales Cruz, según el certificado de salarios devengados
expedido el diecinueve (19) de enero de dos mil diez (2010) por la coordinación de
nómina del Instituto de Seguros Sociales – ISS (Seccional Cundinamarca).34
59. Así las cosas, no es posible advertir que la orden de reliquidación, cumplida a
través de la Resolución RDP No. 010363 del veintidós (22) de marzo del dos mil
dieciocho (2018)35, en la cual se determinó un monto de la mesada pensional en
cuantía de $1.278.977, configure un pago en exceso, ni que comprometa la
sostenibilidad del sistema pensional, pues, en efecto, dicho monto no supera los
veinticinco (25) SMMLV, es decir, está dentro de los límites pensionales, así como
33
Índice 00033 del expediente electrónico que reposa en el Samai, pág. 65 y siguientes del archivo.
34
Índice 00033 del expediente electrónico que reposa en el Samai, pág. 78 y siguientes del archivo.
35
Índice 00033 del expediente electrónico que reposa en el Samai, pág. 241 y siguientes del archivo.
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Número Interno: 2315-2021
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandada: Olegario Corrales Cruz
se estableció en la sentencia de unificación del doce (12) de septiembre de dos mil
catorce (2014), proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado36.
60. Con base en lo expuesto en precedencia, se concluye que la reliquidación
ordenada no constituye un abuso del derecho, ni se advierte que la prestación haya
sido reconocida con fraude a la ley, ni que implique un incremento desproporcionado
de la mesada pensional, sobre aquellos casos en los que el reclamante era
beneficiario del régimen de transición de la Ley 33 de 198537, como lo ha precisado
esta Subsección, en asuntos de condiciones fácticas similares38. En consecuencia,
la reliquidación fue el resultado de la correcta aplicación del régimen especial
pensional, respetando en todo momento los topes legalmente establecidos.
61. Como corolario de lo anterior, es dable sostener que la entidad accionante no
logró acreditar los elementos constitutivos de la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, motivo por el cual se impone para la Sala declarar
infundada la presente acción, tal como será dispuesto en la parte resolutiva.
2.6) Condena en costas.
62. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
36
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren (E) Bogotá, D.C., Doce (12) de Septiembre De Dos Mil Catorce (2014) Radicación Número: 25000-23-42-000-
2013-00632-01(1434-14) Actor: Gladys Agudelo Ordóñez Demandado: Administradora Colombiana De Pensiones -
Colpensiones - Referencia: Sentencia de Unificación
37
Postura que es recogida de forma emblemática dentro expediente referencia: No. 250002325000200404442 01 No.
INTERNO: 0208-2007 Autoridades nacionales, demandante: Jorge Hernández Vásquez, Consejera Ponente: Bertha Lucía
Ramírez de Páez, de fecha nueve (9) de julio de dos mil nueve (2009).
38
Consejo de estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado 11001-03-25-000-2019-00959-00 (6670-2019), sentencia
del 29 de octubre del 2025. Consejero Ponente, Jorge Edison Portocarrero Banguera
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Número Interno: 2315-2021
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandada: Olegario Corrales Cruz
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, contra la sentencia del veintiocho (28)
de junio de dos mil diecisiete (2017), proferida por la Sección Segunda, Subsección
“B”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del expediente de nulidad
y restablecimiento del derecho con Rad. Núm. 11001-33-35-017-2014-00139-00,
mediante la cual se revocó la sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil
quince (2015), proferida por el Juzgado Décimo (10º) Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias del caso.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
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Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandada: Olegario Corrales Cruz
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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