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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00484-00

Fecha
10 de abril de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00484-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR infundada la acción especial de revisión ejercida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre el 9 de mayo de 2017. SEGUNDO. No imponer condena en costas. 35 Gaceta del Congreso nro. 350 de 23 de agosto de 2002. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-25-000-2021-00484-00 (2322-2021) Demandante: UGPP Demandado: Olga Rosa Petro Martínez Devolver el expediente ordinario al tribunal de origen, si hay lugar a ello, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00484-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

10 de abril de 2025

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00484-00 (2322-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Olga Rosa Petro Martínez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00484-00 (2322-2021)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Olga Rosa Petro Martínez
Referencia: Acción especial de revisión

Tema: acción especial de revisión, Ley 797 de 2003, artículo 20, literal b). Subtema 1:
naturaleza y alcance de la acción especial. Subtema 2: análisis del reconocimiento y
liquidación de la pensión. Régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985; IBL. Subtema 3:
conformidad de la cuantía del derecho pensional con lo debido de acuerdo con la ley.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
acción especial de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP), contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Sucre, el 9 de mayo de 2017, que confirmó la
providencia por medio de la cual se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación
reconocida a favor de Rafael Andrés López Barreto, conforme con la Ley 33 de 1985,
sustituida a Olga Rosa Pietro Martínez.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La UGPP, en ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, pretende que se invalide la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Sucre el 9 de mayo de 2017, por medio de la cual se confirmó la
providencia de primera instancia que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación
reconocida a favor de Rafael Andrés López Barreto, bajo el régimen de la Ley 33 de
1985, en el sentido de ordenar la inclusión de los viáticos y las primas de servicios,
vacaciones y navidad percibidos en ejercicio del cargo de auxiliar de área del
Departamento Administrativo de Seguridad Social en Salud de la Gobernación de
Sucre. La UGPP fundamenta la acción de revisión en la causal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, al considerar que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido
según la normativa aplicable.

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00484-00 (2322-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Olga Rosa Petro Martínez

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda inicial y sentencia objeto de la acción especial de revisión

1. Rafael Andrés López Barreto, por conducto de apoderado judicial, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones
RDP 021601 del 14 de mayo de 2013, RDP 031833 del 15 de julio de 2013 y RDP
036060 del 9 de agosto de 2013, expedidas por la UGPP, que negaron la reliquidación
de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados
en el último año de servicio.

2. La pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho que dio lugar a la decisión
judicial objeto de la acción especial de revisión estuvo dirigida a obtener la reliquidación
de la pensión de jubilación reconocida mediante la Resolución 35025 del 24 de julio de
2003, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de
servicio, comprendido entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2010,
lapso en el que ejerció el cargo de auxiliar del área de salud en el Departamento
Administrativo de Seguridad Social en Salud de la Gobernación de Sucre.

3. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo (Sucre),
mediante sentencia dictada el 10 de agosto de 2016, declaró la nulidad de los actos
demandados y le ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de jubilación con la inclusión de
los viáticos y las primas de servicios, vacaciones y navidad devengados en el último año
de servicio, a partir del 1 de enero de 2011, «previa deducción de los descuentos por
aportes que dejaron de efectuarse»1.

4. Al sustentar la decisión, el juzgado consideró que, según el precedente del
Consejo de Estado señalado en la sentencia del 4 de agosto de 2010, los factores
dispuestos en la Ley 62 de 1985, que modificó la Ley 33 del mismo año, «no son
taxativos, son un principio general (…), permitiendo incluir factores devengados por
los trabajadores durante el último año de prestación del servicio (…), [tesis] unificadora
que data del 4 de agosto de 2010».

5. El Tribunal Administrativo de Sucre confirmó la decisión mediante sentencia del
9 de mayo de 2017, al considerar que la pensión reconocida conforme con la Ley 33
de 1985 se debe liquidar en cuantía equivalente al 75 % del promedio de los factores
salariales y demás sumas de dinero que el servidor haya recibido durante el último año
de servicio, postura sustentada en la línea jurisprudencial consolidada desde la
sentencia de unificación dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 4
de agosto de 20102.

6. De acuerdo con este precedente, ordenó reliquidar la pensión de jubilación
reconocida a Rafael Andrés López Barreto con los factores devengados en el último
año de servicio, esto es, «la bonificación por servicios prestados, la prima de servicios,
la prima de vacaciones, prima de navidad y viáticos», de conformidad con la
«interpretación asumida para la aplicación en debida forma del IBL, reafirmándose en

1 Samai, Gestionar documentos, archivo 13460 (tamaño), «C01Principal», pág. 178 y 273 (auto que corrección de

la sentencia que dispone la «interpretación de lo consignado en el literal quinto», en el sentido de disponer el pago
de las diferencias por concepto de la reliquidación a partir del 1 de enero de 2011».
2 Samai, Gestionar documentos, archivo 13460 (tamaño), «C02SegundaInstancia», pág. 45.

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la posición que desde el año 2010 se ha abierto paso en la jurisprudencia
contenciosa».

2.2. Solicitud de revisión especial

7. El apoderado de la UGPP presentó la solicitud de revisión en ejercicio de la
acción especial prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en contra de la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre el 9 de mayo de 2017, para
que se invalide y, en su lugar, se ordene lo siguiente3:

(i) Declarar que la reliquidación de la pensión de vejez reconocida a Rafael
Andrés López Barreto y sustituida a Olga Rosa Petro Martínez no se ajusta
a derecho, ya que la inclusión de factores salariales adicionales excede lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
(ii) Ordenar que la UGPP que reliquide la pensión conforme al inciso 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores salariales
taxativamente determinados en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.
(iii) Disponer que Olga Rosa Petro Martínez restituya a la UGPP los valores
percibidos en exceso, actualizados e indexados, con los intereses
moratorios correspondientes.

8. La UGPP argumentó que la decisión judicial objeto de revisión desconoció la
normativa pensional y los precedentes jurisprudenciales, al aplicar incorrectamente el
régimen de transición y ordenar la inclusión de factores salariales no previstos para el
cálculo del ingreso base de liquidación (IBL). Señaló que estas decisiones generan un
detrimento grave al erario, al comprometer el principio de sostenibilidad financiera que
gobierna el sistema de pensiones.

9. Según la UGPP, el ingreso base de liquidación debe calcularse de conformidad
con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según el cual el
IBL corresponde al promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio o
durante toda la vida laboral, actualizado anualmente con base en la variación del IPC.

10. La entidad recurrente afirmó que el Consejo de Estado, en sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, estableció que el IBL de la pensión de jubilación
reconocida a favor de los beneficiarios del régimen de transición debe calcularse según
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no conforme con las normas anteriores a esta,
como la Ley 33 de 1985.

11. Concluyó que la sentencia objeto de revisión desconoció el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 y los precedentes de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado al otorgar una reliquidación pensional con base en normas
inaplicables al caso concreto, lo que genera un pago en exceso a favor de la sustituta
pensional, Olga Rosa Petro Martínez.

3 Samai, índice 3, archivo 2221 (tamaño).

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2.3. Trámite de la acción especial de revisión

12. Esta corporación, mediante auto del 31 de agosto de 2023, admitió la demanda
interpuesta por la UGPP en ejercicio de la acción especial de revisión en contra de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, el 9 de mayo de 2017, y
ordenó la notificación personal del auto a Olga Rosa Petro Martínez, a quien le fue
sustituida la pensión reconocida a Rafael Andrés López Barreto4. La demandada fue
notificada, pero no contestó la demanda.

13. El despacho sustanciador, por auto del 28 de agosto de 2024, incorporó al
expediente los documentos aportados con la demanda de revisión; ordenó oficiar al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo para que enviara a este
proceso el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el
número 70001-33-33-002-2014-00076-00(01); requirió a la UGPP para que
constituyera nuevo apoderado, solicitud que atendió mediante poder conferido al
abogado Jorge Iván Palacio Palacio5, y corrió traslado de las pruebas en conformidad
con el artículo 110 del CGP6.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

14. Esta Subsección es competente para conocer de la acción especial de revisión
de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y el inciso
segundo del artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)7, por cuanto este
mecanismo se surte mediante el procedimiento previsto para el recurso extraordinario
que se interpone contra sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos.

3.2. Oportunidad de la acción especial de revisión

15. En relación con la oportunidad de la acción especial, el último inciso del artículo
251 del CPACA prevé que la revisión sustentada en las causales establecidas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe presentarse dentro de los cinco (5) años
siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial.

16. En este caso, la Sala encuentra acreditado con la constancia expedida por el
secretario del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo que la
sentencia objeto de revisión, dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre el 9 de
mayo de 2017, cobró ejecutoria el 24 de mayo de 2017, fecha en la que se dispuso la

4 Samai, índice 10.
5 Samai, índice 36.
6 Samai, índice 30.
7 «Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del

Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió
la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia (…)». (Artículo
adicionado por la Ley 2080 de 2021, así: Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se
aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción,
regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003).
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devolución del expediente al juez de primera instancia8. Ahora, como la demanda de
revisión fue radicada el 28 de julio de 20219, se entiende que el ejercicio de la acción
especial fue oportuno.

3.3. Legitimación para la causa

17. La Ley 797 de 2003, al reformar algunas disposiciones del Sistema General de
Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, estableció en el artículo 20 que los sujetos
activos de la acción especial son el Gobierno, por conducto del Ministerio de Trabajo
y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el contralor general de la república y el
procurador general de la nación, quienes pueden ejercerla con el propósito de lograr
la revisión de las providencias judiciales que «impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza», con sustento en dos causales. La primera, establecida en el
literal a) para los eventos en que el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso; la segunda, descrita en el literal b) para los eventos en que la cuantía
del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley.

18. La Ley 1151 de 2007, al establecer la creación de la UGPP, dispuso que este
organismo también puede ejercer la acción especial de revisión en contra de las
sentencias que reconocen sumas periódicas a cargo de recursos públicos, por tratarse
de «gestiones inherentes» al reconocimiento de derechos pensionales con cargo a
entidades públicas del orden nacional.

19. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-258 de 2013, legitimó a
diferentes entidades administradoras de pensiones para ejercer la acción especial de
revisión en los eventos en que el reconocimiento pensional hubiera sido otorgado sin
cumplir las previsiones fijadas en esa providencia, frente a la aplicación del régimen
pensional especial previsto en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.

20. Asimismo, la sentencia SU-427 de 11 de agosto de 2016 precisó que la UGPP,
como sujeto activo de la acción especial, puede solicitar la revisión en un plazo de
cinco años, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia que reconoce el derecho
pensional; lapso que para el caso de la entidad referida no podía empezar a contarse
antes de que la UGPP asumiera las funciones de la extinta Caja Nacional de Previsión
Social, esto es, del 12 de junio de 2013, «en atención al estado de cosas
inconstitucional que afrontaba Cajanal».

21. En ese orden, la Sala concluye que la UGPP está legitimada en la causa por
activa para ejercer la acción de revisión especial, prevista en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, por medio del trámite dispuesto para el recurso extraordinario de
revisión, dado que esta entidad fue la que asumió el pago de la suma periódica de
dinero derivada de la reliquidación de la pensión de jubilación.

8 Samai, índice 3, archivo 15390 (tamaño), pág. 50 y «Gestionar documentos», archivo 13460 (tamaño),
«C01Principal», pág. 236.
9 Samai, índice 1.

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22. Olga Rosa Petro Martínez se encuentra legitimada para la causa por pasiva,
dado que fue reconocida como sustituta pensional de Rafael López Barreto, mediante
la Resolución 038971 de 26 de septiembre de 2018, a partir del 14 de abril de ese
año, día siguiente al fallecimiento del titular de la pensión de jubilación que se ordenó
reliquidar por medio de la sentencia objeto de la acción especial de revisión10.

3.4. Problema jurídico

23. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en la solicitud de revisión
especial presentada por la UGPP, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Sucre el 9 de mayo de 2017, la Subsección se ocupará de establecer
si la decisión judicial incurrió en la causal prevista en el literal b del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, a partir de la respuesta al siguiente problema:

24. ¿El IBL establecido en la sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación reconocida a Rafael Andrés López Barreto, ahora sustituida a Olga Rosa
Petro Martínez, conforme a la Ley 33 de 1985, excede lo debido de acuerdo con la
normativa aplicable, al incluir para su liquidación los factores salariales previstos en el
régimen pensional anterior?

3.5. Naturaleza y alcance de la acción especial de revisión de sentencias que
imponen el pago de pensiones

25. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece la revisión de las decisiones
judiciales, transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocen
sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública, mediante un mecanismo judicial que la Corte
Constitucional ha denominado «acción especial o sui generis de revisión»11.

26. Los antecedentes legislativos refieren que la acción especial fue instituida para
revisar tanto las decisiones judiciales que «han reconocido pensiones irregularmente»
como las providencias que reconocen «montos que no corresponden a la ley», con el
propósito de afrontar «los graves casos de corrupción en esta materia» y/o «evitar los
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación» por el pago de derechos pensionales
reconocidos de manera irregular o por reliquidaciones que exceden lo debido de
acuerdo con la ley12.

27. En armonía con lo anterior, esta corporación ha considerado que las causales
de revisión de pensiones obtenidas con violación al debido proceso o con exceso del
monto debido de acuerdo con la ley, constituyen una garantía para la defensa de los
principios de sostenibilidad financiera, eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de la
seguridad social en pensiones13.

10 Samai, índice 3, archivo 15390 (tamaño), pág. 129.
11 Corte Constitucional, Sentencia C-835 de 2003.
12 Gaceta del Congreso nro. 350 de 23 de agosto de 2002.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 1 de agosto de 2017, Sala Cuarta

Especial de Revisión, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, Sala Veintidós
Especial de Decisión, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).

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28. En relación con el procedimiento de la revisión especial, el artículo 20 de la Ley
797 de 2003 dispone que es el señalado para el recurso extraordinario de revisión
establecido en el código respectivo y se tramita por las causales descritas en esa
codificación y, además, (i) cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso y (ii) cuando la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

29. En lo atinente al recurso extraordinario de revisión establecido en los artículos
248 y siguientes del CPACA, la jurisprudencia de la corporación ha señalado la
naturaleza restrictiva, extraordinaria y, por ende, excepcional del recurso de revisión14
que permite el análisis de las sentencias amparadas bajo el principio de cosa
juzgada15.

30. Las causales establecidas en la norma procesal muestran la naturaleza
eminentemente procedimental de los vicios o errores que posibilitan la revisión de la
sentencia por la vía del recurso extraordinario como excepciones al principio de cosa
juzgada. La Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA16, reiteró que el recurso extraordinario de revisión previsto en la mayoría de
las áreas del derecho ha sido diseñado para proceder contra las sentencias
ejecutoriadas por las causales taxativas previstas en la ley 17, «buscando
esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción
al principio general de la cosa juzgada»18.

31. En este orden, aun cuando la revisión por las causales especiales previstas en
la Ley 797 de 2003 se surte mediante el procedimiento dispuesto para el recurso
extraordinario, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que «esto no quiere
decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la
“acción especial de revisión” le otorgan una entidad propia»19.

32. En este orden, la jurisprudencia del Consejo de Estado20 ha considerado que la
acción especial de revisión de sentencias con sustento en las causales previstas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, tiene las siguientes características:

i) Requiere de un sujeto activo cualificado porque la legitimación para ejercer
el mecanismo judicial recae sobre el gobierno, los organismos de control y
las entidades administradoras de pensiones con cargo a fondos de
naturaleza pública;

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del 3

de abril de 2018, expediente 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
15 CPACA, artículo 250.
16 Corte Constitucional, sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
17 Corte Constitucional, sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009.
18 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003. «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter

absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha
consagrado la acción de revisión (…)».
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia del 18

de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000- 2020-03549-00, y del 22 de noviembre de 2021, expediente
11001-03-15-000-2019-01749-00.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión 19 y 9, sentencias

del 18 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000- 2020-03549-00, y del 22 de noviembre de 2021,
expediente 11001-03-15-000-2019-01749-00.
7

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ii) está regida por el procedimiento previsto para el recurso extraordinario de
revisión en los artículos 248 y siguientes del CPACA;
iii) tiene como propósito revisar las sentencias que imponen el pago de sumas
periódicas o pensiones de cualquier naturaleza para mantener el equilibrio
entre la prestación y su legalidad, y salvaguardar el principio de
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social21;
iv) no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el
derecho a una prestación, ya que su marco está circunscrito a revisar los
presupuestos del reconocimiento cuando se considera que la prestación ha
sido concedida con violación al debido proceso (literal a) y/o cuando la
liquidación excede de lo debido de acuerdo con la ley (literal b)22.

3.6. Análisis del caso concreto. Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Exceso de la cuantía pensional.

33. El apoderado de la UGPP sustentó la configuración de la causal b) en el hecho
de que la orden de reliquidación que cobró firmeza con la sentencia cuestionada
excedió lo debido conforme a la ley, al determinar el IBL como lo preveía el régimen
pensional anterior (Ley 33 de 1985), aplicado por virtud de la transición normativa
establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que benefició a Rafael Andrés
López Barreto.

34. A juicio de la entidad actora, la pensión de jubilación debió ser reliquidada con
el promedio de los factores salariales pagados durante los 10 años anteriores al
cumplimiento del estatus, «teniendo en cuenta como factores base de cotización los
taxativamente determinados en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994»23.

35. Para resolver este cuestionamiento, la Sala procede a verificar los hechos que
se encuentran acreditados en el expediente para luego determinar la conformidad de
la situación pensional con la orden judicial de liquidación, a partir del análisis de la
motivación de la sentencia y el alcance de la causal consistente en el exceso de la
cuantía de la prestación frente a lo debido de acuerdo con la ley.

3.7.1. Reconocimiento y liquidación pensional

36. La Resolución 35025 de 18 de julio de 2006, incorporada al expediente, señala
que Cajanal reconoció una pensión de jubilación a favor de Rafael Andrés López
Barreto, condicionada al retiro definitivo del servicio, a partir del 1 de octubre de 2005,
en cuantía de ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos seis pesos con cincuenta y
ocho centavos ($856.606,58), equivalente al 75 % del promedio de lo devengado
durante los últimos 10 años de servicio, con inclusión de la asignación básica, la
bonificación por servicios y las horas extras24.

21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 5

de febrero de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01884-00.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia del 27 de marzo de 2014, expediente 11001-03-25-000-2012-

00561-00(2129-12). En igual sentido, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de mayo de 2018,
expediente 2014-00665-00 (acción de revisión) y sentencia de 25 de noviembre de 2021, expediente 2018-00963-
00 (acción de revisión).
23 Folio 306 del cuaderno ppal.
24 Samai, índice 3, archivo 15390 (tamaño), pág. 70.

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Demandante: UGPP
Demandado: Olga Rosa Petro Martínez

37. El acto administrativo citado refiere que el pensionado nació el 7 de septiembre
de 1947, por lo que adquirió el estatus pensional el 7 de septiembre de 2002, y que
trabajó en el sector público desde el 16 de julio de 1973 hasta el 30 de septiembre de
2005, en DASSALUD-Sucre (Departamento Administrativo de Seguridad Social en
Salud de la Gobernación de Sucre).

38. La UGPP, mediante Resolución 021601 de 14 de mayo de 2013, negó la
reliquidación de la pensión solicitada por Rafael Andrés López Barreto el 20 de febrero
de 2013, con el argumento de que el IBL se debía calcular conforme con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, esto es, en cuantía
equivalente al 75% del promedio de lo devengado desde el 7 de septiembre de 2002,
fecha en la que adquirió el estatus pensional, y el 30 de diciembre de 2010, cuando
ocurrió el retiro definitivo del servicio. Esta decisión fue confirmada por la entidad al
resolver los recursos de reposición y apelación, mediante las resoluciones 036060 y
034100 del 9 y 21 de agosto de 2013, respectivamente25.

39. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, mediante
sentencia del 10 de agosto de 2016, dictada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciado por Rafael López Barreto contra las resoluciones
que le negaron la reliquidación de la pensión de jubilación, accedió a las pretensiones
y dispuso que «los factores a tener en cuenta para calcular el IBL pensional son: sueldo
base, bonificación de servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones,
prima de navidad y viáticos»26.

40. El Tribunal Administrativo de Sucre, en sentencia del 9 de mayo de 2017, objeto
de la presente acción de revisión, confirmó la providencia apelada por la UGPP, al
considerar que la pensión «debió ser liquidada en cuantía del 75 % del promedio de
los factores salariales y demás sumas de dinero que reciba el trabajador como
contraprestación directa de sus servicios, percibidos durante el último año, incluyendo
además de la asignación básica y la bonificación de servicios prestados (…), la prima
de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y viáticos, con la salvedad que, si
sobre dichos factores no se han hecho aportes, la entidad podrá compensarlos,
cuando realice el pago de las respectivas mesadas»27.

41. Mediante la Resolución RDP 046368 del 12 de diciembre de 2017, la UGPP le
dio cumplimiento a la sentencia objeto de revisión, en el sentido de reliquidar la pensión
de jubilación reconocida a Rafael Andrés López Barreto, con el promedio de lo
devengado por el servidor durante el último año de servicio, comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2010, con la inclusión de los siguientes factores:
asignación básica, bonificación por servicios prestados, viáticos y primas de navidad,
servicios y vacaciones, en cuantía equivalente al 75 %, por valor de un millón
cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos
($1.459.468)28.

42. De acuerdo con la constancia expedida por la secretaria administrativa de la
Oficina de Recursos Humanos de la Gobernación de Sucre, el 12 de junio de 2012,

25 Samai, índice 3, archivo 15390 (tamaño), págs. 150, 153 y 157.
26 Samai, índice 3, archivo 15390 (tamaño), pág. 23.
27 Samai, índice 3, archivo 15390 (tamaño), pág. 39-40.

28 Samai, índice 3, archivo 15390 (tamaño), pág. 56.

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Rafael Andrés López Barreto devengó durante el último año (2010) bonificación por
servicios prestados, viáticos y primas de navidad, servicios y vacaciones29.

43. La UGPP, mediante Resolución 038971 del 26 de septiembre de 2018, reconoció
y ordenó el pago de la sustitución pensional a favor de Olga Rosa Petro Martínez, en
condición de «cónyuge o compañera» supérstite de Rafael Andrés López Barreto, a
partir del 14 de abril de 2018, día siguiente al fallecimiento del pensionado, en cuantía
equivalente al 100 % de la mesada30.

44. La valoración en conjunto de los medios de prueba documental incorporados al
expediente permite afirmar que la situación pensional fue definida por la UGPP,
conforme a la Ley 33 de 1985, aplicada en virtud del régimen de transición previsto en
la Ley 100 de 1993 del que era beneficiario el pensionado, al acreditar más de 20 años
de servicio en el sector público y 55 años de edad.

45. En punto a la determinación del IBL pensional, la sentencia cuestionada por la
UGPP determinó que la cuantía pensional debía ser calculada con el 75 % del promedio
de lo pagado en el último año de servicio, con la inclusión de todos los factores
salariales, entre los que se encuentran los viáticos y las primas de navidad, servicios,
vacaciones.

46. Lo anterior, en atención a la aplicación de la Ley 33 de 1985 tanto para la
determinación de la edad, el tiempo de servicio y el monto, como para el periodo de
liquidación y los emolumentos a incluir en el cálculo del ingreso base de liquidación,
pues según lo expuesto en la sentencia cuestionada, «es del caso aplicar la tesis fijada
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 4 de agosto de 2010»,
según la cual el IBL se debe conformar con todos los factores efectivamente
devengados».

47. En este contexto, la Sala se ocupará de analizar los pronunciamientos de esta
corporación y de la Corte Constitucional sobre el alcance del régimen de transición
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que permitió la aplicación de regímenes
anteriores para proteger la expectativa legítima de las personas que estaban próximas a
pensionarse al momento del cambio legislativo.

3.7.2. Verificación de conformidad entre la cuantía del derecho pensional y lo
debido de acuerdo con la ley

48. El Sistema General de Pensiones, en virtud del régimen de transición dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, permitió a quienes estaban próximos a
pensionarse mantener las condiciones previstas en el régimen anterior, siempre que
reunieran los requisitos de edad o tiempo de servicio exigidos para la fecha de entrada
en vigencia de la nueva normativa, con la precisión de que los beneficios de esa
transición solo salvaguardaban las condiciones de edad, tiempo de servicio y monto o
tasa de reemplazo establecidos en la norma con la que el servidor tenía la expectativa
de pensionarse.

29 Samai, índice 3, archivo 15390 (tamaño), pág. 112.

30 Samai, índice 3, archivo 15390 (tamaño), pág. 161.

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49. La Corte Constitucional, en el primer análisis de constitucionalidad del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, consideró que la salvaguarda de los derechos pensionales
derivada de una transición normativa constituye «[…] una plausible política social que,
en lugar de violar la Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena dar especial
protección al trabajo».

50. Así, concluyó que la regla de liquidación del IBL aplicable a los beneficiarios de
la transición es el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
pensionarse, siempre que fuera menor de diez años o el cotizado durante todo el
tiempo si este fuere superior; actualizado anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor31. En sentencias posteriores de constitucionalidad, la
Corte decidió estarse a lo resuelto en la providencia que declaró parcialmente
exequible el artículo 36 de la Ley 100 de 199332.

51. Por otra parte, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta corporación, al
establecer el alcance del régimen de transición, fijó como primera tesis interpretativa
que los servidores públicos que cumplieran los requisitos del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 podían pensionarse al cumplir los presupuestos de edad, tiempo de servicio
y monto previstos en el régimen pensional general anterior (Ley 33 de 1985), con la
precisión de que el último elemento protegido por la transición (monto) incluía el
beneficio de calcular el IBL con los factores y el periodo de liquidación previstos en la
norma precedente, no con los señalados en el régimen general.

52. En este orden, la Sección Segunda, mediante sentencia de unificación del 4 de
agosto de 201033, dispuso que el régimen de transición debía aplicar el principio de
inescindibilidad normativa, en el entendido de que el «monto», salvaguardado en virtud
del cambio legislativo, constituía una unidad con el período de liquidación y los factores
enunciativos, no taxativos, previstos en el régimen pensional anterior.

53. En un segundo momento, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo34., por
medio de sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, replanteó la tesis aplicada
por las Subsecciones de la Sección Segunda y, en su lugar, consideró que la transición
establecida en el artículo 36 de la Ley 100 solo preservó los presupuestos de edad,
tiempo de servicio y porcentaje o tasa de reemplazo dispuestos en el régimen anterior
para quienes estaban próximos a pensionarse, sin que se pueda entender que el último
elemento incluye la aplicación del periodo y factores previstos en ese régimen, por no
formar parte del beneficio de la transición.

«Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen [de] transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993.».

31 Corte Constitucional, sentencia C-168 de 20 de abril de 1995.
32 Corte Constitucional, sentencias C-058 de 1998 y C-146 de 1998.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, exp. 0112-2009.

34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia 00143 de 28 de agosto de 2018, exp.

2012-00143-01.
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54. La Sala Plena de esta corporación indicó en esta sentencia que las reglas de
unificación «son obligatorias para todos los casos en discusión tanto en vía
administrativa como judicial (…) De igual manera, debe precisarse que los casos
respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables. Las pensiones que han sido reconocidas o
reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la
Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden considerarse que lo fueron con
abuso del derecho o fraude a la ley».

55. Conforme con la tesis referida, es claro que a partir de la sentencia proferida por
la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo el 28 de agosto de 2018, por medio de la
cual esta corporación replanteó la jurisprudencia de la Sección Segunda frente al alcance
del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, analizado
por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, los
beneficios de la transición solo cobijan los elementos de edad, tiempo de servicio y monto
o tasa de reemplazo.

56. Entonces, a partir de esta nueva jurisprudencia, las pensiones reconocidas en
aplicación de regímenes pensionales anteriores se deben liquidar de conformidad con lo
previsto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, regla que, por expresa
disposición de la Sala Plena, es obligatoria para todos los casos en discusión tanto en
vía administrativa como judicial. Las situaciones definidas con anterioridad son
consideradas decisiones razonables sustentadas en el principio de autonomía judicial
y en la obligatoriedad del precedente del órgano de cierre de la jurisdicción.

57. Bajo este marco jurisprudencial, es válido afirmar que la sentencia objeto de la
acción especial proferida el 9 de mayo de 2017 no incurrió en la causal de revisión
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque para esa fecha se
encontraba vigente la regla de interpretación según la cual, las pensiones reconocidas
conforme al régimen establecido en la Ley 33 de 1985 se liquidaban con lo devengado
en el último año de servicio y con la inclusión de los factores pagados en ese periodo.

58. Esta consideración desvirtúa entonces la afirmación del ente demandado que
ponía de presente un aumento ilegal de la mesada, pues la misma aumentó con motivo
de la inclusión en el IBL de los factores correspondientes a viáticos y primas de servicios,
vacaciones y navidad efectivamente devengados por el pensionado desde la fecha de
su vinculación (1994) hasta el último año de servicio, tal y como consta en el certificado
de sueldos y factores salariales expedido por la Oficina de Recurso Humanos de la
gobernación de Sucre, el 12 de junio de 2012.

59. En este orden, la respuesta al problema jurídico es negativa, por cuanto el IBL
establecido en la sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación
reconocida a Rafael Andrés López Barreto, sustituida a Olga Rosa Petro Martínez, se
ajustó a la interpretación jurisprudencial del régimen previsto en la Ley 33 de 1985,
vigente para la fecha en que se expidió la sentencia objeto de revisión, según la cual las
pensiones reconocidas conforme con dicho régimen se liquidaban con el promedio de lo
devengado por el servidor durante el último año de servicio, con la inclusión de todos los
factores pagados en ese periodo. Por tanto, el derecho pensional reliquidado en los
términos dispuestos en la sentencia cuestionada no excede lo debido de acuerdo con la
ley.
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4. Conclusión

60. Las razones expuestas permiten concluir que la sentencia objeto de revisión no
incurrió en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque la reliquidación
pensional se ajustó a la interpretación jurisprudencial del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, vigente para la fecha en que se dictó la providencia (9 de mayo de 2017), según
la cual, el ingreso base de la pensión reconocida bajo el régimen previsto en la Ley 33
de 1985 se liquida con el promedio de todo lo devengado en el último año de servicio.

5. Costas

61. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, establece el deber del juez de pronunciarse sobre las costas, cuya
liquidación y ejecución se rigen por la norma procesal general, y fija como excepción
los eventos en que se «ventile un interés público».

62. La norma referida fue adicionada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en
el siguiente sentido: «[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».

63. En el caso bajo estudio, no resulta procedente la condena en costas porque la
acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según lo
expuesto en los antecedentes legislativos35, involucra un interés público dirigido a la
defensa de los principios de sostenibilidad financiera, eficiencia, universalidad,
solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial
de la seguridad social. Además, no se estableció que la demanda se presentara con
manifiesta carencia de fundamento legal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR infundada la acción especial de revisión ejercida por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP) contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Sucre el 9 de mayo de 2017.

SEGUNDO. No imponer condena en costas.

35 Gaceta del Congreso nro. 350 de 23 de agosto de 2002.

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Devolver el expediente ordinario al tribunal de origen, si hay lugar a ello, previas las
anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de
Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del
CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, a través
del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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