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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00523-00

Fecha
3 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00523-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Negar las pretensiones de la demanda presentada por Adriana Cetarez Álvarez, Luis Alberto Bocanegra Serrano, Janeth Gómez Solano, Norma Cristina Pavas Escobar, Yolanda Monroy, Elizabeth Quevedo Monzón, Ferney Sandoval Rodríguez, Helena Marcela Rojas Pardo, Rogelio Zamora Reyes, Dora Patricia Rozo Cruz, María Alexandra Aguirre Martínez, Javier Hernández Gutiérrez, Flor Alba Garzón Quinitin4, Kenlla Jaidy Velandia Velandia, Rosa Liliana Gallego García, Gladys Inés Triana Rodríguez, Juan Carlos Mojica Castillo en contra de los acuerdos CNSC 20191000006426 del 2 de julio de 2019, CNSC 20191000008706 del 3 de septiembre de 2019, CNSC 20191000008936 del 18 de septiembre de 2019, 03276 del 2020 del 04 de noviembre 2020, 3306 del 10 de noviembre de 2020 proferidos dentro de la Convocatoria 1348 de 2019 Territorial 2019-II, y CNSC 20191000006436 del 2 de julio de 2019y CNSC 2019100008766 del 18 de septiembre de 2019 dictados dentro de la Convocatoria No 1335 de 2019-Territorial 2019-II, y las circulares Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37 Radicado: 11001 03 25 000 2021 00523 00 (2535-2021) Demandante: Adriana Cetarez Álvarez y otros 20191000000097 del 28 de junio de 2019 y 201910000000107 del 12 de julio de 2019 y el Anexo 2019, de acuerdo con lo expuesto en precedencia. Segundo. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. YSB Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00523-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00523-00 (2535-2021)
Demandante: Adriana Cetarez Álvarez y otros1
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil

Temas: Legalidad de los actos administrativos que reglaron las
convocatorias 1348 de 2019-Territorial 2019-II y 1335 de 2019-
Territorial 2019-II que convocaron a concurso de méritos para
proveer los empleos de la gobernación del Meta y de la
alcaldía de Villavicencio, respectivamente.

Sentencia de única instancia

ASUNTO

La Sala profiere sentencia de única instancia dentro del medio de control de
nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda2

1. Adriana Cetarez Álvarez, Luis Alberto Bocanegra Serrano, Janeth Gómez
Solano, Norma Cristina Pavas Escobar, Yolanda Monroy, Elizabeth Quevedo
Monzón, Ferney Sandoval Rodríguez, Helena Marcela Rojas Pardo, Rogelio
Zamora Reyes, Dora Patricia Rozo Cruz, María Alexandra Aguirre Martínez,
Javier Hernández Gutiérrez, Flor Alba Garzón Quinitin, Kenlla Jaidy Velandia
Velandia, Rosa Liliana Gallego García, Gladys Inés Triana Rodríguez, Juan
Carlos Mojica Castillo presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo3 en orden a que se declarara la nulidad de los
siguientes actos administrativos:

1 Relacionados en los antecedentes.
2 Índice 3, Samai. Archivo «8_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3».
3 En adelante CPACA.

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2

Radicado: 11001 03 25 000 2021 00523 00 (2535-2021)
Demandante: Adriana Cetarez Álvarez y otros

1.1. Acuerdo CNSC 20191000006426 del 2 de julio de 2019 «[ p]or el cual se
convoca y establecen las reglas del proceso de selección para proveer los empleos en
vacancia definitiva perteneciente al Sistema General de carrera Administrativa de la
planta de personal de la Gobernación del Meta - Convocatoria No 1348 de 2019-
Territorial 2019-II».

1.2. Acuerdo CNSC 20191000008706 del 3 de septiembre de 2019 «[p]or el cual
se modifican los artículos 1° y 8° del Acuerdo 20101000006426 del 2 de julio de 2019
"Por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección para proveer
los empleos en vacancia definitiva perteneciente al Sistema General de carrera
Administrativa de la planta de personal de la Gobernación del Meta -Convocatoria No
1348 de 2019-Territorial 2019-II».

1.3. El Acuerdo CNSC 20191000008936 del 18 de septiembre de 2019 «[p]or el
cual se modifica el Parágrafo 3 del artículo 8° del Acuerdo No CNSC 20191000006426
del 2 de julio de 2019 "Por el cual se modifican los artículos 1° y 8° del Acuerdo
20101000006426 del 2 de julio de 2019 por el cual se convoca y establecen las reglas
del proceso de selección para proveer los empleos en vacancia definitiva perteneciente
al Sistema General de carrera Administrativa Convocatoria de la planta de personal de
le Gobernación del Meta No 1348 de 2019-Territorial 2019-II».

1.4. Acuerdo 03276 del 2020 del 04 de noviembre 2020 «[p]or el cual se ordena la
corrección de un error de digitación, transcripción u omisión de palabras en la
información de Convocatoria cinco (5) empleos ofertados por la Gobernación del Meta,
en la No 1348 de 2019-Territorial 2019 II».

1.5. Acuerdo 3306 del 10 de noviembre de 2020 «[p]or el cual se revoca parcialmente
el Acuerdo No 20201000003276 del 4 de noviembre de 2020. 6. Acuerdo No 3664 del
02-12-2020 por el cual se corrige un error de transcripción en el acuerdo No.
20201000003276 del 4 de noviembre de 2020, convocatoria No. 1348 de 2019-
Territorial 2019-ІI».

1.6. Acuerdo CNSC 20191000006436 del 2 de julio de 2019 «[p]or el cual se
convoca y establecen las reglas del proceso de selección para proveer los empleos en
vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la
planta de personal de la Alcaldía de Villavicencio Convocatoria No 1335 de 2019-
Territorial 2019-II».

1.7. Acuerdo CNSC 2019100008766 del 18 de septiembre de 2019 «[p]or el cual se
modifican los artículos 1°, 8° y 31° del Acuerdo 20191000006436 del 2 de julio de 2019
"Por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección para proveer
los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de Villavicencio-Convocatoria No
1335 de 2019-Territorial 2019-II».

1.8. Circular 20191000000097 del 28 de junio de 2019 de la CNSC «[p]or la cual se
da plazo al 25 de julio de 2019 a las entidades territoriales de reportar en la OPEC en
SIMO las vacantes definitivas de su planta de personal ocupadas en condición de pre-
pensionados».

1.9. Circular 201910000000107 del 12 de julio de 2019 «[p]or la cual se da plazo al
25 de julio de 2019 a las entidades territoriales de reportar en la OPEC en SIMO las
vacantes definitivas de su planta de personal ocupadas en condición de pre-
pensionados».

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Radicado: 11001 03 25 000 2021 00523 00 (2535-2021)
Demandante: Adriana Cetarez Álvarez y otros

1.10. El Anexo 2019 «[p]or el cual se establecen las especificaciones técnicas de las
diferentes etapas del proceso de selección convoca y establecen las reglas del proceso
de selección para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema
General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de
Villavicencio-Convocatoria No 1335 de 2019- Territorial 2019-II».

1.1.1. Fundamentos fácticos

2. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

2.1. El 26 de septiembre de 2019 se publicó en la página web de la CNSC la
convocatoria del proceso de selección Territorial II 2019 para proveer los empleos
de carrera administrativa vacantes en la planta de personal de la alcaldía del
municipio de Villavicencio (Meta) y los de la gobernación del departamento del
Meta, convocatorias 1335 y 1348 de 2019, respectivamente. Dentro de estas se
expidieron los otros actos administrativos demandados.

2.2. Para la alcaldía de Villavicencio se ofrecieron 232 empleos con un número de
vacantes a proveer de 405. Para la gobernación del Meta 111 empleos con 210
vacantes.

2.3. Los procesos de selección se desarrollaron en cada una de las etapas, así:

Entre el 19 de septiembre y el 21 de
Pago derechos de inscripción octubre de 2019

Verificación requisitos mínimos Noviembre de 2019

Aplicación prueba escrita 14 de marzo de 2021

Entrega de resultados de la prueba 17 de junio de 2021
por parte de la CNSC
Entre el 17 de junio y el 24 de junio de
Recepción de reclamaciones 2021

Respuesta a reclamaciones A partir del 30 de julio de 2021

2.4. Al responder las reclamaciones, la CNSC expresó que «[c]ontra la presente
decisión no procede recurso alguno según el numeral 3.4 del Anexo al Acuerdo rector».

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. Como tales, se señalaron los artículos 23 y 29 de la Constitución Política; 7, 11,
28 de la Ley 909 de 2004; 2.2.2.6.1, 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015; 2.2.6.34,
2.2.4.10, 2.2.6.17 del Decreto 51 de 2018 y las circulares 20191000000097 del
28 de junio de 2019 y 201910000000107 del 12 de julio de ese año proferidas
por la CNSC. En cuanto al concepto de violación, expuso que el acto acusado
estaba viciado de nulidad por lo siguiente:

3.1. Primer cargo: la entidad desconoció el debido proceso en las dos
convocatorias demandadas porque negó a los participantes el derecho a
interponer los recursos de reposición y apelación contra las decisiones proferidas
como respuesta a las reclamaciones sobre los resultados obtenidos en las
pruebas presentadas, lo que sí permitían los artículos 32 de la Ley 909 de 2004
y 13 del Decreto Ley 760 de 2005. En cambio, la CNSC aplicó «el denominado

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Demandante: Adriana Cetarez Álvarez y otros

Anexo al Acuerdo rector» para impedirlo, con lo cual dio rango de ley a ese
documento.

3.2. Segundo cargo: La CNSC vulneró los artículos enunciados de los decretos 51
de 2018 y 1083 de 2015 porque permitió el reporte de empleos vacantes en el
aplicativo de Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) por fuera del término
y de los lineamientos establecidos en la «ley general». Así, en sesión del 28 de
junio de 2019 admitió que las entidades convocantes hicieran cambios en la
OPEC «bajo la figura de que se trata[ba] de vacantes ocupadas por pre pensionados».

3.3. Lo anterior, a través de los acuerdos 0191000008766 y 27191000008936 del
18 de septiembre de 2019 y con fundamento en las circulares 0097 del 28 de
junio de 2019 y 00107 del 12 de julio de 2019 con las que amplió el plazo hasta
el 25 de julio de 2019 para adelantar el reporte. Con tal actuación « redu[jo] el
número de los empleos en la alcaldía y gobernación, pero mant[uvo] el número de
vacantes». Además, el primer acuerdo incluyó nuevos cargos y, por ende, varió
con una circular la convocatoria aprobada en la sala plena del 28 de junio de
2019 y «el Acuerdo 20191000006436» y las reglas de juego, puesto que no estaba
autorizada para ingresar al concurso empleos nuevos.

3.4. Con esa actuación se desconoció el mandato de los artículos 2.2.6.34 del
Decreto 1083 de 2015 y 1 del Decreto 051 de 2018, según los cuales las
entidades convocantes debieron participar en el proceso de planeación del
concurso de forma conjunta y armónica con la CNSC. De igual manera, aquellas
no actuaron dentro del plazo que venció el 25 de julio de 2019 «[…] ya que el
reporte lo adelantaron el 16 de agosto de 2019 (Gobernación del Meta) y el 20 de agosto
de 2019 (Alcaldía de Villavicencio), tal como lo rezan los mismos acuerdos de ampliación
de plazos» (sic).

3.5. Finalmente, la modificación a la que se hizo referencia no se amparó en el
artículo 10 de los «acuerdos 20191000006426 y 20191000006436» que reguló
la etapa en la que se podía modificar la convocatoria, puesto que esta norma
reguló un aspecto diferente del reporte de los empleos en la OPEC.

3.6. Tercer cargo: los acuerdos demandados omitieron que previo al concurso los
manuales de funciones y de competencias laborales debían estar actualizados.
El municipio de Villavicencio y el departamento del Meta modificaron esos
manuales sin atender lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto 51
de 2018. Las variaciones que hicieron no corrigieron errores de digitación de tal
manual, por el contrario, fueron sustanciales y con ellas cambiaron los requisitos
de los empleos «[…] lo que no [era] legítimo en es[e] momento a la luz de lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.4. del Decreto 1083 de 2015 […]».

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Comisión Nacional del Servicio Civil4

4. La entidad contestó la demanda, se opuso a las pretensiones y pidió condenar
en costas a los demandantes con fundamento en las siguientes «excepciones»:

4 índice 35, Samai.

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Demandante: Adriana Cetarez Álvarez y otros

4.1. «Inexistencia de una acusación clara, cierta, concreta y verificable»: en la
demanda se hizo una trascripción de normas para refutar la legalidad de los actos
demandados, pero faltó un cotejo de estos con los enunciados normativos que
sustentaron los acuerdos y con sus motivos y fines. Ninguna pretensión se
respaldó en un cargo concreto de legalidad de los previstos en el artículo 137 del
CPACA. En ese orden, la CNSC profirió los acuerdos según las competencias
que le fueron asignadas por el artículo 130 Constitucional y de conformidad con
los artículos 11, 12 y 30 de la Ley 909 de 2004, y 2.2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto
1083 de 2015, respecto de los cuales la acusación no se refirió.

4.2. «Ausencia de violación directa de las normas constitucionales y legales
consagradas en los artículos 29 de la C. P. y 32 de la Ley 909 de 2004»: al
consultarse el sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la oportunidad –
SIMO, se estableció que los demandantes ejercieron en el trámite del concurso
el derecho de reclamación dentro de los plazos concedidos por el legislador.

4.3. «Ausencia de violación de los Artículos 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015
adicionado por el artículo 3 del Decreto 951 de 2018»: la CNS respetó el principio
de planeación porque las entidades territoriales consolidaron la oferta pública de
empleos vacantes pertenecientes a la OPEC y resolvió convocar el proceso de
selección con fundamento en los insumos enviados.

4.4. «Inexistencia de vulneración del Parágrafo 3º del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto
1083 de 2021»: a las entidades territoriales convocantes competía la elaboración
del manual específico de funciones. A la CNSC le correspondía elaborar los
acuerdos con ese insumo por mandato del artículo 15 de la Ley 909 de 2004.
Además, la falta de publicidad de un acto administrativo no era causal de nulidad,
sino de oponibilidad ante terceros.

1.2.2. Municipio de Villavicencio5

5. La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las siguientes
razones de la defensa:

5.1. «Falta de legitimación en la causa por pasiva»: la CNSC era la encargada de
expedir la reglamentación del concurso de méritos [convocatoria] porque así lo
dispusieron los artículos 7 y 11 de la Ley 909 de 2004. La participación del
municipio en la elaboración de la Convocatoria 1335 de 2019 Territorial 2019 – II
ocurrió en la etapa de planeación y así se plasmó en las consideraciones del
Acuerdo CNSC – 20191000006436 del 2 de julio de 2019.

5.2. «Cumplimiento de las cargas impuestas a la entidad territorial»: el ente
territorial actuó en la etapa de planeación junto con la CNSC y certificó las
vacantes a ofertar.

5.3. «Actosadministrativos de trámite»: las decisiones que resolvieron las
reclamaciones relacionadas con los resultados del concurso son de trámite
porque el artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005 y el Anexo 2019-II
«especificaciones técnicas de la Convocatoria N° 1335 del 2019» determinaron
que contra la decisión de aquella no procedía recurso alguno y, por ende, no

5 Índice 34, Samai.

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Demandante: Adriana Cetarez Álvarez y otros

podían ser enjuiciados según el artículo 43 del CPACA. El primer artículo no regló
el agotamiento de la «vía gubernativa» dentro del trámite concursal. Además, las
normas indicaron que el acto que decidió las reclamaciones se comunica, por lo
que no es definitivo.

5.4. «Inepta demanda»: lo es porque en ella solo se hicieron acusaciones
generales contra la legalidad de los actos demandados. Con la demanda no se
pretendió la protección del ordenamiento jurídico con la expulsión de un acto
administrativo general. Indirectamente se buscó el restablecimiento del derecho
de las personas que no aprobaron las pruebas o de aquellas cuyas
reclamaciones fueron negadas.

5.5. «Legalidad de los actos administrativos demandados»: se demandó la nulidad
del Anexo II de la Convocatoria 1335 de 2019 y no se aportó. Además, los
demandantes realizaron un análisis jurídico de la norma [Decreto Ley 760 de
2015] a la cual le otorgaron consecuencias jurídicas distintas de las que contiene.

1.2.3. Departamento del Meta6

6. La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las siguientes
excepciones como fundamento de su defensa:

6.1. «Falta de legitimación en la causa por pasiva»: la entidad territorial no era la que
profirió los actos administrativos demandados. Por el contrario, la CNSC fue la
que lo hizo y era la que debió ser llamada a juicio.

6.2. «Improcedencia de la acción de nulidad simple»: la «acción» que debió
presentarse era la de nulidad y restablecimiento del derecho porque los actos
administrativos demandados eran de carácter particular «[…] ya que al analizarse
cada uno de ellos puede verse que se trata de actos destinados al grupo de personas
que participan en los respectivos concursos de mérito ofertados por la Comisión Nacional
del Servicio Civil […]» y aunque los miembros del grupo no se identificaron
individualmente sí aquel. Además, los actos demandados abordaron aspectos
que solo interesaban a quienes participaron en el concurso de méritos y no a la
comunidad en general.

1.3. Medida cautelar7

7. Mediante auto del 19 de febrero de 2024 se resolvió la solicitud de medida
cautelar. A partir de los argumentos expuestos por el demandante en relación
con la legalidad de los acuerdos demandados expedidos por la CNSC, la
providencia consideró:

7.1. No existió la vulneración del debido proceso porque la CNSC otorgó a los
participantes del concurso la oportunidad de presentar recursos dentro del
trámite. Ello puesto que en el artículo 18 de los acuerdos CNSC 20191000006426
y CNSC 20191000006436 del 2 de julio de 2019 se previó que las «[…]
reclamaciones de las pruebas sobre competencias funcionales y comportamentales
[…]» aplicadas en las convocatorias 1348 y 1335 de 2019 eran procedentes. En

6 Índice 41, Samai.
7 Índice 46, Samai.

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Demandante: Adriana Cetarez Álvarez y otros

ese orden, el examen preliminar de los acuerdos permitió concluir que sí se previó
la posibilidad de interponer recursos.

7.2. Tampoco ocurrió el desconocimiento de los artículos 2.2.6.34 y 2.2.2.6.1 del
Decreto 1083 de 2015, por cuanto la exclusión del concurso de los empleos
ocupados por pre pensionados se enmarcó en lo previsto en el artículo 2.2.5.3.2.
ibidem, según el cual «[l]a administración antes de ofertar los empleos a la Comisión
Nacional del Servicio Civil, deberá identificar los empleos que están ocupados por
personas en condición de prepensionados para dar aplicación a lo señalado en el
parágrafo 2 del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019."».

7.3. Finalmente, no se encontró en el examen preliminar que la CNSC hubiese
modificado las bases de la convocatoria, comoquiera que los cambios que hizo
se limitaron a corregir errores de digitación, transcripción u omisión de palabras.

1.4. Decisión sobre excepciones previas

8. El auto del 19 de febrero de 20248 resolvió las excepciones previas y declaró
no probadas las de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el
municipio de Villavicencio y el departamento del Meta e «improcedencia de la
acción de nulidad simple» propuesta por este último. En cuanto a los demás medios
exceptivos presentados por la CNSC, la providencia indicó que eran argumentos
de defensa y por lo tanto se resolverían con el fondo del asunto.

1.5. Trámite del proceso

9. Mediante auto del 30 de julio de 20249 se adoptó el trámite para proferir
sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, al encontrar
acreditado que se trataba de un asunto de puro derecho. De este modo, se
incorporaron al proceso las pruebas documentales allegadas, se dispuso su
traslado en los términos del artículo 110 del CGP y se fijó el litigio de la siguiente
manera:

«La demanda y las contestaciones de esta permiten establecer que el problema
jurídico a resolver se circunscribe a determinar si los actos demandados fueron
expedidos con desconocimiento en las normas en las que debieron fundarse».

10. En la providencia también se ordenó correr traslado por el término de 10 días
para que las partes presentaran los alegatos de conclusión. Dentro de tal
oportunidad procesal intervinieron los siguientes sujetos procesales:

10.1. La parte demandante no agregó argumentos ni análisis adicionales a los
expuestos en la demanda10.

10.2. La Nación, CNSC se ratificó en todos los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda sin agregar alguno nuevo11.

10.3. Municipio de Villavicencio. La entidad insistió en la existencia de falta de

8 Índice 45, Samai.
9 Índice 66, Samai.
10 Índice 70, Samai.
11 Índice 77, Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 25 000 2021 00523 00 (2535-2021)
Demandante: Adriana Cetarez Álvarez y otros

legitimación en la causa por pasiva y en que los actos administrativos
demandados eran de trámite, esto es, con iguales argumentos a los expuestos
en la contestación de la demanda12.

10.4. Departamento del Meta reiteró los argumentos que expuso en la
contestación a la demanda relacionados con la falta de legitimación en la causa
por pasiva y la improcedencia del medio de control de simple nulidad13.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

11. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le
corresponde a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
decidir en única instancia las demandas de nulidad simple interpuestas contra los
actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional.
Asimismo, por el criterio de especialidad, los artículos 13 14, modificado por el
artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del
12 de marzo de 201915 señalan que la Sección Segunda conoce de los asuntos
de carácter laboral.

2.2. Cuestión previa

12. Antes de abordar el fondo de la controversia, se aclara que, en los alegatos
de conclusión aunque el municipio de Villavicencio y el departamento de Meta
plantearon de nuevo que se configuraron las excepciones de falta de legitimación
en la causa por pasiva, que los actos administrativos demandados eran de trámite
y la improcedencia del medio de control de simple nulidad, tales medios de
defensa fueron resueltos en auto del 19 de febrero de 2024, por lo que no es
posible volver a reabrir la discusión en virtud del principio de preclusión.

2.3. Problemas jurídicos

13. Sin desconocer la fijación del litigio realizada en auto del 10 de noviembre de
2023, en atención a los planteamientos de la demanda, se considera necesario
efectuar unos ajustes para mayor precisión conceptual, para señalar que los
problemas jurídicos se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:

(i) ¿con los acuerdos que regularon las convocatorias demandadas se
vulneró el debido proceso de los participantes del concurso de méritos y los
artículos 32 de la Ley 909 de 2004 y 13 del Decreto Ley 760 de 2005 al
impedir que presentaran recursos contra las decisiones proferidas como
respuesta a las reclamaciones sobre los resultados obtenidos en las
pruebas presentadas por los concursantes?

(ii) ¿en la expedición de los actos demandados se vulneraron los artículos
1 del Decreto 51 de 2018 y 2.2.2.6.1, 2.2.6.4 y 2.2.6.34 del Decreto 1083 de

12 Índice 81, Samai.
13 Índice 74, Samai.
14 Reglamento interno del Consejo de Estado.
15 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y

se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».

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2015 porque se permitió el cambio del reporte de empleos vacantes en el
aplicativo de Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) por fuera del
término y de los lineamientos establecidos en la ley?

(iii) ¿en los acuerdos se desconocieron los artículos 1 del Decreto 51 de
2018 y 2.2.6.4. del Decreto 1083 de 2015 porque tuvieron en cuenta manuales
específicos de funciones desactualizados?

14. Para resolver lo anterior se abordarán los siguientes aspectos: la Comisión
Nacional del Servicio Civil y las unidades de personal; el principio de colaboración
para la expedición del acto de convocatoria a concurso de méritos; el manual de
funciones y competencias laborales; y la Oferta Pública de Empleos de Carrera.
Con fundamento en lo anterior, se resolverá sobre la legalidad de los actos
acusados de conformidad con los argumentos expuestos por los sujetos
procesales.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. La Comisión Nacional del Servicio Civil y las unidades de personal

15. Para cumplir con sus fines esenciales16, el Estado desarrolla sus funciones a
través de sus diferentes órganos. Si bien cada uno de aquellos tiene labores
específicas, lo cierto es que deben colaborar de forma coordinada y armónica en
el ejercicio de las labores que les asignan la ley y los reglamentos17. En atención
a la trascendencia de las funciones públicas, como regla general, la Carta Política
ordena que el personal que las desarrolla esté vinculado a través del sistema de
carrera administrativa18.

16. Lo anterior supone el cumplimiento de requisitos y condiciones previamente
delimitadas, con el propósito de determinar el mérito y las calidades de cada
aspirante. Con estas medidas se busca garantizar que la actividad estatal se
desenvuelva bajo los principios de moralidad administrativa, imparcialidad
política de los funcionarios, igualdad de oportunidades para quienes aspiren a
ocupar empleos públicos y la estabilidad en ellos19. La finalidad de la selección
de acuerdo con el principio del mérito fue reconocida por la jurisprudencia
constitucional, en los siguientes términos:

«[…] busca que la administración pública cuente con servidores de las más
altas calidades para enfrentar con éxito las responsabilidades que la
Constitución y las leyes han confiado a las entidades del Estado20,

16 El artículo 2 de la Constitución Política prevé: «Son fines esenciales del Estado: servir a la

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.»
17 Artículo 113 de la Constitución Política: «[…] Los diferentes órganos del Estado tienen

funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.»
18 Artículo 125 de la Constitución Política: «Los empleos en los órganos y entidades del Estado

son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los
de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. […]»
19 Sentencia C-1230 de 2005.
20 En la providencia se citó: «Sentencias C-479/92, C-195 de 1994 y C-1079 de 2002»

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responsabilidades que exigen, para su adecuado cumplimiento, “la
aplicación de criterios de excelencia en la administración pública que
posibiliten la realización de los fines y objetivos estatales más próximos,
como lo son el servicio a la comunidad, la satisfacción del interés general y
la efectividad de los principios, derechos y deberes que la propia constitución
reconoce a todos y cada uno de los habitantes del territorio nacional” 21
[...]»22.

17. Con esa orientación, el artículo 130 de la Constitución Política creó una
entidad responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los
servidores públicos, con excepción de las de carácter especial. Se trata de la
Comisión Nacional del Servicio Civil cuya naturaleza se encuentra descrita en el
artículo 7 de la Ley 909 de 200423 en los siguientes términos:

«[…] Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión
Nacional del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución
Política, responsable de la administración y vigilancia de las carreras, excepto
de las carreras especiales, es un órgano de garantía y protección del sistema
de mérito en el empleo público en los términos establecidos en la presente
ley, de carácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y
órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio.
Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo
público de carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil
actuará de acuerdo con los principios de objetividad, independencia e
imparcialidad. […]».
18. Las funciones concretas de la Comisión Nacional del Servicio Civil para la
administración de la carrera administrativa están descritas en el artículo 11 de la
Ley 909 en mención, así:

«a) Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos
generales con que se desarrollarán los procesos de selección para la
provisión de los empleos de carrera administrativa de las entidades a las
cuales se aplica la presente ley;
b) Acreditar a las entidades para la realización de procesos de selección de
conformidad con lo dispuesto en el reglamento y establecer las tarifas para
contratar los concursos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 30 de
la presente ley;
c) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos
públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que
establezcan la presente ley y el reglamento;
d) Establecer los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas
sobre evaluación del desempeño de los empleados de carrera administrativa;
e) Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles;
el Banco de Datos de ex empleados con derechos de carrera cuyos cargos
hayan sido suprimidos y que hubieren optado por ser incorporados y, el Banco
de Datos de empleados de carrera desplazados por razones de violencia;
f) Remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos
nominadores, las listas de personas con las cuales se deben proveer los
empleos de carrera administrativa que se encuentren vacantes
definitivamente, de conformidad con la información que repose en los Bancos
de Datos a que se refiere el literal anterior;

21 En la sentencia se citó: «Sentencia C-1079 de 2002»
22 Sentencia C-1320 de 2005
23«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,
gerencia pública y se dictan otras disposiciones»

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g) Administrar, organizar y actualizar el registro público de empleados
inscritos en carrera administrativa y expedir las certificaciones
correspondientes;
h) Expedir circulares instructivas para la correcta aplicación de las normas
que regulan la carrera administrativa;
i) Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través
de las universidades públicas o privadas o instituciones de educación
superior, que contrate para tal fin;
j) Elaborar y difundir estudios sobre aspectos generales o específicos de la
gestión del empleo público en lo relacionado con el ingreso, el desarrollo de
las carreras y la evaluación del desempeño;
k) Absolver las consultas que se le formulen en materia de carrera
administrativa.»
19. De otra parte, las labores propias de la atribución de vigilancia de aplicación
de las normas sobre carrera administrativa que debe atender la Comisión
Nacional del Servicio Civil son las siguientes:

«a) Una vez publicadas las convocatorias a concursos, la Comisión podrá
en cualquier momento, de oficio o a petición de parte, adelantar acciones de
verificación y control de la gestión de los procesos con el fin de observar su
adecuación o no al principio de mérito; y, dado el caso, suspender
cautelarmente el respectivo proceso, mediante resolución motivada;

b) Dejar sin efecto total o parcialmente los procesos de selección cuando se
compruebe la ocurrencia de irregularidades, siempre y cuando no se hayan
producido actos administrativos de contenido particular y concreto
relacionados con los derechos de carrera, salvo que la irregularidad sea
atribuible al seleccionado dentro del proceso de selección impugnado;

c) Recibir las quejas, reclamos y peticiones escritas, presentadas a través
de los medios autorizados por la ley y, en virtud de ellas u oficiosamente,
realizar las investigaciones por violación de las normas de carrera que
estime necesarias y resolverlas observando los principios de celeridad,
eficacia, economía e imparcialidad. Toda resolución de la Comisión será
motivada y contra las mismas procederá el recurso de reposición24;

d) Resolver en segunda instancia las reclamaciones que sean sometidas a
su conocimiento en asuntos de su competencia;

e) Conocer de las reclamaciones sobre inscripciones en el Registro de
Empleados Públicos, de los empleados de carrera administrativa a quienes
se les aplica la presente ley;

f) Velar por la aplicación correcta de los procedimientos de evaluación del
desempeño de los empleados de carrera;

g) Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos
constitutivos de violación de las normas de carrera, para efectos de
establecer las responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales a que
haya lugar;

h) Tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar la correcta
aplicación de los principios de mérito e igualdad en el ingreso y en el
desarrollo de la carrera de los empleados públicos, de acuerdo a lo previsto
en la presente ley;

i) Presentar un informe ante el Congreso de la República dentro de los diez
(10) primeros días de cada legislatura, o cuando este lo solicite, sobre sus

24 Literal declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-1265 de 2005,

únicamente por los cargos formulados

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actividades y el estado del empleo público, en relación con la aplicación
efectiva del principio de mérito en los distintos niveles de la Administración
Pública bajo su competencia.

Parágrafo 1º. Para el correcto ejercicio de sus competencias en esta
materia, la Comisión Nacional del Servicio Civil estará en contacto periódico
con las unidades de personal de las diferentes entidades públicas que
ejercerán sus funciones de acuerdo con lo previsto en la presente ley.

Parágrafo 2º. La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá imponer a los
servidores públicos de las entidades nacionales y territoriales sanciones de
multa, previo el debido proceso, cuando se compruebe la violación a las
normas de carrera administrativa o la inobservancia de las órdenes e
instrucciones impartidas por ella. La multa deberá observar el principio de
gradualidad conforme el reglamento que expida la Comisión Nacional del
Servicio Civil, cuyos mínimos serán cinco (5) salarios mínimos legales
vigentes y máximos veinticinco (25) salarios mínimos legales vigentes.»25

20. El artículo 15 de la Ley 909 de 2004 establece que las unidades de personal
de las entidades son la unidad básica de la gestión de recursos humanos en la
administración pública, para lo cual tienen las siguientes funciones específicas:

« a) Elaborar los planes estratégicos de recursos humanos;

b) Elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento
Administrativo de la Función Pública, información que será utilizada para la
planeación del recurso humano y la formulación de políticas;

c) Elaborar los proyectos de plantas de personal, así como los manuales
de funciones y requisitos, de conformidad con las normas vigentes, para lo
cual podrán contar con la asesoría del Departamento Administrativo de la
Función Pública, universidades públicas o privadas, o de firmas
especializadas o profesionales en administración pública;

d) Determinar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante
proceso de selección por méritos;

e) Diseñar y administrar los programas de formación y capacitación, de
acuerdo con lo previsto en la ley y en el Plan Nacional de Formación y
capacitación;

f) Organizar y administrar un registro sistematizado de los recursos humanos
de su entidad, que permita la formulación de programas internos y la toma de
decisiones. Esta información será administrada de acuerdo con las
orientaciones y requerimientos del Departamento Administrativo de la Función
Pública;

g) Implantar el sistema de evaluación del desempeño al interior de cada
entidad, de acuerdo con las normas vigentes y los procedimientos
establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil;

h) Todas las demás que le sean atribuidas por la ley, el reglamento o el
manual de funciones.» (se destaca)

21. En línea con lo anterior, el artículo 17 de la misma ley establece como uno de
los instrumentos de ordenación del empleo público los planes de previsión de
recursos humanos, elaborados y actualizados anualmente, por las unidades de
personal. Dicho instrumento debe contener:

25 Artículo 12 de la Ley 909 de 2004.

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«[…] Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y
perfiles profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones,
con el fin de atender a las necesidades presentes y futuras derivadas del
ejercicio de sus competencias;

Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y
cualitativas de personal para el período anual, considerando las medidas de
ingreso, ascenso, capacitación y formación;

Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas
anteriores y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado
[…]».

22. La misma norma señala que todas las entidades deben mantener actualizadas
las plantas de personal que requieren para cumplir de forma eficiente con sus
funciones de acuerdo con las medidas de racionalización del gasto. Esta labor
implica, al mismo tiempo, observar el concepto de «empleo público» así como los
aspectos que se deben tener en cuenta para su diseño, materias que están
desarrolladas en el artículo 19 de la Ley 909 de 2004.

23. En efecto, el empleo público se traduce en el « conjunto de funciones, tareas y
responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para
llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de
desarrollo y los fines del Estado». De ahí que en su diseño se deban tener en cuenta
la descripción de las funciones que tendrá a su cargo, así como el perfil de
competencias requeridas para su desempeño.

24. Ahora, el plan anual de previsión de recursos humanos, elaborado y
actualizado por las unidades de personal se constituye a su vez en un insumo
para que el Departamento Administrativo de la Función Pública elabore el plan
anual de empleos vacantes y lo traslade a la CNS, según lo dispuesto en el
artículo 14, literal d) de la Ley 909 de 2004. Sobre esta obligación la Sección
Segunda concluyó:

«Así pues, en criterio de esta Sala, las entidades cuyos sistemas de carrera
sean administrados por la CNSC, están en la obligación de reportar a esta y
al DAFP de manera anual, la totalidad de los cargos de carrera
administrativa que requieran ser provistos mediante concurso público de
méritos, así como a priorizar el gasto para adelantar el respectivo proceso de
selección»26 (se resalta).

2.3.2. El principio de colaboración dentro de la realización de concurso de
méritos

25. Como antes se mencionó, la CNSC es la entidad encargada de la elaboración
de las convocatorias a concurso para el acceso al desempeño de empleos
públicos. Esta competencia se reitera en el artículo 30 de la Ley 909 de 2004,
con la precisión de los costos que genere el proceso de selección que estarán a
cargo de la entidad para la cual se adelante. Esta labor se desarrolla a través de
contratos o convenios interadministativos suscritos con universidades o
instituciones de educación superior acreditadas para ello.

26 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 7 de marzo de 2019, radicado: 11001-03-25-

000-2017-00326-00 (1563-2017), demandante: Colegio Nacional de Inspectores de Trabajo
(CNIT).

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26. De conformidad con el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, para que una
persona logre su inscripción en el escalafón de carrera administrativa, deberá
superar las etapas del concurso de méritos, estas son: convocatoria,
reclutamiento, práctica de pruebas, elaboración de lista de elegibles y
nombramiento en período de prueba.

27. En lo relevante al particular, es importante precisar que el numeral 1 del citado
artículo 31 de la Ley 909 dispone: «[l]a convocatoria, que deberá ser suscrita por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es norma
reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades
contratadas para la realización del concurso y a los participantes». La expresión
destacada ha sido objeto de estudio por esta corporación y por la Corte
Constitucional.

28. En relación con la suscripción de la convocatoria a concurso por parte del jefe
de la entidad como requisito de la validez del acto, la sentencia del 31 de enero
de 201927 de la Sección Segunda consideró que la «ausencia formal de este
requisito» podía subsanarse. En este sentido, era necesario que con otros medios
probatorios pudiera verificarse la participación de la entidad beneficiaria del
proceso de selección de personal en el «iter administrativo que culminó con la
convocatoria pública».

29. Sobre el punto, el fallo destacó que, aunque la CNSC es la encargada de
administrar los concursos públicos de méritos, el órgano beneficiario del proceso
debe participar activamente en el proceso de planeación y preparación del
instrumento jurídico. Esta intervención se considera cumplida cuando el este
último firma el documento o realiza actuaciones que demuestran su colaboración
activa y coordinada en su emisión28.

30. Estaposición se reiteró en el auto del 7 de marzo de 2019 29. En esta
providencia la misma Sección Segunda hizo un recuento de las tesis que hasta
ese momento se habían expuesto sobre la interpretación del artículo 31.1 de la
Ley 909 y destacó la validez del criterio adoptado en la sentencia del 31 de enero
de ese mismo año.

31. En esta misma línea, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad
condicionada de la expresión «el Jefe de la entidad u organismo» en la sentencia
C-183 del 8 de mayo de 2019, en los siguientes términos:

«Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión “el jefe de la
entidad u organismo”, contenida en el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909
de 2004, bajo el entendido de que, (i) el jefe de la entidad u organismo puede
suscribir el acto de convocatoria, como manifestación del principio de
colaboración armónica, y (ii) en todo caso la Comisión Nacional de Servicio
Civil no puede disponer la realización de un concurso sin que previamente se
hayan cumplido en la entidad destinataria los presupuestos de planeación y
presupuestales previstos en la ley, en los términos del fundamento jurídico
4.6.2. de esta sentencia».

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 31 de enero de 2019, radicación: 11001-

03-25-000-2016-01017-00, demandante: Ginna Johanna Riaño García.
28 Cfr. Ibidem.
29 Op. Cit. Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 7 de marzo de 2019, radicado: 11001-

03-25-000-2017-00326-00 (1563-2017), demandante: Colegio Nacional de Inspectores de
Trabajo (CNIT).

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32. Precisamente, el fundamento jurídico 4.6.2. de la providencia en mención
consideró que, pese a que la CNSC era la única competente para fijar la norma
reguladora del concurso, algunos elementos necesarios para la expedición del
acto de convocatoria correspondían a otras entidades. Entre ellos, la elaboración
del plan anual de empleos vacantes era responsabilidad del Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP) y las Unidades de Personal de las
Entidades (UPE), mientras que la financiación de los costos del concurso
correspondía a cada entidad u organismo.

33. Las UPE tenían responsabilidades como determinar los perfiles de los cargos,
elaborar los planes de vacantes y los manuales de funciones, y estimar los costos
de cubrir dichos cargos. Por su parte, el DAFP se encargaba de la política,
planeación y coordinación del recurso humano, y de apoyar a la CNSC cuando
fuera necesario.

34. Igualmente, la Corte destacó que la financiación adecuada era un requisito
indispensable para la realización del concurso, y la falta de disponibilidad
presupuestal podría hacer inviable el concurso. Sin embargo, el jefe de la entidad
u organismo no tenía competencia sobre el contenido de la convocatoria, aunque
sí debía garantizar la financiación del concurso.

35. En suma, la convocatoria era competencia exclusiva de la CNSC y la
colaboración armónica entre las diferentes entidades es esencial para el
cumplimiento de los fines del Estado. En este sentido, la sentencia C-645 de 2017
indicó que la competencia del jefe de la entidad (en ese caso el INPEC) para
hacer la convocatoria era exequible, bajo el entendido de que concurría « como
participante para planear y presupuestar la convocatoria, pero la competencia
relacionada con asegurar la implementación y velar por el adecuado funcionamiento de
la realización del concurso, así como su administración y vigilancia recae exclusivamente
sobre la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC».

36. De acuerdo con lo anterior, la convocatoria al concurso de méritos supone el
ejercicio de funciones separadas e independientes de la CNSC y de las entidades
beneficiarias de aquel. Sin embargo, aquellas deben coordinarse de forma
armónica con el fin de desarrollar la actuación administrativa que permita la
selección del personal más idóneo para el desarrollo de las funciones públicas.

37. Finalmente, debe precisarse que el Decreto 1083 de 2015 en su artículo
2.2.6.4. regló la posibilidad de que la CNSC modificara la convocatoria en los
siguientes términos:

«[…] Artículo 2.2.6.4 Modificación de la convocatoria. Antes de iniciarse las
inscripciones, la convocatoria podrá ser modificada o complementada en cualquier
aspecto por la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo cual deberá ser divulgado por la
entidad que adelanta el proceso de selección.

Iniciadas las inscripciones, la convocatoria solo podrá modificarse en cuanto al sitio,
hora y fecha de recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas, por la entidad
responsable de realizar el concurso. Las fechas y horas no podrán anticiparse a las
previstas inicialmente en la convocatoria.

Las modificaciones respecto de la fecha de las inscripciones se divulgarán por los
mismos medios utilizados para la divulgación de la convocatoria, por lo menos con dos
(2) días de anticipación a la fecha de iniciación del periodo adicional.

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Las relacionadas con fechas o lugares de aplicación de las pruebas, deberán
publicarse por los medios que determine la entidad que adelanta el concurso incluida
su página web y, en todo caso, con dos (2) días de anticipación a la fecha inicialmente
prevista para la aplicación de las pruebas. Estas modificaciones serán suscritas por el
responsable del proceso de selección y harán parte del expediente del respectivo
concurso. Copia de las mismas deberá enviarse a la Comisión Nacional del Servicio
Civil y a la Comisión de Personal de la entidad correspondiente.

Parágrafo. Corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil dejar sin efecto la
convocatoria cuando en ésta se detecten errores u omisiones relacionadas con el
empleo objeto de concurso y/o la entidad a la cual pertenece, o con las pruebas o
instrumentos de selección, cuando dichos errores u omisiones afecten de manera
sustancial y grave el desarrollo del proceso de selección […]».

2.3.2. El manual de funciones y competencias laborales

38. Toda entidad del Estado tiene dispuesto un número determinado de empleos
para el desarrollo de las funciones que le han sido asignadas por el ordenamiento
jurídico, con el propósito de materializar los fines del Estado. Este concepto
responde a lo que, en materia de función pública, se conoce como planta de
personal. Su creación y regulación está determinado por las necesidades del
servicio y su definición clara permite un diseño de la estructura organizacional a
nivel global. Esto, a su vez, permite concretar la cantidad, naturaleza y el
contenido funcional de los empleos requeridos, mediante su respectiva
clasificación.

39. El fundamento constitucional y legal de los manuales de funciones se
encuentra contenido en los artículos 122, inciso 1.º, y 125, inciso 3, de la C.P. y
19 de la Ley 909 de 2004, antes mencionado. De estos contenidos normativos
se deduce la importancia y trascendencia del instrumento jurídico en cuestión
que además de estar relacionado con el cumplimiento de los fines estatales tiene
la virtualidad de afectar las situaciones particulares y concretas de quienes son
designados para el desarrollo de las funciones públicas.

40. De ahí que, el manual de funciones y competencias laborales es una
herramienta de gestión del empleo que establece las responsabilidades, labores
y facultades propias de cada cargo que integra la planta de personal. Igualmente
contiene las exigencias de conocimientos, experiencia y otros aspectos que
permitan acreditar las aptitudes y condiciones requeridas para desempeñar las
labores encomendadas.

41. Por su parte, el artículo 20 de la Ley 909 de 2004 se refiere a los cuadros
funcionales de empleos como un ejercicio de agrupación de cargos que tengan
semejanzas en cuanto a la naturaleza general de sus funciones,
responsabilidades, requerimientos de conocimientos y competencias. Esta
medida persigue la optimización de la gestión de recurso humano; la posibilidad
de llevar a cabo el acceso, el ascenso, la retribución y la capacitación, así como
de cubrir plazas de uno o varios organismos, en función de los requisitos que se
exijan.

42. Ahora, el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, aplicable a las entidades de
la Rama Ejecutiva30, en el artículo 2.2.2.6.1. prevé lo siguiente:

30 Artículo 2.1.1.2 del Decreto 1083 de 2015.

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«[…] ARTÍCULO 2.2.2.6.1 Expedición. Los organismos y entidades a los
cuales se refiere el presente Título expedirán el manual específico de
funciones y de competencias laborales describiendo las funciones que
correspondan a los empleos de la planta de personal y determinando los
requisitos exigidos para su ejercicio.

La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se
efectuará mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de
acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente Título.

Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada
organismo o entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización,
modificación o adición del manual de funciones y de competencias laborales
y velar por el cumplimiento de las disposiciones aquí previstas […]» (Se
destaca)

43. Asimismo, el parágrafo 2 de la norma en mención dispone que el
Departamento Administrativo de la Función Pública brindará la asesoría técnica
necesaria, además de señalar las pautas e instrucciones para la adopción,
adición, modificación o actualización de los manuales específicos.

44. Por su parte, el artículo 2.2.2.6.2. ibidem precisa el contenido mínimo del
manual específico de funciones y competencias laborales, al indicar que debe
incluir:

1. La identificación y ubicación del empleo.

2. El contenido funcional, dentro del cual debe señalarse el propósito y la
descripción de funciones esenciales del empleo.

3. Los conocimientos básicos o esenciales.

4. Los requisitos de formación académica y de experiencia.

45. Ahora, en lo relevante al presente asunto, es pertinente precisar que los
artículos 2.2.3.5, parágrafo 4, y 2.2.3.9 del Decreto 1083 de 2015 señalaron la
necesidad de ajustar y actualizar los manuales de funciones. En especial, las
entidades territoriales debían hacerlo hasta el 1 de junio de 2015. Mientras ello
se cumplía, continuarían rigiendo los que hasta ese momento se encontraran
vigentes.

2.3.3. La Oferta Pública de Empleos de Carrera

46. La Oferta Pública de Empleos de Carrera es el acto por medio del cual la
administración le comunica al ente responsable de la elaboración del concurso
de méritos los empleos que se encuentran vacantes definitivamente, con la
finalidad de que sean provistos a través del respectivo proceso de selección. Este
instrumento se instituye en parámetro para la elaboración de las pruebas e
instrumentos del proceso de selección. Estos a su vez deben ser proporcionales
a las condiciones que se exigen para el desempeño de cada cargo, tal y como lo
prevé el artículo 2.2.6.13 del Decreto 1083 de 2015:

«ARTÍCULO 2.2.6.13 Pruebas o instrumentos de selección. Las pruebas
o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad,
idoneidad y potencialidad de los aspirantes y establecer una clasificación de
los mismos, respecto de las competencias requeridas para desempeñar con
eficiencia las funciones y las responsabilidades de un cargo. La valoración de
estos factores se hará mediante pruebas orales, escritas, de ejecución,

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análisis de antecedentes, entrevistas, evaluación final de cursos efectuados
dentro del proceso de selección y otros medios técnicos que respondan a
criterios de objetividad e imparcialidad con parámetros de calificación
previamente determinados.
En los concursos se aplicarán mínimo dos pruebas, una de las cuales será
escrita o de ejecución, dependiendo de la naturaleza de las funciones de los
empleos a proveer. […].» (se destaca).

47. Una vez elaborada la lista de elegibles deben cubrirse las vacantes para las
cuales se efectuó el concurso31, aspecto que depende de la oferta de empleos
remitida por la entidad previamente a la iniciación del concurso, sin perjuicio de
lo previsto para la utilización del Banco Nacional de Listas de Elegibles.

48. En lo relacionado con los parámetros de su reporte, el parágrafo del artículo
29 de la Ley 909 de 2004 señala que la Comisión Nacional del Servicio Civil es
el ente responsable de dictar el procedimiento y los lineamientos para que las
diferentes entidades informen, con la finalidad de hacer viables los concursos.

49. Más adelante, el Decreto 4500 del 5 de diciembre de 2005 32 indicó que, tanto
en la fase de preselección como en la específica, la CNSC puede modificar
cualquier aspecto de la convocatoria «hasta antes de la fecha de iniciación de
inscripciones, o de la escogencia del empleo en la segunda fase o específica»33. Dentro
de los aspectos referidos por la norma susceptibles de modificación se incluye la
OPEC de manera que no podrán producirse concluidas las etapas allí previstas.

50. Más adelante, el Decreto 051 del 16 de enero de 2018 34, en el artículo 3,
adicionó el artículo 2.2.6.34 al Decreto 1083 de 2015, para regular la periodicidad
del reporte de empleos vacantes de forma definitiva, según las indicaciones de
la Comisión Nacional del Servicio Civil, enfatizar el proceso planeación conjunta
y armónica del concurso de méritos y la actualización de los manuales de
funciones y competencias laborales, así:

«ARTÍCULO 2.2.6.34. Registro de los empleos vacantes de manera
definitiva. Los jefes de personal o quienes hagan sus veces en las entidades
pertenecientes a los sistemas general de carrera y especifico o especial de
origen legal vigilados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, deberán
reportar los empleos vacantes de manera definitiva, en el aplicativo Oferta
Pública de Empleos de Carrera - OPEC de la Comisión Nacional del Servicio
Civil, con la periodicidad y lineamientos que esta establezca.
Las entidades deben participar con la Comisión Nacional de Servicio Civil en
el proceso de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos. La
convocatoria deberá ser firmada por la Comisión Nacional de Servicio Civil y
por el jefe de la entidad pública respectiva.
Previo al inicio de la planeación del concurso la entidad deberá tener
actualizado su manual de funciones y competencias laborales y definir los
ejes temáticos.
En la asignación de las cuotas sectoriales las dependencias encargadas del
manejo del presupuesto en los entes territoriales deberán apropiar el monto
de los recursos destinados para adelantar los concursos de méritos.
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 110 del Estatuto Orgánico de
Presupuesto - EOP y el techo del Marco de Gasto de Mediano Plazo, las

31 Ley 909 de 2004, artículo 31, numeral 4, el cual más adelante fue modificado por el artículo 6

de la Ley 1960 de 2019.
32 «Por el cual se reglamenta el artículo 24 de la Ley 443 de 1998 y la Ley 909 de 2004».
33 Artículo 1, parágrafo 2, del Decreto 4500 de 2005.
34 «Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector

Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 2009».

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entidades del nivel nacional deberán priorizar el gasto para adelantar los
concursos de méritos. Igualmente, los cargos que se sometan a concurso
deberán contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal,
de acuerdo con lo establecido en el EOP.»

2.5. Análisis de la Sala

2.4.1. Violación del debido proceso y desconocimiento de los artículos 32 de la
Ley 909 de 2004 y 13 del Decreto Ley 760 de 2005

51. En la demanda se aseveró que la CNSC desconoció ese derecho en las dos
convocatorias demandadas porque negó a los participantes el derecho a
interponer los recursos de reposición y apelación contra las decisiones proferidas
como respuesta a las reclamaciones sobre los resultados obtenidos en las
pruebas presentadas por los concursantes, lo que permitía los artículos 32 de la
Ley 909 de 2004 y 13 del Decreto ley 760 de 2005. En cambio, aplicó « el
denominado Anexo al Acuerdo rector» para impedirlo, con lo cual dio rango de ley a
ese documento.

52. Pues bien, al revisar los acuerdos CNSC 20191000006426 y CNSC
20191000006436, ambos del 2 de julio de 201935, mediante los cuales se
convocó a concurso de méritos y se fijaron las reglas para el proceso de
selección para proveer los empleos en vacancia definitiva de la planta de
personal de la Gobernación del Meta [Convocatoria 1348 de 2019-Territorial
2019-II] y de la alcaldía del municipio de Villavicencio [Convocatoria No 1335 de
2019-Territorial 2019-II] se pudo establecer que en ambos se determinó en su
artículo 1 lo siguiente:

Acuerdo CNSC 20191000006426 Acuerdo CNSC 20191000006436

«ARTÍCULO 1. CONVOCATORIA. «ARTÍCULO 1. CONVOCATORIA.
Convocar el proceso de selección para Convocar el proceso de selección para
proveer de manera definitiva ciento once proveer de manera definitiva doscientos
(111) empleos, con doscientos diez (210) treinta y dos (232) empleos, con
vacantes, pertenecientes al Sistema cuatrocientas cinco (405) vacantes,
General de Carrera Administrativa de la pertenecientes al Sistema General de
planta de personal de la Gobernación del Carrera Administrativa de la planta de
Meta - Meta, que se identificará como personal de la Alcaldía de Villavicencio -
"Convocatoria No. 1348 de 2019 - Territorial Meta, que se identificará como
2019-II". "Convocatoria No. 1335 de 2019—
Territorial 2019— II".
PARÁGRAFO. Hace parte integral del PARÁGRAFO. Hace parte integral del
presente Acuerdo, el Anexo que contiene presente Acuerdo, el Anexo que contiene
de manera detallada las de manera detallada las
Especificaciones Técnicas de cada una Especificaciones Técnicas de cada una
de las etapas del proceso de selección de las etapas del proceso de selección
que se convoca. Por consiguiente, en los que se convoca. Por consiguiente, en los
términos del numeral 1 del artículo 31 de la términos del numeral 1 del artículo 31 de la
Ley 909 de 2014, este Acuerdo y su Anexo Ley 909 de 2014, este Acuerdo y su Anexo
son normas reguladoras de este concurso y son normas reguladoras de este concurso y
obligan tanto a la entidad objeto del mismo obligan tanto a la entidad objeto del mismo
como a la CNSC, a la Institución de como a la CNSC, a la Institución de
Educación Superior que lo desarrolle y a los Educación Superior que lo desarrolle y a los
participantes inscritos. participantes inscritos.

(…) (…)

35 Índice 4, Samai.

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ARTÍCULO 15. PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO 15. PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS DE VRM Y RESULTADOS DE VRM Y
RECLAMACIONES. La información sobre RECLAMACIONES. La información sobre
la publicación de resultados y las la publicación de resultados y las
reclamaciones para la Etapa de VRM reclamaciones para la Etapa de VRM
deberá ser consultada en los numerales deberá ser consultada en los numerales
2.3, 2.4 y 2.5 del Anexo del presente 2.3, 2.4 y 2.5 del Anexo del presente
Acuerdo. Acuerdo.
(…)
ARTÍCULO 18. PUBLICACIÓN DE (…)
RESULTADOS Y RECLAMACIONES DE
LAS PRUEBAS SOBRE COMPETENCIAS ARTÍCULO 18. PUBLICACIÓN DE
FUNCIONALES y RESULTADOS Y RECLAMACIONES DE
COMPORTAMENTALES. La información LAS PRUEBAS SOBRE COMPETENCIAS
sobre la publicación de los resultados de las FUNCIONALES y
Pruebas sobre Competencias Funcionales COMPORTAMENTALES. La información
y Comportamentales y las reclamaciones sobre la publicación de los resultados de las
que tales resultados generen se debe Pruebas sobre Competencias Funcionales
consultar en los numerales 3.3, 3.4 у 3.5 y Comportamentales y las reclamaciones
del Anexo del presente Acuerdo». que tales resultados generen se debe
consultar en los numerales 3.3, 3.4 y 3.5
(…) del Anexo del presente Acuerdo.
(…)
ARTICULO 20. PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS Y RECLAMACIONES DE ARTÍCULO 20. PUBLICACIÓN DE
LA PRUEBA DE VALORACION DE RESULTADOS Y RECLAMACIONES DE
ANTECEDENTES. La información sobre la LA PRUEBA DE VALORACION DE
publicación de los resultados de la Prueba ANTECEDENTES. La información sobre la
de Valoración de Antecedentes y las publicación de los resultados de la Prueba
reclamaciones que tales resultados de Valoración de Antecedentes y las
generen se debe consultar en los reclamaciones que tales resultados
numerales 4.3, 4.4 y 4.5 del Anexo del generen se debe consultar en los
presente Acuerdo (Se resalta). numerales 4.3, 4.4 y 4.5 del Anexo del
presente Acuerdo» (Se resalta).

53. Como se advierte, los acuerdos establecieron que el anexo técnico era parte
de la convocatoria y, por lo tanto, que tenía carácter obligatorio, según lo previsto
en el artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004. A su vez, los acuerdos remitieron al
trámite contenido en aquel para que los participantes presentaran las
reclamaciones ante inconformidades en la etapa de verificación de requisitos, los
resultados de las pruebas funcionales y comportamentales y de valoración de
antecedentes a los numerales allí previstos.

54. Una vez verificado los numerales del anexo técnico36 al que remitieron los
acuerdos para las reclamaciones se pudo constatar que en él se aplicó el
procedimiento previsto en los artículos 12 y 13 del Decreto ley 760 de 2005. Estos
reglaron la oportunidad para la interposición de las reclamaciones en contra de
la decisión de admisión o inadmisión al concurso y de los resultados de las
pruebas aplicadas. En el anexo se dispuso lo siguiente:
Numeral del anexo al que remitieron los Artículo del Decreto Ley 760 de
acuerdos 2005

«[…] 2.4. Reclamaciones contra los resultados de «Artículo 12. El aspirante no
la VRM. admitido a un concurso o proceso de
selección podrá reclamar su
Las reclamaciones contra los resultados de la VRM inclusión en el mismo, ante la
se presentarán por los aspirantes únicamente a Comisión Nacional del Servicio Civil
través del SIMO, dentro de los dos (2) días hábiles o ante la entidad delegada, según

36 Índice 4, Samai.

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siguientes a la fecha de publicación de los mismos, sea el caso, dentro de los dos (2)
en los términos del artículo 12 del Decreto Ley 760 días siguientes a la publicación de la
de 2005, las cuales serán decididas por la lista de admitidos y no admitidos al
universidad o institución de educación superior concurso.
contratada para realizar esta etapa del proceso de
selección, quien podrá utilizar la respuesta En todo caso las reclamaciones
conjunta, única y masiva, de conformidad con la deberán decidirse antes de la
Sentencia. aplicación de la primera prueba. La
(…) decisión que resuelve la petición se
Contra la decisión que resuelva estas comunicará mediante los medios
reclamaciones no procede ningún recurso […]» utilizados para la publicidad de la
lista de admitidos y no admitidos, y
contra ella no procede ningún
recurso.
3.4. Reclamaciones contra los resultados de las
Pruebas sobre Competencias Funcionales y Artículo 13. Las reclamaciones de
Comportamentales los participantes por sus resultados
obtenidos en las pruebas aplicadas
Las reclamaciones contra los resultados de estas en los procesos de selección se
pruebas se presentarán por los aspirantes formularán ante la Comisión
únicamente a través del SIMO, dentro de los cinco Nacional del Servicio Civil o ante la
(5) días hábiles siguientes a la fecha de publicación entidad delegada, dentro de los
de los mismos, de conformidad con las cinco (5) días siguientes a su
disposiciones del artículo 13 del Decreto Ley 760 publicación y deberán ser decididas
de 2005. antes de aplicar la siguiente prueba
o de continuar con el proceso de
En la respectiva reclamación, el aspirante puede selección, para lo cual podrá
solicitar el acceso a las pruebas por él presentadas, suspender el proceso.
señalando expresamente el objeto y las razones en
las que fundamenta su petición. La decisión que resuelve la petición
se comunicará a través de los
(…) medios utilizados para la publicación
de los resultados de las pruebas y
A partir del día siguiente en que ocurra contra ella no procede ningún
efectivamente el acceso a pruebas solicitado, el recurso» (se resalta).
aspirante contará con dos (2) días para completar
su reclamación, si así lo considera necesario, para
lo cual se habilitará el aplicativo SIMO por el
término antes mencionado.
(…)
Contra la decisión que resuelve estas
reclamaciones no procede ningún recurso […]».

«[…] 4.4. Reclamaciones contra los resultados de
la Prueba de Valoración de Antecedentes
Las reclamaciones contra los resultados de esta
prueba se presentarán por los aspirantes
únicamente a través del SIMO, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la fecha de publicación
de los mismos, de conformidad con el artículo 13
del Decreto Ley 760 de 2005, las cuales serán
decididas por la universidad o institución de
educación superior contratada para realizar esta
etapa del proceso de selección, quien podrá utilizar
la respuesta conjunta, única y masiva, de
conformidad con la Sentencia T-466 de 2004,
proferida por la Corte Constitucional y lo previsto
por el artículo 22 del CPACA, sustituido por el
artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

Contra la decisión que resuelve estas
reclamaciones no procede ningún recurso […]».

55. De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que dentro de los concursos de
méritos sí se permitió a los participantes la presentación de las reclamaciones en
contra de los resultados de verificación de requisitos, de las pruebas funcionales
y comportamentales y de valoración de antecedentes. Además, que el anexo

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técnico aplicó para tales efectos los términos previstos en los artículos 12 y 13
del Decreto Ley 760 de 2005 lo cual descarta que los acuerdos demandados
hubiesen contrariado normas de superior jerarquía al reglar estos aspectos.

56. Asimismo, al establecer en los acuerdos que contra las decisiones proferidas
como respuesta a las reclamaciones no procedía recurso alguno, dio
cumplimiento también a los artículos de ese decreto que determinó igual
limitación. En ese orden, no se advierte que la regulación de los procesos de
selección hubiese desconocido el debido proceso de quienes participaron. Por lo
tanto, no prospera este cargo de la demanda.

2.4.2. Vulneración de los decretos 51 de 2018 [artículo 1] y 1083 de 2015
[artículos 2.2.6.1, 2.2.6.4 y 2.2.6.34]

57. De acuerdo con la demanda, la CNSC vulneró esas normas porque permitió a
las entidades convocantes reportar los empleos vacantes en la OPEC por fuera
del término legal con la excusa de que se trataba de vacantes ocupadas por
prepensionados. Esto lo hizo con fundamento en las circulares 0097 del 28 de
junio de 2019 y 00107 del 12 de julio de 2019 y a través de los acuerdos
0191000008766 y 27191000008936, ambos del 18 de septiembre de 2019.

58. A juicio del demandante, la entidad redujo con tal actuación el número de
cargos e incluyó otros nuevos con lo que varió las convocatorias aprobadas en
la sala plena del 28 de junio de 2019 y el «Acuerdo 20191000006436», puesto
que no estaba autorizada para ingresar al concurso empleos nuevos. Además,
desconoció el mandato de que el concurso requiere de planeación conjunta y
armónica entre las entidades y la CNSC.

59. Finalmente, precisó que ni la gobernación del departamento del Meta ni la
alcaldía del municipio de Villavicencio actuaron dentro del plazo otorgado por la
CNSC para reportar los empleos a la OPEC, toda vez que venció el 25 de julio
de 2019 y lo hicieron 16 y 20 de agosto de 2019 y el 20 de agosto de 2019,
respectivamente.

60. Pues bien, lo primero a señalar es que los acuerdos CNSC 20191000006426
y CNSC 20191000006436, ambos del 2 de julio de 2019, con los que se convocó
al concurso de méritos para proveer los empleos de carrera administrativa de la
planta de personal de la Gobernación del Meta [Convocatoria 1348 de 2019-
Territorial 2019-II] y de la alcaldía del municipio de Villavicencio [Convocatoria No
1335 de 2019-Territorial 2019-II] en sus artículos 12 establecieron de igual forma
el cronograma para la inscripción.

61. Así, ambos indicaron que la CNSC informaría con al menos 10 días hábiles de
antelación la fecha de inicio y de duración de la inscripción. Igualmente, uno y
otro señalaron que la inscripción comprendería «1) El Registro en SIMO o su
equivalente, 2) La consulta de la OPEC. 3) La selección del empleo para el que se
pretende concursar, 4) Confirmación de los datos de inscripción al empleo, 5) El pago
de los Derechos de participación o autorización de la CNSC cuando aplique y 6) La
formalización de la inscripción». También reglaron la posibilidad de ampliar el plazo
de inscripción si para algunos empleos no hubo inscritos o estos fueron inferiores
a las vacantes ofertadas.

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62. Alrevisar la página web de la CNSC se pudo determinar que, para las
convocatorias 1348 de 2019 y 1335 de 2019 Territorial 2019-II regladas en los
acuerdos demandados las inscripciones, se habilitaron entre el 19 de
septiembre y el 31 de octubre de 201937. Ello significa que hasta la primera
fecha era posible la modificación de las convocatorias, incluida la OPEC, por así
disponerlo los artículos 1, parágrafo 2, del Decreto 4500 de 2005 y 2.2.6.4. del
decreto 1083 de 2015.

63. Con el anterior dato se pasará a verificar el cargo invocado en contra de cada
una de las convocatorias, así:

64. Respectode la Convocatoria 1348 de 2019-Territorial 2019-II de la
gobernación del departamento del Meta:

64.1. La convocatoria fue reglamentada con el Acuerdo CNSC 20191000006426
del 2 de julio de 2019. En su artículo 10 dispuso que «[a]ntes de dar inicio a la Etapa
de Inscripciones, la convocatoria podrá ser modificada o complementada, de oficio o a
solicitud de la entidad para la cual se realiza el proceso de selección, debidamente
justificada y aprobada por la CNSC, y su divulgación se hará a través de los mismos
medios utilizados desde el inicio». Frente a esta convocatoria se pudo verificar que
la OPEC fue variada de la siguiente manera:

64.2. Inicialmente se ofrecieron en ese acuerdo38 111 empleos con 210 vacantes
con fundamento en el registro que la entidad convocante hizo en la OPEC y que
fue informado a la CNSC el 21 de junio de 2019. Por tal razón, la Comisión en
sesión del 28 de ese mes y año aprobó la oferta de empleos y los convocó a
concurso [artículos 1 y 8].

64.3. Con posterioridad, la CNSC expidió el Acuerdo 20191000008706 del 3 de
septiembre de 201939 con el cual modificó los artículos 1 y 8 del acuerdo anterior.
La entidad en la revisión previa de la OPEC reportada encontró «que se registraron
empleos con mismo código, grado, denominación, propósito y funciones de manera
separada», por lo que con el fin de evitar duplicidad de cargos pidió la corrección
el 22 de julio de 2019. En los considerandos del acuerdo se lee que la
gobernación del departamento del Meta ajustó la OPEC y lo informó a la CNSC
el 16 de agosto de 2019 y eliminó los cargos repetidos. Por ese motivo, el nuevo
acuerdo al modificar el primero convocó a concurso 80 empleos con 210
vacantes.

64.4. Enseguida, el Acuerdo CNSC – 20191000008936 del 18 de septiembre de
2019 modificó el parágrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo CNSC —
20191000008706 del 3 de septiembre del 2019 y el artículo 31 del Acuerdo
20191000006426 del 2 de julio de 2019. En el acto se justificó la medida en lo
siguiente:

«[…] Que el artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 dispuso en su Parágrafo 2, lo
siguiente:

37https://www.cnsc.gov.co/convocatorias/1333-1354-territorial-2019-

ii?field_tipo_de_contenido_convocat_target_id=64
38 Índice 3, Samai.
39 Índice 3, Samai.

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Parágrafo 2°. Los empleos vacantes en forma definitiva del sistema general
de carrera, que estén siendo desempeñados con personal vinculado mediante
nombramiento provisional antes de diciembre de 2018 y cuyos titulares a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley le falten tres (3) años o menos
para causar el derecho a la pensión de jubilación (...).

(...) deberán proveerse siguiendo el procedimiento señalado en la Ley 909 de
2004 y en los decretos reglamentarios. Para el efecto, las listas de elegibles
que se conformen en aplicación del presente artículo tendrán una vigencia de
tres (3) años.

El jefe del organismo deberá reportar a la CNSC, dentro de los dos (2) meses
siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, los empleos que se
encuentren en la situación antes señalada. (…)

Que con ocasión de lo previsto en el precitado artículo, la CNSC expidió las
Circulares No. 20191000000097 del 28 de junio y 20191000000107 del 12 de julio
de 2019, mediante las cuales dio lineamientos e instrucciones técnicas,
respectivamente, para dar cumplimiento a dicha disposición legal, dando plazo
hasta el 25 de julio del año en curso para que los Representante Legales de las
entidades o sus delegados reportaran en la OPEC en SIMO las vacantes definitivas
de su planta de personal ocupadas por funcionarios en condición de pre-
pensionados.

Que en cumplimiento de lo anterior, e la Gobernación del Meta actualizó en SIMO
el reporte de su OPEC, identificando las vacantes definitivas de su planta de
personal ocupadas por funcionarios en condición de pre-pensionados,
remitiendo a la CNSC la nueva OPEC certificada por su Representante Legal
y el Jefe de Talento Humano vía correo electrónico del 16 de agosto de 2019.

Que para los empleos ofertados con vacantes localizadas en diferentes
ubicaciones geográficas o sedes, la escogencia de la vacante a ocupar por cada
uno de los elegibles se debe realizar mediante audiencia pública, de conformidad
con las disposiciones del Acuerdo No. CNSC 562 de 2016 o del que lo modifique
o sustituya.

(…)

Que con base en lo expuesto, se hace necesaria la modificación del Parágrafo 3
del artículo 8° del Acuerdo No. CNSC — 20191000008706 del 3 de septiembre del
2019 y del artículo 31° del Acuerdo No. 20191000006426 del 2 de julio de 2019,
con el fin de precisar la OPEC de la Gobernación del Meta, Proceso de Selección
No. 1348 de 2019, Convocatoria Territorial 2019-II, de conformidad con las
correcciones realizadas a la misma por esa entidad, así como para precisar las
reglas para la provisión de los empleos ofertados en este proceso de selección.

Por consiguiente, la Sala Plena de la CNSC, en sesión del 17 de septiembre de
2019, aprobó modificar el Parágrafo 3 del artículo 8° del Acuerdo No. CNSC —
20191000008706 del 3 de septiembre del 2019 y el artículo 31° del Acuerdo No.
CNSC —20191000006426 del 2 de julio de 2019 […]» (se resalta).

64.5. Según se aprecia, la reforma del parágrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo 8706
del 3 de septiembre de 2019 se justificó en la necesidad de determinar que la
escogencia de la plaza se debía realizar por audiencia pública. En lo que respecta
a la modificación del artículo 31 del Acuerdo CNSC 20191000006426 del 2 de
julio de 2019, se indicó que era preciso porque la vigencia de la lista de elegibles
se debía actualizar por lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 263 de la Ley
1955 de 2019, que ordena que no sea inferior a 3 años cuando existen cargos
ocupados por empleados que les faltare menos de 3 años para pensionarse.

65. Ahora, todas las reformas que se hicieron al Acuerdo CNSC 20191000006426
del 2 de julio de 2019 que regló la Convocatoria 1348 de 2019-Territorial 2019-II

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con la expedición de los acuerdos 20191000008706 del 3 de septiembre de 2019
y 20191000008936 del 18 de septiembre de 2019 derivadas de la corrección que
el departamento del Meta hizo a la OPEC fueron realizadas antes de que iniciaran
las inscripciones al concurso de méritos, esto es, el 19 de septiembre de 2019.

66. Así, se efectuaron el 3 y el 18 de septiembre de ese año, respectivamente. Por
consiguiente, la CNSC actuó de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1,
parágrafo 2, del Decreto 4500 de 2005, 2.2.6.4. del Decreto 1083 de 2015 y 10
del Acuerdo CNSC 20191000006426 del 2 de julio de 2019 que la facultaba para
modificar la convocatoria antes del inicio de las inscripciones al concurso de
méritos.

66.1. Ahora bien, la CNSC profirió después del 19 de septiembre de 2019 el
Acuerdo 0327 del 4 de noviembre de 2020 [20201000003276] con el que corrigió
«un error de digitación, transcripción u omisión de palabras en la información de cinco
(5) empleos ofertados por la Gobernación del Meta». Ello, en virtud de lo informado
por la Universidad Sergio Arboleda contratada para desarrollar el proceso de
selección, que señaló que en la verificación del cumplimiento de los requisitos
mínimos los empleos con códigos OPEC 25606, 5880, 70354, 70358 y 70361
presentaban inconsistencias entre el registro de la OPEC y el manual especifico
de funciones. En el acto se indicaron así:

«[…] El error consiste en que para el empleo identificado con código OPEC No.
25606 la entidad transcribió de forma errada en SIMO el requisito mínimo de
Educación, omitiendo incluir el Diploma de Bachiller, para el empleo identificado
con el código OPEC 5880 omitió incluir el título en la modalidad de Especialización
relacionado con las funciones del cargo y para los empleos identificados con los
códigos OPEC No. 70354, 70358 y 70361, registró la aplicación de las alternativas
del Decreto 785 de 2005, cuando en el MEFCL estas no se contemplaron […]»

66.2. La CNSC ordenó la corrección de tales errores y dispuso lo siguiente:

«ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar la corrección de los errores de digitación,
transcripción u omisión de palabras en el registro de la información en el aplicativo
SIMO de los empleos relacionados a continuación, que hace parte de la OPEC de
la Convocatoria No. 1348 de 2019 – Territorial 2019-II, pertenecientes a la
Gobernación del Meta, así:

EMPLEO NIVEL DENOMINACI CÓDIGO GRADO OPEC ACTUAL CORRECCIÓN A
CÓDIGO JERÁRQUICO REALIZAR EN LA OPEC
OPEC

25606 Asistencial Auxiliar 407 1 Estudio: Educación Modificar el requisito
administrativo básica primaria mínimo de Estudio a
Diploma de Bachiller,
señalado en el MEFCL de la
entidad
5880 Profesional Profesional 219 3 Estudio: Título Adicionar en el requisito
Universitario profesional mínimo de Estudio el título
universitario en el de posgrado en la
núcleo básico del modalidad de
conocimiento en Especialización, conforme
psicología, trabajo lo señalado en el MEFCL de
social, la entidad
administración.
70354 Profesional Profesional 219 3 Equivalencia de Eliminar la referencia a las
Universitario estudio y de Equivalencias establecidas
experiencia: Las en el Decreto No. 785 de
establecidas en el 2005, toda vez que en el
decreto No. 785 de MEFCL de la entidad no se
2005 contemplan
70358 Profesional Profesional 222 5 Equivalencia de Eliminar la referencia a las
Universitario estudio y de Equivalencias establecidas
experiencia: Las en el Decreto No. 785 de
establecidas en el 2005, toda vez que en el

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decreto No. 785 de MEFCL de la entidad no se
2005 contemplan.
70361 Profesional Profesional 219 3 Equivalencia de Eliminar la referencia a las
Universitario estudio y de Equivalencias establecidas
experiencia: Las en el Decreto No. 785 de
establecidas en el 2005, toda vez que en el
decreto No. 785 de MEFCL de la entidad no se
2005 contemplan.

PARÁGRAFO PRIMERO: La CNSC habilitará el aplicativo SIMO para que la
Gobernación del Meta, en un término máximo de un (1) día hábil, contado a partir
del día siguiente a la publicación de la presente decisión, corrija en su OPEC los
errores de digitación, transcripción u omisión de palabras aquí señalados, de tal
manera que coincida íntegramente con lo establecido en su respectivo MEFCL.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Conceder a los aspirantes inscritos en los precitados
empleos, quienes podrían verse eventualmente afectados con las correcciones a
realizar en la OPEC, el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día
siguiente de la comunicación de tales correcciones, para que consulten en el
aplicativo SIMO las mismas, verifiquen si cumplen con los correspondientes
requisitos mínimos corregidos y, si lo consideran procedente, soliciten a la CNSC,
dentro de este mismo plazo, al correo electrónico
correcionesterritorial2019II@cnsc.gov.co, el cambio de inscripción a un empleo de
igual valor al cancelado por derechos de participación en este proceso de selección
o, en su defecto, la devolución de dicho valor. Para los aspirantes que no opten
por alguna de las dos alternativas aquí previstas, se entenderá que continúan
inscritos en el mismo empleo al que inicialmente se inscribieron y los requisitos
mínimos se verificarán conforme a los documentos aportados en la oportunidad
respectiva.

66.3. El acuerdo citado fue revocado parcialmente con el Acuerdo 03230 del 10 de
noviembre de 2020 [20201000003306] en lo que respecta al empleo 5880, al
encontrar que respecto de este no existió el error que se pretendió corregir.
Finalmente, la CNSC expidió el Acuerdo 0364 del 2 de diciembre de 2020 con el
que corrigió de nuevo el Acuerdo 0327 del 4 de noviembre de 2020
[20201000003276], pero solo en cuanto a la palabra «Atlántico» porque la
convocatoria se refería al departamento del Meta.

66.4. Frente a la anterior corrección en la OPEC de los requisitos de los empleos
ofertados, lo primero a precisar es que el Acuerdo 20191000006426 del 2 de julio
de 2019 en el parágrafo 1 del artículo 8 estableció desde el principio del proceso
de selección que la OPEC y el manual específico de funciones hacían parte
integral de la convocatoria. Asimismo, precisó lo siguiente:

«[…] En caso de existir diferencias entre la OPEC certificada y el referido Manual
de Funciones y Competencias Laborales, prevalecerá este último, por
consiguiente, la OPEC se corregirá dando aplicación a lo previsto en el artículo 45
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
adelante CPACA. Así mismo, en caso de presentarse diferencias entre dicho
Manual de Funciones y Competencias Laborales y la ley, prevalecerán las
disposiciones contenidas en la norma superior […]»

66.5. En el parágrafo 2 de igual artículo, la convocatoria dispuso:

«[…]PARÁGRAFO 2. Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá
consultar los empleos a proveer mediante este proceso de selección tanto en el
Manual de Funciones y Competencias Laborales vigente de la respectiva entidad,
que sirvió de insumo para el mismo. como en la OPEC registrada por dicha entidad,
información que se encuentra publicada en la página Web de la CNSC
www.cnsc.gov.co, enlace SIMO […]».

66.6. Lo anterior significa que desde que se convocó al concurso de méritos
quienes iban a participar conocieron la regla expresa de que para la inscripción

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debían consultar los requisitos previstos en la OPEC para desempeñar el empleo
y los precisados en el manual específico de funciones. También que en caso de
inconsistencias entre la información del primero y segundo registro prevalecería
este y se ordenaría la corrección de los datos de la OPEC. De este modo, desde
el principio del proceso de selección debían acreditar todos los requisitos que
estuvieran detallados en ambos si coincidían o, en su defecto, en este último
documento para ser admitidos.

66.7. Bajo ese entendido, el ajuste que hizo la CNSC en el Acuerdo 0327 del 4 de
noviembre de 2020 [20201000003276] ante la corrección que la entidad
convocante hizo de la OPEC respecto de los 5 empleos que se enlistaron antes
no representó una modificación sustancial en la convocatoria. Por el contrario, lo
que hizo fue una corrección formal de los requisitos de los empleos registrados
en la OPEC que ya eran conocidos por los participantes con el manual especifico
de funciones para el momento de la inscripción en el proceso de selección.

66.8. Lo que se advierte de la actuación de la CNSC es que con su proceder otorgó
una mayor garantía a los participantes del concurso al permitirles que pudieran
completar los documentos que les faltaran dentro del tiempo otorgado una vez
hecho el ajuste de transcripción de los requisitos en la OPEC, aun cuando desde
el inicio del proceso de selección los debieron conocer al revisar el manual
específico de funciones.

66.9. Además, la CNSC impidió con su decisión que quienes solo acreditaron los
requisitos de la OPEC inicial y no los del manual específico de funciones que
debía prevalecer ante las inconsistencias de ambos documentos, continuaran en
el concurso sin completar los requisitos exigidos por este último. Ello protegió la
función pública, puesto que de no haberlo hecho hubiesen podido superar el
concurso quienes no cumplieran con los requisitos para desempeñar el empleo
para el cual se inscribieron ante la falta de acreditación de las condiciones
previstas en el manual específico de funciones.

66.10. Por lo anterior, las modificaciones que la CNSC hizo a la convocatoria en
relación con los empleos 25606, 70354, 70358 y 70361 ante las inconsistencias
que presentaban en su registro en la OPEC y el manual específico de funciones
no resultó ser un cambio que alterara de manera sustancial las reglas del
concurso de méritos. Simplemente, se trató de una corrección formal de
trascripción de requisitos de los empleos en la OPEC los cuales fueron conocidos
por los participantes para el momento de su inscripción, porque estaban en el
manual específico de funciones que integraba la convocatoria y debían consultar.
En ese orden, no hay razón para anular la convocatoria.

67. Análisis sobre la Convocatoria 1335 de 2019-Territorial 2019-II de la
alcaldía del municipio de Villavicencio:

67.1. La convocatoria se reglamentó con el Acuerdo CNSC 20191000006436 del
2 de julio de 2019 el cual, en el artículo 10, regló lo relacionado con su
modificación en los siguientes términos:

«[…] ARTICULO 10. MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. Antes de dar
inicio a la Etapa de Inscripciones, la convocatoria podrá ser modificada o
complementada, de oficio o a solicitud de la entidad para la cual se realiza el
proceso de selección, debidamente justificada y aprobada por la CNSC, y su

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divulgación se hará a través de los mismos medios utilizados desde el inicio.
Iniciada la Etapa de Inscripciones, la convocatoria sólo podrá modificarse en
cuanto al sitio, hora y fecha de inscripciones y aplicación de las pruebas por la
CNSC. Las fechas y horas no podrán, anticiparse a las previstas inicialmente. Las
modificaciones relacionadas con la fecha de inscripciones o con las fechas o
lugares de aplicación de las pruebas, se divulgarán en la página web
www.cnsc.qov.coy/o enlace SIMO y por diferentes medios de comunicación que
defina la CNSC. por lo menos con dos (2) días hábiles de anticipación a la nueva
fecha prevista.

PARÁGRAFO 1. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los errores
formales se podrán corregir en cualquier tiempo de oficio o a petición de parte, de
conformidad con lo previsto por el articulo 45 deI CPACA […]».

67.2. En el acuerdo se ofrecieron 232 empleos con 405 vacantes con fundamento
en el registro que la entidad convocante hizo en la OPEC el 14 de junio de 2019.
La Comisión en sesión del 28 de ese mes y año aprobó tal oferta de empleos y
los convocó a concurso [artículos 1 y 8].

67.3. La CNSC expidió luego el Acuerdo 201191000008766 el 18 de septiembre
de 201940 con el cual modificó los artículos 1, 8 y 31 del acuerdo anterior. La
entidad justificó la variación de los artículos en lo siguiente:

«[…] Que el artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 dispuso en su Parágrafo 2, lo
siguiente:

Parágrafo 2°. Los empleos vacantes en forma definitiva del sistema general
de carrera, que estén siendo desempeñados con personal vinculado mediante
nombramiento provisional antes de diciembre de 2018 y cuyos titulares a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley le falten tres (3) años o menos
para causar el derecho a la pensión de jubilación (...).

(...) deberán proveerse siguiendo el procedimiento señalado en la Ley 909 de
2004 y en los decretos reglamentarios. Para el efecto, las listas de eleqibles
que se conformen en aplicación del presente artículo tendrán una vigencia de
tres (3) años.

El jefe del organismo deberá reportar a la CNSC, dentro de los dos (2) meses
siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, los empleos que se
encuentren en la situación antes señalada (…)

Que con ocasión de lo previsto en el precitado artículo, la CNSC expidió las
Circulares No. 20191000000097 del 28 de junio y 20191000000107 del 12 de julio
de 2019, mediante las cuales dio lineamientos e instrucciones técnicas,
respectivamente, para dar cumplimiento a dicha disposición legal, dando plazo
hasta el 25 de julio del año en curso para que los Representante Legales de las
entidades o sus delegados reportaran en la OPEC en SIMO las vacantes definitivas
de su planta de personal ocupadas por funcionarios en condición de pre-
pensionados.

Que en cumplimiento de lo anterior, la Alcaldía de Villavicencio actualizó en SIMO
el reporte de su OPEC, identificando las vacantes definitivas de su planta de
personal ocupadas por funcionarios en condición de pre-pensionados, remitiendo
a la CNSC la nueva OPEC certificada por su Representante Legal y el Jefe de
Talento Humano vía correo electrónico del 20 de agosto de 2019.

Que para los empleos ofertados con vacantes localizadas en diferentes
ubicaciones geográficas o sedes, la escogencia de la vacante a ocupar por cada
uno de los elegibles se debe realizar mediante audiencia pública, de conformidad
con las disposiciones del Acuerdo No. CNSC 562 de 2016 o del que lo modifique
o sustituya.

40 Índice 3, Samai.

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Que mediante radicado No. 20196000842242 del 12 de septiembre de 2019, la
Alcaldía de Villavicencio remitió a la CNSC su nuevo Manual de Funciones y
Competencias Laborales, adoptado mediante Decreto 396 de 2019, en el cual la
Administración Municipal efectuó cambios de fondo al contenido de las fichas de
los empleos reportados en la OPEC en SIMO, conforme a la modificación de la
planta de personal adoptada mediante Decreto 395 de 2019, el cual también fue
remitido.

En consecuencia, la CNSC habilitó el aplicativo SIMO y la Alcaldía de Villavicencio
realizó el ajuste respectivo de la OPEC, remitiendo la nueva OPEC certificada por
el Representante Legal y el Jefe de Talento Humano vía correo electrónico del 16
de septiembre de 2019 […]».

67.4. Como se advierte, la modificación a los artículos 1 y 8 obedeció al cambio
que la alcaldía de Villavicencio (Meta) hizo al manual específico de funciones de
los empleos que informó a la CNSC el 12 de septiembre de 2019 y que obligó a
actualizar la OPEC y, por ende, los empleos ofertados que pasaron de 232 a 234
y se mantuvieron las 405 vacantes. En el acto administrativo se lee que en virtud
de lo anterior «[…] la CNSC habilitó el aplicativo SIMO y la Alcaldía de Villavicencio
realizó el ajuste respectivo de la OPEC, remitiendo la nueva OPEC certificada por el
Representante Legal y el Jefe de Talento Humano vía correo electrónico del 16 de
septiembre de 2019 […]» (sic).

67.5. La modificación del artículo 31 del Acuerdo CNSC 20191000006436 del 2 de
julio de 2019 tuvo fundamento en el reporte que la entidad territorial presentó de
las vacantes definitivas de su planta de personal ocupadas por funcionarios en
condición de prepensionados el 20 de agosto de 2019. La razón de este cambio
fue el contenido del parágrafo 2 del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 que regló
lo relacionado con la oferta de los empleos ocupados por quienes les faltaran
menos de 3 años para pensionarse y cuyas vacantes debían ser informadas
antes del 25 de julio de 2019, por así disponerlo las circulares 20191000000097
del 28 de junio y 20191000000107 del 12 de julio de ese año.

67.6. Así las cosas, la modificación que la CNSC hizo a la convocatoria con el
Acuerdo 201191000008766 del 18 de septiembre de 2019 estuvo dentro del
término otorgado por los artículos 1, parágrafo 2, del Decreto 4500 de 2005,
2.2.6.4. del Decreto 1083 de 2015 y 10 del Acuerdo CNSC 20191000006436 del
2 de julio de 2019, puesto que se efectuaron antes del comienzo de la etapa de
inscripciones el 19 de septiembre de 2019. En ese orden, no existió un cambio
en la convocatoria que no estuviera amparada por las normas mencionadas.

68. Análisis
de los cargos que se refieren a las dos convocatorias
previamente estudiadas

68.1. En la demanda se afirma que ni el departamento del Meta ni el municipio de
Villavicencio actualizaron en la OPEC las vacantes que estaban ocupadas por
servidores públicos con la calidad de prepensionados antes del 25 de julio de
2019, como lo dispuso el artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 y las circulares
20191000000097 del 28 de junio y 20191000000107 del 12 de julio de ese año.

69. Según se pudo corroborar con lo plasmado por la CNSC en los Acuerdos
20191000008936 del 18 de septiembre de 2019, que modificó el artículo 31 del
Acuerdo 20191000006426 del 2 de julio de 2019 que regló la Convocatoria 1348
de 2019-Territorial 2019-II de la gobernación del Meta, y el Acuerdo

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201191000008766 el 18 de septiembre de 2019, que reformó el Acuerdo
20191000006436 del 2 de julio de 2019 que reglamentó la Convocatoria 1335 de
2019-Territorial 2019-II de la alcaldía del municipio de Villavicencio, ambas
entidades informaron a la CNSC que actualizaron la OPEC con la identificación
de las vacantes definitivas ocupadas por funcionarios en condición de
prepensionados el 16 y el 20 de agosto de 2016, respectivamente.

70. En el expediente no acreditó la fecha en la que las entidades convocantes
hicieron la actualización en la OPEC y si ello ocurrió antes del 25 de julio de 2019
como lo ordenó el artículo 263 de la Ley 1955 de 2019. En los actos
administrativos mencionados se señaló que las entidades informaron en las
fechas indicadas [ 16 y 20 de agosto] a la CNSC que realizaron tal actuación,
pero no cuándo.

71. No obstante, aunque las entidades no hubiesen realizado tal actualización
antes del 25 de julio de 2019 no significa que los acuerdos CNSC
20191000006426 y CNSC 20191000006436 del 2 de julio de 2019 estén viciados
de nulidad porque su construcción debía hacerse con la información existente en
la OPEC para la época de su expedición y no puede juzgarse su validez con
reformas posteriores que se hicieron a aquella.

72. Ciertamente, el acuerdo de convocatoria es un acto administrativo de
naturaleza general y reglado, mediante el cual la CNSC fija las reglas esenciales
que regirán un concurso público de méritos. Por disposición del artículo 88 del
CPACA, este acto goza de presunción de legalidad desde su expedición y hasta
tanto no sea anulado por la jurisdicción competente, razón por la cual son
ejecutables, salvo los casos previstos por el artículo 91 ibidem.

73. Tal presunción solo puede ser desvirtuada si se demuestra que, desde el
momento en que fue expedido, tenía vicios que lo hacían inválido. Esta valoración
se hace bajo el criterio ex tunc, lo que significa que solo cuentan las
circunstancias de hecho y de derecho existentes al momento de su expedición,
sin que lo que ocurra después pueda usarse para anularlo con efectos hacia
atrás.

74. En este sentido, la providencia del Consejo de Estado del 21 de marzo de
202441 señaló que los actos administrativos dictados con competencia, forma y
fundamento legal vigentes en su momento mantienen su presunción de validez a
lo largo del tiempo, y que esta no se ve afectada por hechos o decisiones
posteriores, salvo que se demuestre que aquellos vicios existían desde el
instante de su creación.

75. Este enfoque de control se articula con el principio de seguridad jurídica (arts.
14, 19 y 83 de CP, entre otros), que garantiza la estabilidad de las reglas jurídicas
y la previsibilidad de la actuación administrativa. Este principio, a su vez, está
directamente vinculado con la confianza legítima que ampara a los participantes
en un concurso de méritos, quienes tienen derecho a que las condiciones de la
convocatoria no sean alteradas de forma arbitraria o sorpresiva. El principio de
igualdad (art. 13 de la C.P.) refuerza esta exigencia, pues cualquier modificación

41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 21 de marzo de 2024, radicación 76001-23-33-000-2020-00154-02
(4137-2021).

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posterior que afecte a unos aspirantes y no a otros vulnera el trato equitativo que
debe imperar en los procesos de selección.

76. Aceptar que actuaciones o actos administrativos expedidos después de la
convocatoria puedan afectar su legalidad implicaría desconocer el principio de
autonomía de los actos administrativos, permitir que irregularidades en la fase de
ejecución contaminen indebidamente el acto inicial y generaría un escenario de
inaceptable inseguridad jurídica42. Bajo esa hipótesis, cualquier error posterior,
incluso imputable a un tercero distinto del emisor del acuerdo, podría
desestabilizar las reglas previamente fijadas, lesionando gravemente la confianza
legítima de los concursantes y el principio de planeación que debe regir los
concursos públicos (art. 209 CP).

77. El análisis de legalidad del acuerdo de convocatoria, por lo tanto, debe
circunscribirse a su contexto fáctico y normativo originario. Si al momento de su
expedición este acto fue dictado por autoridad competente, bajo las formalidades
exigidas y con sustento en la normativa vigente, su validez no puede verse
afectada por modificaciones extemporáneas, errores materiales, ajustes en
manuales de funciones o cualquier otra actuación producida con posterioridad.
Tales hechos, en caso de ser irregulares, pueden y deben ser objeto de control
judicial o administrativo independiente, pero no desvirtúan la legalidad inicial del
acto de convocatoria.

78. En conclusión, las actuaciones posteriores no tienen la fuerza jurídica para
enervar la validez de un acuerdo de convocatoria que, en su origen, se ajustó
plenamente a las exigencias legales. Este criterio protege la seguridad jurídica,
la igualdad, la transparencia y la confianza legítima en los procesos de selección
por mérito, con lo cual se asegura que las reglas del juego establecidas al inicio
se mantengan estables y previsibles hasta la culminación del concurso, sin
perjuicio del control específico que pueda ejercerse sobre actos posteriores.

79. Bajo ese criterio, que los acuerdos CNSC 20191000006426 y CNSC
20191000006436 del 2 de julio de 2019 se hubiesen expedido con fundamento
en la OPEC que para esa fecha fue reportada por las entidades convocantes y
que no contenía la información actualizada sobre las vacantes de los empleos
ocupados por servidores públicos con calidad de prepensionados, no constituye
un vicio de nulidad que afecte su validez. Tales actos se presumen legales porque
se elaboraron con la OPEC vigente para la fecha de su expedición y el cambio
posterior de aquella no puede ser usado como parámetro para evaluar su
legalidad. Cualquier eventual irregularidad derivada de esos cambios debe
examinarse de manera independiente, sin afectar la validez original de la
convocatoria.

80. Asimismo, en lo que respecta a los acuerdos que modificaron los acuerdos
CNSC 20191000006426 y CNSC 20191000006436 del 2 de julio de 2019

42 Al respecto, la Corte Constitucional precisó en la sentencia SU-138 de 2024 que las
modificaciones a las reglas de una convocatoria deben ser excepcionales y ajustarse a
parámetros estrictos: i) que no otorguen ventajas indebidas a ningún participante; ii) que sean
comunicadas y publicadas por los mismos medios previstos originalmente; y iii) que se anuncien
con suficiente antelación para no afectar la transparencia ni la igualdad del certamen. La Corte
advirtió que las alteraciones que incumplan con estos requisitos pueden ser anuladas, pero de
manera autónoma, sin que ello afecte retroactivamente la validez de la convocatoria expedida
conforme con el ordenamiento jurídico.

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tampoco se advierte algún tipo de vicio que afecte su validez, puesto que su
expedición se efectuó antes de que se abrieran las inscripciones para el concurso
como lo permiten los artículos 1, parágrafo 2 del Decreto 4500 de 2005, 2.2.6.4.
del Decreto 1083 de 2015, según quedó acreditado con antelación.

81. Finalmente, debe señalarse que la CNSC no incumplió el deber de
colaboración armónica con el departamento del Meta y el municipio de
Villavicencio cuando expidió los actos administrativos con los que modificó los
acuerdos CNSC 20191000006426 y CNSC 20191000006436 del 2 de julio de
2019 que reglaron las convocatorias 1348 de 2019 y 1335 de 2019 Territorial
2019-II. Ciertamente, según se estableció con antelación, todas las
modificaciones tuvieron como insumo las correcciones que las entidades
convocantes hicieron de los empleos ofertados en la OPEC.

2.4.3. Desconocimiento del deber de actualizar los manuales de funciones

82. Finalmente, los demandantes señalaron que en la expedición de los acuerdos
demandados se desconoció que previo al concurso los manuales de funciones y
de competencias laborales debieron estar actualizados. Además, se aseveró que
el municipio de Villavicencio y el departamento del Meta modificaron esos
manuales sin atender lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto 51
de 2018 y que con tales reformas cambiaron los requisitos de los empleos en
contravía de los dispuesto en el artículo 2.2.6.4. del Decreto 1083 de 2015.

83. Pues bien, dentro del expediente no hay prueba que indique que los manuales
de funciones que las entidades convocantes aportaron a la CNSC para la
elaboración de los acuerdos que regirían el concurso de méritos estaban
desactualizados. De este modo, los demandantes no argumentaron ni probaron
la irregularidad en tales manuales para el momento en que se expidieron los
acuerdos que reglaron las convocatorias 1335 y 1348 de 2019-Territorial 2019-II
del municipio de Villavicencio y de la gobernación del departamento del Meta.

84. Si bien en las consideraciones del Acuerdo 201191000008766 del 18 de
septiembre de 2019 que modificó los artículos 1, 8 y 31 del Acuerdo CNSC
20191000006436 del 2 de julio de 2019 regulatorio de la Convocatoria 1335 de
2019-Territorial 2019-II se indicó que «mediante radicado No. 20196000842242 del
12 de septiembre de 2019, la Alcaldía de Villavicencio remitió a la CNSC su nuevo
Manual de Funciones y Competencias Laborales, adoptado mediante Decreto 396 de
2019» ello no representó una irregularidad que afectara el concurso. Es así,
porque en el acto se señaló que la CNSC habilitó el SIMO para actualizar la
OPEC y ello se hizo previo a la apertura de las inscripciones, lo cual estaba
permitido por la convocatoria inicial [artículo 10] y los artículos 1, parágrafo 2, del
Decreto 4500 de 2005 y 2.2.6.4. del Decreto 1083 de 2015.

85. Ahora, aunque se diera por demostrado que los manuales específicos de
funciones estaban desactualizados para la fecha en que se expidieron los
acuerdos CNSC 20191000006426 y CNSC 20191000006436 del 2 de julio de
2019 y los posteriores que los modificaron, lo cierto es que ello no representa una
causal de nulidad que los afecte.

86. En este punto se aplica la postura jurisprudencial explicada con antelación
según la cual los acuerdos de convocatoria como actos administrativos de

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naturaleza general y reglados gozan de presunción de legalidad desde su
expedición y esta solo puede ser desvirtuada si se prueba que desde ese instante
tenían vicios que los hacía inválidos sin que pueda argumentarse circunstancias
de hecho y de derecho posteriores a ello. En ese sentido si los manuales de
funciones fueron modificados luego de que profirieron los acuerdos CNSC
20191000006426 y CNSC 20191000006436 del 2 de julio de 2019 ello no tiene
la virtud de afectar su validez.

87. A ello se suma que la jurisprudencia de esta sección ha precisado que el
manual de funciones no conforma un acto complejo con el acto de convocatoria
a un concurso público, por las siguientes razones43:

«Así, a partir de lo dicho hasta acá, la Sala considera que no le asiste razón a la
parte demandante en su tesis sobre la conformación de un solo acto administrativo
complejo entre los decretos municipales proferidos por el alcalde de Duitama y los
acuerdos de la CNSC que fueron acusados en este proceso, toda vez que, a la luz
de los requisitos definidos por la jurisprudencia para su configuración, estos no
tienen unidad de finalidad u objeto y contenido, ni interdependencia.

[…]

En ese sentido, no obstante que estos manuales son de suma relevancia para las
convocatorias de carrera administrativa, ya que a partir de ellos se estructura la
OPEC y las pruebas del concurso, su objeto no se agota allí, pues estos también
sirven de parámetro para otras formas de provisión de los empleos y, en general,
para el cumplimiento de las funciones de cualquier empleado público, tal y como
lo consagra el artículo 122 de la Constitución44.

Por otro lado, el objeto de la norma reglamentaria de la convocatoria de carrera
administrativa se circunscribe a la determinación de disposiciones que garanticen
la transparencia y la objetividad en los procesos de selección para ocupar los
cargos vacantes de esta naturaleza, la cual, si bien como se dijo resulta influida
por el contenido de los manuales de funciones a través de la OPEC, aborda otros
temas que la diferencian de dichos actos administrativos y que son propios de la
regulación de un concurso abierto de méritos, como son la inscripción, las pruebas
del certamen y las reclamaciones y recursos que se pueden presentar en él.

Así, en conexión con el anterior argumento se encuentra el de la ausencia de
interdependencia entre los decretos que contienen el manual de funciones y los
acuerdos de la convocatoria, pues se reitera que, con base en lo consagrado en el
artículo 130 de la Constitución, la ley y la jurisprudencia constitucional y
administrativa han sido claras en señalar que, sin perjuicio de la colaboración
armónica que debe existir entre los órganos del Estado, la competencia de la
CNSC para reglamentar las convocatorias de carrera es exclusiva y excluyente, y
no depende de la aprobación de ninguna otra autoridad, ni siquiera de las
entidades beneficiarias de los concursos. Por lo tanto, estas existen y producen
efectos una vez son expedidas por la Comisión, y su nacimiento a la vida jurídica
y validez no depende de la aprobación o firma del representante legal de la entidad
para la cual se realiza el concurso45.

[…]

En conclusión: El conjunto de los actos administrativos demandados no conforman
un solo acto complejo reglamentario de la Convocatoria n.° 1170 de 2019 y, por

43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2023,

radicado 11001-03-25-000-2021-00209-00 (1324-2021).
44 CP, art. 122: «No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento

[…]».
45 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia

de unificación del 31 de enero de 2019, rad. 11001-03-25-000-2016-01017-00(4574-16), y Corte
Constitucional, sentencia C-183 de 2019.

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este específico motivo planteado en la demanda, la eventual ilegalidad de los
decretos municipales sobre el manual específico de funciones y
competencias laborales de la Alcaldía de Duitama no puede desembocar en
la declaración de nulidad de los acuerdos proferidos por la Comisión para el
concurso de méritos de carrera administrativa de dicho Ente Territorial»
[resalta la Sala].

88. De acuerdo con el anterior criterio, no se configura un acto administrativo
complejo entre los manuales de funciones y la convocatoria al concurso de
méritos, pues no concurren los requisitos de unidad de finalidad u objeto, de
contenido ni de interdependencia. Si bien los manuales de funciones son piezas
relevantes para estructurar la OPEC y diseñar las pruebas del concurso, su
alcance es más amplio, ya que sirven como referencia para otras formas de
provisión de cargos y para el ejercicio general de las funciones públicas, de
conformidad con el artículo 122 de la Constitución.

89. Por su parte, el objeto de la convocatoria de carrera administrativa se
circunscribe a establecer las disposiciones que aseguren la transparencia y
objetividad del proceso de selección, regulando aspectos propios de un concurso
abierto de méritos (inscripción, aplicación de pruebas, presentación de
reclamaciones y recursos) que la diferencian sustancialmente de los manuales
de funciones. Así, aunque el contenido de estos influya indirectamente en la
convocatoria a través de la OPEC, la competencia para reglamentar los
concursos de carrera es exclusiva y excluyente de la CNSC, de acuerdo con el
artículo 130 de la Constitución, y no depende de la aprobación de ninguna otra
autoridad.

90. En este sentido, la eventual ilegalidad de un manual de funciones no se
transmite automáticamente al proceso de selección, y mucho menos la nulidad
de aquel podría determinar la nulidad de la convocatoria. Y en se orden, los
acuerdos CNSC 20191000006426 y CNSC 20191000006436 del 2 de julio de
2019 mantiene incólume su presunción de legalidad, aun cuando se hubiese
probado que los manuales de funciones presentaban alguna irregularidad, lo que
no se acreditó.

2.4.4. Pronunciamiento sobre la solicitud de nulidad de los otros actos
administrativos enjuiciados

91. En la demanda se pidió declarar la nulidad de las circulares 20191000000097
del 28 de junio de 2019 y 201910000000107 del 12 de julio de 2019 proferidas
por la CNSC con las cuales se daba instrucciones a las entidades territoriales
para que reportaran en la OPEC las vacantes definitivas de su planta de personal
ocupadas en condición de prepensionados.

92. También se solicitó anular el Anexo 2019 «[p]or el cual se establecen las
especificaciones técnicas de las diferentes etapas del proceso de selección convoca y
establecen las reglas del proceso de selección para proveer los empleos en vacancia
definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la Alcaldía de Villavicencio-Convocatoria No 1335 de 2019- Territorial 2019-
II».

93. No obstante, los demandantes no indicaron cargos concretos para desvirtuar
la presunción de legalidad de tales actos administrativos. Esta circunstancia

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impide a la Sala proferir algún pronunciamiento sobre el particular en virtud del
principio de congruencia procesal y de la carga argumentativa prevista en los
artículos 162 y 137 del CPACA, según la cual corresponde al actor identificar y
sustentar las razones de ilegalidad que soporten sus pretensiones.

94. Ciertamente, el juez de lo contencioso administrativo en los procesos de
simple nulidad debe limitarse a las acusaciones que contra el acto administrativo
se señalen en el concepto de violación por tratarse de una justicia rogada y gozar
aquel de presunción de legalidad que debe ser desvirtuada por quien la ataca.

95. En ese orden, al ser la justicia contencioso-administrativa rogada el juez «solo
puede pronunciarse respecto de los hechos y normas que se hayan esgrimido en la
demanda de donde resulta que la precisa y adecuada cita de los fundamentos de
derecho y de las normas violadas viene a constituir el marco dentro del cual puede
moverse el juzgador»46. Por lo tanto, al no existir razones que sustenten la solicitud
de nulidad de las circulares 20191000000097 del 28 de junio de 2019 y
201910000000107 del 12 de julio de 2019 y el Anexo 2019 no es viable emitir un
pronunciamiento al respecto.

2.6. Conclusión

96. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que los acuerdos CNSC
20191000006426 del 2 de julio de 2019, CNSC 20191000008706 del 3 de
septiembre de 2019, CNSC 20191000008936 del 18 de septiembre de 2019,
03276 del 2020 del 04 de noviembre 2020, 3306 del 10 de noviembre de 2020
proferidos dentro de la Convocatoria 1348 de 2019 Territorial 2019-II, y CNSC
20191000006436 del 2 de julio de 2019 y CNSC 2019100008766 del 18 de
septiembre de 2019 dictados dentro de la Convocatoria No 1335 de 2019-
Territorial 2019-II, no fueron expedidos con vulneración de las normas en que
debieron fundarse.

97. Así, los acuerdos no vulneraron el debido proceso de los participantes del
concurso de méritos ni los artículos 32 de la Ley 909 de 2004 y 13 del Decreto
Ley 760 de 2005, puesto que sí permitieron la presentación de reclamaciones en
contra de los resultados de verificación de requisitos, de las pruebas funcionales
y comportamentales y de valoración de antecedentes y para ello aplicaron el
procedimiento previsto en los artículos 12 y 13 del decreto ley aludido. Además,
estas normas previeron que contra las decisiones proferidas como respuesta a
las reclamaciones no procedía recurso alguno.

98. Los actos demandados tampoco desconocieron los artículos 1 del Decreto 51
de 2018 y 2.2.2.6.1, 2.2.6.4 y 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, toda vez que
todas las reformas que se hicieron a los acuerdos CNSC 20191000006426 y
CNSC 20191000006436 del 2 de julio de 2019 derivadas de la corrección que las
entidades convocantes hicieron en la OPEC fueron realizadas antes de que
iniciara las inscripciones al concurso de méritos, esto es, el 19 de septiembre de
2019. Así, se hicieron dentro del término que permiten los artículos 1, parágrafo

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 2

de marzo de 2017. Radicación: 08001-33-31-004-2011-00660-01. Ver también Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de agosto de 2020, radicado 41001-
23-31-000-2008-00038-01 (1650-2014).

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2, del Decreto 4500 de 2005 y 2.2.6.4. del decreto 1083 de 2015 y 10 de ambos
acuerdos.

99. A ello se suma que, aunque las entidades convocantes no hubiesen realizado
tal actualización en la OPEC de las vacantes ocupadas por prepensionados antes
del 25 de julio de 2019 no significa que los acuerdos CNSC 20191000006426 y
CNSC 20191000006436 del 2 de julio de 2019 estén viciados de nulidad porque
su construcción debía hacerse con la información existente en la OPEC para la
época de su expedición y no puede juzgarse su validez con reformas posteriores
que se hicieron a aquella.

100. Además, en el caso de la Convocatoria 1348 de 2019-Territorial 2019-II de la
gobernación del departamento del Meta reglada en el Acuerdo CNSC
20191000006426 del 2 de julio de 2019 la modificación que la CNSC hizo con el
Acuerdo 0327 del 4 de noviembre de 2020 [20201000003276] respecto de la
OPEC de 5 empleos no fue sustancial y no cambió las reglas de la convocatoria.
Por el contrario, correspondió a una corrección formal de los requisitos de los
empleos que ya eran conocidos por los participantes con el manual específico de
funciones para el momento de la inscripción en el proceso de selección.

101. Finalmente, en lo relativo a la violación de los artículos 1 del Decreto 51 de
2018 y 2.2.6.4. del Decreto 1083 de 2015 porque en los acuerdos demandados
se tuvieron en cuenta manuales específicos de funciones desactualizados, se
observó que los demandantes no acreditaron ello. Y aun de haberlo hecho ello
no representa una causal de nulidad que afecte los acuerdos enjuiciados, por
cuanto no constituyen un acto complejo y, además, la validez de los acuerdos se
juzga con fundamento en las circunstancias de hecho y de derecho que eran
existentes al momento de su expedición, lo cual descarta que modificaciones
posteriores a tales manuales pudieran desvirtuar su presunción de legalidad.

102. Por las razones anotadas, se negarán las pretensiones de la demanda.

103. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Negar las pretensiones de la demanda presentada por Adriana Cetarez
Álvarez, Luis Alberto Bocanegra Serrano, Janeth Gómez Solano, Norma Cristina
Pavas Escobar, Yolanda Monroy, Elizabeth Quevedo Monzón, Ferney Sandoval
Rodríguez, Helena Marcela Rojas Pardo, Rogelio Zamora Reyes, Dora Patricia
Rozo Cruz, María Alexandra Aguirre Martínez, Javier Hernández Gutiérrez, Flor
Alba Garzón Quinitin4, Kenlla Jaidy Velandia Velandia, Rosa Liliana Gallego
García, Gladys Inés Triana Rodríguez, Juan Carlos Mojica Castillo en contra de
los acuerdos CNSC 20191000006426 del 2 de julio de 2019, CNSC
20191000008706 del 3 de septiembre de 2019, CNSC 20191000008936 del 18
de septiembre de 2019, 03276 del 2020 del 04 de noviembre 2020, 3306 del 10
de noviembre de 2020 proferidos dentro de la Convocatoria 1348 de 2019
Territorial 2019-II, y CNSC 20191000006436 del 2 de julio de 2019y CNSC
2019100008766 del 18 de septiembre de 2019 dictados dentro de la
Convocatoria No 1335 de 2019-Territorial 2019-II, y las circulares

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20191000000097 del 28 de junio de 2019 y 201910000000107 del 12 de julio de
2019 y el Anexo 2019, de acuerdo con lo expuesto en precedencia.

Segundo. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
YSB

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