Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00527-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00527-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00527-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00527-00 (2550-2021) REV
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-
Demandado: Marco Antonio Cufiño González
Temas: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Artículo 250,
numeral 7.° del CPACA. Presupuestos de configuración.
Reconocimiento pensional - Régimen de transición de la Ley
100 de 1993
Decisión: Declara infundada la acción. Sin condena en costas.
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 20032
presentada por la UGPP en contra de la sentencia del 8 de noviembre de 2017,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda,
Subsección C3, que confirmó parcialmente la sentencia del 26 de agosto de 2016
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
por Marco Antonio Cufiño González contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-
radicado 110013335029201300721-00 / 01.
1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 Fue presentada el 11 de agosto de 2021, según da cuenta el archivo correspondiente al Acta de Reparto
digitalizado aplicativo SAMAI, de manera que está regulado por los artículos 248 y s.s. del CPACA, por
remisión del inciso 3.º del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3 Con ponencia del magistrado Carlos Alberto Orlando Jaiquel.
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Acción especial de revisión
Radicación: 110010325000202100527-00 (2550-2021)
Demandante: UGPP
II. ANTECEDENTES
2.1. Proceso ordinario inicial
2.1.1. La demanda4
2. El señor Marco Antonio Cufiño González, por intermedio de apoderado,
instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP-, con el objetivo de obtener, en síntesis, la nulidad de
las Resoluciones RDP 02919 del 23 de enero de 2013 y RDP 015312 del 5 de
abril de 2013 con las que se le negó su solicitud de reliquidación pensional y se
resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión inicial.
3. A título de restablecimiento solicitó la reliquidación de su pensión con los
factores salariales devengados en el último año de prestación de servicios, en
cuantía de $417.092,88 efectiva desde el “6 de enero de 1994” (sic), de acuerdo
con las Leyes 33 y 62 de 1985, con los reajustes pensionales decretados en las
“leyes 4/16 y 71/88”, debidamente indexados por cuanto se retiró del servicio el
31 de diciembre de 1993, teniendo en cuenta para efectos de la cuantía el auxilio
de alimentación, las primas de vacaciones, de navidad, de servicios de junio, de
servicios de diciembre, además de aquellos factores que fueron incluidos en las
resoluciones mencionadas.
4. Solicitó ordenar el cumplimiento de la sentencia según el artículo 192 del
CPACA y condenar en costas a la entidad demandada.
2.1.2 Hechos relevantes
5. El señor Marco Antonio Cufiño González nació el 6 de julio de 1939 y prestó
sus servicios al Estado colombiano como jefe de sección en la Caja Nacional de
Previsión Social por más de 20 años, hasta el 31 de diciembre de 1993, fecha en
la que se retiró del servicio, debiendo esperar hasta el 6 de julio de 1994, cuando
cumplió la edad requerida, para solicitar el reconocimiento pensional.
6. En respuesta, la entidad demandada reconoció pensión de jubilación mediante
la Resolución núm. 010129 de 14 de septiembre de 1995.
7. Mediante oficio radicado en la entidad demandada el 18 de octubre de 2012
se solicitó la reliquidación pensional teniendo en cuenta la totalidad de factores
salariales devengados y la indexación de la primera mesada pensional;
4 Expediente digitalizado aplicativo SAMAI.
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pretensiones que fueron negadas por la entidad, a través de los actos
administrativos demandados, como son las Resoluciones RDP 02914 del 23 de
enero de 2013 y RDP 015312 del 5 de abril de 2013, esta última con la cual se
resolvió el recurso de apelación interpuesto.
2.1.3 Normas violadas y concepto de violación
8. Según lo indicó, en este caso se desconocieron los artículos 2.°, 6.°, 25 y 58
del Código Civil, 178 de la Ley 1437 de 2011, 4° de la Ley 4ª de 1966, 3.° de la
Ley 33 de 1985; 1.° de la Ley 62 de 1985; 1.° de la Ley 71 de 1988; artículo 36
de la Ley 100 de 1993, las Leyes 5ª de 1969 y 57 de “1987”; los Decretos 1743
de 1966 y 3135 de 1968.
9. Para el allí demandante, la entidad desconoció la aplicación del régimen de
transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la aplicación integral
de la Ley 33 de 1985, en los términos señalados por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, en sentencia del 4 de agosto de 2010, con ponencia del
consejero Víctor Alvarado Ardila, así como el artículo 14 de la Ley 100 de 1993
frente a la devaluación de la moneda y a la pérdida del valor adquisitivo de la
mesada pensional. Esto, por cuanto el demandante se retiró del servicio el 31 de
diciembre de 1993, pero debió esperar hasta el 6 de julio de 1994, cuando
adquirió el estatus pensional, situación que fue ignorada por la entidad.
2.1.4. Sentencia de primera instancia5
10. El Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
mediante providencia del 26 de agosto de 2016, declaró la nulidad de los actos
acusados y accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
11. Para tal efecto, explicó que, el señor Cufiño González nació el 6 de julio de
1939 y prestó sus servicios a la Caja Nacional de Previsión Social desde el 16 de
junio de 1969 hasta el 31 de diciembre de 1993 y le fue reconocida la pensión
vitalicia de jubilación a través de la Resolución núm. 010129 del 14 de septiembre
de 1995, con el 75% de lo devengado por concepto de asignación básica,
bonificación por servicios prestados y prima de antigüedad, efectiva a partir del 6
de julio de 1994 (fecha en que consolidó su estatus por edad - 55 años).
12. Según lo estimó, no solamente resulta beneficiario del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, sino que, además, como a la entrada en vigor de la Ley
33 de 1985 contaba con más de 15 años de servicios, la normatividad aplicable
es la contenida en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.
5 Expediente digitalizado sistema SAMAI, Archivo sentencia de primera instancia. Link del proceso enviado
por el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá el 28 de marzo de 2022. Índice 18.
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13. Además, consideró que si bien es cierto la Corte Constitucional profirió las
sentencias SU - 230 de 2015 y C – 258 de 2013, daría aplicación a la tesis del
Consejo de Estado establecida en la sentencia del 4 de agosto de 2010, reiterado
en la sentencia del 25 de febrero de 2016, con ponencia del consejero Gerardo
Arenas Monsalve, precedente que debe atender por ser el superior jerárquico, en
aplicación de la previsión contenida en el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011.
14. Precisó que durante su último año de prestación de servicios (1.° de enero a
31 de diciembre de 1993), devengó: asignación básica, prima de antigüedad,
auxilio de alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de navidad y
prima de vacaciones6. Sin embargo, en el reconocimiento pensional la entidad
desestimó el auxilio de alimentación, la prima de navidad y la prima de
vacaciones.
15. Adicionalmente, tampoco se tuvo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo
de la mesada pensional desde la fecha de reconocimiento de la prestación por lo
que declaró la nulidad de los actos administrativos acusados también por este
aspecto y como restablecimiento del derecho, ordenó la indexación entre el 6 de
julio de 1994 y la fecha en que se hizo efectivo el pago de la primera mesada
pensional.
16. Declaró la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 18 de
octubre de 2009, por cuanto la petición de reliquidación fue presentada hasta el
18 de octubre de 2012 y ordenó el cumplimiento de la sentencia en los términos
de los artículos 187 y 192 del CPACA.
2.1.6. Sentencia de segunda instancia
17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, en providencia del 8 de noviembre de 20177 confirmó parcialmente, adicionó
y modificó la sentencia de primera instancia en los siguientes términos:
«SEGUNDO.- ADICIONAR la sentencia proferida por escrito el día veintiséis (26)
de agosto de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado Veintinueve (29)
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, mediante la cual accedió a las
pretensiones de la demanda, en el sentido de aclarar que la entidad demandada
debe reliquidar y pagar la pensión de jubilación del señor Marco Antonio Cufiño
González con el 75% del promedio de los factores devengados durante el último
año de servicios dentro de los que se encuentran, además del salario básico,
prima de antigüedad, auxilio de alimentación, bonificación por servicios
prestados, prima de navidad y prima de vacaciones, la prima de servicios: Lo
anterior, en atención a la parte considerativa de este fallo.
TERCERO.- MODIFICAR la providencia recurrida para precisar que la entidad
demandada deberá hacer el descuento de aportes con destino a seguridad social
sobre los factores que no se han efectuado de forma indexada, durante toda la
6 Se refirió a la certificación obrante a folio 15.
77 . Con ponencia del magistrado Carlos Alberto Orlando Jaiquel.
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relación laboral y únicamente en el porcentaje que corresponde al actor,
atendiendo a lo dispuesto por el H. Consejo de Estado, según lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.
CUARTO.- MODIFICAR la sentencia objeto de apelación en lo que refiere a la
indexación de la primera mesada pensional ordenada, para precisar que tal
actualización precede durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de
1994 y el 05 de julio de 1994, de conformidad con los argumentos esgrimidos con
anterioridad».
18. En este sentido precisó que el allí demandante se encontraba amparado por
el régimen de transición de la Ley 33 de 1985 y por ello le eran aplicables las
previsiones de los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968, 73 de Decreto 1848 de
1969 y 45 del Decreto 1045 de 1978, es decir, en cuantía equivalente al 75% del
promedio mensual de todos los factores salariales devengados en el último año
de servicios.
19. Igualmente precisó que si bien la Corte Constitucional profirió las sentencias
C - 258 de 2013 y SU-230 de 2015, en las cuales se efectuó un estudio en
relación con el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, estas
no eran aplicables al caso porque el señor Cufiño González es beneficiario del
régimen de transición consagrado en la Ley 33 de 1985, comoquiera que su
situación pensional se encontraba gobernada por el Decreto 3135 de 1968.
20. En cuanto a los factores salariales indicó que en aplicación del artículo 53 de
la Constitución Política acogería la sentencia de unificación del 4 de agosto de
2010 del Consejo de Estado, frente a la no taxatividad de las Leyes 33 y 62 de
1985 sobre aquellos factores salariales para tener en cuenta al momento de
liquidar la pensión de jubilación, de modo que se deben incluir aquellos que
fueron devengados por el trabajador de manera habitual y periódica como
contraprestación por sus servicios, deduciendo los aportes que no se efectuaron
por parte de la entidad.
2.1.5. La acción especial de revisión8
21. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP-, invocó como causal de revisión la
consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se
refiere a la posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos
conciliatorios o providencias judiciales que reconozcan pensiones a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública y especialmente:
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
22. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:
8 Índice 2. Digitalizado sistema SAMAI.
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(i) «Revocar la sentencia proferida el 08 de noviembre de 2017, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca , Sección segunda , Subsección “C”, que
confirmó parcialmente, adicionó y modificó la sentencia de primera instancia
proferida el 26 de agosto de 2016 por el Juzgado Veintinueve administrativo
del Circuito de Bogotá, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral instaurado por el señor
MARCO ANTONIO CUFIÑO GONZÁLEZ, contra la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –
UGPP, en proceso con radicación 2013-00721».
(ii) «Declarar que al señor MARCO ANTONIO CUFIÑO GONZÁLEZ, no le asiste
el derecho a que la pensión reconocida le sea reliquidada con la totalidad de
los factores de salario devengados en el último año de servicios, es decir que
deberán excluirse los conceptos de: Auxilio de alimentación, prima de
navidad, prima de vacaciones y prima de servicios».
(iii) «Declarar que la pensión reconocida a favor del señor MARCO ANTONIO
CUFIÑO GONZÁLEZ debe calcularse conforme con las previsiones del inciso
3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al tenor de lo expresado por la H.
Corte Constitucional en sentencias C- 258 de 2013 y SU-230 de 2015 y el
Decreto 1158 de 1994, siendo del caso incluir única y exclusivamente: la
asignación básica, prima de antigüedad y bonificación por servicios
prestados, para efectos del cálculo de la mesada pensional».
(iv) «Declarar que el señor MARCO ANTONIO CUFIÑO GONZÁLEZ debe
efectuar la devolución de las sumas pagadas en virtud del acto de
reconocimiento de reliquidación de la pensión jubilación, debidamente
indexadas, al no haber lugar al pago de valor alguno en virtud de tal
prestación.».
23. Para fundamentar sus pretensiones la UGPP sostuvo que Marco Antonio
Cufiño González no tenía derecho a obtener la reliquidación ordenada, toda vez
que «[…] la determinación de la mesada pensional debía atenerse a la regla
establecida en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, considerando
sólo la lista de factores contemplados en el Decreto 1158 de 1994, al tenor de lo
expresado por la H. Corte Constitucional en sentencias C- 258 de 2013, SU-230
de 2015 y SU 023 de 2018».
24. Al respecto, precisó que el señor Cufiño González adquirió su estatus
pensional el 6 de julio de 1994 (fecha en que consolidó su estatus por edad - 55
años) y si bien lo cobijaba la Ley 33 de 1985 en cuanto a la edad y tiempo de
servicios, frente al IBL se le debe aplicar el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994, por la fecha de consolidación
del estatus pensional, por lo que la liquidación pensional únicamente debe incluir
la asignación básica, la prima de antigüedad y la bonificación por servicios
prestados.
25. Adicionalmente, señaló que, en atención a la orden judicial impartida, la
UGPP emitió la Resolución RDP 26876 del 9 de julio de 2018, aplicando la tasa
de reemplazo ordenada por la jurisdicción, por lo que el pensionado debe hacer
devolución de las sumas percibidas en exceso.
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26. Finalmente solicitó la suspensión provisional de la sentencia del 8 de
noviembre de 2017 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección ‘‘C’’. Esta solicitud fue denegada
a través de providencia de 20 de septiembre de 20219.
2.1.6. Contestación10
27. El señor Marco Antonio Cufiño González se opuso a las pretensiones de la
UGPP. Para ello, precisó que la entidad pretende emplear el recurso de revisión
para atacar la sentencia de reliquidación pensional, como si se tratara de una
tercera instancia olvidando que la revisión se creó para probar vicios al momento
de proferirse la sentencia. Además, las decisiones judiciales que ordenaron la
reliquidación de la pensión fueron objeto de un juicioso análisis, donde la entidad
tuvo la oportunidad de ser escuchada y apelar la decisión de primera instancia.
28. Además, la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto
de 2018, en el proceso 52001-23-33-000-2012-00143-01, con ponencia del
consejero César Palomino Cortés no se había proferido cuando quedó
ejecutoriada la decisión recurrida, el 20 de noviembre de 2017.
29. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
30. De acuerdo con los artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797
de 2003 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019, esta Subsección es competente para conocer la acción de revisión
formulada en contra de la sentencia del 8 de noviembre de 2017 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección C11,
que confirmó parcialmente la sentencia del 26 de agosto de 2016 dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Marco
Antonio Cufiño González contra la UGPP12.
3.2. Oportunidad y legitimación
31. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
9 Digitalizado sistema SAMAI.
10 Ibidem.
11 Con ponencia del magistrado Carlos Alberto Orlando Jaiquel.
12 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 110013335029201300721-00 / 01.
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mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 200313, declaró la inexequibilidad de
dicha expresión al señalar:
«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20
acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la
jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido
en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término
previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen
fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».
32. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de esta, la cual en su artículo 251
dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha
regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:
«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso
deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la
providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o
conciliatorio […]».
33. Valga señalar que la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 2016,
estableció que, tratándose de fallos en contra de la UGPP, dicha entidad puede
presentar las solicitudes de revisión, incluso, luego de vencido el plazo de los
cinco años de caducidad, pues el mismo comienza a contabilizarse a partir del
12 de junio de 2013, providencia en la cual la Sala Plena de esa Corporación
unificó su jurisprudencia y adoptó la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el
entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no
podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha
entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».
(Negrilla de la Sala).
34. De acuerdo con la decisión transcrita, se tiene que la habilitación en el término
para interponer la solicitud de revisión se circunscribe a aquellos casos
relacionados con el supuesto de abuso del derecho, figura que requiere para su
configuración una vinculación precaria y un incremento excesivo en la mesada
pensional14.
13 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece
el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
14 Sentencia T- 112 de 2020, magistrado ponente dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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35. En este caso la solicitud de revisión se presentó en el término descrito, toda
vez que, la sentencia del 8 de noviembre de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección C15 quedó
ejecutoriada el 18 de noviembre de ese mismo año16, y la demanda de revisión
se presentó el 11 de agosto de 2021, según da cuenta el archivo correspondiente
al Acta de Reparto digitalizada en el aplicativo SAMAI.
3.3. Problema jurídico
36. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia del 8 de noviembre de
2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda, Subsección C, incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al condenar a la UGPP, a reliquidar la
pensión de jubilación a favor del señor Marco Antonio Cufiño González, con la
inclusión de todos los factores devengados en el último año de servicios.
37. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a la causal mencionada, relacionada
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la
decisión judicial cuestionada.
3.4. La acción especial de revisión y la causal contemplada en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
38. La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar una
providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se configuren, de manera
expresa, las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA17 (antes artículo
188 del CCA), situación que es posible entenderse como una de las excepciones
15 Digitalizada aplicativo SAMAI.
16 Según da cuenta la constancia secretarial emitida por la secretaria del Juzgado 29 Administrativo del
Circuito de Bogotá, visible en el aplicativo SAMAI. Expediente judicial originario. Archivo 28. Folio 345.
17 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.
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al principio de la cosa juzgada18, aplicada exclusivamente a aquellas situaciones
«críticas» en las que a pesar de la presunción de legalidad que cobija a las
sentencias, ellas no pueden subsistir por el grave desconocimiento de los
principios fundamentales del proceso.
39. En este caso, la causal alegada por la UGPP es la contemplada en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que establece:
«b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
40. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente19 como un instrumento
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa20 y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones21,
en especial, el principio de solidaridad22 y equilibrio financiero.
41. A propósito, la Sala ha reconocido que la existencia de estas causales son
una herramienta legal útil que persigue fortalecer el principio de la moralidad
administrativa y corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado
de forma fraudulenta y en exceso lo cual afecta los principios filosóficos que
orientan el Sistema General de Pensiones.
42. En ese sentido, se ha dicho que «el principal objetivo de la introducción de
las causales especiales para la acción era garantizarle a la administración que
pudiera insistir en un nuevo estudio de las pensiones reconocidas de forma
fraudulenta, de modo que pudiera evitar el pago de cantidades injustas que
afectaran gravemente al erario».23
43. Específicamente sobre la causal dispuesta en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, esta Corporación ha dicho lo siguiente:
«35. Visto el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de Fondos de
Naturaleza Pública; en especial cuando “[…] la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables […]”.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil
quince (2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto
Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
20 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
21Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
22 Ratio o razón de ser de la seguridad social.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020. Rad. Núm.
11001-03-25-000-2015-00234-00 (0436-2015).
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36. En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de
motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797, se observa que
ella obedeció a la necesidad “[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los
ciudadanos […]”. Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y
en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del
pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión,
entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de
acuerdo con las normas vigentes.
37. Bajo ese entendido, esta Corporación 24 ha determinado que esos
requisitos sustanciales o estructurales son los siguientes: i) que se trate de un
derecho debido de acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido;
iii) y que exista un exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho»25.
44. Es decir, para el caso se deberá determinar si la reliquidación ordenada por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca constituyó el reconocimiento de un
derecho cuya cuantía excedió lo previsto por la ley.
45. Frente a esta causal la apoderada de la UGPP estimó que la pensión de
Marco Antonio Cufiño González, si bien se rige en cuanto a la edad y el tiempo
de servicios por la Ley 33 de 1985; en cuanto al IBL debió liquidarse de acuerdo
con lo dispuesto en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, con los
factores de cotización taxativamente determinados en el Decreto 1158 de 1994
por cuanto adquirió el estatus pensional en vigencia de la Ley 100 en cita. Lo
contrario, entra en desconocimiento de las providencias de la Corte
Constitucional, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de
2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU- 631 de 2017 y
T-039 de 2018.
46. Además, revisado el expediente digitalizado, se advierte que la entidad
sustentó la afectación al patrimonio público26 , sosteniendo que fueron incluidos
todos los factores salariales devengados por el demandante en el último año de
servicios y no los enlistados en el Decreto 1158 de 1994, desconociendo que los
factores salariales a incluir para la liquidación de la mesada pensional que
actualmente percibe el señor Marco Antonio Cufiño González, corresponden
única y exclusivamente: asignación básica, prima de antigüedad y bonificación
por servicios prestados.
47. Sin embargo, si bien la reliquidación de la prestación ordenada en el proceso
ordinario generó un exceso en la cuantía, -en razón a que aumentó el valor
reconocido en la prestación al incluir los factores salariales devengados por la
24 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de
Decisión, providencia de 6 de agosto de 2019, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; número único de
radicación: 1100103-15-000-2016-01280-00.
25 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala
Quince de Decisión. Sentencia del 19 de julio de 2021. Rad. Núm. 11001-0315-000-2020-05008-00(REV)
26 Visible en las páginas 9 y 41 de la demanda. Archivo digitalizado sistema SAMAI.
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parte demandada durante el último año de servicios y no durante los últimos 10
o el tiempo que le faltare- tal situación no constituye por sí sola la configuración
de la causal alegada pues obedeció al criterio jurisprudencial vigente a la fecha
en que se expidió el fallo, como pasará a explicarse a continuación:
3.5. Régimen pensional aplicable a los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 33 de 1985.
48. Es de destacar que en este caso no se discute que al señor Marco Antonio
Cufiño González le sea aplicable el régimen de transición de la Ley 33 de 1985
tal como lo señaló la UGPP en la solicitud de revisión y las providencias judiciales
cuestionadas, por lo que se analizará el citado régimen y las diferentes tesis
sostenidas frente al mismo por esta Corporación.
49. La Ley 33 de 1985 «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con
las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público»
previó un régimen de transición para los empleados públicos en el parágrafo 2.°
del artículo 1.° en los siguientes términos:
«Artículo 1. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya
determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen
especial de pensiones.
En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial,
podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de
la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general,
establezca el Gobierno.
[…]
Parágrafo 2. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley
hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio,
continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que
regían con anterioridad a la presente ley.
Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados
oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando
cumplan los cincuenta años (50) de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55),
si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo
con las disposiciones que regían en el momento de su retiro.
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Parágrafo 3º. En todo caso, los empleados oficiales que a la fecha de vigencia de
esta Ley, hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de jubilación, se
continuarán rigiendo por las normas anteriores a esta Ley.»
[…]». Destacado fuera del texto original.
50. De acuerdo con el texto anterior se advierten dos supuestos respecto de los
destinatarios del régimen de transición, así:
1. Quienes a la fecha de entrada en vigor de la Ley 33 de 1985 tuviesen 15
años de servicio al Estado tendrían derecho a la aplicación del requisito
de edad que regía en normas anteriores; y
2. Quienes tuviesen acreditados 20 años como empleados oficiales y se
encontrasen retirados del servicio en el momento en que entró a regir la
citada ley obtendrían la pensión de jubilación a los 50 años de edad en el
caso de las mujeres y 55 en el de los hombres, la cual se reconocería y
pagaría de conformidad con las normas vigentes a la fecha de retiro.
51. En ese sentido, se tiene que la Ley 6ª de 1945 en su artículo 17 dispuso una
pensión de jubilación para los empleados oficiales equivalente a las 2/3 partes
del promedio de los sueldos devengados en el último año de servicio para
quienes acreditaran 50 años de edad y 20 de servicio, continuos o discontinuos,
la cual fue modificada por el artículo 3.° de la Ley 65 de 1946 y luego por el
artículo 4.° de la Ley 4ª de 1966, este último en el sentido que dicha prestación
social sería equivalente al 75% del promedio mensual percibido en el último año
de servicios.
52. Bajo esa línea, a partir de la Ley 4ª de 1966, los empleados oficiales que
cumplieran 50 años de edad y 20 años de servicios al Estado tendrían derecho
a una pensión de jubilación equivalente al 75% del promedio mensual recibido
en el último año.
53. Posteriormente, se expidió el Decreto 3135 de 1968 que integró la seguridad
social entre el sector público y privado y reglamentó el régimen prestacional de
los empleados públicos y trabajadores oficiales. En ese sentido, en su artículo 27
señaló:
«Pensión de jubilación o vejez. El empleado público o trabajador oficial que sirva
veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es
varón, o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva entidad de
previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al
75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio».
54. Es decir, este artículo solo cambió lo relacionado con el requisito de edad que
pasó de 50 años a 55 años para los hombres, mientras que para las mujeres se
conservó igual.
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55. Sobre estas disposiciones normativas, la Corporación27 ha sostenido
diferentes posiciones, por una parte, sostuvo que la entrada en vigencia de la Ley
33 de 1985 derogó el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 y por consiguiente,
su régimen de transición remite a la Ley 6 de 1945, en estos términos:
«No es de recibo el argumento del a quo para negar la prestación pues si bien
es cierto los Decretos 3135 de 1968 y su Decreto Reglamentario 1848 de 1969,
modificaron la edad de jubilación dispuesta en la Ley 6 de 1945, dichas normas
fueron derogadas por la Ley 33 de 1985 por lo que la misma nos devuelve a la
Ley 6 de 1945, como régimen anterior aplicable. Precisamente es el régimen de
transición dispuesto en la Ley 33 de 1985 el que permite aplicar el régimen
anterior establecido por la Ley 6 de 1945»28.
56. Por otra parte, también se ha mantenido la postura29 en relación con la
aplicación del artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 a los beneficiarios del primer
inciso30 del parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985. De esta manera quedó
expuesto en sentencia del 3 de junio de 201031:
«En el presente caso, para el 13 de febrero de 1985, fecha en que entró en
vigencia la Ley 33 de 1985, el señor Jaime Severo Torres Morales contaba con
más de 15 años de servicios (fl. 2), es decir que en cuanto a la edad lo
gobierna el régimen anterior establecido en el Decreto Ley 3135 de 1968.
A pesar de que la Ley 33 de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación,
considera la Sala que en este aspecto se debe aplicar también el régimen
anterior, porque resulta más favorable al demandante. De no hacerse así, se
desconocería el principio mínimo fundamental consagrado en el artículo 53 de la
Carta Política que establece la “situación más favorable al trabajador en caso de
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho».
57. En ese orden de ideas, esta Sección del Consejo de Estado ha admitido la
aplicación tanto de la Ley 6 de 1945 como del Decreto 3135 de 1968 tratándose
de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición dispuesto en el
parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1983.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 16 de diciembre de 2009, radicación: 25000-23-25-
000-2002-00474-01(1754-06), demandante: German Rodríguez Carmona; del 31 de enero de 2019,
radicado: 730012331000201100659 01 (3005-2016), demandante: José Álvaro Ortiz; del 16 de diciembre
de 2009, radicación: 250002325000200200474 01(1754-06); y sentencia del 19 de noviembre de 2009,
radicación: 250002325000200401634 01(1028-07), actor: Raúl Armando Quiñones Villarreal.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de abril de 2007, radicación:
150012331000199902187-01(1114-03), este criterio fue reiterado en las providencias de la Subsección B,
sentencia del 19 de noviembre de 2009, radicación: 250002325000200401634 01(1028-07), actor: Raúl
Armando Quiñones Villarreal;
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010, radicación:
25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales; del 23 de febrero de
2012, radicación: 25000-23-25-000-2004-01309-01 (1143-08), demandante: Luz Mariela Pacheco de Briñez.
30«Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años
continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación
que regían con anterioridad a la presente Ley».
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010, radicación:
25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales
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58. De acuerdo con lo anterior, y para llegar a un consenso, la Corporación32 ha
adoptado la tesis según la cual la aplicación de la Ley 6 de 1945 o del Decreto
3135 de 1968, para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de
1985, dependerá de la vinculación nacional o territorial del empleado público, en
los términos a continuación:
«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 1945 se aplicó para efectos de las
prestaciones sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado,
así como a los servidores públicos del nivel territorial, la cual, sobre la pensión de
jubilación, dispuso:
Art. 17 Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán
de las siguientes prestaciones:
[...]
b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o
llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio
continuo o discontinuo [...].
Posteriormente, el Decreto 3135 de 1968, aplicable a los servidores públicos
del orden nacional, en relación con la pensión de jubilación, previó:
Artículo 27.- Pensión de jubilación o vejez. El empleado público o trabajador
oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de
55 años si es varón, o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva
entidad de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último
año de servicio.
No quedan sujetas a esta regla general las personas que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción y que la Ley determine
expresamente.
El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la
cual se dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones
para el sector público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión
ordinaria de jubilación que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos
o discontinuos y tuviera 55 años de edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo
2º) de la aludida Ley 33 consagró un régimen de transición consistente en que los
empleados oficiales que a la fecha de su entrada en vigor (13 de febrero de 1985)
«[…] hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio,
continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían
con anterioridad a la presente ley» (se destaca), que para el caso de los
servidores públicos del orden nacional era el Decreto 3135 de 1968, y frente
a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945». Negrilla de la Sala.
59. Como se aprecia la jurisprudencia del Consejo de Estado ha admitido la
aplicación tanto de las Leyes 6 de 1945 y 4 de 1966, como del Decreto Ley 3135
de 1968 a las pensiones reconocidas en el marco del régimen de transición
previsto en la Ley 33 de 1985, dependiendo de la vinculación nacional o territorial
del empleado público.
32 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2020. Exp. Núm.
47001-23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017).
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60. Ahora bien, en los términos del Decreto 3135 de 1968, las personas
beneficiadas con la transición regulada en la primera parte del parágrafo 2.º del
artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 tendrían derecho a pensionarse, con 20 años
de servicio al Estado ya fueran continuos o discontinuos; 55 años de edad en el
caso de los hombres y 50 en el de las mujeres; en cuantía equivalente al 75%
del promedio de lo devengado durante el último año de servicio33.
61. Empero dicha norma no previó los factores para tener en cuenta a efectos
de determinar la base de liquidación de la pensión de jubilación, por ello, varios
pronunciamientos jurisprudenciales acudieron a lo preceptuado en el artículo 45
del Decreto 1045 de 1978, norma posterior y de carácter general, que enuncia
los factores salariales que deberán incluirse al momento de liquidar las
pensiones. Dicho criterio fue acogido por esta Corporación, entre otras, en las
sentencias del 20 de octubre de 200534, del 6 de agosto de 200835, del 19 de
noviembre de 200936 y del 16 de diciembre de 200937. Específicamente en la
última de ellas precisó:
«[…]
Es del caso aclarar que por encontrarse el actor dentro del régimen de
transición de la Ley 33 de 1985 la liquidación de la pensión debe realizarse
conforme a lo dispuesto en el Decreto 1045 de 1978, por ser la norma
anterior aplicable pues aplicar dos normas legales diferentes para efectos del
reconocimiento y liquidación de una misma pensión, como lo hizo el A quo,
implicaría la violación del principio de “inescindibilidad de la ley” que prohíbe
la aplicación parcial de las normas legales. […]». (Se subraya).
62. Sin embargo, en la sentencia de unificación del 28 agosto de 2018, 38 se
modificó la posición adoptada por la Sección Segunda para acoger el
planteamiento de la Corte Constitucional,39 en cuya jurisprudencia destacó la
relación de correspondencia entre las cotizaciones efectuadas durante la vida
laboral al Sistema General de Seguridad Social con la finalidad de no desconocer
el principio de solidaridad y sostenibilidad financiera en esta materia, y se fijó
como subregla que los factores salariales a incluirse en el IBL para la pensión de
vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los cuales se efectuaron aportes o cotizaciones al sistema de
pensiones, al sostener lo siguiente:
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2020, radicación:
700012333000-2013-00268-01 (3551-2014), demandante: Leonor Guerra Vergara, demandada: Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia 28 de mayo de 2020, radicación: 44001-23-
33-000-2013-00171-01 (1947-15), actor: Rosa Elena Baquero de Munive, demandado: Unidad
Administrativa Especiad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de octubre de 2005, radicación: 15001-23-31-
000-1997-17518-01 (3701-04)
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2008, radicación:
250002325000200212846 (0640-08), demandante: Emilio Páez Cristancho.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009, radicación:
25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), actor: Raúl Armando Quiñones Villareal, demandado: Caja de
Previsión Social de la Superintendencia Bancaria.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:
250002325000200200474 01(1754-06).
38 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 28 de agosto de 2018, expediente radicado núm. 52001-23-
33-000-2012-00143-01
39 C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, SU-023 de 2018, entre otras.
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Radicación: 110010325000202100527-00 (2550-2021)
Demandante: UGPP
«[…] 101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la
Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el
artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales
que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban
simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos devengados
por el trabajador durante el último año de servicio, va en contravía del principio de
solidaridad en materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores
devengados por el servidor durante el último año de servicios fue una tesis que
adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario”
y “factor salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario todas las sumas que
habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios” con
fundamente, además, en los principios de favorabilidad en materia laboral y
progresividad; sin embargo, para esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la
voluntad del legislador, el que, por virtud de su libertad de configuración enlistó los
factores que conforman la base de liquidación pensional y a ellos es que se debe
limitar dicha base.
102. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que el tomar en
cuenta solo los factores sobre los que se han efectuado los aportes, no afecta las
finanzas del sistema ni pone en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la
pensión del resto de habitantes del territorio colombiano, cuya asegurabilidad debe
el Estado, en acatamiento de los principios constitucionales de universalidad y
eficiencia.
103. Por el contrario, con esta interpretación (i) se garantiza que la pensión de los
beneficiarios de la transición se liquide conforme a los factores sobre los cuales se
ha cotizado; (ii) se respeta la debida correspondencia que en un sistema de
contribución bipartita debe existir entre lo aportado y lo que el sistema retorna al
afiliado y (iii) se asegura la viabilidad financiera del sistema. […]».
63. Esta postura fue reiterada en providencias tales como la dictada por esta
Subsección el 18 de febrero de 2021 en el proceso radicado 70001-23-33-000-
2015-00018-01 (4064-16)40, donde señaló que si bien la sentencia de unificación
se pronunció sobre la forma en que debe aplicarse el régimen de transición
regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la subregla allí contenida
sobre los factores salariales que se deben incluir en el IBL pensional debe
ser extendida al caso de las personas beneficiarias de la Ley 33 de 1985
porque, precisamente, hace referencia directa a la forma en que debe
interpretarse el artículo 3.° ibidem, modificado por la Ley 62 de 1985, esto
es, a la taxatividad de los factores computables en materia pensional.
3.6. Caso concreto
64. Una vez revisado el expediente originario se advierte lo siguiente:
• Marco Antonio Cufiño González nació el 6 de julio de 1939 según da
cuenta la copia de su registro civil de nacimiento, visibles a folio 64 del
expediente administrativo, del expediente digitalizado SAMAI, índice 17.
• De conformidad con certificación laboral41 expedida por el coordinador del
grupo de administración de entidades liquidadas del Ministerio de Salud y
protección Social, de 30 de enero de 2014 se tiene que el señor Marco
Antonio Cufiño González, laboró en la Caja Nacional de Previsión Social
40 Con ponencia del Consejero Rafael Francisco Suarez Vargas.
41 Expediente digitalizado SAMAI, índice 17
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desde el 16 de junio de 1969 hasta el 31 de diciembre de 1993. Su último
cargo desempeñado fue el de jefe de sección, código 2075, grado 05 de
la Sección Laboratorios, con una asignación básica de $340.379.
• Adicionalmente en el certificado de factores salariales expedido por la
Subdirección de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de
Previsión Social, visible en el archivo “demanda y anexos” del expediente
digitalizado SAMAI, índice 17, se indicó que Marco Antonio Cufiño
González devengó en dicha entidad durante el año 1993 la asignación
básica, la bonificación por servicios prestados, las primas de servicios, de
vacaciones, de navidad y de antigüedad, así como el auxilio de
alimentación.
65. De lo anterior, se extrae que, para el 13 de febrero de 1985, fecha de entrada
en vigor de la Ley 33 de ese año, el señor Cufiño González tenía más de 15 años
de servicios por lo que se encuentra amparado por el régimen de transición allí
previsto.
66. Como se aprecia, el señor Marco Antonio Cufiño González laboró al servicio
de la Caja Nacional de Previsión Social, por lo que debía aplicarse a su caso el
Decreto 3135 de 1968 en cuanto a la edad requerida por el trabajador para
acceder a la pensión de jubilación y frente a los factores salariales los jueces de
primera y segunda instancia fundamentaron su decisión en la sentencia del 4 de
agosto de 2010 proferida por esta Corporación y en el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978, posición jurídica modificada en la sentencia de unificación del 28
de agosto de 2018.
67. Como ya se indicó, la orden de reliquidación pensional impartida en la primera
instancia se dictó al amparo de la aplicación del régimen de transición de la Ley
33 de 1985 y con ello de los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de
1978 e inclusión de los factores devengados en el último año de prestación de
servicios, por cuanto en la Resolución 010129 de 14 de septiembre de 1995 solo
se incluyó la asignación básica, la bonificación por servicios prestados y la prima
de antigüedad 42. Sin embargo, sólo ordenó la inclusión adicional del auxilio de
alimentación, la prima de navidad y la prima de vacaciones. Esto en aplicación
de las sentencias del 4 de agosto de 2010 con ponencia del dr. Víctor Alvarado
Ardila, y de 25 de febrero de 2016, con ponencia del consejero Gerardo Arenas
Monsalve43.
68. Por su parte, la reliquidación de la pensión ordenada en la sentencia de 8 de
noviembre de 2017 objeto de revisión, se realizó con base en el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, pero con aplicación integral de las previsiones
normativas anteriores, bajo los parámetros fijados por la jurisprudencia vigente
para la época en que se definió el proceso judicial.
69. Sin embargo, como se vio, la sentencia de unificación fue dictada con
posterioridad a la providencia objeto de revisión dictada el 8 de noviembre de
2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda,
Subsección C, por lo que no era dable en su caso aplicar las reglas unificadoras,
42
43. Radicación No. 25000234200020130154101 (4683-2013).
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toda vez que la misma sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 señaló
que las pautas allí contenidas solo se habrían de aplicar a asuntos pendientes
de resolver, y que no operarían respecto de situaciones definidas que
hicieron tránsito a la cosa juzgada, tal y como ocurrió en este caso.
70. Ahora bien, la entidad insiste en el presunto desconocimiento de las
sentencias de la Corte Constitucional C - 168 de 1995, C- 258 de 2013, SU - 230
de 2015, T – 078 de 2014, Auto 326 de 2014, SU - 427 de 2016, SU - 210 de
2017, SU - 395 de 2017, SU - 631 de 2017, y SU 023 de 2018.
71. En la primera de ellas, sentencia C-168 de 1995, la Corte analizó la
constitucionalidad de los artículos 11 y 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con
la diferenciación que hacía la norma original entre trabajadores del sector público
y del sector privado.
72. En aquella oportunidad no fijó ninguna regla frente a la inclusión o no del IBL
en dicho régimen de transición. Posteriormente, la misma Corporación, a través
de sus salas de revisión de tutelas, emitió una serie de pronunciamientos según
los cuales el ingreso base de liquidación se encontraba inmerso dentro de la
expresión monto, por lo que debía entenderse que en este aspecto debían
acatarse las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993. Así se indicó en las
sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-
386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007, T-
711 de 2007, T-180 de 2008, T-019 de 2009 y T-610 de 2009.
73. Luego, en la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen de transición
de los congresistas, estableció una regla según la cual el IBL no hacía parte de
las normas de transición, así lo sostuvo:
«En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de
los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito
original del Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo
36 de la Ley 100, el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen
de prima media; (iii) ese propósito de unificación coincide con los objetivos
perseguidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de
crear reglas uniformes que eliminen privilegios injustificados y permitan
diseñar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema -de ahí que
la reforma mencione expresamente el artículo 36 de la Ley 100 - la Sala
considera que en este caso el vacío que dejará la declaración de
inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser llenado
acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la Ley
100 referidas.
En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de
declarar inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el
artículo 17 de la Ley 4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será
condicionada a que se entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos
los beneficiarios de ese régimen especial, son las contenidas en los artículos
21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso.»
74. Posteriormente, en la sentencia SU-230 de 2015 definió claramente que la
anterior interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y
expuso:
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«Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia
C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado
en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen
vulneraba el derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases
más favorecidas de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial
de congresistas y magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a
los demás regímenes especiales, ello no excluye la interpretación en
abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el
sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por
tanto, son las reglas contenidas en este las que deben observarse para
determinar el monto pensional con independencia del régimen especial
al que se pertenezca». (Negrilla de la Sala).
75. A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha emitido varias
sentencias de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las
sentencias SU-427 de 2016, SU-631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de
2017. En esta última44 la Corte conoció de varias acciones de tutela interpuestas
contra sentencias que ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento
en los regímenes especiales previstos por los Decretos 546 de 197145 y 929 de
197646. Consideró que la regla general de liquidación pensional, en los términos
de los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, también cobija
a quienes venían rigiéndose por normas especiales. Así lo había analizado la
sentencia C-258 de 2013 que precisó que la transición consiste en la aplicación
ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero
solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o
cotizaciones y tasa de reemplazo, pero excluyendo el ingreso base de liquidación.
76. Al citar las anteriores decisiones judiciales la UGPP insistió en que debe
atenderse a la tesis de la Corte Constitucional para calcular el IBL del pensionado
y con ello a las previsiones del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con inclusión
de los factores descritos en el Decreto 1158 de 1994.
77. Sin embargo, la tesis acogida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el ejercicio de su independencia y autonomía judicial, fue la
sostenida por el Consejo de Estado en sentencia del 2 de octubre de 2008 47,
vigente para el momento en que se profirió la decisión, según la cual en aplicación
integral e inescindible de la norma pensional, aquellos trabajadores beneficiarios
del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 tendrían derecho a que su mesada
pensional se liquidara de conformidad con las disposiciones contenidas en el
Decreto 1045 de 1978, en cuanto a los emolumentos que debían computarse en
la base de liquidación de la prestación y bajo las pautas de la sentencia del 4 de
agosto de 2010, para efectos de interpretación del beneficio del régimen de
transición contenido en la Ley 100 de 1993. Es decir, que se debían tener en
cuenta todos los factores devengados por el trabajador durante el último año de
servicios.
44 Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
45 «Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de
la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»
46 «Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la
Contraloría General de la República y sus familiares.»
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A , sentencia del 2 de octubre de 2008, radicación:
25000-23-25-000-2005-04715-01(2599-07), demandante: Teresa Del Socorro Franco Jaimes.
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78. Se reitera entonces, que el cambio jurisprudencial solo ocurrió cuando se
profirió la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, dictada dentro
del proceso radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, con ponencia del
consejero César Palomino Cortés, con lo cual no se le puede endilgar que
desconoció el precedente judicial.
79. De acuerdo con el escenario descrito se colige que en este caso no se
configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
razón por la cual se declarará infundada la acción especial de revisión interpuesta
por la UGPP.
3.6. Condena en costas. Acción especial de revisión presentada con
posterioridad a la expedición de la Ley 2080 de 2021.
80. El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos
necesarios o útiles dentro de una actuación judicial y comprende los
denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o
agencias del derecho48, los llamados en el CPACA gastos ordinarios del
proceso49 y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la
práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como
peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior en caso de
apelación.
81. En atención a que la demanda fue presentada el 11 de agosto de 2021, según
da cuenta el archivo correspondiente al Acta de Reparto digitalizada en el
aplicativo SAMAI, debe darse aplicación al artículo 188 del CPACA, modificado
por la Ley 2080 de 2021, norma que dispone lo siguiente:
«Artículo 188.Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal.»(Negrilla de la Sala).
82. Como se aprecia, la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de 2021,
determina que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que
la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
83. Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, en
las sentencias proferidas a la luz de la nueva normativa se debe analizar la
conducta realizada por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no,
carencia de fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del
art. 188 en mención
84. En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, de la intervención de la
48 Artículo 361 del Código General del Proceso.
49 Artículo 171 No. 4 en conc. Art. 178 ib.
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entidad no se advierte una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la
condena en costas. Contrario a ello, presentó argumentos razonables en defensa
jurídica de sus intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas.
85. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. - DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta
contra la sentencia del 8 de noviembre de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección C, que
confirmó parcialmente la sentencia del 26 de agosto de 2016 dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Marco Antonio
Cufiño González contra la UGPP dentro del proceso radicado
110013335029201300721-00 / 01, de conformidad con lo señalado en la parte
motiva.
SEGUNDO. - SIN CONDENA EN COSTAS, según las consideraciones
señaladas.
TERCERO. - EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el
expediente al tribunal de origen.
Esta providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
AUSENTE CON PERMISO
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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