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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00531-00

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00531-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta contra la sentencia del 14 de diciembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que confirmó parcialmente la sentencia del 23 de junio de 2016 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Esperanza Márquez Hincapié contra la UGPP dentro del proceso radicado 11001-33-35-019-2013- 00657-01, de conformidad con lo señalado en la parte motiva. 27 Artículo 361 del Código General del Proceso. 28 Artículo 171 No. 4 en conc. Art. 178 ib. www.consejodeestado.gov.co 18 Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Acción especial de revisión Radicación: 11001032500020210053100 (2556-2021) SEGUNDO. - SIN CONDENA EN COSTAS. TERCERO. - EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI. Esta providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. LUIS EDUARDO MESA NIEVES Consejero de Estado JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Consejero de Estado RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Consejero de Estado www.consejodeestado.gov.co 19 Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00531-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

29 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00531-00 (2556-2021)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-
Demandado: Esperanza Márquez Hincapié

Temas: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Presupuestos
de configuración. Reconocimiento pensional - Régimen de
transición de la Ley 100 de 1993.

Decisión: Declara infundada la acción. Sin condena en costas.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 20032
presentada por la UGPP en contra de la sentencia del 14 de diciembre de 2016,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E3 que confirmó parcialmente la sentencia del 23 de junio de 2016
del Juzgado 56 de Administrativo del Circuito de Bogotá dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Esperanza
Márquez Hincapié contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP- radicado 11001-
33-35-019-2013-00657-01.

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 Fue presentada el 15 de agosto de 2021, según da cuenta la página principal del expediente digitalizado,

de manera que está regulado por los artículos 248 y s.s. del CPACA, por remisión del inciso 3.º del artículo
20 de la Ley 797 de 2003.
3 Con ponencia del magistrado César Enrique Gómez Cárdenas.

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II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial

2.1.1. La demanda4

2. La señora Esperanza Márquez Hincapié, por intermedio de apoderado,
instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, contra el Fondo Pasivo
de Ferrocarriles Nacionales, con el objetivo de obtener, en síntesis, la nulidad de
la Resolución 0546 de 27 de marzo de 2006 mediante la cual el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria - INCORA En Liquidación5- le reconoció la
pensión de jubilación.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó la reliquidación de su pensión
de acuerdo con las previsiones de la Ley 33 de 1985, con la inclusión de todos
los factores salariales devengados en el último año de prestación de servicios,
comprendido entre el 1.° de agosto de 2002 al 30 de julio 2003, que las
diferencias en las mesadas pensionales sean debidamente actualizadas desde
la fecha de la efectividad de la pensión el 28 de diciembre de 2005, hasta la fecha
del reconocimiento del derecho pretendido, así mismo que se le paguen los
intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y que se
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187 y 192 del
CPACA.

2.1.2 Hechos relevantes

4. La señora Esperanza Márquez Hincapié nació el 28 de diciembre de 1950 y
prestó sus servicios en el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA-
en Liquidación, desde el 1.° de febrero de 1971 al 1.° de febrero de 1974 y desde
el 26 de febrero de 1974 hasta el 30 de julio de 2003, desempeñando el cargo el
cargo de secretaria ejecutiva grado 23.

5. A través de la Resolución 0546 de 27 de marzo de 2006 el INCORA le
reconoció a la demandante una pensión de jubilación con efectividad a partir del
28 de diciembre de 2005, prestación que fue liquidada con base en el promedio
de los factores de cotización previstos en el Decreto 1158 de 1994, devengados
en desde el 1.° de abril de 1994 hasta el 30 de julio de 2003.

6. A través de Resolución 0995 de 25 de junio de 2003 el INCORA le reliquidó la
pensión de jubilación de conformidad con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993,

4 Archivo Anexos Índice 1 aplicativo SAMAI.
5 Mediante Decreto 2796 de 2013, se estableció la responsabilidad de la Unidad de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de asumir la función pensional del Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA).
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con el 85% del promedio de lo devengado en los últimos 10 años, arrojando la
suma de $1´032.861, efectivo a partir del 28 de diciembre de 2005.

2.1.3 Normas violadas y concepto de violación

7. Según lo indicó, en este caso se desconocieron los artículos 53 de la
Constitución Política, 1.° de la Ley 33 de 1985, 36 de la Ley 100 de 1993 y la Ley
62 de 1985.

8. Para la señora Márquez Hincapié, la entidad desconoció la aplicación integral
de la Ley 33 de 1985, según la cual, los empleados tienen derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación con base en el 75% del promedio que
sirvió de base para los aportes realizados, durante el último año de prestación de
servicios. Sin embargo, la entidad reconoció la pensión con fundamento en las
previsiones de la Ley 100 de 1993, pese a que le es aplicable el régimen de
transición.

2.1.4. Sentencia de primera instancia6

9. El Juzgado 56 de Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante providencia
del 23 de junio de 2016, declaró la nulidad de la Resolución 0546 del 27 de marzo
de 2006 modificada por la Resolución 0995 del 29 de junio de 2006, proferidas
por el INCORA, y ordenó a la UGPP como sucesor procesal del INCORA
reliquidar la pensión de jubilación de la señora Esperanza Márquez Hincapié, con
los reajustes legales de la ley sobre las mesadas e igualmente, reconocer y pagar
a la demandante, las diferencias generadas, a partir del 18 de octubre de 2010,
por haberse declarado la prescripción de derechos sobre mesadas anteriores,
descontando los aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión
se ordena y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal. Ordenó
además el cumplimiento de la sentencia en los términos del inciso 3 del artículo
192 y en el inciso 4 del artículo 195 del CPACA y condenó en costas y agencias
en derecho a la entidad.

10. En cuanto a los factores a incluir en la liquidación pensional enlistó la
asignación básica, la prima de antigüedad, el sueldo en encargo y las doceavas
de la bonificación quinquenal, de la prima de vacaciones, de la prima de navidad
y la prima semestral, percibidos entre el 1 de agosto de 2002 al 31 de julio de
2003. Esto es sin inclusión de las vacaciones y la bonificación por recreación.

11. Para tales efectos advirtió que la demandante nació el 28 de diciembre de
1950 y laboró para la Dirección General de Pensiones del Ministerio de Justicia
y del Derecho desde el 1.° de octubre de 1971 hasta el 1.° de febrero de 1974 ;
además laboró para el INCORA en el cargo de secretaria ejecutiva grado 23,

6 Folios 28 y s.s. del archivo anexo, índice 1.° expediente digital.
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desde el 26 de febrero de 1974 hasta el 30 de julio de 2003 según certificación
expedida por esa entidad.

12. Así mismo advirtió que mediante solicitud de 27 de diciembre de 2005 solicitó
el reconocimiento de la pensión ante el INCORA y dicha entidad a través de la
Resolución 0546 del 27 de marzo de 2006 liquidó la prestación con el 75% del
promedio de lo devengado entre 1994 y 2003 teniendo en cuenta los factores
cotizados con efectividad a partir del 28 de diciembre de 2005. Posteriormente
ella interpuso recurso de reposición contra la decisión inicial que fue decidido a
través de la Resolución 0995 de 29 de junio de2006 en la cual se liquidó la
pensión con el 85% de devengado entre 1994 y 2003.

13. A partir de lo anterior estimó que la accionante se encontraba amparada por
el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 comoquiera que a su entrada en
vigencia tenía 43 años de edad y más de 20 años de servicio razón por la cual
tenía derecho a que su pensión se reconociera y liquidara con los requisitos de
edad y tiempo de servicios y montos establecidos en la Ley 33 de 1985, y con la
inclusión de los factores percibidos en el último año de servicios tal como lo
señaló el Consejo de Estado en la sentencia de 4 de agosto de 2010.

2.1.6. Sentencia de segunda instancia7

14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E8, en providencia del 14 de diciembre de 2016 confirmó parcialmente la
sentencia apelada, modificó los numerales 3.° y 4.° y se abstuvo de condenar en
costas de segunda instancia a la demandada.

15. Como fundamento de esa decisión, estableció que la allí demandante se
encontraba amparada por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993; en
consecuencia, le eran aplicables las previsiones de las Leyes 33 y 62 de 1985,
por lo que debía liquidarse su pensión en cuantía equivalente al 75% del
promedio mensual de todos los factores salariales devengados en el último año
de prestación de servicios.

16. Igualmente precisó que la posición reiterada del Consejo de Estado partía de
la aplicación de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, frente a la
no taxatividad de las Leyes 33 y 62 de 1985, por lo que al momento de la
liquidación pensional deben incluirse todos los factores salariales devengados
por el trabajador de manera habitual y periódica como contraprestación por sus
servicios, deduciendo los aportes que no se efectuaron por parte de la entidad.

17. Para el Tribunal, si bien la Corte Constitucional en la sentencia C - 258 de
2013 indicó cómo se debe interpretar el ingreso base de liquidación de las

7 Folios 68 y s.s. ibidem.
8 Con ponencia de la magistrada Patricia Victoria Manjarrés Bravo.

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personas que gozan de régimen de transición, sólo se refirió a los servidores allí
señalados, tales como los representantes a la Cámara, senadores, magistrados
de las Altas Cortes y ciertos funcionarios de la Rama Judicial y del Ministerio
Público. Asimismo, en la sentencia SU-230 de 2015, el análisis de la Corte se
refirió a la tasa de reemplazo, pero no al ingreso base de liquidación, por lo que
no excluye otro tipo de interpretaciones en torno a la materia.

18. Por tanto, determinó que ante la diversidad de criterios adoptaría la tesis del
Consejo de Estado. De acuerdo con ello, coligió que como la señora Márquez
Hincapié es beneficiaria del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de
1993, debía ordenarse la reliquidación pensional, con el 75% de los factores
salariales, percibidos en el último año de prestación de servicios, pero con
inclusión de la bonificación por servicios, cuya inclusión no fue ordenada por el
Juzgado. En ese sentido ordenó la modificación de la decisión inicial en los
siguientes términos:

“PRIMERO: MODIFICAR los numerales TERCERO y CUARTO de la sentencia
del 23 de junio de 2016 proferida por el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo
del Circuito de Bogotá D.C., los cuales quedaran así:

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho CONDENAR a la UNIDAD
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
DE LA PROTECCIÓN como sucesor procesal de Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria – INCORA, a reliquidar la pensión de jubilación de la señora
Esperanza Márquez Hincapié […] conforme las disposiciones contenidas en la
Ley 33 de 1985, esto es con el 75% de todos los factores salariales devengados
en el último año de servicios, comprendido entre el 1º de agosto de 2002 hasta
el 31 de julio de 2003, incluyendo además de las (sic) asignación básica, la prima
de antigüedad, el sueldo por encargo, y las doceavas de la bonificación
quinquenal, prima de vacaciones, navidad y servicios.
Así mismo, la UGPP para efectos de liquidar la mesada pensional, deberá
proceder a indexar los factores devengados […] en el último año de servicio (1º
de agosto de 2002 hasta el 31 de julio de 2003), hasta el 28 de diciembre de
2005, y de allí efectuar el reajuste de la mesada conforme lo dispone el artículo
14 de la Ley 100 de 1993.
CUARTO: La entidad demandada deberá efectuar los reajustes legales de ley
sobre las mesadas e igualmente, reconocer y pagar a la demandante, las
diferencias que resulten a su favor debidamente actualizadas, conforme a lo
señalado en la parte motiva de esta sentencia, a partir del 18 de octubre de 2010,
por haberse declarado la prescripción de derechos sobre mesadas anteriores,
descontando los aportes correspondientes a los factores salariales,
debidamente Indexados, cuya inclusión se ordena y cobre los cuales no se haya
efectuado deducción legal, sin que por ello se obstaculice el pago inmediato de
los valores decretado a su favor, conforme lo establecido en la parte motiva de
esta sentencia”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia recurrida.
TERCERO: Sin lugar a condenar en costas por lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia”.

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2.1.5. La acción especial de revisión9

19. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP-, invocó como causal de revisión las
consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma
que se refiere a la posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra
acuerdos conciliatorios o providencias judiciales que reconozcan pensiones a
cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública y especialmente
cuando:

a) El reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

20. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

(i) «Revocar la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2016, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
subsección “E”, que modificó los numerales TERCERO y CUARTO y
confirmó en todo lo demás la sentencia de primera instancia proferida
por el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá,
de 23 de junio de 2016, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral instaurado por la
señora ESPERANZA MÁRQUEZ HINCAPIÉ, contra la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
– UGPP, en proceso con radicación 2013-00657».
(ii) «Declarar que a la señora ESPERANZA MÁRQUEZ HINCAPIÉ, no le
asiste el derecho a que la pensión reconocida le sea liquidada con la
totalidad de los factores de salario devengados en el último año de
servicios, es decir, que deberán excluirse los conceptos de: sueldo por
encargo, la bonificación quinquenal, prima de vacaciones, prima de
navidad y prima de servicios.
(iii) «Declarar que la pensión reconocida a favor de la señora ESPERANZA
MÁRQUEZ HINCAPIÉ debe calcularse conforme con las previsiones
del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al tenor de lo
expresado por la H. Corte Constitucional en sentencias C- 258 de 2013
y SU-230 de 2015 y el Decreto 1158 de 1994, siendo del caso incluir
única y exclusivamente la asignación básica, bonificación por servicios
prestados y la prima de antigüedad para efectos del cálculo de la
mesada pensional».
(iv) « Declarar que la señora ESPERANZA MÁRQUEZ HINCAPIÉ debe
efectuar la devolución de las sumas pagadas en virtud del acto de

9 Índice 1. Digitalizado sistema SAMAI.

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reconocimiento de la pensión jubilación, debidamente indexadas, al no
haber lugar al pago de valor alguno en virtud de tal prestación».

21. Para fundamentar sus pretensiones la UGPP sostuvo que Esperanza
Márquez Hincapié no tenía derecho a obtener la reliquidación ordenada, toda vez
que la determinación de la mesada pensional debía atenerse a la regla
establecida en el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, considerando
sólo la lista de factores contemplados en el Decreto 1158 de 1994, al tenor de lo
expresado por la Corte Constitucional en sentencias C- 258 de 2013, SU-230 de
2015 y SU - 023 de 2018.

22. Al respecto, precisó que la señora Márquez Hincapié adquirió su estatus
pensional el 28 de diciembre de 2005, fecha en que consolidó su estatus por edad
• 55 años- y como la cobija el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 se le
debe aplicar el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 1.° del
Decreto 1158 de 1994, con inclusión de la asignación básica y la bonificación por
servicios prestados.

23. Adicionalmente, señaló que, a través de la Resolución RDP 034881 de 27 de
agosto de 2018 la entidad dio cumplimiento al fallo judicial y en consecuencia
reliquidó la pensión en la forma indicada por el Tribunal.

2.1.6. Contestación10

24. La señora Esperanza Márquez Hincapié dio contestación, a través de
apoderada judicial oponiéndose a las pretensiones de la UGPP.

25. Para ello, precisó que la entidad pretende emplear el recurso de revisión para
atacar la sentencia de reliquidación pensional, como si se tratara de una tercera
instancia olvidando que la revisión se creó para probar vicios al momento de
proferirse la sentencia. Además, las decisiones judiciales que ordenaron
reliquidar la pensión se ajustaron al precedente judicial aplicable en ese
momento, y pretender la existencia de mayores valores pagados a favor de la
señora Márquez Hincapié vulnera el principio de la cosa juzgada

26. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

10 Índice 16 expediente digitalizado.

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

27. De acuerdo con los artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797
de 2003, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019, esta Subsección es competente para conocer la acción de revisión
formulada en contra de la sentencia del 14 de diciembre de 2016 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que
confirmó la sentencia del 23 de junio de 2016 dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Esperanza Márquez
Hincapié contra la UGPP11.

3.2. Oportunidad y legitimación

28. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 200312, declaró la inexequibilidad de
dicha expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo
20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la
jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término
establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o
dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001.
Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo
[...]».

29. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de esta13, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la
ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se

11 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001-33-35-019-2013-00657-01

12 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece

el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
13 Fue presentada el 19 de diciembre de 2019, según sello visible a folio 20 vto. Del cuaderno principal.
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requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento
del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

30. Valga señalar que la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 2016,
estableció que, tratándose de fallos en contra de la UGPP, dicha entidad puede
presentar las solicitudes de revisión, incluso, luego de vencido el plazo de los
cinco años de caducidad, pues el mismo comienza a contabilizarse a partir del
12 de junio de 2013, providencia en la cual la Sala Plena de esa Corporación
unificó su jurisprudencia y adoptó la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el
Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión
previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de
cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en
un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad
de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes
del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa
judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal». (Negrilla de la Sala).

31. De acuerdo con la decisión transcrita, se tiene que la habilitación en el término
para interponer la solicitud de revisión se circunscribe a aquellos casos
relacionados con el supuesto de abuso del derecho, figura que requiere para su
configuración una vinculación precaria y un incremento excesivo en la mesada
pensional14.

32. En este caso no se allegó constancia de ejecutoria de la sentencia del 14 de
diciembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, sin embargo, se aprecia que fue la demanda
de revisión se presentó el 15 de agosto de 2021, según da cuenta la página
principal del expediente digitalizado en el aplicativo SAMAI, con lo cual se colige
que fue presentada en término.

3.3. Problema jurídico

33. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia del 14 de diciembre de
2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, incurrió en las causales de revisión previstas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al condenar a la UGPP, a
reliquidar la pensión de jubilación favor de la señora Esperanza Márquez
Hincapié, con la inclusión de todos los factores devengados en el último año de
servicios.

14 Sentencia T- 112 de 2020, magistrado ponente dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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34. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionadas,
relacionadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si
procede infirmar la decisión judicial cuestionada.

3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

35. La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar una
providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se configuren, de manera
expresa, las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA15 (antes artículo
188 del CCA), situación que es posible entenderse como una de las excepciones
al principio de la cosa juzgada16, aplicada exclusivamente a aquellas situaciones
«críticas» en las que a pesar de la presunción de legalidad que cobija a las
sentencias, ellas no pueden subsistir por el grave desconocimiento de los
principios fundamentales del proceso.

36. A propósito, la Sala ha reconocido que la existencia de estas causales son
una herramienta legal útil que persigue fortalecer el principio de la moralidad
administrativa y corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado
de forma fraudulenta y en exceso lo cual afecta los principios filosóficos que
orientan el Sistema General de Pensiones.

37. En ese sentido, se ha dicho que «el principal objetivo de la introducción de
las causales especiales para la acción era garantizarle a la administración que
pudiera insistir en un nuevo estudio de las pensiones reconocidas de forma
fraudulenta, de modo que pudiera evitar el pago de cantidades injustas que
afectaran gravemente al erario».17

15 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son

causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil

quince (2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto
Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020. Rad. Núm.
11001-03-25-000-2015-00234-00 (0436-2015).
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3.4.1. En cuanto a la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso».

38. Esta causal es procedente cuando la sentencia atacada reconoce una
pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con
violación del debido proceso. En relación con esta causal, es claro que la parte
interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos
sobre los cuales estructura su petición.

39. En este caso, la UGPP cuestiona la sentencia del 14 de diciembre de 2016
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, que confirmó la sentencia del 23 de junio de 2016 dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Esperanza
Márquez Hincapié contra la UGPP18, para lo cual se fundamentó en la violación
al debido proceso, toda vez que en su parecer la pensión debió determinarse con
la aplicación del artículo 21 y el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y
el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994, es decir, con inclusión de la asignación
básica y la bonificación por servicios prestados. Por ello considera que se emitió
una orden de reliquidación pensional sin fundamento constitucional y legal, lo
cual afecta el mencionado derecho.

40. Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para
equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los
asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en
una actuación administrativa o judicial.

41. Según la citada norma, el debido proceso comprende fundamentalmente tres
grandes garantías:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente.
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas
para impulsar la actuación judicial o administrativa.
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso
público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in
idem.

18 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001-33-35-019-2013-00657-01.

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42. Como se advierte, los argumentos de la entidad se dirigen, básicamente, a
cuestionar el régimen aplicable a la demandante, sin hacer manifestación alguna
en relación con la vulneración del citado derecho, supuestamente ocasionada
con la sentencia recurrida, es decir, que ninguno de los argumentos empleados
por la UGPP para fundamentar el cargo de violación del derecho fundamental al
debido proceso, se refieren al desconocimiento de las garantías citadas por parte
de la autoridad judicial al proferir la sentencia judicial que se revisa. De acuerdo
con esto, se advierte que los argumentos propuestos deben ser analizados bajo
la causal b).

3.4.2. En cuanto a la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
«b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».

43. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente19 como un instrumento
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa20 y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones21,
en especial, el principio de solidaridad22 y equilibrio financiero.

44. Específicamente sobre la causal dispuesta en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, esta Corporación ha dicho lo siguiente:

«35. Visto el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
Fondos de Naturaleza Pública; en especial cuando “[…] la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables […]”.

36. En relación con esta causal es importante anotar que en la
exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley
797, se observa que ella obedeció a la necesidad “[…] de construir
esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el
tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]”. Así las cosas, entre
los principales propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20
ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema
factible en términos económicos permitiendo la revisión, entre otras, de
aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo
con las normas vigentes.

19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera

Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
20 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
21 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
22 Ratio o razón de ser de la seguridad social.

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37. Bajo ese entendido, esta Corporación 23 ha determinado que esos
requisitos sustanciales o estructurales son los siguientes: i) que se trate de
un derecho debido de acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho
reconocido; iii) y que exista un exceso en la cuantía reconocida frente a ese
derecho»24.

45. Frente a esta causal la apoderada de la UGPP estimó que la pensión de la
señora Esperanza Márquez Hincapié, se rige por el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 y por ello debió liquidarse de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 33 de 1985 y en consecuencia se debieron respetar las condiciones de edad
y tiempo de servicios, pero en cuanto al monto o tasa de reemplazo se debió
tener en cuenta el ingreso base de liquidación establecido en el inciso 3.° del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, con los factores de cotización taxativamente
determinados en el Decreto 1158 de 1994, por cuanto adquirió el estatus
pensional en vigencia de la Ley 100. Es decir, atendiendo a los últimos diez años
o tiempo necesario para adquirir el derecho o toda la vida laboral.

46. Según el apoderado, aceptar lo contrario, entraría en desconocimiento de las
providencias de la Corte Constitucional, C – 168 de 1995, C-258 de 2013, Auto
326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017, así como la
sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, con
ponencia del consejero César Palomino Cortés dictada dentro del proceso
52001-23-33-000-2012-00143-01.

47. Así mismo, explicó que hubo una afectación al patrimonio o detrimento del
erario debido a la incorrecta liquidación realizada, y aunque si bien no explicó el
porcentaje de aumento pensional, de la demanda se extrae que por Resolución
No. 00995 del 29 de junio de 2006, se le reliquidó una pensión en cuantía de
$1´032.861.00 m/cte., efectiva a partir del 28 de diciembre de 2005 y en virtud de
la orden judicial cuestionada ésta aumentó a $ 1´098.975.

3.4.3. Caso concreto

48. Como se advierte si bien la reliquidación de la prestación ordenada en el
proceso ordinario generó un exceso en la cuantía, -en razón a que aumentó el
valor reconocido en la prestación al incluir los factores salariales devengados por
la parte demandada durante el último año de servicios y no durante los últimos
10 o el tiempo que le faltare- tal situación no constituye por sí sola la configuración

23 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de

Decisión, providencia de 6 de agosto de 2019, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; número único de
radicación: 1100103-15-000-2016-01280-00.
24 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala

Quince de Decisión. Sentencia del 19 de julio de 2021. Rad. Núm. 11001-0315-000-2020-05008-00(REV).

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de la causal alegada pues obedeció al criterio jurisprudencial vigente a la fecha
en que se expidió el fallo, como pasará a explicarse:

49. En este caso no se discute que a la señora Esperanza Márquez Hincapié le
sea aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tal como lo señaló
la UGPP en la solicitud de revisión y las providencias judiciales cuestionadas.

50. En efecto, revisado el expediente originario se advierte lo siguiente:

• La señora Márquez Hincapié nació el 28 de diciembre de 1950 según se
indica tanto en la sentencia de primera, como de segunda instancia.25

• En este caso se allegó certificación laboral expedida por el coordinador de
gestión y contratación del INPEC, en el que señala que la señora Márquez
Hincapié laboró en la Dirección General de Prisiones – Ministerio de
Justicia y del Derecho desde el 1.° de octubre de 1971 hasta el 1.° de
febrero de 1974, como auxiliar de bienestar social II categoría 15 ( f. 31026).

• Igualmente, según certificación (f. 135) expedida por la coordinadora del
Grupo de Gestión Integral de entidades liquidadas del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural donde se indica que laboró desde el 26 de
febrero de 1974 hasta el 30 de julio de 2003, siendo su último cargo
desempeñado el de secretaría ejecutiva, código 5040 grado 23. Además,
que los factores devengados en el último año de servicios correspondieron
a26 :
o Asignación salarial, prima de antigüedad, sueldo encargo,
bonificación por recreación, prima de vacaciones, bonificación por
servicios, prima de junio, prima de diciembre, auxilio de
movilización, prima de vacaciones, prima de navidad y bonificación
quinquenal.

51. Como se aprecia de lo anterior, para el 1.° de abril de 1994, fecha de entrada
en vigor de la Ley 100 de 1993, tenía más de 15 de años se servicios y 43 años
de edad.

52. Adicionalmente la reliquidación de la pensión ordenada en la sentencia objeto
de revisión se realizó con base en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
pero con aplicación integral de las previsiones normativas anteriores, bajo los
parámetros fijados por la jurisprudencia unificada de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, vigente para la época en que se definió el proceso judicial –
14 de diciembre de 2016- como son la sentencia del 4 de agosto de 2010, con
ponencia del consejero Víctor Hernando Alvarado Ardila, número interno 0112-
2009 y la sentencia del 25 de febrero de 2016 dictada dentro del proceso

25 Folios 90 y s.s y 108 y s.s. índice 1. Archivo anexos aplicativo SAMAI.
26 Certificación visible a folio 139 Ibidem.

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25000234200020130154101 (4683-2013), con ponencia del consejero Gerardo
Arenas Monsalve.

53. Frente a esta última, la Sección Quinta de esta Corporación en sentencia de
tutela del 15 de diciembre de 2016, protegió los derechos fundamentales en favor
de la UGPP y ordenó proferir una nueva decisión atendiendo las reglas
jurisprudenciales de las sentencias C-258-13 y SU-230-15 de la Corte
Constitucional, por lo que la Sección Segunda dictó la providencia de reemplazo
de 9 de febrero de 2017.

54. Por tanto, se tiene que, para el 14 de diciembre de 2016 , cuando se dictó la
sentencia cuestionada, se encontraba en firme la decisión de 4 de agosto de
2010, a cuyo criterio atendieron el Juzgado 56 Administrativo del Circuito de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que ordenaron la
reliquidación pensional con la inclusión de los factores devengados durante el
último año de servicios (1.° de agosto de 2002 al 31 de julio de 2003), en los
términos de la Ley 33 de 1985, con el 75% del salario promedio devengado
durante el último año de servicios, incluyendo la asignación básica, la prima de
antigüedad, el sueldo por encargo, y las doceavas de la bonificación quinquenal,
prima de vacaciones, navidad y servicios.

55. En este sentido, se colige que las sentencias objeto de revisión lo que hicieron
fue aplicar el precedente de la Corporación y en consecuencia ordenaron la
inclusión de los factores mencionados que fueron efectivamente devengados por
la señora Márquez Hincapié en el citado interregno, como se advierte al verificar
las certificaciones de factores salariales ya referidas1.

56. Ahora bien, es de precisar que la sentencia de unificación proferida por la
Sección Segunda el 4 de agosto de 2010 así se refirió al tema:

«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido
entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que
cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva
ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas
cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el
régimen anterior al cual se encontraban afiliados.
Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que
al 1.° de abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual
se encuentra dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley
100 de 1993.

En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de
determinar los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente,
cuantía de la pensión de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
(…)
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la
realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala,

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previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos,
normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de
unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma
taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación
pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no
impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicios.
Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de
2009, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación».

57. Esta postura se mantuvo en la sentencia del 25 de febrero de 2016 dictada
dentro del proceso 25000234200020130154101 (4683-2013), con ponencia del
consejero Gerardo Arenas Monsalve, pero, como ya se indicó, se emitió
sentencia de reemplazo en cumplimiento de la orden de tutela del 15 de
diciembre de 2016 de la Sección Quinta de esta Corporación.

58. Posteriormente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia
de unificación del 28 de agosto de 2018, fijó reglas y subreglas jurisprudenciales,
sobre el IBL en el régimen de transición, providencia que constituye un
precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y
jurídicamente iguales, con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través
de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada
que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».

59. La siguiente fue la regla jurisprudencial fijada en la referida sentencia de
unificación:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad,
tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en
la Ley 33 de 1985.».

60. En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las
pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó
en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión,
el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el
tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.

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• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.».

61. La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones.».

62. Es necesario indicar que, si bien, actualmente existe un criterio de
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 distinto al que existía en el
momento de decidir la controversia resuelta a través de la sentencia del 14 de
diciembre de 2016, lo cierto es que no se puede entender que el reconocimiento
se haya realizado con abuso del derecho, pues el Tribunal fundamentó su
posición en las sentencias de unificación de 4 de agosto de 2010 y 25 de febrero
de 2016 proferidas por esta Corporación, que gozaban de plena aplicación en
esa época.

63. En ese sentido, la misma sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018
señaló que las reglas allí contenidas solo se habrían de aplicar a asuntos
pendientes de resolver, y que no operan respecto de situaciones definidas
que hicieron tránsito a la cosa juzgada, como ocurrió en este caso.

64. Igualmente, en cuanto al presunto desconocimiento de las sentencias de la
Corte Constitucional C - 168 de 1995, C- 258 de 2013, SU - 230 de 2015, T – 078
de 2014, Auto 326 de 2014, SU - 427 de 2016, SU - 210 de 2017, SU - 395 de
2017, SU - 631 de 2017, y SU 023 de 2018, se advierte que, en la época en que
se emitió la sentencia que se revisa, solo se habían proferido las providencias
C- 168 de 1995, C- 258 de 2013, SU - 230 de 2015, T – 078 de 2014 y el Auto
326 de 2014, sin embargo el Tribunal justificó su decisión acogiendo el
precedente de esta Corporación establecido en las sentencias de 4 de agosto de
2010 y 25 de febrero de 2016, ya mencionadas

65. Además, el cambio jurisprudencial sólo ocurrió cuando se profirió la sentencia
de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado de 28 de agosto de 2018, dictada dentro del proceso radicado 52001-23-
33-000-2012-00143-01, con ponencia del consejero César Palomino Cortés, con
lo cual no se le puede endilgar que desconoció el precedente judicial.

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66. De acuerdo con el escenario descrito se colige que en este caso tampoco se
configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
razón por la cual se declarará infundada la acción especial de revisión interpuesta
por la UGPP.

3.5. Condena en costas – Acción especial de revisión presentada después
de la expedición de la Ley 2080 de 2021.

67. El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos
necesarios o útiles dentro de una actuación judicial y comprende los
denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o
agencias del derecho27, los llamados en el CPACA gastos ordinarios del
proceso28 y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la
práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como
peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior en caso de
apelación.

68. En atención a que la demanda fue presentada el 15 de agosto de 2021, debe
darse aplicación a la Ley 2080 de 2021, norma según la cual, se debe hacerse
un estudio sobre la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, por lo que, en estos términos, no se advierte dicha
carencia en los fundamentos de la acción impetrada por la UGPP.

69. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. - DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta
contra la sentencia del 14 de diciembre de 2016 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que confirmó
parcialmente la sentencia del 23 de junio de 2016 dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Esperanza Márquez
Hincapié contra la UGPP dentro del proceso radicado 11001-33-35-019-2013-
00657-01, de conformidad con lo señalado en la parte motiva.

27 Artículo 361 del Código General del Proceso.
28 Artículo 171 No. 4 en conc. Art. 178 ib.

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Acción especial de revisión
Radicación: 11001032500020210053100 (2556-2021)

SEGUNDO. - SIN CONDENA EN COSTAS.

TERCERO. - EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI.
Esta providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

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