Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00576-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00576-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00576-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00576-00 (2739-2021)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Demandados: Campo Elías Reyes Fandiño y otro
Temas: Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público. Exclusión de vacaciones y auxilio por
enfermedad como factor de liquidación pensional. Carga de la
prueba. DECLARA INFUNDADA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide la acción de revisión que interpuso1 la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) en contra la sentencia proferida el trece (13) de diciembre de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca2, para lo cual se
invocó la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
1. Que el señor Campo Elías Reyes Fandiño nació el 12 de enero de 1944 y laboró
en el Instituto de Seguros Sociales entre el 28 de febrero de 1967 y el 31 de marzo
de 1974 y en la Universidad Pedagógica Nacional desde el 4 de febrero de 1974
hasta el 30 de diciembre de 2005, donde ocupó como último cargo el de auxiliar
administrativo, código 5120, grado 17.
2. Que mediante Resolución 6098 del 31 de enero de 2005, la extinta Caja de
Previsión Social (CAJANAL) le reconoció pensión de vejez con el 75% del promedio
de lo devengado en los últimos 9 años y 6 meses de servicios, con inclusión de
asignación básica, bonificación por servicios prestados, incremento por antigüedad
y horas extras, en aplicación de la Ley 71 de 1988, con efectos a partir del 12 de
enero de 2004, condicionada al retiro del servicio.
1
La presentación de la acción se efectuó el 25 de agosto de 2021, de acuerdo con la anotación efectuada por
la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el índice 00003 de SAMAI.
2
Decisión que modificó parcialmente la sentencia proferida el 21 de febrero de 2018 por el Juzgado Veinte
Administrativo del Circuito de Bogotá que accedió a las pretensiones dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el señor Campo Elías Reyes Fandiño.
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3. Que, producido el retiro efectivo del servicio el 1.º de enero de 2006, la prestación
fue reliquidada mediante Resolución 36058 del 30 de julio de 2007 en la suma de
$690.344,81, con base en el promedio de lo devengado en los últimos diez años y
conservando los mismos factores salariales.
4. Que mediante Resoluciones RDP 22354 del 16 de junio de 2016 y RDP 37635
del 6 de octubre de 2016, la UGPP negó la reliquidación con la totalidad de los
factores salariales del último año de servicios, al considerar que el ingreso base de
liquidación (IBL) no estaba sujeto al régimen de transición.
5. En consecuencia, el señor Reyes Fandiño instauró demanda de nulidad y
restablecimiento contra dichos actos, con el fin de obtener la reliquidación de su
pensión con todos los factores salariales devengados en el último año de servicio,
conforme a la Ley 33 de 1985.
6. Que el Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 21 de
febrero de 2018, declaró la nulidad de los actos acusados y ordenó a la UGPP
reliquidar la pensión con el 75% del promedio mensual devengado entre el 1.º de
enero y el 31 de diciembre de 2005, en virtud de lo dispuesto en las Leyes 33 y 62
de 1985, incluyendo, además de los factores ya reconocidos, el auxilio de
alimentación y las primas de navidad, servicios y vacaciones, con efectos fiscales a
partir del 26 de febrero de 2013 por prescripción trienal.
7. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca mediante sentencia del 13 de diciembre de 2019, al desatar los
recursos de apelación interpuestos por la UGGP y la Universidad Pedagógica
Nacional; decisión que quedó ejecutoriada el 3 de julio de 2020.
8. Que la UGPP promovió acción de tutela contra dicha providencia, la cual fue
rechazada por improcedente al no cumplirse con el requisito de subsidiariedad;
decisión confirmada el 6 de mayo de 2021 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado.
9. En cumplimiento del fallo, la UGPP expidió la Resolución RDP 007141 del 18 de
marzo de 2021, mediante la cual reliquidó la pensión con base en el promedio de lo
cotizado durante los últimos diez años de servicio, aplicando una tasa de reemplazo
del 79,28%, para un monto de $758.699, conforme a la Ley 797 de 2003, con
efectividad a partir del 1.º de enero de 2006 y efectos fiscales desde el 26 de febrero
de 2013, en atención a la prescripción trienal.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
10. En providencia del 13 de diciembre de 20193, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca modificó la decisión de primera instancia, en el sentido de que la
reliquidación pensional debía efectuarse conforme al régimen que resultara más
3 Véase archivo digital folios 357- 393 del archivo denominado «4. Cuaderno1», sub archivo
«33RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2542025zi(.zip) NroActua 35», que reposa en el índice
00035 de SAMAI.
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favorable al demandante, entre los distintos marcos normativos analizados,
atendiendo a sus respectivas reglas sobre ingreso base de liquidación y tasa de
reemplazo, con inclusión, en todo caso, de los valores por concepto de vacaciones
y auxilio por enfermedad correspondientes a los años 2004 y 2005.
11. Por otro lado, revocó la orden impartida en primera instancia que obligaba a la
Universidad Pedagógica Nacional a efectuar aportes adicionales sobre los
emolumentos reconocidos.
12. Para sustentar su decisión, expuso los siguientes argumentos:
13. Consideró que el actor consolidó su estatus pensional el 12 de enero de 1999,
en los términos de la Ley 33 de 1985, y el 12 de enero de 2004, a la luz de lo
dispuesto en las Leyes 71 de 1988.
14. Que, de acuerdo con las certificaciones laborales, durante los años 2004 y 2005
devengó diversos factores salariales, entre ellos asignación básica, bonificación por
servicios prestados, incremento por antigüedad, horas extras, pago por vacaciones
y auxilio por enfermedad. Igualmente, constató que sobre varios de estos factores
—incluidos vacaciones y auxilio por enfermedad— se efectuaron los respectivos
aportes al sistema de seguridad social en pensiones.
15. Que el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
garantiza a sus beneficiarios la edad, el tiempo de servicios y la tasa de reemplazo
del régimen anterior, más no el IBL, el cual debe determinarse conforme a lo
dispuesto en dicha ley y en el Decreto 1158 de 1994.
16. Afirmó que en los periodos en los que el demandante estuvo en situaciones
administrativas de vacaciones e incapacidad, la entidad no le reconoció salario ni le
cotizó sobre este, sino que los aportes a pensiones se efectuaron sobre las sumas
percibidas por pago de vacaciones y auxilio por enfermedad.
17. Adujo que aunque lo pretendido por el demandante fue la aplicación de la Ley
33 de 1985 y su derecho pensional fue reconocido como beneficiario del régimen
de transición en los términos de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que correspondía
efectuar un análisis adicional respecto del régimen pensional aplicable teniendo en
cuenta que el demandante cuenta con casi 76 años de edad, aspecto que lo sitúa
en el grupo de las personas de la tercera edad y en tal virtud, es sujeto de especial
protección constitucional.
18. En ese contexto, concluyó que la pensión debía liquidarse con el 75% del
promedio del tiempo faltante al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 —9 años, 9
meses y 11 días (Ley 71 de 1988) o 4 años, 9 meses y 11 días (Ley 33 de 1985)—
, o con el promedio de toda la vida laboral si resultaba superior (Ley 100 de 1993).
También estimó viable la aplicación de la Ley 797 de 2003, en la medida en que
podía otorgar una tasa de reemplazo más favorable, dado el total de semanas
cotizadas (2.033).
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19. Señaló que no es admisible desconocer derechos que le asisten al demandante
bajo el argumento de que no fueron solicitados expresamente, por lo que ordenó a
la UGPP efectuar la reliquidación bajo cada uno de los regímenes mencionados y
aplicar el más favorable, en aplicación del artículo 288 de la Ley 100 de 1993,
evitando imponerle la carga de promover un nuevo proceso judicial.
20. Que no había lugar a pronunciarse sobre descuentos por aportes, dado que se
encontraba acreditado que los factores cuya inclusión se ordenaba ya habían sido
objeto de cotización.
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
21. La UGPP interpuso acción de revisión la cual sustentó con los siguientes
argumentos:
22. Que el Tribunal ordenó la reliquidación de la prestación en contravía de la
normatividad aplicable, en particular del artículo 13 del Decreto 1835 de 1994, en
concordancia con los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y de la jurisprudencia
unificada de la Corte Constitucional4 y del Consejo de Estado5. En su criterio, la
providencia se apartó del tenor literal del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 en lo relativo a la determinación del IBL para los beneficiarios del régimen de
transición, otorgando un reconocimiento superior al debido y generando un impacto
negativo en el sistema pensional y en el erario.
23. Sostuvo que se incurrió en un error al ordenar la reliquidación de la pensión con
fundamento en las Leyes 33 de 1985, 71 de 1988 o 797 de 2003, incluyendo factores
salariales no previstos en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, como el pago por
vacaciones y el auxilio por enfermedad.
24. Considera que lo procedente era aplicar estrictamente las reglas contenidas en
los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, conforme a las cuales el IBL debe
determinarse con base en el promedio de los últimos diez años o del tiempo faltante
para adquirir el derecho, y únicamente con los factores salariales expresamente
establecidos en el citado decreto.
25. Que, en el caso del señor Campo Elías Reyes Fandiño, coexistían distintos
regímenes pensionales, siendo incluso posible que la aplicación de la Ley 100 de
1993, modificada por la Ley 797 de 2003, resultara más favorable, al cumplir con los
requisitos de edad y semanas cotizadas. No obstante, consideró que el Tribunal
confundió la normativa aplicable y otorgó un alcance indebido al régimen de
transición, extendiendo sus efectos más allá de lo previsto legalmente.
4 Para el efecto citó las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427
de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU- 631 de 2017, T-039 de 2018 y SU-023 de
2018.
5 Hizo alusión a la sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2018 dentro del expediente con radicado
núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01.
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26. Afirmó que la decisión judicial incurrió en una indebida aplicación de las Leyes 33
de 1985 y 71 de 1988, así como en una incorrecta interpretación del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 y del Decreto 1158 de 1994, al ordenar la inclusión de factores
salariales no autorizados, como el pago por vacaciones y el auxilio por enfermedad,
inclusión que implica un aumento injustificado de la mesada pensional del
beneficiario, a pesar de que este no tiene derecho.
Contestaciones a la acción de revisión
27. El señor Campo Elías Reyes Fandiño6 sostiene que no se configura la causal
de revisión invocada, en tanto esta exige la existencia de un exceso manifiesto,
objetivo y cuantificable frente a lo legalmente debido, y no una simple discrepancia
en la interpretación de las normas.
28. Que la controversia se limita a la inclusión de dos factores salariales —pago por
vacaciones y auxilio por enfermedad correspondientes a los años 2004 y 2005—,
cuya incorporación al IBL fue ordenada por el Tribunal con fundamento en una
interpretación razonada del marco normativo citado.
29. Manifestó que la sentencia cuestionada hace tránsito a cosa juzgada material y
que los intentos de la UGPP por reabrir el debate ya han sido rechazados. Además,
destaca que, dada su edad (82 años), es sujeto de especial protección
constitucional, por lo que una eventual reducción retroactiva de su mesada
pensional afectaría de manera desproporcionada su mínimo vital, siendo esta su
única fuente de ingresos.
30. Señaló que la UGPP sustenta su acción en la sentencia de unificación del
Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, pero omite la subregla según la cual
los factores que integran el IBL son aquellos sobre los que se hayan efectuado
cotizaciones al sistema. En ese sentido, sostiene que, al haberse acreditado que la
Universidad Pedagógica Nacional cotizó sobre los conceptos de pago por
vacaciones y auxilio por enfermedad en los años 2004 y 2005, estos deben ser
incluidos en la liquidación pensional. Añade que la entidad demandante no probó la
ausencia de tales cotizaciones, carga que le correspondía, lo que impide configurar
el exceso alegado.
31. Por su parte, la Universidad Pedagógica Nacional7 señaló que, dentro del
proceso judicial, quedó acreditado que se efectuaron los respectivos descuentos
sobre los factores reconocidos, razón por la cual no se profirió condena en su contra;
en consecuencia, solicitó que dicha determinación se mantenga incólume.
Concepto del Ministerio Público
32. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado conceptuó8 que
la sentencia analizó diversos regímenes normativos y, en aplicación del principio de
6 La parte demandada radicó memorial el 20 de febrero de 2026. Véase índice 00051 de SAMAI.
7 Véase índice 00038 de SAMAI.
8 Véase índice 00050 de SAMAI.
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favorabilidad, dispuso la aplicación del más beneficioso para el actor, incluyendo
factores salariales como el pago por vacaciones y el auxilio por enfermedad.
33. Indicó que, aunque la UGPP sostiene que dichos factores no están previstos en
el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, su inclusión obedeció a una interpretación
razonada del régimen de transición, sin que se evidencie un desconocimiento
manifiesto o arbitrario del ordenamiento jurídico. En consecuencia, concluyó que la
providencia fue adoptada en ejercicio de la autonomía judicial y dentro de los
márgenes interpretativos permitidos.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
34. La Subsección deberá analizar si, en la sentencia del Tribunal Administrativo del
Cundinamarca del 13 de diciembre de 2019, se configura la causal de revisión
invocada por la entidad recurrente; en particular, si la inclusión de los factores
correspondientes a vacaciones y auxilio por enfermedad en la reliquidación
pensional del señor Campo Elías Reyes dio lugar al reconocimiento de una
prestación superior a la prevista en la ley.
35. Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidades de la acción especial
de revisión, ii) Causal de revisión invocada; iii) Caso concreto.
Generalidades de la acción especial de revisión
36. El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 1 habilitó al Gobierno para
que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador
general de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones9 formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o
pensiones de cualquier naturaleza.
37. Así, el legislador creó este mecanismo extraordinario para las condenas
emitidas exclusivamente por sumas periódicas o pensiones o los emolumentos que
se le asemejen, dada la afectación sustancial que con éstas se genera en las
finanzas públicas en el caso de ser ordenadas desconociendo la normatividad y
jurisprudencia aplicable, lo cual excluye otros conceptos, así sean conexos al
derecho pensional.
38. Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada.
9 Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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39. Aunque es cierto que la acción de revisión contemplada por el artículo 20, por
expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso
extraordinario de revisión, al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa ha
sido considerada como un mecanismo especial10 por al menos tres razones: la
calificación en quien está habilitado para ejercer la acción, su finalidad y las
causales para su procedencia.
40. Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social11, así como el principio de
universalidad que lo inspira12 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.
Causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
41. La Ley 797 de 2003 consagró dos causales de revisión, a saber: i) la prevista
en el literal a), que se configura cuando se acredita la violación del debido proceso
en el reconocimiento pensional, y ii) la establecida en el literal b), según la cual
procede la revisión cuando «la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, el pacto o la convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
42. En este sentido, este mecanismo extraordinario se instituyó no solo como un
instrumento orientado a la lucha contra la corrupción, sino también como una
herramienta destinada a salvaguardar el interés general, al detener o armonizar con
la ley el pago de pensiones reconocidas en exceso, bien sea por error, ignorancia
o desconocimiento del funcionario judicial o administrativo de las disposiciones
reguladoras de la pensión, o ya sea por adoptarse una interpretación indefendible
o desconectada de la jurisprudencia consolidada de los máximos tribunales de
cierre.
43. Acerca de la segunda causal contenida en el literal b), la exposición de motivos
del proyecto que direccionó la expedición de la Ley, obedeció precisamente a la
necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables
y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]» 13.
10 Para tales efectos esta Corporación en providencia del 27 de marzo de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2012-
00561-00 (2129-12), C.P. Gerardo Arenas Monsalve, estableció: «es claro que las particularidades de la “acción
especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se
refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de
control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario
cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con
el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]».
11 Esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a las entidades públicas pagadoras de pensiones
y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos
pensionales que se encuadren en dichas causales (…)». Ibidem.
12
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia
del 1.° de agosto de 2017. Exp. 11001-03-15-000-2016-02022-00 (REV). C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
13 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222
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Regla de juicio probatorio: Carga de la prueba y demostración de la causal
invocada
44. El artículo 167 del Código General del Proceso impone una carga procesal14 a
las partes dentro del proceso judicial, consistente en la necesidad de presentar las
pruebas demostrativas de los hechos señalados en la demanda o de las
excepciones que se aleguen en la contestación para su respectivo éxito, ello con la
opción judicial de variar el titular de esta, en atención a las condiciones particulares
para aportar los medios de convicción.
45. De esta manera se extrae que el referido postulado adjetivo de la carga de la
prueba se compone de tres principios fundamentales, i) al demandante le
corresponde probar los hechos en que sustenta la demanda; ii) la parte demandada
una vez presenta excepciones actúa como accionante y, por ende, debe probar los
hechos en que basa su defensa y; iii) se predica la absolución del demandado si la
parte activa no prueba los supuestos de hecho en que fundamentó la demanda15.
46. Bajo esta línea de intelección se resalta que la inobservancia de la mentada
carga trae consecuencias desfavorables para la parte que no la satisface, puesto
que al no probar los supuestos de hecho que alega, se somete a que la decisión se
profiera en su contra, ya sea con fundamento en lo demostrado por la otra parte o
por la ausencia de medios de comprobación.
47. Así, por el carácter excepcional y rogado que identifica la acción de revisión, se
exige del demandante la carga de demostrar la configuración clara e indiscutible de
la causal o causales alegadas. En este sentido, se han precisado los alcances de
este recurso de la siguiente forma:
«Ciertamente el carácter eminentemente rogado de la jurisdicción contenciosa
administrativa impide examinar pretensiones a la luz de disposiciones diferentes
a las invocadas en la demanda, es decir, que sus providencias se circunscriben
solo a lo que allí se ha planteado, por el libelo demandatorio un marco de
referencia necesario para que el operado jurídico emita su pronunciamiento
judicial»16.
48. Además, esta Corporación ha sido enfática en establecer que no es suficiente
una censura de carácter general acerca del contenido del proceso para estructurar
14 La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, han diferenciado los conceptos de «deberes
procesales», «obligaciones procesales» y «cargas procesales». Los primeros hacen alusión a los imperativos
ordenados en la ley para el adecuado desarrollo del proceso y que incumben tanto al juez como a las partes.
Los segundos son las obligaciones de contenido patrimonial impuestas a los sujetos procesales con ocasión
del adelantamiento del proceso, como las costas. Finalmente, las cargas procesales son situaciones que fija la
ley que implican una realización de una conducta facultativa de las partes y en su propio beneficio y cuya
inobservancia acarrea consecuencias desfavorables en su contra, verbigracia, no aportar pruebas. Al respecto
ver Auto del 17 de septiembre de 1985, Sala de Casación Civil, que resolvió una reposición. Gaceta Judicial
tomo CLXXX – N.º 2419, Bogotá, Colombia, año de 1985, pág. 427. También ver lo sentencia de la Corte
Constitucional C-1512 de 2000.
15 En la sentencia de la Corte Constitucional C-070 de 1993 se analizó la evolución de las reglas de la carga de
la prueba contempladas en el artículo 177 del CPC. Ver también la sentencia del Consejo de Estado del 11 de
marzo de 2016. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación: 05001-23-
31-000-2003-01739-01(1634-13).
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del
27 de octubre de 2011, N.I. 02270-05, MP: Alfonso Vargas Rincón.
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alguna de las causales de revisión extraordinaria, sino que «[…] como esta figura
procesal está limitada a las causales previstas por el legislador […] quien las
invoque tiene la carga argumentativa y probatoria de explicar cuáles son los motivos
que la soportan y, especialmente, los hechos que sirven de fundamento para su
configuración»17.
49. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
50. Respecto de la causal invocada, la Sala advierte que los argumentos de la acción
se dirigen a evidenciar una presunta afectación al patrimonio público derivada de la
orden judicial de reliquidación de la pensión del señor Campo Elías Reyes. Si bien
la UGPP no precisó el monto del supuesto exceso ni aportó una estimación de la
diferencia entre lo reconocido y lo que, en su criterio, correspondía, sí planteó un
cargo concreto al sostener que la inclusión de conceptos como las vacaciones y el
auxilio por enfermedad —que considera no constituyen factores salariales—
incrementó indebidamente el valor de la mesada frente al inicialmente reconocido
por la entidad.
51. En tal sentido, se estima cumplida la carga mínima de exposición razonada de la
causal, lo que habilita el estudio de fondo.
52. En ese marco, no existe controversia sobre el régimen aplicable ni sobre el
período considerado para la liquidación —esto es, el promedio de lo cotizado durante
los últimos diez años, conforme a las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003—, ni respecto
de la forma en que se aplicó el principio de favorabilidad previsto en el artículo 288
ibidem, por lo que la discusión se circunscribe a la inclusión de dos factores.
53. A partir de lo anterior, se advierte que el Tribunal tuvo por acreditado, con
fundamento en los certificados de devengados y en la constancia expedida por la
Universidad Pedagógica Nacional, que los factores cuestionados fueron
efectivamente percibidos y sirvieron de base para la realización de aportes al sistema
de seguridad social en pensiones. En efecto, señaló:
«7.4. HECHOS PROBADOS Y MEDIOS PROBATORIOS
(…) Según la constancia expedida por (sic) el 10 de noviembre de 2015 por el
Subdirector de Personal y los certificados de devengados expedidos por la
Universidad Pedagógica Nacional en los años 2004 y 2005 el demandante
devengó los emolumentos de asignación básica, auxilio de alimentación,
bonificación por servicios prestados, incremento de antigüedad, pago por horas
extras, prima de servicios, auxilio por enfermedad, bonificación especial por
recreación, pago por vacaciones, prima de navidad, prima de servicios y prima
de vacaciones.
17Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia del 13 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00. C.P. Alberto Montaña Plata.
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Así mismo percibió los retroactivos de los emolumentos de asignación básica,
auxilio de alimentación, bonificación especial por recreación, bonificación por
servicios prestados, incremento de antigüedad, pago de horas extras, pago por
vacaciones, prima de navidad, prima de servicios y prima de vacaciones. Se
observa que en los lapsos en que el actor percibió pago por vacaciones y auxilio
de enfermedad no recibió salario.
Conforme a los certificados de devengados y deducciones expedidos por la
Universidad Pedagógica Nacional, en los años 2004 y 2005 los descuentos a la
Seguridad Social se efectuaron sobre los conceptos de asignación básica,
bonificación por servicios prestados, incremento por antigüedad, pago por horas
extras, pago por vacaciones y auxilio por enfermedad»18.
54. Con base en ello, concluyó que, aun cuando tales conceptos no se encuentren
expresamente enlistados en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, debían ser
incluidos, en tanto sirvieron efectivamente de base para la cotización. En sus propios
términos:
«Al respecto, se precisa que aunque los aludidos emolumentos no se
encuentran enlistados de forma específica en la norma aplicable, esto es, el
Decreto 1158 de 1794, según lo certificado en el expediente si sirvieron de base
para los aportes de dichos años, por lo que corresponde ordenar su inclusión.
Lo anterior, dado que en los periodos en que el actor se encontró en las
situaciones administrativas de vacaciones y licencia por enfermedad, la
entidad no le reconoció salario ni cotizo sobre el mismo sino que los
aportes en pensiones se efectuaron sobre las sumas percibidas a saber,
pago por vacaciones y auxilio por enfermedad»19 (negrillas fuera del texto
original).
55. Conforme al artículo 70 del Decreto 806 de 199820, durante los períodos de
incapacidad laboral y vacaciones deben efectuarse cotizaciones al sistema de
seguridad social, las cuales se liquidan sobre los valores reconocidos en tales
situaciones o, en el caso de vacaciones, sobre el último ingreso base de cotización.
A su vez, el artículo 40 del Decreto 1406 de 1999 dispone que durante los períodos
de incapacidad hay lugar al pago de aportes a los sistemas de salud y pensiones.
56. Bajo ese entendido, si bien asiste razón a la recurrente en cuanto a que las
vacaciones —y, en igual sentido, el auxilio por enfermedad— no constituyen factor
salarial en estricto sentido, por corresponder, respectivamente, a un descanso
remunerado y a un mecanismo de protección frente a la imposibilidad para laborar,
tal circunstancia no basta, por sí sola, para excluirlos en este caso del IBL. En
efecto, la discusión no se agota en la naturaleza jurídica abstracta del concepto,
sino que debe atender a su incidencia real en la base de cotización.
18 Véase folio 371 del archivo digital denominado «4. Cuaderno 1. Pdf», el cual reposa en el índice 00036 de
SAMAI.
19 Véase folio 388, ibid.
20 «ARTÍCULO 70. Cotización durante la incapacidad laboral, la licencia de maternidad, vacaciones y permisos
remunerados. Para efectos de liquidar los aportes correspondientes al período durante el cual se reconozca al
afiliado una incapacidad por riesgo común o una licencia de maternidad, se tomará como Ingreso Base de
Cotización, el valor de la incapacidad o de la licencia de maternidad según sea el caso, manteniéndose la misma
proporción en la cotización que le corresponde al empleador y al trabajador. [/] Las cotizaciones durante
vacaciones y permisos remunerados se causarán en su totalidad y el pago de los aportes se efectuará sobre el
último salario base de cotización reportado con anterioridad a la fecha en la cual el trabajador hubiere iniciado
el disfrute de las respectivas vacaciones o permisos».
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57. En este punto, debe destacarse que la motivación del juez de instancia partió
de considerar que los pagos por vacaciones y auxilio por enfermedad operaron
como ingresos sustitutivos del salario, en la medida en que los aportes al sistema
únicamente se efectuaron sobre tales conceptos; premisa fáctica y jurídica que no
fue desvirtuada por la entidad recurrente.
58. Esta precisión resulta determinante, pues su exclusión del IBL implicaría
desconocer las sumas efectivamente cotizadas y dejar esos períodos sin un ingreso
computable. En consecuencia, la pensión se liquidaría por debajo de lo que
legalmente corresponde, al omitirse los únicos valores que sirvieron de base para
la cotización durante esos intervalos.
59. Ello, a su vez, implicaría desconocer el principio de correspondencia entre
cotizaciones y prestación, así como trasladar al afiliado las consecuencias de la
forma en que el empleador efectuó los aportes.
60. En efecto, la UGPP no acreditó que tales emolumentos tuvieran un carácter
adicional —y no sustitutivo— del salario, ni controvirtió que sobre ellos se hubiesen
realizado aportes al sistema. Su inconformidad se limitó a invocar su exclusión por
no encontrarse expresamente previstos en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994,
sin cuestionar el fundamento que llevó al Tribunal a apartarse de una lectura
estrictamente taxativa de dicha disposición, cuando la decisión dio cuenta de ello.
61. Así, lejos de desvirtuar el razonamiento adoptado, la entidad omitió
pronunciarse sobre el elemento central de la decisión, esto es, la naturaleza
sustitutiva de dichos ingresos y su incidencia en la base de cotización. En tales
condiciones, no logró demostrar que la inclusión de estos conceptos comportara el
reconocimiento de valores adicionales o no cotizados.
62. Por consiguiente, no era suficiente alegar su ausencia en el listado del Decreto
1158 de 1994, sin controvertir las razones que justificaron su inclusión en el caso
concreto, ni explicar por qué debía privilegiarse una interpretación formal de dicha
norma sobre la realidad de las cotizaciones efectuadas.
63. Desde esta perspectiva, la interpretación acogida por el Tribunal no comporta
un reconocimiento excesivo ni un incremento injustificado de la prestación, pues,
aunque tales emolumentos no se encuentran expresamente previstos en el Decreto
1158 de 1994 —norma reglamentaria del artículo 18 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 5.º de la Ley 797 de 2003—, su inclusión se justifica en
que constituyeron los únicos ingresos sobre los cuales se efectuaron aportes en los
períodos correspondientes, en concordancia con lo dispuesto en el Acto Legislativo
01 de 2005, que exige considerar, para efectos pensionales, únicamente los
factores sobre los cuales se realizaron cotizaciones; circunstancia fue tenida por
acreditada por el Tribunal y como se dijo no fue objeto de controversia en esta sede
de revisión.
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64. En tales condiciones, la Sala concluye que la entidad recurrente no logró
acreditar el yerro alegado, ni, por ende, la configuración de la causal de revisión
invocada, razón por la cual deberá declararse infundada la acción.
Condena en costas
65. Dado que esta Sección21 ha señalado que el mecanismo previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003 busca la prevenir eventuales detrimentos al Tesoro y la
garantía de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, la Sala, con
fundamento en el artículo 188 del CPACA, se abstendrá de imponer condena en
costas, en la medida en que la actuación estuvo orientada a controvertir una
providencia judicial en defensa del interés público.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por
la UGPP en contra la sentencia proferida el trece (13) de diciembre de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y ARCHÍVESE el expediente de la
acción especial de revisión.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
21 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23
de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022,
Exp. 11001-0325-000-2020-00026 CO (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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