Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00589-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00589-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00589-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
21 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00589-00 (2796-2021)
Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Demandado: Odilia Prada Pinto
Temas: Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003. Reliquidación de pensión de jubilación
__________________________________________________________________
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Nación, Ministerio de
Hacienda y Crédito Público contra la sentencia del Tribunal Administrativo de
Santander, del 9 de junio de 2016, a través de la cual se confirmó parcialmente y
modificó el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia emitida por el
Juzgado Trece Administrativo Oral de Bucaramanga, el 11 de febrero de 2015, que
había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por conducto de
apoderado judicial, pretende infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de
Santander, del 9 de junio de 2016, a través de la cual se confirmó parcialmente y
modificó el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia emitida por el
Juzgado Trece Administrativo Oral de Bucaramanga, el 11 de febrero de 2015, que
había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada por la
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00589-00 (2796-2021)
Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
señora Odilia Prada Pinto contra la Administradora Colombiana de Pensiones
(COLPENSIONES), dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de
radicado 680013333013 2014 00094 01.
Con fundamento en lo anterior, solicita i) «invalidar en su integridad» la sentencia
emitida por el Tribunal Administrativo de Santander, del 9 de junio de 2016; ii)
declarar que a la señora Odilia Prada Pinto no le asiste el derecho a que su pensión
de jubilación se liquide con el promedio de lo devengado en el último año de servicio
ni con la inclusión de todos los factores salariales devengados en ese período; y iii)
ordenar la inclusión de la demandada en la nómina de pensionados de
COLPENSIONES, con la Resolución VPB 1500 de 2015, comoquiera que dicho acto se
encuentra ajustado a derecho.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad recurrente, señaló los
siguientes:
i) El 11 de enero de 2013, a través de la Resolución GNR 001130 COLPENSIONES
reconoció una pensión de jubilación a la señora Odilia Prada Pinto, en cuantía de
$ 924.064, a partir del 8 de noviembre de 2012.1 Aquella decisión fue confirmada
por la Resolución VPB 6137 del 19 de octubre de 2013.
ii) El 5 de febrero de 2014, mediante la Resolución VPB 1500 COLPENSIONES reliquidó
de la pensión de jubilación de la señora Prada Pinto, en cuantía de $ 1.604.219,
efectiva a partir del 8 de noviembre de 2012.2 Para tal efecto, se consideraron los
siguientes tiempos de servicio:
1 La Sala advierte que mediante la Resolución GNR 001130 de 2013, COLPENSIONES reconoció una
pensión de jubilación a la señora Odilia Prada Pinto, a partir del 8 de noviembre de 2012, en cuantía
de $ 924.064. Para tal efecto, aplicó la Ley 33 de 1985, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el
Decreto 1158 de 1994. Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 12 de la plataforma
SAMAI.
2 Esta Subsección observa que mediante la Resolución VPB 1500 de 2014, COLPENSIONES reliquidó
la pensión de jubilación a la señora Odilia Prada Pinto, a partir del 8 de noviembre de 2012, en
cuantía de $1 .604.219. Para tal efecto, consideró que se había acreditado un total de 11,392 días
laborados, correspondientes a 1,627 semanas en el servicio público, de conformidad con la Ley 33
de 1985, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994. Expediente digital del
proceso ordinario visible a índice 12 de la plataforma SAMAI.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00589-00 (2796-2021)
Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
iii) Inconforme con lo anterior, la señora Prada Pinto interpuso el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos
administrativos, con el fin de que le fuera reliquidada su pensión de jubilación con
el 75 % de la totalidad de factores salariales devengados en el último año de
servicio, de conformidad con la Ley 33 de 1985.
iv) El 11 de febrero de 2015, el Juzgado Trece Administrativo Oral de Bucaramanga,
profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Odilia Prada Pinto contra
COLPENSIONES. En ese orden, resolvió, entre otras cosas, lo siguiente: 3
PRIMERO: DECLARAR la NULIDAD PARCIAL de las Resoluciones No. VPB 001130
de fecha 11 de enero de 2013 y VPB 1500 de fecha 5 de febrero de 2014, mediante las
cuales [la] ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES
reconoció y modificó la pensión de vejez de la señora ODILIA PRADA PINTO, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de la nulidad declarada y a título de restablecimiento
del derecho, CONDENASE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
– COLPENSIONES a reconocer y pagar a la señora ODILIA PRADA PINTO, a partir del
12 de junio del 2012 la reliquidación de la pensión de jubilación, tomando como base de
la liquidación el valor equivalente al 75 % del promedio mensual de los factores
devengados en el último año de servicio, esto es entre el periodo comprendido entre
el 16 de mayo de 2011 y 16 de mayo de 2012, fecha en la cual se produjo su retiro
definitivo del servicio (fl. 77), incluyendo como se ha dejado expuesto los factores
devengados por concepto de Prima de servicios, Prima de vacaciones, Bonificación por
servicios, Auxilio de transporte y Auxilio de alimentación.
El pago de las mesadas y demás prestaciones que resulten a favor de la actora se
ajustaran en su valor mes a mes, de conformidad con el artículo 192 del CPACA dando
aplicación a la siguiente formula […]
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Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
[…] CUARTO: DENIEGANSE las demás pretensiones de la demanda. […] (Resaltado
original del texto)
v) El 9 de junio de 2016, el Tribunal Administrativo de Santander emitió sentencia
de segunda instancia, en el sentido de confirmar parcialmente y modificar el numeral
segundo de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Trece
Administrativo Oral de Bucaramanga, el 11 de febrero de 2015, en los siguientes
términos:4
PRIMERO: MODIFÍCASE: el numeral SEGUNDO de la sentencia de fecha 11 de febrero
de 2015, en el entendido que se incluirá la prima de navidad, como factor salarial a tener
en cuenta para la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora ODILIA PRADA
PINTO, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: CONFÍRMASE en sus demás partes la sentencia de fecha 11 de febrero de
2015, proferida por el juzgado Trece Administrativo Oral De Bucaramanga, de acuerdo
con lo expuesto en precedencia. […] (Resaltado original del texto)
vi) El 10 de marzo de 2017, COLPENSIONES a través de la Resolución SUB 5100, dio
cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Santander.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo de Santander, el 9 de junio de 2016,5 emitió sentencia de
segunda instancia, en el sentido de confirmar parcialmente y modificar el numeral
segundo de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Trece
Administrativo Oral de Bucaramanga, el 11 de febrero de 2015, con sustento en las
siguientes consideraciones jurídicas:
i) El problema jurídico se circunscribe a determinar, conforme el recurso de
apelación interpuesto por la actora, si es procedente la inclusión de la prima de
navidad y el concepto de encargo como factor salarial en la reliquidación de su
pensión de jubilación. En consecuencia, la Sala sólo se pronunciará al respecto,
pues no se debate el derecho a la pensión o el régimen aplicable a la señora Prada
Pinto.
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Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
ii) Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,6 emitida por el Consejo
de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de
salario, debían incluirse en la liquidación de las pensiones de jubilación todas
aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como
contraprestación del servicio. Aquella postura fue reiterada en la sentencia de
unificación del 25 de febrero de 2016.7
iii) En atención a la referida providencia de unificación, a los beneficiarios del
régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe
aplicárseles en su integridad la Ley 33 de 1985 en virtud del principio de
inescindibilidad de la ley, es decir, edad, tiempo de servicios y monto de la pensión.
Frente a este aspecto, se ratifica la posición sentada por el Consejo de Estado, la
cual observa los principios de igualdad, confianza legítima, buena fe, seguridad
jurídica, progresividad y favorabilidad en materia pensional y en ese sentido, es
procedente apartarse de los criterios fijados en las Sentencias C-258 de 2013 y SU-
230 de 2015, emitidas por la Corte Constitucional, para efectos de determinar el IBL
a la luz de la Ley 33 de 1985.
iv) En el sub lite se acreditó que durante el último año de servicio de la accionante,
comprendido entre el 16 de mayo de 2011 al 16 de mayo de 2012, devengó los
siguientes conceptos: primas de servicios, de navidad, de vacaciones, bonificación
de recreación, subsidio de alimentación y auxilio de transporte; sin embargo, el a
quo no tuvo en cuenta la prima de navidad como factor salarial para la reliquidación
de la pensión de jubilación de aquella, toda vez que ordenó la inclusión de las primas
de servicio y de vacaciones, bonificación por servicios y auxilios de transporte y
alimentación.
Por su parte, no es procedente la inclusión del emolumento denominado encargo,
ya que si bien es cierto los certificados allegados con el escrito de alzada
demuestran que la actora lo devengó, también lo es que aquellos tienen fecha de
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicado
2500023250002006-0750901 (0112-09).
7 El tribunal cita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de unificación del 25 de febrero de 2016, radicado 25000234200020130154101.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00589-00 (2796-2021)
Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
expedición del 2012, la cual es anterior a la de los certificados aportados con la
demanda que data del 2014 y en los que no figura ese concepto.
v) En ese orden, se impone modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de
la sentencia de primera instancia, en el entendido de ordenar la inclusión, además
de los factores previamente reconocidos por el a quo, de la prima de navidad, en la
reliquidación de la pensión de jubilación de la demandante. Finalmente, se confirma
en lo demás la decisión apelada. Sin condena en costas de segunda instancia.
1.2. La causal de revisión invocada
El apoderado de la entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de esta, expuso los siguientes
argumentos:
i) El juzgador desconoció que conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, las prerrogativas de la transición consagrada en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, consisten en que a las personas que queden cobijadas por
éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se
encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión
de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.
Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la
Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la
pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10
años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación emitida
por el DANE. En igual sentido, se han pronunciado la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado,8 criterio que constituyen precedente obligatorio.
8 La entidad recurrente cita lo ha señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de
1995, C-258 de 2013, T-078 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395
de 2017, SU-631 de 2017, SU-023 de 2018 y T-039 de 2018; y por el Consejo de Estado.
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Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
ii) La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que ordena la
reliquidación de la pensión vejez en un monto equivalente al 75 % de los factores
salariales devengados por la señora Prada Pinto en el último año de servicio,
conlleva a un incremento indebido de la mesada pensional por no emplear al caso
concreto la ley que le era aplicable al momento de liquidar la pensión, esto es, el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, desconociendo, de paso, el precedente
constitucional al respecto.
En ese orden, el reconocimiento de la prestación, en cumplimiento a la sentencia
del 9 junio de 2016, tuvo un aumento significativo y desproporcionado del 86 % sin
que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta
gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
La señora Odilia Prada Prieto, por intermedio de apoderado, se opuso a las
pretensiones formuladas en la acción de revisión, para lo cual expuso los siguientes
argumentos:9
i) Las decisiones recurridas, por un lado, se fundamentaron en los precedentes
jurisprudenciales vigentes10 para la fecha de su expedición y, por el otro, están
protegidas por los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y buena fe. En ese
orden, el juzgador mantuvo la posición de reconocer la pensión de jubilación de
acuerdo a la Ley 33 de 1985, incluyendo todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicio.
ii) Debe darse aplicación a la sentencia de unificación jurisprudencial emitida por el
Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, en lo relacionado a los casos en los
que ha operado la cosa juzgada, pues estos resultan inmodificables. Así mismo,
cuando se señala que las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el
régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda
9 Memorial allegado por correo electrónico, visible a índice 19 de la plataforma SAMAI.
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La demandada trae a colación la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, emitida por
esta corporación.
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Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
de la referida Corporación, no puede considerarse que lo fueron con abuso del
derecho o fraude a la ley.
iii) En la medida que el proceder del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
evidencia una conducta temeraria, dolosa y de mala fe, debe darse aplicación de
los artículos 306 del CPACA y 365 y 366 del Código General del Proceso, con el fin
de condenarlo en costas y agencias en derecho.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de
revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.11 Asimismo, atendiendo
al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la
Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso,
es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.12
De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias
judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas
de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General
de la Nación».
2.2. Legitimación13
11 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.».
12 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
13 Ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 26 de mayo de 2022, radicado 11001 0325 000 2017 00802 00 (4240-2017).
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00589-00 (2796-2021)
Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Esta acción se encuentra legitimada en cabeza del Gobierno nacional, los órganos
de control, la UGPP, en virtud de la Ley 1151 de 2007, artículo 156 y el Decreto 575
de 2013, artículo 6°, numeral 6°, y las diferentes entidades administrativas de
pensiones.
2.3. Oportunidad
El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En
el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 17 de junio de 201614
y la acción especial de revisión se interpuso el 1.° de septiembre de 2021.15
Pues bien, a priori, la demanda estaría fuera del término de los cinco años
establecido por el artículo 251 del CPACA para estos eventos, sin embargo, la Sala
advierte que con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia
por el COVID-19, el Consejo Superior de la Judicatura expidió los siguientes actos
administrativos en los que suspendió los términos judiciales a nivel nacional entre
el 16 de marzo y el 1.º de julio de 2020:
ACUERDO FECHA DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS
JUDICIALES
PCSJA20-11518 de 2020 Del 16 al 20 de marzo de 2020
PCSJA20-11521 de 2020 Del 21 de marzo al 3 de abril de 2020
PCSJA20-11526 de 2020 Del 4 al 12 de abril de 2020
PCSJA20-11532 de 2020 Del 13 al 26 de abril de 2020
PCSJA20-11546 de 2020 Del 27 de abril al 10 de mayo de
2020
PCSJA20-11549 de 2020 Del 11 al 24 de mayo de 2020
PCSJA20-11556 de 2020 Del 25 de mayo al 8 junio de 2020
14 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 12 de la plataforma SAMAI.
15 Índice 1 de la plataforma SAMAI.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00589-00 (2796-2021)
Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
PCSJA20-11567 de 2020 - Se ordenó el levantamiento de los
términos judiciales a partir del 1.º de
julio de 2020.
• Se prorrogó la suspensión entre el
9 de junio y el 1.º de julio.
A su turno, el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 564 del 15 de abril
de 2020, «Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los
usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica», en el que se determinó lo siguiente:
Artículo 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de
prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para
ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama
Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se encuentran
suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior
de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales.
El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del
día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales
ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al
decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para
interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días,
el interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la
suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente.
Parágrafo. La suspensión de términos de prescripción y caducidad no es aplicable en
materia penal. (Se resalta)
De acuerdo con lo anterior, se concluye que, con ocasión de la declaratoria de
estado de emergencia económica, ecológica y social por la pandemia del COVID-19,
los términos judiciales estuvieron suspendidos entre el 16 de marzo y el 1.º de julio
de 2020, interregno en el cual las figuras jurídicas de la prescripción y la caducidad
de los medios de control y/o acciones judiciales no operaron.
Bajo este contexto, y en principio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tenía
hasta el 17 de junio de 2021 para interponer la demanda de revisión; sin embargo,
y debido a la suspensión de los términos judiciales, descrita en el numeral que
precede, el referido plazo de cinco años para impetrar la acción especial de revisión
no operó entre el 16 de marzo y el 1.º de julio de 2020.
Por consiguiente, su contabilización se hará de la siguiente manera:
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00589-00 (2796-2021)
Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
i) Entre el 20 de junio de 2016 (día hábil siguiente a la ejecutoria de la sentencia
a revisar) y el 16 de marzo de 2020, transcurrieron 3 años, 8 meses y 25 días. Es
decir, le faltaban 1 año, 3 meses y 6 días para que venciera el término de cinco años
previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
ii) En vista de que el 1.º de julio de 2020 se levantó la precitada suspensión, el
plazo faltante transcurrió desde el día siguiente, esto es el 2 de julio, y hasta el 8 de
octubre de 2021 de la mencionada anualidad (nueva fecha límite para presentar el
medio de impugnación).
iii) Por lo tanto, y en razón a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
interpuso la acción especial de revisión de la referencia el 1.° de septiembre de
2021, esta se encuentra en tiempo.
2.5. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander del
9 de junio de 2016, se encuentra inmersa en la causal de revisión contemplada en
el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite acudir a la acción
especial de revisión «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
2.5. Marco normativo
2.5.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los
siguientes términos:
ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00589-00 (2796-2021)
Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y
que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de
la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:
i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación,
ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que
sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación
y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio
entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos
limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de
Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
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iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a
revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la
liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido
proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe
admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento
pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede
lo ordenado por la ley.
Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró16 que el recurso extraordinario
de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,17 procede contra
sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia
material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».
16 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene
carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para
enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias
posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una
injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un
proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material,
como fines esenciales del Estado».
17 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario
de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los
artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito
penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código
Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)».
Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
13
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En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas
por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso
extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.
2.5.2. Alcance de las causales de revisión
Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador
estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21
de la Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones
judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones
irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla
la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera
se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».18
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la
norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones
y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de
los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».19
Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la
citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito
primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a
la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al
erario».20
Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas
a dos eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación del
18 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017,
radicado 2017-01529 (REV).
19 Ibidem.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
2014-00845-00 (2743-13).
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debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde
al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente
encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea
posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias
de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso,
sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido
irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.
2.5.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, respecto a la interpretación
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
Mediante la sentencia de unificación CE-SUJ-SIII, del 28 de agosto de 2018,21 la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en interés de unificar su jurisprudencia
respecto de los criterios interpretativos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, relativos a si se aplica o no el régimen de transición al IBL, estableció las
siguientes reglas:
El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso, entre
consideraciones, la siguiente:
91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base
de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de
2018, radicado N.º 52001-23-33-000-2012-00143-01.
15
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ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este
grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados
para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables.
(Resaltado fuera del texto).
Adicionalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
definió las siguientes subreglas:
La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores
públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985
(edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones.» Esta subregla se justifica, así:
99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse
como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.
De acuerdo con las anteriores pautas fijadas por la Sala que, se repite, constituyen
precedente obligatorio, el IBL para las personas que se en encuentran en el régimen
de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, según corresponda.
16
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Ahora, comoquiera que la jurisprudencia que profiere esta Corporación, según la
Constitución Política,22 la ley y la Corte Constitucional,23 tiene valor vinculante por
emanar de órganos diseñados para su unificación, el contenido y la regla o ratio que
expone en sus sentencias tiene características de permanencia, identidad y
obligatoriedad. En virtud de ello, la Sala Plena estableció como efectos de la
mentada decisión, los siguientes:
La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente
en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las
reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a
través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y
dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no
puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación
de esta sentencia.
No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de
transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera
que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una
sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada. (Resaltado fuera del
texto).
De lo anterior se infiere que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 se aplican a todos los casos
pendientes de solución, tanto en vía administrativa como en vía judicial, a través de
acciones ordinarias. Sin embargo, se excluyen aquellos asuntos pendientes de
resolver en recurso extraordinario, ya que, para salvaguardar el principio de la
seguridad jurídica, los efectos de la citada providencia no operan respecto de
situaciones definidas y que hicieron tránsito a la cosa juzgada.
Por lo tanto, en el caso de los recursos extraordinarios y las acciones de revisión,
estos deben analizarse de conformidad con el criterio judicial imperante para la
22 Constitución Política, artículo 237, ordinal 1.
23 Corte Constitucional, Sentencia C-816 de 2011, M.P.: Mauricio González Cuervo.
17
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fecha en que se profirió la sentencia objeto del recurso, precisamente, por los
efectos de la nueva tesis jurisprudencial.
2.6. El caso concreto. Análisis de la Sala
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala advierte la
inconformidad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público consiste en sostener
que la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, del 9 de junio de 2016,
habría incurrido en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, en tanto confirmó parcialmente y modificó el numeral segundo de
la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Trece Administrativo
Oral de Bucaramanga, el 11 de febrero de 2015.
Con ello, en su concepto, se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional
en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de
2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018, a partir
de las cuales se determinó que para los beneficiarios del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de liquidación
aplicable es el contenido en el inciso 3.° de dicha norma o en el artículo 21 ibidem.
Pues bien, luego de examinar los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub lite, la
Sala encuentra mérito suficiente para declarar infundada la acción de revisión, con
base en las siguientes razones:
En primer lugar, la Sala debe precisar que el Tribunal Administrativo de Santander,
con sustento en la sentencia emitida por la Sección Segunda de esta Corporación,
el 4 de agosto de 201024 entendió que la expresión «monto», contenida en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, comprendía «todas las sumas que habitual y
periódicamente reciba el empleado como retribución de sus servicios», en el último
año.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 4
de agosto de 2010, expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).
18
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Concretamente, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, esta
Corporación concluyó lo siguiente:25
[L]a Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no
impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último
año de prestación de servicios.
En la misma sentencia se reiteró que el monto de la pensión hace referencia a la
tasa de remplazo o porcentaje de la cuantía pensional y al periodo de liquidación
previsto en el régimen anterior, es decir, el 75 % del promedio de lo devengado en
el último año de servicio.
En segundo lugar, tal como lo advierte la entidad recurrente, durante cierto período,
el Consejo de Estado y la Corte Constitucional desarrollaron interpretaciones
disímiles respecto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL aplicable
a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto.
Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, expediente: 52001-
23-33-000-2012-00143-01,26 fijó el criterio de esta corporación en torno a la
integración del ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas bajo el
régimen de transición (inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993), para concluir
que este solo puede estar constituido por aquellos factores sobre los que se hayan
efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones. De esta manera, la
Sección Segunda ajustó su postura con la establecida por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013.
No obstante, al fijar los efectos de la sentencia, se precisó lo siguiente:
No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 4 de
agosto de 2010, expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de
2018, expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
19
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pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de
la causal invocada.
De acuerdo con lo anterior, las providencias que realizaron interpretaciones sobre
el IBL de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, antes de la expedición de la citada sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018, son decisiones razonables, sustentadas en el principio de
autonomía judicial, que en su momento unificaron las diferentes tesis tanto del
Consejo de Estado como de la Corte Constitucional.
Ahora bien, al efectuar el respectivo análisis de las pruebas, se observa que la
sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación y sobre la cual hay
cosa juzgada, aplicó un solo sistema de manera integral, en tanto tuvo como
fundamento la Ley 33 de 1985, con una tasa de reemplazo del 75 % y la inclusión
de todos los factores percibidos en el último año de servicio, todo lo cual se
encuentra ajustado al precedente jurisprudencial vigente para la época de
expedición de la sentencia. Lo anterior, en atención a que el tribunal confirmó la
decisión del Juzgado Trece Administrativo Oral de Bucaramanga que había
encontrado probado que la señora Odilia Prada Pinto era beneficiaria del régimen
de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Por consiguiente, el tribunal mantuvo la orden de reliquidación de la pensión de
jubilación que devenga la hoy demandada, en el equivalente al 75 % del salario
promedio devengado en el último año de servicio, comprendido entre el 16 de mayo
de 2011 y el 16 de mayo de 2012, con la inclusión de las primas de servicios y de
vacaciones, bonificación por servicios, y auxilios de transporte de alimentación.
No obstante, modificó el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia
expedida el 11 de febrero de 2015 por el Juzgado Trece Administrativo Oral de
Bucaramanga, en el entendido de incluir, además, el factor de la prima de navidad
percibido en el lapso en comento; lo anterior en razón a que no fue considerado por
el juez de primera instancia.
Cabe advertir que los factores previamente descritos fueron devengados por la hoy
demandada, conforme lo certificó el coordinador del Grupo de Tesorería del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y en el Formato 3B, denominado
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«certificación de salarios mes a mes para liquidar pensiones del régimen de prima
media», en el lapso de mayo de 2011 a mayo de 2012, conforme consta en los
índices 2 y 12 de la plataforma SAMAI.
Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso reiterar que el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público en la acción de revisión, circunscribió su argumento a discutir que,
para calcular el IBL de la pensionada, debieron atenderse las disposiciones
contenidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores
enlistados en el Decreto 1158 de 1994, en armonía con la jurisprudencia que la
Corte Constitucional ha desarrollado sobre el tema. No obstante, no expuso ningún
reparo frente a algún emolumento en particular, por lo que la Subsección, siguiendo
el criterio de anteriores decisiones,27 contraerá su análisis a ello.
Así las cosas, examinada la decisión objeto de revisión, se advierte que en lo
atinente a la inclusión de los factores salariales en el ingreso base de liquidación, la
sentencia del tribunal halló fundamento en la jurisprudencia de esta Corporación
vigente para la época, esto es, la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,
expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).
En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Santander en el ejercicio de su
independencia y autonomía judicial, valoró las pruebas allegadas junto con la
normativa aplicable y explicó las razones que lo llevaron a acoger el criterio judicial
imperante para la época de su expedición, según el cual en el IBL se deberán
incluir todos los factores percibidos durante el último año de servicio.
Es decir, la sentencia del 9 de junio de 2016 no fue caprichosa al momento de definir
el ingreso base de liquidación (IBL) aplicable a la pensión de jubilación reconocida a
la demandada como beneficiaria del régimen de transición previsto en el citado
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino que fue respetuosa de la tesis jurisprudencial
que había decantado la Sección Segunda del Consejo de Estado para la época.
27 Al respecto, véase la sentencia del 12 de agosto de 2021, radicado 110010325000201800914 00
(3158-2018); C.P. William Hernández Gómez.
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Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Respecto al presunto desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, cabe señalar que si bien para entonces, en la Sentencia C-258 del
7 de mayo de 2013, la alta corporación se había pronunciado sobre el IBL y el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en ella únicamente se refirió al régimen
pensional de los congresistas y de los altos dignatarios del Estado, una condición
que no reúne la señora Prada Pinto.
De igual manera, si bien es cierto que el tribunal reconoció la existencia de la
Sentencia SU-230 de 2015 emitida por la Corte Constitucional, que también invoca
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público;28 también lo es que juzgó que debía
optar por la aplicación del criterio vigente del Consejo de Estado, en uso de su
autonomía judicial, en tanto lo encontró más ajustada a los principios de
favorabilidad e inescindibilidad de la norma.29
Finalmente, conviene reiterar que la Sala Plena del Consejo de Estado profirió
sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018, en la que varió su posición frente
al ingreso base de cotización de los servidores del régimen general. Sin embargo,
dicha providencia delimitó sus efectos a los casos pendientes de solución en sede
administrativa y judicial, por lo que aquellos respecto de los cuales hubiera operado
la cosa juzgada, resultarían inmodificables. Por consiguiente, la tesis allí contenida
no puede extenderse al presente asunto, pues la decisión que se revisa se ajustó
al criterio vigente para la época.
Por los motivos expuestos, la Sala encuentra infundada la acción de revisión
interpuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al no haberse
configurado la causal contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, comoquiera que, como quedó visto, la sentencia cuestionada se profirió bajo
los parámetros de la jurisprudencia vigente para aquella época en la jurisdicción de
28 La entidad recurrente fundamenta la presente acción especial de revisión, además, en las
Sentencias SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018.
29 En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero
de 2019, radicación 11001-03-15- 000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP.
22
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Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
lo contencioso administrativo y, por ende, no excedió lo debido de acuerdo con la
ley.
3. De la condena en costas
Con fundamento en el inciso 2.° del artículo 188 del CPACA, en el presente caso, los
sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de que contaban con
suficiente respaldo legal y jurisprudencial para obtener un pronunciamiento
favorable a sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena
en costas.
4. Conclusión
Con base en los anteriores argumentos, en la preceptiva jurídica que gobierna la
materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en
casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de
estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que la presente acción de revisión
debe ser declarada infundada, puesto que no se acreditó la configuración de la
causal invocada, esto es, la señalada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Nación,
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo de
Santander, del 9 de junio de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
23
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00589-00 (2796-2021)
Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 680013333013 2014 00094 01, al
tribunal de origen y archivar la acción de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
24
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