Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00592-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00592-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00592-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
10 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00592-00 (2841-2021)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Demandado: Pedro Alonso Coy Laiton
Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causal de revisión prevista
en el literal b). Ingreso base de liquidación de beneficiario del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993. DECLARA
INFUNDADA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide la acción de revisión que interpuso1 la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) contra la sentencia del dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete
(2017) proferida por el Tribunal Administrativo del Cundinamarca 2, para lo cual
invocó la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el señor Pedro Alonso Coy Laiton nació el 22 de febrero de 1948 y laboró para
la Aeronáutica Civil desde el 18 de julio de 1973 hasta el 31 de enero de 1994 3,
donde ocupó como último cargo el de celador en el Aeropuerto el Dorado en Bogotá
D.C.
Que, la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL), mediante Resolución 20926
del 4 de noviembre de 2003 le reconoció una pensión de vejez (sic), con el 75% de
lo devengado en el último año de servicios, en la suma de $534.545,08, efectiva a
partir del 22 de febrero de 2003, condicionada a demostrar el retiro del servicio.
Que a través de la Resolución 38445 de 4 de agosto de 2006 la entidad negó la
reliquidación solicitada por el señor Pedro Alonso Coy Laiton con el fin de que se
incluyera la bonificación semestral.
1 La presentación de la acción se efectuó el 2 de septiembre de 2021, de acuerdo con índice 0003 SAMAI.
2 Decisión que confirmó parcialmente la sentencia del 12 de septiembre de 2016 proferida por el Juzgado Quince
Administrativo del Circuito de Bogotá que accedió parcialmente a las pretensiones dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido por el señor Pedro Alonso Coy Laiton.
3 Índice 00021 de SAMAI, pág. 12.
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Que solicitó a la UGPP la reliquidación de la pensión incluyendo la totalidad de los
factores salariales devengados durante el último año de servicios, petición que fue
negada a través de la Resolución RDP 013281 del 28 de abril de 2014 y confirmada
a través de la Resolución RDP 019179 del 18 de junio de 2014.
Que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los
anteriores actos administrativos con el fin de que se reliquidara la pensión de
jubilación con el 75% de la totalidad de los factores salariales devengados en el
último año de servicio.
Que el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá, en sentencia del 12
de diciembre (sic) de 2016, en aplicación de la sentencia del 4 de agosto de 2010
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, accedió parcialmente a las
pretensiones y condenó a la UGPP a reliquidar la pensión con la totalidad de los
factores devengados entre el 1.° de febrero de 1993 y el 31 de enero de 1994,
incluyendo, sueldo básico, incremento antigüedad, prima de vacaciones,
bonificación por servicios prestados, bonificación semestral, prima de navidad,
recargo nocturno ordinario, recargo nocturno dominical, horas extras diurna
ordinarias, horas extras nocturnas ordinarias, jomada ordinaria dominical y
compensatorio dominical y festivo.
Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia del 16 de
noviembre de 2017, confirmó parcialmente la decisión de primera instancia, al
desatar el recurso de apelación interpuesto por la UGPP.
Que la UGPP, por medio de Resolución RDP 036859 del 10 de septiembre de 2018 4
dio cumplimiento a la sentencia, reliquidando la pensión en la suma de $603.464,
efectiva a partir del 22 de febrero de 2003, con efectos fiscales a partir del 26 de
marzo de 2011.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
En la providencia del 16 de noviembre de 2017 5, el Tribunal Administrativo del
Cundinamarca modificó la decisión de primera instancia, en lo que respecta al monto
sobre el cual debían ser tenidos en cuenta los factores correspondientes a las
bonificaciones por servicios y semestrales, así como las primas de vacaciones y
navidad, al señalar que debían computarse en una doceava parte y no es su totalidad
y en lo que concierne a la fecha a partir de la cual debía contarse la prescripción de
las mesadas causadas.
Para sustentar su decisión, expuso los siguientes argumentos:
Que el demandante es beneficiario del régimen de transición establecido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque, a la entrada en vigencia de dicha norma
contaba con más 40 años de edad y con los 20 años de servicio, superando los
4 Pág. 385. Ibid.
5 Pág. 304. Ibid.
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requisitos exigidos por dicha normativa y por ende, al momento de efectuar la
liquidación, debió aplicarse lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, que establece que la
pensión debe reconocerse en una cuantía equivalente al 75% del promedio mensual
de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio y teniendo
en cuenta los factores señalados en el artículo 3 de dicha norma, modificado por el
artículo 1.° de la Ley 62 de 1985.
Que aunque la Corte Constitucional había sostenido que el IBL no es un aspecto
objeto de transición en el marco del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el Consejo
de Estado, en sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, estableció que, con
fundamento en los principios de favorabilidad, primacía de la realidad e igualdad
material, deben incluirse todos los factores salariales devengados en el último año
para el reconocimiento pensional, ya que lo contrario implicaría una regresividad en
los derechos sociales. Por tanto, se acogería dicho precedente, especialmente para
evitar una vulneración del derecho a la igualdad respecto de quienes ya han sido
beneficiados con esta interpretación.
Que el juzgado incluyó la totalidad de la prima de vacaciones, bonificación por
servicios, bonificación semestral y prima de navidad, a pesar de que dichos factores
debían ser considerados únicamente en una doceava parte, por tratarse de pagos
devengados de forma anual.
Que no se ordenó la inclusión del retroactivo del sueldo básico y del incremento por
antigüedad, pese a que se encontraban certificados por el empleador y al cual tenía
derecho el demandante, pero al ser la entidad demandada el único apelante no era
procedente modificar la decisión en virtud del principio de la no reformatio in pejus.
Que era procedente declarar la prescripción de las mesadas pensionales causadas
antes del 26 de marzo de 2011, como lo estableció el fallador de primera instancia,
al haberse efectuado el reconocimiento pensional en el 2003, radicarse la petición
de reliquidación el 26 de marzo de 2014 y presentarse la demanda el 16 de enero
de 2014.
Que no había lugar a indexar la primera mesada pensional, dado que, si bien entre
la fecha de retiro del servicio y la consolidación del estatus pensional transcurrió un
tiempo considerable, la entidad, al momento de efectuar el reconocimiento,
actualizó con base en el IPC el promedio de los factores salariales utilizados para
liquidar la pensión, lo que evitó una pérdida del poder adquisitivo.
Que, ello no obsta para que los factores que se ordena incluir en el IBL,
correspondientes al período comprendido entre el 31 de enero de 1993 y el 31 de
enero de 1994, deban actualizarse a valor presente hasta el 22 de febrero de 2003,
fecha en la cual se consolidó el estatus pensional, a fin de que, una vez ajustada la
base, se proceda a la correspondiente reliquidación de la pensión como
acertadamente consideró la primera instancia.
Que había lugar a condenar en costas en los términos del numeral 1.° del artículo
365 del Código General del Proceso.
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ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
La UGPP interpuso acción de revisión la cual sustentó con los siguientes
argumentos:
Que el señor Pedro Alonso Coy Laiton al estar cobijado por el régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho al reconocimiento
de la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto entendido
este último como la tasa de reemplazo, previstas por la Ley 33 de 1985. Que, no
obstante, el IBL se encuentra regulado en el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994, que modificó el artículo 6 del
Decreto 691 de 1994 por cuando le faltaban menos de 10 años para adquirir el
derecho de la pensión al momento en que entró en vigencia el sistema general de
pensiones.
Que la decisión de reconocer la reliquidación con la inclusión de todos los factores
devengados en el último año desconoce el precedente judicial establecido por la
Corte Constitucional 6 en torno a la interpretación que debe otorgársele al artículo 36
de la Ley 100 de 1993, que ha determinado que el ingreso base de liquidación no
es un elemento de la transición, el que constituye precedente interpretativo de
acatamiento obligatorio.
Que los emolumentos utilizados para calcular la mesada pensional deben seguir la
lista taxativa de los conceptos considerados como factores salariales en el Decreto
1158 de 1994 y por ello, para efectos del cálculo de la mesada pensional
únicamente se debía considerar los siguientes factores: asignación básica,
bonificación por servicios prestados, remuneración por trabajo dominical y festivo,
horas extras, jornada nocturna y trabajo suplementario.
Que al apartarse el juez de instancia de la interpretación de la Corte Constitucional
y del tenor literal de la norma vigente -artículo 36 inciso tercero de la ley 100 de
1993-, respecto a la aplicación del IBL para los beneficiarios del régimen de
transición, otorgó un derecho sin el cumplimiento de los requisitos legales,
lesionando gravemente el erario, pues le corresponde a la Nación asumir los
recursos para cubrir una prestación, los que son indispensables para la financiación
del Sistema General de Seguridad Social en pensiones.
Que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley,
porque la decisión desconoce el precedente judicial establecido por la Corte
Constitucional en torno al ingreso base de liquidación.
Contestación a la acción especial de revisión
La parte demandada contestó 7 oponiéndose a las pretensiones y argumentando
que el recurrente invoca la Sentencia C-258 de 2013 como fundamento para
6 Citó las sentencias C-168 de 1995, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU -210 de 2017, SU-395 de 2015, SU
631 de 2017, T-497 de 2017, T-661 de 2017, T-039 de 2018, T-034 de 2018, T-212 de 2018, T-018 de 2018, y
los autos 326 de 2014 y 229 de 2017.
7 Véase archivo digital «36_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACIONREVISIO(.pdf) NroActua
36» índice 00036 SAMAI.
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cuestionar la liquidación de la pensión, intentando aplicarla retroactivamente pese
a que el derecho pensional se adquirió el 22 de febrero de 2003 y fue reconocido el
4 de noviembre del mismo año; pretensión que desconoce el principio de
irretroactividad de la ley y los derechos adquiridos, como lo ha señalado
reiteradamente la Corte Constitucional.
Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca analizó cada uno de los
argumentos del recurrente, incluso los ya desestimados en una acción de tutela
previa, y concluyó acertadamente que el reconocimiento pensional se ajustó a la
normatividad vigente al momento de adquirir el derecho.
Que es improcedente afirmar que el pago realizado constituye un beneficio ilegal,
cuando proviene de una decisión judicial en firme.
Que cuenta con 77 años de edad y su pensión es el único sustento tras años de
servicio como celador, por lo que sus derechos fundamentales se verían vulnerados
si desconoce la naturaleza salarial y contributiva de los factores utilizados en la
liquidación, históricamente reconocidos por la jurisprudencia laboral, máxime
cuando el recurrente no desestimó los niveles conceptuales de los factores ni se
refiere a ellos expresamente.
Concepto del Ministerio Público
La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio en
esta oportunidad.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
La Subsección deberá determinar si, en la sentencia del Tribunal Administrativo del
Cundinamarca del 16 de noviembre de 2017, se configura la causal de revisión
alegada por la entidad demandante. En particular, si la orden de reliquidación de la
pensión de jubilación del señor Pedro Alonso Coy Laiton, que incluyó el 75% de
todos los factores salariales del último año de servicio, excedió la cuantía prevista
por la ley.
Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) la generalidad de la acción especial de
revisión, ii) la causal de revisión invocada; iii) los aspectos jurisprudenciales y
normativos sobre la pensión de jubilación y iv) se examinará el caso concreto.
Generalidades de la acción especial de revisión
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003, habilitó al Gobierno para que
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador
general de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
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pensiones 8 formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o
pensiones de cualquier naturaleza.
Conviene precisar que, esta acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Aunque es cierto que la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido
para el recurso extraordinario de revisión, al interior de la jurisdicción contenciosa
administrativa ha sido considerada como un mecanismo especial9 por al menos tres
razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación en quien
está habilitado para ejercer la acción.
En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...)
a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales
que se encuadren en dichas causales (…)»10. Frente a los motivos para interponer
el recurso se advierte que son aquellos establecidos taxativamente en los artículos
250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados
en el inciso primero de la norma pueden ejercer la acción.
Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira 11 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.
Causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
La exposición de motivos del proyecto de la Ley 797 de 2003, que estableció la
causal de revisión relativa a la liquidación de la pensión sobre una cuantía excesiva,
obedeció precisamente a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales
solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para
todos los ciudadanos […]» 12. De igual manera, se advierte que se manifestó en dicha
ocasión por parte del Gobierno Nacional y se estudió por parte del Congreso de la
8Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
9 Para tales efectos la providencia del Consejo de Estado del 27 de marzo de 2014, radicado núm. 11001 -03-
25-000-2012-00561-00 (2129-12), C.P: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: «es claro que las particularidades
de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad
propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los
mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el
proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el
patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]».
10 Ibid.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia
del 1° de agosto de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2016-02022-00. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
12 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222
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República la conveniencia de establecer un mecanismo para revisar las pensiones
irregularmente otorgadas o por montos que no establece la ley, con el fin de «[…]
afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios
que pueda sufrir la Nación […]»
Nótese que el principal objetivo del artículo 20 está dirigido a reducir el déficit fiscal
y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que permitiera la
revisión, entre otras, de aquellas prestaciones.
Aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación
La Ley 100 de 1993, en su artículo 36, consagró un régimen de transición en materia
pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban próximas a
adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que quedarían
derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles algunos de los
presupuestos para acceder a la pensión en condiciones particulares más favorables.
Para ser beneficiario del régimen de transición se requiere que, al 1.° de abril de
1994, la persona demuestre tener 35 años o más si son mujeres, 40 o más si son
hombres o 15 o más años de servicio cotizados, salvo que se tratara de un servidor
público del orden territorial a quien, por disposición del legislador, se le aplicarían
las normas de ese sistema «a más tardar el 30 de junio de 1995, en la fecha que
así lo determine la respectiva autoridad gubernamental»
En dicha norma se estableció que el IBL de las personas beneficiarias del régimen
de transición a quienes les falte menos de diez (10) años para adquirir el derecho a
la pensión, este se determinará con base en el promedio de lo devengado durante
el tiempo restante para alcanzar dicho derecho, o durante todo el tiempo cotizado
si este fuere superior, en ambos casos actualizado anualmente según la variación
del IPC, certificado por el DANE.
El artículo 36 citado dio lugar a diversas interpretaciones sobre qué debía
entenderse por ingreso base para liquidar las pensiones de los beneficiarios del
régimen de transición, para lo cual el Consejo de Estado consideró que este estaba
integrado al concepto monto regulado en el inciso segundo de la norma en comento.
De igual forma, en sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 13, esta
Corporación concluyó que «el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma
taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino
que los mismos estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de
otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación
de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en materia de seguridad
social».
Por lo anterior, el Consejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción
contenciosa administrativa aplicaba integralmente la norma pensional anterior a la
Ley 100, en favor de los beneficiarios del régimen de transición, con la inclusión de
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 4 de agosto de
2010. Exp: 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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todos los factores devengados por el interesado bajo el entendido de que
«constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el
empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los
principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad»
Por su parte, en sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-247 de 2016,
entre otras, la Corte Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
en el régimen especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto
en dicha normativa, considerando que el régimen de transición sólo incluye edad,
monto y tasa de reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en el régimen general de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
Esta situación implicó contradicción en cuanto a los precedentes aplicables, pues,
de un lado, el Consejo de Estado venía sosteniendo que el IBL lo constituían los
factores salariales devengados en el último año de acuerdo con la posición unificada
por la Sección Segunda en sentencia del 4 de agosto de 2010; mientras que la Corte
Constitucional indicó que aquel estaba constituido por los factores salariales
devengados en los últimos 10 años.
Ante esa disparidad de criterios, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación proferida el 28 de agosto de 2018, procedió a sentar jurisprudencia
frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para lo cual fijó unas
reglas y subreglas.
La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida
sentencia de unificación es:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de
1985».
En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las
pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en
los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante
los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE».
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones».
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Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 de la ley citada, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía
judicial y administrativa.
Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
Respecto de la causal invocada, la Sala observa que los argumentos de la acción
están orientados a demostrar la presunta afectación al patrimonio público derivada
de la orden judicial de reliquidación de la pensión del señor Pedro Alonso Coy, con
base en el 75 % de lo percibido en el último año de servicios.
Aunque la UGPP no establece no expresamente la diferencia monetaria existente
entre el monto sobre el cual fue reconocida la prestación periódica y aquel sobre el
que debió haber sido liquidada, del contenido de los hechos quinto 14 y decimosexto
de la demanda 15 puede inferirse en qué consiste dicha afectación. En efecto, al
comparar el valor de la mesada inicial con el resultado de la reliquidación ordenada
judicialmente, se evidencia un incremento aproximado del 12,89 %, lo cual permite
considerar cumplido el requisito de exposición razonada de la causal alegada,
habilitando así el análisis de fondo por parte de esta Corporación.
La Subsección advierte que no está en discusión la calidad de beneficiario del actor
al régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como
tampoco que, en su condición de empleado público, le es aplicable la Ley 33 de
1985 pues de hecho así fue reconocido en la acción cuando se señaló que:
«el señor PEDRO ALONSO COY LAITON [...] al 1° de abril de 1994, [...] contaba
con más de 40 años [por lo que] efectivamente es beneficiario del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 [y] [...] [su] derecho pensional
[...] se hallaría [..] regido por las disposiciones de la Ley 33 de 1985, en lo que
tiene que ver con la edad, el tiempo de servicio y el monto de la prestación»16.
El punto de controversia recae en el IBL que fue aplicado por el Tribunal, para lo
cual debe señalarse que el actor adquirió su estatus pensional en 2003 17 y el
proceso que había iniciado para obtener la reliquidación de su mesada pensional
fue fallado en segunda instancia el 16 de noviembre de 2017 - quedando
ejecutoriada el 4 de julio de 2018 18- cuando se encontraba vigente la jurisprudencia
14«La extinta Cajanal por medio de la Resolución No. 20926 de 4 de noviembre de 2003, reconoció una pensión
mensual vitalicia de jubilación a favor del señor PEDRO ALONSO COY LAITON de conformidad con la Ley 33
de 1985, efectuando la liquidación con el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio, es
decir, del periodo comprendido entre el 1 de Febrero de 1993 al 31 de enero de 1994, en cuantía de
$534.545,08, efectiva a partir del 22 de febrero de 2003, condicionado a demostrar retiro definitivo del
servicio» (negrillas para enfatizar).
15 «La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP dio cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección D, a través de la Resolución No. RDP 036859
de 10 de septiembre de 2018, y en consecuencia se reliquidó la pensión de vejez, del señor PEDRO ALONSO
COY LAITON, elevando la cuantía de la misma a la suma de $603.464 efectiva a partir del 22 de febrero de
2003, pero con efectos fiscales a partir del 26 de marzo de 2011» (negrillas de la Sala.
16 Páginas 4 y 8, índice 00003 del aplicativo SAMAI.
17 Cuando cumplió la edad de 55 años.
18 Folio 413, índice 00021 del aplicativo SAMAI.
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00592-00 (2841-2021)
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en especial la Sentencia de
Unificación del 4 de agosto de 2010, que estableció que a los beneficiarios del
régimen de transición les resultaban aplicables las reglas anteriores a la Ley 100 de
1993, incluida la determinación del IBL conforme al 75 % del promedio del último
año de servicios, con inclusión de todos los factores salariales devengados.
Por lo tanto, la definición de su caso particular tuvo lugar con anterioridad a la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, cuyas reglas no pueden aplicarse
retrospectivamente a decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada.
En ese sentido, era procedente que el Tribunal tuviera en cuenta los factores
salariales efectivamente devengados por la (el) demandante durante el último año
de servicios, comprendido entre el 31 de enero de 1993 y el 31 de enero de 1994.
Dentro de dicho periodo, se incluyeron los siguientes conceptos: sueldo básico y su
retroactivo; incrementos por antigüedad y su correspondiente retroactivo; prima de
vacaciones (más no las vacaciones, que acertadamente no fueron reconocidas);
bonificación por servicios; bonificaciones semestrales; prima de navidad, todos en
su respectiva doceava parte; así como recargos nocturnos ordinarios y dominicales,
horas extras diurnas y nocturnas, jornada ordinaria dominical y compensatorios por
domingos y festivos 19.
A partir de lo anterior, la Sala considera que el Tribunal actuó conforme al marco
jurisprudencial vigente al momento de la decisión. En ejercicio de su autonomía e
independencia judicial, aplicó el precedente fijado por el Consejo de Estado —
máximo órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa—, sustentando que
dicha postura era más acorde con los principios de igualdad material, favorabilidad
e inescindibilidad normativa. Por tanto, no se advierte una actuación arbitraria,
caprichosa o contraria a derecho, sino una decisión razonada y jurídicamente
fundamentada.
La UGPP argumenta también la causal invocada en el desconocimiento del
precedente jurisprudencial desarrollado por la Corte Constitucional, entre otras, en
las Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, en el sentido de establecer que el
IBL debió tomarse como aspecto ajeno a la transición y que sólo podrían incluirse
como factores de liquidación aquellos ingresos causados por el beneficiario, con
carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieran realizado las
cotizaciones respectivas.
La Sala observa, por un lado, que el supuesto fáctico establecido en la sentencia C-
258 de 2013 difiere del aplicable al demandado, puesto que allí se establecieron
diferentes pautas respecto al IBL para los beneficiarios del régimen especial de
congresistas y el caso particular no está sujeto a esta normativa especial. Además,
es de resaltar que si bien la Corte, a través de la providencia SU-230 de 2015,
estableció que su interpretación no se limitaba al régimen especial examinado bajo la
teoría del apartamiento judicial y en virtud de los principios de autonomía e
independencia judicial, el Tribunal estaba facultado para adoptar la interpretación
desarrollada por el Consejo de Estado.
Sobre lo anterior, se resalta que, si bien es cierto que a partir de la expedición de
19 Según certificados laborales emitidos por la Aeronáutica Civil en la pág. 26. Ibid.
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00592-00 (2841-2021)
los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, fueron reconocidos como elementos de
la transición, la edad, tiempo de servicios y monto y que de allí emergió un conflicto
entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, sobre el IBL, ante el cual, se
crearon dos líneas jurisprudenciales contrarias entre los dos órganos de cierre;
también lo es, que el juez natural de la causa, en el ejercicio de su autonomía e
independencia podía aplicar el derecho viviente de cualquiera, siempre y cuando
argumentara las razones por las cuales se apartaba del precedente emitido por una
de las dos corporaciones antes mencionadas, situación que se acreditó en el
expediente.
Además, en ningún momento, el recurrente expuso puntualmente irregularidades
que en el proceso llevaron a reconocer los factores o su inclusión de manera no
legal. Si en gracia discusión, la entidad hubiese precisado lo anterior, este cargo por
sí mismo resultaría insuficiente, pues no puede perderse de vista que la
jurisprudencia vigente que fue aplicada por el fallador le permitía reconocer los
factores discutidos para la liquidación de la pensión.
En consecuencia, no se demostró la trasgresión de las normas legales y
constitucionales alegadas por la UGPP, en tanto la reliquidación ordenada fue
reconocida con sustento en el criterio jurisprudencial vigente para la época en la
que se profirió la decisión, por lo que se declarará infundada la acción.
Condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 en el que se
indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los fundamentos esbozados por la recurrente en sus distintas intervenciones, no se
presenta una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas, por el contrario, en el escrito que contiene la acción especial de revisión se
expusieron argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses. En
consecuencia, no se impondrá condena en costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción de revisión interpuesta por la UGPP
contra la sentencia del dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó
parcialmente la sentencia del doce (12) de septiembre de dos mil dieciséis (2016),
proferida por el Juzgado Quince Administrativo de Bogotá, que accedió
parcialmente a las pretensiones, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
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Segundo. Sin condena en costas
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUEGUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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