Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00593-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2021-00593-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00593-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00593-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., cinco (05) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00593-00 (2843-2021) (AER)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandado: Fidelia del Carmen Figueroa Torres
Tema: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Presupuestos de configuración
Decisión: Declarar infundada la acción
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP en contra de la
sentencia de 31 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
13001 33 33 008 2014 00025 01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Proceso ordinario inicial2
2.1.1. La demanda
2. La señora Fidelia del Carmen Figueroa, por intermedio de apoderado, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA contra la UGPP, con el
objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:
1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 Índice 26 de la plataforma SAMAI. Archivo 01-13001333300820140002500 Cuaderno 1.pdf, página 3-16,
contenido en el archivo comprimido “025RECIBEMEMORIAL_ONEDRIVE12132024ZIP.zip”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00593-00 (2843-2021)
Demandante: UGPP
• La nulidad de las resoluciones RDP 47698 del 11 de octubre de 2013 y
RDP 53170 del 19 de noviembre de 2013, proferidas por la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP a través de las cuales se negó la solicitud de
reliquidación pensional de la señora Fidelia del Carmen Figueroa Torres y
el recurso que confirmó aquella decisión.
• A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) que se ordene a la
demandada a reliquidar la pensión de jubilación en los términos de la ley
33 de 1985; (ii) ordenar que la reliquidación se haga sobre la base del 75%
del promedio de los factores devengados durante el último año de
servicios, esto es, además de la asignación básica, horas extras, recargo
nocturno, bonificación por recreación y las doceavas partes de la primas
semestrales, de navidad, de vacaciones y la bonificación por servicios
prestados, y los demás que resulten probados dentro del proceso; (iii) el
reconocimiento de los reajustes legales sobre las mesadas pensionales
dejadas de percibir con la indexación correspondiente y iv) condenar a la
entidad demandada al pago de intereses moratorios, a partir de la
ejecutoria de la sentencia conforme al artículo 177 del CCA; v) se condene
en costas y agencias en derecho a la Unidad Administrativa de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.
3. Como fundamentos fácticos de la demanda, se relató que la Caja Nacional de
Previsión Social – CAJANAL, a través de resolución PAP 19087 del 13 de octubre
de 2010, le reconoció una pensión de vejez a la señora Fidelia del Carmen
Figueroa Torres en cuantía de $555.692, condicionada al retiro definitivo del
servicio oficial, lo que ocurrió el 7 de marzo de 2008.
4. Inconforme con la anterior decisión, solicitó la reliquidación pensional, la cual
fue resuelta por la UGPP a través de la resolución RDP 47698 del 11 de octubre
de 2013, que negó lo peticionado por la actora. Acto confirmado mediante
resolución RDP 53170 del 19 de noviembre de 2013.
5. En cuanto al concepto de violación, indicó que los actos demandados
desconocieron que su pensión de vejez debió liquidarse con el 75% de lo
devengado durante el último año de servicio, con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en dicho periodo, de conformidad con lo dispuesto en las
Leyes 33 y 62 de 1985, dado que cumple con los requisitos para ser beneficiaria
del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993.
835
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00593-00 (2843-2021)
Demandante: UGPP
2.1.2. Sentencia de primera instancia3
6. El Juzgado Octavo Oral Administrativo el Circuito de Cartagena, mediante
providencia de 26 de febrero de 2015, accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda.
7. Para tal efecto, señaló que la demandante, al momento de entrar en vigencia
la Ley 100 de 1993, tenía más de 35 años de edad, por lo que es merecedora del
régimen de transición de la mentada norma. En ese orden.
8. Indicó que el acto enjuiciado dejó de incluir factores salariales que fueron
efectivamente devengados por la señora Fidelia del Carmen Figueroa Torres.
Declaró la nulidad de los actos enjuiciados, y ordenó la reliquidación pensional
con el 75% del salario promedio de lo percibido durante el último año de servicio,
esto es además de la asignación básica: subsidio de transporte, prima de
alimentación bonificación por servicios, bonificación por antigüedad, prima de
vacaciones, prima semestral, prima de navidad y promedio recargo mensual, con
efectos fiscales a partir de 2 de octubre de 2010, dado la prescripción trienal.
9. Finalmente, ordenó el reajuste de acuerdo con el IPC y condenó en costas a
la parte vencida.
2.1.3. Sentencia objeto de revisión.4
10. El Tribunal Administrativo de Bolívar en sentencia del 31 de marzo de 2017,
confirmó parcialmente la providencia de primera instancia, con los siguientes
argumentos:
11. Señaló, que conforme la posición fijada por el Consejo de Estado en
sentencia de 4 de agosto de 2010, el régimen de transición debe aplicarse de
manera integral, no solo en cuanto a la edad y tiempo de servicios, sino también
respecto al monto y base de liquidación pensional.
12. Indicó que, conforme al acervo probatorio, la demandante, al momento de
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993-1° de abril de 1994-, contaba con más
de 40 años de edad, por lo que era beneficiaria del régimen de transición
3 Índice 26 de la plataforma SAMAI. Archivo 01-13001333300820140002500 Cuaderno 1.pdf, página 277-
291, contenido en el archivo comprimido “025RECIBEMEMORIAL_ONEDRIVE12132024ZIP.zip”.
4 Índice 26 de la plataforma SAMAI. Archivo “02-13001333300820140002500 Cuaderno 2.pdf”, página 38-
72, contenido en el archivo comprimido “025RECIBEMEMORIAL_ONEDRIVE12132024ZIP.zip”.
835
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00593-00 (2843-2021)
Demandante: UGPP
establecido en el artículo 36 de la citada Ley. En ese sentido, el IBL de su pensión
debió liquidarse de acuerdo con lo estipulado en el artículo 3.° de la Ley 33 de
1985, modificado por la Ley 62 de 1985, es decir, teniendo en cuenta todos los
factores que constituyen salario y que fueron devengados durante su último año
de servicio: asignación básica, prima de alimentación bonificación por servicio,
prima de antigüedad, prima de vacaciones, prima semestral y prima de navidad.
13. Rechazó el argumento de la entidad demandada respecto a la aplicación de
la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, pues determinó que fue
expedida después del reconocimiento pensional y no le era extensible al caso de
la demandante.
14. Consideró que no había ocurrido la prescripción, ya que la petición de
reliquidación pensional se realizó el 2 de octubre de 2013, es decir dentro de los
3 años posteriores al reconocimiento pensional, y en ese sentido modificó la
sentencia de primera instancia y condenó en costas a la parte demandada.
2.1.4. La acción especial de revisión5
15. La UGPP, invocó como causal de revisión la consagrada en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de
interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias
judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública y especialmente:
«[…] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables.»
16. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:
i) Revocar la sentencia expedida el 31 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo
de Bolívar dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho
instaurado por Fidelia del Carmen Figueroa Torres contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
• UGPP, radicado 13001 33 33 008 2014 00025 01 que confirmó parcialmente el fallo
de primera instancia dictado por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito
de Cartagena del 26 de febrero de 2015.
5 Índice 3 de la plataforma SAMAI. Archivo “3_DemandaWeb_Demanda-.pdf”
835
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00593-00 (2843-2021)
Demandante: UGPP
ii) Ordenar la reliquidación y pago de la mesada pensional de la señora Fidelia del
Carmen Figueroa Torres, de conformidad con el precedente jurisprudencial emitido
por la Corte Constitucional, de parte de esta corporación y de la normativa legal
dispuesta en la ley 100 de 1993.
iii) Ordenar a la señora Fidelia del Carmen Figueroa Torres, a reintegrar al recurrente,
los valores cancelados, por concepto de reliquidación de su pensión de vejez de las
sentencias aquí enjuiciadas que excedan el tope legal de la mesada pensional.
17. Para fundamentar la causal de revisión, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
sostuvo que, la señora Fidelia del Carmen Figueroa Torres no tiene derecho a
obtener la reliquidación en los términos ordenados, toda vez que aunque es
beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, su pensión debe liquidarse de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 3. °
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 21 de la misma ley, con los
factores de cotización establecidos taxativamente en el Decreto 1158 de 1994.
18. Estimó que, la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de
la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto
326 de 2014, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de
2017, SU- 631 de 2017, T-039 de 2018, T-034 de 2018, T-212 de 2018 y T-018
de 2018.
2.1.5. Contestación
19. La señora Fidelia del Carmen Figueroa Torre fue notificada personalmente
de la admisión de la acción especial de revisión el 6 de marzo de 2024, como se
advierte en el índice 22 del expediente digital disponible en Samai. Sin embargo,
no contestó el recurso impetrado en su contra.
2.1.6 El agente del ministerio público adscrito a esta dependencia, rindió
concepto, bajo los siguientes argumentos.
20. En síntesis, adujo que, no concurren los hechos ni la normativa aplicable al
caso concreto, en tanto las providencias censuradas fueron proferidas con
soporte fáctico y jurídico que hasta ese entonces era lo aplicable en esos casos,
fundamentándose en la sentencia del 4 de agosto de 2010, a través de la cual se
debía aplicar en su integridad las leyes 33 y 62 de 1985, así como los factores
salariales devengados durante su último año de servicio, en cuyo caso su
835
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00593-00 (2843-2021)
Demandante: UGPP
reconocimiento se hizo sin abuso del derecho. Por lo anterior, solicita se declare
infundado el recurso impetrado por la UGPP.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
21. De acuerdo con los artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797
de 2003, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019, esta Subsección es competente para conocer la acción de revisión
formulada en contra de la sentencia del 31 de marzo de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por Fidelia del Carmen Figueroa Torres
contra la UGPP.
3.2. Oportunidad
22. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20036, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:
«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado
deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del
Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de
la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de
este fallo [...]».
23. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:
6 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece
el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
835
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00593-00 (2843-2021)
Demandante: UGPP
«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado
a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».
24. En este caso, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó
oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 31
de marzo de 2017 por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar, ejecutoriada
el 2 de mayo de 2017, y el escrito de revisión se radicó en la Secretaría de la
Corporación el 3 de septiembre de 20217, es decir, en termino para impetrar la
acción especial de revisión.
3.3. Problema jurídico
25. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 31 de marzo de 2017,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, incurrió en la causal de
revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al condenar
a la UGPP, efectuar la reliquidación de la pensión de jubilación a favor de la
señora Fidelia del Carmen Figueroa Torres, con la inclusión de todos los factores
salariales percibidos en el último año de prestación de servicios.
26. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la
decisión judicial cuestionada.
3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
27. La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar una
providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se configuren, de manera
expresa, las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA8 (antes artículo
7 Índice 5 de la plataforma SAMAI. Archivo “9_ED_ACTAREPARTO.pdf”
8 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
835
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00593-00 (2843-2021)
Demandante: UGPP
188 del CCA), situación que es posible entenderse como una de las excepciones
al principio de la cosa juzgada9, aplicada exclusivamente a aquellas situaciones
«críticas» en las que a pesar de la presunción de legalidad que cobija a las
sentencias, ellas no pueden subsistir por el grave desconocimiento de los
principios fundamentales del proceso.
28. A propósito, la Sala ha reconocido que la existencia de estas causales son
una herramienta legal útil que persigue fortalecer el principio de la moralidad
administrativa y corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado
de forma fraudulenta y en exceso lo cual afecta los principios filosóficos que
orientan el Sistema General de Pensiones.
29. En ese sentido, se ha dicho que «el principal objetivo de la introducción de
las causales especiales para la acción era garantizarle a la administración que
pudiera insistir en un nuevo estudio de las pensiones reconocidas de forma
fraudulenta, de modo que pudiera evitar el pago de cantidades injustas que
afectaran gravemente al erario»10
3.5. En cuanto a la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
«b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
30. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente11 como un instrumento
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa 12 y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en
que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la
excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil quince
(2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez
Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020. Rad. Núm.
11001-03-25-000-2015-00234-00 (0436-2015).
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
12 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
835
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00593-00 (2843-2021)
Demandante: UGPP
afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones13,
en especial, el principio de solidaridad14 y equilibrio financiero.
31. Específicamente sobre la causal dispuesta en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, esta Corporación ha dicho lo siguiente:
«35. Visto el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de Fondos
de Naturaleza Pública; en especial cuando “[…] la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables […]”.
36. En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de
motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797, se observa
que ella obedeció a la necesidad “[…] de construir esquemas sociales
solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos
para todos los ciudadanos […]”. Así las cosas, entre los principales propósitos
de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos
permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya
cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.
37 Bajo ese entendido, esta Corporación 15ha determinado que esos requisitos
sustanciales o estructurales son los siguientes: i) que se trate de un derecho
debido de acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido; iii) y
que exista un exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho»16.
32. Frente a esta causal la apoderada de la UGPP estimó que no debió ordenarse
la reliquidación de la pensión de la señora Fidelia del Carmen Figueroa Torres,
toda vez que al ser beneficiaria del régimen de transición establecido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 debe acatarse lo dispuesto en el inciso 3. °
idem y los factores de cotización establecidos taxativamente en los Decretos
1158 de 1994 y en acatamiento de las sentencias de la Corte Constitucional, C-
168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto 326 de 2014, SU-427 de
13 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
14 Ratio o razón de ser de la seguridad social.
15 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de
Decisión, providencia de 6 de agosto de 2019, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; número único de
radicación: 1100103-15-000-2016-01280-00.
16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala
Quince de Decisión. Sentencia del 19 de julio de 2021. Rad. Núm. 11001-0315-000-2020-05008-00(REV).
835
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00593-00 (2843-2021)
Demandante: UGPP
2016, Auto 229 de 2017, SU-210 de 2017, SU 395 de 2017, SU- 631 de 2017 y
T-039 de 2018.
33. Para el análisis de esta causal, el juez debe determinar si los supuestos
fácticos y jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente encuadran dentro del
contenido en ella dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es dable evaluar
el fondo del asunto planteado.
34. La Sala observa que entre los planteamientos expuestos en la acción se
encuentra la afectación al patrimonio público, pues se indicó que existe un
aumento porcentual del 18.36% en el monto en que se reconoció la pensión de
la señora Fidelia del Carmen Figueroa Torres respecto del que debió liquidarse,
así como la proyección de los pagos adicionales que se realizarían conforme a
la orden judicial, considerando la expectativa de vida de la pensionada.
35. Teniendo en cuenta que se expuso de manera sucinta la presunta afectación
al patrimonio público, la parte accionante puede cuestionar la presunción de
veracidad que cobija la decisión deprecada, de ahí que se examinará, si en el
caso concreto, se configura la consecuencia procesal prevista en el precepto
normativo mencionado, esto es, si el quantum de la pensión desbordó el límite
legalmente establecido y si se dio por la indebida aplicación del precedente
jurisprudencial.
3.5.1. Caso concreto
36. Para la Sala, esta causal no se encuentra configurada en el presente asunto
por los siguientes motivos:
37. En primer lugar, es necesario precisar que en este caso no se discute que a
la señora Fidelia del Carmen Figueroa Torres le sea aplicable el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, tal como lo señaló la UGPP en la solicitud de
revisión y las providencias judiciales cuestionadas.
38. Revisado el expediente se observa que la señora Fidelia del Carmen
Figueroa Torres nació el 27 de noviembre de 1953 como lo indica la copia de la
cédula de ciudadanía.17
17Índice 26 de la plataforma SAMAI. Archivo 01-13001333300820140002500 Cuaderno 1.pdf, página 17,
contenido en el archivo comprimido “025RECIBEMEMORIAL_ONEDRIVE12132024ZIP.zip”..
835
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00593-00 (2843-2021)
Demandante: UGPP
39. Así mismo, se encuentra demostrado que laboró para la Empresa Social del
Estado Hospital San Judas de Simití desde el 12 de junio de 1984 hasta el 7 de
marzo de 2008,18 desempeñando como último cargo de operaria de servicios
generales.
40. De lo anterior se concluye que el 1.° de abril de 1994, fecha en la que entró
en vigencia la Ley 100 de 1993, la señora Fidelia del Carmen Figueroa Torres,
tenía 9 años de servicio, así como también 50 años de edad.
41. Adicionalmente la reliquidación de la pensión ordenada en las sentencias
objeto de revisión aplicó la cuantía prevista en el sistema pensional de la Ley 33
de 1985, en virtud del régimen de transición del que es beneficiaria la señora
Figueroa Torres, bajo los parámetros fijados por la jurisprudencia unificada de la
Sección Segunda del Consejo de Estado vigente para la época en que se definió
el proceso judicial, esto es con el 75% del promedio de los factores devengados
durante el último año de servicios - marzo de 2007 hasta marzo de 2008-: la
asignación básica, subsidio de transporte, prima de alimentación, bonificación por
servicio, bonificación por antigüedad, prima de vacaciones, prima semestral y
prima de navidad.
42. Tales factores fueron efectivamente devengados por la pensionada durante
el citado interregno, tal como se advierte al verificar la certificación de salarios
devengados expedido por la secretaria de salud departamental de la gobernación
de Bolívar de 21 de julio de 2014.19
43. Ahora bien, la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda el 4
de agosto de 2010 así se refirió al tema:
«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como
un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados
requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo
de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo
por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.
Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1° de abril
de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra dentro de las
previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
18 Índice 26 de la plataforma SAMAI. Archivo 01-13001333300820140002500 Cuaderno 1.pdf, página 122,
contenido en el archivo comprimido “025RECIBEMEMORIAL_ONEDRIVE12132024ZIP.zip”.
19 Índice 26 de la plataforma SAMAI. Archivo 01-13001333300820140002500 Cuaderno 1.pdf, página 122,
contenido en el archivo comprimido “025RECIBEMEMORIAL_ONEDRIVE12132024ZIP.zip”.
835
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00593-00 (2843-2021)
Demandante: UGPP
En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar los
requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión de
jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
[…]
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre
las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos
con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la
presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica
en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación
pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la
inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de
prestación de servicios.
Esta decisión coincide con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida por la Sección
Segunda de esta Corporación».
44. La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas
y subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente
vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales,
con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto
en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo
los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables».
45. La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de
transición fijada en la referida sentencia de unificación:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».
46. En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las
pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó
en los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
835
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00593-00 (2843-2021)
Demandante: UGPP
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.».
47. La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones.».
48. Es necesario indicar que, si bien es cierto, actualmente existe un criterio de
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 distinto al que existía en el
momento de decidir la controversia resuelta a través de la sentencia de 31 de
marzo de 2017, lo cierto es, que no se puede entender que el reconocimiento se
haya realizado con abuso del derecho, pues se señaló que se habría de adoptar
la liquidación con base en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985 de conformidad
con la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010.
49. En ese orden de ideas, se recuerda que la sentencia de 28 de agosto de 2018
señaló que las reglas allí contenidas solo se habrían de aplicar a asuntos
pendientes de resolver, y que no operan respecto de situaciones definidas que
hicieron tránsito a la cosa juzgada, tal y como ocurrió en este caso.20
50. Igualmente, en cuanto al presunto desconocimiento de las sentencias de la
Corte Constitucional C - 168 de 1995, C- 258 de 2013, SU - 230 de 2015, SU -
427 de 2016, SU - 395 de 2017 y SU - 631 de 2017, se advierte que, la sentencia
que se revisa, proferida el 31 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, si bien, expresó las razones que lo llevaron a no aplicar las prerrogativas
de la sentencia de la Corte C- 258 de 2013, lo cierto es que, justificó su decisión
acogiendo el precedente de esta Corporación establecido el 4 de agosto de 2010
y reiterado en sentencia de 25 de febrero de 2016 dictada en el proceso 4683-
2013.
51. Tal como lo señaló esta Corporación, el cambio jurisprudencial solo ocurrió,
cuando se profirió la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso
20 Al respecto, ver: sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicado:05001-23-33-000-2016-02626-01
(3138-2020)
835
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00593-00 (2843-2021)
Demandante: UGPP
Administrativo del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, dictada dentro
del proceso radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, con ponencia del
consejero César Palomino Cortés.
52. De acuerdo con el escenario descrito se colige que en este caso no se
configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
razón por la cual se declarará infundada la acción especial de revisión interpuesta
por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social - UGPP.
53. Finalmente, advierte la Sala que, si bien la UGPP manifestó que para calcular
el IBL del pensionado debieron atenderse las disposiciones contenidas en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores enlistados en
el Decreto 1158 de 1994, y en armonía con la jurisprudencia que la Corte
Constitucional ha desarrollado sobre el tema; lo cierto es que no expuso ningún
reparo frente a algún emolumento en particular.
54. A pesar de lo anterior, es necesario precisar que los factores salariales cuya
inclusión se ordenó en la sentencia revisada, se encuentran señalados en el
Decreto 1045 de 1978 y la Ley 62 de 1985.
3.6. Condena en costas
55. Dado que esta Sección21 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante,
se abstendrá de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto
controvertir providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como
ocurre en el presente asunto.
56. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
21 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
835
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00593-00 (2843-2021)
Demandante: UGPP
FALLA
PRIMERO. - DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión
interpuesta contra la sentencia de 31 de marzo de 2017, proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho 13001 33 33 008 2014 00025 01, que confirmó
parcialmente la sentencia de 26 de febrero de 2015 proferida por el Juzgado
Octavo Administrativo Oral de Cartagena, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido por Fidelia del Carmen Figueroa Torres
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, proceso radicado 13001 33 33 008
2014 00025 01, de conformidad con las razones expuestas.
SEGUNDO. -Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas.
TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
835
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.