Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00615-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00615-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00615-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00615-00 (2997-2021)
Demandante: Cenith Mireya Echávez Ospino y otros
Demandada: Procuraduría General de la Nación
Tema: Marco jurisprudencial aplicable al análisis de la actuación
sancionatoria disciplinaria. Nulidad de los actos administrativos
por falsa motivación y por violación al debido proceso. NIEGA
PRETENSIONES.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido por la señora Cenith Mireya Echávez
Ospino y otros1 en contra de la Procuraduría General de la Nación.
ANTECEDENTES
1. La señora Cenith Mireya Echávez Ospino instauró demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES2
2. Que se declare la nulidad de la decisión disciplinaria del 26 de febrero de 2020,
expedida por el procurador general de la Nación, mediante la cual fue sancionada
con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años; y de la
decisión mediante la cual se resolvió el recurso de reposición, expedida el 14 de
enero de 2021.
3. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se elimine el registro de la
sanción de sus antecedentes disciplinarios y se condene a la demandada al pago
1 Los señores: Israel Echávez Arévalo (padre), Alejandro Rodríguez Echávez (hijo), Osiris María Echávez Ariza
(hermana de padre), Ovis Mendoza Ospino (hermana de madre), Yonis María Mendoza Ospino (hermana de
madre), Mercedes María Peñaranda Ospino (hermana de madre), Deniris María Peñananda Ospino (hermana
de madre), Álvaro Enrique Peñaranda Ospino (hermano de madre), Mariluz Peñaranda Ospino (hermana de
madre), Margarita Josefina Peñaranda Ospino (hermana de madre) y Evelis María Peñaranda Ospino (hermana
de madre).
2 Según el texto de la demanda corregida (índice 00011 de SAMAI), conforme se ordenó en auto del 23 de
septiembre de 2021 (índice 00004 de SAMAI).
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de: (i) perjuicios materiales por (a) lucro cesante debido o consolidado, por lo que
dejó de percibir entre el 1 de enero de 2016 y el 14 de enero de 2021; (b) lucro
cesante futuro, representado en lo que dejará de percibir como servidora pública
durante los 10 años de inhabilidad general; y (c) daño emergente, por concepto de
lo que debió pagar como honorarios a los abogados que la representaron durante
la actuación disciplinaria; (ii) perjuicios morales: (a) en cuantía de 100 SMMLV para
cada demandante, por los sentimientos de congoja y dolor padecidos y por el trauma
psíquico, afectivo y emocional producidos por las circunstancias presentadas en su
núcleo familiar en razón de la imposición de la sanción; (b) por daño a la vida en
relación, en cuantía de 100 SMMLV para cada demandante; y (c) por daños al
proyecto de vida, en cuantía de 100 SMMLV.
HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5. Que la Contraloría General de la República remitió a la Procuraduría General
de la Nación un hallazgo fiscal, que daba cuenta de supuestos sobrecostos o
mayores valores pagados con ocasión del contrato nro. 340 del 2 de diciembre de
2012, cuyo objeto fue la suplementación y complementación alimentaria nutricional,
en la modalidad de paquetes nutricionales, para la recuperación de niños y niñas
desnutridos y/o en riesgo de desnutrición y de madres gestantes y lactantes, en el
municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar).
6. Con ocasión de dicho informe, se abrió una indagación preliminar, a la que fue
vinculada en su condición de secretaria de salud de La Jagua de Ibirico y se le
formuló cargo único por haber elaborado los estudios previos que sirvieron de base
para establecer el presupuesto oficial y adelantar la licitación pública 004 de 2012 y
posterior celebración del contrato nro. 340 de 2012; lo que se calificó como falta
disciplinaria gravísima, con fundamento en el artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002,
a título de culpa gravísima. La actuación concluyó con la imposición de la sanción
consistente en destitución e inhabilidad general por el término de 10 años.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
7. Constitución Política: artículos 2, 29 y 228; Ley 734 de 2002: artículo 143.
8. Considera que los actos demandados se encuentran viciados porque no se le
corrió traslado de los informes técnicos obrantes en la actuación disciplinaria, lo que
implicó que no se le brindara la oportunidad procesal para controvertirlos y, en ese
orden, ejercer su derecho de defensa y contradicción, pues la autoridad no puede
obviar etapas y mecanismos procesales en nombre de la celeridad, de manera que
la omisión en que se incurrió la privó de la posibilidad advertir errores graves en los
referidos informes, que podían resultar trascendentales para el análisis de su
responsabilidad.
9. Que en el trámite del proceso que adelantó la Contraloría General de la
República el sobrecosto en el contrato 340 de 2012 se cuantificó de manera
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definitiva en la suma de $2.384.954.878; no obstante, la imputación se realizó por
$4.512.964.458,88, con lo que no quedaba claro cuál era el verdadero monto y,
aunque dicho trámite resulta completamente independiente de la actuación
disciplinaria, no podía dejarse de lado que los documentos empleados por la
autoridad fiscal también fueron usados por los funcionarios de la Dirección de
Investigaciones Especiales (en adelante DNIE) para la elaboración de sus informes,
cuando sus diligencias debieron deslindarse de aquellas.
10. Agregó que los informes elaborados por la DNIE no se realizaron conforme
fueron requeridos por la autoridad, pues se había determinado que se verificara el
estudio de mercado, los precios obtenidos por la administración municipal y la oferta
presentada por el proponente; no obstante, el comisionado optó por hacer algo
distinto que consistió en tomar como base de su estudio una sola cotización, sin
tener en cuenta la dinámica del ejercicio realizado, con lo que se desdibujó el
objetivo del apoyo técnico solicitado, pues no fueron tenidas en cuenta las múltiples
variables que influyen en la construcción de un estudio de mercado para determinar
el valor de un contrato.
11. Que en el expediente disciplinario no obra prueba que lleve a la certeza de que
en el contrato 340 de 2012 se hubiese incurrido en un sobrecosto; de allí que en el
informe elaborado por los peritos privados no se hubiese podido estructurar tal
circunstancia, porque en el ejercicio por ellos desplegado sí se realizó trabajo de
campo para determinar el valor real de los bienes adquiridos.
12. Que la existencia de distintas cifras en las que se fundaba el presunto
sobrecosto implicaba que debía aplicarse el beneficio de la duda en su favor, pues
la autoridad solo tuvo en cuenta la prueba que de manera oficiosa ordenó para
imputarle cargos y que, por la forma como se elaboró el informe de la DNIE, llevaba
implícito el acervo probatorio recaudado por la Contraloría General de la República;
con lo que se dejó de lado el informe elaborado por los peritos privados, del cual no
se realizó ninguna valoración; suerte que también corrieron los testimonios
practicados, en los que se dio cuenta del origen del proyecto con fundamento en el
cual se celebró el contrato y que contemplaba unos costos indirectos que fueron los
que finalmente incidieron en su valor.
13. Considera que el contrato 340 de 2012 no podía analizarse como un simple
suministro, pues incluía un trabajo de recuperación nutricional, con actividades de
seguimiento y evaluación del programa; variables que no fueron tenidas en cuenta
en los múltiples estudios de mercado elaborados en el trámite disciplinario, en los
que se pasó por alto que los del contrato se realizaron en la vigencia 2012, sumado
a que no se indagó en establecimientos de comercio ubicados en la región, ni se
mantuvo una unidad de marca de los productos.
14. Que, además, no se tuvo en cuenta que los estudios previos fueron suscritos
por quien ocupaba el cargo de secretaria de salud para el 4 de julio de 2012; de
manera que al no haber elaborado tal documento, su comportamiento no resultó
antijurídico, ni desconoció los principios que le fueron endilgados, por lo que desde
ningún punto de vista resultaba admisible el correctivo impuesto.
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15. Agregó que la lesión al debido proceso provino también de haber dejado sin
resolver la solicitud de decretar y practicar su diligencia de versión libre, lo que se
fundamentó en que ya se había cerrado la etapa de investigación disciplinaria; no
obstante, luego de ocurrido ello, se expidió un acto mediante el cual se resolvieron
solicitudes de nulidad.
16. Que los actos se encuentran falsamente motivados, porque tuvieron como
sustento pruebas recaudadas por el órgano fiscal y fue esa misma autoridad la que
reconoció que en la cuantificación del sobrecosto no fueron tenidas en cuenta las
circunstancias de tiempo, modo y lugar y, en consecuencia, revocó la decisión de
declararla fiscalmente responsable.
ACTUACIONES PROCESALES
17. La demanda se admitió el 17 de enero de 20223. La Procuraduría General de
la Nación se opuso a las pretensiones, por considerar que desde que la demandante
fue vinculada a la indagación preliminar se le pusieron en conocimiento todos los
medios de prueba que soportaban la decisión y que se le comunicó en las diferentes
oportunidades sobre la incorporación de los informes técnicos y, en general, el
decreto y práctica de las diferentes pruebas.
18. Que quien ejerció su defensa en el trámite disciplinario formuló una solicitud
de nulidad de lo actuado a partir del auto del 12 de agosto de 2016, mediante el cual
se le corrió el traslado del primer informe técnico, escrito en el cual también solicitó
que su defendida fuera escuchada en diligencia de versión libre. En respuesta, se
negó la petición de nulidad, se aclaró que el informe de la DNIE no era una prueba
pericial, sino un apoyo técnico y se aclaró que en cualquier estado de la actuación
la disciplinada podía rendir su versión de los hechos.
19. Agregó que la demandante fue debidamente notificada de todos los informes
que elaboró la DNIE y que ello se podía verificar al analizar el expediente
disciplinario. Que en reiteradas ocasiones se aclaró el alcance de la versión libre y
la posibilidad de rendirla en cualquier momento.
20. En cuanto al cargo de nulidad por falsa motivación, dijo que en la decisión
disciplinaria se explicó que tanto los informes técnicos de la Contraloría General de
la República como los provenientes de la DNIE daban cuenta de la existencia de
sobrecostos, que tenían su origen en los estudios previos (precios de mercado y
valoración de costos indirectos) elaborados por la secretaria de salud y avalados
por el alcalde municipal; y se dijo que si no había coincidencia entre ambos
informes, tenía que ver con la metodología empleada y los criterios analizados, lo
que no implicaba la configuración de una duda que debiera resolverse en favor de
la investigada, «pues por el contrario ambos son unánimes en cuanto a un
sobrecosto que supera los tres mil millones de pesos, lo que generó en la PGN la
certeza absoluta respecto de la presencia de un mayor valor pagado en el contrato
cuestionado».
3 Véase índice 00014 de SAMAI.
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21. Que también se valoró el peritaje privado, para lo cual la autoridad lo puso en
conocimiento de la DNIE, quien concluyó que en aquel se tomaron precios presentes
para retornarlos a sumas de la vigencia 2012, mediante la deflación de sus valores,
lo que generaba una fluctuación que encubría el verdadero costo de los bienes
adquiridos.
22. Que los costos indirectos también fueron objeto de pronunciamiento y se
determinó que estos no contaban con sustento real y verificable para llegar a la
fijación exacta de su valor, de manera que en los informes técnicos se empleó el
porcentaje del 23% que la administración municipal fijó por dicho concepto y, aún
así, se concluyó que la cuantía del contrato presentó una sobrevaloración del
35.74%.
23. Afirmó que en el trámite disciplinario se resolvieron los reparos relacionados
con la metodología empleada en los informes técnicos, el origen del proyecto que
motivó la suscripción del contrato y el momento de la actividad precontractual en el
cual participó la demandante, quien elaboró y suscribió el estudio de mercado del
22 de mayo de 2012 y el ajuste al estudio previo del 22 de octubre de 2012, lo que
daba cuenta de que la señora Echávez Ospino «fue la encargada de culminar la
elaboración de los estudios previos, por lo que debió acatar lo estatuido por el
numeral 4° del artículo 2.2.1. del Decreto 734 de 2012 (…)».
24. Que, en suma, en la actuación disciplinaria no se desconoció el debido
proceso y los medios de prueba fueron valorados de manera integral y con estricto
apego a la sana crítica. Destacó que a la demandante le corresponde la carga de
probar que los actos sancionatorios incurrieron en las causales de nulidad
invocadas, así como la causación de los perjuicios que reclama4.
25. Por auto del 8 de abril del 2022 se negó el decreto de la medida cautelar de
suspensión provisional de los actos demandados5. El 6 de septiembre de 2023 se
celebró audiencia inicial, en la cual se fijó el litigio, se agotó la conciliación y se
resolvió sobre el decreto de pruebas documentales y testimoniales6. El 1 de
noviembre de 2023 se recibieron las declaraciones solicitadas por la demandante 7.
Se continuó con la audiencia de pruebas el 17 de enero de 20248 y el 21 de febrero
del mismo año9; en esta última oportunidad, se corrió traslado a las partes para que
alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara su concepto.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
26. La demandante10 reiteró que los actos que le impusieron el correctivo
disciplinario fueron irregularmente expedidos, pues a lo largo del trámite
sancionatorio se insistió en sendos errores en los que la demandada incurrió y que
viciaron las decisiones: (i) que carecía de competencia respecto del alcalde de La
Jagua de Ibirico, por mandato de la Convención Americana de Derechos Humanos
4 Véase índice 00031 de SAMAI.
5 Véase índice 00027 de SAMAI.
6 Véase índice 00050 de SAMAI.
7 Véase índice 00058 de SAMAI.
8 Véase índice 00063 de SAMAI.
9 Véase índice 00070 de SAMAI.
10 Véase índice 00073 de SAMAI.
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y (ii) que se lesionó el derecho de defensa, porque los informes de la DNIE se
fundaron en cotizaciones que no correspondían a la realidad; e inclusive, por los
mismos hechos, fue exonerada por la Contraloría General de la República en grado
de consulta.
27. Insistió en que los actos están viciados por falsa motivación, pues la autoridad
no contaba con ninguna prueba que la condujera a la certeza respecto de su
responsabilidad, máxime si se tiene en cuenta que los estudios previos fueron
elaborados por quien de manera previa se desempeñó como secretaria de salud; lo
que da cuenta de que la autoridad no actuó en la búsqueda de la verdad material.
28. Dijo que las pruebas testimoniales daban cuenta de las afectaciones
económicas y emocionales padecidas como consecuencia de la imposición del
correctivo disciplinario que de manera arbitraria se le impuso.
29. La demandada11 expresó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional es
reiterada y consolidada en punto a su competencia para investigar y sancionar
disciplinariamente a todos los servidores públicos, incluso los elegidos
popularmente y que la actuación se llevó a instancias del procurador general de la
Nación porque uno de los servidores investigados, señor Didier Lobo Chinchilla, fue
elegido como senador de la República.
30. Que la actuación se sujetó a la normativa aplicable y a los sujetos procesales
se les corrió traslado de las distintas diligencias. La demandante contó con la
representación de sus apoderados de confianza, quienes ejercieron el derecho de
defensa y contradicción.
31. Concluyó que las decisiones no están falsamente motivadas, pues la autoridad
llegó a la certeza sobre la ocurrencia del comportamiento reprochado tras analizar
de manera integral los medios de prueba. Tampoco se incurrió en desviación de
poder, porque la actuación de ciñó a las etapas procesales dispuestas en la ley, lo
que también descarta la configuración de la expedición irregular del acto.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
32. El procurador delegado de Intervención 8, Tercero ante el Consejo de Estado
presentó concepto en el cual solicitó negar las pretensiones12.
33. Dijo que las diferencias aritméticas entre los informes elaborados por la DNIE
y por la Contraloría General de la República no derivaban en una duda que debiera
resolverse en favor de la disciplinada, pues en ambos casos se concluyó que
existían sobrecostos en el contrato 340 de 2012 y que, en todo caso, la razón de
fondo del reproche tiene que ver con las altas sobrevaloraciones de los productos
adquiridos, sin ninguna justificación.
34. Que del informe elaborado por los peritos privados la autoridad encontró, en
apoyo con la DNIE, que estos simplemente tomaron precios presentes y los
11 Véase índice 00068 de SAMAI.
12 Véase índice 00072 de SAMAI.
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deflactaron, lo que permitía encubrir en sobrecosto, sumado a que desglosaron los
costos indirectos, pese a que tal detalle no existía en los documentos y estudios
previos elaborados por los funcionarios de La Jagua de Ibirico. Que, inclusive, no
resulta correcto afirmar que la DNIE no tuvo en cuenta los costos indirectos, pues
precisamente a raíz de su falta de sustento se tomó como cierto el porcentaje
definido por la administración.
35. Agregó que la demandante se limitó a afirmar que no le permitieron ejercer su
derecho de defensa, lo que se desvirtúa al analizar el expediente disciplinario,
donde reposan las constancias de comunicación y notificación de todas las
actuaciones.
36. Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
37. Corresponde a la sala determinar si en la expedición de los actos demandado
se desconoció el debido proceso, en virtud del recaudo y valoración de los medios
de prueba; o si las decisiones cuestionadas se encuentran viciadas por falsa
motivación, en lo que corresponde a las circunstancias que la demandada tuvo por
acreditadas para imputar responsabilidad a la demandante.
38. Con tal propósito, la sentencia se referirá al marco jurisprudencial aplicable al
análisis de la actuación sancionatoria disciplinaria, a las causales de nulidad
invocadas y abordará el caso concreto.
Marco jurisprudencial aplicable al análisis de la actuación disciplinaria
39. La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.
40. De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y
procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido
proceso y a la defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido
pacífica la posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional
de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.
41. Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del
juez de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba
el demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias13.
13 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes
Moreno.
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42. Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en
que la demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el
concepto de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental
de aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo
que se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»14.
43. Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se
unificó jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral» por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»15, y se indicó además que:
i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial» respecto
de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de
cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley,
de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria,
es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que
lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino
también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.
44. En ese orden, y como el examen de legalidad de la actividad administrativa
disciplinaria no es un juicio de corrección sino de validez, el estudio integral de los
actos disciplinarios cuestionados en esta controversia se hará dentro del marco
planteado en la sentencia previamente comentada.
Causales de nulidad de los actos administrativos
45. Los actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados
nulos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción, desde
luego, parte del cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su
expedición, relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la
que versa, la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el
cumplimiento de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas
que regulen la materia de que trate.
14 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp.
2060-2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B.
Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.
1210-11. C.P. William Hernández Gómez.
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46. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, es posible
perseguir la declaratoria de su nulidad, cuando se advierte que i) se ha expedido
con infracción de las normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin
competencia; iii) en forma irregular; iv) con desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa, v) mediante falsa motivación o vi) con desviación de las
atribuciones propias de quien lo profirió16. Adicionalmente, por vía jurisprudencial se
ha desarrollado la tesis según la cual la nulidad de un acto también puede
perseguirse por desconocimiento del debido proceso, concretado en los defectos
formales y sustanciales que inciden en su formación.
47. De las enlistadas, interesan al caso concreto la violación al debido proceso y
la falsa motivación, pues la demandante señaló que la práctica de algunas pruebas,
concretamente, de los informes elaborados por la DNIE, no le fue comunicada ni fue
decretada la ampliación de su versión libre; además, las decisiones sancionatorias
se fundaron en aspectos que no se acreditaron en debida forma, como la
responsabilidad de la señora Echávez Ospino en la elaboración de los estudios
previos y la existencia de sobrecostos en el contrato 340 de 2012.
Nulidad del acto administrativo por violación al debido proceso
48. El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se
aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias
de cada juicio.
49. En virtud de lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad por
desconocimiento de esta garantía, se examinan elementos formales y sustanciales
en la formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra
el artículo 29 constitucional.
50. Su respeto tiene que ver entonces, con la concreción de por lo menos estos
elementos: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se adelante por el
competente, (ii) permitiendo la participación activa de todos los interesados; (iii) que
estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan dilaciones
injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y controvertir
pruebas; (vi) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida forma y
que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas 17; b) en
sentido sustancial, (vi) que la autoridad aplique el principio de favorabilidad siempre
que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la actuación el investigado se
16 Estas causales se desarrollan en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011, que regulan los medios de
control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho. En vigencia del Decreto 01 de 1984, los artículos
84 y 85 regulaban las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho. La primera, «[p]rocederá
no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando
hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió»; la segunda, para que «[t]oda persona que
se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del
acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma
acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que
pagó indebidamente».
17 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Radicado 05001-23-31-000-2000-
02324-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00615-00 (2997-2021)
presuma inocente.
51. La Corte Constitucional ha señalado que la vulneración sustancial del derecho
al debido proceso18 puede predicarse tanto de las providencias judiciales como de
los actos administrativos y que esta se concreta en los distintos defectos
identificados por la jurisprudencia constitucional: (i) orgánico (falta de competencia
de la autoridad que lo expide); (ii) procedimental absoluto (la actuación se adelantó
al margen del procedimiento); (iii) fáctico (absoluto desconocimiento de lo probado
en el trámite); (iv) material o sustantivo (la autoridad aplicó normas inexistentes,
inconstitucionales, ilegales o que no resultaban aplicables al caso concreto o que
se interpretaron de una manera irrazonable) (v) error inducido o vía de hecho por
consecuencia (se adoptó una decisión contraria a derecho por causa de la actuación
engañosa de un tercero); (vi) falta de motivación (el acto no expresó las razones
fácticas y jurídicas que lo fundamentaban); (vii) desconocimiento del precedente
constitucional vinculante; y (viii) violación directa de la Constitución19.
52. En todos los supuestos de desconocimiento del debido proceso subyace la
aplicación de los principios estructurales de la actividad sancionatoria, en especial,
el in dubio pro disciplinado, que materializa la idea según la cual toda duda que surja
en la actuación disciplinaria debe resolverse en favor del servidor implicado; lo que,
a su vez, es consecuencia de que la carga probatoria en los procedimientos de esta
naturaleza le corresponda al Estado.
53. En especial, el defecto fáctico –que se configura cuando se valora una prueba
de manera irracional o caprichosa, se analizan medios de prueba que se debieron
omitir o se desconocen las reglas de la sana crítica20– puede llevar al operador
disciplinario a la expedición de actos administrativos sin el cumplimiento del
presupuesto procedimental para la imposición de una sanción: la certeza, más allá
de toda duda razonable, de la existencia de la falta disciplinaria y de la
responsabilidad del investigado.
54. Lo anterior se encuentra directamente relacionado con la presunción de
inocencia, arista del derecho al debido proceso según la cual «[t]oda persona se
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable»21 y de
la que hace eco la normativa disciplinaria aplicable al demandante, pues el artículo
9 de la Ley 734 de 2002 dispone que «[a] quien se atribuya una falta disciplinaria se
18 Cabe destacar que esta Corporación ha precisado que la irregularidad que vicia el acto administrativo es la
sustancial, en línea con lo señalado por la Corte Constitucional: «Una irregularidad acaecida en el curso de un
procedimiento administrativo se considera como sustancial, cuando incide en la decisión de fondo que culmina
con la actuación administrativa, contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir, que de no
haber existido tal irregularidad, el acto administrativo que define la situación jurídica debatida hubiese tenido un
sentido sustancialmente diferente. Por el contrario las irregularidades o vicios, que no afectan el fondo del asunto
discutido, esto es, que de no haber ocurrido, la decisión definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la
relevancia para generar la nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso
administrativo, es decir, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos» Cfr. Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-
02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
19 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Sentencia T-076
de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, analizados como causales específicas de la acción de tutela contra
providencias, cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
20 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
21 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-289 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En relación con la
presunción de inocencia, señaló: «[s]ignifica que cualquier persona es inicial y esencialmente inocente,
partiendo del supuesto de que sólo se puede declarar responsable al acusado al término de un proceso en el
que deba estar rodeado de las plenas garantías procesales y se le haya demostrado su culpabilidad».
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presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.
Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado
cuando no haya modo de eliminarla», en tanto el artículo 142 de la Ley 734 de 2002
señala que «[n]o se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso
prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la
responsabilidad del investigado».
55. En otras palabras: en materia sancionatoria disciplinaria la presunción de
inocencia tiene influencia directa en la carga de la prueba e impacta el principio in
dubio pro disciplinado, pues corresponde a quien ostenta el poder punitivo
encaminar su despliegue probatorio a desvirtuar la presunción y si, examinadas las
pruebas existen dudas sobre la responsabilidad, la decisión solo puede ser
absolutoria22.
Nulidad del acto administrativo por falsa motivación
56. La falsa motivación tiene lugar cuando las razones que se plasman en la
fundamentación de un acto administrativo resultan contrarias a la realidad fáctica o
jurídica, sobre la cual, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que guarda
estrecha relación con el principio de legalidad de los actos y con el control de los
hechos determinantes de la decisión administrativa23.
57. En esa misma línea, se ha precisado que la prosperidad de la pretensión de
nulidad, cuando se invoca esta causal, es necesaria la concurrencia de tres
elementos:
«(…) (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente,
pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b)
la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente
por la administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del
demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente
motivado»24.
58. El último elemento en cita puede demostrarse con la acreditación de una de
dos circunstancias: i) que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la
actuación administrativa; o ii) que la autoridad no tuvo en cuenta hechos que sí
estaban probados y que, de haberse considerado, habrían conducido a una decisión
22 Sobre el alcance de la presunción de inocencia, cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-289-2012. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto: «La presunción de inocencia ‘se constituye en regla básica sobre la carga de la
prueba’ de acuerdo con la cual ‘corresponde siempre a la organización estatal la carga de probar que una
persona es responsable de un delito (…) lo que se conoce como principio onus probandi incumbit actori. La
actividad probatoria que despliegue el organismo investigador debe entonces encaminarse a destruir la
presunción de inocencia de que goza el acusado, a producir una prueba que respete las exigencias legales para
su producción, de manera suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a la experiencia y la sana crítica.
Así pues, no le incumbe al acusado desplegar ninguna actividad a fin de demostrar su inocencia, lo que
conduciría a exigirle la demostración de un hecho negativo, pues por el contrario es el acusador el que debe
demostrarle su culpabilidad’».
23 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-
00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
24 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Radicado 52001-
23-33-000-2015-00155-01 (3093-16). C.P. William Hernández Gómez.
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sustancialmente diferente25.
Caso concreto
59. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria 26, la Sala destaca que:
• El 18 de septiembre de 2015 la Procuraduría Provincial de Valledupar ordenó la apertura
de una indagación preliminar en contra de funcionarios por establecer, con fundamento
en una nota de prensa del 25 de agosto de ese año, en la cual se relataba que en el
municipio de La Jagua de Ibirico se detectó un sobrecosto en los elementos que
conformaron los paquetes nutricionales del contrato nro. 340 de 2012. A ello se sumó
el traslado del hallazgo nro. 36, del informe de auditoría nro. 12 de 2015 de la Contraloría
General de la República, en el cual se advirtió que con el referido contrato se habría
generado un detrimento patrimonial por la suma de $3.026.858.493,76, lo que al parecer
daba cuenta de la inexistencia de planeación en la contratación estatal27.
• Por auto del 29 de enero de 2016 la señora Cenith Mireya Echávez Ospino fue vinculada
a la actuación, junto con otros funcionarios, tras advertir que, en su calidad de secretaria
de salud de La Jagua de Ibirico, participó en la elaboración de la planeación de los
estudios previos que dieron origen al contrato nro. 340 de 201228.
• El 17 de marzo de 2016 la actuación disciplinaria se remitió por competencia a la
Procuraduría Delegada para la Moralidad Administrativa, pues el procurador general de
la Nación, en Resolución nro. 150 del 8 de marzo de 2016 reasignó su conocimiento a
dicho despacho29.
• Por auto del 30 de junio de 2016 la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública
abrió investigación disciplinaria en contra de la demandante, en el marco de la cual
ordenó el apoyo técnico de la DNIE para la realización de un informe técnico con el fin
de verificar el estudio de mercado y precios realizado por la administración municipal de
La Jagua de Ibirico que sustentó el valor total del contrato de suministro 340 de 2012, a
través de sus diferentes componentes y costos, así como en la oferta presentada por el
proponente, y determinar si se presentaron sobrecostos en su estimación30.
• El 23 de julio de 2018 la actuación fue remitida por competencia al despacho del
procurador general de la Nación, tras considerar que uno de los investigados, el señor
Didier Lobo Chinchilla, fue elegido como senador de la República en los comicios del
11 de marzo de 201831.
• El 18 de septiembre de 2018 se formuló a la señora Cenith Mireya Echávez Ospino el
siguiente cargo:
«En su condición de Secretaria (sic) de Salud (sic) del municipio de La Jagua de
Ibirico (Cesar), participó en la etapa precontractual, al elaborar los estudios previos
que sirvieron para establecer el presupuesto oficial y adelantar la licitación pública
004 de 2012 y la posterior celebración el contrato 340 del 3 de diciembre de 2012,
con aparentes sobrecostos que fueron estimados por la Dirección Nacional de
25 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-
00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
26 Visible en los índices 00083 y 00084 de SAMAI.
27 Véanse páginas 32 a 34 del archivo «Cuaderno No 1 folios 1 a 205».
28 Véanse páginas 217-218 del archivo «Cuaderno No 1 folios 1 a 205».
29 Véanse páginas 263 a 265 del archivo «Cuaderno No 1 folios 1 a 205».
30 Véanse páginas 166 a 2010 del archivo «Cuaderno No2 folios 254 a 429».
31 Véanse páginas 552 a 554 del archivo «Cuaderno No5 Folios 934 a 1317».
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Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación en
$3.919’048.122,60. De esta manera pudo vulnerar el principio constitucional y legal
de economía, según lo preceptuado por el artículo 209 de la Constitución Política y
el numeral 4° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. Del mismo modo, el principio
legal de responsabilidad, en consonancia con lo regulado por los numerales 2° y 4°
del artículo 26 ídem.
Con el comportamiento antes descrito, la investigada pudo incurrir en la realización
de la falta gravísima consagrada en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 724 de
2022, pues participó en la etapa precontractual con posible detrimento del
patrimonio público y aparente vulneración del principio constitucional y legal de
economía, que rige la función administrativa y la contratación estatal, y el principio
legal de responsabilidad, correspondientemente».
Como se indicó, el comportamiento se adecuó típicamente a la falta gravísima del
artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002. En cuanto a la forma subjetiva de responsabilidad,
se determinó provisionalmente como culpa gravísima por desatención elemental,
porque al parecer la funcionaria no hizo lo que resultaba obvio e imprescindible hacer,
pues luego de adelantar estudios previos y supuestamente realizar un sondeo a nivel
regional para definir el valor de los artículos a adquirir, fijó un valor que al parecer supera
los costos en el mercado local, lo que supone una vulneración sustancial del principio
de economía32.
• El 26 de febrero de 2020 el procurador general de la Nación expidió la decisión
disciplinaria de única instancia. En esta se ratificó la calificación de la falta y de la forma
de culpabilidad, tras descartar los argumentos planteados por la defensa de la señora
Echávez Ospino. En consecuencia, fue sancionada con destitución e inhabilidad
general por el término de diez (10) años.
Se indicó que no se reprochaba el origen ni la finalidad del contrato celebrado y, en ese
orden, el cuestionamiento se dirigía a que su celebración se fundó en un estudio de
mercado con sobrecostos. Se aclaró que si bien la DNIE y la Contraloría partieron del
mismo supuesto, esto no implicaba que el resultado obtenido por ambas debiera ser el
mismo, pues la metodología empleada por ambas entidades fue distinta. Además, las
diferencias en las cifras encontradas por ambas autoridades en modo alguno
estructuraban una duda que debiera resolverse en su favor; todo lo contrario, brindaban
la certeza respecto de un sobrecosto que superó los tres mil millones de pesos y, en
ese sentido, son unánimes en concluir que hubo sobrevaloración de los paquetes
nutricionales.
Que el informe elaborado por la DNIE fue objeto de varias aclaraciones solicitadas por
los defensores de confianza de los investigados y, en las declaraciones de los
funcionaros que lo elaboraron, se aclararon las razones técnicas para emplear la
cotización realizada por almacenes Olímpica, que correspondía a una de las empleadas
por la Contraloría General, por traer los valores de los productos para el año 2012.
Precisó que el informe privado no fue omitido, pues la DNIE lo estudió y concluyó que
los peritos «tomaron precios presentes para retornarlos a precios del 2012 mediante
una deflación de sus valores, lo que genera una fluctuación que encubre el verdadero
sobrecostos de los bienes adquiridos». Además, no era posible desglosar los costos
indirectos, como lo pretendieron hacer los peritos, pues «en los documentos previos, en
el contrato y en la propuesta, no están discriminados ni aparecen soportados los
estudios que sirvieron de base para calcularlos por parte de la alcaldía municipal de La
32 Véanse páginas 2 a 63 del archivo «Cuaderno No6 folios 1372 a 1641». La formulación de cargos de la
demandante, en las páginas 41 a 60.
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Jagua de Ibirico».
Que si bien los recursos para la ejecución del contrato provenían de regalías y se obtuvo
un aval del Departamento Nacional de Planeación en el presupuesto estimado, esto no
podía considerarse un estudio de legalidad, justamente porque los documentos que se
presentaron a dicha entidad para obtener su aprobación resultaron objeto de
cuestionamiento en el trámite disciplinario, lo que implica que inclusive se pudo tratar
de una inducción al error a la autoridad nacional.
Que, en suma, la investigada participó en la etapa precontractual del contrato 340 de
2012, pues ella, en su condición de secretaria de salud, elaboró y suscribió el «estudio
de mercado» y el documento denominado «ajuste estudio previo tendiente a valorar el
alcance de una necesidad requerida por el municipio de La Jagua de Ibirico», que no
cuentan con la claridad y objetividad necesarias, pues inclusive se estableció un 23%
adicional al valor de los productos como costos indirectos, carga tributaria y proyección
de precios 2013-2014 sin ningún soporte33.
• La decisión fue confirmada al resolver el recurso de reposición, por auto del 14 de enero
de 2021. En esta ocasión se indicó que el comportamiento reprochado a la investigada,
conforme al cargo que se le formuló, tuvo que ver con el estudio de mercado y el estudio
previo definitivo, que se elaboraron para adelantar la licitación pública 004 de 2012, en
virtud de la cual se celebró el contrato de suministro nro. 340 de ese año. Que, en ese
sentido, no era cierto, como lo sostenía en su recurso, que la hubiesen sancionado por
una conducta que no cometió, pues los medios de prueba otorgaban el grado de certeza
requerido en torno a la forma en que se concretó su participación en la etapa
precontractual.
Que en la decisión objeto de recurso quedó clara la forma en que ocupó el cargo de
secretaria de salud: (i) desde el 15 de febrero hasta el 23 de mayo de 2012, en encargo,
en virtud de la licencia de maternidad de la titular; y (ii) desde el 11 de septiembre de
2012 hasta el 5 de octubre de 2015 (fecha de expedición de la certificación por parte
del área de talento humano) como titular del despacho; durante el primer periodo
elaboró los estudios de mercado; en el segundo realizó los ajustes a los estudios
previos, que se convertirían en el documento definitivo para el procedimiento que
concluyó con la celebración del contrato 340 de 2012. En ambos documentos se
plasmaron las insuficiencias determinadas por la DNIE, lo que permitía concluir que se
incurrió en la falta disciplinaria endilgada34.
60. Para la demandante, la decisión de sancionarla fue expedida con falsa
motivación porque fue responsabilizada por un comportamiento que no ejecutó y
con fundamento en medios de prueba que resultaban contrarios a la realidad. Que,
se desconoció su debido proceso, pues no le fueron puestos en conocimiento los
informes elaborados por la DNIE, ni fue decretada la ampliación de su versión libre.
61. Respecto de la primera cuestión, cabe recordar que a la señora Echávez
Ospino se le imputó la falta disciplinaria gravísima prescrita en el numeral 31 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002, esto es, «[p]articipar en la etapa precontractual o
en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con
desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función
33 Véanse páginas 142 a 203 del archivo «Cuaderno No8 folios 1 a 294». El análisis respecto de la demandante,
en las páginas 160 a 184.
34 Véanse páginas 342 a 380 del archivo «Cuaderno No8 folios 1 a 294».
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administrativa contemplados en la Constitución y en la ley»; lo que se concretó, de
acuerdo con el cargo formulado, en la elaboración de los estudios previos que de
manera posterior fueron utilizados para fijar el presupuesto oficial y adelantar el
procedimiento de selección que concluyó con la celebración del contrato 340 del 3
de diciembre de 2012.
62. Concretamente, se determinó que su participación ocurrió durante la etapa
precontractual y que la actuación desplegada resultó lesiva de los principios de
economía y responsabilidad, pues se probó la existencia de un sobrecosto en los
bienes adquiridos por la administración municipal de La Jagua de Ibirico, presente
inclusive desde la fase de planeación contractual.
63. Es necesario precisar algunos aspectos: primero, como fue advertido por la
demandada, que aunque la actuación sancionatoria se originó, además de las notas
de prensa, en el informe elaborado por la Contraloría General de la República, que
dio cuenta de un hallazgo fiscal con posible incidencia disciplinaria, esto no significa
que los trámites de ambas autoridades debieran concluir de igual manera. Esto,
para destacar que la decisión de exonerar a la demandante de responsabilidad fiscal
no impide que en el ámbito disciplinario la decisión hubiese sido distinta.
64. Lo anterior, porque el régimen de responsabilidad fiscal tiene una finalidad
resarcitoria y, en ese sentido, se impone una sanción económica a quien cause un
detrimento al patrimonio del Estado de manera dolosa o culposa. En materia
disciplinaria se estudia la conducta del servidor público, vista desde sus deberes,
obligaciones, funciones, prohibiciones y el régimen de inhabilidades,
incompatibilidades y conflictos de interés que le son aplicables. En este segundo
escenario, además de la exigencia de que el comportamiento reprochado encuadre
en una falta disciplinaria, se enfatiza en que la actuación del funcionario debe ser
sustancialmente ilícita, esto, es, haber desconocido el deber funcional de manera
injustificada.
65. Esa distinción entre regímenes resulta fundamental para entender que es
posible que la autoridad fiscal encuentre que un servidor público causó un daño al
patrimonio del Estado; pero la disciplinaria encuentre que las actuaciones se
circunscribieron al estricto cumplimiento de sus deberes, que obró al amparo de una
causal de exclusión de la responsabilidad o que su conducta estuvo desprovista de
dolo o culpa. Y, por el contrario, puede suceder que el comportamiento desde el
punto de vista fiscal no merezca reproche y que, no obstante, se produzca la lesión
que sanciona la normativa disciplinaria.
66. Con este punto claro, para la Sala no resulta admisible fundar la ausencia de
responsabilidad disciplinaria de la demandante en la existencia de una decisión
absolutoria en materia fiscal; máxime si se tiene en cuenta que la misma
demandada, en los actos cuestionados, señaló que ni las pruebas ordenadas y
practicadas ni su análisis tenían por cometido determinar la ocurrencia de un daño
patrimonial, sino verificar si, efectivamente, en la etapa precontractual del contrato
340 de 2012, la secretaria de salud de La Jagua de Ibirico incurrió en un
comportamiento reprochable.
67. En efecto, los medios de prueba que obran en la actuación disciplinaria dan
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cuenta de que la demandante suscribió dos documentos precontractuales: (i) el
«estudio de mercado» del 22 de mayo de 201235 y (ii) el denominado «ajuste estudio
previo tendiente a valorar el alcance de una necesidad requerida por el municipio
de La Jagua de Ibirico»36. Este último, suscrito el 22 de octubre de 2012 por la
señora Cenith Echávez Ospino, secretaria de salud del referido municipio,
constituyó el fundamento de la formulación del cargo e imputación de la falta
gravísima y, pese a la manera en que fue denominado por la administración
municipal, fue el documento que en forma definitiva fijó las necesidades que se
pretendían satisfacer, el objeto a contratar con sus especificaciones, el valor y plazo
estimados y demás exigencias propias de esta etapa del procedimiento de
selección.
68. Significa lo anterior que se satisfizo el primer presupuesto del juicio de
adecuación típica, pues la demandante sí participó en la actividad precontractual;
concretamente en la elaboración del documento sobre el cual se estructuró el
reproche disciplinario; mismo que suscribió el 22 de octubre de 2012, fecha para la
cual ostentaba el cargo de secretaria de salud de La Jagua de Ibirico 37.
69. La constatación de que con ello se desconocieron los principios de economía
y responsabilidad provino de la valoración del informe técnico elaborado por la DNIE
el 12 de agosto de 2016, que fue objeto de aclaración en tres oportunidades, por
solicitud de los sujetos procesales. En este se relató que tanto la Contraloría
General de la República para la realización del análisis que soportó el informe de
auditoría por posibles sobrecostos como la alcaldía de La Jagua de Ibirico para
determinar los precios base de los productos objeto del contrato 340 de 2021,
solicitaron la cotización a diferentes almacenes de cadena (la primera, a «Mi futuro»,
«Olímpica» y «Éxito»; la segunda a «Olímpica» y «Carrefour»).
70. De allí que se tomarían las cotizaciones obtenidas por la Contraloría por ser
equiparables, desde las especificaciones de los bienes requeridos, con aquellas
validadas por la alcaldía de La Jagua de Ibirico. Luego se explicó que el análisis se
abordaría desde dos escenarios: (i) la comparación de precios del almacén
«Olímpica», pues correspondía a una superficie de la que ambas entidades
obtuvieron cotización; y (ii) la comparación entre precios fijados por la alcaldía y el
valor promedio cotizado por los almacenes consultados por la Contraloría y que
ambos se calcularían con dos consideraciones: los precios cotizados para el 2012,
adicionados en 23% que la administración municipal estimó como costos indirectos
y la proyección del IPC para los años 2013 y 2014 sobre los mismos valores,
también adicionados con el 23% de costos indirectos.
71. En el informe se plasmaron las siguientes conclusiones:
«1. En los estudios previos que adelantó la Alcaldía (sic) Municipal (sic) de La
Jagua de Ibirico no se tienen plenamente soportados los precios base de los
productos que componen los paquetes nutricionales objeto del Contrato (sic)
No. (sic) 340 de 2012, dado que la información consignada en los diferentes
reportes y documentos que hacen parte integral del mismo, difieren entre ellos,
35 Véanse páginas 84 a 112 del archivo «Anexo No2».
36 Véanse páginas 71 a 164 del archivo «Anexo No1».
37 Según certificación expedida el 5 de octubre de 2015 por el jefe de la Oficina Asesora de Talento Humano
de La Jagua de Ibirico. Véase página 61 del archivo «Cuaderno No 1 folios 1 a 205».
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00615-00 (2997-2021)
de la forma como se detalló en el acápite 4 de este informe.
2. Referente a la metodología de los estudios previos que realizó la Alcaldía
bajo la cual se determinaron, tanto los precios del mercado para los productos,
como los costos indirectos imputados al contrato (fletes, transporte, bolsas de
empaque, logos del municipio, distribución, logística, transporte, monitoreo
programado y evaluación mensual; y los componentes de divulgación y logística
y equipos de trabajo), carece de sustento técnico y documental, lo que impidió
determinar cómo se calcularon estos valores, ya que solamente el municipio
indica valores y lo que se hizo en el presente caso fue incluirlos en el estudio.
3. Efectuado el análisis de los precios asignados a los productos que conforman
los paquetes nutricionales, bajo los diferentes escenarios que permiten la
interpretación de las condiciones establecidas en el Estudio de Mercado (sic)
elaborado por la Alcaldía (sic) de La Jagua de Ibirico para la celebración del
Contrato (sic) No. (sic) 340 de 2012, se obtuvo como resultado sobrecostos en
diferentes cuantías, de acuerdo a cada uno de los escenarios, como se revela
a continuación (…)»38.
72. El escenario uno (la comparación de las cotizaciones del almacén «Olímpica»)
arrojó un sobrecosto de $3.919.048.122,60, reducido a $2.430.731.062,60 al incluir
en el cálculo los valores de bolsas, distribución, monitoreo y evaluación, ambos,
sumado el 23% de costos indirectos que definió la administración. El segundo
escenario (precios de la alcaldía vs promedio de las superficies consultadas por la
Contraloría), ambos ejercicios arrojaron un aparente sobrecosto de
$3.275.332.543,89 y $ 1.787.016.383,89.
73. Tales son las diversas cifras a las que aludió la demandante en su concepto
de violación. En su sentir, que cada ejercicio derivara en un valor distinto implicaba
que no existía certeza respecto de un sobrecosto de los productos. Tal
planteamiento no es de recibo para la Sala, fundamentalmente porque lo que
acreditan estos resultados es precisamente la existencia de sobreprecios, punto de
partida para examinar si ello se debió a una actuación dolosa o culposa de la
funcionaria, para efectos disciplinarios.
74. La determinación de un valor concreto es exigible cuando lo que se busca es
responsabilizar el servidor en el ámbito fiscal; pero, para el asunto objeto de análisis,
el ejercicio desplegado por la DNIE bien pudo arrojar estos u otros resultados,
puesto que su apoyo técnico se solicitó para determinar si en la fase de planeación
del contrato se incluyeron sobrecostos en los productos y ello quedó
suficientemente acreditado.
75. La primera aclaración, solicitada por el apoderado del señor Lobo Chinchilla39,
tuvo lugar el 14 de octubre de 201640. En esta, se resolvieron sus inquietudes en
punto a la metodología adoptada, las razones para incluir las cotizaciones a las que
se hizo referencia, así como la proyección del IPC para las vigencias 2013 y 2014
(que venía contemplado desde la documentación de la administración municipal).
76. Luego, el 5 de junio de 2018 se realizó una nueva aclaración, en la que se
38 El informe, visible en las páginas 61 a 103 del archivo «Anexo No9».
39 Véanse páginas 302 a 329 del archivo «Cuaderno No3 folios 430 a 658».
40 Véanse páginas 141 a 152 del archivo «Anexo No9».
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valoró además el informe privado que la defensa del señor Lobo Chinchilla aportó41
y del cual se explicó que la metodología empleada, en últimas, encubría los
sobrecostos mediante la deflación de los precios y, además, hacía un desglose de
los costos indirectos que no contenían los documentos contractuales de La Jagua
de Ibirico42.
77. La tercera aclaración, nuevamente por solicitud del apoderado del señor Lobo
Chinchilla43, tuvo lugar el 18 de julio de 201844, oportunidad en la cual se reiteró la
razón para acudir a las cotizaciones en desmedro de la deflación que emplearon
quienes elaboraron el informe privado, se aclaró que la posible variación en el
tiempo de los precios estaba prevista en el contrato y los documentos que lo
soportaban y se reiteró la metodología y soportes utilizados para determinar el valor
de los productos. Además, se insistió en que el valor de 23% para el concepto de
costos indirectos se tuvo como cierto para analizar el costo del contrato, en la
medida en que los documentos precontractuales no contaban con parámetros ni
soportes para su determinación y que, contrario a lo que afirmaba la defensa del
investigado, los valores indeterminados no se «transformaron» en sobrecostos:
«En cuanto a la afirmación de la defensa de que el hecho de no estar
discriminados los costos, se convierten en sobrecostos carece de fundamento,
porque para el caso objeto de estudio y de acuerdo a la metodología utilizada
lo que se hizo fue adicionarle el precio de los productos un 23% como costos
indirectos, más los valores correspondientes a Divulgación (sic) y Logística (sic),
y Equipo (sic) de Trabajo (sic) que no tuvieron modificación, dando como
resultado un posible mayor valor del contrato en lo relacionado con los precios
de los productos que conforman cada paquete nutricional, independientemente
que (sic) los costos estén discriminados o no».
78. Tal soporte técnico dio cuenta de que desde la planeación del contrato se
incluyeron valores que, en suma, implicaron sobreprecios de los productos;
circunstancia que, materializada en el estudio previo definitivo, integró el pliego de
condiciones y se incorporó al contrato 340 de 2012, el cual, contrario a lo afirmado
por la demandante, correspondía efectivamente a un suministro, lo que se advierte
al analizar tanto su objeto como las obligaciones del contratista45.
79. De manera que los reproches relacionados con la ausencia de prueba de su
responsabilidad en la elaboración del estudio previo del contrato 340 de 2012 y con
la falta de correspondencia con la realidad de los informes técnicos elaborados por
la DNIE, constitutivos del cargo de nulidad por falsa motivación, no están llamados
a prosperar.
80. La demandante también señaló que los citados informes no le fueron puestos
en conocimiento y, por ello, no pudo ejercer su derecho de contradicción. Esta
situación se desvirtúa al analizar las diligencias de notificación y comunicación que
41 Véanse páginas 59 a 134 del archivo «Cuaderno No5 folios 934 a 1371».
42 Véanse páginas 202 a 218 del archivo «Cuaderno No5 folios 934 a 1371».
43 Véanse páginas 459 a 464 del archivo «Cuaderno No5 folios 934 a 1371».
44 Véanse páginas 522 a 535 del archivo «Cuaderno No5 folios 934 a 1371».
45 El objeto del contrato 340 de2012 consistió en «[e]l contratista se obliga para con el MUNICIPIO a realizar las
(sic) SUPLEMENTACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIPNAL MODALIDAD PAQUETES
NUTRICIONALES PARA LA RECUPERACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DESTNUTRIDAS Y/O EN PROCESO DE
DESNUTRICIÓN Y DE MADRES LACTANTES Y GESTANTES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO-
DEPARTAMENTO DEL CESAR». Véanse páginas 175 a 184 del archivo «Anexo 6».
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adelantó la demandada, de las cuales la Sala encuentra que:
• El auto del 30 de junio de 2016, mediante el cual se abrió la investigación
disciplinaria, y en el cual se decretó la prueba consistente en el apoyo técnico
de la DNIE, fue comunicado a la demandante a la dirección electrónica
cenimireya@hotmail.com46. Ante su no comparecencia, se fijó un edicto entre el
19 y el 22 de julio de 201647.
• Una vez elaborado el informe técnico el 12 de agosto de 2016, se corrió traslado
a los sujetos procesales por auto del 30 de agosto de 201648, que se comunicó
a la señora Echávez Ospino el 31 de agosto de 201649.
• Por auto del 16 de septiembre de 2016 se accedió a la primera solicitud de
aclaración del informe50. Esta providencia se comunicó a la demandante el 19
del mismo mes y año51.
• Una vez remitido el informe del 14 de octubre de 2016, fue puesto en
conocimiento de la demandante el 1 de noviembre de 201652. Para ese
momento, la señora Echávez Ospino contaba con una defensora de confianza,
a quien también se le comunicó la actuación53.
• El auto del 5 de abril de 201854, mediante el cual se prorrogó la investigación
disciplinaria y se ordenó a la DNIE rendir informe sobre el peritaje privado
aportado por la defensa del señor Lobo Chinchilla, fue comunicado a la
investigada y a su defensa el 17 del mismo mes y año55.
• El informe elaborado por la DNIE el 5 de junio de 2018 se comunicó a la
demandante el 26 del mismo mes y año56. Para entonces, ya no contaba con
apoderada, pues esta había renunciado a su representación.
• Por auto del 6 de julio de 201857 se accedió a una nueva solicitud de aclaración,
formulada por la defensa del señor Lobo Chinchilla. El informe producto de esta
determinación se comunicó a la demandante el 18 del mismo mes y año58. Para
este momento, contaba con un nuevo apoderado de confianza, a quien también
se le comunicó59.
81. No se observa que la demandada hubiese incurrido en alguna irregularidad en
el desarrollo de las anteriores comunicaciones, pues, en los términos del artículo
46 Véanse páginas 231-232 del archivo «Cuaderno No2 folios 254 a 429».
47 Véanse páginas 267 a 270 del archivo «Cuaderno No2 folios 254 a 429».
48 Véanse páginas 268-269 del archivo «Cuaderno No3 folios 430 a 568».
49 Véanse páginas 231 y 232 del archivo «Cuaderno No3 folios 430 a 568».
50 Véanse páginas 2 a 5 del archivo «Cuaderno No 4 folios 659 a 933».
51 Véanse páginas 14 y 15 del archivo «Cuaderno No 4 folios 659 a 933».
52 Véanse páginas 71 y 72 del archivo «Cuaderno No 4 folios 659 a 933».
53 Véanse páginas 79 y 80 del archivo «Cuaderno No 4 folios 659 a 933».
54 Véanse páginas 167 a 170 del archivo «Cuaderno No 5 folios 934 a 1371».
55 Véanse páginas 187 y 188 y 195 y 196 del archivo «Cuaderno No 5 folios 934 a 1371».
56 Véanse páginas 235 y 236 del archivo «Cuaderno No 5 folios 934 a 1371».
57 Véanse páginas 469-470 del archivo «Cuaderno No 5 folios 934 a 1371».
58 Véanse páginas 542 y 4543 del archivo «Cuaderno No 5 folios 934 a 1371».
59 Véase página 544 del archivo «Cuaderno No5 folios 934 a 1371».
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109 de la Ley 734 de 2002, tal es la forma de poner en conocimiento del interesado
aquellas decisiones no susceptibles de recurso; mientras que la notificación por
edicto del auto que abrió la investigación disciplinaria obedeció al cumplimiento de
los presupuestos del artículo 107 de la misma ley, conforme al cual:
«Los autos que deciden la apertura de indagación preliminar e investigación y
fallos que no pudieren notificarse personalmente se notificaran por edicto. Para
tal efecto, una vez producida la decisión, se citara inmediatamente al
disciplinado, por un medio eficaz, a la entidad donde trabaja o a la última
dirección registrada en su hoja de vida o a la que aparezca en el proceso
disciplinario, con el fin de notificarle el contenido de aquella y, si es
sancionatoria, hacerle conocer los recursos que puede interponer. Se dejara
constancia secretarial en el expediente sobre el envío de la citación.
Si vencido el término de ocho (8) días a partir del envío de la citación, no
comparece el citado, en la Secretaria se fijara edicto por el término de tres (3)
días para notificar la providencia.
(…)».
82. En cuanto a los reproches relacionados con la omisión en el decreto de la
ampliación de la versión libre de la señora Echávez Ospino, cabe destacar que
desde el auto del 29 de enero de 2016, comunicado el 10 de febrero del mismo
año60, se dispuso que a los implicados se les escucharía en diligencia de versión
libre y que, si a bien lo consideraban, podrían hacerse acompañar de un abogado.
Previsión que se mantuvo en el auto del 30 de junio de 2018, mediante el cual se
abrió la investigación disciplinaria.
83. El 6 de julio de 2018 el apoderado de la entonces investigada solicitó la nulidad
de lo actuado; escrito en el que, además, solicitó que su defendida fuera escuchada
en diligencia de versión libre y espontánea61. En respuesta, en el auto del 31 de julio
de 2018 se resolvió su solicitud de nulidad y se indicó que conforme a la normativa
disciplinaria las versiones libres pueden presentarse y ampliarse en cualquier
momento, antes de expedirse la decisión de primera instancia62.
84. El apoderado insistió en que se debía decretar la versión libre de la señora
Echávez Ospino en su escrito de descargos63; ante lo cual, la demandada así lo
dispuso en el auto del 6 de diciembre de 2018, mediante el cual se pronunció sobre
las solicitudes probatorias formuladas en los distintos escritos de descargos64.
Finalmente, la disciplinada compareció a rendir su versión libre el 19 del mismo mes
y año, en compañía de su defensor de confianza65.
85. De manera que, en lo que a esta diligencia corresponde, la Sala no advierte
ninguna irregularidad, pues, en efecto, en los términos del artículo 92.3 de la Ley
734 de 2002 constituye un derecho del investigado, que puede ejercer en cualquier
etapa de la actuación, hasta antes de que se expida la decisión disciplinaria de
primera instancia. Cabe destacar, además, que la posibilidad de su recepción se
60 Véase página 230 del archivo «Cuaderno No1 folios 1 a 205».
61 Véanse páginas 505 a 512 del archivo «Cuaderno No5 folios 934 a 1371».
62 Véanse páginas 559 a 572 del archivo «Cuaderno No5 folios 934 a 1371».
63 Véanse páginas 247 a 283 del archivo «Cuaderno No7 folios 1642 a 1929».
64 Véanse páginas 47 a 55 del archivo «Cuaderno No7 folios 1642 a 1929».
65 Véanse páginas 98 a 102 y 103 a 107 del archivo «Cuaderno No7 folios 1642 a 1929».
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dispuso desde el momento en que la demandante fue vinculada al trámite y que
esta fue rendida, libre de cualquier apremio, con la presencia de su apoderado.
86. En ese sentido, los reproches relacionados con la puesta en conocimiento de
los informes elaborados por la DNIE y con la omisión en el decreto de la versión
libre, constitutivos del cargo de nulidad por violación al debido proceso, no están
llamados a prosperar.
87. No obstante el anterior análisis, la Sala no puede pasar por alto una cuestión,
y es que los argumentos que integran el concepto de violación de la demanda son,
materialmente, aquellos que la defensa de la señora Echávez Ospino planteó al
interior del trámite disciplinario, puntualmente, en su solicitud de nulidad y en el
escrito de alegatos de conclusión. Si bien sus razones, como se vio, podían
analizarse bajo las causales de nulidad de los actos administrativos, es necesario
tener en cuenta que el análisis de control integral de este tipo especial de actos no
admite que la parte pretenda que el juez de lo contencioso administrativo sustituya
un juicio que es propio de la autoridad disciplinaria.
88. En el escenario del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
el debate gira en torno a dos cuestiones: (i) los vicios que pueden implicar la nulidad
del acto, según los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011 y (ii) los elementos
sustanciales y procesales con incidencia sustancial del trámite disciplinario que
pueden implicar una vulneración de la garantía constitucional del debido proceso,
verbigracia, aquellos que conforman la estructura de la responsabilidad (tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad) o el alcance de la pretermisión de las etapas del
procedimiento. Pero en modo alguno constituye una oportunidad para que el juez
reemplace o corrija la actuación de la autoridad disciplinaria, ni reabra un debate
que, visto desde el juicio de motivación del acto, se surtió conforme a derecho.
89. En suma, la Sala no encuentra que en la expedición de las decisiones del 26
de febrero de 2020 y del 14 de enero de 2021 se hubiese incurrido en falsa
motivación, ni que en el trámite disciplinarios se hubiesen desconocido las garantías
propias del debido proceso. En consecuencia, lo procedente es negar las
pretensiones.
De la condena en costas
90. El texto original del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, previó que «[s]alvo
en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil».
91. Lo anterior significa que en la decisión sobre este aspecto se debe aplicar un
criterio objetivo, conforme al cual el juez procede a la condena cuando su causación
se encuentre demostrada en el proceso, sin que en esa valoración resulte relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe.
92. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
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93. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
negarán las pretensiones, las cuales se liquidarán por la Secretaría de la Sección
Segunda de esta Corporación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. NEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por la Cenith Mireya
Echávez Ospino en contra de la Procuraduría General de la Nación.
Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales se liquidarán
por la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación.
Tercero. Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría de la Sección
Segunda de esta Corporación INGRESAR el expediente al despacho del
magistrado ponente para lo de su competencia.
Cuarto. Cumplida la actuación anterior, ARCHÍVESE el expediente, previas las
anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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