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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00624-00

Fecha
12 de octubre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00624-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de fecha 15 de mayo de 2020. Segundo. Se condena en costas a la parte recurrente. Tercero. Una vez en firme esta providencia, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y devuélvase el expediente al despacho para efectos de decidir sobre la fijación de las agencias en derecho.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00624-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001 03 25 000 2021 00624 00 (3053-2021)
Demandante: Eduard Abelardo Suárez Cuadros
Demandado: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMIL

Tema: Causal 5.ª del artículo 250 del CPACA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala de subsección decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Eduard Abelardo Suárez Cuadros contra la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 15 de
mayo de 2020, mediante la cual se confirmó la sentencia del 24 de marzo de
2017, proferida por el Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, mediante la cual se negaron las pretensiones.

Como consecuencia, solicitó se declare la nulidad de la sentencia proferida por
el Tribunal, y que en su lugar se profiera la sentencia que en derecho
corresponda, enmendando de esta manera los errores e ilicitudes cometidas en
su expedición, y se restituya el derecho al afectado a través de una nueva
providencia que resulte acorde con el ordenamiento jurídico y en especial con
el precedente jurisprudencial aplicable al caso.

ANTECEDENTES

El señor Eduard Abelardo Suárez Cuadros interpuso el recurso extraordinario
de revisión establecido en el artículo 248 del C.P.A.C.A, para lo cual invocó la
causal 5 del artículo 250 ibídem.

Los hechos que fundamentan el recurso son los siguientes:

Que, el señor Eduardo Suarez fue retirado del servicio activo en condición de
oficial del Ejército Nacional y mediante la resolución 0374 de 2008 le
reconocieron la asignación de retiro.

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Que, mediante sentencias de primera y segunda instancia, se ordenó el
reintegro al servicio activo, el cual se hizo efectivo mediante Decreto 1934 del 9
de septiembre de 2013.

Que, mediante Resolución N° 7675 del 2013 se ordenó la extinción de la
asignación de retiro al oficial y el reintegro de lo percibido por esta asignación
desde el 13 de febrero de 2013 hasta el 30 de septiembre de 2013; que este
acto no fue debidamente notificado toda vez que fue enviado a una dirección
errada y solo fue notificado 2 años después, momento en el cual se interpusieron
los recursos de ley, los cuales no fueron resueltos por considerar que había
ocurrido el fenómeno de la caducidad.

Que, con base en la Resolución 7675 se profirió mandamiento de pago en contra
del señor Eduard Suarez por el capital y los intereses a partir del 7 de enero de
2014.

Que, contra la resolución 7675 se interpuso el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho correspondiéndole al Juzgado 52 Administrativo
del Circuito de Bogotá en primera instancia quien negó las pretensiones,
decisión que fue apelada y confirmada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y que es objeto del recurso de revisión que hoy se analiza.

Que, con base en la resolución 7675, la entidad adelantó proceso de jurisdicción
coactiva profiriendo auto de mandamiento de pago contra el cual se
interpusieron las excepciones correspondientes, entre ellas la de falta de
ejecutoria del título por no haber sido debidamente notificado.

Que, contra la providencia que resolvió las excepciones se presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, correspondiéndole al Juzgado 43
Administrativo de Bogotá, el cual profirió sentencia el 26 de marzo de 2021
declarando la nulidad del auto de mandamiento de pago, declarando la
excepción de falta de ejecutoria del título ejecutivo. Decisión que se encuentra
en trámite del recurso de apelación interpuesto por la demandada.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 15 de mayo
de 2020, confirmó la Sentencia del 24 de octubre de 2018 proferida por el
Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá D.C, mediante
la cual se negaron las pretensiones.

La sentencia de segunda instancia argumentó las siguientes razones:

Que, entre el 13 de febrero y el 30 de septiembre de 2013, el demandante tuvo
la condición de retirado, por ende, CREMIL le pagó la asignación de retiro que

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tenía reconocida desde el 29 de febrero de 2008; sin embargo al ordenarse por
vía judicial el reintegro al servicio activo sin solución de continuidad como pago
de salarios y prestaciones dejados de percibir desde su retiro hasta su ingreso
efectivo, encontró la Sala que para el periodo enunciado el actor tuvo una doble
condición, la de retirado y activo que lo imposibilita para devengar una doble
asignación del tesoro público.

Que, al recuperar la calidad de activo por restablecerse su derecho, no resulta
posible que el demandante también percibiera asignación de retiro dado que por
ese interregno fue retribuido con los salarios y prestaciones que se le
reconocieron en las sentencias judiciales que ordenaron su reintegro.

Que, los fallos proferidos por el Juzgado Administrativo de Cundinamarca y el
Tribunal en el 2012, constituyen un título ejecutivo que impone una obligación
de hacer a la Policía Nacional (reincorporar al demandante a su cargo como
oficial activo), el cual al momento de ser cumplido tiene al demandante como un
servidor público que nunca estuvo desvinculado de la institución en la medida
que no hay solución de continuidad y además se ordena el pago tanto de
salarios como de prestaciones desde el retiro injusto hasta la efectiva
reincorporación.

Que, encontró que la Resolución 7675 de 2013 por medio de la cual se ordenó
la devolución de las sumas pagadas por concepto de asignación de retiro
percibidas entre el 13 de febrero y el 30 de septiembre de 2013 se encuentra
expedida conforme al mandato constitucional.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La parte demandante, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 248
del CPACA presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de
segunda instancia citada.

En criterio de la parte se configura la causal quinta del artículo 250 del CPACA
teniendo en cuenta que existe una nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

Que, la sentencia sustenta su posición en una cita jurisprudencial que fue
proferida no solo después de haberse producido el hecho, sino después de
haberse impetrado el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Que, si se aplica la tesis del Tribunal, tendrían que devolverse los valores que
percibió el oficial desde el mismo momento en que le fue reconocida la misma.
Que, para la época de los hechos, el Consejo de Estado tenía una tesis diferente
y que esta no fue tenida en cuenta por el Tribunal pues en su momento, el
Consejo consideraba que no se trasgredía la prohibición constitucional de

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percibir más de una asignación proveniente del tesoro público consagrada en el
artículo 128 de la C.N pues la remisión que se hace a los salarios dejados de
percibir corresponden a la indemnización del daño sufrido y este se tasa con
base en los salarios y prestaciones de la relación laboral.

Que, además, es importante tener en cuenta que el acto administrativo no fue
notificado al demandante pues fue enviado a un correo inexistente, y cuando el
actor se entera e intenta interponer los recursos, no se los resuelven por
considerar que eran extemporáneos.

Contestación al recurso extraordinario

La parte demandada presentó la contestación al recurso de manera
extemporánea.

Concepto del Ministerio Público

El señor Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado no efectuó
pronunciamiento alguno.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Debe resolver la Subsección si se configura la causal de revisión alegada, esto
es, si se demuestra la nulidad de la sentencia de segunda instancia generada a
partir de la violación al debido proceso por la indebida aplicación del precedente
jurisprudencial.

Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidades del recurso
extraordinario de revisión, ii) Causales de revisión invocadas en la demanda; y,
finalmente, iii) Se examinará el caso concreto a la luz de esas premisas.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de
las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada. En términos de los
artículos 248 y 250 del CPACA:

«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los
Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos»

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El recurso tiene por finalidad invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que
se encuentra ejecutoriada1 y de conformidad con las causales que establece el
250 del CPACA busca el restablecimiento del criterio de justicia material y la
supremacía de las garantías procesales, respecto de: i) decisiones judiciales que
fueron permeadas por circunstancias no conocidas al momento de proferir el fallo
y ii) por la ocurrencia de hechos delictivos o fraudulentos o por nulidades
originadas al tiempo de proferir la sentencia.

Si bien el recurso extraordinario constituye un medio impugnativo que afecta el
principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende,
constituye una excepción al principio de la cosa juzgada, ello no implica que sea
un mecanismo que habilita una tercera instancia para discutir los problemas
jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas interpretaciones del
litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes ni para
subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del
proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por el recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación el recurso extraordinario de revisión procede por especiales
circunstancias consagradas taxativamente en la ley2.

Causal de revisión invocada

El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el
hecho de que exista «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación». De acuerdo con ello, sobre los
presupuestos para que resulte procedente la causal en mención, debe existir una
sentencia que ponga fin al proceso, entendiendo por estas las ejecutoriadas, bien
sea que resuelvan o no el litigio de fondo.

Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de apelación, pues de
ser así este sería el medio idóneo para poner de presente cualquier vicio en que
hubiera incurrido la providencia.

Asimismo, es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del
recurso extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento
procesal en que se profiere la decisión pues, de generarse por una situación
ocurrida con anterioridad que no fue oportunamente alegada, la regla general
sería su saneamiento. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha

1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. 15 de marzo

de 2018. Radicación: 1001-03-25-000-2014-00862-00. Interno: 2668-2014. Recurrente: Horacio Chala.
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
2 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de octubre de 1.993.

Expediente Rev 040.

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aceptado como nulidad originada en la sentencia la que, a pesar de presentarse
en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado,
quien en todo caso tiene la carga procesal de demostrar esta circunstancia3.

En lo que respecta al requisito que constituye la esencia del numeral 5 del artículo
250 del CPACA que es que se configure una causal de nulidad, se precisa que si
bien, por regla general los motivos de nulidad que afectan la sentencia están
consagrados en el artículo 133 del Código General del Proceso (8 causales), la
jurisprudencia del Consejo de Estado se ha encargado de llenar dicha causal de
contenido, en atención a las múltiples interpretaciones que se generaban
alrededor de la misma.

Así, la Sala Plena del Consejo de Estado, en diferentes providencias, entre ellas,
sentencia de 31 de mayo de 2011, en el expediente con radicado número: 11001-
03-15-000-2008-00294-004 ha identificado otros eventos en los que se presenta
la nulidad en la sentencia, veamos:

« En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta
de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se
dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido
aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del
proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo
trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad
superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido
parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la
sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o
adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la
providencia carece completamente de motivación »

Igualmente, junto a este criterio se ha aceptado también que la vulneración del
derecho al debido proceso constituye una variable de la causal establecida en el
numeral 5 antes mencionado, al indicar que:

“(…) la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser
causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si
el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de
revisión en comento” 5

3 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-
2018-01235-00) y el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-
15-000-2012-00643-00).
4 Al respecto pueden consultarse además las siguientes decisiones dictadas por esta Corporación:

sentencia del 8 de mayo de 2018, radicación 11001-03-15-000-1998-00153-01; sentencia del 7 de octubre
de 2019, radicación 11001-33-31-035-2008-00180-01(52615).
5 Consejo de Estado. Sala Especial No. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-01639-00 Demandante:

Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Consejera Ponente, doctora Olga Melida Valle

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Se ha reconocido que la violación del principio de congruencia tiene la
potencialidad de originar una nulidad en la sentencia que puso fin al proceso.
Veamos:

“Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende
la violación del principio de congruencia cuando al accionado es condenado
por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por
causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que
la sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del
debate (cifra petita)”6

De acuerdo con lo expuesto, por fuera de los supuestos que consagra el artículo
133, existen otros supuestos desarrollados jurisprudencialmente que comportan
una anomalía respecto de la sentencia y que podría desvirtuar sus efectos de cosa
juzgada.

Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insanables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión, esto es, por un lado, permitir que
decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el
principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones
excepcionales en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que, sin
ella, el fallo se hubiera proferido en otro sentido7.

Caso concreto.

El recurrente señaló que, de la sentencia de segunda instancia que da fin al
proceso, se genera una nulidad, por cuanto se violó el debido proceso al aplicar
una jurisprudencia que fue proferida después de haber ocurrido el hecho y
después de haber presentado la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, y que estas son totalmente contrarias a la jurisprudencia aplicable al
momento de proferirse el acto administrativo.

Además, considera que el acto demandado no fue notificado por lo que se le
rechazaron los recursos por encontrarlos interpuestos de manera
extemporánea.

Que se están afectando sus derechos fundamentales por no sustentar de
manera suficiente su decisión.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B", CP: Cesar
Palomino Cortes, 7 de septiembre de 2018. César Palomino Cortes. Radicación número: 11001-03-25-000-
2014-00440-00(1452-14)
7 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala

Especial de Decisión N° 19, sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2017-02369-
00, demandante: Pedro José Vaca López.

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Respecto de la violación del debido proceso por la aplicación de un precedente
diferente al que él considera aplicable; la Sala considera necesario traer a
colación algunos apartes de la sentencia objeto del recurso:

“Ahora bien, respecto de tal prohibición, en un primer momento la Sala
Plena del consejo de Estado en sentencia de 29 de enero de 2008,
expediente N° 76001233100020000204602, al resolver un caso en el cual
se discutía el reintegro de un servidor público de la Contraloría General de
la República que fue desvinculado del servicio con ocasión de la
reestructuración de la entidad, consideró que no era procedente ordenar el
descuento de lo percibido por concepto de salarios recibidos en otro
empleo, por considerar que las sumas ordenadas ostentaban un carácter
indemnizatorio y en esa medida no vulneraba el artículo 128 de la Carta
Política, como quiera que se derivaban de causas distintas.

No obstante, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de 19 de julio de 2018, señaló que si bien la Sala
Plena en decisión de 29 de enero de 2008, determinó que los valores
percibidos durante el periodo que el servidor público estuvo retirado del
servicio no debían descontarse en razón a que deviene de causa distinta,
no ocurre lo mismo con los dineros pagados como consecuencia del
reconocimiento de la asignación de retiro y el pago de los salarios
ordenados por vía judicial como consecuencia del reintegro al servicio
activo de un miembro de la Fuerza Pública, habida cuenta que, en ese caso
existe una incompatibilidad constitucional.”

De lo anterior, se puede determinar que dicha sentencia estuvo debidamente
sustentada, que se aplicó el precedente que se encontraba vigente al momento
de la expedición del fallo y que el Juez consideró que era el que aplicaba al caso
concreto, explicando con total claridad las razones.

El hecho de que el demandante considere que se debió tomar otro precedente;
da lugar a concluir que lo que busca es que se abra nuevamente el debate
planteando nuevas interpretaciones del litigio y que, se decida bajo sus premisas
con aplicación de una postura que había sido revaluada por el Consejo de
Estado y que no está por demás, no era un precedente obligatorio ya que no
existía una postura pacífica en la materia.

Por lo tanto, la Sala considera que no le asiste razón al recurrente ya que en
dicha sentencia se analizó y aplicó la jurisprudencia vigente del Consejo de
Estado que consideraba que esos descuentos eran procedentes; a su vez, el
Juez explicó las razones por las cuales no tomaba la postura anterior y que no
había un precedente jurisprudencial obligatorio que haya debido tener en
cuenta; en consecuencia, las decisiones tomadas se encuentran amparadas
bajo la autonomía judicial y con total respeto del debido proceso; lo cual impide
que se pueda acudir a un nuevo análisis fáctico y/o provocar una interpretación
diferente de los actos que fueron demandados en el caso particular.

Con respecto al punto de la indebida notificación del acto administrativo, este es
un debate que se debió realizar en el proceso ordinario como una de las

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causales de nulidad del acto, por lo que hoy no es posible tampoco reabrir este
debate.

Por lo tanto, atendiendo lo establecido en el artículo 255 del CPACA se
declarará infundado el recurso extraordinario de revisión.

De la condena en costas del recurso

Con la expedición de la Ley 2080 de 2021, se modificó el artículo 255 del CPACA
en cuanto a la condena en costas en el marco del recurso extraordinario de
revisión, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
(…)
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».

En ese sentido, como las reformas procesales allí establecidas prevalecen sobre
las anteriores normas de procedimiento y el recurso extraordinario se presentó el
20 de septiembre de 2021, esto es, cuando ya estaba rigiendo la nueva ley, la
Sala considera que es procedente la condena en costas al recurrente en el caso
sub examine toda vez que se declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de fecha 15 de mayo de 2020.

Segundo. Se condena en costas a la parte recurrente.

Tercero. Una vez en firme esta providencia, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y devuélvase el expediente al
despacho para efectos de decidir sobre la fijación de las agencias en derecho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

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JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

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