Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00639-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00639-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00639-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
6 de febrero de 2025
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00639-00 (3199-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Rosa Matilde Aguilar Leal
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00639-00 (3199-2021)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social
Demandado: Rosa Matilde Aguilar Leal
Asunto: Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003
Tema: causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 a 255 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se procede
a dictar sentencia en el marco de la acción especial de revisión1 prevista en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, contra el fallo del 12 de julio de 2018 proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D2, que confirmó con
modificación la providencia del 29 de noviembre de 2017, dictada por el Juzgado
Tercero Administrativo de Facatativá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (en adelante UGPP) solicita que se infirme la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca antes mencionada, porque considera que
incurrió en la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez que
la señora Rosa Matilde Aguilar Leal no tiene derecho a la reliquidación de la pensión
de vejez con la inclusión en el ingreso base de liquidación de todos los factores
salariales devengados durante el último año de servicios, puesto que aquel (el IBL)
debe establecerse según el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
1 Así la ha denominado la jurisprudencia de esta Corporación, entre otras decisiones: Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, providencia de 27 de marzo de 2014, Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-
00(2129-12) REV, M.P. Gerardo Arenas Monsalve y Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero
de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2019- 04468-00 REV, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
2 M.P. Cerveleón Padilla Linares, demandante: Rosa Matilde Aguilar Leal, demandado: UGPP, radicación número:
25269-33-33-001-2015-00476-02.
1
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00639-00 (3199-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Rosa Matilde Aguilar Leal
II. ANTECEDENTES
2.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
1. La señora Rosa Matilde Aguilar Leal, en ejercicio del medio de control previsto en
el artículo 138 del CPACA, presentó demanda contra la UGPP con el fin de que se
declarara la nulidad de las resoluciones RDP 30476 del 7 de octubre de 2014 y RDP
037799 del 15 de diciembre de 2014, a través de las cuales la UGPP negó la
reliquidación de una pensión de vejez.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la parte
demandada reliquidar la pensión de vejez, con inclusión de todos los factores
salariales devengados durante el último año de servicios, de conformidad con las leyes
6 de 1945, 4 de 1966, 33 de 1985 y 71 de 1988; que las sumas reconocidas se
actualizaran de acuerdo con el índice de precios al consumidor; se pagaran los
intereses moratorios causados; y se condenara al pago de costas y agencias en
derecho.
2.2. Sentencia de primera instancia3
3. El Juzgado Tercero Administrativo de Facatativá, en sentencia del 29 de noviembre
de 2017, declaró la nulidad de los actos administrativos acusados. En consecuencia,
ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de vejez de la accionante, a partir del 27 de junio
de 2011 por prescripción trienal, en cuantía equivalente al «85%» del promedio de todos
los factores salariales percibidos en el último año de servicios, esto es, del 31 de mayo
de 2004 al 30 de mayo de 2005, a saber: asignación básica, bonificación por servicios
prestados y los incrementos por antigüedad, prima de alimentación, 1/12 de la prima de
vacaciones, 1/12 de la prima semestral, 1/12 de la prima de navidad y quinquenio
proporcional.
4. Lo anterior, luego de definir que como la actora era beneficiaria del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, por acreditar más de 20 años de servicios al momento
de la entrada en vigencia, le era aplicable el régimen pensional previsto en la Ley 33 de
1985; de manera que, tenía derecho a que su pensión de vejez se liquidara con la
inclusión de todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicios.
Esto, con fundamento en lo expuesto en la sentencia de unificación proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010.
2.3. Sentencia de segunda instancia4
5. La decisión de primera instancia fue confirmada con modificación por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en sentencia el 12 de julio de 2018, al resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en su contra. En tal sentido,
resolvió que los numerales tercero y sexto, quedarían así:
TERCERO. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, y a título de
restablecimiento del derecho, condénase a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
3 Samai, índice 03, 4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOSEXPEDIENTEPRESTACIONAL(.pdf) NroActua 3, págs.
3 a 21.
4 Samai, índice 03, 4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOSEXPEDIENTEPRESTACIONAL(.pdf) NroActua 3, págs.
26 a 41.
2
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00639-00 (3199-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Rosa Matilde Aguilar Leal
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP-, a liquidar la
pensión de jubilación reconocida a Rosa Matilde Aguilar Leal (…), a partir del 1 de mayo
de 2005, pero con efectos fiscales desde el 27 de junio de 2011 (por operancia de la
prescripción trienal), en un monto equivalente al 75% de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio (comprendido del 30 de mayo de 2004 al 30 de
mayo de 2005), es decir, tomando como emolumentos salariales el sueldo básico,
incremento por antigüedad, prima de alimentación y las doceavas (1/12) partes de:
bonificación por servicios, prima de vacaciones, prima semestral, prima de navidad y
quinquenio.
SEXTO: La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social- UGPP- debe realizar los descuentos de los aportes
al sistema pensional correspondiente a los factores salariales cuya inclusión se ordena y
sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal, en el porcentaje que deba
asumir el trabajador, durante el tiempo a que haya lugar y cuando se haga la reliquidación
pensional.
6. Como fundamento de su decisión, el tribunal indicó que de conformidad con la
postura desarrollada en las sentencias C-258 de 2013 y SU 230 de 2015, proferidas
por la Corte Constitucional, el ingreso base de liquidación no fue un aspecto sometido
a la transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
7. Señaló que, contrario a lo anterior, según la sentencia de unificación del 4 de agosto
de 2010, criterio que acoge, a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100
de 1993 debe aplicárseles en su integridad el régimen anterior, en virtud de los
principios de inescindibilidad de la ley y favorabilidad, es decir, edad, tiempo de
servicios y monto de la pensión; y los factores para tener en cuenta en la liquidación
de la pensión de vejez son todos aquellos que constituyen salario, esto es, las sumas
que percibía el trabajador de manera habitual y periódica en contraprestación directa
de la labor realizada.
III. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
3.1. Demanda5
8. La UGPP, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción
especial de revisión contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
antes referida, invocó la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 20036 y
formuló las siguientes pretensiones:
5 Samai, índice 03, 2_DemandaWeb_Demanda-REVISION(.pdf) NroActua 3.
6 «artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza
pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o
extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo
código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y
además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
3
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Demandante: UGPP
Demandado: Rosa Matilde Aguilar Leal
(i) Infirmar la sentencia dictada el 12 de julio de 2018 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.
(ii) Declarar que a la señora Rosa Matilde Aguilar Leal no le asiste derecho a la
reliquidación de la pensión de vejez con la totalidad de factores salariales devengados
en el último año de servicios, pues el ingreso base de liquidación debe calcularse según
el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
(iii) Ordenar la reliquidación y pago de la pensión de vejez de la demandada, de
conformidad con lo previsto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
aplicando los factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994. Ello, dando aplicación
a las reglas jurisprudenciales de las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230
de 2015, SU-427 de 2016, SU -210 de 2017, SU- 395 de 2017, SU- 631 de 2017 y T-
039 de 2018, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017, proferidos por la Corte
Constitucional; así como el fallo SU-52001-23-33-000-2012-00143-01 del 28 de agosto
de 2018 dictado por la Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo del Consejo de
Estado.
9. A juicio de la parte recurrente se configura la causal b), atinente a que la cuantía
del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, comoquiera que a la
accionada no le asiste derecho a la reliquidación de la pensión de vejez con la totalidad
de factores salariales devengados en el último año de servicios, puesto que el IBL
debe calcularse según lo previsto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
teniendo en cuenta los factores salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994.
10. Afirmó que la reliquidación pensional es irregular, ya que la señora Rosa Matilde
Aguilar Leal está obteniendo ventajas irrazonables relacionadas con un incremento en
su prestación.
3.2. Actuaciones procesales relevantes
11. Por medio del auto del 24 de agosto de 2023 se admitió la demanda, se ordenó
notificar por estado a la entidad recurrente y personalmente a la accionada7; quien pese
a haber sido notificada, no se pronunció8.
12. Mediante proveído del 28 de agosto de 2024, se tuvieron como pruebas los
documentos allegados con la demanda y se ofició al Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Facatativá para que allegara el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado: 252693-33-003-2015-00476-009.
13. El juzgado dio cumplimiento al anterior requerimiento10.
3.3. Concepto del Ministerio Público
14. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio11.
7 Samai, índice 10.
8 Samai, índice 17, Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf) NroActua 17.
9 Samai, índice 22.
10 Samai, índice 32.
11 Samai, índice 38.
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Demandado: Rosa Matilde Aguilar Leal
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Competencia
15. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en
virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso
2, del CPACA12.
16. La Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión,
según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 13, por
tratarse de un asunto de carácter laboral.
4.2. Oportunidad
17. La UGPP invocó como causal de revisión la prevista en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, de manera que, teniendo en cuenta que la sentencia objeto del
recurso fue proferida y quedó ejecutoriada en vigencia del CPACA, resulta aplicable lo
dispuesto en el inciso 4º del artículo 251 de esta normativa que precisa lo siguiente:
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a
partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.
18. En el presente caso, la sentencia del 12 de julio de 2018 del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca quedó ejecutoriada el 29 de noviembre de 201814, por lo cual al
haberse presentado el recurso extraordinario de revisión el 27 de septiembre de
202115, se interpuso dentro del término previsto en la normativa en mención.
4.3. Legitimación en la causa
19. Lalegitimación por activa y por pasiva se verifica a partir de las siguientes
circunstancias:
20. La UGPP se creó para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados
a cargo de las administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de
las entidades públicas del mismo carácter respecto de las cuales se haya decretado
su liquidación, como sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social EICE (art. 156
de Ley 1151 de 2007).
21. Ahora bien, el numeral 6º del artículo 6º del Decreto 5021 de 28 de diciembre de
12 «Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por
los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por Los jueces administrativos conocerán
los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de
revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003».
13 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
14 Samai, índice 32, págs. 292 – 293.
15 Samai, índice 03.
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Demandante: UGPP
Demandado: Rosa Matilde Aguilar Leal
200916, le asignó la función de adelantar la acción prevista en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003. Este precepto fue reiterado en el Decreto 575 de 201317.
22. A su vez, la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 201618, indicó que la
UGPP tiene legitimación en la causa por activa para interponer el recurso de que trata
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, «con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho».
23. Por su parte, la señora Rosa Matilde Aguilar Leal está legitimada por pasiva, dada
su condición de demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento en el
que se dictó la sentencia cuya revisión se solicita.
4.4. Problema jurídico
24. Conforme con los planteamientos expuestos en la demanda de revisión que propuso
la UGPP, corresponde a la Sala determinar si: ¿La pensión de vejez reconocida a la
señora Rosa Matilde Aguilar Leal se reliquidó en una cuantía superior a la prevista por
la ley, teniendo en cuenta que, a juicio de la parte actora, no se calculó de conformidad
con el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la interpretación que sobre esta
norma han hecho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado?
25. Para resolver el problema planteado, la Sala analizará las generalidades de la
acción especial de revisión, además de las causales previstas en los literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y luego, resolverá el caso concreto.
4.5. Generalidades sobre la acción especial de revisión y las causales previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reiteración de
jurisprudencia19
26. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación contra las
sentencias ejecutoriadas que constituye una excepción al principio de cosa juzgada.
Está regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, y su ámbito de acción está
restringido a las causales taxativas previstas por el legislador, las cuales no admiten
interpretaciones extensivas20.
27. Ahora bien, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció una «acción especial» 21,
16 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus dependencias.”
17 Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias”. De conformidad
con el numeral 6 del artículo 6 ejusdem, dentro de las funciones asignadas a la UGPP, está la de: “6. Adelantar o
asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adiciones
o modifiquen.
18 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
19 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-
000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
20 Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras sentencias:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV-
2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678, 12 de julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14 de
marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, Rad. REV-045 y 11 de
febrero de 1993, Rad. REV-037.
21 Cita original: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda., providencia del 27
de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25- 000-2012-00561-00(2129-12), M.P. Gerardo Arenas Monsalve en la
que se indicó: “[…] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento
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Demandante: UGPP
Demandado: Rosa Matilde Aguilar Leal
en la que se facultó a determinadas entidades para pedir la revisión de las providencias
judiciales, transacciones o conciliaciones que ordenaron el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. La norma en
cita estableció expresamente las causales de procedencia, así:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que legalmente son aplicables.
28. La acción de revisión se debe tramitar a través del procedimiento señalado para el
recurso extraordinario de revisión; con todo, presenta elementos que la caracterizan
según la jurisprudencia del Consejo de Estado22 y de la Corte Constitucional, a saber:
(i) Tiene por objeto controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro
público y contrarrestar los casos de corrupción en la materia23.
(ii) La legitimación en la causa por activa es limitada porque para ejercerla se requiere de
un solicitante calificado24.
(iii) No se extiende a reabrir el debate probatorio, sino a revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el
equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los
recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema
de Seguridad Social25.
(iv) No es una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una
prestación, pues se contrae a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del
derecho (literal a) cuando se concedió con vulneración del debido proceso; y a la
liquidación (literal b) en un valor mayor al que corresponde26.
del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que
las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan
una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y
a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el
proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el
patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”(subrayas de la Sala).
Cfr., Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero de 2022, Rad. 11001-03-
15-000-2019-04468-00 REV, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Consejo de Estado, Sala Novena Especial de
Decisión, sentencia de 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15- 000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena
Hernández. Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia de 21 de agosto de 2020, Rad.
11001-03-15-000-2019-03846-00 REV, M.P. Martha Nubia Velásquez Rico. Consejo de Estado, Sala Veinticinco
Especial de Decisión, sentencia de 8 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-04141-00 REV., M.P.
Martha Nubia Velásquez Rico.
22
Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especial de Decisión
Diecinueve, sentencia del 18 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-03549-00. M.P. William Hernández
Gómez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especial de Decisión Nueve,
sentencia de sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. M.P. William
Hernández Gómez, providencia de 10 de agosto de 2017, Rad. 25000-23-25-000-2002-05275-01
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. M.P. William
Hernández Gómez, providencia de 10 de agosto de 2017, Rad. 25000-23-25-000-2002-05275-01.
24 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, sentencia del 1° de
agosto de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2016-02022-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión,
sentencia de 18 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-03549-00, demandante: UGPP, M.P. William
Hernández Gómez.
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Demandante: UGPP
Demandado: Rosa Matilde Aguilar Leal
29. A partir de los antecedentes históricos, la acción de revisión originada en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003 es un mecanismo que hace parte de la reforma pensional
establecida en la citada ley, con el fin de reducir el déficit fiscal para así hacer viable
financieramente el sistema pensional, conforme se lee en la exposición de motivos. De
modo que, sobre «[…] la revisión de providencias judiciales, transacciones,
conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocieron sumas periódicas o
pensiones, se indicó que permite ‘afrontar los graves casos de corrupción en esta
materia y evitar los graves perjuicios que pueda sufrir la Nación’»27.
30. Ahora bien, respecto a las causales establecidas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 200328, se tiene que, según la primera de ellas, la acción especial
de revisión es procedente en el evento en que la sentencia recurrida reconoce una
pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con violación al
debido proceso. Así, resulta necesario que la parte actora allegue los elementos sobre
los que sustenta su petición y acredite que el reconocimiento pensional se efectuó con
desconocimiento de las garantías constitucionales que constituyen el derecho al
debido proceso, conforme lo prevé el artículo 29 superior, esto es, (i) el derecho al juez
natural o funcionario competente; (ii) el derecho a ser juzgado según las formas de
cada juicio o procedimiento; y (iii) las garantías de audiencia y defensa 29.
31. En cuanto a la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
esta corporación ha explicado lo siguiente:
[…]
El literal b) de la Ley 797 de 2003 prevé que las pensiones con cargo al erario deben ser
revisadas «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la
Ley 797 de 2003, la causal obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales
solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos
los ciudadanos […]».
En efecto, uno de los principales propósitos de esta Ley y, en particular, del artículo 20
ibídem, era el de reducir el déficit fiscal y hacer del sistema pensional un sistema posible,
realizable, en términos económicos, de tal forma que fuera posible la revisión, entre
otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía excediera lo debido de acuerdo
con las normas vigentes. En ese orden de ideas, las causales de procedencia de la acción
de revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde dicho
instrumento procesal.
En sentido similar, esta Corporación explicó que la causal se erige como una herramienta
legal útil, que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa y que permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan
27 Consejo de Estad,. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, auto de 27 de marzo de 2014, Rad.
11001-03-25-000-2011-00561-00 (2129-2012), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
28«[…]a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
29 Al respecto puede verse, entre otras decisiones: Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión,
sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2019-01749-00. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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los principios que orientan el Sistema General de Pensiones, en especial, el principio de
solidaridad y equilibrio financiero.
A lo anterior se suma que el sistema pensional debe ser sostenible fiscalmente, de tal
forma que garantice la estabilidad a largo plazo de las finanzas públicas y se procure el
cumplimiento de los principios de rentabilidad, sostenibilidad y conveniencia, en cuanto
a la determinación del gasto, de tal forma que prevalezca el interés general sobre el
particular. […]”30.
32. En este orden de ideas, la acción de revisión no permite plantear nuevamente el
debate de la instancia ni subsanar falencias en la actuación, sino que su finalidad
consiste en la revisión de los reconocimientos pensionales o de prestaciones
periódicas que afectan la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones.
33. Se destaca que la causal b) al señalar que la acción especial de revisión procede
«cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido según la ley, pacto, o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables», permite que se verifique la
suma de la prestación otorgada, más no que se determine si procede o no el
reconocimiento del derecho.
4.6. Análisis del caso concreto
34. Según lo expuesto en la demanda de revisión, el problema jurídico propuesto se
formuló alrededor de si la reliquidación de la pensión de vejez reconocida a la
accionada se obtuvo en una cuantía superior a la prevista por la ley, porque a juicio de
la parte actora, la pensión no se liquidó de conformidad con el inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 y la interpretación que sobre esta norma han hecho la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado.
35. Ahora bien, con el objeto de resolver el interrogante planteado, en el caso concreto
se encuentran acreditados los siguientes hechos:
(i) La señora Rosa Matilde Aguilar Leal nació el 9 de septiembre de 194931 y prestó
sus servicios al Instituto Colombiano Agropecuario (en adelante ICA) del 1 de abril de
1970 al 30 de mayo de 2005, según certificado de información laboral emitido por la
misma entidad32; el último cargo que desempeñó fue el de técnico operativo33, y
adquirió el estatus pensional el 9 de septiembre de 200434. Durante el último año de
servicios, la demandada devengó los siguientes factores: asignación básica;
incremento por antigüedad; bonificación por servicios; prima de alimentación;
vacaciones; prima de vacaciones; prima semestral; prima de navidad; y quinquenio,
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5
de febrero de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-001884-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
31 Conforme registro civil visible en Samai, índice 03, 4_DemandaWeb_Demanda-
ANEXOSEXPEDIENTEPRESTACIONAL(.pdf) NroActua 3, pág. 43.
32 Según certificado de información laboral expedido por el ICA visto en Samai, índice 03,
4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOSEXPEDIENTEPRESTACIONAL(.pdf) NroActua 3, pág. 80.
33 Ibidem.
34 Conforme se señaló en la Resolución 019326 del 6 de junio de 2005, que reconoció una pensión de vejez a la
accionada que obra en Samai, índice 03, 4_DemandaWeb_Demanda-
ANEXOSEXPEDIENTEPRESTACIONAL(.pdf) NroActua 3, págs. 62 – 67.
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conforme al certificado expedido por el coordinador del Grupo de Gestión de Talento
Humano del ICA35.
(ii) La Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), a través de la Resolución 019326
del 6 de junio de 2005, reconoció una pensión de vejez a la señora Rosa Matilde
Aguilar Leal, efectiva a partir del 1 de mayo de 200536.
(iii) Por medio de la Resolución RDP 30476 del 7 de octubre de 2014, la UGPP negó
la reliquidación de la pensión de vejez solicitada por la demandada37. Decisión que fue
confirmada al resolverse el recurso de apelación interpuesto en su contra, a través de
la Resolución RDP 037799 del 15 de diciembre de 201438.
(iv) Mediante la Resolución RDP 006793 del 28 de febrero de 2019, la entidad
accionante en cumplimiento del fallo cuya revisión se solicita, reliquidó la pensión de
vejez de la accionada39.
36. Una vez expuestas las causales alegadas y los presupuestos fácticos del asunto, la
Sala procede a estudiar el ingreso base de liquidación y el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993.
4.6.1. El ingreso base de liquidación para los beneficiarios de los regímenes de
la transición de la Ley 100 de 1993
37. La Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo, en sentencia de unificación del 28
de agosto de 2018, estableció las siguientes reglas sobre el ingreso base de
liquidación, para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que
se pensionaron según la Ley 33 de 1985, así:
91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación
que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento
de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a
los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones,
indudablemente, le son más favorables.
Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición
35 Samai, índice 03, 4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOSEXPEDIENTEPRESTACIONAL(.pdf) NroActua 3, pág.
72.
36 Samai, índice 03, 4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOSEXPEDIENTEPRESTACIONAL(.pdf) NroActua 3, págs.
62 – 67.
37 Samai, índice 03, 4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOSEXPEDIENTEPRESTACIONAL(.pdf) NroActua 3, págs.
94 – 94.
38 Samai, índice 03, 4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOSEXPEDIENTEPRESTACIONAL(.pdf) NroActua 3, págs.
87 – 91.
39 Samai, índice 03, 4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOSEXPEDIENTEPRESTACIONAL(.pdf) NroActua 3, págs.
45 – 51.
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92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta
la siguiente regla jurisprudencial:
El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar
el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes
subreglas:
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
[…]
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.
[…]
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.
101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación,
en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la
Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y
no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el
último año de prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en
materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el
servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda
a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el
entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe
el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los
principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta
Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de
su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación
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pensional y a ellos se debe limitar dicha base40.
38. De acuerdo con la interpretación jurisprudencial referida, quienes siendo
beneficiarios de la transición tuviesen derecho al reconocimiento pensional en los
términos de la Ley 33 de 1985, son sujetos de esta disposición, pero solamente en
cuanto al tiempo de servicios, edad y tasa de reemplazo; sin embargo, el ingreso base
de liquidación es el previsto en los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993,
según sea el caso.
4.6.2. Verificación de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 - la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo
con la ley
39. La UGPP alegó la causal prevista en el literal b) porque la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que hizo tránsito a cosa juzgada, ordenó la
reliquidación de la pensión de vejez sin tener en cuenta que el ingreso base de
liquidación de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 está
regido por los artículos 21 y 36 ídem y el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, en
cuanto a los factores salariales.
40. Ahora bien, se destaca que para esta Subsección lo relevante cuando se trata de
acciones especiales de revisión es analizar el criterio jurisprudencial vigente para la
época en que el tribunal dictó la decisión censurada41. Esto, acorde con los efectos del
fallo de unificación del 28 de agosto de 201842 de la Sala Plena de lo Contencioso –
Administrativo que expresamente consideró «debe precisarse que los casos respecto
de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables»; así como que «las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden considerarse que lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley».
41. En el mismo sentido, en el fallo de unificación de la Sección Segunda del 11 de junio
de 2020 CE-SUJ-S2-021-2043, se explicó que los conflictos judiciales resueltos están
amparados por la cosa juzgada y son inmodificables, para garantizar la seguridad
jurídica y los principios fundamentales de la seguridad social.
42. Nótese que la Sección Segunda de esta corporación sostenía desde el año 2010
una tesis jurisprudencial en cuanto a la reliquidación pensional de los beneficiarios de
la transición de la Ley 100 de 1993, que cambió solamente con la sentencia de la Sala
Plena de lo Contencioso - Administrativo del 28 de agosto de 2018. En efecto, la
Sección Segunda, en el fallo del 4 de agosto de 2010 sostuvo, en materia de
reliquidación pensional, que los jubilados conforme la Ley 33 de 1985, como
beneficiarios del régimen de transición regulado en la Ley 100 de 1993, tenían derecho
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, Rad.
52001-23-33-000-2012-00143-01.
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 13 de junio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-
2018-01458-00 (4815-2018).
42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, Rad.
52001-23-33-000-2012-00143-01.
43 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 11 de junio de
2020, Rad. 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017).
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a la aplicación integral del régimen anterior, y, en concreto, que el artículo 3 de la Ley
33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales del ingreso base de
liquidación pensional, sino que estaban simplemente enunciados, por ello, era
procedente la inclusión de todos los conceptos devengados por el trabajador en el
último año de prestación de servicio.
43. En el presente caso, en efecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó la
sentencia el 12 de julio de 2018, en la que expuso el desarrollo jurisprudencial del
ingreso base de liquidación en la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, e hizo
énfasis en que compartía la posición del tribunal de cierre, expuesto en la sentencia
de unificación del 4 de agosto de 2010, respecto a que a los beneficiarios del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993 se les aplicaba en su integridad el régimen
pensional anterior. Ello, en cuanto a la edad, tiempo de servicios, monto de la pensión
y los factores salariales percibidos por la actora de forma periódica y como retribución
directa del servicio.
44. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que confirmó con modificación el fallo del Juzgado
Tercero Administrativo de Facatativá, que había accedido parcialmente a las
pretensiones de la demanda de la señora Rosa Matilde Aguilar Leal, en el sentido de
incluir en la reliquidación pensional todos los factores salariales devengados en el
último año de servicios, siguió la línea jurisprudencial vigente y aplicable para el asunto
particular, por tanto, prevalece la fuerza de cosa juzgada.
45. Con lo anterior, en manera alguna se desconoce que para el momento en que se
dictó la sentencia objeto de revisión y con posterioridad, la Corte Constitucional, entre
otras, en las providencias relacionadas en la demanda de la referencia44, defendía una
tesis contraria a la entonces sostenida por la Sección Segunda del Consejo de Estado;
no obstante, como se destacó con antelación, en el margen de la autonomía funcional,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió acogerse a la postura del máximo
tribunal de lo contencioso – administrativo, lo que resulta razonable y no es constitutivo
de una circunstancia que permita predicar la configuración de la causal excepcional
que se estudia.
46. Por otra parte, se indica que la procedencia de las causales de revisión debe
interpretarse atendiendo la facultad de revisión de los reconocimientos pensionales,
que afectan los principios de solidaridad y sostenibilidad financiera del Sistema
General de Pensiones. A su turno, el Acto Legislativo 01 de 2005 refiere que procede
la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento
de los requisitos legales, acorde con el procedimiento establecido por el legislador,
pero que a la fecha no ha sido expedido.
47. Sobre el punto, la Corte Constitucional, en sentencia C-258 de 201345, precisó que
«los incrementos significativos de los ingresos del servidor en sus últimos años de
servicios –incremento que escapa el sendero ordinario de su carrera salarial-
conducen a una pensión que no guarda ninguna relación con los aportes que acumuló
en su vida laboral y que, por tanto, imponen al Estado la obligación de proveer un
44 C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU -210 de 2017, SU- 395 de 2017 y SU-
631 de 2017, T-039 de 2018, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017, proferidos por la Corte Constitucional.
45 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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subsidio muy alto para poder pagar la pensión reconocida».
48. En este contexto, se revisa la historia laboral de la accionada para verificar si se
está frente a un incremento desproporcionado o injustificado de la mesada pensional.
Así pues, se encuentra que en el expediente administrativo obra la certificación
expedida por el coordinador del Grupo de Gestión de Talento Humano del ICA, según
la cual la señora Aguilar Leal devengó en el último año de servicios los siguientes
emolumentos: asignación básica; incremento por antigüedad; bonificación por
servicios; prima de alimentación; vacaciones; prima de vacaciones; prima semestral;
prima de navidad; y quinquenio46.
49. A su vez, se advierte que la reliquidación de la pensión de vejez no excedió lo debido
de acuerdo con la ley, pues se demostró que la pensionada i) era beneficiaria del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que
nació el 9 de septiembre de 1949, por lo que tenía más de 35 años de edad al 1 de
abril de 199447; ii) acreditó más de 20 años de servicios; y iii) durante el último año
percibió los factores respecto de los cuales el tribunal ordenó la reliquidación de la
pensión.
50. En este orden de ideas, la UGPP no acreditó en el presente proceso que el
incremento de la mesada pensional dispuesto en la providencia censurada hubiese
aumentado significativamente el valor de la pensión sin guardar relación con los
salarios recibidos por la señora Rosa Matilde Aguilar Leal en su vida laboral.
51. Por el contrario, acorde con los hechos probados se resalta que la accionada prestó
sus servicios en el ICA, del 1 de abril de 1970 al 30 de mayo de 2005; su último año de
servicios transcurrió del 1 de junio de 2004 al 30 de mayo de 2005. Además, el acto
administrativo que cumplió la orden judicial, contenido en la Resolución RDP 006793
del 28 de febrero de 2019, en el artículo 8°, ordenó descontar del retroactivo neto a
pagar la suma de $2.418.858, por concepto de aportes para pensión de factores de
salario no cotizados48.
52. En consecuencia, no se configura la causal en mención y, por ende, se declarará
infundada la acción especial de revisión.
4.7. Costas
53. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prevé que «salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil», remisión que se entiende
al Código General del Proceso.
54. Por su parte, la Ley 2080 de 2021, en el artículo 47, adicionó un segundo inciso en
el sentido que «en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
46 Samai, índice 03, 4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOSEXPEDIENTEPRESTACIONAL(.pdf) NroActua 3, pág.
72.
47 De acuerdo con el registro civil de nacimiento que obra en Samai, índice 03, 4_DemandaWeb_Demanda-
ANEXOSEXPEDIENTEPRESTACIONAL(.pdf) NroActua 3, pág. 43.
48 Samai, índice 03, 4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOSEXPEDIENTEPRESTACIONAL(.pdf) NroActua 3, págs.
45 – 51.
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Demandante: UGPP
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cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».
55. En este orden de ideas, en atención al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se
condenará en costas por la naturaleza del asunto, de un lado, en la medida que se
trata de una acción especial en la que se ventila un interés público, pues la entidad
legitimada pretende la salvaguarda del equilibrio y sostenibilidad financiera del sistema
general de pensiones, propósito que motivó al legislador de 2003 para estatuir ese
mecanismo especial de revisión contra sentencias que ordenan un reconocimiento
pensional en detrimento del erario49; de otro, porque no se evidencia que la demanda
se haya presentado con manifiesta carencia de fundamento legal.
4.8. Conclusión
56. En consideración a lo expuesto, la Sala declarará infundada la acción especial de
revisión porque no se configuró la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003.
57. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión presentada por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social con el fin de que se infirme la sentencia del 12 de julio de 2018
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, que confirmó con modificación la providencia del 29 de noviembre de
2017, dictada por el Juzgado Tercero Administrativo de Facatativá, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 25269-33-33-001-
2015-00476-02.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: RECONOCER personería al abogado Jorge Iván Palacio Palacio
identificado con cédula de ciudadanía 8.299.453 de Medellín y tarjeta profesional
12.100 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado principal
de la UGPP, en los términos de la escritura pública 1957 de 16 de septiembre de 2024,
que obra a índice 26 de Samai.
CUARTO: RECONOCER personería al abogado Manuel Alfonso Ospina Osorio con
cédula de ciudadanía 7.711.118 y tarjeta profesional 141.941 del Consejo Superior de
la Judicatura, para actuar como apoderado sustituto de la UGPP, en los términos del
poder que obra a índice 31 de Samai.
49 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-
15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de
Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
Consejo de Estado, Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de junio de 2023, Rad. 11001-03-15-000-
2021-06622-00, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
15
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00639-00 (3199-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Rosa Matilde Aguilar Leal
QUINTO: Archivar el expediente de la acción especial de revisión, previas las
anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
TAP/JCBB
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