Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00648-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00648-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00648-00
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez
4 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., 4 de agosto de 2022.
Acción: Acción de revisión.
Radicación: 11001032500020210064800.
No. Interno: 3233-2021.
Actor: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social- UGPP.
Demandado: Rosario de Fátima López Pabón.
Asunto: Ingreso base de liquidación de persona beneficiaria del
régimen de transición.
Decisión: Se declara infundada la acción de revisión.
I. Asunto.
1. La Sala procede a dictar sentencia1 dentro de la acción de revisión interpuesta
por la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP contra el fallo proferido por el Juzgado Octavo
Administrativo de Pasto de fecha 24 de octubre de 20142 que ordenó reliquidar y
pagar la pensión de la señora Rosario de Fátima López Pabón en cuantía
equivalente al «75% deI salario promedio en el cual se incluirá la prima de
alimentación, prima de servicios, bonificación por servicios prestados, prima de
antigüedad, prima de vacaciones y prima de navidad devengados por la
prenombrada entre el 10 de septiembre de 2007 y 10 de septiembre do 2008 y
tomando este valor deberá reliquidar las mesadas posteriores (…)»3 dentro del
proceso con radicación 52001333300820130009300.
1 El proceso ingresó al despacho con nota secretarial de fecha 5 de julio de 2022, conforme consta en el aplicativo
SAMAI.
2 Ver fallo que obra en el aplicativo Samai a folios 209 a 2017.
3Transcripción literal del ordinal cuarto de la parte resolutiva del fallo objeto de la presente providencia que obra a folio
23 del mismo.
Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020210064800
Interno: 3233-2021
Actor: UGPP.
Demandada: Rosario de Fátima López Pabón.
De la acción de revisión4.
2. La Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP invocó como causales de revisión las contenidas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que a su tenor señalan lo siguiente:
«ARTÍCULO 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública.
(…)
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicable»
Negrillas fuera de texto.
3. Como sustento de las causales invocadas la entidad accionante sostiene que el
fallo controvertido vulnera su derecho al debido proceso y trasgrede el principio de
supremacía constitucional, en la medida que la reliquidación de la pensión de
jubilación de la accionada con base en todos los factores salariales devengados en
su último año de servicios, bajo los términos de la sentencia de unificación de fecha
4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sobre el ingreso
base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, desconoce los precedentes jurisprudenciales obligatorios y
vinculantes de la Corte Constitucional5 sobre la forma de liquidar el IBL de las
personas sujetas al régimen de transición y las normas legales que regulan la
materia6.
4. Adujo igualmente, que la sentencia cuestionada comporta un abuso del derecho,
por cuanto la reliquidación en ella ordenada, excede lo debido, en contravía de la
aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, conforme a la interpretación dada al
régimen de transición por el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional,
afectando negativamente en las finanzas del fondo común que constituye el régimen
de prima media con prestación definida, administrado por la UGPP, como quiera que
la mesada reconocida es superior a la que en derecho le corresponde a la
4 Folios 2 a 13 del expediente.
5
Corte Constitucional: C-168 de 1995; C-258 de 2013; SU-918 DE 2013; SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016.
6
Ley 100 de 1993, arts. 21 y 36.
2
Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020210064800
Interno: 3233-2021
Actor: UGPP.
Demandada: Rosario de Fátima López Pabón.
accionada, siendo lo correcto que se ordene aplicar el promedio de lo devengado en
sus últimos 10 años de servicio o del tiempo que le hiciere falta con los factores
salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994.
Contestación de la acción extraordinaria de revisión.
5. La apoderada de la señora Rosario de Fátima López Pabón7 considera
improcedentes las causales invocadas por la UGPP atendiendo a que su situación
concreta fue definida por vía ordinaria teniendo en cuenta las normas y criterios
jurisprudenciales vigentes para la época, sin que sea posible volver a reabrir el
debate judicial ya zanjado. A más de lo anterior, señaló que dentro del plenario no
existen pruebas suficientes que conlleven a colegir que la sentencia proferida por
el Juzgado Octavo Administrativo de Pasto el 24 de octubre de 2014 adolezca de
alguna irregularidad tanto normativa o jurídica que conlleve a su revocatoria,
máxime si se tiene en cuenta que fue emanada respetando todas las garantías
constitucionales y la situación fáctica de su poderdante.
6. Finalmente, propone como excepción la que denominó: improcedencia del
recurso extraordinario de revisión, la cual sustentó señalando que respecto de la
sentencia controvertida no se encuentra probada ninguna de las causales
establecidas por el legislador para su ejercicio y que contrario a ello, lo que se
demostró es que dicha entidad no apeló la sentencia proferida por el Juzgado
Octavo Administrativo de Pasto el 24 de octubre de 2014 dentro del proceso 2013-
00093 a partir de lo cual, esa decisión cobró firmeza y se reliquidó el derecho
pensional de la hoy accionada con la totalidad de factores devengados durante su
último año de labores.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA.
De la competencia.
7. La demanda en ejercicio de la acción de revisión que ocupa la atención de la
Sala fue interpuesta8 en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, motivo por el cual, esta Corporación es competente
para conocer de ella en aplicación de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 249
7 Conforme a lo expuesto en el memorial de contestación de la demanda obrante en el aplicativo SAMAI.
8 En fecha 1° de octubre de 2021, tal como se observa en el aplicativo SAMAI.
3
Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020210064800
Interno: 3233-2021
Actor: UGPP.
Demandada: Rosario de Fátima López Pabón.
ibídem9. Así como también, atendiendo el criterio de especialización, por tratarse
de un asunto de carácter pensional, la Sección Segunda es competente para
conocer del presente mecanismo extraordinario al tenor de lo previsto en el
artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55
de 200310 y el Acuerdo 080 de 201911.
Problema jurídico.
8. Le corresponde a la Sala establecer si la sentencia del 24 de octubre de 2014
proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Pasto que accedió a las
pretensiones de la accionada para obtener la reliquidación de su derecho
pensional, se encuentra incursa en las causales de revisión previstas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es decir, establecer si el
reconocimiento de la pensión de la señora Rosario de Fátima López Pabón, en su
calidad de beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 en
cuantía del 75% con la inclusión de todos los factores salariales percibidos en el
último año de servicios, desconoce los precedentes de la Corte Constitucional
sobre la forma de liquidar el IBL de las personas amparadas por el régimen de
transición, comporta el pago de una mesada pensional desproporcionada que
vulnera el debido proceso y excede lo debido de acuerdo con la ley afectando el
sistema financiero pensional.
9. Para efectos de resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará el
estudio referido a las causales invocadas, para posteriormente, resolver el caso
concreto.
9 «Artículo 249. Competencia.
(…)
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los
Tribunales Administrativos.» (Resalta la Sala).
10 «Artículo 1. Distribución de negocios entre las secciones. El artículo 13 del Acuerdo No. 58 de 1999, por el cual se
expidió el reglamento del Consejo de Estado, quedará así:
Artículo 13.- Distribución de los negocios entre las secciones.
Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre
sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
(…)
Sección Segunda:
(…)
3-. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictadas por los tribunales
administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección».
11 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020210064800
Interno: 3233-2021
Actor: UGPP.
Demandada: Rosario de Fátima López Pabón.
Análisis de las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
10. La entidad actora fundó el recurso de revisión en las causales contempladas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que dispone:
«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A
CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA.
Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza
podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas
para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».12
11. Al respecto ha de señalarse que esta disposición tuvo respaldo en la
exposición de motivos del proyecto de Ley 56 de 2002 - Senado que indicó lo
siguiente:
«Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de pensiones. Estos artículos
contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o
las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que
no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las
pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera, se permite afrontar los
graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que
pueda sufrir la Nación».13
12. Con fundamento en esa teleología, el legislador dotó a las entidades públicas
pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para
solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en
dichas causales, las cuales se establecieron con el propósito de fortalecer el
principio de moralidad de que debe estar precedida esta actividad administrativa
de reconocimiento pensional y para enfrentar y afrontar la corrupción que tanto
perjudica las finanzas públicas, en cuanto, el pago de las pensiones se nutre de
12
Énfasis de la Sala.
13 Consulta disponible en: http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=56&p_consec=4821
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Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020210064800
Interno: 3233-2021
Actor: UGPP.
Demandada: Rosario de Fátima López Pabón.
los recursos del erario, ya de por sí limitados y que imponen un examen exigente
y riguroso frente a los montos que se autorizan, pues un exceso en tales sumas
que no correspondan con lo dispuesto legalmente, afecta la liquidez y solvencia
del sistema de seguridad social en materia pensional.
13. Conforme al texto normativo que la consagra, la causal específica invocada
para su procedencia, prevé varios supuestos sine qua non, a saber. Unos
generales que devienen del aparte que antecede a las causales en específico,
tales como: i) que se trate, por regla general, de providencias judiciales, ello por
cuanto se permitió extenderlo a lo logrado en la transacción y la conciliación; ii)
que recaiga sobre un reconocimiento a favor del administrado, lo que se deduce
de la utilización de la frase que «hayan decretado o decreten el reconocimiento».
14. Por eso con razonado criterio, la jurisprudencia del Consejo de Estado14, ha
señalado que las providencias denegatorias del derecho no serían susceptibles de
este recurso; iii) que ese reconocimiento recaiga en una suma periódica de dinero
o pensión; iv) que ese pago se deba hacer con cargo a los recursos de tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Además, la acción extraordinaria en cita
consagró dos requisitos procesales. De una parte, el atinente a la legitimación en
la causa por activa que es cualificada, por cuanto su incoación se deja en cabeza
de tres estamentos: del Gobierno, por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social o del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; del Contralor
General de la República y del Procurador General de la Nación, legitimación
extendida de antaño a la UGPP y, de otra, que los únicos operadores facultados
para asumir esa revisión extraordinaria son los órganos de cierre jurisdiccional15, a
saber, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, conforme a las
competencias asignadas dependiendo de los asuntos que conocen.
15. En cuanto a la utilización de las causales en materia de la acción de revisión,
es pertinente traer a colación lo dispuesto en reiteradas oportunidades por la Corte
Suprema de Justicia Sala Laboral, al limitar su procedencia para aquellos casos
en que la sentencia acusada resulte groseramente evidente y plenamente
14
Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 7 de diciembre de 2010. Radicación
número: 11001-03-15-000-2005-00297-01(REV) Actor: María Ofir Jaramillo Buitrago. C. P. Dr. Rafael E. Ostau De
Lafont Pianeta y sentencia de 4 de junio de 1991, expediente 3920, Sección Segunda, C. P. Dr. Joaquín Barreto Ruiz.
15
Esto teniendo en cuenta lo regulado con antelación a la reforma consagrada en la Ley 2080 de 2021, disposición ésta
última que no es aplicable al presente asunto.
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Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020210064800
Interno: 3233-2021
Actor: UGPP.
Demandada: Rosario de Fátima López Pabón.
manifiesta la violación al debido proceso, el exceso y abuso de la normatividad
genitora de la prestación concedida, atendiendo el siguiente derrotero:
«[…] la utilización de estas causales por los legitimados para ello debe ejercitarse
dentro de un estricto y responsable marco de autorregulación dentro del cual se
armonicen plenamente los intereses públicos y los del demandado, de tal manera
que este recurso extraordinario no se distorsione e hipertrofie en casos que no lo
ameriten realmente, distrayendo a la Administración de Justicia de su trascendental
función, sino que el uso del mismo se ha de limitar a sentencias en las cuales la
violación al debido proceso y el exceso y abuso de la normatividad genitora
de la prestación concedida judicialmente resulten groseramente evidentes y
plenamente manifiestos, estructurando sin lugar a mayores inferencias
conceptuales las dos nuevas causales»16. Negrillas fuera de texto.
16. Dilucidado lo concerniente a las características de las causales previstas en la
Ley 797 de 2003 referidas a la acción de revisión, corresponde a continuación
examinar de manera independiente, si la providencia acusada se encuadra en las
causales a) y b) del artículo 20 de la ley en comento, así:
Caso en concreto:
17. Previo a resolver la cuestión litigiosa, atendiendo los argumentos expuestos
por la apoderada de la demandada en el escrito contentivo de la respuesta a la
acción de revisión interpuesta y teniendo en cuenta que la UGPP invocó como
causales las previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
corresponde a esta Sala analizar de manera independiente cada una de ellas, así:
De la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
Cuando el reconocimiento de la pensión se obtuvo con violación al debido
proceso.
18. La entidad previsional accionante adujo que la sentencia objeto de la acción de
revisión fue expedida con violación al debido proceso, porque la reliquidación del
derecho pensional de la accionada ordenada mediante el fallo controvertido se
efectuó desatendiendo lo planteado por la Corte Constitucional en las sentencias
C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-918 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de
2016 lo que generó el reconocimiento de una mesada pensional en cuantía
superior a la debida conforme a los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.
16
Ib, en la que se indicó que la posición planteada también se encontraba en “CSJ SL, 21 en. 2006, rad. 28263; CSJ SL,
22 abr. 2008, rad. 30517; CSJ SL, 16 feb. 2010, rad. 31802; y CSJ SL, 13 mar. 2013, rad. 44157, entre otras.”
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Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020210064800
Interno: 3233-2021
Actor: UGPP.
Demandada: Rosario de Fátima López Pabón.
19. En ese orden de ideas, debe señalar la Sala que el derecho al debido proceso,
previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, es entendido por el máximo
tribunal de lo constitucional como17:
«[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las
cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o
administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la
aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso:
(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado
como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en
determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la
ley; (iii) [e]l derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas
las demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso
público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o
la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el
derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el
derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre
deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del
orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas>>.
20. Conforme lo anterior, la Sala encuentra que el argumento expuesto por la
UGPP para sustentar la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003 no hace referencia a ninguna de las garantías que componen el derecho
al debido proceso, tales como el derecho a la jurisdicción, al juez natural, el
derecho de defensa, a que el proceso sea público y a que la decisión se profiera
con independencia e imparcialidad.
21. Puesto que la entidad previsional se limita a cuestionar el ingreso base de
liquidación (IBL) aplicado en la sentencia cuestionada, conformado –según su
dicho– por un lapso inferior al previsto en la ley, con la inclusión de factores
salariales que no debieron serle incluidos a la accionada, así como el periodo que
se debe tener en cuenta para su conformación. Esto permite colegir que la
sustentación referida se dirige a cuestionar la cuantía de la pensión ordenada en
la sentencia controvertida, razón por la cual, la Sala despachará de manera
17
Corte Constitucional, sentencia C-341 de 2014. Reiterado en la sentencia de la Sala Plana de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado del 27 de febrero de 2018, exp. núm. 11001-03-15-000-2017-00558-00.
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Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020210064800
Interno: 3233-2021
Actor: UGPP.
Demandada: Rosario de Fátima López Pabón.
desfavorable el cargo por violación al debido proceso y procederá al análisis de la
segunda causal invocada.
De la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
22. Al respecto, la UGPP pretende la revocatoria de la sentencia del 24 de
octubre de 2014 proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Pasto que
ordenó reliquidar la pensión reconocida a la accionada en cuantía del 75% y con
la inclusión de todos los factores salariales percibidos en su último año de
labores, para que en su lugar, ello se realice conforme las reglas jurisprudenciales
fijadas en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-918 de 2013, SU-
230 de 2015 y SU-427 de 2016 por la Corte Constitucional en materia de IBL en
régimen de transición y se aplique un ingreso base de liquidación del 75%,
teniendo como factores únicamente los previstos en el Decreto 1158 de 1994.
23. Al efecto, advierte la Sala que en el fallo controvertido se dejó consignado
que para la fecha en que entró en vigencia el Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones, esto es, el 1° de abril de 1994, la señora Rosario de Fátima
López Pabón contaba con más de 35 años de edad al haber nacido el 30 de
octubre de 1950, razón por la cual forzoso resulta concluir, que es beneficiaria del
régimen de transición que prevé el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Lo que
significa que para el reconocimiento de su pensión se aplican las reglas previstas
en la Ley 33 de 1985 pero únicamente en tres aspectos: la edad, el tiempo de
servicios o semanas de cotización y el monto, entendiéndose por este último el
porcentaje o tasa de reemplazo, más su la base reguladora o los ingresos en que
se fundamenta su liquidación, por no hacer parte esta última de la transición.
24. Entonces, el régimen anterior al cual se encontraba afiliada en su calidad
Ayudante de Oficina grado 07 código 5120 de la Institución Educativa Juanambu
del Departamento de Nariño, es el consagrado en la Ley 33 del 29 de enero de
198518 y Ley 6219 de esa misma anualidad, compendios normativos que
consagran los requisitos y condiciones necesarios para acceder al derecho
pensional así:
18 “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público.”
19 "Por la cual se modifica el artículo 3º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985".
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Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020210064800
Interno: 3233-2021
Actor: UGPP.
Demandada: Rosario de Fátima López Pabón.
«ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio…»
25. Y en cuanto a la base de liquidación para la pensión, se tiene que el artículo
3º de la citada ley regula para los efectos allí previstos, los factores que han de
tenerse en cuenta para la fijación de la pensión en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 3º. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier
Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja,
ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o
como inversión.
Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación de los aportes
proporcionales a la remuneración del empleado oficial estará constituida por los
siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación
básica; gastos de representación; prima técnica; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en días de descanso obligatorio."
En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre
se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular
los aportes.»
26. Conforme al cuerpo normativo reseñado, el Juzgado Octavo Administrativo de
Pasto al encontrar que la señora Rosario de Fátima López Pabón es beneficiaria
del régimen de transición, arribó a la conclusión que debía aplicársele la ley
anterior al sistema general de pensiones, esto es, la Ley 33 de 1985, que permite
la inclusión de todos los factores salariales percibidos en el último año laborado.
En ese sentido, el fallo aquí cuestionado indicó lo siguiente 20:
«(…) Así las cosas, compete en primer lugar, establecer si la actora es beneficiaria
del régimen de transición, punto que se corrobora al examinar los documentos que
hacen parte del expediente administrativo, en tanto para el 1° de abril de 1994,
fecha de entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, había cumplido más de 35
años de edad al haber nacido el 30 de octubre de 1950 (fi. 35).
En consecuencia, sin pertenecer el actor (sic) a un régimen especial, le son
aplicables las Leyes 33 y 62 de 1985.
«(…) Así entonces, se concluye que al beneficiario del régimen ordinario, la
pensión de jubilación le debe ser liquidada en un porcentaje del 75% del salario
promedio que sirvió de base para los aportes DURANTE EL ULTIMO AÑO DE
SERVICIOS. Ello es así, por cuanto, se aplica en su totalidad al régimen anterior,
por ello, no se puede hacer uso de la disposición o de la regla que sobre dicho
ítem, establece el art. 36 de la Ley 100 de 1993, como tampoco las disposiciones
20 Ver folios 212 a 215 del fallo controvertido obrante en el expediente digital visible en el aplicativo SAMAI.
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Acción de Revisión
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previstas en la Ley 797 de 2003, sino que, por el contrario ha de acudirse a la
legislación anterior en su totalidad, pues ese es el beneficio de hacer parte del
régimen de transición (…)».
«(…) Por otro lado, se acreditó que presentó solicitud de reliquidación de la
pensión, el 19 de julio de 2012 (fl.116), mediante la cual, solicitó que se tenga en
cuenta el último año de servicios y la inclusión de todos los factores salariales,
solicitud resuelta mediante el primer acto atacado, luego confirmada a través de la
segunda decisión objeto do impugnación.
«(…) Al expediente se aportó copia del Decreto No. 0902 del 1° de septiembre de
2008, expedido por el Departamento de Nariño, por el cual, se acepta la renuncia
de la actora a su cargo (fl.267). En la constancia aportada referente a las nóminas y
certificaciones de salarlos (fl.26), se observa que la demandante en el año
comprendido entre el 1° de septiembre de 2007 y el 1° de septiembre de 2008,
aparte del salario básico recibió: Prima de alimentación, Prima de servicios, Bono
especial por recreación, Bonificación por servicios prestados, Prima de antigüedad,
Prima de vacaciones y Prima de navidad (…)».
«(…) Así las cosas, dado que, aquellos no fueron reconocidos en el acto
administrativo demandado, deben agregarse en una reliquidación de conformidad
con el precedente aplicable a este caso y bajo la consideración que el caso del
demandante se regula por la ley 33 de 1985, salvo lo relacionado con el bono por
recreación que no remunera la prestación del servicio como tal, según se explicó.
Así entonces, la disertación efectuada, permitió establecer tanto a nivel normativo
corno jurisprudencial que la pensión de jubilación, si se es beneficiario del régimen
de transición, se liquida sobre el 75% del salario promedio devengado durante el
último año de servicios y debe incluirse la totalidad de los factores devengados
durante ese lapso, en consecuencia, la entidad demandada al no proceder de
conformidad conculcó los derechos prestacionales de la actora e incurrió en
ilegalidad al emitir el acto administrativo cuestionado, En ese contexto, hay lugar a
la anulación de aquél y a disponer, el restablecimiento del derecho.
Precisa el despacho que se incluirá la prima de vacaciones, por cuanto, en la
sentencia de unificación que sirve de precedente, se establece que lo que no
constituye factor salarial ni prestacional, es la indemnización por vacaciones, al
corresponder a un descanso remunerado para el trabajador, así que su
compensación monetaria, que se le otorga cuando no disfruta de sus vacaciones,
no puede servir de base salarial para liquidar la pensión de jubilación, De igual
manera, hace parte de la liquidación, el quinquenio, citado a manera de ejemplo por
el Consejo de Estado en la sentencia de unificación como uno de los factores que
deben considerarse a efectos de la reliquidación solicitada (…)».
27. Lo anterior constituye el fundamento por el cual se accedió a las pretensiones
presentadas por la señora Rosario de Fátima López Pabón en la sentencia
controvertida dentro del sub examine, que en sus ordinales primero a tercero
dispuso lo siguiente:
«(…) PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de la Resolución N°RDP16156 del 20 de
noviembre de 2012, mediante el cual, se negó la reliquidación de la pensión de la
actora y de la Resolución N°RDP7813 del 20 de febrero de 2013, mediante el
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cual, se confirmó la Resolución N°RDP16156, proferidas por la UNIDAD DE
GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCAL.
SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración ORDENAR a la
UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCAL, a título de restablecimiento,
reliquidar la pensión de jubilación reconocida a la Sra. ROSARIO DE FATIMA
LOPEZ PABON, a partir del 30 de octubre de 2005, que se liquidará con e) 75%
deI salario promedio en el cual se Incluirá la prima de alimentación, prima de
servicios, bonificación por servicios prestados, prima de antigüedad, prima de
vacaciones y prima de navidad devengados por la prenombrada entre el 10 de
septiembre de 2007 y 10 de septiembre do 2008 y tomando este valor deberá
reliquidar las mesadas posteriores.
TERCERO.- DECLARAR que las sumas anteriores al 19 de julio de 2008, se
encuentran PRESCRITAS. En consecuencia, ORDENAR a la UNIDAD DE
GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCAL que cancele a la actora las mesadas
posteriores a esa fecha (…)».
28. Visto lo anterior, en lo concerniente al ingreso base de liquidación aplicado en
el fallo controvertido, se obtiene que dispuso la reliquidación de la pensión de la
accionada con la inclusión de todos los factores salariales devengados en su
último año de servicio, directrices que fueron acogidas por la entidad previsional
mediante la Resolución RDP N°025200 del 7 de julio de 201621, en la que ordenó
el siguiente reconocimiento pensional en favor de la señora López Pabón:
«[…] «Que de conformidad con lo ordenado por el JUZGADO OCTAVO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO–NARIÑO, es procedente efectuar
la siguiente liquidación, así:
AÑO FACTOR VALOR VALOR IBL VALOR IBL
ACUMULADO ACTUALIZADO
2007 Asignación básica 10,978,980.00 3,629,163.00 3,629,163.00
mes
2007 Auxilio de $426,144.00 140,864.00 140,864.00
alimentación
2007 Prima de antigüedad 1,255,968.00 415,167.00 415,167.00
2007 Prima de navidad 1,194,839.00 394,961.00 394,961.00
2008 Asignación básica 8,088,996.00 8,088,996.00 8,088,996.00
mes
2008 Auxilio de 272,740.00 272,740.00 272,740.00
alimentación
2008 Bonificación 561,052.00 561,052.00 561,052.00
servicios prestados
2008 Horas extras 589,104.00 589,104.00 589,104.00
2008 Prima de antigüedad 925,239.00 925,239.00 925,239.00
2008 Prima de navidad 872,679.00 872,679.00 872,679.00
2008 Prima de servicios 603,195.00 603,195.00 603,195.00
IBL: 1´374.430 x 75.0 = $1´030.823 SON: UN MILLON TREINTA MIL
OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE
(…)
21 Obrante en los anexos visibles en el aplicativo SAMAI.
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Esta pensión estará a cargo de:
ENTIDAD DÍAS VALOR CUOTA
Fondo de Pensiones 13295 $1,030,823.00
Públicas – FOPEP
[…]»
29. A partir de lo analizado, se colige que en virtud de la sentencia cuestionada la
asignación pensional de la señora Rosario de Fátima López Pabón quedó
establecida en $1´030.823 suma que excede en tan solo $72.141 el valor
indexado a 201622 de la mesada que le fue reconocida y reliquidada a través de
las Resoluciones 35156 del 24 de julio de 2008, 9033 del 25 de febrero de 2009 y
PAP 24233 del 29 de octubre de 2010 por el ente previsional23 en los términos del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
30. Lo anterior, teniendo en cuenta que mediante Resolución 35156 del 18 de
julio de 2006 la extinta Caja Nacional de Previsión Social - CAJANAL, reconoció a
la accionada pensión mensual vitalicia de jubilación condicionada demostrar su
retiro definitivo del servicio, para lo cual tuvo en cuenta el 75 % del promedio de lo
devengado sobre el salario promedio de sus últimos 10 años de labores,
comprendidos entre el 1° de noviembre de 1995 y 30 de octubre de 2005 y los
siguientes factores: asignación básica, bonificación por servicios prestados y
prima de antigüedad. A través de la Resolución 09033 del 25 de febrero de 2009
la entidad previsional le reliquidó su derecho pensional por haber aportado
nuevos tiempos de servicio, en la cual se reiteraron el tiempo y los factores
señalados como base de la liquidación y finalmente, mediante la Resolución PAP
024233 del 29 de octubre de 2010 se ordenó la reliquidación de su mesada por
retiro definitivo del servicio a partir del 1° de septiembre de 2008, quedando
finalmente fijada en $718.562, valor que el ser indexado al año 2016 correspondió
a $958.682.oo.
31. Entonces y si bien es cierto conforme lo señala el ente previsional que la
sentencia cuya revisión se pretende ordenó el reconocimiento pensional de la
accionada aplicando en su integridad el régimen anterior, esto es, la Ley 33 de
1985 con todos los factores devengados durante su último año de labores y
22Toda vez que el valor de la mesada pensional de la accionada inicialmente reconocida y reliquidada fue fijada en
$718.562 que indexado a 2016 conforme al IPC aplicable corresponde a $958.682.
23 Folios 101 a 108 del cuaderno de antecedentes administrativos visible en el aplicativo SAMAI. .
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demás normas concordantes en contravía de la postura de la Corte Constitucional
actualmente adoptada por esta Corporación, también lo es que el incremento de
la mesada que le fue reconocido no arroja un valor que afecte la sostenibilidad
fiscal del sistema pensional.
32. Lo anterior, en consideración a que la UGPP no acreditó que la aplicación de
cualquiera de los dos sistemas, eso es, el señalado por el a quo o el previsto en
los artículos 21 y 36 la Ley 100 de 1993 afecte de manera cuantitativa el sistema
financiero pensional. Máxime, si se tiene en cuenta que el valor indexado de la
mesada de la accionada para el año 2016 correspondió a $958.682 y la
reliquidación de su mesada a partir de lo ordenado en el acto administrativo que
le dio cumplimiento al fallo controvertido quedó determinada en $1´030.823.oo
33. Conforme a lo analizado y acudiendo al propósito por el cual el legislador creó
este mecanismo extraordinario, se evidencia que fue establecido para fortalecer el
principio de moralidad que guía la actividad administrativa de reconocimiento
pensional, para enfrentar y combatir la corrupción que afecta en gran medida las
finanzas públicas en actuaciones concernientes al reconocimiento de pensiones
oficiales.
34. Lo cual implica necesariamente que las autoridades habilitadas legalmente
para su ejercicio, deben desplegar una ardua labor probatoria tendiente a
demostrar precisamente la casual de revisión que invoquen, aportando las
pruebas que acrediten los supuestos no solo de la demanda, sino particularmente
de aquella, que para el caso concreto corresponde a la prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, concerniente a que la cuantía de lo reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley aplicable y que éste último hubiese sido
obtenido con abuso del derecho24.
35. En ese sentido, el abuso del derecho en el sistema de seguridad social en
pensiones se configura cuando en ejercicio de las garantías que aquel cobija, un
individuo con una posición económica privilegiada obtiene, además de las
ventajas que ostenta en la sociedad, otras adicionales que desafían los principios
24 Criterio que ha sido planteado y reiterado por esta Subsección en su jurisprudencia, conforme quedó señalado en las
sentencias del 27 de mayo de 2021. Radicado: 11001-03-25-000-2018-01538-00. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez y del
24 de septiembre de 2021 proferida por la Sala Especial de Decisión 2. Radicado: 11001-03-15-000-2018-01426-00 con
ponencia del Doctor César Palomino Cortés.
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de la seguridad social en pensiones y resisten su orientación equitativa, tal como
lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 al sostener
que «para que se produzca este abuso del derecho, el aumento [de la mesada
pensional], debe ser claramente desproporcionado y debe ser evidente que no
corresponde a su historia laboral». Subrayado nuestro.
36. Entonces, se justifica la revisión de las sentencias controvertidas por vía de la
acción extraordinaria de revisión, en aquellos casos en los cuales, se logra
constatar que la ventaja irrazonable que generó el fallo cuestionado pone en
riesgo el sostenimiento fiscal del sistema y por ende, la expectativa de los demás
afiliados del sistema de seguridad social. No siendo esa la circunstancia acaecida
en el caso bajo estudio, en la medida que la cuantía generada en virtud de la
orden impartida en la sentencia objeto de revisión no denota un valor
desproporcionado en consideración a la historia laboral de la señora López
Pabón, quien durante toda su vida laboral se desempeñó como Ayudante de
Oficina grado 07 código 5120 de la Institución Educativa Juanambu del
Departamento de Nariño25 sin que su situación laboral conllevara encargos o
provisionalidades en empleos de mayor jerarquía durante sus últimos años de
servicio, para así obtener incrementos en sus salarios y prestaciones con
incidencia en el promedio su ingreso base de liquidación pensional.
37. Ahora bien, tampoco avizora la Sala que lo ordenado en la sentencia
controvertida con fundamento en el criterio jurisprudencial vigente para la época
en que la ahora accionada acudió a la jurisdicción para obtener la reliquidación de
su derecho pensional constituya una decisión contraria a la Ley, puesto que se
fundamentó en una interpretación que permitía la inclusión de la totalidad de los
factores salariales devengados durante el último año de servicios para la
determinación del IBL pensional, la cual fue revaluada por esta corporación en
sentencia de agosto de 2018, de suerte que, por el efecto vinculante de dichas
posturas en tanto fueron proferidas por el órgano de cierre de la jurisdicción
contenciosa administrativa no pueden considerarse contrarías a la ley en materia
pensional, toda vez que contribuyeron a la interpretación y armonización del
aspecto referido.
25 Conforme lo acreditan las certificaciones visibles a folios 18, 41 y 78 del expediente administrativo obrante en el
aplicativo SAMAI que dan cuenta de que prestó sus servicios al Departamento de Nariño en el mismo empleo entre el 27
de septiembre de 1971 y el 30 de agosto de 2008.
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38. Al respecto, se tiene que la reliquidación del monto de la pensión de la señora
Rosario de Fátima López Pabón en cuantía del 75% con la inclusión de todos los
factores salariales percibidos en el último año laborado en cumplimiento del fallo
objeto de revisión, tampoco conlleva un exceso de gran valor en el incremento
que le favoreció y que por tanto, resulte desproporcionado al tiempo y al empleo
por ella desempeñado durante toda su vida laboral como Ayudante de Oficina
grado 07 código 5120 de la Institución Educativa Juanambu del Departamento de
Nariño.
39. Así mismo, en el presente asunto tampoco se configuró circunstancia alguna
constitutiva de abuso del derecho, entendido este como aquellas situaciones en
las cuales los servidores públicos beneficiarios de la transición obtienen en el
último año de servicios un incremento significativo e injustificado de sus ingresos
que no corresponden a la realidad de su vida laboral, requisito indispensable para
acceder a la revisión de sentencias mediante el presente mecanismo
extraordinario, conforme lo estableció la Sentencia de Unificación del 28 de
agosto de 2018 proferida por esta corporación.
40. Máxime si se tiene en cuenta que en la sentencia proferida por el Juzgado
Octavo Administrativo de Pasto se ordenó efectuar el descuento de los valores
correspondientes a los aportes sobre los factores respecto de los cuales la
accionada no realizó cotizaciones con destino al sistema de seguridad social en
pensión, a partir de lo cual la UGPP en la Resolución RDP N°025200 del 7 de julio
de 2016, dispuso que se le debía descontar la suma de $1´066.790 por concepto
de aportes para pensión de factores de salario no efectuados.
41. Por consiguiente y dado que en el caso bajo estudio no se reunieron los
requisitos necesarios para acceder a la revisión de la sentencia proferida el 24 de
octubre de 2014 por el Juzgado Octavo Administrativo de Pasto, esta Sala
declarará infundada la presente acción especial de revisión interpuesta por la
Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP.
42. Finalmente, en el caso bajo estudio no se observa una justificación que
implique el reconocimiento de la condena en costas, si se tiene en cuenta que la
Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
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Social - UGPP utilizó su derecho desde un punto de vista jurídico y serio
atendiendo la pluralidad de interpretaciones existentes sobre la materia, aunado a
no encontrarse acreditada la causación de expensas dentro del proceso, requisito
indispensable para su imposición conforme lo dispone el ordinal 8° del artículo 365
del Código General Proceso, que específicamente establece que la sentencia
dispondrá sobre este aspecto «salvo en los procesos que se ventile un interés
público».
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADA la acción de revisión presentada por
Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP contra el fallo proferido por el Juzgado Octavo Administrativo de
Pasto de fecha 24 de octubre de 2014, que accedió a las pretensiones formuladas
por la señora Rosario de Fátima López Pabón para obtener la reliquidación de su
derecho pensional dentro del proceso 52001333300820130009300.
SEGUNDO. - Sin codena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva.
Notifíquese y cúmplase.
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Firma Electrónica
(con salvamento de voto)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firma Electrónica Firma Electrónica
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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