Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00687-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00687-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00687-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00687-00 (3745-2021)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Luis Carlos Forero Pulgar
Temas: Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Reliquidación de pensión de jubilación
_____________________________________________________________________
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, del 26 de octubre de 2018, a través de la cual se revocó la providencia
emitida por el Juzgado Trece Administrativo Oral de Bogotá, Sección Segunda, el 30
de marzo de 2017, que había negado las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderado judicial, solicitó
infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, del 26 de octubre de 2018, a través de la cual se revocó la providencia
emitida por el Juzgado Trece Administrativo Oral de Bogotá, Sección Segunda, el 30
de marzo de 2017, que había negado las pretensiones de la demanda formulada por el
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00687-00 (3745-2021)
Demandante: UGPP
señor Luis Carlos Forero Pulgar contra la UGPP, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11 001 334 2013 00693 01.
Con fundamento en lo anterior, además, solicitó i) declarar que el señor Luis Carlos
Forero Pulgar, en cuanto a su mesada pensional, no es acreedor de un derecho
amparable por la legislación colombiana; ii) ordenar la reliquidación de la mesada
pensional del demandado, teniendo el ingreso base de liquidación previsto en los
artículos 36, inciso 3.° o 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de
1994, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional1 y por el Consejo de
Estado;2 iii) ordenar al señor Forero Pulgar reintegrar los dineros, debidamente
indexados, recibidos en exceso por virtud de la reliquidación pensional ordenada en la
sentencia objeto de revisión; y iv) condenar al demandado a pagar los intereses
moratorios en los términos del artículo 192 del CPACA.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad recurrente señaló los siguientes:
i) El 24 de julio de 1940, nació el señor Luis Carlos Forero Pulgar. Prestó sus servicios
en los siguientes períodos y entidades:
• Desde el 3 de marzo de 1958 hasta el 20 de febrero de 1968, en el Ministerio de
Defensa.
• Desde el 1.° de febrero de 1968 hasta el 28 de febrero de 1982, desde el 1.° de
mayo de 1983 hasta el 31 de julio de 1983 y desde el 1.° de agosto de 1983
hasta el 31 de agosto de 1984, en el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de
Salud y el último cargo que ocupó fue el de pagador 5054-17, en la ciudad de
Bogotá D.C.
ii) El 24 de julio de 1995, el señor Forero Pulgar adquirió el estatus jurídico pensional.
1 La entidad recurrente cita las Sentencias C-168 de 1995, C- 258 de 2013, SU- 230 de 2015, SU-
427 de 2016, SU -210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017 y en los Autos 326 de 2014 y
227 de 2017.
2
La entidad recurrente cita la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, radicado 52001 23
33 000 2012 00143 01.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00687-00 (3745-2021)
Demandante: UGPP
iii) El 29 de agosto de 1996, a través de la Resolución 010282 la extinta Caja Nacional
de Previsión Social (CAJANAL) reconoció una pensión de jubilación al hoy demandado
en cuantía de $ 294.297,63, efectiva desde el 24 de julio de 1995. Para tal efecto, se
tomó una tasa de reemplazo del 75 % del promedio de lo devengado en el último año
de servicio, con la inclusión de la asignación básica y la bonificación por servicios
prestados, de conformidad con la Ley 33 de 1985, en concordancia con el artículo 36
de la Ley 100 de 1993.
iv) Por medio de las Resoluciones 016748 de 1997, RDP 017672, RDP 024188 y RDP
025108 de 2013, la UGPP negó la solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación
del señor Forero Pulgar, relativa a la inclusión de la totalidad de los factores salariales
devengados en el último año de servicio.
v) El 10 de diciembre de 2013, la UGPP expidió el Auto ADP 015987 a través del cual
ordenó el archivo de una solicitud presentada por el hoy demandado el 9 de diciembre
de 2013.
vi) El 12 de marzo de 2015, la UGPP profirió el Auto ADP 002233 mediante el cual ordenó
el archivo del expediente pensional del señor Forero Pulgar.
vii) El 30 de marzo de 2017, el Juzgado Trece Administrativo de Bogotá, profirió
sentencia de primera instancia, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda
interpuesta por el señor Carlos Forero Pulgar contra la UGPP.3
viii) El 26 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de
revocar la providencia expedida por el Juzgado Trece Administrativo de Bogotá, y en
su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:4
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 30 de marzo de 2017 por el Juzgado Trece
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que negó las pretensiones de la demanda, en
su lugar, se dispone:
a) DECLÁRASE la nulidad del Auto ADP 2233 de 12 de marzo de 2015 expedido por la
UGPP, por medio del cual se ordenó el archivo de una solicitud de reliquidación pensional,
por las razones expuestas en esta providencia.
3 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 14 de la plataforma SAMAI.
4 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 14 de la plataforma SAMAI.
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Demandante: UGPP
b) Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho,
CONDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales (UGPP) a reliquidar y pagar la pensión de vejez del demandante sobre el
ingreso base de liquidación del 75% de lo devengado en el último año de servicio, incluyendo
además de la asignación básica y la bonificación por servicios, todos factores salariales
devengados en el último año de servicios que estén enlistados en el Decreto 1045 de 1978,
esto son: prima de servicios, auxilio de alimentación, prima de vacaciones, prima de navidad
y prima semestral. […]
c) DECLÁRASE probada la excepción de prescripción a partir del 20 de noviembre de 2011.
e) ABSTÍENESE de resolver las pretensiones del llamamiento en garantía al Instituto
Nacional de Salud, que fue presentado por la UGPP, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
d) DECLÁRASE no probada la excepción denominada compensación.
e) ABSTÍENESE de resolver las pretensiones del llamamiento en garantía al Instituto
Nacional de Salud, que fue presentado por la UGPP, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia. […] (Resaltado original del texto)
ix) El 8 de noviembre de 2018, quedó ejecutoriada la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.
x) El 28 de febrero de 2019, la UGPP a través de la Resolución RDP 006688, dio
cumplimiento a la sentencia emitida por el referido tribunal.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, el 26 de
octubre de 2018,5 emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de revocar la
providencia expedida por el Juzgado Trece Administrativo Oral de Bogotá, Sección
Segunda, el 30 de marzo de 2017, que había negado las pretensiones de la demanda
presentada por el señor Luis Carlos Forero Pulgar contra la UGPP, y, en su lugar accedió
a ellas, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:
i) El a quo negó las pretensiones de la demanda con fundamento en que si bien se
acreditó en el expediente que el actor era beneficiario del régimen de transición del
parágrafo 2 del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, pues contaba con 15 años de servicio
para la fecha de su entrada en vigencia, no era procedente su aplicación porque en la
demanda sólo se invocó el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993. En ese orden, sostuvo que en consideración a que el 24 de julio de 1995
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Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 14 de la plataforma SAMAI.
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Demandante: UGPP
adquirió el estatus jurídico pensional, para calcular el monto de su prestación debía
observarse el inciso 3.° del artículo 36 ibidem y el Decreto 1158 de 1994, en
concordancia con el desarrollo jurisprudencial realizado por la Corte Constitucional.
ii) En el expediente se acreditó que el señor Forero Pulgar es beneficiario del régimen
de transición contenido en el parágrafo 2° del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, que
dispuso que quienes a la fecha de su vigencia tuvieran 15 años de servicio, podían
pensionarse con los requisitos del régimen anterior, esto es, los Decretos 3135 de 1968
y 1045 de 1978; sin que se puedan exigir nuevos requisitos en virtud de la Ley 100 de
1993.
Lo anterior, teniendo en cuenta que prestó sus servicios al Ministerio de Defensa
Nacional desde el 3 de marzo de 1958 hasta el 20 de febrero de 1968 y al Ministerio de
Salud Pública entre el 21 de febrero de 1968 y el 28 de febrero de 1982 y del 1.° de
enero de 1983 al 31 de agosto de 1984; de tal suerte que a la fecha de entrada en
vigencia de la Ley 33 de 1985, esto es, el 13 de febrero de 1985, contaba con más de
15 años de servicio.
iii) Las Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 no son aplicables al sub lite porque
en ellas se hizo el análisis del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993.
iv) En ese orden, el demandante tiene derecho a que su pensión de jubilación le sea
reconocida al cumplir 55 años de edad y 20 años de servicio, con base en el 75 % del
promedio mensual obtenido en el último año de servicio y con la inclusión de los factores
contemplados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
Al respecto, el Consejo de Estado, en un primer momento, en la sentencia del 9 de julio
de 2009,6 señaló que las pensiones de las personas beneficiarias de la transición de la
Ley 33 de 1985, se calculan con todos los factores salariales devengados en el último
año de servicio, aunque sobre ellos, o alguno de ellos, no se haga mención taxativa en
la norma.
6 El tribunal citó al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del
9 de julio de 2009, radicación 25000 23 25 000 2004 04442 01 (0208-07).
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Demandante: UGPP
Posteriormente, el Consejo de Estado expidió la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018, mediante la cual precisó que solo se pueden tener en cuenta los
factores expresamente señalados en el ordenamiento jurídico, so pena de traspasar la
voluntad del legislador.
Así las cosas, el demandante tiene derecho a que en la liquidación de su pensión de
jubilación se incluyan todos los factores salariales devengados en el último año de
servicio que estén establecidos en el Decreto 1045 de 1978.
v) Luego de efectuar un análisis de la demanda, se advierte que el actor sí citó
expresamente y solicitó la aplicación de la Ley 4 de 1996 y de los Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, por lo tanto, al margen de que en aquel escrito se
pidió observar el régimen de transición de la Ley 100 de 1993; lo cierto es que el señor
Forero Pulgar también fundó sus pretensiones en las normas aplicables en la transición
de la Ley 33 de 1985.
En consecuencia, contrario a lo expuesto por el a quo, sí era procedente realizar un
pronunciamiento de fondo al respecto, máxime cuando evidenció que el actor cumple
con los requisitos legales para ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 33
de 1985.
vi) Está demostrada la excepción de prescripción extintiva del derecho comoquiera que
la entidad demandada reconoció una pensión de jubilación a la actora por medio de la
Resolución 010282 del 29 de agosto de 1996, con efectividad a partir del 24 de julio de
1995 y la reliquidación de la prestación se solicitó el 20 de noviembre de 2014, de
manera que están prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 20
de noviembre de 2011.
vii) Por lo expuesto, se impone revocar la sentencia emitida en primera instancia, para
en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. En ese orden, se declara la
nulidad de Auto ADP 2233 del 12 de marzo de 2015.
A título de restablecimiento del derecho, se condena a la UGPP a reliquidar la pensión
de jubilación reconocida al demandante en el equivalente al 75 % del salario promedio
devengado en el último año de servicio, con efectos fiscales desde el 20 de noviembre
de 2011, por prescripción trienal, con la inclusión, además de la asignación básica y la
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Demandante: UGPP
bonificación por servicios, tenidas en cuenta por la autoridad pensional en sede
administrativa; de las primas de servicios, de vacaciones, de navidad y semestral y el
auxilio de alimentación.
1.2. La causal de revisión invocada
El apoderado de la entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de esta, expuso los siguientes argumentos:
i) La incorrecta interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, deriva en la indebida
aplicación de la Ley 33 de 1985. En efecto, en el expediente se acreditó que el señor
Forero Pulgar es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1996, por ende el régimen pensional aplicable es el dispuesto en la Ley
33 de 1985.
En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la referida ley, las
prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas por
éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se
encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de
vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.
Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley
100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de
jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir
el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente
con base en la variación del IPC, según certificación emitida por el DANE. En ese sentido,
se ha pronunciado la Corte Constitucional,7 criterio que constituye precedente
obligatorio.
ii) Paralelamente, se demostró que el demandado resulta beneficiario de otro régimen
de transición previsto en el parágrafo 2.° del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, lo cual le
7 La entidad recurrente cita lo ha señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C-258
de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, SU-223 de
2018 y T-039 de 2018.
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Demandante: UGPP
permitía aplicar a su situación fáctica el requisito de edad previsto en la norma anterior
a la Ley 33 de 1985, es decir, la consignada en el artículo 68 del Decreto 1848 de 1969,
sin embargo, esta disposición en materia de edad de pensión no varió para el caso de
los hombres, ya que como se observa, el requisito de edad es igual al consagrado en
la legislación del año 1985, es decir, 55 años.
«Sin embargo, el ad quem atendiendo la situación laboral del señor Forero Pulgar, hizo
un salto irregular entre normas, concluyendo que al mismo le eran aplicables las
disposiciones contenidas en el artículo 17 de la Ley 6 de 1945 y la modificación de ésta
prevista en el Decreto 3135 de 1968, trayendo a colación al final la regla del artículo 68
del Decreto 1848 de 1969 en materia de factores salariales, esto es, la aplicación del
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, todo lo anterior, a partir de un claro
desconocimiento de la correcta interpretación y aplicación de los beneficios de los
regímenes de transición de la Ley 33 de 1985 y la Ley 100 de 1993, respectivamente.»
«Por lo anterior, es claro que el despacho al momento de decidir sobre las pretensiones
de la demanda, confundió la regulación normativa aplicable, accediendo a una
reliquidación en contravía de la normatividad y jurisprudencia vigente, dándole un
alcance al beneficio inicial de transición consignado en la Ley 33 de 1985, que esta
norma no prevé, lo cual de contera causó una indebida aplicación del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993».
iii) El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe
calcularse la mesada pensional que percibe el demandado, comoquiera que, se insiste,
adquirió el estatus jurídico de pensionado en vigencia de aquella norma.
iv) La mesada pensional devengada por el señor Forero Pulgar se incrementó sin que
exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la
sostenibilidad financiera del sistema pensional.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
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Demandante: UGPP
Vencido el término para presentar contestación a la acción especial de revisión, la parte
demandada guardó silencio.8
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de
revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.9 Asimismo, atendiendo al
criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección
Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente
para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 12 de marzo de 2019.10
De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo
de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias judiciales
«que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».11
Así mismo, es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto
575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), está
legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la
función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo
8 Tras revisar el expediente y el sistema SAMAI, la Sala advierte que el señor Luis Carlos Forero Pulgar guardó
silencio. Lo anterior, pese a que el 18 de febrero de 2022, esta corporación notificó personalmente, por medio
electrónicos, al demandado el contenido de la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP; actuación
visible a índice 11 de SAMAI.
9 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas
por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la
materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos
conocerán los Tribunales Administrativos.».
10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
11 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también reconoció a la
UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797
de 2003.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00687-00 (3745-2021)
Demandante: UGPP
20 de la Ley 797 de 2003, como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia
SU-427 de 2016.
2.2. Oportunidad
El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro
de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite,
la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 8 de noviembre de 201812 y la acción
especial de revisión se interpuso el 26 de octubre de 2021,13 por lo que es dable
concluir que fue presentada dentro del término establecido en la ley.
2.3. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, del 26 de octubre de 2018, se encuentra inmersa en
la causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que
le eran legalmente aplicables».
2.4. Marco normativo
2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas
a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento
que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por
el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a
solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
12 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 14 de la plataforma SAMAI.
13 Índice 4 de la plataforma SAMAI.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00687-00 (3745-2021)
Demandante: UGPP
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción
o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo
cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto
por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los
cuales se tienen los siguientes:
i) Son susceptibles del recurso las sentencias ejecutoriadas.
ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
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aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.
Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró14 que el recurso extraordinario de
revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,15 procede contra sentencias
ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y
constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».
En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas
por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso
extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.
2.4.2. Alcance de las causales de revisión
Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció
otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
14 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter
absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se
ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia
ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que
ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate
habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una
sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y
verdad material, como fines esenciales del Estado».
15 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión
se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En
materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo
192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo 188.
(modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de
revisión en materia contencioso-administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
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Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21 de la
Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las
conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por
montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar
las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera se permite afrontar los graves
casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la
Nación».16
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la
norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones y
a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los
reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».17
Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la
citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito
primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la
ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario».18
Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas a dos
eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido
proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, pacto o convención.
Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde al
juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente
encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea
posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias de
las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso, sino
que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido irregularmente
otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.
16 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017, radicado 2017-
01529 (REV).
17 Ibidem.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 2014-
00845-00 (2743-13).
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2.4.3. Régimen pensional de servidores públicos anterior a la vigencia de la Ley
100 de 1993
Antes del 1.º de abril de 1994, fecha de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
que estableció el sistema general de pensiones, se encontraba en vigor la Ley 33 de
1985, cuya vigencia inició el 13 de febrero de 1985.
Esta última ley en el artículo 1.º estableció que el empleado oficial que sirva o haya
servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años, tiene derecho
a que la respectiva caja de previsión le pague una pensión mensual vitalicia de
jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio.
Así mismo, el parágrafo 2.° del artículo ibidem, creó un régimen de transición que
operaría bajo el cumplimiento de alguno de los siguientes supuestos fácticos:
i) Quienes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 tuviesen 15 años de
servicio al Estado tendrían derecho a la aplicación del requisito de edad que regía en
normas anteriores.19
ii) Quienes tuviesen acreditados 20 años como empleados oficiales y se encontrasen
retirados del servicio en el momento en que entró a regir la citada ley obtendrían la
pensión de jubilación a los 50 años de edad en el caso de las mujeres y 55 en el de los
hombres, la cual se reconocería y pagaría de conformidad con las normas vigentes a la
fecha de retiro.20
Ahora bien, la Ley 6 de 1945 en su artículo 17 estableció una pensión de jubilación para
los empleados oficiales equivalente a las 2/3 partes del promedio de los sueldos
devengados en el último año de servicio para quienes acreditaran 50 años de edad y
20 de servicio, continuos o discontinuos.
19 Véase, Ley 33 de 1985, Artículo 1º.
«[…] Parágrafo 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15)
años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación
que regían con anterioridad a la presente Ley.»
20 Véase, Ley 33 de 1985, Artículo 1º.
«[…] Parágrafo 2º.
[…] Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se
hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres,
o cincuenta y cinco (55), si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo
con las disposiciones que regían en el momento de su retiro.»
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Posteriormente, fue modificada por el artículo 4 de la Ley 4ª de 1966, este último en el
sentido que dicha prestación social sería equivalente al 75% del promedio mensual
percibido en el último año de servicio. En ese orden, los empleados oficiales que
cumplieran 50 años de edad y 20 años de servicio al Estado, tendrían derecho a una
pensión de jubilación equivalente al 75% del promedio mensual recibido en el último
año.
A su turno, se expidió el Decreto 3135 de 1968, que en su artículo 27 dispuso:
Artículo 27. Pensión de jubilación o vejez. El empleado público o trabajador oficial que
sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es varón, o
50 si es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pague una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios
devengados durante el último año de servicio. […]
Es decir, el cambio que realizó la norma en cita se circunscribió al requisito de la edad
que pasó de 50 años a 55 años para los hombres, mientras que para las mujeres se
conservó igual.
Pues bien, respecto a la aplicación de la Ley 6ª de 1945 o del Decreto 3135 de 1968 a
los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, esta corporación
señaló una postura consistente en que «si bien es cierto los Decretos 3135 de 1968 y
su Decreto Reglamentario 1848 de 1969, modificaron la edad de jubilación dispuesta
en la Ley 6 de 1945, dichas normas fueron derogadas por la Ley 33 de 1985 por lo que
la misma nos devuelve a la Ley 6 de 1945, como régimen anterior aplicable».21
Por otro lado, también mantuvo la posición consistente en dar aplicación al artículo 27
del Decreto 3135 de 1968, al señalar que «para el 13 de febrero de 1985, fecha en que
entró en vigencia la Ley 33 de 1985, [la entonces demandante] contaba con más de 15
años de servicio […], es decir que en cuanto a edad lo gobernaba el régimen anterior,
que tratándose de empleados de carácter nacional, estaba contenido en el Decreto
3135 de 1968. […] En consecuencia, es procedente aplicar a la actora, el régimen
anterior a la Ley 33 de 1985 en su totalidad, que no es otro que el contenido en el
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de abril de 2007, radicación:
150012331000199902187-01(1114-03), consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Paez. Este criterio fue
reiterado por la referida subsección, en la sentencia del 19 de noviembre de 2009, radicación:
250002325000200401634 01(1028 -07), consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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Decreto Ley 3135 de 1968, por tratarse de una empleada de carácter nacional».22
Sin embargo, en sentencia del 24 de marzo de 2022 esta Subsección al realizar el
recuento histórico de las normas llamadas a ser observadas respecto de los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, sostuvo:23
[…] De acuerdo con lo anterior, y para llegar a un consenso, la Corporación24 ha
adoptado la tesis según la cual la aplicación de la Ley 6 de 1945 o del Decreto 3135 de
1968, para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, dependerá
de la vinculación nacional o territorial del empleado público, en los términos a
continuación: (Resaltado fuera del texto)
«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 1945 se aplicó para efectos de las prestaciones
sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así como a los
servidores públicos del nivel territorial, la cual, sobre la pensión de jubilación, dispuso:
Art. 17 Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las
siguientes prestaciones:
[...] b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a
cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo
[...].
Posteriormente, el Decreto 3135 de 1968, aplicable a los servidores públicos del orden
nacional […]
El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual se
dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el sector
público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de jubilación que
el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y tuviera 55 años de
edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley 33 consagró un régimen
de transición consistente en que los empleados oficiales que a la fecha de su entrada en
vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos
de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían
con anterioridad a la presente ley » (se destaca), que para el caso de los servidores
públicos del orden nacional era el Decreto 3135 de 1968, y frente a los del orden
territorial, la Ley 6ª de 1945» Destacado fuera del texto original.
Tesis que, aunque sea posterior a la providencia que se revisa, se acogerá en esta
oportunidad a fin de armonizar las posiciones que hasta este momento se han sostenido y
no dar lugar a desigualdades; […] (Resaltado, cursiva y comillas originales del texto).
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 23 de febrero de 2012, radicación 25000-
23-25-000-2004-01309-01(1143-08), consejero Ponente: Alfonso Vargas Rincón.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de marzo de 2022, radicado 11001-
03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019).
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2020, radicado 47001-
23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017).
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2.4.4. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, proferida
por la Sala Plena del Consejo de Estado, respecto a la interpretación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993
Mediante la sentencia de unificación CE-SUJ-SIII, del 28 de agosto de 2018,25 la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, en interés de unificar su jurisprudencia respecto
de los criterios interpretativos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
relativos a si se aplica o no el régimen de transición al IBL, estableció las siguientes
reglas:
El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace
parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se
pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de
pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso, entre consideraciones,
la siguiente:
91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36
de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que
las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión de vejez con
la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen
anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley
100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que
consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento
de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente
a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones,
indudablemente, le son más favorables. (Resaltado fuera del texto).
Adicionalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado definió
las siguientes subreglas:
La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos
que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad,
tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de
liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello,
o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de 2018, radicado
N.º 52001-23-33-000-2012-00143-01.
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base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores
al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice
de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.» Esta subregla se justifica, así:
99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella
según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los
factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como
elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48,
para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio
y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta
los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.
De acuerdo con las anteriores pautas fijadas por la Sala que, se repite, constituyen
precedente obligatorio, el IBL para las personas que se en encuentran en el régimen de
transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley
100 de 1993, según corresponda.
Ahora, comoquiera que la jurisprudencia que profiere esta Corporación, según la
Constitución Política,26 la ley y la Corte Constitucional,27 tiene valor vinculante por
emanar de órganos diseñados para su unificación, el contenido y la regla o ratio que
expone en sus sentencias tiene características de permanencia, identidad y
obligatoriedad. En virtud de ello, la Sala Plena estableció como efectos de la mentada
decisión, los siguientes:
La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente en
forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas
jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos
26 Constitución Política, artículo 237, ordinal 1.
27 Corte Constitucional, Sentencia C-816 de 2011, M.P.: Mauricio González Cuervo.
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pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de
acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en
virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y dan
prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no puede
invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación de esta
sentencia.
No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una
pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de
la causal invocada. (Resaltado fuera del texto).
De lo anterior se infiere que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en la sentencia
de unificación del 28 de agosto de 2018 se aplican a todos los casos pendientes de
solución, tanto en vía administrativa como en vía judicial, a través de acciones
ordinarias. Sin embargo, se excluyen aquellos asuntos pendientes de resolver en
recurso extraordinario, ya que, para salvaguardar el principio de la seguridad jurídica,
los efectos de la citada providencia no operan respecto de situaciones definidas y
que hicieron tránsito a la cosa juzgada.
Por lo tanto, en el caso de los recursos extraordinarios y las acciones de revisión, estos
deben analizarse de conformidad con el criterio judicial imperante para la fecha en que
se profirió la sentencia objeto del recurso, precisamente, por los efectos de la nueva
tesis jurisprudencial.
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala advierte que la
inconformidad de la UGPP consiste en sostener que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, del 26 de octubre de 2018, habría incurrido en la
causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en tanto
revocó la providencia expedida por el Juzgado Trece Administrativo de Bogotá, el 30
de marzo de 2017, que había negado las pretensiones de la demanda presentada por
el señor Luis Carlos Forero Pulgar contra la UGPP, y, en su lugar accedió a ellas.
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La Sala advierte que el reproche de la UGPP se circunscribe a la presunta indebida
interpretación realizada por el tribunal comoquiera que, en su concepto, concluyó que
el hoy demandado al ser beneficiario del régimen de transición contenido en el
parágrafo 2.° del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, dio aplicación a las disposiciones
contenidas en el artículo 17 de la Ley 6 de 1945 y la modificación de ésta prevista en el
Decreto 3135 de 1968 y en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978; cuando lo correcto
era aplicar los beneficios de los regímenes de transición de la Ley 33 de 1985 y de la
Ley 100 de 1993.
Por consiguiente, aduce, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden
cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual
se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión
de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación. Sin embargo, en lo atinente
al ingreso base de liquidación la norma aplicable es el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Por su parte, el Juzgado Trece Administrativo Oral de Bogotá, Sección Segunda, emitió
en primera instancia la sentencia el 30 de marzo de 2017, en el sentido de negar las
pretensiones de la demanda en consideración a que si bien se acreditó que el señor
Forero Pulgar era beneficiario del régimen de transición del parágrafo 2.º del artículo
1.º de la Ley 33 de 1985, hecho que le permitía adecuar su situación fáctica a las normas
anteriores; lo cierto era que en la demanda no lo solicitó, lo cual no le permitía efectuar
el estudio correspondiente.
En ese orden, el juzgado circunscribió el problema jurídico a determinar si el señor
Forero tenía derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión de
todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, de acuerdo con
lo establecido en las Leyes 33 y 62 de 1985, conforme al régimen de transición
establecido en el inciso 2° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, o si correspondía tener
en cuenta el inciso tercero de los artículos 36 o 21 ibidem, incluyendo los factores
taxativos enlistados en el Decreto 1158 de 1994, en atención al precedente de la Corte
Constitucional sentado en las Sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de
2016. La decisión emitida en primera instancia acogió el último criterio.
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Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, revocó la providencia de primera instancia emitida por el Juzgado Trece
Administrativo de Bogotá, pues encontró probado que el hoy demandado era
beneficiario de la transición contenida en la primera parte del parágrafo 2.º del artículo
1.º de la Ley 33 de 1985, de manera que tuvo como fundamento los Decretos 3135 de
1968 y 1045 de 1978, ya que consideró que en la demanda sí los invocó como sustento
normativo.
En ese sentido, el tribunal ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación del señor
Forero Pulgar, con efectos fiscales a partir del 20 de noviembre de 2011, por
prescripción trienal, en el equivalente al 75 % del último año de servicio, con la inclusión
únicamente de los factores salariales contemplados el artículo 45 del Decreto 1045 de
1978, esto es, además de la asignación básica y la bonificación por servicios, tenidas
en cuenta por la autoridad pensional en sede administrativa; de las primas de servicios,
de vacaciones, de navidad y semestral y el auxilio de alimentación. Lo anterior, adujo,
en concordancia con el criterio expuesto por esta corporación en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, que autorizaba a «incluir en su liquidación
pensional todos los factores salariales devengados en el último año de servicios que
estén establecidos en el Decreto 1045 de 1978».
Pues bien, la Sala observa que no es objeto de controversia que el hoy demandado es
beneficiario del régimen de transición contenido en el inciso primero del parágrafo 2.º
del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, pues el tribunal y la entidad recurrente afirman
que para el 13 de febrero de 1985, fecha de entrada en vigencia de la referida ley,
contaba con más de 15 años de servicio.
Se advierte que la entidad recurrente no presentó reparo particular alguno, sino que,
por el contrario, confirmó lo dicho por el tribunal al destacar que el señor Forero Pulgar
era beneficiario del inciso primero del parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985,
así como del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En ese orden,
no corresponde a esta Sala realizar ningún análisis sobre el particular.
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Al respecto, de acuerdo con lo acreditado en el expediente del proceso ordinario, la
Sala observa que el señor Luis Carlos Forero Pulgar nació el 24 de julio de 194028 y
prestó sus servicios al Estado, en los siguientes períodos y entidades:
• Desde el 3 de marzo de 1958 hasta el 20 de febrero de 1968, en el Ministerio de
Defensa Nacional.29
• Desde el 1.° de febrero de 1968 hasta el 28 de febrero de 1982 y desde el 1.°
de mayo de 1983 hasta el 15 de julio de 1984, en el Ministerio de Salud Pública,
Instituto Nacional de Salud.30
Esta Subsección advierte que el demandado también es beneficiario de la transición del
inciso 2.° del parágrafo 2.° del artículo 1 ibidem, toda vez que al 13 de febrero de ese
año, había trabajado más de 25 años al servicio del Estado y para esa fecha se había
retirado del servicio.31
Al respecto el parágrafo 2 del artículo 1.° ejusdem, señaló los parámetros de la transición
en comento, de la siguiente manera:
Parágrafo 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido
quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las
disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley.
Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales,
actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los
cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55), si son varones, a una
pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían
en el momento de su retiro». [Resalta la Sala].
La norma transcrita permite concluir que la transición contemplada en el régimen de los
servidores públicos aplicable al presente asunto, salvaguardó el requisito de la edad con
la cual sus beneficiarios podían consolidar el derecho pensional, esto es, 50 años de
edad para las mujeres y 55 para los hombres. Sin embargo, en lo que atañe a la forma
y modo de liquidación de la pensión bajo las normas que regían a la fecha de entrada
28 Tal como consta en su cédula de ciudadanía obrante a índice 14 de la plataforma SAMAI .
29 Conforme consta la parte motiva de la Resolución 010282 del 23 de julio de 1996, mediante la cual la extinta
CAJANAL reconoció al señor Luis Carlos Forero Pulgar, una pensión de jubilación, visible a índice 14 de la
plataforma SAMAI.
30 Conforme consta en la certificación emitida el 26 de octubre de 2016 por la coordinadora del Grupo de Gestión
del Talento Humano (E) del Instituto Nacional de Salud y en la Resolución 01417 de 1984, por medio de cual el
Instituto Nacional de Salud aceptó la renuncia presentada por el hoy demandado, a partir del 16 de julio de
1984, visibles a índice 14 de la plataforma SAMAI.
31 Ibidem.
22
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Demandante: UGPP
en vigencia de la Ley 33 (Ley 4.ª de 1966 y Decreto 1045 de 1978) la transición sólo
cobijó a quienes con 20 años de labor al sector público se hubieran retirado del servicio.32
El actor fue retirado del servicio el 15 de julio de 1984,33 fecha en la que acreditaba
alrededor de 24 años y 11 meses de servicio.
No obstante lo anterior, la Sala observa que en la acción especial de revisión no fue
solicitada la aplicación del supuesto contenido en el inciso segundo del parágrafo 2.°
del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985 y mucho menos fue un argumento abordado en la
primera y segunda instancia, así pues, no corresponde a esta Sala, en sede de revisión,
realizar ningún análisis sobre el particular.
Por otro lado, la Sala también observa que el demandado también es beneficiario el
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque para la fecha de su
entrada en vigencia contaba con más de 15 años de servicio y más de 40 años de edad,
por lo que bajo ese régimen consolidaría su derecho en vigencia de aquella, esto es, el
24 de julio de 1995 cuando cumplió 55 años de edad, ya que el tiempo de servicio lo
alcanzó con anterioridad.34
Ahora bien, es de anotar que, para el momento en el que se produjo la decisión de
segunda instancia, el criterio del Consejo de Estado en relación con el ingreso base de
liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 era el contenido en la sentencia del 28 de agosto de 201835, referida
en precedencia, según la cual el ingreso base de liquidación no fue objeto de la
transición prevista en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, que
aquellas personas beneficiarias de aquel, deben pensionarse con los requisitos de
32 Véase, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencias del 28 de agosto de 2021, radicado 25000-23-42-000-2015-02609-01(6240-19) y del 11 de
noviembre de 2021, radicado 13001-23-33-000-2014-00471-01(0912-20).
33
Conforme consta en la certificación emitida el 26 de octubre de 2016 por la coordinadora del Grupo de Gestión
del Talento Humano (E) del Instituto Nacional de Salud y en la Resolución 01417 de 1984, por medio de cual el
Instituto Nacional de Salud aceptó la renuncia presentada por el hoy demandado, a partir del 16 de julio de
1984, visibles a índice 14 de la plataforma SAMAI.
34 Lo anterior, en consideración a que en el sub lite, debía darse aplicación al Decreto 3135 de 1968, en cuanto
a la edad, en razón a que el señor Forero Pulgar laboró al servicio de la Nación, en el Ministerio de Defensa
Nacional y en el Ministerio de Salud Pública, como se anotó en precedencia.
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018.
Consejero ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012-00143-01.
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Demandante: UGPP
edad, tiempo y tasa de reemplazo de la norma anterior, y los factores que lo integran
son aquellos que hayan servido como base para efectuar los aportes, contemplados en
el Decreto 1158 de 1994.
En ese orden, se advierte si bien el demandado estaba cobijado por el régimen de
transición de la Ley 33 de 1985 contenido en el inciso primero del parágrafo 2.° del
artículo 1.°, también es cierto que consolidó el derecho pensional en vigencia de la Ley
100 de 1993 y no antes, razón por la cual en criterio de la Sala, la decisión objeto de
reproche transgredió las reglas de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
notificada el 12 de septiembre del mismo año y que ya se encontraba ejecutoriada para
la fecha en la que se emitió la providencia objeto de revisión.
En ese orden de ideas, pacíficamente esta corporación, para la fecha de expedición de
la sentencia objeto de revisión, ha sostenido que el derecho pensional se consolida con
el cumplimiento de los dos requisitos exigidos por el legislador, el cumplimiento de la
edad y el tiempo de servicios o semanas cotizadas. Así, el demandado solo tenía una
expectativa de pensionarse en los términos de la Ley 33 de 1985, si esta hubiese
permanecido vigente pero con la expedición de la Ley 100 de 1993 se derogó el régimen
pensional de la norma de 1985, de manera que su situación se sometió a lo dispuesto
por la última.
Sobre el asunto, la Sala precisa que a la luz del artículo 11 de la Ley 100 de 1993, la
Corte Constitucional en Sentencia C-168 de 1995, sostuvo lo siguiente:
Como se puede apreciar, la jurisprudencia al igual que la doctrina, distingue los derechos
adquiridos de las simples expectativas, y coinciden ambas en afirmar que los primeros son
intangibles y por tanto, el legislador al expedir la ley nueva no los puede lesionar o
desconocer. No sucede lo mismo con las denominadas "expectativas", pues como su nombre
lo indica, son apenas aquellas probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún
día un derecho; en consecuencia, pueden ser modificadas discrecionalmente por el
legislador.
Nuestro Estatuto Superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos adquiridos
y prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren o desconozcan, dejando por fuera de
esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya regulación compete al legislador, conforme
a los parámetros de equidad y justicia que le ha trazado el propio Constituyente para el
cumplimiento de su función.
Así las cosas, se puede concluir que quien ha satisfecho los requisitos de edad y
tiempo de servicio o número de semanas cotizadas, exigidas por la ley para acceder a
una pensión de jubilación o de vejez, tiene un derecho aquirido (sic) a gozar de la
misma. Pero quien aún no ha completado el tiempo de servicio o llegado a la edad
prevista en la norma legal, no tiene un derecho sino que se halla apenas ante una
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00687-00 (3745-2021)
Demandante: UGPP
simple expectativa de alcanzarlo en el momento de reunir la condición faltante.
(Resaltado fuera del texto)
En conclusión: el derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio de su titular
y queda a cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, pues la propia
Constitución lo garantiza y protege; no ocurre lo mismo con la expectativa que, en general,
carece de relevancia jurídica y, en consecuencia, puede ser modificada o extinguida por el
legislador. Y es en esta última categoría donde debe ubicarse la llamada 'condición más
beneficiosa'.
[…] La pretensión del actor equivale a asumir que los supuestos de eficacia diferida
condicional, es decir, aquellos que sólo generan consecuencias jurídicas cuando la hipótesis
en ellos contemplada tiene realización cabal, deben tratarse como supuestos de eficacia
inmediata y, por ende, que las hipótesis en ellos establecidas han de tenerse por
inmodificables aun cuando su realización penda todavía de un hecho futuro de cuyo
advenimiento no se tiene certeza. Es la llamada teoría de la irreversibilidad que, sin éxito,
ha tratado de abrirse paso en países como España y Alemania, donde ha sido rechazada no
sólo por consideraciones de orden jurídico sino también por poderosas razones de orden
social y económico. (Comillas y resaltado originales del texto)
[…] Para la Corte es evidente que en el aparte demandado [hace referencia al aparte del
artículo 11 de la Ley 100 de 1993: «de las personas que, a la vigencia de la ley, hayan
cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por
jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial,
semioficial, en todos sus órdenes, del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en
general»] el legislador no hace cosa distinta de cumplir los mandatos contenidos en el inciso
final del artículo 53, y el artículo 58 del Estatuto Superior, en el sentido de respetar los
derechos adquiridos de las personas que hubieren cumplido los requisitos para acceder a
una pensión de jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes, de cualquier sector
de la administración pública, oficial o semioficial, del Instituto de Seguros Sociales o del
sector privado, como también los de quienes ya estuvieren gozando de alguna de ellas.
Que la norma acusada al refererise (sic) a "derechos, garantías, prerrogativas,
servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas
anteriores", está haciendo una distinción entre derechos adquiridos y la "condición
más beneficiosa", es una interpretación errada, pues sólo existe derecho adquirido
cuando se han cumplido en su totalidad las hipótesis normativas exigidas para gozar
de él. Entonces, mientras no se realicen íntegramente los presupuestos, condiciones
o requisitos que la misma norma contempla para adquirir el derecho, mal puede
hablarse de "derecho adquirido"; lo que existe es una simple esperanza de alcanzar
ese derecho algún día, es decir, una "expectativa", y como se ha reiterado, la
Constitución no las protege. Sin embargo, considera la Corte que las 'expectativas'
pueden y deben ser objeto de valoración por parte del legislador quien en su sabiduría,
y bajo los parámetros de una anhelada justicia social, debe darles el tratamiento que
considere acorde con los fines eminentemente proteccionistas de las normas
laborales. […] (Comillas originales del texto) (Resaltado fuera del texto)
En igual sentido, esta corporación en la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018, al referirse a la libertad de configuración del legislador, citó a la Corte Suprema
de Justicia, en los siguientes términos:
83. La Corte Suprema de Justicia ha sido constante en señalar que el IBL para efectos de
liquidar la pensión en el régimen de transición está regulado por el inciso 3 del artículo 36 de
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Demandante: UGPP
la Ley 100 de 1993, pues fue el propio legislador quien, al diseñar la forma como estarían
estructurados los beneficios del régimen de transición, dispuso que ese régimen estaría
gobernado en parte por la normativa que, antes de entrar en vigor ese sistema, se aplicaba
al beneficiario y, en otra parte, por el propio artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero en uno
solo de los elementos que conforman el derecho pensional: el ingreso base de liquidación.
Así lo expresó la Corte:
“[…] esos regímenes pueden tener diferentes modalidades respecto de la utilización de la
nueva preceptiva y la vigencia de las normas derogadas o modificadas, de ahí que no
impliquen necesariamente la aplicación, en su integridad, de estas normas, que, por lo
general, consagran beneficios más favorables al trabajador o al afiliado a la seguridad social.
Ya la Corte Constitucional ha explicado, al referirse al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que
goza el legislador de un amplio poder de configuración al momento de definir la protección
que le otorgue a las expectativas de los ciudadanos, como las referidas a los derechos
prestacionales. […]36
Bajo ese panorama, se trae a colación reciente pronunciamiento a través del cual esta
Subsección abordó un caso en el que el entonces demandado si bien era beneficiario
del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, también lo era del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, aunado al hecho de que había consolidado el estatus jurídico pensional
en vigencia de esta última norma, a saber:37
[…] En ese orden, es de advertirse que, si bien el demandado estaba cobijado por el régimen
de transición de la Ley 33 de 1985, también es cierto que consolidó el derecho pensional en
vigencia de la Ley 100 de 1993 y no antes. Por ende, la liquidación de la prestación debía
atender la normativa vigente para ese momento, en los términos del artículo 36 ibidem. En
consecuencia, esta situación no lo excluye del ámbito de aplicación de la mencionada Ley
100 de 1993 en las condiciones indicadas por la jurisprudencia vinculante y vigente para la
época, que para el caso del Consejo de Estado era la sentencia del 28 de agosto de 2018,
notificada el 12 de septiembre del mismo año y que ya se encontraba ejecutoriada para la
fecha en la que se emitió la providencia objeto de revisión.
En ese orden, el Tribunal Administrativo de Caldas, al proferir la sentencia del 6 de diciembre
de 2019, que definió la segunda instancia dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho presentada por el señor Ezequiel Rodríguez Serna contra la UGPP, debió aplicar
dicho precedente, sin embargo, no lo hizo.
[…] Lo anterior implica que la sentencia del 6 de diciembre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas incurrió en la causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, toda vez que está probado que al señor Ezequiel Rodríguez Serna no le
asistía el derecho a la reliquidación de su pensión sobre el 75% de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio, conforme a lo dispuesto en la sentencia
de unificación de esta Corporación expedida el 28 de agosto de 2018, la cual se encontraba
vigente para el momento en que se profirió la decisión cuestionada y era precedente judicial
obligatorio para definir el caso, por consiguiente el monto del derecho reconocido por el
Tribunal excedió lo debido de acuerdo con la ley.
36 Sala de Casación Laboral, sentencia del 17 de octubre de 2008. Radicación 33.343.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
1.° de diciembre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2020-00995-00 (3035-2020).
Véase, en igual sentido, sentencia del 9 de noviembre de 2023, radicado 11001-03-25-000-2020-00998-00
(3041-2020).
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00687-00 (3745-2021)
Demandante: UGPP
Por las razones expuestas, es plausible concluir que se configura la causal prevista por el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Cabe aclarar que si bien el tribunal sostuvo que la sentencia de unificación proferida
por esta corporación el 28 de agosto de 2018 era aplicable a la situación fáctica del hoy
demandado, en la medida que su argumentación estuvo encaminada a considerar como
factores salariales a incluir los taxativamente contenidos en el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978; para la Sala, el tribunal sí desconoció la providencia unificadora en lo
relativo a los factores salariales aplicables a los beneficiarios del régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, aquellos sobre los que se hayan
efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones, máxime cuando el
demandado adquirió el estatus jurídico pensional el 24 de julio de 1995, esto es, en
vigencia de la Ley 100 de 1993.
Así, en criterio de esta Subsección las razones dadas por el tribunal no son válidas para
justificar la inobservancia de la tesis allí expuesta.
En este apartado, es pertinente resaltar que a. en la Resolución 010282 de 29 de agosto
de 1996,38 la extinta CAJANAL reconoció una pensión de jubilación al señor Forero Pulgar,
en el equivalente al 75 % del promedio de lo devengado en el último año de servicio,
con la inclusión de los factores de asignación básica y bonificación por servicios
prestados, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2143 de 1995, en concordancia
con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y b. en el Auto ADP002233 del 12 de marzo
de 2015 (acto acusado en el proceso ordinario), archivó una solicitud de reliquidación
pensional; es decir que la sentencia objeto de revisión únicamente modificó lo
atinente a los factores salariales incluidos en dicho cálculo.
Se advierte que en el expediente del proceso ordinario el 21 de octubre de 2014, la
coordinadora del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Salud, certificó que el
señor Luis Carlos Forero Pulgar, en el último año de servicio, comprendido entre el
agosto de 1983 y julio de 1984, devengó los emolumentos asignación básica,
bonificación por servicios, primas de servicios, de vacaciones, de navidad y semestral
y auxilio de alimentación. No obstante, señaló que «[l]os aportes pensionales al SGSS
38 Expediente digital del proceso ordinario obrante a índice 14 de SAMAI.
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Demandante: UGPP
(sic) fueron realizados con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 1o del Decreto
1158 de 1994.»39
Al respecto, debe precisarse que de los emolumentos cuya inclusión al IBL ordenó el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, únicamente la asignación básica y la
bonificación por servicios prestados se encuentran enlistados en el Decreto 1158 de
1994; los cuales fueron tenidos en cuenta en el acto administrativo de reconocimiento
pensional.
En consecuencia, en el sub lite se configura el reconocimiento de un derecho que
excede lo debido de acuerdo a la ley, lo que se encuadra en la causal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, comoquiera que al señor Luis Carlos Forero Pulgar no le asistía
el derecho a la reliquidación de su pensión sobre el 75 % de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio, conforme a lo dispuesto en la sentencia de
unificación de esta corporación expedida el 28 de agosto de 2018, la cual se encontraba
vigente para el momento en que se profirió la decisión cuestionada y era precedente
judicial obligatorio para definir el caso; por consiguiente, el monto del derecho
reconocido por el tribunal excedió lo debido de acuerdo con la ley.
Por lo tanto, la Sala considera procedente declarar parcialmente fundada la acción
especial de revisión, sólo en lo que respecta a los factores salariales tenidos en cuenta
en la liquidación de la prestación. En consecuencia, se infirmará la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, del 26 de
octubre de 2018, y se proferirá una decisión de reemplazo en el sentido de confirmar la
providencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en precedencia.
Ahora bien, se advierte que aunque la cuantía del derecho pensional puede resultar
afectada, ello obedece a la prosperidad del recurso extraordinario de revisión, en virtud
del cual ha de considerarse que la situación jurídica pensional del hoy demandado,
reconocida en la sentencia del 26 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal
39 Expediente digital del proceso ordinario obrante a índice 14 de SAMAI.
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Demandante: UGPP
Administrativo de Cundinamarca, no goza de la inmutabilidad absoluta de la cosa
juzgada, y, por consiguiente, es susceptible de ser modificada a través de este medio
judicial, sin que por ello se convierta en una tercera instancia.
Se aclara que los efectos de esta providencia, en lo pertinente a la liquidación de la
prestación regirán hacia el futuro, con el objeto de salvaguardar los derechos del
pensionado que fueron reconocidos al amparo del mencionado proveído.
Por su parte, no se dispondrá el reintegro de las sumas percibidas por el demandando
en virtud de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Cundinamarca,
comoquiera que tales sumas fueron recibidas de buena fe.
Frente al principio de buena fe, esta Subsección trae a colación el artículo 83 de la
Constitución Política según el cual «Las actuaciones de los particulares y de las
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas». A su vez, el
artículo 164, numeral 1, literal c) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, señala que no habrá lugar a recuperar lo que fuese pagado
a particulares de buena fe, presunción que admite prueba en contrario, por lo que a
quien la echa de menos, le corresponde comprobar que el particular actuó de mala fe;
sin embargo, la entidad recurrente no lo acreditó, ya que se limitó a solicitar la
devolución de las sumas percibidas por el señor Forero Pulgar en razón a lo ordenado
en la sentencia objeto de revisión.
3. De la condena en costas
Con fundamento en el artículo 188 del CPACA y dado que se ventila un asunto de interés
público, pues la UGPP busca controvertir una providencia judicial que ordenó la
reliquidación de una pensión con cargo al erario, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la entidad demandante.
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4. Conclusión
Con base en los anteriores argumentos, en los derroteros jurisprudenciales trazados
por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al
que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que en el
presente caso se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, al ordenar la sentencia recurrida la reliquidación de la pensión
del demandado en cuantía equivalente al 75 % teniendo en cuenta la totalidad de los
factores devengados en el último año de servicio, atendiendo el ingreso base de
liquidación previsto por los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978;
cuando lo procedente era la observancia de los factores sobre los que se hayan
efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones, señalados por el Decreto
1158 de 1994. Sin condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar parcialmente fundada la acción especial de revisión promovida por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP), por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, del 26 de octubre de 2018, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Infirmar la sentencia del 26 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, la cual quedará así:
Primero. Confirmar la sentencia emitida por el Juzgado 13 Administrativo Oral de Bogotá,
que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor Luis Carlos
Forero Pulgar contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
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Tercero. Se aclara que los efectos del presente fallo, en lo pertinente al porcentaje de
la mesada pensional, regirán hacia el futuro, con el objeto de salvaguardar los derechos
del señor Luis Carlos Forero Pulgar que fueron reconocidos al amparo de la sentencia
del 26 de octubre de 2018.
Cuarto. Negar las demás pretensiones de la acción especial de revisión.
Quinto. Sin condena en costas en sede de la acción especial de revisión.
Sexto. Reconocer personería jurídica a la abogada Lucía Arbeláez de Tobón como
apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de acuerdo al poder general visible a índice
24 de la plataforma SAMAI.
Séptimo. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11 001 334 2013 00693 01, al tribunal de
origen y archivar la acción de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SBZ
31
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