Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00739-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00739-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00739-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
26 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad simple
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00739-00 (4180-2021)
Demandante: Francy Elena Monje Córdoba
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil1, municipio de Ricaurte
[Cundinamarca] y Universidad Sergio Arboleda
Tema: Nulidad de los acuerdos CNSC - 20191000006396 del 17 de
junio de 20192 y CNSC - 20191000008776 del 18 de septiembre
de 20193
Sentencia de única instancia
Asunto
La Sala profiere sentencia de única instancia dentro del medio de control de nulidad
previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo4.
1. Antecedentes
1.1. Demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Francy Elena Monje Córdoba presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA en orden a que se declarara la
nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Acuerdo CNSC - 20191000006396 del 17 de junio de 2019 de la CNSC, por el
cual se convocó y establecieron las reglas del proceso de selección para
proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General
de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de Ricaurte,
identificado como «Convocatoria 1352 de 2019 – Territorial 2019 – II».
1 En adelante CNSC.
2 «Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección para proveer los
empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la
planta de personal de la Alcaldía de Ricaurte — Convocatoria No. 1352 de 2019 — Territorial 2019—
II”».
3 «Por el cual se deja sin efectos e/Acuerdo 20191000008686 del 3-09-2019 y se modifican los
artículos 10, 8° y 31 de/Acuerdo No. 20191000006396 del 17 de junio de 2019, Por el cual se convoca
y se establecen las reglas del proceso de selección para proveer los empleos en vacancia definitiva
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía
de Ricaurte — Convocatoria No. 1352 de 2019 — Territorial 2019— II"»
4 En lo sucesivo CPACA.
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• Acuerdo CNSC - 20191000008776 del 18 de septiembre de 2019, por medio
del cual la CNSC modificó el acuerdo inicial en sus artículos 1, 8 y 31.
1.1.2. Fundamentos fácticos
2. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
2.1. Francy Elena Monje Córdoba se vinculó y ha prestado sus servicios en la
Alcaldía de Ricaurte como profesional universitario desde el 10 de noviembre de
2017.
2.2. Por medio del Acuerdo CNSC - 20191000006393 del 17 de junio de 2019 de la
CNSC se convocó y se establecieron las reglas del proceso de selección para
proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de Ricaurte, «Convocatoria
1352 de 2019 – Territorial 2019 – II».
2.3. El anterior acuerdo fue modificado en sus artículos 1, 8 y 31 por medio del
Acuerdo CNSC - 20191000008776 del 18 de septiembre de 2019. En este sentido,
el artículo 1 quedó de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 1. CONVOCATORIA. Convocar el proceso de selección para
proveer de manera definitiva cuarenta y ocho-(48) empleos, con ochenta y cinco
(85) vacantes, pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la
planta de personal de la Alcaldía de Ricaurte, que se identificará como
"Convocatoria No. 1352 de 2019 — Territorial 2019 — II".
PARÁGRAFO. Hace parte integral del presente Acuerdo, el Anexo que contiene
de manera detallada las Especificaciones Técnicas de cada una de las etapas del
proceso de selección que se convoca. Por consiguiente, en los términos del
numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2014, este Acuerdo y su Anexo son
normas reguladoras de este concurso y obligan tanto a la entidad objeto del mismo
como a la CNSC, a la Institución de Educación Superior que lo desarrolle y a los
participantes inscritos».
2.4. El anexo al cual hizo alusión el anterior acuerdo refirió en su inciso 2, numeral 3,
acápite de citación a pruebas sobre competencias funcionales y comportamentales,
lo siguiente: «[i]gualmente, estos aspirantes deben revisar la Guía de orientación para la
presentación de estas pruebas, la cual se publicará en los mismos medios indicados
anteriormente».
2.5. La convocatoria fue modificada en lo relativo a las condiciones del concurso,
específicamente en lo referente al número de preguntas. En la Convocatoria 1352
de 2019 – Territorial 2019 II, la CNSC, a través de la Universidad Sergio Arboleda,
fijó de manera definitiva que la prueba escrita de competencias funcionales y
comportamentales estaría integrada por 90 preguntas para cada OPEC, distribuidas
en 60 de competencias funcionales [generales y específicas] y 30 de competencias
comportamentales. Esa estructura se consideró razonable, pues la finalidad de las
pruebas consistía en establecer la idoneidad de los aspirantes para acceder a los
empleos ofertados, conforme con lo previsto en el artículo 2.2.6.13 del Decreto 1083
de 2015.
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2.6. El 1 de julio de 2021, ante presuntas irregularidades en el concurso, funcionarios
de la alcaldía que también participaban como aspirantes solicitaron al personero
municipal de Ricaurte [Cundinamarca] su acompañamiento e intervención como
Ministerio Público y defensor de los intereses de la comunidad, con el fin de que
revisara las reclamaciones administrativas relacionadas con la Convocatoria 1352
de 2019 - Territorial 2019 – II.
2.7. En virtud de lo anterior, el personero mediante los oficios P.M.R. 078 de 2021 y
079 de 2021 solicitó a la Procuraduría de Girardot [Cundinamarca] y a la
Procuraduría General de la Nación adelantar la acción preventiva requerida. Pidió
que revisaran las reglas de la Convocatoria 1352 de 2019 – Territorial 2019 II,
cotejaran las preguntas aplicadas en la prueba de conocimientos y verificaran la
eventual inobservancia de los criterios fijados en la convocatoria. También pretendió
que, de confirmarse irregularidades, se estableciera un plan de acción dentro del
ámbito de sus competencias y se recomendara a la CNSC y a la Universidad Sergio
Arboleda evaluar la suspensión del proceso de selección para repetir la prueba de
conocimientos, con el fin de evitar la posible vulneración de derechos
fundamentales, principios de la función pública y el riesgo para el patrimonio público.
2.8. De conformidad con la página de la CNSC, el 12 de octubre de 2021 se realizó
la publicación de las respuestas a las reclamaciones y se informó que «[e]n
cumplimiento con lo establecido en numeral 4.4 y 4.5 del Anexo Técnico de los Acuerdos
de Convocatoria, la CNSC y la Universidad Sergio Arboleda, informan a todos los aspirantes
que continúan en concurso en el Proceso de Selección No. 1352 de la Alcaldía de Ricaurte
que el 12 de octubre de 2021, se publicarán las respuestas a las reclamaciones de quienes
hicieron uso de ese derecho frente a los resultados de la prueba de Valoración de
Antecedentes de la Convocatoria Territorial 2019 II.»
2.9. Contra el concurso se interpusieron 2 acciones de tutela dentro del proceso
25307-33-33-001-2021-00206-00. El Juzgado Primero Administrativo de Girardot
decretó inicialmente la suspensión provisional del concurso y, el 20 de agosto de
2021, concedió el amparo al derecho al debido proceso de los accionantes. En la
decisión ordenó retrotraer la actuación adelantada en la Convocatoria 1352 de 2019
– Territorial 2019 II, disponer la realización nuevamente de las pruebas escritas de
competencias funcionales y comportamentales, fijar la fecha y hora para su práctica
y efectuar las citaciones correspondientes dentro de los plazos establecidos, así
como exigir que la Universidad Sergio Arboleda asumiera la totalidad de los costos
derivados de la nueva aplicación.
2.10. El juez también dispuso que la CNSC, la Universidad Sergio Arboleda y el
municipio de Ricaurte expidieran, dentro de los 3 días siguientes a la notificación, el
acto administrativo que formalizara el reinicio del proceso, y que cumplieran con las
órdenes de manera conjunta dentro del ámbito de sus competencias, con garantía
de la colaboración interinstitucional necesaria.
2.11. Posteriormente,el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en fallo de
segunda instancia, revocó esa decisión y negó el amparo constitucional.
2.12. Ensentencia del 13 de septiembre de 2021, bajo el radicado
252693333300220210015100, el Juzgado Segundo Administrativo de Facatativá
examinó las irregularidades planteadas frente a la Convocatoria 1352 de 2019 –
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Territorial 2019 II. El despacho concluyó que las entidades accionadas habían
generado confusión entre los participantes al introducir imprecisiones en sus
decisiones y en los acuerdos y anexos expedidos, sin garantizar una comunicación
clara y formal que precisara que la reducción en el número de preguntas no afectaría
los componentes a evaluar, los cuales ascendían a 90. Esta omisión vulneró el
principio de confianza legítima de los concursantes.
2.13. Con base en lo anterior, el juzgado determinó que la disminución del número
de preguntas aplicadas en la prueba escrita de competencias funcionales y
comportamentales modificó las reglas rectoras fijadas por las propias entidades
dentro del concurso de méritos. En consecuencia, accedió a las pretensiones de la
accionante y ordenó a la CNSC y a la Universidad Sergio Arboleda expedir el acto
administrativo mediante el cual retrotrajeran la actuación adelantada en el proceso
de selección correspondiente.
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
3. Como tales se citó el artículo 29 de la Constitución Política; 36 de la Ley 909 de
2004; 137 del CPACA; y 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015; y el Decreto 785 de
2005.
4. El concepto de violación de las normas invocadas se sustentó en los siguientes
argumentos5:
4.1. ElDecreto 1083 de 2015, «[p]or medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública», fijó las reglas sobre la modificación de
los concursos de méritos. En su artículo 2.2.6.4 estableció que la convocatoria podía
ser modificada o complementada por la CNSC únicamente antes de iniciar las
inscripciones y que, una vez iniciadas, solo resultaba posible introducir cambios
respecto del sitio, hora y fecha de recepción de inscripciones y de aplicación de las
pruebas, sin que dichos ajustes pudieran anticiparse a los inicialmente previstos.
4.2. La ley y la jurisprudencia reiteraron que el acuerdo de convocatoria determinaba
las reglas del proceso y que estas obligaban por igual a la administración y a los
participantes. La Corte Constitucional, en sentencia T-682 de 2016, precisó que la
convocatoria constituía la norma rectora del concurso y que cualquier
incumplimiento de sus etapas o procedimientos vulneraba el derecho fundamental
al debido proceso, salvo que las modificaciones obedecieran a factores exógenos
plenamente publicitados para permitir a los aspirantes conocer las nuevas reglas de
juego.
4.3. En este contexto, la demandante y los demás concursantes se inscribieron con
fundamento en las reglas previstas en la convocatoria, entre ellas, las contenidas
en la guía para la presentación de las pruebas escritas, la cual señaló que la prueba
funcional estaría integrada por 60 preguntas y la comportamental por 30 preguntas.
A juicio de la actora, estos datos, junto con la ponderación y el sistema de
calificación, hicieron parte de las condiciones que valoraron para decidir su
5 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_RVGENERACIONDELA(.MSG) NroActua 2», archivo
«3_110010325000202100739001EXPEDIENTEDIGI20211115183519», link «Archivo», folios 5 y 6.
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participación, en la medida en que incidían en la expectativa de superar la etapa de
pruebas.
4.4. Sin embargo, en la convocatoria objeto de estudio, la CNSC redujo la cantidad
de preguntas previstas para la prueba escrita sin advertir tal modificación a los
concursantes y sin explicar las razones que justificaban esa decisión. La entidad
pretendió ampararse en una supuesta facultad para variar el número de ítems, pero
omitió motivar su actuación y comunicarla formalmente. Esta potestad no era
absoluta, pues la CNSC debía estructurar el proceso de selección con rigor,
garantizar el cumplimiento de las reglas del concurso y salvaguardar el debido
proceso.
4.5. En un caso similar, el Consejo de Estado, mediante sentencia del 1 de junio de
2016 [radicado: 76001-23-33-000-2016-00294-01(AC)], señaló que cualquier ítem
defectuoso debía corregirse antes de la aplicación de la prueba y no después,
porque lo contrario trasladaría a los concursantes las consecuencias de una
ejecución contractual deficiente. El fallo concluyó que la exclusión unilateral de
preguntas vulneraba el principio de confianza legítima y el debido proceso.
4.6. En el presente caso la CNSC excedió sus facultades al modificar unilateralmente
y sin motivación el número de preguntas del examen, lo que alteró las reglas del
concurso y afectó la igualdad de los aspirantes y desconoció los principios del
debido proceso, publicidad y confianza legítima.
1.2. Contestaciones de la demanda
5. La Universidad Sergio Arboleda contestó la demanda con fundamento en lo
siguiente6:
5.1. Según lo planteado en la demanda, la CNSC habría excedido sus facultades al
modificar sin motivación el número de preguntas de la prueba, lo cual, a juicio de la
actora, afectó el principio de igualdad y los derechos de los concursantes. Sin
embargo, no se formuló un reproche jurídico específico contra las razones
contenidas en el acto administrativo acusado ni desarrolló una confrontación
normativa o jurisprudencial que permitiera demostrar su inaplicabilidad al caso
concreto.
5.2. La demanda pretendió la nulidad del Acuerdo CNSC 20191000006396 del 17 de
junio de 2019 y de su acto modificatorio 20191000008776 del 18 de septiembre de
2019, mediante los cuales se convocó y regularon las reglas del concurso para
proveer los cargos de carrera administrativa de la Alcaldía de Ricaurte dentro de la
Convocatoria 1352 de 2019 – Territorial 2019 II. Sin embargo, la universidad no
tenía competencia para expedir dichos actos administrativos, por lo cual no
resultaba procedente atribuirle responsabilidad en su contenido o alcances.
5.3. Los argumentos jurídicos y el concepto de violación presentados por la parte
actora no tenían la fuerza argumentativa necesaria para desvirtuar la presunción de
6 Samai, índice 26, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«39_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 26».
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legalidad de los actos acusados, ni constituyeron una acusación clara, cierta,
objetiva, pertinente y suficiente que permitiera infirmar su validez.
5.4. Formuló como excepción previa la «falta de legitimación en la causa por pasiva»
respecto de los acuerdos acusados, comoquiera que no tiene facultad para su
expedición. Mientras que, como excepciones de mérito, propuso las de:
«[i]nexistencia de una acusación clara, cierta, concreta y verificable que le permita al decisor
judicial realizar un juicio abstracto de legalidad» e «[i]nexistencia de la facultad de la USA
para expedir actos administrativos».
6. La CNSC contestó la demanda con fundamento en lo siguiente7:
6.1. La CNSC, en ejercicio del artículo 130 de la Constitución Política y la Ley 909 de
2004, convocó y reguló el concurso de la Alcaldía de Ricaurte mediante el Acuerdo
20191000006396 de 2019 y su modificatorio. Este acuerdo fijó las reglas del
proceso, incluidas las pruebas escritas, conforme con la normativa aplicable y el
anexo técnico. La guía del aspirante tuvo un propósito meramente orientador.
6.2. El artículo 16 dispuso que las pruebas debían valorar la capacidad, idoneidad y
competencias de los aspirantes mediante criterios técnicos, objetivos e imparciales,
con parámetros previamente definidos. Las tablas del acuerdo de convocatoria
precisaron el tipo de prueba, los pesos porcentuales y los puntajes mínimos
exigidos, información que coincidía con la ofrecida a los aspirantes.
6.3. El artículo 17 reguló las especificaciones, citación y ciudades para las pruebas
funcionales y comportamentales, aplicadas simultáneamente y calificadas de 0 a
100. La prueba funcional era eliminatoria. El numeral 3.1 se limitó a detallar
aspectos logísticos de citación sin alterar las reglas técnicas del proceso.
6.4. Las pruebas escritas se elaboraron bajo el formato de Juicio Situacional (PSJ),
conforme con el anexo técnico del contrato con el operador, y conservaron una
estructura uniforme basada en 90 componentes funcionales y comportamentales.
Los cuadernillos mostraron entre 70 y 73 preguntas, variación que obedeció
únicamente a la forma de agrupar los casos y no modificó los criterios de evaluación.
La prueba aplicada a la demandante mantuvo esta estructura y permitió medir las
competencias requeridas.
6.5. Las variaciones en el número de preguntas no afectaron la igualdad ni la validez
de la evaluación, pues el puntaje dependía de la proporción de aciertos frente al
total de componentes y se calculaba por separado para las pruebas funcionales
(eliminatoria) y comportamentales (clasificatoria).
6.6. Los ejes temáticos fueron definidos y validados por la CNSC y las entidades de
la convocatoria. La Universidad Sergio Arboleda revisó las estructuras de prueba y
de ese análisis resultó la matriz definitiva aprobada por la CNSC.
6.7. El proceso avanzó de acuerdo con el acuerdo de convocatoria y la lista de
elegibles del empleo profesional universitario, código 219, OPEC 68464, fue
7 Samai, índice 27, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_41802021(.pdf) NroActua 27».
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adoptada mediante la Resolución 8408 del 11 de noviembre de 2021, que quedó en
firme el 29 de noviembre.
6.8. Francy Elena Monje Córdoba se inscribió para el empleo profesional
universitario, código 219, OPEC 68464, del proceso de selección 1352 de 2019. Fue
admitida en la verificación de requisitos mínimos, pero obtuvo 55,32 puntos en la
prueba de competencias funcionales, por debajo del mínimo de 65, lo que impidió
su continuidad.
6.9. La CNSC publicó los resultados de las pruebas e informó que los aspirantes
podían presentar reclamaciones exclusivamente a través del aplicativo Simo dentro
de los 5 días hábiles previstos en el artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005.
También se habilitó la solicitud de acceso al material de la prueba, conforme con las
restricciones de reserva legal. La demandante presentó su reclamación dentro del
término, identificada con el radicado 401269734.
6.10. Eloperador del concurso, la Universidad Sergio Arboleda, respondió la
reclamación el 30 de julio de 2021 mediante el radicado 253168656, al impartir
trámite de fondo según el acuerdo de convocatoria y al declarar agotada una etapa
ya concluida. La aspirante ejerció plenamente los mecanismos de inconformidad
previstos y recibió la respuesta correspondiente.
6.11. La guía de orientación al aspirante no constituyó un acto administrativo ni reguló
el concurso de méritos de la Convocatoria 1352 – Territorial 2019 II. Se trató de un
instrumento informativo con recomendaciones generales para los admitidos en la
verificación de requisitos mínimos y lineamientos para la presentación de las
pruebas escritas, especialmente sobre el «Formato de Prueba de Juicio Situacional
(PSJ)». No integró la normativa del proceso ni modificó las reglas del concurso.
6.12. El proceso de selección se desarrolló conforme con la normativa vigente, las
decisiones de la jurisdicción constitucional y el respeto por los derechos
fundamentales. Por ello, las pretensiones orientadas a obtener la nulidad del
Acuerdo CNSC 20191000006396 de 2019 y su modificatorio estaban llamadas a no
prosperar.
6.13. La expedición de la lista de elegibles generó actos administrativos de
nombramiento por parte del nominador, respecto de los cuales la CNSC carecía de
competencia. La Resolución 8408 de 2021, que estaba en firme, consolidó derechos
para los aspirantes que ocuparon posición meritoria en el empleo OPEC 68464. En
consecuencia, la solicitud de la convocante resultó improcedente ante la CNSC, y
cualquier cuestionamiento sobre los actos de la administración municipal
correspondía exclusivamente a la Alcaldía de Ricaurte.
6.14. Formuló como excepciones las de: caducidad de la acción, indebida escogencia
del medio de control, «inexistencia de causales de nulidad en el acto administrativo»,
«cumplimiento de un deber legal», «buena fe y presunción de legalidad», «precedente
jurisprudencial sobre la naturaleza de las guías de orientación» y la innominada prevista
en el artículo 187 del CPACA.
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7. El
municipio de Ricaurte contestó la demanda con base en los siguientes
argumentos8:
7.1. Las pretensiones de la demandante no guardaban relación con sus funciones
constitucionales y legales. Los hechos alegados se originaron en su inconformidad
con 2 actos administrativos expedidos por la CNSC y con la forma en que este
órgano desarrolló la Convocatoria 1352 de 2019, especialmente en la etapa de
pruebas. Conforme con la Constitución, la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de
2015, la CNSC fue la entidad que inició y adelantó el proceso de selección para
proveer los cargos en vacancia definitiva de la planta de personal municipal.
7.2. La actora se inscribió en la Convocatoria 1352 de 2019 – Territorial 2019 II, con
el ID 253168656 para el empleo profesional universitario, código 219, grado 1,
OPEC 68464. Según la CNSC, obtuvo un puntaje de 55,32 en la prueba funcional,
inferior al mínimo aprobatorio de 65 puntos, motivo por el cual no continuó en el
proceso ni fue incluida en la lista de elegibles.
7.3. La demandante tuvo una vinculación con la alcaldía en provisionalidad, figura
regulada en el Decreto 1083 de 2015, que otorgaba estabilidad relativa,
condicionada al resultado del concurso convocado para proveer el cargo en
propiedad. Dicho empleo fue ofertado en la Convocatoria 1352 de 2019, en la que
la actora participó sin superar la etapa de pruebas.
7.4. Publicada la lista de elegibles el 19 de noviembre de 2021, la alcaldía quedó
obligada a nombrar al aspirante que obtuvo el primer lugar, de acuerdo con el
principio del mérito que regía el ingreso a la carrera administrativa. La existencia de
una persona con derecho cierto al nombramiento constituyó una causal objetiva
para terminar el nombramiento provisional que ocupaba la demandante.
7.5. El artículo 5 del Acuerdo CNSC – 20191000006396 del 17 de junio de 2019 fijó
las normas aplicables al proceso de selección de la Convocatoria 2019-II y dispuso
que dicho acuerdo integraba ese marco regulatorio. En ese contexto, la guía de
orientación al aspirante no integró las reglas que gobernaron el proceso, pues
únicamente ofrecía aspectos generales, el procedimiento y recomendaciones para
las etapas anteriores, simultáneas y posteriores a la aplicación de las pruebas
escritas dirigidas a los aspirantes admitidos en la Convocatoria Territorial 2019-II.
7.6. Las guías emitidas durante el proceso tuvieron un carácter meramente
orientador y no modificaron ni sustituyeron el acuerdo rector. La guía de orientación
al aspirante carecía de naturaleza de acto administrativo y, por lo tanto, no podía
considerarse una norma vinculante dentro del proceso de selección. En
consecuencia, los ajustes introducidos en ella no tuvieron incidencia sobre la forma
de presentar ni sobre el sistema de calificación aplicado a los aspirantes en la
Convocatoria Territorial 2019-II.
7.7. Planteó como excepciones «caducidad para ejercer el medio de control» y «falta de
legitimación en la causa por pasiva».
8 Samai, índice 28, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_41802021(.pdf) NroActua 28».
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Demandante: Francy Elena Monje Córdoba
1.3. Decisión sobre excepciones previas
8. El auto del 1 de marzo de 2024 resolvió las excepciones previas y declaró no
probadas las siguientes:
(i) «Improcedencia de la acción de nulidad simple» propuesta por la CNSC y el
municipio de Ricaurte.
(ii) «Falta de legitimación en la causa por pasiva», formulada por la Universidad
Sergio Arboleda y el municipio de Ricaurte.
(iii) «Inexistencia de causales de nulidad en el acto administrativo», «cumplimiento de
un deber legal», «buena fe y presunción de legalidad», «precedente jurisprudencial
sobre la naturaleza de las guías de orientación», «inexistencia de una acusación clara,
cierta, concreta y verificable que le permita al decisor judicial realizar un juicio abstracto
de legalidad», e «inexistencia de la facultad de la USA para expedir actos
administrativos» propuestas por la CNSC y la Universidad Sergio Arboleda.
9. En cuanto a los demás medios exceptivos presentados, la providencia indicó que
eran argumentos de defensa y, por lo tanto, se resolverían con el fondo del asunto9.
1.4. Trámite de sentencia anticipada
10. Con auto del 30 de julio de 2024 se impartió el trámite de sentencia anticipada10.
Con esa finalidad, se pronunció sobre el decreto de pruebas; fijó el litigio; y corrió
traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión. El problema
jurídico que habría de resolverse en la sentencia de fondo se delimitó así: «se
circunscribe a determinar si los actos demandados fueron expedidos con ausencia de
motivación, falta de competencia y desconocimiento del derecho al debido proceso y al
principio de confianza legítima».
1.5. Alegatos de conclusión
11. Las partes presentaron sus alegatos de conclusión, en el siguiente orden:
12. El municipio de Ricaurte reiteró los argumentos expuestos en la contestación
de la demanda11.
13. Francy Elena Monje Córdoba alegó con base en los siguientes argumentos12:
13.1. Losacuerdos que regularon la Convocatoria 1352 de 2019, CNSC
20191000006396 de 17 de junio de 2019 y su modificatorio 20191000008776 del
18 de septiembre de 2019, estaban viciados de nulidad por desconocer el artículo
2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015, el cual restringía las modificaciones de la
9 Samai, índice 49, actuación «Auto que decide sobre excepciones previas», documento
«79AUTOQUEDECIDE_41802021RESUELVEEXCE(.pdf) NroActua 49».
10 Samai. índice 58, actuación «Auto que corre traslado para alegar en trámite de sentencia
anticipada», documento «87Autoquecorre_41802021Sentenciaani(.pdf) NroActua 58».
11 Samai, índice 62, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«89_MemorialWeb_Alegatos-2021-0379ALEGATOSDECONCLUSION(.pdf) NroActua 62».
12 Samai, índice 63, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«90_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSDECONCLUSI(.pdf) NroActua 63».
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convocatoria una vez iniciadas las inscripciones. La CNSC cambió el número de
preguntas de la prueba sin advertirlo ni justificarlo, lo que afectó el debido proceso
y la confianza legítima. Los aspirantes estructuraron su participación con base en
las reglas iniciales, incluido el número de preguntas, su calificación y ponderación,
de modo que cualquier modificación posterior requería motivación y publicidad.
13.2. LaCorte Constitucional y el Consejo de Estado han interpretado que la
convocatoria constituye la norma obligatoria del concurso y que cualquier variación
debe ser divulgada oportunamente para garantizar el respeto a las reglas del
proceso. Permitir ajustes después de la aplicación de las pruebas trasladaría cargas
injustas a los concursantes que respondieron conforme con las condiciones
previamente fijadas, lo que desconoció los principios del debido proceso y confianza
legítima.
13.3. La pretensión de la demanda se dirigía exclusivamente a la nulidad del Acuerdo
CNSC 20191000006396 de 17 de junio de 2019 y de su acto modificatorio, en
cuanto fijaron las reglas del proceso de selección para proveer los cargos en
vacancia definitiva de la planta de personal de la Alcaldía de Ricaurte. No se
buscaba la nulidad del acto administrativo mediante el cual se produjo su
desvinculación, sino únicamente la invalidez de los acuerdos que estructuraron la
convocatoria.
14. La CNSC intervino en esta etapa para exponer13:
14.1. El planteamiento central del proceso se ubicó en la presunta vulneración de
derechos derivada de un supuesto cambio en la forma de aplicación de las pruebas
escritas, lo que, según la demanda, habría generado confusión entre los
participantes. Su posición frente al asunto fue consignada en la contestación y de
las pruebas obrantes en el expediente, las cuales mostraban que la entidad actuó
dentro de sus competencias constitucionales y legales, en los términos del artículo
130 de la Constitución Política y la Ley 909 de 2004. Asimismo, las actividades
operativas del concurso convocado para proveer vacantes en la Alcaldía de Ricaurte
fueron ejecutadas por la Universidad Sergio Arboleda mediante el contrato 617 de
2019.
14.2. Aunque la actora presentó una acción de nulidad simple, las pretensiones
evidenciaban la búsqueda de un restablecimiento inmediato del derecho a través de
un eventual reintegro. En ese entendido, resultaba aplicable la regla de caducidad
prevista en el artículo 164 del CPACA, dado que la demanda se presentó después
de transcurrido el término de 4 meses y la acción empleada no corresponde al medio
de control adecuado para fines particulares. Incluso en el escenario de una eventual
declaratoria de nulidad, los efectos serían ex nunc, sin posibilidad de retrotraer el
proceso, pues las listas de elegibles ya cumplieron con su finalidad.
14.3. La presunción de legalidad de los actos administrativos permanecía incólume,
ya que no se allegaron elementos que permitieran desvirtuarla. En el expediente
constaba que todos los concursantes se sometieron a las pruebas bajo idénticas
condiciones, con igual número de preguntas y con criterios uniformes de valoración.
13 Samai, índice 64, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«92_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSDECONCLUSI(.pdf) NroActua 64».
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Con ello quedaba descartada cualquier vulneración de los principios de mérito e
igualdad. La guía de orientación al aspirante no integraba el marco normativo
vinculante del concurso, pues las reglas obligatorias se encontraban
exclusivamente en el acuerdo de convocatoria y su anexo técnico, interpretación
respaldada por decisiones judiciales recientes.
14.4. La actuación de la entidad se ajustó a los principios de buena fe, transparencia
y objetividad, mediante pruebas estructuradas con base en criterios psicométricos
y en las necesidades del empleo. No se introdujeron modificaciones después del
inicio de las inscripciones, en cumplimiento del artículo 2.2.6.4 del Decreto 1083 de
2015 y del artículo 10 del Acuerdo 20191000006396 de 2019. La documentación
técnica del proceso demostraba que no se alteró unilateralmente el número de
preguntas y que la metodología aplicada respondió a parámetros objetivos y
verificables. Además, cualquier eventual nulidad solo tendría efectos hacia futuro,
sin afectar situaciones jurídicas consolidadas ni la estabilidad de los actos ya
ejecutados.
15. La Universidad Sergio Arboleda manifestó:
15.1. Losactos administrativos objeto del proceso, contenidos en los Acuerdos
CNSC-20191000006396 y CNSC-20191000008776, fueron emitidos por la CNSC,
que era la entidad legalmente facultada para regular los procesos de selección de
empleos de carrera administrativa. La parte actora no presentó reproche específico
que desvirtuara su legalidad, y, en consecuencia, la universidad carecía de
legitimación en la causa por activa y de responsabilidad frente a los hechos objeto
del proceso14.
16. El Ministerio Público no se pronunció en la instancia procesal.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
17. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le corresponde
a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidir en única
instancia sobre las demandas de nulidad simple interpuestas contra los actos
administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional. Asimismo, por el
criterio de especialidad, los artículos 1315, modificado por el artículo 1 del Acuerdo
434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201916
señalan que la Sección Segunda conoce de los asuntos de carácter laboral.
2.2. Problema jurídico
18. Sin desconocer la fijación del litigio definida en el auto que resolvió impartir el
trámite de sentencia anticipada, en atención a los argumentos expuestos por los
14 Samai, índice 65, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«94_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSFRANCYELEN(.pdf) NroActua 65».
15 Reglamento interno del Consejo de Estado.
16 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se
le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».
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sujetos procesales, se considera necesario efectuar unos ajustes para mayor
precisión conceptual, para señalar que el problema jurídico se contrae a resolver el
siguiente interrogante:
¿Los acuerdos CNSC 20191000006396 del 17 de junio de 2019 y CNSC
20191000008776 del 18 de septiembre de 2019 fueron expedidos con
vulneración del debido proceso, de la confianza legítima y de los derechos
al trabajo y al mínimo vital, al modificar las reglas de la convocatoria a partir
de la variación del número de preguntas de la prueba escrita funcional
aplicada en el concurso adelantado por la CNSC dentro de la «Convocatoria
1352 de 2019 – Territorial 2019 – II»?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Generalidades de la carrera administrativa
19. Para cumplir con sus fines esenciales17, el Estado desarrolla sus funciones a
través de sus diferentes órganos. Si bien cada uno de aquellos tiene labores
específicas, lo cierto es que deben colaborar de forma coordinada y armónica en el
ejercicio de las labores que les asignan la ley y los reglamentos18. En atención a la
trascendencia de las funciones públicas, como regla general, la Carta Política
ordena que el personal que las desarrolla esté vinculado a través del sistema de
carrera administrativa19.
20. Lo anterior supone el cumplimiento de requisitos y condiciones previamente
delimitadas, con el propósito de determinar el mérito y las calidades de cada
aspirante. Con estas medidas se busca garantizar que la actividad estatal se
desenvuelva bajo los principios de moralidad administrativa, imparcialidad política
de los funcionarios, igualdad de oportunidades para quienes aspiren a ocupar
empleos públicos y la estabilidad en ellos20. La finalidad de la selección de acuerdo
con el principio del mérito fue reconocida por la jurisprudencia constitucional, en los
siguientes términos:
«[…] busca que la administración pública cuente con servidores de las más altas
calidades para enfrentar con éxito las responsabilidades que la Constitución y las
leyes han confiado a las entidades del Estado21, responsabilidades que exigen,
para su adecuado cumplimiento, “la aplicación de criterios de excelencia en la
administración pública que posibiliten la realización de los fines y objetivos
estatales más próximos, como lo son el servicio a la comunidad, la satisfacción
17 El artículo 2 de la Constitución Política prevé: «Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.»
18 Artículo 113 de la Constitución Política: «[…] Los diferentes órganos del Estado tienen funciones
separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.»
19 Artículo 125 de la Constitución Política: «Los empleos en los órganos y entidades del Estado son
de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. […]»
20 Sentencia C-1230 de 2005.
21 En la providencia se citó: «Sentencias C-479/92, C-195 de 1994 y C-1079 de 2002»
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del interés general y la efectividad de los principios, derechos y deberes que la
propia constitución reconoce a todos y cada uno de los habitantes del territorio
nacional” 22 [...]»23.
21. Con esa orientación, el artículo 130 de la Constitución Política creó una entidad
responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores
públicos, con excepción de las de carácter especial. Se trata de la CNSC cuya
naturaleza se encuentra descrita en el artículo 7 de la Ley 909 de 200424 en los
siguientes términos:
«[…] Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional
del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución Política, responsable
de la administración y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras
especiales, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el
empleo público en los términos establecidos en la presente ley, de carácter
permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder
público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
propio.
Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo
público de carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil actuará
de acuerdo con los principios de objetividad, independencia e imparcialidad […]».
22. Lasfunciones concretas de la CNSC para la administración de la carrera
administrativa están descritas en el artículo 11 de la Ley 909 en mención, así:
«a) Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos generales
con que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los
empleos de carrera administrativa de las entidades a las cuales se aplica la
presente ley;
b) Acreditar a las entidades para la realización de procesos de selección de
conformidad con lo dispuesto en el reglamento y establecer las tarifas para
contratar los concursos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 30 de la
presente ley;
c) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos
de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente
ley y el reglamento;
d) Establecer los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas sobre
evaluación del desempeño de los empleados de carrera administrativa;
e) Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles; el
Banco de Datos de ex empleados con derechos de carrera cuyos cargos hayan
sido suprimidos y que hubieren optado por ser incorporados y, el Banco de Datos
de empleados de carrera desplazados por razones de violencia;
f) Remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos nominadores,
las listas de personas con las cuales se deben proveer los empleos de carrera
administrativa que se encuentren vacantes definitivamente, de conformidad con la
información que repose en los Bancos de Datos a que se refiere el literal anterior;
g) Administrar, organizar y actualizar el registro público de empleados inscritos en
carrera administrativa y expedir las certificaciones correspondientes;
22 En la sentencia se citó: «Sentencia C-1079 de 2002»
23 Sentencia C-1320 de 2005
24 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones»
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h) Expedir circulares instructivas para la correcta aplicación de las normas que
regulan la carrera administrativa;
i) Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de
las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que
contrate para tal fin;
j) Elaborar y difundir estudios sobre aspectos generales o específicos de la gestión
del empleo público en lo relacionado con el ingreso, el desarrollo de las carreras
y la evaluación del desempeño;
k) Absolver las consultas que se le formulen en materia de carrera administrativa».
23. Conforme con el artículo 12 de la Ley 909 de 2004, la CNSC ejerce vigilancia
sobre la aplicación de las normas de carrera administrativa, con facultades para:
verificar y controlar concursos, suspenderlos cautelarmente, anularlos ante
irregularidades, recibir y resolver quejas, actuar como segunda instancia, conocer
reclamaciones sobre inscripciones, supervisar evaluaciones de desempeño, remitir
violaciones a autoridades competentes y adoptar medidas que garanticen mérito e
igualdad. Además, puede imponer multas a servidores públicos, previo debido
proceso, cuando incumplan con las normas o sus instrucciones.
24. En efecto, el artículo 19 ibidem define el empleo público como el «conjunto de
funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias
requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los
planes de desarrollo y los fines del Estado». De ahí que en su diseño, se deban tener
en cuenta la descripción de las funciones que tendrá a su cargo, así como el perfil
de competencias requeridas para su desempeño.
25. Como antes se mencionó, la CNSC es la entidad encargada de la elaboración de
las convocatorias a concurso para el acceso al desempeño de empleos públicos.
Esta competencia se reitera en el artículo 30 de la Ley 909 de 2004, con la precisión
de los costos que genere el proceso de selección que estarán a cargo de la entidad
para la cual se adelante. Esta labor se desarrolla a través de contratos o convenios
interadministativos suscritos con universidades o instituciones de educación
superior acreditadas para ello.
26. De conformidad con el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, para que una persona
logre su inscripción en el escalafón de carrera administrativa, deberá superar las
etapas del concurso de méritos, estas son: convocatoria, reclutamiento, práctica de
pruebas, elaboración de lista de elegibles y nombramiento en período de prueba.
27. Como se advierte, la convocatoria es la que fija las reglas de todo el concurso de
méritos. Es el acto administrativo en el que se determinan las condiciones para
participar, los requisitos y tiempos de inscripción, los cargos ofertados, las
condiciones de estudio y de experiencia para ocuparlos, los modos de evaluación y
puntajes25 y demás pasos necesarios para garantizar dentro del proceso de
selección el principio del mérito.
28. La jurisprudencia de esta sección ha señalado que «[l]a convocatoria es norma
reguladora de todo concurso público de méritos y obliga tanto a la administración como a
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de noviembre de 2020,
radicado 11001-03-25-000-2015-01035-00 (4501-2015).
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los participantes, es decir, es ley para las partes. Así, la convocación garantiza a los
aspirantes, en el evento de que cumplan las exigencias estatuidas, igualdad de
oportunidades para acceder a ocupar cargos públicos, y el derecho a concursar en igualdad
de condiciones […]»26 [sic].
29. Por lo anterior, las reglas de la convocatoria son obligatorias y supedita a la
actividad de la administración en el desarrollo del concurso. Este carácter de norma
invariable es lo que garantiza el debido proceso y la igualdad de quienes participan.
Cambiar los preceptos que contiene contraría los principios de buena fe,
transparencia, publicidad, imparcialidad, moralidad e igualdad al defraudar la
confianza legítima de aquellos que estaban convencidos de su deber de surtir las
etapas, cumplir con los requisitos, aprobar las evaluaciones y ser calificados con las
pautas previamente definidas27.
30. Específicamente, respecto de los principios de transparencia, imparcialidad y
moralidad e igualdad en los concursos de méritos, la jurisprudencia ha señalado lo
siguiente:
«[…] El principio de transparencia se desconoce si la administración modifica la
posición del aspirante dentro del concurso de méritos en contra de sus
expectativas; el de publicidad cuando se varían las reglas sin el consentimiento
de los participantes; los de imparcialidad y moralidad si los cambios de las pautas
del proceso de selección se dan con el fin de beneficiar a un sector de los que
concursan. El derecho al trabajo, por su parte, se conculca si al no tener reglas
claras se priva a una persona de la oportunidad de acceder a un empleo público
que podría alcanzar si superaba el concurso; y el derecho a la igualdad se
trasgrede si se otorga un trato preferente e injustificado a quien resulta elegido sin
merecerlo […]»28.
2.4. Caso concreto, análisis de la Sala
31. Para la Sala resulta pertinente precisar que, aunque en los alegatos de
conclusión la CNSC insistió en que la actora habría acudido indebidamente a la
acción de nulidad simple por perseguir en realidad un restablecimiento particular,
como un eventual reintegro, dicha apreciación ya fue resuelta en el auto del 1 de
marzo de 2024, mediante el cual se decidieron las excepciones previas.
32. En esa oportunidad, el despacho declaró no probada la excepción de
«improcedencia de la acción de nulidad simple» al verificar que los cargos formulados
en el concepto de la violación no buscaban un restablecimiento automático en favor
de la demandante o de terceros, sino que se dirigían a cuestionar la legalidad en
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Radicación: 11001-
03-25-000-2016-00988-00(4469-16). Sentencia del 10 de octubre de 2019. Medio de control:
Nulidad.
27 Sentencia T-682-16 del 2 de diciembre de 2016. También en la sentencia T-256 de 1995 la Corte
Constitucional manifestó lo siguiente: «[p]or consiguiente, cuando la administración se aparta o
desconoce las reglas del concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe actuar, o manipula los
resultados del concurso, falta a la buena fe (art. 83 C.P.), incurre en violación de los principios que
rigen la actividad administrativa (igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, puede
violar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes
participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por el proceder irregular de
aquélla». Ver también Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de
noviembre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2015-01035-00 (4501-2015).
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de noviembre de 2020,
radicado 11001-03-25-000-2015-01035-00 (4501-2015). Sobre este tema también se puede
consultar las sentencias SU-133 de 1998 y SU-913 de 2009.
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abstracto de los actos de convocatoria. En consecuencia, al haber quedado definida
la adecuación del medio de control empleado, la regla de caducidad prevista en el
artículo 164 del CPACA no resultaba aplicable en los términos planteados por la
entidad.
33. Ahora bien, la parte demandante aseguró que la CNSC vulneró su derecho al
debido proceso al reducir, sin motivación ni aviso previo, el número de preguntas
previsto en la convocatoria, pese a que esta fijaba de manera obligatoria la
estructura de la prueba y a que, conforme con el Decreto 1083 de 2015, una vez
iniciadas las inscripciones no era posible modificar su contenido. La variación
inesperada de los ítems alteró las reglas del concurso, afectó la preparación de los
aspirantes y desconoció la confianza legítima y los parámetros jurisprudenciales
que prohíben modificar pruebas ya diseñadas o aplicadas. Por ello, la actuación de
la CNSC excedió sus facultades y viciaba el proceso de selección.
34. Para
resolver lo anterior, valga señalar que a través del Acuerdo CNSC -
2019000006396 del 17 de junio de 201929, «se convoc[ó] y se establec[ieron] las reglas
del proceso de selección para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de
Ricaurte — Convocatoria No. 1352 de 2019 — Territorial 2019— II». Asimismo, que este
fue modificado en sus artículos 1 [convocatoria], 8 [empleos convocados] y 31
[vigencia de la lista de elegibles] por el Acuerdo CNSC – 20191000008776 del 18
de septiembre de 201930.
35. Los artículos 5, 16 y 17 de la normativa del concurso, relativos a las reglas del
proceso de selección, las pruebas a aplicar, su carácter y ponderación, así como
las evaluaciones de competencias funcionales y comportamentales, dispusieron lo
siguiente:
«Artículo 5. Normas que rigen el proceso de selección. El proceso de selección
que se convoca mediante el presente Acuerdo, se regirá de manera especial por
lo establecido en la Ley 909 de 2004 y sus Decretos Reglamentarios, el Decreto
Ley 760 de 2005, el Decreto 785 de 2005, la Ley 1033 de 2006, el Decreto 1083
de 2015, el Decreto 648 de 2017, el Decreto 051 de 2018, el Decreto 815 de 2018,
el Manual de Funciones y Competencias Laborales vigente de la respectiva
entidad, con base en el cual se realiza este proceso de Selección, lo dispuesto en
este Acuerdo y su Anexo y por las demás normas concordantes y vigentes sobre
la materia».
[…]
Artículo 16. Pruebas a aplicar, carácter y ponderación. De conformidad con el
artículo 2.2.6.13 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con el numeral 3 del
artículo 31 de la Ley 909 de 2004, las pruebas a aplicar en este proceso de
selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad, adecuación y
potencialidad de los aspirantes a los diferentes empleos que se convocan, así
como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades y
competencias requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de los
29 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_RVGENERACIONDELA(.MSG) NroActua 2», archivo
«3_110010325000202100739001EXPEDIENTEDIGI20211115183519», link «Archivo», folios 14 a
22.
30 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_RVGENERACIONDELA(.MSG) NroActua 2», archivo
«3_110010325000202100739001EXPEDIENTEDIGI20211115183519», link «Archivo», folios 10 a
13.
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mismos. La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos,
que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad, con parámetros
previamente establecidos.
[…]
Las siguientes tablas señalan las pruebas que se aplicarán para los empleos
convocados en el presente proceso de selección:
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PRUEBAS CARÁCTER PESO PUNTAJE
PORCENTUAL MÍNIMO
APROBATORIO
Competencias Eliminatoria 50% 65.00
Funcionales
Competencias Clasificatoria 20% N/A
Comportamentales
Valoración de Clasificatoria 30% N/A
antecedentes
TOTAL 100%
PROFESIONAL UNIVERSITARIO, TÉCNICO Y ASISTENCIAL
PRUEBAS CARÁCTER PESO PUNTAJE
PORCENTUAL MÍNIMO
APROBATORIO
Competencias Eliminatoria 60% 65.00
Funcionales
Competencias Clasificatoria 20% N/A
Comportamentales
Valoración de Clasificatoria 20% N/A
antecedentes
TOTAL 100%
Artículo 17. Pruebas sobre competencias funcionales y comportamentales.
Las especificaciones técnicas, la citación y las ciudades de presentación de las
Pruebas sobre competencias Funcionales y Comportamentales se encuentran
definidas en los numerales 3, 3.1 y 3.2. del Anexo del Presente acuerdo» [sic].
36. Como se observa, el acuerdo determinó las reglas de juego frente a las pruebas
a aplicar, destacándose su ponderación, carácter y peso porcentual. Igualmente,
remitió al anexo31 para revisar ciertos pormenores de estas pruebas: técnicos,
citación y ciudades a presentarlas.
37. En efecto, los numerales 3 a 3.2 del anexo técnico del acuerdo establecieron una
serie de especificaciones que dejan entrever lo siguiente:
(i) El título 3, denominado «[p]ruebas sobre competencias funcionales y
comportamentales», explicó de qué trataban las pruebas, unos puntos frente a la
fecha y hora del examen, así como su escala de calificación e igualmente
señalaba que, de no obtenerse el puntaje mínimo en la prueba de competencia
funcional, se daría la eliminación del proceso.
(ii) El título 3.1. llamado «citación a pruebas sobre competencias funcionales y
comportamentales» refirió lo siguiente: «[l]a CNSC y/o la universidad o institución de
educación superior que se contrate para realizar esta etapa del proceso de selección,
informarán en su sitio web, la fecha a partir de la cual los aspirantes admitidos en la
31 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_RVGENERACIONDELA(.MSG) NroActua 2», archivo
«3_110010325000202100739001EXPEDIENTEDIGI20211115183519», link «Archivo», folios 23 a
46.
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etapa de VRM deben ingresar con su usuario y contraseña al SIMO, para consultar la
fecha, hora y lugar de presentación de estas pruebas». Asimismo, que los
«aspirantes deben revisar la Guía de orientación para la presentación de estas
pruebas, la cual se publicará en los mismos medios indicados anteriormente».
(iii) El título 3.2. denominado «[c]iudades para la presentación de las pruebas sobre
competencias funcionales y comportamentales» señaló los sitios establecidos para
la realización de las pruebas.
38. Ahora, para abordar el problema jurídico planteado, la Sala recuerda que el
acuerdo de convocatoria es un acto administrativo general y reglado mediante el
cual la CNSC fija las reglas esenciales que regirán un concurso público de méritos.
Conforme con el artículo 88 del CPACA, dicho acto está investido de la presunción
de legalidad desde su expedición y hasta tanto no sea anulado por esta jurisdicción,
de suerte que es ejecutable salvo las excepciones del artículo 91 ibídem. La
presunción solo puede ser desvirtuada si se demuestra que, desde su creación,
adolecía de vicios que comprometían su validez, valoración que debe efectuarse
bajo un criterio ex tunc.
39. Este entendimiento ha sido reiterado por la jurisprudencia del Consejo de Estado,
que ha señalado que la nulidad de un acto administrativo general produce efectos
ex tunc únicamente frente a situaciones no consolidadas, mientras que deja
incólumes aquellas que adquirieron firmeza durante su vigencia. Ello se sustenta en
la autonomía de cada acto administrativo, cuya validez debe examinarse a la luz de
las circunstancias normativas y fácticas existentes al momento de su expedición.
40. En esa línea, la providencia del Consejo de Estado del 21 de marzo de 2024 32
reiteró que los actos administrativos dictados por autoridad competente, con
observancia de las formalidades previstas y con fundamento en la normativa vigente
mantienen su presunción de validez a lo largo del tiempo, sin que hechos o
decisiones posteriores puedan afectar retroactivamente su legalidad, salvo
demostración de vicios originarios.
41. Este enfoque de control se articula con el principio de seguridad jurídica [arts. 14,
19 y 83 de CP, entre otros], que garantiza la estabilidad de las reglas jurídicas y la
previsibilidad de la actuación administrativa. Este principio, a su vez, está
directamente vinculado con la confianza legítima que ampara a los participantes en
un concurso de méritos, quienes tienen derecho a que las condiciones de la
convocatoria no sean alteradas de forma arbitraria o sorpresiva. El principio de
igualdad [art. 13 de la C.P.] refuerza esta exigencia, pues cualquier modificación
posterior que afecte a unos aspirantes y no a otros vulnera el trato equitativo que
debe imperar en los procesos de selección.
42. La Corte Constitucional, en sentencia SU-138 de 2024, precisó que las
modificaciones a las reglas de una convocatoria deben ser excepcionales y
ajustarse a parámetros estrictos: i) que no otorguen ventajas indebidas a ningún
participante; ii) que sean comunicadas y publicadas por los mismos medios
previstos originalmente; y iii) que se anuncien con suficiente antelación para no
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 21 de marzo de 2024, radicación 76001-23-33-000-2020-00154-02 (4137-2021). MP
Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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afectar la transparencia ni la igualdad del certamen. La Corte advirtió que las
alteraciones que incumplan con estos requisitos pueden ser anuladas, pero de
manera autónoma, sin que ello afecte retroactivamente la validez de la convocatoria
expedida conforme con el ordenamiento jurídico.
43. De ahí que actuaciones expedidas con posterioridad, como decisiones internas,
actos de ejecución, errores materiales o ajustes técnicos, no tienen la virtualidad de
desvirtuar la legalidad originaria del acuerdo de convocatoria. Su regularidad debe
analizarse de manera autónoma, sin trasladar eventuales defectos a un acto que,
en su origen, cumplió con los requisitos constitucionales y legales.
44. Advierte la Sala que los argumentos de la parte actora se encaminaron a sostener
la vulneración del debido proceso por la presunta modificación del número de
preguntas de la prueba escrita funcional y comportamental. Sin embargo, del
examen integral del acuerdo de convocatoria y de su anexo técnico no se desprende
que dicho aspecto hiciera parte de las reglas esenciales que regían el proceso de
selección.
45. El acuerdo fijó de manera expresa las reglas estructurales del concurso: el tipo
de pruebas, su carácter, su ponderación y el puntaje mínimo aprobatorio. Estos
elementos constituían la «ley» del concurso y vinculaban tanto a la administración
como a los participantes. En contraste, el acuerdo remitió al anexo únicamente para
asuntos de naturaleza técnica y operativa necesarios para la ejecución material de
las pruebas. En efecto, el numeral 3 del anexo describió la naturaleza, finalidad y
forma general de evaluación de las pruebas funcionales y comportamentales; el
numeral 3.1 reguló la citación de los aspirantes; y el numeral 3.2 determinó las
ciudades de aplicación. Ninguno de estos apartados incorporó directrices sobre la
estructura interna del examen ni sobre el número de preguntas, de modo que tal
aspecto no integraba las reglas esenciales del concurso.
46. Tampoco se deriva del anexo 133 de especificaciones y requerimientos técnicos
que el número de preguntas tuviera carácter obligatorio; por el contrario, su numeral
5 contiene una nota expresa según la cual «el número estimado de ítems para cada eje
puede ser modificado por la Universidad al finalizar el proceso de Verificación, Agrupación
y Consolidación de los Ejes Temáticos». De ello se sigue que la variación del número
de preguntas se encontraba prevista dentro de la estructura técnica del proceso y
que la cifra inicialmente estimada no poseía rigidez normativa.
47. En efecto, dicha posibilidad no solo quedó prevista en el anexo I, sino que
también fue acogida por la Universidad Sergio Arboleda al momento de estructurar
la propuesta técnica presentada a la CNSC34. En esta, la universidad desarrolló el
alcance del numeral 5, que indicaba que el número estimado de ítems podía
ajustarse conforme avanzara el proceso de verificación, revisión y consolidación de
los ejes temáticos. Esta previsión demuestra que, desde la fase precontractual, las
partes entendieron que el número de preguntas no era un elemento rígido o
33 Samai, índice 27, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_41802021(.pdf) NroActua 27», folios 38 a
84.
34 Samai, índice 27, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_41802021(.pdf) NroActua 27», folios 197 a
210.
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inmodificable, sino un insumo técnico susceptible de ajuste dentro de los parámetros
metodológicos definidos para asegurar la calidad psicométrica de la prueba.
48. Por su parte, el artículo 5 del Acuerdo CNSC 20191000006396 del 2 de julio de
2019 determinó de manera taxativa las disposiciones aplicables, entre ellas el anexo
técnico, mas no la «Guía de Orientación al Aspirante». Este documento, de carácter
instructivo, orientó a los aspirantes sobre la metodología general del concurso, pero
no creó reglas nuevas ni modificó las vigentes. Cualquier alteración de las reglas
esenciales debía materializarse mediante acto administrativo y no a través de un
instructivo carente de fuerza normativa. En esa medida, la referencia contenida en
la guía acerca de que la prueba funcional tendría 60 preguntas y la comporatamental
30 no tenía efectos vinculantes.
49. Aun cuando en el expediente no obra de manera íntegra el contenido de la « Guía
de Orientación al Aspirante», lo cierto es que dicho instructivo, según se desprende
de las referencias contenidas en los demás documentos técnicos del proceso y del
propio diseño contractual, incorporaba la obligación de realizar un análisis
psicométrico previo a la calificación de la prueba y preveía que únicamente fueran
valorados los ítems que cumplieran con los criterios de calidad establecidos para el
instrumento evaluador.
50. Incluso, aunque se admitiera que la guía integraba el marco rector del concurso,
tal previsión confirma que la depuración de preguntas defectuosas no solo era
jurídicamente válida, sino necesaria para garantizar la confiabilidad, objetividad y
adecuación técnica de la prueba. En el caso concreto, la CNSC y la Universidad
Sergio Arboleda ajustaron el número final de preguntas con base en el análisis
psicométrico soportado en el «coeficiente de Aiken», conforme con lo previsto en el
contrato 617 de 2019, actuación que se encontraba autorizada dentro del ámbito de
sus competencias técnicas35.
51. Ahora bien, la parte actora adujo que la variación del número de preguntas
constituía una modificación de la convocatoria, prohibida por el artículo 2.2.6.4 del
Decreto 1083 de 2015, pues la norma establecía que la convocatoria solo podía ser
modificada antes del inicio de las inscripciones y, una vez estas comenzaran,
únicamente respecto del sitio, hora y fecha de inscripciones o de aplicación de
pruebas. No obstante, dicha disposición estaba prevista para modificaciones de
reglas esenciales del concurso. Como ha quedado demostrado, la variación técnica
del número de ítems no configuraba una modificación de esa naturaleza, pues se
encontraba expresamente autorizada en el anexo técnico del proceso y hacía parte
del diseño original del instrumento evaluador.
52. El carácter vinculante de la convocatoria como ley del concurso no se desconoce
en el presente caso, pues las reglas del proceso permitían la adaptación técnica del
número de ítems y no fijaban un límite inmodificable. Tampoco se acreditó una
afectación a la confianza legítima, toda vez que la convocatoria no estableció un
35 De conformidad con lo previsto en el plan de análisis psicométrico y de sistema de calificación
dentro de los procesos de selección 133 a 1354 de 2019, Convocatoria Territorial 2019 – II. Samai,
índice 27, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_41802021(.pdf) NroActua 27», folios 181 a
196.
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número preciso de preguntas y la guía carecía de fuerza normativa para generar
expectativas protegibles.
53. Bajo este contexto, la reducción del número de preguntas no constituía una
modificación de la convocatoria. No alteró el contenido esencial de la prueba ni los
parámetros definidos en el acuerdo [carácter, ponderación y puntaje mínimo
aprobatorio], los cuales permanecieron incólumes. Además, la afirmación según la
cual la CNSC redujo el número de preguntas sin advertirlo o motivarlo no encuentra
respaldo, pues la variación obedeció al análisis psicométrico previsto en el contrato
y mencionado en la guía y correspondió a una actuación técnica interna que no
requería acto administrativo autónomo.
54. De esta manera, no se acreditó que la variación del número de preguntas hubiera
afectado reglas esenciales del concurso o generado un trato desigual. La razón por
la cual la accionante no superó la etapa obedeció a la no obtención del puntaje
mínimo aprobatorio, parámetro conocido y fijado en el acuerdo de convocatoria.
55. Tampoco se demostró la vulneración de los derechos fundamentales al trabajo o
al mínimo vital. La participación en concursos públicos genera únicamente una
expectativa legítima, mas no un derecho adquirido al cargo.
56. Ahora bien, valga señalar que la sentencia del 1 de junio de 2016, proferida por
el Consejo de Estado dentro del expediente 76001-23-33-000-2016-00294-01 (AC),
examinó un supuesto en el cual la exclusión de determinadas preguntas obedeció
al análisis psicométrico previsto en las reglas del concurso, el cual se aplicó después
de realizada la prueba pero antes de su calificación definitiva. En ese caso, la
eliminación de ítems respondía a criterios técnicos previamente establecidos, como
su bajo nivel de discriminación o la baja proporción de respuestas correctas. Dicha
situación difiere de la aquí analizada, en la que no se acreditó una modificación
posterior del contenido de la prueba ni la supresión de preguntas con posterioridad
a su aplicación bajo parámetros psicométricos definidos.
57. En virtud de lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la demanda.
3. Conclusión
58. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la variación en el número
de preguntas de las pruebas sobre competencias funcionales y comportamentales
no constituyó una modificación de las reglas esenciales de la convocatoria ni un
desconocimiento de los principios que rigen los concursos de méritos.
59. En primer lugar, el acuerdo de convocatoria fijó de manera clara los elementos
estructurales del proceso [carácter de las pruebas, ponderación y puntaje mínimo
aprobatorio] sin establecer un número rígido de ítems. La determinación de este
último aspecto fue remitida al anexo técnico, en el cual se autorizó expresamente la
posibilidad de ajustar el número estimado de preguntas tras el proceso de
verificación, revisión y consolidación de los ejes temáticos.
60. En segundo lugar, se acreditó que la variación del número de ítems derivó del
análisis psicométrico previsto tanto en el anexo técnico como en el contrato 617 de
2019 celebrado con la Universidad Sergio Arboleda. Dichos ajustes, respaldados en
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criterios de calidad como el «coeficiente de Aiken», se encontraban dentro de las
competencias técnicas asignadas a la entidad evaluadora y no requerían un acto
administrativo autónomo, por cuanto no configuraban una modificación normativa
del concurso.
61. En tercer lugar, no obra prueba de que esta actuación hubiera alterado las reglas
esenciales del proceso, afectado la igualdad entre aspirantes o vulnerado la
confianza legítima. La convocatoria no fijó un número obligatorio de preguntas y la
guía de orientación carecía de fuerza normativa para generar expectativas
protegibles. Por ende, la reducción del número de ítems no transformó el contenido
esencial de la prueba ni las condiciones de participación definidas en el acuerdo.
62. Finalmente, tampoco se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales
al trabajo o al mínimo vital, pues la participación en un concurso público solo genera
una expectativa legítima y la no superación de la prueba obedeció al incumplimiento
del puntaje mínimo fijado objetivamente en la convocatoria.
63. En consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda presentada por
Francy Elena Monje Córdoba contra la CNSC, el municipio de Ricaurte
[Cundinamarca] y la Universidad Sergio Arboleda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar la pretensión de nulidad: (i) del Acuerdo CNSC - 20191000006396
del 17 de junio de 2019; y (ii) del Acuerdo CNSC - 20191000008776 del 18 de
septiembre de 2019, formulada en la demanda interpuesta por Francy Monje
Córdoba contra la CNSC, el municipio de Ricaurte [Cundinamarca] y la Universidad
Sergio Arboleda.
Segundo: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA,
previas las anotaciones correspondientes en la plataforma digital Samai.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
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