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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00787-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00787-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión formulado por el señor Oscar Julián Fuentes Ramos en contra de la sentencia de segunda instancia proferida el 14 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-002-2016-00084-01. SEGUNDO. CONDENAR en costas y agencias en derecho al señor Oscar Julián Fuentes Ramos, conforme a lo indicado en esta providencia, las cuales se liquidarán por secretaría. TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00787-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00787-00 (4647-2021)
Accionante: Oscar Julián Fuentes Ramos
Demandado: Nación – Rama Judicial
Temas: Causal 5.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
Presupuestos de configuración.

I. ASUNTO

1. Se decide el recurso extraordinario de revisión consagrado en el artículo 248 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, presentado por el señor Oscar Julián Fuentes
Ramos1 en contra de la sentencia del 14 de octubre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 15001-33-33-002-2016-00084-01.

II. ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO

2. Pretensiones2. Con la demanda se solicitó la nulidad de la Resolución 01 de 13
de enero de 2016, a través de la cual la jueza tercero administrativo del circuito de
Tunja declaró insubsistente el nombramiento que el actor ostentaba como
profesional universitario grado 16.

3. A título de restablecimiento del derecho se exigió: i) el reintegro al cargo en
mención y/o a otro de mejor categoría; ii) el pago de los salarios y prestaciones
sociales causados durante el periodo cesante o; iii) la indemnización respectiva, en
caso de que se imposibilite dicha reincorporación y; iv) la indemnización de los
perjuicios morales padecidos.

4. Hechos. El 2 de diciembre de 2015, el señor Oscar Julián Fuentes Ramos fue
nombrado en el cargo de profesional universitario grado 16 del Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Tunja, por quien para entonces fungía como juez
encargado.

5. El día 14 siguiente fue designada otra persona en el cargo de juez. Esta nueva
funcionaria emitió el acto de insubsistencia objeto de reproche, cuando solo había

1 El escrito de revisión se presentó a través de la ventanilla virtual de esta corporación el 1.° de diciembre de

2021, según se evidencia en el índice 1 de la plataforma SAMAI.
2 Ver folios 4-30 del documento
«25RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES», el cual puede ser
descargado en la pestaña «GESTIONAR DOCUMENTOS» de la plataforma SAMAI.

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Recurrente: Oscar Julián Fuentes Ramos

compartido 5 días hábiles con el demandante sin haberle impartido órdenes para el
ejercicio de sus labores.

6. Que la Rama Judicial nunca le suministró los elementos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones -computador, conexión a internet, impresora, entre
otros-, por lo que se vio obligado a asumirlos con sus propios recursos.

7. Normas violadas y concepto de violación. El actor alegó que la decisión
cuestionada fue emitida con falsa motivación y desviación de poder.

8. En lo que a la primera irregularidad se refiere, expresó que los motivos insertos
en dicho acto no corresponden con la realidad, pues la funcionaria examinó hechos
anteriores a su ingreso al juzgado y pasó por alto otros que, acaecidos en ese mismo
lapso, guardaban relación con las labores que él adelantó desde el día de su
posesión y que reflejaban el cabal cumplimiento de la misión asignada.

9. Manifestó además que, aunque en la determinación cuestionada se afirmó que
él incumplió con las metas asignadas por la nueva jueza, lo cierto es que el plazo
para ello no se había agotado para cuando fue declarado insubsistente.

10. Por otro lado, y en lo que respecta al segundo vicio endilgado, resaltó que en la
decisión demandada se aseguró que la desvinculación tenía por finalidad mejorar
el servicio de justicia. Sin embargo, no existen pruebas que evidencien que, durante
la ejecución de sus funciones, el accionante haya provocado una desmejora en ese
sentido, máxime porque, durante el corto tiempo que estuvo subordinado a quien
suscribió esa determinación, no recibió requerimientos ni llamados de atención de
en relación con la entrega de los 7 expedientes señalados en ese decisorio.

11. Argumentó que se desconoció su derecho al debido proceso, pues no se le
brindaron las garantías necesarias para participar en el trámite previo a la
expedición del acto, de modo que pudiera aportar pruebas para controvertir el
incumplimiento de funciones allí invocado.

12. Sentencia de primera instancia3. Es la dictada el 23 de marzo de 2018, a
través de la cual el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al actor.

13. Con tales fines y después de destacar el deber de motivación de los actos
administrativos que declaran la insubsistencia de un nombramiento en
provisionalidad y de referenciar el materia probatorio recaudado:

14. Sostuvo que el acto demandado no está falsamente motivado, pues las razones
depositadas en él cuentan con el respectivo respaldo legal y probatorio. Adujo que
tales evidencias demostraron que el retiro del servicio se produjo por las fallas
detectadas en la prestación del servicio del actor, entre ellas, el incumplimiento en
la entrega de 7 proyectos en igual número de expedientes que le fueron entregados

3 Folios 226-256 ejusdem.

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el 2 de diciembre de 2015, los que, según resaltó, no requerían un estudio minucioso
para su elaboración.

15. Afirmó que con la designación del reemplazo del accionante se mejoró el
servicio, pues de la única prueba para valorar esa situación -las respectivas hojas
de vida- se desprende que quien sustituyó al demandante en el cargo de profesional
universitario grado 16 tiene más experiencia laboral y, además, demostró el
desempeño de cargos de mayor responsabilidad que lo hacen idóneo para el
ejercicio de ese empleo.

16. Adujo que el actor incumplió su deber de demostrar que el acto enjuiciado fue
emitido con finalidades mezquinas, subjetivas y ajenas al buen servicio, por lo que
no se configuró el vicio de desviación de poder.

17. Concluyó que la ausencia de un trámite previo a la decisión de insubsistencia
no comporta la violación al debido proceso, pues en esta materia la jurisprudencia
nacional solo ha demandado la expresión concreta de los motivos que determinan
el retiro del servicio como prenda de garantía de aquella prerrogativa, en tanto
permita al administrado emplear los instrumentos administrativos y judiciales para
la defensa de sus intereses. En consecuencia, reiteró que como la decisión estuvo
debidamente motivada, no se estructuró la aludida transgresión.

18. Recurso de apelación4. Inconforme con esa decisión, el demandante la
recurrió en apelación. Para ello:

19. Reiteró los argumentos relacionados con la vulneración del derecho al debido
proceso por la ausencia de un procedimiento administrativo previó a la emisión del
acto de insubsistencia. Además, censuró la tesis del a quo, según la cual, la
nominadora gozaba de la potestad discrecional para no aplicar el aludido
procedimiento.

20. Indicó que la “razón de servicio” invocada en el acto demandado se asimila al
vocablo “buen servicio” previsto como causal de retiro en la Ley 909 de 2004 y frente
al cual la Corte Constitucional expuso con claridad las razones de su inexequibilidad
(sentencia C-501 de 2005).

21. Alegó entonces que, como en esa oportunidad se concluyó que la determinación
del “buen servicio” corresponde a un proceso disciplinario que demanda un trámite
administrativo previo, de la misma manera la estimación de “razones del servicio”
como motivo determinante de la desvinculación laboral también exige tal
procedimiento, por lo que su omisión acarrea la violación del debido proceso.

22. Insistió en la falsa motivación, para lo cual señaló que: i) en el acto cuestionado
se citó como infringida una resolución contentiva de las funciones del cargo de
profesional universitario grado 16, sin especificar cuál fue desatendida por él; ii) la
jueza de primer grado efectuó una indebida valoración probatoria que la condujo a

4 Ver folios 260-278 ejusdem.

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tener probados unos hechos que no lo estaban, entre ellos, que el 2 de diciembre
de 2015 fueron entregados 7 expedientes para sustanciación, cuando realmente
tales evidencias solo demostraron que en esa fecha los procesos ingresaron al
despacho, pues no existen constancia de recibo de su parte y; iii) las pruebas
recopiladas demostraron que para el mes de diciembre de 2015 no se tenía acta de
reparto interno de expedientes.

23. Aseguró que en la sentencia apelada se dio por sentado que desde el 2 de
diciembre de 2015 el actor solo tenía la obligación de sustanciar 7 proyectos de
decisión, sin atender que durante su vinculación tuvo a cargo otras obligaciones que
efectivamente cumplió.

24. Destacó que en esa providencia también se incurrió en imprecisiones, pues fue
solo hasta el 12 de enero de 2016 que la jueza determinó los lineamientos y metas
laborales por cumplir, por lo que era imposible que al día siguiente cumpliera con
los objetivos que debían ser entregados como máximo el día 18 siguiente; de modo
que tal actuación evidencia la falsa motivación del acto demandado.

25. Reprochó las consideraciones con las que el a quo despachó negativamente el
cargo de desviación de poder, pues fue solo durante el trámite de la demanda que
supo de la persona que la reemplazó en el empleo de profesional universitario grado
16. Por tanto, las pruebas que aportó a la actuación demostraron el incumplimiento
de las funciones por parte de su sustituto, de modo que no es cierto que a través de
su designación se mejoró el servicio.

26. Sentencia objeto de revisión5. Es la proferida el 14 de octubre de 2020,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá revocó la providencia apelada
y, en consecuencia, concedió parcialmente las pretensiones de la demanda. Con
tal fin, y luego de referenciar el material probatorio recopilado:

27. Concluyó que para la emisión del acto demandado no se debió adelantar un
procedimiento administrativo previo, porque la norma aplicable es la contenida en
el artículo 149 de la Ley 270 de 1996, que no demanda ese tipo de actuación.
Reiteró, además, que en estos casos el debido proceso se garantizó con la
expresión clara y concreta de los motivos que determinaron el retiro del servicio, por
lo que se no transgredió el debido proceso del accionante.

28. Destacó que la razón principal que soportó la desvinculación objeto de debate
fue el deficiente desempeño laboral del actor que comprometió la prestación del
servicio. Sin embargo, las pruebas aportadas a la actuación dieron cuenta que
durante el corto tiempo que el demandante estuvo vinculado al juzgado -14 días- y
el escaso lapso en el que la juez que suscribió el acto demandado fue su jefe -5
días-, no era posible pregonar la insuficiencia en el servicio prestado.

29. Puso de presente que el demandante demostró que durante los 14 días hábiles

5 Ver folios 325-367 ejusdem. Se destaca que mediante providencia de 25 de noviembre de 2020 (fls 384-392

ib.), el tribunal negó las solicitudes de aclaración y adición presentadas por los apoderados de las partes.

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que estuvo vinculado al juzgado no solo tuvo a cargo los 7 expedientes señalados
en el acto sometido a juicio, sino también otros asuntos de interés para el despacho.
Entre ellos, la proyección de 18 providencias entre autos de sustanciación, actas de
audiencia y decisión de habeas corpus que evidentemente reflejan el cumplimiento
de sus funciones y desdibujan las afirmaciones de deficiencia laboral invocadas por
la nominadora.

30. Invocó las reglas contenidas en la sentencia SU-556 de 2014 de la Corte
Constitucional y, consecuentemente, ordenó: i) reintegrar al demandante al cargo
de profesional universitario grado 16 del Juzgado Tercero Administrativo de Tunja,
salvo que este hubiera sido provisto por concurso de méritos; ii) el pago de los
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante el tiempo cesante, sin
que la indemnización por tal concepto sea inferior a 6 meses ni superior a 24 meses
de salarios y; iii) descontar al demandante cualquier suma de dinero recibida por
cualquier vínculo laboral público y/o privado.

31. Ordenó que en caso de que el empleo hubiere sido provisto en carrera, no se
reintegrara al accionante, sino que únicamente se le pagaran los salarios y
prestación sociales causadas, de acuerdo con los límites fijados en la sentencia SU-
556 de 2014.

32. Negó la indemnización de los perjuicios morales reclamados, al argumentar que
el actor no demostró su causación.

33. Del recurso extraordinario de revisión.

34. La causal invocada. Para el recurrente, la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá incurrió en la causal de revisión prevista en el numeral 5.°
del artículo 250 de la ley 1437 de 20116.

35. Fundamentos. Resaltó que, en la sentencia impugnada, el tribunal omitió
pronunciarse sobre las pretensiones subsidiarias depositadas en la demanda, en
las que pidió que:

i) De ser imposible su reintegro al cargo de profesional universitario grado 16
del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, se ordene
su reincorporación a un cargo de igual o mejor categoría que aquel y;

ii) De ser imposible esto último -por la provisión definitiva de esos empleos
por concurso de méritos-, se reconozca una indemnización equivalente a los
salarios y prestaciones sociales dejados de recibir desde su desvinculación
y hasta la fecha de provisión permanente de tal cargo.

36. Explicó que tal omisión -no corregida en la providencia que negó las solicitudes

6 «ARTICULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la ley 797 de

2003, son causales de revisión: […] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación.»

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de aclaración y adición que presentó en tal sentido-, vulnera el debido proceso por
desconocimiento del principio de congruencia y por la falta de aplicación de las
reglas contenidas en el artículo 189 del CPACA.

37. En cuanto al desconocimiento del principio de congruencia, expresó que no es
admisible que el ad quem haya referenciado todas las pretensiones principales y
subsidiarias contenidas en la demanda para, al final, guardar silencio frente a estas
últimas.

38. Por su parte, en lo que toca al segundo reparo, indicó que el tribunal dejó de
aplicar una regla procesal de obligatorio cumplimiento, con lo que no solo le negó al
demandante la posibilidad de acceder a uno de los derechos que emanan de la
anulación del acto administrativo de retiró del servicio, específicamente, la
indemnización regulada en el inciso séptimo del artículo 189 del CPACA, sino
también vulneró su derecho a la igualdad y acceso a la administración de justicia.

39. Pretensiones. Solicitó anular los numerales 2 y 4 del ordinal primero de la parte
resolutiva de la sentencia impugnada, relacionados con el reintegro -ordenado
únicamente frente al empleo de profesional universitario grado 16 del Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Tunja- y las demás pretensiones subsidiarias
de la demanda.

40. En consecuencia, exigió el acceso a todas las pretensiones principales y
subsidiarias contenidas en la demanda y la condena en costas de la Rama Judicial.

41. Intervención de la Nación – Rama Judicial7. Oportunamente la citada
institución contestó el recurso extraordinario. Para ello, alegó, en esencia, que debe
declararse improcedente por cuanto lo pretendido por el recurrente no es nada
distinto que reabrir un debate jurídico debidamente abordado en segunda instancia,
lo que es ajeno a este medio de defensa.

42. Alegó que tampoco se produjo el desconocimiento del principio de congruencia
ni la inaplicación de normas procesales, porque en la sentencia impugnada se
indicaron las bases que regularían el reintegro al cargo, limitado a su provisión en
carrera administrativo, el pago de los salarios y prestaciones sociales causados
durante el periodo cesante y los límites indemnizatorios pertinentes.

43. La intervención del procurador delegado8. El agente del Ministerio Público
delegado ante esta corporación solicitó declarar infundado el recurso, por cuanto no
se evidenció la vulneración del principio de congruencia ni se dejó de aplicar el
artículo 189 del CPACA.

44. Explicó que, al negar la solicitud de aclaración y adición de la sentencia

7 Ver documento «24RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES», el

cual puede ser descargado en la pestaña «GESTIONAR DOCUMENTOS» de la plataforma SAMAI.
8 Ver documento
«23MemorialWebFLF_23CONCEPTO_202247946472021O´SCARFUENTESREVCONGRUENCIAPRETSREI
NTEGRO», ejusdem.

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formulada por el otrora demandante, el tribunal fue enfático al afirmar que la orden
de reintegro y pago de los salarios y prestaciones sociales se fundamentó en las
reglas depositadas en la sentencia SU-556 de 2014, entre ellas, la relacionada con
que la reincorporación de empleados nombrados en provisionalidad solo aplica al
cargo que ejercía y no a otro equivalente, por lo que las demás pretensiones de la
demanda se entienden negadas por esa razón.

45. Manifestó, además, que la regla contenida en el artículo 189 del CPACA
concierne a la entidad demandada, obligada a cumplir con la orden de reintegro. De
modo que, si al adelantar el trámite respectivo para satisfacer la condena impuesta
advierte la imposibilidad de reincorporación, debe informarlo al juez de la causa para
que se defina en sede judicial el monto de la respectiva indemnización.

III. CONSIDERACIONES

46. Competencia. Esta subsección es competente para resolver este asunto, de
conformidad con lo establecido en los artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 13 del
Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, reglamento interno de esta corporación.

47. De la oportunidad para interponer el recurso. De conformidad con lo
señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, cuando el recurso se
fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral 5°, entre otras, podrá
presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».

48. En el presente asunto, la sentencia impugnada fue proferida el 14 de octubre
de 2020 y frente a ella, los abogados de las partes presentaron solicitud de
aclaración y adición que fue negada mediante auto de fecha 25 de noviembre de
ese año9. Esta última providencia se remitió al correó electrónico de las partes y
demás intervinientes el día 27 siguiente10.

49. Así las cosas, debe tenerse presente que para entonces se encontraba vigente
el Decreto Legislativo 806 de 2020, que en inciso tercero de su artículo 8.°
establecía que «[l]a notificación personal se entenderá realizada una vez
transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos
empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.»

50. Por consiguiente, se concluye que la notificación de esa providencia tuvo lugar
el 1.° de diciembre de ese año, por cuanto las pruebas que reposan en la actuación
dan cuenta que el mismo día de remisión de los correos respectivos, estos fueron
recibidos por sus destinatarios11.

9 Ver folios 384-392 del documento
«25RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES», el cual puede ser
descargado en la pestaña «GESTIONAR DOCUMENTOS» de la plataforma SAMAI.
10 Ver folios 393-404 ejusdem.
11 Sobre el particular, se recuerda que en sentencia C-420 de 2020, la Corte Constitucional resolvió «[d]eclarar

EXEQUIBLE de manera condicionada el inciso 3 del artículo 8 y el parágrafo del artículo 9 del Decreto
Legislativo 806 de 2020, en el entendido de que el término allí dispuesto empezará a contarse cuando el
iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al
mensaje.» (El énfasis es de la Sala)

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51. Con sustento en lo expresado, se tiene que, como el recurso fue radicado en la
ventanilla virtual el 1.° de diciembre de 2021, esto es, dentro del año siguiente a su
ejecutoria12, se concluye que su presentación se realizó dentro del término de ley.

52. Problema jurídico. De acuerdo con lo argüido por la parte actora, corresponde
a la Sala determinar si ¿La sentencia de 14 de octubre de 2020, a través de la cual
el Tribunal Administrativo de Boyacá revocó la sentencia 23 de mayo de 2018,
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja y, en
su lugar, concedió parcialmente las pretensiones de la demanda presentada por el
ahora recurrente, incurrió en la causal de revisión contenida en el numeral 5.° del
artículo 250 del CPACA?

53. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del recurso
extraordinario de revisión; ii) el contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250
del CPACA y; iii) el principio de congruencia de las providencias judiciales.

54. La naturaleza y objeto del recurso extraordinario de revisión. El artículo 248
de la Ley 1437 de 2011, establece que:

«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».

55. La jurisprudencia de esta corporación ha indicado que, por su naturaleza, el
recurso extraordinario de revisión es un medio judicial de impugnación que, por
excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las
sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada. Lo anterior, en razón
a que puede ser dirigido en contra de las providencias ejecutoriadas proferidas por
cualquiera de las autoridades que integran la jurisdicción de lo contencioso
administrativo -jueces y tribunales, así como las subsecciones y secciones de esta
corporación-.

56. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de
la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de situaciones
externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso ordinario, pero
que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de cosa juzgada.
En sentencia de 3 de marzo de 2020,13 la Sala Décima Especial de Revisión de este
Tribunal, expresó:

«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.

12 Se debe tener en cuenta que la notificación realizada en esa fecha correspondió a la providencia que negó

las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia de segunda instancia. Por ende, y como quiera que en el
inciso quinto del artículo 318 del CGP se establece que «[l]os autos que dicten las salas de decisión no tienen
reposición», es procedente afirmar que la ejecutoria se produjo ese mismo día -1.° de diciembre de 2020-.
13 Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), consejera Ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI Capítulo
I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley
1437 de 2011-, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de impugnación excepcional
que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante
la demostración inequívoca de ser decisiones injustas, por incurrir en alguna de las
causales que taxativamente consagra la ley».14

44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir
las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en cualquier
instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos cuya
naturaleza permita la interposición del recurso. En consecuencia, el recurso
extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por la doctrina15
como un medio de impugnación con la virtud de afectar de manera excepcional el
principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, pues
con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se
configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.16

45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión tiene
por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión
controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas que
no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del
legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa
juzgada […]».17

57. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el
debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias
probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias;
iv) controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de
aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso
sometido a juicio.

58. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la
procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre una
argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente entre los

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, consejero Ponente Dr. Alberto Yepes
Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014.
15 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016,

Pág. 884.
16 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse

recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor
derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir
alguna de las causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo
violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base
en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia
contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.
Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y
fue rechazada».
17 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15-

000-2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
de 29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

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fundamentos y la causal alegada.18 En la sentencia que se viene citando, esta
corporación expresó:

«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate
propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso
extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpretativa
del juez19 o para corregir errores «in iudicando»20, sino que fue consagrado para
discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en
la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos
falsos o adulterados21-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser
determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición
de una persona con mejor derecho22-, o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen
que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal cuarta,23- o
deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una nulidad originada
en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación24-.

47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia
está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la obligación
elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese formalismo,
debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y, especialmente, los
hechos que le sirven de fundamento y la configuran.

48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos
en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al
recurrente realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios
de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender
subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho
de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa, como si
se tratara de una nueva instancia.

49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder
la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la
sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo».25

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión,
sentencia de 13 de octubre de 2020, expediente No. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV), consejero
Ponente Dr. Alberto Montaña Plata.
19 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001-03-15-

000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia.
20 En sentencia C- 998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los errores

in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de
una norma sustancial o por interpretación errónea…».
21 Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos

falsos o adulterados».
22 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales

se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
23 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la

sentencia.
24 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de

apelación.
25 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios

pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de
27 de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: «… no
constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o
sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley,
cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)». En ese mismo
sentido, en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó

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59. El contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA. El numeral
5.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo dice, a la letra, que:

«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

[…]

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación».

60. De acuerdo con el anterior dispositivo, los presupuestos para su configuración
son los siguientes: i) que exista nulidad procesal y; ii) que esta se origine en una
sentencia que ponga fin al proceso y contra la cual no proceda el recurso de
apelación.

61. En relación con las causales de invalidación que pueden invocarse en contra de
la sentencia, se han identificado dos posiciones principales al interior de esta
corporación. En la primera de ellas, se defendió la tesis de la legalidad y la
taxatividad de las nulidades, pregonando que solo pueden emplearse las enlistadas
en el Código General del Proceso y aquellas que impliquen la vulneración del
derecho al debido proceso contenido en el artículo 29 superior.26

62. Por su parte, en la segunda teoría, se señaló que la causal en estudio no se
configura únicamente con situaciones taxativas, sino también a través de otras
circunstancias que el juez, basado en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
adecuación, identifique y revele en cada caso concreto como contrarias a los
mandatos constitucionales que necesariamente conlleven a infirmar la decisión
judicial.27 A partir de esta última tesis sostuvo que:28

«[…] En esta última corriente, que admite hipótesis no contempladas en forma
expresa como causales de nulidad, la jurisprudencia ha identificado, a modo
enunciativo, ciertos casos de afectación del derecho al debido proceso, al igual que
del acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, admitiendo
que hay lugar a revisar la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la

que con el recurso extraordinario especial de revisión «(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración
propio del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los
argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a
convertir el recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente
los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)».
26 Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 3 de febrero de 2015, Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión, Radicación 11001-03-15-000- 1998-00157-01(REV), Actor:
Sociedad de Mejoras Publicas de Cali; del 1 de octubre de 2019 radicación 11001-03-15-000-2017-00811-
00(REV), actor: Odilio Fernández Sánchez y otros; del 3 de diciembre de 2019, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, radicación 11001-03-15-000-2014-01303-00(REV), actor:
Panadería La Victoria S.A.
27 A esta postura se adscriben, entre otras, las siguientes decisiones judiciales adoptadas por esta Corporación:

sentencia del 8 de mayo de 2018, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación 11001-03-15-000-
1998-00153-01, actor: Julio César Mancipe Estupiñán; sentencia del 7 de octubre de 2019, Sección Tercera,
Subsección B, radicación 11001-33-31-035-2008-00180- 01(52615); actor: Ferney Darío Lis Fula y otros;
sentencia del 24 de octubre de 2019, Sección Segunda, Subsección A, radicación 11001-03-25-000-2014-
00325-00(0997-14), actor: Carlos Januario Montero Pérez.
28 Sobre el particular se puede consultar, entre otras, la sentencia de 26 de agosto de 2021, proferida por esta

Subsección dentro del expediente con radicado 11001-03-25-000-2017-00852-00(4598-17).

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decisión (i) es inhibitoria; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la no reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere
en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o perención; (vii)
no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii) desconoce
el principio de congruencia29 bien sea por una condena extra, ultra o infra petita.

Visto lo anterior, la presente decisión acoge los planteamientos que expuso la
sentencia de unificación del 8 de mayo de 201830 proferida por la Sala Plena de la
Corporación, de manera que adhiere a la tesis que defiende la no taxatividad de las
causales de nulidad que configuran el supuesto del artículo 250 numeral 5 del
CPACA. En ese orden de ideas, la nulidad predicable de la sentencia de instancia
se estructura por:

• El acaecimiento de alguna de las hipótesis que regula el artículo 133 del
CGP;
• La existencia de irregularidades que afecten sustancialmente el derecho al
debido proceso;
• Otros vicios que, sin estar relacionados con el ejercicio de valoración
probatoria y jurídica que efectuó la providencia, tengan la entidad suficiente para
que, en sede de revisión y luego de un estudio que consulte parámetros de
ponderación, razonabilidad y mesura, el juez concluya que la sentencia objetada
quebrantó la legalidad y la justicia.

En efecto, la Subsección considera que esta tesis resulta más coherente con los
valores que busca proteger el ordenamiento superior pues, de un lado, satisface la
finalidad a la que responde el recurso extraordinario de revisión, permitiendo que
decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, pero también garantiza el
principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones
excepcionales, en las que el peso de la anomalía sea tal que se transgreda el núcleo
esencial de derechos que se caracterizan por tener una marcada relevancia
constitucional31 y que se configuren en la sentencia».

63. Corolario, las causales de nulidad que se pueden pregonar frente a las
sentencias ejecutoriadas no son taxativas sino enunciativas, entendidas estas
últimas como aquellas irregularidades que afecten con magnitud y gravedad las
garantías esenciales del derecho fundamental al debido proceso.

64. El principio de congruencia de las providencias judiciales. En el artículo
187 de la Ley 1437 de 2011 se establece que la sentencia, además de ser motivada,
debe referenciar brevemente la demanda y su contestación y, además, plasmar el
análisis crítico frente a las pruebas legalmente recaudadas y los razonamientos que
determinan la adopción de las decisiones insertas en ella.

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV

2014-00440-00.
30 Expediente 1998-00153. La decisión sostuvo que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando

se presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se
dictó el fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión, (actualmente artículo 133 del Código General
del Proceso) y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció
esta Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en
la Sentencia C-739 de 2001. Pero además, determinó que un fallo inhibitorio no justificado es causal de nulidad
constitucional por violación de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a una
tutela judicial efectiva.
31 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala

Especial de Decisión N.° 19, sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2017-02369-00,
demandante: Pedro José Vaca López.

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65. En un contexto similar, el artículo 280 del Código General del Proceso afirma
que esa decisión «[…] deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de
las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre
ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás
asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código […]».

66. A renglón seguido, en el artículo 281 ejusdem se concibió el principio de
congruencia como el ingrediente principal de este tipo de providencias, principio
que demanda que tal determinación esté «[…] en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este
código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley […]».

67. En otras palabras, se exige que esta providencia esté armónicamente ligada
con las pretensiones de la demanda y sus respectivos fundamentos fácticos y
jurídicos, así como también en consonancia con los planteamientos fijados en la
correspondiente oposición “esto es, la contestación de la demanda”.

68. Por tales razones, al juez le está prohibido imponer condenas que excedan lo
pedido por el demandante «ultra petita» y/o para conceder pretensiones que no
fueron pedidas por él «extra petita». Sobre el particular, en sentencia de unificación
150 de 2021,32 la Corte Constitucional expresó:

«[…] 90. Sobre el particular, cabe mencionar que el principio de congruencia de la
sentencia previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso33, exige que la
decisión judicial debe estar acorde con los hechos y las pretensiones esgrimidas en
la demanda. Se trata de una garantía del derecho al debido proceso que tienen las
partes involucradas en una litis, que opera como mandato general de protección en
los distintos procedimientos judiciales, por el cual se concibe que el juez solo
decidirá respecto de lo discutido en el proceso y tendrá vedado pronunciarse sobre
asuntos diferentes o que no hubiesen conocido los extremos procesales.

91. Precisamente, la jurisprudencia de esta corporación ha definido el principio de
congruencia “como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al
debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en la medida
que impide determinadas decisiones[,] porque su justificación no surge del
proceso[,] [al] no responder [a] lo que en él se pidió, debatió, o probó”34. Además,
se ha establecido que cuando existe falta de congruencia en una providencia
judicial, es posible alegar la configuración de un defecto procedimental que torne
procedente la acción de tutela […]».

69. Así mismo, esta corporación35 ha pregonado que el principio de congruencia
detenta dos matices, una interna, referida a la relación inescindible que debe existir
entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia y, una externa, que exige conexidad

32 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
33 “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en

las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren
sido alegadas si así lo exige la ley (…)”.
34 Corte Constitucional, sentencia T-714 de 2013.
35 Sección Cuarta, sentencia de 14 de agosto de 2013, expediente N° 73001-23-31-000-2006-01785-01(18580),

C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

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entre la decisión adoptada y lo planteado tanto en la demanda como en la respectiva
contestación. Sobre este tópico, la Subsección B de esta Sección36 concluyó:

«[…] En suma, lo expuesto se colige que el principio de congruencia se erige como
una verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes en el
proceso judicial, en el sentido que al juez de la causa solo le resulta permitido emitir
pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del
mismo, sin que sea dable dictar sentencias por fuera (extra) o por más (ultra) de lo
pedido (petita), y en caso de omitir pronunciarse sobre solicitado como pretensión
tiene el deber de explicar de forma clara las razones de tal omisión […]».

70. En esencia, el principio en estudio exige el respeto, la armonía y la
correspondencia entre lo pedido, lo probado y lo sustentado por las partes y la
decisión judicial que se deba adopte en un momento determinado.

71. Pues bien, conforme con lo analizado, se resolverá el problema jurídico
planteado en precedencia.

72. Caso concreto - interrogante único: ¿La sentencia de 14 de octubre de 2020,
a través de la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá revocó la sentencia 23 de
mayo de 2018, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Tunja y, en su lugar, concedió parcialmente las pretensiones de la demanda
presentada por el ahora recurrente, incurrió en la causal de revisión contenida en el
numeral 5.° del artículo 250 del CPACA?

73. Para el recurrente, la citada providencia judicial incurrió en una causal que
amerita su anulación parcial, en razón a que en ella no se resolvieron las
pretensiones subsidiarias relacionadas con: i) su reintegro al empleo de profesional
universitario grado 16 y/o de mayor categoría en otro despacho judicial -ante la
imposibilidad de vincularlo al juzgado en el que prestaba sus servicios- y; ii) la
indemnización respectiva ante la imposibilidad de cumplir con la orden anterior -lo
que encasilló como desconocimiento de la norma procesal aplicable en estos casos
(art. 189 del CPACA)-.

74. En consecuencia, con tales omisiones, el interesado estimó vulnerado el
principio de congruencia de las providencias judiciales y, de contera, su derecho al
debido proceso.

75. Pues bien, esta Sala de Subsección advierte que declarará infundado el recurso
extraordinario en estudio, por las siguientes razones:

75.1 Ciertamente con la demanda se solicitaron como pretensiones subsidiarias
que: i) si no era posible el reintegro del demandante al empleo de profesional
universitario grado 16 que ocupada en el juzgado en el que prestaba sus
servicios, se ordenara su vinculación a ese mismo cargo o a uno de mejor
categoría y; ii) de ser imposible su reincorporación en los términos exigidos, se

36 Sentencia de 26 de octubre de 2017, expediente N° 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15), C.P. Cesar

Palomino Cortés.

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condenara a la demandada a pagar como indemnización una suma igual a los
salarios y prestaciones sociales dejados de recibir desde su retiro y hasta la
fecha en que tal empleo fue provisto definitivamente.

75.2 Luego de considerar que el acto demandado debía ser anulado, el Tribunal
Administrativo de Boyacá se adentró en el campo del restablecimiento del
derecho. Con tal finalidad, reseñó la sentencia SU-556 de 2014 y, con base en
sus reglas, aseguró que las órdenes que se debían adoptar en estos casos son:

«a. El reintegro del servidor público a su empleo, siempre que el cargo que
ocupaba antes de la desvinculación i) no haya sido provisto mediante concurso; ii)
no haya sido suprimido; o iii) el servidor no haya llegado a la edad de retiro forzoso.

b. A título indemnizatorio, pagar el equivalente a los salarios y prestaciones dejados
de percibir hasta el momento de la sentencia, suma de la cual se deberá descontar
el valor que, por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente, haya recibido la persona sin que la indemnización sea inferior a seis
(6) meses ni exceder veinticuatro (24) meses de salario.» (Él énfasis está contenido
en el texto original)

75.3 En consecuencia, y con base en esos parámetros, el ad quem declaró que:

«[…] se dispondrá el reintegro al cargo por él ocupado antes de su desvinculación
siempre que no haya sido provisto mediante concurso; ordenando, a título
indemnizatorio, pagar el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir
hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por
cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya
recibido el actor, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6)
meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario.

No obstante lo anterior, en caso de haber sido provisto mediante concurso de
méritos el cargo de Profesional Universitario Grado 16 o su equivalente, no habrá
lugar a efectuar el reintegro del actor al cargo, sino que se ordenará a la entidad,
solamente el pago de las sumas que debió recibir mientras estuvo separado del
empleo, en los términos señalados anteriormente […]» (Él énfasis está contenido en
el texto original)

75.4 Así las cosas, se observa que en los numerales 2 y 3 del ordinal
«PRIMERO» de la parte resolutiva de la decisión impugnada, el
restablecimiento del derecho se enmarcó dentro de tales parámetros.
Igualmente se advierte que en el numeral 4 de ese mismo ordinal se negaron
las demás pretensiones de la demanda.

75.5 En la providencia de 25 de noviembre de 202037, el Tribunal Administrativo
de Boyacá negó las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia
presentadas por los abogados de las partes, al no detectar frases que ofrezcan
verdaderos motivos de dudas y/o la falta de resolución de puntos de la litis. En
lo que toca a las pretensiones subsidiarias dejadas de resolver, esa corporación
concluyó:

37 Ver folios 384-392 del documento
«25RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES», el cual puede ser
descargado en la pestaña «GESTIONAR DOCUMENTOS» de la plataforma SAMAI.

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«[…] En efecto, tal como se indicó en precedencia, para lograr un adecuado
restablecimiento de los derechos del aquí demandante como consecuencia de la
declaratoria de nulidad de la Resolución No. 01 de 13 de enero de 2016, la Sala
aplicó para el caso concreto las reglas indemnizatorias fijadas por la sentencia SU-
556 de 2014, que señalan i) el reintegro al empleo que venía desempeñando y no
otro, siempre que no haya sido provisto mediante concurso […]»

75.6 Con sustento en esa argumentación, el tribunal reiteró que el
restablecimiento del derecho se ajustó a los lineamientos impartidos por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-556 de 2014, por manera que, al ser
improcedentes el resto de pretensiones que en ese sentido fueron formuladas,
se dispuso su negativa en el numeral 4 del ordinal «PRIMERO» de la parte
resolutiva.

75.7 Adicionalmente, observa la Sala que en la sentencia de marras no se dejó
de aplicar la regla consignada en el inciso séptimo del artículo 189 del CPACA
pues, en su parte resolutiva se dejó consignado que, ante la imposibilidad de
reintegro, la entidad demandada deberá pagar la respectiva indemnización.

75.8 Así pues, la aludida indemnización será fijada por auto por la autoridad
judicial, previo traslado de la respectiva solicitud al demandante y conforme con
los parámetros que la ley laboral establece para los casos de despido injusto.

76. De cara a lo expuesto, es evidente que la sentencia recurrida no vulneró el
principio de congruencia pues, con base en las reglas contenidas en la sentencia
SU-556 de 2014, ordenó que el reintegro del demandante se efectuara
exclusivamente en el cargo de profesional universitario grado 16 del Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja. Por consiguiente, en la
negativa de las demás pretensiones de la demanda, contenida en el numeral 4 del
ordinal «PRIMERO» de la parte resolutiva de la sentencia están incluidas las
reclamaciones subsidiarias que el actor estimó no resueltas.

77. Además, se reitera, no se desconocieron los parámetros indemnizatorios
contenidos en el inciso séptimo del artículo 189 del CPACA, en razón a que, como
se expuso anteriormente, en la sentencia se ordenó esa reparación ante la
imposibilidad de cumplir con la orden de reintegro. Por tanto, será en el marco de
ese trámite, que la parte actora podrá reclamar la aludida indemnización que, por
cierto, se debe ajustar a los parámetros que la legislación laboral prevé para los
casos de despido injusto, pues así lo ordena el inciso final de la norma en cita.

78. Así las cosas, y al compás de lo analizado, es claro que a través del recurso
bajo examen, la parte actora pretendió reabrir el debate jurídico desarrollado y
debidamente concluido en el proceso ordinario, en torno a las bases que gobiernan
el reintegro al cargo y la eventual indemnización por imposibilidad de cumplir con la
orden de reincorporación; lo que, a la luz de la jurisprudencia arriba citada resulta
inaceptable, porque este mecanismo no fue concebido para discutir la actividad
interpretativa que el juez ordinario adelantó en torno a la normativa y jurisprudencia
aplicable y sus efectos sobre el caso concreto.

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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00787-00 (4647-2021)
Recurrente: Oscar Julián Fuentes Ramos

79. Por tanto, se declarará infundada la presente censura, en razón a que, como se
vio, fue utilizada para discutir las conclusiones adoptadas por el ad quem frente al
derecho reclamado en el proceso ordinario y, a partir de entonces, reabrir un debate
jurídico que está debidamente concluido.

80. Condena en costas. El inciso final del artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 -
modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021- establece que «[si] se declara
infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente». En este
contexto, y atendiendo a que el recurso extraordinario se declaró infundado, es
procedente la imposición de condenas por este concepto, máxime porque la Rama
Judicial -otrora demandada en el proceso ordinario- intervino en esta instancia
ejerciendo su derecho de contradicción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión formulado
por el señor Oscar Julián Fuentes Ramos en contra de la sentencia de segunda
instancia proferida el 14 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 15001-33-33-002-2016-00084-01.

SEGUNDO. CONDENAR en costas y agencias en derecho al señor Oscar Julián
Fuentes Ramos, conforme a lo indicado en esta providencia, las cuales se liquidarán
por secretaría.

TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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