Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00163-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00163-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00163-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00163-00 (0279-2022) (AER)
Accionante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandado: Capitolino Guzmán Sáenz
Tema: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Presupuestos de configuración. Régimen de transición de la
Ley 33 de 1985
Decisión: Declarar infundada la acción
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
presentada por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP en contra de la sentencia de 4 de
diciembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 76001 33
33 015 2018 00044 01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Proceso ordinario inicial2
2.1.1. La demanda
2. El señor Capitolino Guzmán Sáenz, por intermedio de apoderado, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 Índice 15 de la plataforma SAMAI. Archivo “01ExpedienteDigitalizado.pdf” página 53-61.
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Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00163-00 (0279-2022)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
derecho consagrado en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo
contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, con el objetivo de obtener, en
síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:
• La nulidad de las resoluciones 022740 del 31 de mayo de 2017 y
31620 del 8 de agosto de 2017, proferidas por la Unidad Administrativa
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP a través de las cuales se negó la solicitud de reliquidación
pensional del señor Capitolino Guzmán Sáenz y el recurso que confirmó
aquella decisión.
• A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) que se ordene a
la demandada a reliquidar la pensión de jubilación en los términos de las
leyes 6. ° de 1945, 4. ° de 1966, 33 de 1985, 71 de 1988 y Decreto 1045
de 1978; (ii) ordenar que la reliquidación se haga sobre la base del 75%
del promedio de los factores devengados durante el último año de
servicios y (iii) el reconocimiento de los reajustes legales sobre las
mesadas pensionales dejadas de percibir con la indexación
correspondiente y (iv) se condene en costas y agencias en derecho a la
entidad accionada.
3. Como fundamentos fácticos de la demanda, se relató que el señor Capitolino
Guzmán Sáenz prestó sus servicios al Instituto Colombiano Agropecuario –ICA-
desde el 1.° de enero de 1964 hasta el 31 de diciembre de 1992. A través de
Resolución 005147 del 29 de julio de 1992.
4. La Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL- por medio de Resolución
No. 005147 de 29 de julio de 1992 le reconoció y ordenó el pago de una pensión
vejez, con el promedio de lo devengado en el último año de servicio, incluyendo
asignación básica, prima de alimentación, auxilio de transporte, horas extras,
bonificación por servicios prestados y prima de antigüedad, en cuantía de
$51.922,88, a partir del 1 de agosto de 1990 condicionada a acreditar el retiro del
servicio.
5. Mediante la Resolución No. 29860 del 2 de julio de 1993 CAJANAL reliquidó
la pensión del señor Guzmán Sáenz, con el promedio de todos los factores de
salario devengados en el último año de servicios, asignación básica, prima de
alimentación, auxilio de transporte, horas extras, bonificación por servicios
prestados y prima de antigüedad, prima de navidad, prima de servicios y prima
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Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
de vacaciones, en cuantía de $107.727,56 efectiva a partir del 1 de enero de
1993, fecha del retiro del servicio.
6. Inconforme con la liquidación de su derecho pensional, elevó solicitud de
reliquidación, resuelta por la UGPP a través de Resolución 022740 del 31 de
mayo de 2017, que negó la solicitud de inclusión de todos los factores salariales,
al estimar que no se efectuaron los respectivos aportes a la pensión. Decisión
confirmada con la Resolución 031620 de 2017 que resolvió el recurso de
apelación.
7. En cuanto al concepto de violación, indicó que los actos demandados
desconocieron lo dispuesto en el artículo 1. ° de la Ley 33 de 1985 según el cual,
su pensión de vejez debió liquidarse con el 75% de lo devengado durante el
último año de servicio, con la inclusión de todos los salarios devengados. Lo
anterior, de conformidad con lo dispuesto en las Ley 4. ° de 1966, dado que
cumple con los requisitos del régimen de transición establecido en la Ley 33 de
1985.
2.1.2. Sentencia de primera instancia3
8. El Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante
providencia de 2 de abril de 2019, accedió parcialmente a las suplicas de la
demanda, con fundamento en lo siguiente:
9. Señaló que el demandante, al momento de entrar en vigencia la ley 33 de
1985, contaba con más de 20 años de servicio como empleado público, por lo
que era beneficiario del régimen de transición de la mentada norma. En
consecuencia, la pensión debió regirse bajo los lineamientos de la Ley 6° de
1945. No obstante, como se retiró del servicio activo el 31 de diciembre de 1992,
se le deben aplicar las leyes 33 y 62 de 1985, en los términos de la sentencia de
unificación de 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado.
10. Así, concluyó que el acto enjuiciado desconoció en la liquidación del derecho
factores salariales que fueron efectivamente devengados por el señor Guzmán
Sáenz; razón por la que declaró la nulidad de los actos enjuiciados, y ordenó su
reliquidación con el 75% del salario promedio de lo percibido durante el último
año de servicio, con la inclusión de además de los factores ya reconocidos, el
quinquenio desde el 1.° de enero de 1992 a 31 de diciembre de 1992.
3 Índice 15 de la plataforma SAMAI. Archivo “01ExpedienteDigitalizado.pdf” página 249-263.
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Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
2.1.3. Sentencia objeto de revisión.4
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia de segunda
instancia el 4 de diciembre de 2019, en la cual confirmó parcialmente la
providencia proferida en primera instancia, con los siguientes argumentos:
11. El demandante era beneficiario del régimen de transición establecido en el
artículo 1. ° de la Ley 33 de 1985. En ese sentido, el IBL de su pensión debió
liquidarse de acuerdo con lo estipulado en la ley 6. ° de 1945 y sus decretos
reglamentarios, es decir, teniendo en cuenta los factores que constituyen salario
y que fueron devengados por este durante su último año de servicio, lo anterior,
en atención al Decreto 1848 de 1969 que reglamentó el Decreto 3135 de 1968.
12. Adicionó la sentencia recurrida en lo atinente a la prescripción trienal de las
mesadas.
2.1.4. La acción especial de revisión5
13. La UGPP, invocó como causal de revisión la consagrada en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de
interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias
judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública y especialmente:
«[…] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables.»
14. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:
i) Revocar la sentencia expedida el 4 de diciembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por Capitolino Guzmán Sáenz
contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, radicado 76001 33 33 015 2018
00044 01 que confirmó el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado
Quince Administrativo de Oralidad del Circuito de Cali del 2 de abril de 2019.
4 Índice 15 de la plataforma SAMAI. Archivo “01ExpedienteDigitalizado.pdf” página 298-309.
5 Índice 2 de la plataforma SAMAI. Archivo “2_DemandaWeb_Demanda-.pdf”
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ii) Ordenar la reliquidación y pago de la mesada pensional del señor
Capitolino Guzmán Sáenz, de conformidad con el precedente jurisprudencial
emitido por la Corte Constitucional, de parte de esta corporación y de la
normativa legal dispuesta en la ley 33 de 1985.
iii) Ordenar al señor Capitolino Guzmán Sáenz, a reintegrar al recurrente,
los valores cancelados, por concepto de reliquidación de su pensión de vejez
de las sentencias aquí enjuiciadas que excedan el tope legal de la mesada
pensional.
15. Para fundamentar la causal de revisión, la UGPP sostuvo que el señor
Capitolino Guzmán Sáenz no tiene derecho a obtener la reliquidación ordenada,
ya que, al ser beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 1.
° de la ley 33 de 1985, se le debía seguir aplicando las normas anteriores a
aquella únicamente en cuanto a la edad de jubilación y en todo lo demás: tiempo,
tasa de reemplazo y factores, lo correspondiente era aplicar las Leyes 33 y 62 de
1985.
2.1.5. Contestación
16. El señor Capitolino Guzmán Sáenz fue notificado personalmente de la
admisión de la acción especial de revisión el 21 de noviembre de 2023, como se
advierte en el índice 24 del expediente digital disponible en Samai. No obstante,
no se pronunció frente a las pretensiones incoadas por la entidad.
2.1.6 El agente del ministerio público adscrito a esta dependencia, no rindió
concepto.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
17. De acuerdo con los artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797
de 2003, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019, esta Subsección es competente para conocer la acción de revisión
formulada en contra de la sentencia del 4 de diciembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 76001 33 33 015 2018 00044 01
promovido por Capitolino Guzmán Sáenz contra la UGPP.
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3.2. Oportunidad
18. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20036, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:
«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el
artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de
acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro
del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley
712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a
partir de este fallo [...]».
19. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:
«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la
ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se
requiera, dentro del mismo término contado a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».
20. En este caso, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó
oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 4
de diciembre de 2019 por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
ejecutoriada el 3 de julio de 2020, y el escrito de revisión se radicó en la
Secretaría de la Corporación el 10 de diciembre de 20217, es decir, en termino
para impetrar la acción especial de revisión.
6 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece
el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
7 Índice 9 de la plataforma SAMAI. Archivo ED - Cuaderno 1 Principal-1-CuadernoPrincipalFolios1al200.pdf
página 23.
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3.3. Problema jurídico
21. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 4 de diciembre de
2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, incurrió en la
causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
al condenar a la UGPP, al reliquidar la pensión de jubilación del señor Capitolino
Guzmán Sáenz con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el
último año de servicio, incluyendo además de los ya reconocidos el quinquenio.
22. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a la causal mencionada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la
decisión judicial cuestionada.
3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
23. La acción especial de revisión permite impugnar una providencia judicial ya
ejecutoriada, si se configuran expresamente las causales señaladas en el
artículo 250 del CPACA8 (antes artículo 188 del CCA), situación que puede
entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada9, que se
aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de la
presunción de legalidad que cobija a las sentencias, no pueden subsistir por el
grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.
8 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil quince
(2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez
Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
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24. A propósito, la Sala ha reconocido que la existencia de estas causales son
una herramienta legal útil que persigue fortalecer el principio de la moralidad
administrativa y corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado
de forma fraudulenta y en exceso lo cual afecta los principios filosóficos que
orientan el Sistema General de Pensiones.
25. En ese sentido, se ha dicho que «el principal objetivo de la introducción de
las causales especiales para la acción era garantizarle a la administración que
pudiera insistir en un nuevo estudio de las pensiones reconocidas de forma
fraudulenta, de modo que pudiera evitar el pago de cantidades injustas que
afectaran gravemente al erario»10.
26. La causal alegada por parte de la UGPP es la contemplada en literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que señala:
«[…] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
3.5. De la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003: «b)
Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
27. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente11 como un instrumento
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa 12 y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones13,
en especial, el principio de solidaridad14 y equilibrio financiero.
28. Específicamente sobre la causal dispuesta en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, esta Corporación ha dicho lo siguiente:
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020. Rad. Núm.
11001-03-25-000-2015-00234-00 (0436-2015).
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
12 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
13 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
14 Ratio o razón de ser de la seguridad social.
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«35. Visto el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de Fondos de
Naturaleza Pública; en especial cuando “[…] la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables […]”.
36. En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de
motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797, se observa que
ella obedeció a la necesidad “[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los
ciudadanos […]”. Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y
en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del
pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión,
entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de
acuerdo con las normas vigentes.
37. Bajo ese entendido, esta Corporación 15 ha determinado que esos
requisitos sustanciales o estructurales son los siguientes: i) que se trate de un
derecho debido de acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido;
iii) y que exista un exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho»16.
29. Frente a esta causal, la UGPP cuestiona la sentencia del 4 de diciembre de
2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por
Capitolino Guzmán Sáenz contra la UGPP, para lo cual se fundamentó en que la
pensión debió determinarse con los factores única y exclusivamente relacionados
en las Leyes 33 y 62 de 1985 sobre los cuales se hubiesen realizado aportes
pensionales.
30. Para el análisis de esta causal, el juez debe determinar si los supuestos
fácticos y jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente encuadran dentro del
contenido en ella dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es dable evaluar
el fondo del asunto planteado.
31. La Sala observa que entre los planteamientos expuestos en la acción se
encuentra la afectación al patrimonio público, pues se indicó que existe un
aumento porcentual del 2% en el monto en que se reconoció la pensión del señor
Capitolino Guzmán Sáenz respecto del que debió liquidarse, así como la
15 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de
Decisión, providencia de 6 de agosto de 2019, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; número único de
radicación: 1100103-15-000-2016-01280-00.
16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala
Quince de Decisión. Sentencia del 19 de julio de 2021. Rad. Núm. 11001-0315-000-2020-05008-00(REV).
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proyección de los pagos adicionales que se realizarían conforme a la orden
judicial, considerando la expectativa de vida del pensionado.
32. Teniendo en cuenta que se expuso de manera sucinta la presunta afectación
al patrimonio público, la parte accionante puede cuestionar la presunción de
veracidad que cobija la decisión deprecada, de ahí que se examinará, si en el
caso concreto, se configura la consecuencia procesal prevista en el precepto
normativo mencionado, esto es, si el quantum de la pensión desbordó el límite
legalmente establecido y si se dio por la indebida aplicación del precedente
jurisprudencial.
3.6. Caso concreto
33. En este caso no se discute que al señor Capitolino Guzmán Sáenz le sea
aplicable el régimen de transición de la Ley 33 de 1985, por encontrarse cobijado
por la situación prevista en el artículo 1.° parágrafo 2.°, por el contar con más de
15 años de servicios a la entrada en vigencia de la norma, según la certificación
expedida por el ICA17.
34. Además, nació el 13 de marzo de 1933, según copia de la cédula de
ciudadanía18.
3.6.1 Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.
3.6.2. Reconocimiento y liquidación de pensiones con el régimen de
transición establecido en la Ley 33 de 1985.
58. Para poder establecer con claridad la forma en que deben liquidarse las
pensiones de quienes se encuentran en el régimen de transición de la Ley 33 de
1985 debemos referirnos al contexto sobre las normas anteriores aplicables en
materia pensional:
59. La Ley 6 de 194519, en el artículo 17, previó una pensión de jubilación para
los empleados oficiales al alcanzar los 50 años de edad y 20 de servicios
17 Índice 15 de la plataforma SAMAI. Archivo “01ExpedienteDigitalizado.pdf” página 51.
18 Como se puede ver en la cedula de ciudadanía en Índice 15 de la plataforma SAMAI. Archivo
“01ExpedienteDigitalizado.pdf” página 53-61.
19 Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo.
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continuos o discontinuos, equivalente a las 2/3 partes del promedio de los sueldos
devengados en el último año de servicio, en los siguientes términos:
«ARTICULO 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente
gozarán de las siguientes prestaciones:
[…]
b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado
o llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de
servicio continuo o discontinuo, equivalente a las dos terceras partes del
promedio de sueldos o jornales devengados, sin bajar de treinta pesos ($
30) ni exceder de doscientos pesos ($ 200) en cada mes.
La pensión de jubilación excluye el auxilio de cesantía, menos en cuanto a
los anticipos, liquidaciones parciales o préstamos que se le hayan hecho
lícitamente al trabajador, cuya cuantía se irá deduciendo de la pensión de
jubilación en cuotas que no excedan del 20% de cada pensión.
[…]».
60. Dicha norma fue modificada por el artículo 3.° de la Ley 65 del 20 de diciembre
de 194620, en los siguientes términos:
«ARTICULO 3o. La pensión mensual vitalicia de jubilación de que trata el
inciso b) del artículo 17 de la Ley 6a. de 1945 será equivalente a las dos
terceras partes del promedio de los salarios devengados en el último año de
servicio.»
61. Asimismo, el artículo 4.° de la Ley 4ª de 196621, modificó el literal b) del
artículo 17 de la Ley 6 de 1945, de la siguiente manera:
«Artículo 4º.- A partir de la vigencia de esta ley, las pensiones de jubilación
o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más
entidades de Derecho Público se liquidarán y pagarán tomando como base
el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el
último año de servicios.»
62. Posteriormente, el Decreto Ley 3135 de 196822 definió que los servidores
públicos tendrían derecho a una pensión de jubilación cuando acumularan 20
años de servicio y cumplieran 50 años de edad para las mujeres o 55 para los
varones; prestación que sería liquidada en cuantía equivalente al 75% del
promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.
20 Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras disposiciones.
21 Por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las
pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones.
22 Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el
régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
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63. La aludida disposición reconoció un régimen de transición para aquellas
personas que al momento de la entrada en vigencia del decreto tuvieran 18 años
de servicio, para aplicarles las normas anteriores sobre edad de jubilación. Esto
en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 27. PENSIÓN DE JUBILACIÓN O VEJEZ. El empleado público
o trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y
llegue a la edad de 55 años si es varón o 50 si es mujer, tendrá derecho a
que por la respectiva entidad de previsión se le pague una pensión mensual
vitalicia o de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios
devengados durante el último año de servicio.
No quedan sujetas a esta regla general las personas que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción y que la ley
determine expresamente.
PARÁGRAFO 1o. Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a
pensión de jubilación o vejez sólo se computarán como jornadas completas
de trabajo las de cuatro o más horas. Si las horas de trabajo señaladas para
el respectivo empleo o tarea no llegan a ese límite, el cómputo se hará
sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por cuatro; el resultado
que así se obtenga se tomará como el de días laborados y se adicionará con
los de descanso remunerado y de vacaciones, conforme a la ley.
PARÁGRAFO 2o. Para los empleados y trabajadores que a la fecha del
presente Decreto hayan cumplido diez y ocho años continuos o discontinuos
de servicios continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de
jubilación que regían con anterioridad al presente Decreto.
[…]23». (subrayas fuera de texto original)
64. El Decreto 1848 de 1969, en los artículos 68 y 73 reiteró los requisitos
señalados en la norma anterior y en relación con la liquidación de la mesada
precisó lo siguiente:
«ARTICULO 73. CUANTÍA DE LA PENSIÓN. El valor de la pensión mensual
vitalicia de jubilación será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
promedio de los salarios y primas de toda especie percibidos en el último
año de servicios por el empleado oficial que haya adquirido el status jurídico
de jubilado, por reunir los requisitos señalados por la ley para tal fin.»
65. En cuanto al ingreso base de liquidación, el artículo 45 del Decreto 1045 del
15 de julio de 197824 señaló:
«ARTICULO 45. DE LOS FACTORES DE SALARIO POR LA
LIQUIDACIÓN DE CESANTÍA Y PENSIONES. Para efectos del
23 Derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
24 Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de
los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.
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reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que
tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la
liquidación se tendrán en cuenta los siguientes factores de salario:
a. La asignación básica mensual;
b. Los gastos de representación y la prima técnica;
c. Los dominicales y feriados;
d. Las horas extras;
e. Los auxilios de alimentación y transporte;
f. La prima de Navidad;
g. La bonificación por servicios prestados;
h. La prima de servicios;
i. Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión
cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días
en el último año de servicio;
j. Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones
legales anteriores al decreto-ley 710 de 1978;
k. La prima de vacaciones;
l. El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o
en días de descanso obligatorio;
ll. Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas
con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del
decreto 3130 de 1968.»
66. Ahora bien, la Ley 33 de 1985 «Por la cual se dictan algunas medidas en
relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector
Público» en su artículo 1.° dispuso que el régimen pensional de los empleados
públicos y trabajadores oficiales, que sirvan o haya servido 20 años continuos o
discontinuos y lleguen a la edad de 55 años, tendrán derecho al pago de una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio:
«Artículo 1. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55)
tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan
en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya
determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen
especial de pensiones.
En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado
oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a
jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que,
por vía general, establezca el Gobierno. […]».
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67. Esta norma (artículo 1.°) estableció un régimen de transición, en
sus parágrafos 2.° y 3.°:
«Artículo 1º. […]
Parágrafo 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley
hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio,
continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que
regían con anterioridad a la presente ley.
Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como
empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán
derecho cuando cumplan los cincuenta años (50) de edad, si son mujeres,
o cincuenta y cinco (55), si son varones, a una pensión de jubilación que se
reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el
momento de su retiro.
Parágrafo 3º. En todo caso, los empleados oficiales que a la fecha de
vigencia de esta Ley, hayan cumplido los requisitos para obtener
pensión de jubilación, se continuarán rigiendo por las normas
anteriores a esta Ley». (Se resalta)
68. De la interpretación literal de la norma se extraen tres escenarios:
i) El primer escenario es para los empleados oficiales que a la fecha de la
entrada en vigencia de la ley25 hayan cumplido quince (15) años continuos o
discontinuos de servicio. A ellos se les continuarán aplicando las
disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la ley.
ii) El segundo escenario. Para quienes a la fecha de entrada en vigencia de la
Ley 33 de 1985 contaban con 20 años de servicios, pero se hallen retirados
del servicio. En ese caso la misma norma (Ley 33) establece la edad
pensional (50 años de edad para las mujeres y 55 años de edad para los
hombres) y tanto tasa de reemplazo, como factores salariales
corresponderían a los establecidos en las normas que regían al momento del
retiro. Por tanto, se debe acudir a las normas anteriores a la Ley 33 de 1985,
pues exige que el empleado se haya retirado antes de la entrada en
vigencia de la Ley.
iii) Tercer escenario. Quienes a la fecha de entrada en vigencia de la norma
hayan cumplido los requisitos para pensionarse, se aplicarán las normas
anteriores.
69. En este punto debe recordarse que un régimen de transición pensional permite
que se regule una determinada situación de acuerdo con las normas anteriores
25 13 de febrero de 1985.
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en cuanto a todos o algunos de los aspectos correspondientes a edad, tiempo de
servicio, monto o ingreso base de liquidación.
70. De acuerdo con lo anterior es evidente que los escenarios segundo y tercero
remitieron a la aplicación de las normas anteriores a la entrada en vigencia de la
Ley 33 de 1985.
71. Empero, el primero de los escenarios descritos, que es el que nos ocupa 26,
correspondiente a los empleados oficiales que a la fecha de la entrada en vigencia
de la ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, el
Legislador de 1985 salvaguardó el requisito de la edad con la cual sus
beneficiarios podían consolidar el estatus, esto es, 50 años de edad para las
mujeres y 55 para los hombres y, en los demás aspectos del derecho pensional
impuso obligatoriamente la aplicación de las condiciones que se introducían con
las Leyes 33 y 62 de 1985. Esto es:
• El reconocimiento y pago «de una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75 %) del salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicio»27.
• Los factores que enlistó la Ley 62 de 1985 que conformarían la base de liquidación
de los aportes a efectuar, esto, en los siguientes términos:
«Artículo 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier
Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja,
ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento
o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de
liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial,
estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del
orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados;
horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo
caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se
liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los
aportes». (Resalta la Sala).
72. Ahora, es importante precisar que la Sección Segunda de esta Corporación
ha sostenido diferentes posiciones al respecto, frente a quienes se encuentran
26 La demandante acreditó más de 15 años de servicios a la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, pues
ingresó a la Dian desde el 22 de enero de 1968 según certificación expedida por la DIAn visible a folios 90
y 91 del expediente.
27 Artículo 1.° de la Ley 33 de 1985.
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en el primer escenario de la transición de la Ley 33 de 1985, descrito en
precedencia:
(i) Tesis amplia. Aplicación de normas anteriores a la Ley 33 de 1985.
73. Por una parte, sostuvo que se aplicaba el artículo 27 del Decreto 3135 de
1968 a los beneficiarios del primer inciso28 del parágrafo 2.° del artículo 1.° de la
Ley 33 de 1985 en cuanto a la edad y la liquidación pensional. De esta manera
quedó expuesto en sentencia del 3 de junio de 201029:
«En el presente caso, para el 13 de febrero de 1985, fecha en que entró en
vigencia la Ley 33 de 1985, el señor Jaime Severo Torres Morales contaba con
más de 15 años de servicios (fl. 2), es decir que en cuanto a la edad lo gobierna
el régimen anterior establecido en el Decreto Ley 3135 de 1968.
A pesar de que la Ley 33 de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación,
considera la Sala que en este aspecto se debe aplicar también el régimen
anterior, porque resulta más favorable al demandante. De no hacerse así, se
desconocería el principio mínimo fundamental consagrado en el artículo 53 de la
Carta Política que establece la “situación más favorable al trabajador en caso de
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho».
74. Igualmente en sentencia de 31 de enero de 2019 la Subsección A 30 de la
Sección Segunda de esta Corporación, frente al caso de un pensionado que
acreditó 15 años de servicio a la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, pero
consolidó el derecho pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, consideró que
era dable remitirse al Decreto 1045 de 1978. Esto señaló:
«[…]
para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el 1 de abril de 1994, el señor
Pablo Emilio Flórez González ya había cumplido 50 años de edad31, pues no se
discute que nació el 3 de octubre de 194332 y más de 20 de servicios, dado que
tampoco se controvierte que laboró para el INCORA desde el 26 de julio de 196633.
Igualmente, se advierte que el demandante era beneficiario del régimen de
transición previsto por la Ley 33 de 1985, pues tenía más de 15 años de servicio
para su entrada en vigencia, lo cual no se afecta por el hecho de que la prestación
hubiera sido reconocida en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, que de
28«Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años
continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación
que regían con anterioridad a la presente Ley».
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010, radicación:
25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales
30 Con ponencia del consejero William Hernández Gómez.
31 Los cumplió el 3 de octubre de 1993.
32 Así se indica en la parte considerativa de la Resolución 01344 del 29 de junio de 1999 (ff. 35 a 38).
33 Ibidem.
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acuerdo con el análisis efectuado en precedencia su pensión debía regirse por la
Ley 6 de 1945 y no las reglas y subreglas definidas para los beneficiarios del
régimen de transición de la mencionada Ley 100 de 1993 en la sentencia del 28
de agosto de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado34.
Así las cosas, se observa que el acto de reconocimiento, Resolución 01344 del
29 de junio de 1999, fue expedido de acuerdo con la normativa que regía la
situación del señor Pablo Emilio Flórez González, tal y como se desprende de su
contenido, tal y como se anotó previamente.
Sin embargo, la liquidación de la mesada debía tener en cuenta los factores
salariales que el servidor devengó durante el último año de servicios, en los
términos del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, aspecto en relación con el
cual, del análisis de los documentos aportados al plenario, se evidencia que la
prima de navidad no fue incluida en la liquidación de la prestación, como lo indicó
la sentencia de primera instancia, emolumento que debió ser tenido en cuenta
para el cálculo de la mesada. […]».
75. En esa línea, en sentencia de 21 de febrero de 2019 de la Sección Segunda,
Subsección A, dictada dentro del proceso 73001-23-33-000-2014-00637-0135 se
indicó lo siguiente:
«[…] En conclusión, de conformidad con el régimen de transición establecido por
la Ley 33 de 1985 en el inciso 1 del parágrafo 2 de su artículo 1, si para el 13 de
febrero de 1985, fecha en la cual cobró vigencia dicha ley, el empleado oficial ha
reunido los 15 años de servicios continuos o discontinuos, se tiene que es
destinatario de la pensión de jubilación de conformidad con lo ordenado por
el literal b) del artículo 17 de la Ley 6 de 1945, es decir con el cumplimiento
de 50 años de edad y 20 años de servicios continuos o discontinuos, en
cuantía equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en el
último año de servicio, y con los factores salariales contenidos en el artículo
45 del Decreto 1045 de 1978.
[…]Del estudio de la anterior documental lo primero que se evidencia es que si el
accionado laboró al servicio del Estado desde el 15 de marzo de 1965 hasta el 31
de diciembre de 1971, es decir por espacio de 6 años, 15 días, y luego desde el 2
de febrero de 1972 hasta el 15 de agosto de 1986, que corresponde a 14 años, 6
meses, 13 días; es indudable que el 2 de febrero de 1981 cumplió 15 años de
servicios; lo que se traduce en que de conformidad con el inciso 1 del parágrafo 2
del artículo 1 de la Ley 33 de 1985 es beneficiario del régimen de transición que
esta ley consagra que a su turno remite a la aplicación de la Ley 6 de 1945, con lo
que es destinatario de los factores de salario contemplados por el artículo 45 del
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018,
actor; Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.
35 Con ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández.
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Decreto 1045 de 1978, y en consecuencia, no es beneficiario del régimen de
transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Así se tiene que, le asiste la razón al tribunal cuando ordenó: la reliquidación de
la pensión de jubilación del accionante con base en el 75% de los factores
salariales devengados en el último año de servicios «esto es, el sueldo básico,
los gastos de representación, los viáticos, la doceava parte de las primas, junto
con la respectiva actualización» a partir del 4 de abril de 2009 por prescripción,
porque elevó la petición reliquidatoria el 4 de abril de 2012; con las diferencias
debidamente actualizadas que por concepto de dichos factores resulten a favor
del accionante; y negó la inclusión de la bonificación por dirección, porque en
efecto no se encuentra consagrada como factor de liquidación por el Decreto
1045 de 1978». (Resalta la Sala).
(ii) Tesis restrictiva. Aplicación de la sentencia de unificación de 28 de
agosto de 201836.
76. Según esta tesis, a quienes se encuentren en el primer escenario del régimen
de transición de la Ley 33 de 1985 se les deben aplicar las pautas de la sentencia
de unificación de 28 de agosto de 2018, como se aprecia en la sentencia de 18
de febrero de 2021 de esta Subsección37 donde se citaron anteriores
pronunciamientos38 de la Corporación:
«Ahora bien, el conflicto se suscita por la forma cómo se debe aplicar el régimen
de transición al que alude el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, es decir, conforme
a la interpretación literal de la norma según la cual se garantiza el acceso a la
prestación con la edad regulada en la norma anterior, o, por el contrario, si se
debe emplear el régimen anterior en su integridad.
Según esta última posición, las personas beneficiadas con la transición regulada
en el inciso primero del parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 tendrían
derecho a pensionarse en los términos del Decreto 3135 de 1968, es decir, con
20 años de servicio al Estado ya fueran continuos o discontinuos; 55 años de
edad en el caso de los hombres y 50 en el de las mujeres; en cuantía equivalente
al 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio.
36 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 28 de agosto de 2018, expediente radicado núm. 52001-23-
33-000-2012-00143-01.
37 Con ponencia del consejero Rafael Francisco Suárez Vargas. Radicado 70001-23-33-000-2015-00018-
01 (4064-16).
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 10 de diciembre de 2020, radicados
i) 25000 23 42 000 2014 01163 02 (2354-2019) y ii) 05001 23 33 000 2015 00255 01 (1659-2016), M.P. William
Hernández Gómez.
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El anterior criterio en un primer momento fue acogido por la sentencia del 16 de
diciembre de 200939 al considerar lo siguiente:
«El artículo 1°, parágrafo 2 ibídem, estableció un régimen de transición
consistente en que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años
a la fecha de expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del
régimen anterior de pensiones contenido en la Ley 6ª de 1945[…]
Posteriormente, esta Corporación en sentencia del 4 de agosto de 2010 había
unificado su posición,40 en el sentido de indicar que al momento de efectuar el
reconocimiento pensional a favor del empleado, se deben tener en cuenta,
además de los factores mencionados, aquellos que constituyen salario,
independientemente de la denominación que reciban, es decir, los «[…] que se
cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio […]», y no
solamente los descritos en la norma antes mencionada.
Sin embargo, en la sentencia de unificación del 28 agosto de 2018,41 se modificó
la posición adoptada por la Sección Segunda para acoger el planteamiento de la
Corte Constitucional,42 en cuya jurisprudencia destacó la relación de
correspondencia entre las cotizaciones efectuadas durante la vida laboral al
Sistema General de Seguridad Social con la finalidad de no desconocer el
principio de solidaridad y sostenibilidad financiera en esta materia, y se fijó como
subregla que los factores salariales a incluirse en el IBL para la pensión de vejez
de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos
sobre los cuales se efectuaron aportes o cotizaciones al sistema de pensiones,
al sostener lo siguiente:
[…]
Conforme a lo expuesto, si bien la reciente sentencia a la que se alude se
pronunció sobre la forma en que debe aplicarse el régimen de transición
regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la subregla allí contenida
sobre los factores salariales que se deben incluir en el IBL pensional debe
ser extendida al caso de las personas beneficiarias de la Ley 33 de 1985
porque, precisamente, hace referencia directa a la forma en que debe
interpretarse el artículo 3.° ibidem, modificado por la Ley 62 de 1985, esto
es, a la taxatividad de los factores computables en materia pensional.
[…]». (Resalta la Sala).
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:
250002325000200200474 01(1754-06).
40 Consejo de estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, expediente radicado núm.
25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09), Demandante: Luis Mario Velandia.
41 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 28 de agosto de 2018, expediente radicado núm. 52001-23-
33-000-2012-00143-01
42 C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, SU-023 de 2018, entre otras.
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77. Bajo ese criterio, se han proferido otras decisiones al interior de esta Sección,
en las que se han aplicado las pautas de la sentencia de unificación de 28 de
agosto de 201843, como son, entre otras, las sentencias de 10 de diciembre de
2020, dictada dentro del proceso radicado 25000-23-42-000-2014-01163-0244.
78. Al respecto, como ya se explicó en precedencia, al analizar los diferentes
escenarios que se suscitan en virtud del régimen de transición de la Ley 33 de
1985, se tiene que, frente al caso de los empleados púbicos que a la entrada en
vigencia de la misma hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos
de servicio, la ley en cita remite a la aplicación de normas anteriores frente al
requisito de la edad y en los demás aspectos del reconocimiento pensional
mantuvo las pautas vertidas en la Ley 33, sometiendo a los beneficiarios de ese
primer escenario a la tasa de reemplazo, monto, periodo base de liquidación y
factores allí establecidos pues no realizó ninguna remisión a normas anteriores.
79. Actualmente esta Sala ha proferido algunas decisiones45 en las que ha
sostenido que «no es acertado aplicar la tesis amplia y con ello, las normas
anteriores a los beneficiarios del primer escenario de transición de la Ley 33 de
1985, salvo en lo concerniente a la edad, toda vez que se ha superado con creces
el criterio, según el cual, en virtud de un régimen de transición en materia
pensional debe aplicarse la norma anterior en su integridad. Por tanto, como la
Ley 33 de 1985 únicamente salvaguarda el requisito de la edad a la luz de las
normas anteriores, en los demás aspectos del reconocimiento pensional debe
acudirse a sus disposiciones, así como a la Ley 62 de 1985, modificatoria de la
Ley 33 de 1985».
80. En ese mismo sentido, consideró la Subsección que tampoco es acertado
aplicar la tesis restrictiva a los beneficiarios del primer inciso46 del parágrafo 2.°
del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, pues el hecho de consolidar el estatus
pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, no la excluye de los efectos jurídicos
del primer régimen de transición que les cobijó y que les confirió la posibilidad de
pensionarse conforme a las pautas allí indicadas. Además, es evidente que la
sentencia de unificación de 28 de agosto de 201847 se refirió exclusivamente al
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, donde fijó la siguiente regla
43 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 28 de agosto de 2018, expediente radicado núm. 52001-23-
33-000-2012-00143-01.
44 Con ponencia del consejero William Hernández Gómez.
45 Sentencia de esta Subsección de 24 de julio de 2025 dictada dentro del proceso 05001-23-33-000-2016-
00103-01 (0651-2023).
46 «Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años
continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación
que regían con anterioridad a la presente Ley».
47 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 28 de agosto de 2018, expediente radicado núm. 52001-23-
33-000-2012-00143-01
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jurisprudencial sobre el IBL:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de
1985.». (Negrilla de la Sala).
81. Lo anterior, por cuanto a esta regla de unificación se arribó, como propósito
planteado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, cuando a través
de auto de 29 de agosto de 2017 decidió avocar conocimiento del proceso con
fines de unificación y señaló:
« […]
Será entonces esta Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado la que, a través de un juicio ponderativo de los principios que han sido
prevalecidos en cada una de las Corporaciones, decida, como Tribunal Supremo
de lo Contencioso Administrativo, juez natural del tema laboral público, cuál será
la interpretación que de manera unánime daba darse al inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993.
[…]».
82. De acuerdo con lo expuesto, ha establecido esta Subsección que no es
posible dar aplicación a las subreglas de unificación allí establecidas para los
beneficiarios del primer inciso48 del parágrafo 2.° del artículo 1.° de la Ley 33 de
1985, comoquiera que su situación no hace parte del objeto de unificación allí
expresado.
83. En consecuencia, esta Subsección49 ha considerado que lo procedente es
aplicar una tesis intermedia de interpretación normativa, que delimita el
asunto en los precisos términos establecidos por el legislador de 1985 y
que cuando analizó el primer escenario (primer inciso50 del parágrafo 2 del
artículo 1.° de la Ley 33 de 1985) dispuso para sus beneficiarios la
aplicación de la edad establecida en las normas anteriores, pero en los
demás aspectos del reconocimiento pensional se remitió a la taxatividad de
sus disposiciones.
48«Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años
continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación
que regían con anterioridad a la presente Ley».
49 Sentencia de esta Subsección de 24 de julio de 2025 dictada dentro del proceso 05001-23-33-000-2016-
00103-01 (0651-2023).
50 «Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años
continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación
que regían con anterioridad a la presente Ley».
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84. Con el escenario descrito se colige que ni antes, ni después de la expedición
de la sentencia objeto de revisión, de 4 de diciembre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, ha existido una posición unificada
sobre la interpretación del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 pues, como
ya se observó, han sido diferentes las tesis que ha aplicado esta Corporación al
respecto, siendo una de ellas la tesis amplia con inclusión de todos los factores
salariales devengados por el servidor en el último año de prestación de servicios
y, de otra parte, la tesis restrictiva, cuya base es la sentencia de unificación de
28 de agosto de 2018 y según la cual deben aplicarse las pautas de unificación
dadas por el Consejo de Estado.
85. Inclusive, actualmente, esta Subsección viene aplicando una tesis intermedia
para la resolución de los conflictos análogos donde se discute la liquidación
pensional de quienes se encuentren en el citado régimen de transición de la Ley
33 de 1985.
3.7. Análisis de la Sala.
87. Una vez verificado el acervo probatorio allegado al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se tiene que en la Resolución No. 29860 del 2 de
julio de 1993 51 por la cual se reliquidó la pensión de jubilación por retiro definitivo
del servicio, se atendió a las Leyes 33 y 62 de 1985 y con ello al 75% de lo
devengado en el último año laborado. Se incluyeron los siguientes factores:
asignación básica, horas extras, auxilio de alimentación, auxilio de transporte,
prima de navidad, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima
de vacaciones y prima de antigüedad.
88. De otra parte, lo solicitado por el pensionado en la reliquidación de su pensión
era la inclusión de otros factores devengados como el auxilio de retiro y el
quinquenio.
89. Ahora bien, en su análisis el Tribunal tuvo en cuenta los factores salariales
percibidos por el señor Guzmán Sáenz durante el último año de servicios (1991-
1992) y consideró que tal como lo había dispuesto el juez de primera instancia,
el auxilio de retiro no es factor salarial. No obstante, había lugar a incluir, además
de los factores ya reconocidos en el acto demandado, el quinquenio por cuanto
quedó acreditado que lo devengó en el mes de diciembre de 1992 y sobre el
mismo se hizo el descuento respectivo con destino a CAJANAL.
51
Link de acceso al expediente en el índice 14 del aplicativo SAMAI. Folios 83 y s.s. del documento PDF.
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90. El escenario descrito impone concluir que, pese a la apreciación del Tribunal
sobre la inclusión del quinquenio en la liquidación pensional, aunque no este
enlistado en la Ley 62 de 1985, no riñe con las diversas interpretaciones que se
han dado sobre el régimen de transición de la Ley 33 de 1985, que como se vio
encierran tres líneas de decisión, siendo la primera, la tesis amplia, con inclusión
de todos los factores con carácter salarial percibidos en el último año de servicios.
91. En este caso si bien no se incluyeron todos los factores salariales percibidos,
dado que el juez colegiado analizó cuáles no podrían incluirse por su naturaleza
(auxilio por retiro), sí atendió a aquellos factores establecidos en la Ley 62 de
1985 y el Decreto 2141 de 1992, decisión que como se vio, no se aparta de las
líneas de decisión de esta Corporación sobre casos similares.
92. De acuerdo con lo anterior no se advierte que en este caso se configure la
causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la ley 797 de 2003 pues, como
se vio, la decisión del tribunal se ajustó a derecho y realizó un análisis
debidamente razonado con base en el ordenamiento jurídico y que le llevó a
adoptar una tesis para la resolución del conflicto que se ajusta a las tesis que ha
acogido esta Corporación al respecto.
93. Por lo anterior dado que no se configura la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, razón por la cual se declarará infundada la
acción especial de revisión interpuesta por la UGPP.
3.6. Condena en costas
94. Dado que esta Sección52 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca la prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante,
se abstendrá de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto
controvertir providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como
ocurre en el presente asunto.
52 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp.
11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-
00 (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta
contra la sentencia de 4 de diciembre de 2019, proferida en segunda instancia
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho 76001 33 33 015 2018 00044 00/01, que confirmó
parcialmente la sentencia de 2 de abril de 2019 proferida por el Juzgado Quince
Administrativo de Oralidad de Cali, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO.- SIN CONDENA EN COSTAS, según las consideraciones
señaladas.
TERCERO. - EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el
expediente al despacho ponente de acuerdo con lo señalado en el numeral
anterior.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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