Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00199-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00199-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00199-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
19 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00199-00 (0337-2022)1
Demandante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo pensional
Demandado: Luz Marina Corchuelo Arévalo
Medio de control: Acción especial de revisión (artículo 20 de la Ley 797 de
2003)
Tema: Reliquidación de la pensión de jubilación
Decisión: Sentencia de única instancia
La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Universidad Nacional
de Colombia – Fondo Pensional, contra la sentencia del nueve (9) de septiembre de
dos mil dieciséis (2016), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C”, mediante la cual, se confirmó parcialmente la
sentencia del tres (3) de julio de dos mil quince (2015), proferida por el Juzgado
Diecinueve (19) Administrativo de Bogotá D.C., dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el Rad. 11001333501920130036100.
I. ANTECEDENTES
1. La acción especial de revisión.
1.1. Pretensiones2.
1. La entidad accionante, por intermedio de apoderado judicial, formuló la acción
especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que
pretende que se infirme la sentencia del nueve (9) de septiembre de dos mil
dieciséis (2016), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
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Índice 00003 del Samai, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3.
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Número Interno: 0337-2022
Demandante: Unievrsidad Nacional de Colombia – Fondo pensional
Demandado: Luz Marina Corchuelo Arévalo
Segunda, Subsección “C”, mediante la cual, se confirmó parcialmente la sentencia
del tres (3) de julio de dos mil quince (2015), proferida por el Juzgado Diecinueve
(19) Administrativo de Bogotá D.C., dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el Rad. 11001333501920130036100, y en virtud
de las cuales, se condenó a la Universidad Nacional a reliquidar la pensión de vejez
de la señora Luz Marina Corchuelo Arévalo, con base en el 75% del salario
promedio mensual devengado en el último año de servicios, incluyendo, además de
los factores ya reconocidos, la prima de servicios (1/12), prima de navidad (1/12) y
prima de vacaciones (1/12), con efectos fiscales a partir del cinco (5) de julio de dos
mil doce (2012), y con los respectivos descuentos de ley.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, la entidad accionante solicitó: (i)
infirmar la sentencia objeto de revisión; (ii) ordenar a la entidad a “proferir una nueva
liquidación” de la pensión reconocida a la señora Corchuelo Arévalo, “tasando el IBL con
el promedio de los últimos diez años de servicio de esta ”, dando así aplicación a las
providencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015,
SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de
2017 y T-039 de 2018 de la Corte Constitucional, y a la sentencia del veintiocho (28)
de agosto de dos mil dieciocho (2018) proferida por el Consejo de Estado; (iii)
ordenar a la demandada la devolución de los mayores valores que le fueron
pagados, por concepto de mesadas pensionales y retroactivo que le fueron
sufragados en cumplimiento de las sentencias dictadas en el proceso ordinario; (iv)
actualizar las sumas que resulten del proceso, conforme a lo dispuesto en el artículo
187 del CPACA; y (v) condenar en costas y agencias en derecho a la demandada.
1.2. Los hechos3.
3. Mediante la Resolución Nº. 0623 del veinticuatro (24) de octubre de dos mil cinco
(2005), la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional reconoció, a favor de
la señora Luz Marina Corchuelo Arévalo, una pensión de vejez por aportes, en un
valor equivalente al 75% del promedio de lo devengado en los últimos diez (10) años
de servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, la Ley 71 de 1988, el Decreto 1444 de 1992 y el Acuerdo Nº 12 de 1986.
4. A través de la Resolución Nº. 0299 del ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012),
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Índice 00003 del Samai, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3.
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Demandante: Unievrsidad Nacional de Colombia – Fondo pensional
Demandado: Luz Marina Corchuelo Arévalo
y con ocasión del retiro del servicio de la ahora demandada, la accionante reliquidó
la pensión de vejez por aportes, en un valor equivalente al 75% del promedio de los
factores salariales definidos en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales cotizó la
afiliada en los últimos diez (10) años, contados a partir del cuatro (4) de julio de dos
mil doce (2012), hacia atrás, actualizados a valores presentes conforme al IPC.
5. Explicó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, la señora Corchuelo Arévalo demandó al ente universitario, con miras a
obtener la nulidad de las Resoluciones CPS 0623 del veinticuatro (24) de octubre
de dos mil seis (2006), 0299 del ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012) y 0361
del diecisiete (17) de diciembre de dos mil doce (2012), a través de las cuales, el
Fondo Pensional de la Universidad Nacional le reconoció la pensión de vejez y negó
la reliquidación solicitada por la beneficiaria de la prestación, respectivamente.
6. Narró que, por medio de la sentencia del tres (3) de julio de dos mil quince (2015),
el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. declaró la
nulidad de los actos administrativos enjuiciados y, a título de restablecimiento del
derecho, ordenó la reliquidación de la pensión de vejez, con base en el 75% del
salario promedio mensual devengado en el último año de servicios, incluyendo los
factores omitidos por la accionante. Sostuvo que, dicha decisión, desconoció el
precedente de la Corte Constitucional, contenido en la sentencia SU-230 de 2015.
7. Puso de presente que, contra el fallo de primera instancia, interpuso recurso de
apelación, el cual, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C”, a través del proveído del nueve (9) de
septiembre de dos mil dieciséis (2016), en el sentido de confirmar parcialmente la
providencia impugnada, salvo las modificaciones realizadas en torno a la fecha de
efectividad del reconocimiento pensional, y los descuentos a efectuar por la entidad.
8. Aseveró que, la providencia antes relacionada, resulta a todas luces violatoria de
los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al derecho de
defensa, comoquiera que, no se tuvo en cuenta que, para la fecha de expedición de
la decisión, “era totalmente improcedente la reliquidación de la pensión con lo devengado en el
último año de servicios, en aplicación de la sentencia SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional”.
9. Agregó que, a través de las sentencias cuya revisión se solicita, se le causa un
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Demandado: Luz Marina Corchuelo Arévalo
1.3. Sentencia(s) objeto de revisión4.
10. Mediante la sentencia del tres (3) de julio de dos mil quince (2015)5, el Juzgado
Diecinueve (19) Administrativo de Bogotá D.C. accedió parcialmente a las
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho promovidas por la señora
Luz Marina Corchuelo Arévalo, y, en consecuencia, resolvió lo siguiente:
“PRIMERO. Se DECLARA la nulidad parcial de la Resolución No. CPS 0623 de 24 de
octubre de 2005, mediante la cual la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de
Colombia, reconoció a la señora Luz Marina Corchuelo Arévalo, una pensión por aportes, la
nulidad parcial de la Resolución 0299 del 8 de octubre de 2012, expedida por la Caja de
Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia, mediante la cual se reliquidó la
pensión de jubilación por aportes de la demandante y la nulidad de la Resolución No. 0361
del 17 de diciembre de 2012, expedida por la Caja de Previsión Social de la Universidad
Nacional de Colombia, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto
contra la anterior resolución confirmándola en todas y cada una de sus partes.
SEGUNDO. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento
del derecho, se CONDENA a la Universidad Nacional, a reliquidar la pensión de jubilación
por aportes (Ley 71 de 1988) de la señora Luz Marina Corchuelo Arévalo, identificada con
cédula de ciudadanía No. 41.492.481, con base en el 75% del salario promedio mensual
devengado en el último año de servicio, incluyendo además de los factores ya reconocidos,
prima de servicios (1/12), prima de navidad (1/12), prima de vacaciones (1/12), con efectos
fiscales a partir del 05 de julio de 2011, y a su vez se ordena el descuento de los aportes del
sistema de seguridad pensional, si no se hubiere hecho.
TERCERO. De conformidad con la reliquidación ordenada en el numeral anterior, se
CONDENA a la Universidad Nacional, a pagar únicamente, las diferencias que por concepto
de los factores reconocidos, resulte a favor de la demandante, sumas éstas que deberán ser
actualizadas, con fundamento en los índices de inflación certificados por el DANE (...)”.
11. Inconforme con la anterior decisión, la Universidad Nacional de Colombia
interpuso recurso de apelación, medio de impugnación que fue resuelto en virtud de
la sentencia del nueve (9) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)6, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”,
providencia en la cual, se confirmó parcialmente el fallo impugnado, en el sentido
de modificar -y aclarar- el numeral segundo de la parte resolutiva, así:
“PRIMERO. (…) Se modifica y aclara el NUMERAL SEGUNDO, en el sentido de declarar
que los efectos fiscales de la reliquidación pensional serán a partir del 05 de julio de 2012, y
que los descuentos de ley ordenados se deben efectuar en la proporción que le corresponda
a la accionante, con destino al Sistema de Seguridad Social en Salud y al Fondo de
Solidaridad Pensional, a partir del 01 de abril de 1994, y a pensiones durante toda su
vinculación laboral, debidamente indexados, y deducirse el valor del retroactivo que resulte
a favor de la pensionada. En caso de no ser suficiente para satisfacer lo totalidad de la deuda
que le corresponde, la entidad efectuará una serie de descuentos, iguales hasta completar
el capital adeudado, los cuales deben ser establecidos de acuerdo a su capacidad
económica, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva”.
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Índice 00003 del Samai, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3.
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Ibidem, págs. 239 y siguientes.
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Ibidem, págs. 255 y siguientes.
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12. En criterio de los jueces de instancia, la pensión de la demandante fue liquidada
bajo los parámetros de las Leyes 100 de 1993, 71 de 1988 y el Decreto 691 de
1994, con lo cual, la entidad desconoció que la señora Corchuelo Arévalo era
beneficiaria del régimen de transición de (previsto en el artículo 36 de la citada Ley
100 de 1993) y que completó más de veinte (20) años al servicio del Estado, por lo
que, su pensión debía ser reconocida y reliquidada con la normatividad anterior,
esto es, con la Ley 33 de 1985, circunstancia que no ocurrió, pues, no se incluyeron
la totalidad de factores salariales devengados durante el último año de servicios. Al
respecto, el Tribunal de instancia refirió que, a la ahora demandada no la cobijaba
la Ley 71 de 1988, comoquiera que, completó los tiempos de servicios públicos
requeridos para acceder a la pensión.
13. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado en la que se sustentó
la decisión, entre otras, la sentencia de unificación del cuatro (4) de agosto de dos
mil diez (2010), proferida dentro del Exp. Nº. 250002325000200607509-01, la
pensión de vejez de la ahora demandada debía liquidarse en cuantía del 75% del
promedio mensual de los factores salariales devengados en el año anterior al retiro
del servicio, es decir, del cinco (5) de julio de dos mil once (2011), al cuatro (4) de
julio de dos mil doce (2012), “entendiendo que constituye salario todas aquellas sumas que
habitual y periódicamente haya percibido como retribución por sus servicios, es decir, los siguientes
factores: asignación básica, gastos de representación docente, bonificación por servicios prestados
(1/12), prima de servicios (1/12), prima de navidad (1/12) y prima de vacaciones (1/12) ”.
1.4. Las causales de revisión invocadas.
14. Aunque la entidad accionante invocó expresamente la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de la narración de los hechos, es
posible advertir que, también aludió a la vulneración del debido proceso, aspecto
que se inscribe en la causal contenida en el literal a) de la norma en cita.
15. Al respecto, sostuvo que, con la decisión proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, con arreglo a la cual se
confirmó parcialmente la sentencia del tres (3) de julio de dos mil quince (2015)7,
emanada del Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Bogotá D.C., se le vulneró
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Ibidem, págs. 239 y siguientes.
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el debido proceso y el derecho de defensa, comoquiera que, para la fecha en que
se profirió el fallo de segunda instancia, la Corte Constitucional ya había proferido
la sentencia SU-230 de 2015, precedente que, de haberse observado, hubiese
conducido a una conclusión distinta frente al IBL y los factores salariales a incluir.
16. En lo que toca a la causal contemplada en el literal b) ejusdem, esta es, cuando
la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, resaltó
que, la orden tendiente a reliquidar la pensión de jubilación, con el 75% del promedio
de todo lo devengado en el último año de servicios, y con la inclusión de los factores
salariales determinados en los fallos objeto de revisión, excede lo debido.
17. Para ilustrarlo, explicó que, en virtud de la reliquidación ordenada, la demandada
pasó a tener una mesada pensional, para el año dos mil doce (2012), equivalente a
$2.151.541, a una, para el mismo período, que asciende a $3.661.543. Así las
cosas, puntualizó que, los fallos censurados “afectan el erario” y lesiona, de forma
negativa, el sistema pensional de la Universidad Nacional de Colombia.
1.5. Contestación de la demanda.
18. La acción especial de revisión fue admitida mediante el auto del seis (6) de
marzo de dos mil veintiséis (2026)8, notificado a la parte demandada el veintiuno
(21) de abril de la referida anualidad9. No obstante, vencido el término de traslado
correspondiente, la parte demandada no allegó contestación alguna. Por tal motivo,
mediante auto del diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiséis (2026) 10 , el
despacho sustanciador tuvo por no contestada la presente acción especial.
1.6. Concepto del Ministerio Público.
19. Según las constancias secretariales que reposan en el plenario11, a pesar de
haber sido notificado en debida forma12, el Ministerio Público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
8
Índice 00007 del Samai.
9
Índice 00013 del Samai.
10
Índice 00018 del Samai.
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Índice 00025 del Samai.
12
Índice 00013 del Samai.
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20. La Sala es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo
previsto en los artículos 249 del CPACA 13 y 20 de la Ley 797 de 2003 14 , en
concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación,
contenido en el Acuerdo 080 del doce (12) de marzo de dos mil diecinueve (2019)15.
2.2. Oportunidad.
21. La acción especial de revisión bajo examen resulta oportuna, toda vez que: (i)
la sentencia de segunda instancia cuya revisión se pretende fue proferida el nueve
(9) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)16, y cobró ejecutoria el trece (13) de
octubre de dos mil dieciséis (2016)17; (ii) la demanda se presentó el dieciséis (16)
de diciembre de dos mil veintiuno (2021)18; y (iii) atendiendo a lo dispuesto en el
Decreto Legislativo 564 de 2020, durante la emergencia declarada en virtud del
Decreto 417 de 2020, se suspendieron los términos de prescripción y caducidad por
un total de 107 días calendario, por lo que, en gracia de discusión, no fue superado
el término de cinco (5) años establecido en el artículo 251 del CPACA, tal y como lo
determinó este despacho sustanciador en el auto admisorio de la demanda. Luego,
aunque en línea de principio el término fenecía el trece (13) de octubre de dos mil
veintiuno (2021), y en vista que la demanda se presentó el dieciséis (16) de
diciembre de la referida anualidad, lo cierto es que, teniendo en cuenta el término
de la mentada suspensión (107 días calendario), es claro que, no se excedió el
plazo perentorio para el ejercicio oportuno del derecho de acción.
2.3. Problema jurídico.
22. Corresponde a la Sala determinar, lo siguiente:
(i) ¿Se configuró la causal de revisión contenida en el literal a) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, al haberse reconocido la reliquidación de la
pensión de vejez de la señora Luz Marina Corchuelo Arévalo, con
violación del debido proceso?
13
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán
las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
14
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias»
15
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
16
Índice 00003 del Samai, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3, págs. 255 y siguientes.
17
Índice 00003 del Samai, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3, pág. 238.
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Índice 00003 del Samai.
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(ii) ¿Se configuró la causal de revisión prevista en el literal b) ibídem, por
haberse reconocido un derecho -pensional- en cuantía que excede lo
debido de acuerdo con la ley?
(iii) En caso afirmativo, ¿resulta procedente infirmar las sentencias objeto de
revisión y, en consecuencia, dictar sentencia de reemplazo, en la que se
disponga, además, la devolución de las sumas pretendidas?
2.4. Marco normativo y jurisprudencial.
2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003: objeto y alcance.
23. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión
contra providencias judiciales, de la siguiente manera:
«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales
que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas
para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
24. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material 19 y
comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que,
«sólo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si
el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en
este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»20.
25. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y
19
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.
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quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su
prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas, que no corresponden
a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio,
adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada.
Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo, so pretexto de reabrir el debate
jurídico o revivir una valoración probatoria, que fue realizada por el juez de instancia.
26. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que,
la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco, permite
convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello, desnaturalizaría la función de
esta clase de instrumentos extraordinarios21.
27. Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del
recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo
explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del cuatro
(4) de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el
referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 22 […]
pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 23, dado que, más allá de
que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario
de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 24»,
tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción25.
2.4.2. Alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003: violación del debido proceso.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
22
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas
procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado
a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control
más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-
00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad.
11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E)
Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza
a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena.
Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó,
como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra
sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base
en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –.
Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las
sentencias.
24
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia,
reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de
2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de
2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
25
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
10
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28. Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las
providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser
revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando
el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso. Así, en asuntos
de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales que integran
el derecho fundamental al debido proceso, la Sala Veintidós (22) Especial de
Revisión de esta Colegiatura ha señalado26:
“Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad
• libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y
de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial. Según la norma en
comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y
producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica,
el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem”.
29. Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta
Sección ha sostenido que, “es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen”27 y “la
parte interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los
elementos sobre los cuales estructura su petición”28.
2.4.3. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003 – Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de
acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.
30. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone
que “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”, es decir,
cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero
de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.
27
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-25-000-
2019-00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
28
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:
11
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Demandado: Luz Marina Corchuelo Arévalo
lo legal o convencionalmente viable.
31. Ahora bien, en asuntos como el que ocupa la atención, la inconformidad de la
accionante se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016,
SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, a partir de las cuales, se advierte que, el ingreso
base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, es el previsto en el inciso tercero del artículo 36
de dicha norma, pues, aquel no hace parte de los beneficios que éste otorga.
32. No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial con respecto a la
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que, la controversia no
se agota en la simple confrontación de las normas aplicables y la sentencia revisada,
sino que, impone un análisis más detallado y cuidadoso. En efecto, se tiene que,
antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos y condiciones
generales para acceder a la pensión de jubilación, por parte de los servidores
públicos, se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía previsto
que todo «empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55
años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una pensión mensual
vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».
33. Así, aunque la Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas
reglas, con arreglo a las cuales resulta posible causar el derecho a devengar una
pensión, el legislador previó la posibilidad de acceder a un régimen de transición,
en los términos señalados en el artículo 36 de la norma en cuestión 29, aludiendo a
los componentes de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión, a efectos de
proteger las expectativas legítimas de las personas próximas a pensionarse.
29
«ARTICULO. 36.- Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55)
años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos
años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión
de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si
son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la
establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. El ingreso base
para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo
el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a
la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los
dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. […]»
12
Número Interno: 0337-2022
Demandante: Unievrsidad Nacional de Colombia – Fondo pensional
Demandado: Luz Marina Corchuelo Arévalo
34. Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo por el
cual, la Sección Segunda de esta Corporación, en la sentencia de unificación
proferida el cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010)30, acogió el principio de
inescindibilidad, conforme al cual dispuso que, a los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, les debía ser aplicada, en su totalidad, la normativa
de la cual eran destinatarios al momento en que esta entró en vigor, y concluyó que:
«(…) la Ley 33 de 1985 no indicó en forma taxativa los factores salariales que
conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios».
35. Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la sentencia SU-
230 de 2015, en la que la Corte Constitucional modificó el sentido de su
jurisprudencia referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y
precisó que, el ingreso base de liquidación no es un elemento del régimen de
transición previsto en el artículo 36 ibídem y, por tal razón, dichas pensiones deben
ser liquidadas calculando el porcentaje previsto a manera de monto por el régimen
anterior, sobre el ingreso base de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993.
36. La postura antedicha generó una divergencia interpretativa que sólo fue
superada con la emisión de la sentencia de unificación jurisprudencial del veintiocho
(28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) 31 , en la cual, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo modificó la postura que sostenía la Sección Segunda,
en los siguientes términos:
«[…] 92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
sienta la siguiente regla jurisprudencial: “El Ingreso Base de Liquidación del inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición
para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los
requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones
previsto en la Ley 33 de 1985”.
93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar
el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes
subreglas:
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme
a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les
30
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010. Radicación: 0112-2009.
Demandante: Luis Mario Velandia. Demandado: Cajanal. Magistrado ponente: Víctor Hernán Alvarado Ardila.
31
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-
23-33-000-2012-00143-01, C.P. César Palomino Cortés.
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Demandado: Luz Marina Corchuelo Arévalo
hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.
[…] 96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones […]».
37. En consecuencia, si bien es cierto que, la jurisprudencia en vigor de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado prevé que el ingreso base de liquidación no
es un elemento integrante del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993,
también lo es que, con antelación a la emisión del citado fallo de veintiocho (28) de
agosto de dos mil dieciocho (2018), la posición unificada del Máximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo era distinta, postura que, con pleno sustento legal y
constitucional, acogieron no pocos juzgados y tribunales administrativos del país a
la hora de proferir sus decisiones.
38. Dicha situación no fue desatendida en la sentencia de unificación del veintiocho
(28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) y, con el objeto de clarificar la aplicación
de las reglas jurisprudenciales fijadas, se establecieron los efectos de la decisión:
«[…] 115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al
precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia,
disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se
aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en
vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado
la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables.
116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad
jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por
ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación
de esta sentencia.
117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen
de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera
que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una
sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada […]».
39. Así las cosas, en punto a concretar el alcance de la causal prevista en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en aquellos casos en los que, en el marco
14
Número Interno: 0337-2022
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Demandado: Luz Marina Corchuelo Arévalo
de interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se acusa
una determinada providencia judicial de ordenar la liquidación de una pensión en
una cuantía que excede lo que legalmente corresponde, conforme a la copiosa
jurisprudencia de esta Corporación, es viable compilar las siguientes sub-reglas de
aplicación normativa:
a. El cambio jurisprudencial adoptado con la sentencia de unificación jurisprudencial de 28
de agosto de 201832 no configura, por sí solo, infracción de las normas pensionales que
fijan el ingreso base de las pensiones reconocidas en virtud del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993.
b. Las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de unificación
jurisprudencial de 28 de agosto de 2018 33 en las que se hubiere preferido dar aplicación
a la posición de unificación impuesta por esta Corporación con fallo de 4 de agosto de
2010 y no así a la tesis expuesta en sentencia SU-230 de 2015, no configuran, por ese
solo hecho, un abuso del derecho o fraude a la ley.
c. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el reconocimiento de
una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la medida que la cuantía excedió
el límite legal.
40. Dicho lo anterior, se destaca que esta Sala de Subsección, en sentencia del
dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026), proferida dentro del Rad. 11001-
03-25-000-2024-00155-00 (2614-2020), se reiteró que la jurisprudencia, incluida la
de esta sala, ha establecido que cuando se alega la materialización de la causal b)
aludida no basta acreditar el hecho objetivo de que el valor pensional reconocido
excedió el que legalmente debió otorgarse, sino que es necesario que se pruebe
que el incremento fue consecuencia de una evidente vulneración del ordenamiento
jurídico, con una interpretación de la ley caprichosa o con abuso del derecho o
fraude a la ley o que no guarde relación con la trayectoria laboral del pensionado.
Con fundamento en el marco normativo y jurisprudencial que precede, la sala
procederá con el análisis del caso concreto.
2.5. Análisis del caso concreto.
41. En el asunto sub examine, la Universidad Nacional de Colombia – Fondo
Pensional pretende que se infirme la sentencia del nueve (9) de septiembre de dos
mil dieciséis (2016), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C”, mediante la cual, se confirmó parcialmente la
32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm.
52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
33
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm.
52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
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Demandado: Luz Marina Corchuelo Arévalo
sentencia del tres (3) de julio de dos mil quince (2015), proferida por el Juzgado
Diecinueve (19) Administrativo de Bogotá D.C., dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con Rad. Nº. 11001333501920130036100.
42. En virtud de las anteriores decisiones, se condenó a la entidad accionante a
reliquidar la pensión de vejez de la señora Luz Marina Corchuelo Arévalo, con base
en el 75% del salario promedio mensual devengado en el último año de servicios,
incluyendo, además de los factores ya reconocidos, la prima de servicios (1/12),
prima de navidad (1/12) y prima de vacaciones (1/12), con efectos fiscales a partir
del cinco (5) de julio de dos mil doce (2012), y los respectivos descuentos de ley.
43. De los hechos expuestos en la demanda, es dable colegir que, la entidad invocó
las causales contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
para lo cual sostuvo que, a través de las sentencias cuya revisión se pretende, se
le vulneró el debido proceso, y se reconoció un derecho que excedió lo debido de
acuerdo con la ley. Al respecto, hizo hincapié en que, con la orden de reliquidación
de la pensión de vejez de la parte demandada, en los términos señalados por los
jueces de instancia, se desconoció el debido proceso y el derecho de defensa,
comoquiera que, no se tuvo en cuenta que, para la fecha en que se profirió la
sentencia de segunda instancia, debía darse aplicación a las reglas de unificación
prohijadas en la sentencia SU-230 de 2015, proferida por la Corte Constitucional.
Aunado a ello, anotó que, la reliquidación pensional ordenada, lesiona el erario y
afecta, de manera negativa, el sistema pensional de la Universidad Nacional.
44. Ahora bien, para efectos metodológicos, la Sala bifurcará el análisis de las
causales invocadas por la actora respecto a las previdencias objeto de revisión, así:
2.5.1. De la alegada vulneración del debido proceso.
45. En lo que respecta a la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, relacionada con la presunta vulneración del debido proceso, la Sala
observa que, los argumentos del ente universitario se dirigen, esencialmente, a
cuestionar la interpretación normativa y jurisprudencial acogida por los jueces de
instancia, en torno al alcance del régimen de transición previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 y, particularmente, frente a la forma de determinar el ingreso
base de liquidación, así como, los factores salariales a tener en cuenta para el
16
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efecto.
46. No obstante, esa sola circunstancia no resulta suficiente para configurar la
causal de revisión alegada, toda vez que, la acción especial de revisión no
constituye una instancia adicional, orientada a reabrir el debate jurídico resuelto en
el proceso ordinario, ni habilita al juez extraordinario para sustituir el criterio
interpretativo adoptado por los jueces naturales del asunto, salvo que, se evidencie
una afectación real y concreta de las garantías que integran el debido proceso.
47. Así pues, la Sala no advierte que, en el trámite del proceso ordinario de nulidad
y restablecimiento del derecho, se hubiese configurado una irregularidad procesal
sustancial, relacionada con la competencia del juez natural, la pretermisión de
etapas esenciales del proceso o la vulneración de los derechos de defensa,
contradicción y audiencia de la entidad accionante (en su momento demandada).
Por el contrario, se evidencia que, la Universidad Nacional de Colombia, a través de
apoderado, ejerció plenamente su derecho de contradicción, contestó la demanda,
formuló excepciones, aportó pruebas, participó en las audiencias celebradas (la
inicial el 3 de octubre de 2014 y la de pruebas el 13 de mayo de 2015), interpuso
recurso de apelación y desplegó sendas actuaciones procesales en el trámite34.
48. Vistas así las cosas, la controversia planteada por la entidad accionante se
inscribe en una discrepancia hermenéutica sobre el alcance del régimen de
transición, la determinación del ingreso base de liquidación, y los factores salariales
a tener en cuenta, aspecto que, se insiste, corresponde a un debate de legalidad
sustancial, y no a la configuración de un defecto procesal constitutivo de una
violación del derecho al debido proceso, motivo por el cual, la causal prevista en el
literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 no está llamada a prosperar.
2.5.2. Sobre el presunto exceso en la cuantía del derecho reconocido.
49. Para el estudio de la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, la Sala recuerda que, el presente mecanismo extraordinario no está
encaminado a reabrir el debate de fondo, sino que, se orienta a revisar el valor de
las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
34
Índice 00003 del Samai, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3, págs. 230 y ss.
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salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la
sostenibilidad fiscal y la estabilidad del sistema de seguridad social.
50. Precisado lo anterior, se reitera la sub-regla de aplicación normativa, identificada
en el estudio que antecede, según la cual, las sentencias proferidas con antelación
a la ejecutoria de la providencia de unificación jurisprudencial del veintiocho (28) de
agosto de dos mil dieciocho (2018), en las que se hubiere decidido dar aplicación a
la posición de unificación adoptada por esta Corporación en el fallo del cuatro (4) de
agosto de dos mil diez (2010) y, no así, a la tesis expuesta en sentencia SU-230 de
2015, no configuran, por ese solo hecho, un abuso del derecho o fraude a la ley.
51. En el presente asunto, se observa que, mediante la sentencia del tres (3) de
julio de dos mil quince (2015) 35 , el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo del
Circuito de Bogotá accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda36, al
declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución CPS
0623 del veinticuatro (24) de octubre de dos mil cinco (2005), mediante la cual, la
Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional le reconoció a la señora
Corchuelo Arévalo una pensión por aportes; y en las Resoluciones 0299 del ocho
(8) de octubre y 0361 del diecisiete (17) de diciembre de dos mil doce (2012), en
virtud de las cuales, se reliquidó la pensión de jubilación reconocida a la hoy
demandada. En consecuencia, le ordenó al ente universitario reliquidar la pensión
de jubilación con base en el 75% del salario promedio mensual devengado en el
último año de servicios, y con la inclusión de los factores salariales percibidos.
52. De acuerdo con las pruebas que fueron valoradas en esa oportunidad, el juez
de primera instancia encontró acreditado que, la señora Corchuelo Arévalo es
beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, por lo que, le era aplicable el régimen contenido en la Ley 71 de 1985,
comoquiera que efectuó sus aportes al sector público y privado. En esa misma línea,
destacó que, a los beneficiarios del régimen de transición, se les aplica en su
integridad la norma anterior en cuanto a los requisitos para acceder a la pensión, es
decir, la edad, tiempo de servicio y monto de pensión. Al respecto, aseveró que,
atendiendo a la sentencia de unificación del cuatro (4) de agosto de dos mil diez
35
Ibidem, págs. 239 y siguientes.
36
Índice 00003 del Samai, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3., págs. 239-254.
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(2010), proferida por esta Corporación, no se puede pretender “que se aplique lo
favorable de uno u otro régimen, pues lo anterior es contrario al principio de inescindibildiad ”.
53. Con base en el antecedente citado, concluyó que, las pensiones de jubilación
del personal regido por los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978, y por las Leyes
33 y 62 de 1985, así como por la Ley 71 de 1988, como en el caso analizado, “ deben
ser liquidadas con base en el 75% de salarios devengados en el último año de servicios ”, es decir,
durante el cinco (5) de julio de dos mil once (2011) y el cuatro (4) de julio de dos mil
doce (2012), incluyendo aquellas sumas que la servidora percibió de manera
habitual y periódica como contraprestación directa por sus servicios. Sobre el
particular, puntualizó que, la señora Corchuelo Arévalo devengó los siguientes
factores: asignación básica, gastos de representación, bonificación de bienestar
universitario, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de
navidad y prima de vacaciones. No obstante, evidenció que, para la determinación
del IBL, la entidad sólo tuvo en cuenta la asignación básica, la bonificación por
servicios prestados y los gastos de representación, prescindiendo así de la prima
de servicios, la prima de navidad y la prima de vacaciones, factores que, en su
criterio, debieron contemplarse. En lo que toca a la bonificación de bienestar
universitario, la citada sede judicial precisó que, la misma no constituye factor
salarial, al amparo de lo dispuesto en el Acuerdo Nº. 01 de dos mil dos (2002). Lo
propio concluyó frente a las vacaciones intersemestrales y las de período.
54. En la sentencia de segunda instancia, proferida el nueve (9) de septiembre de
dos mil dieciséis (2016)37 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “C”, se confirmó parcialmente la decisión impugnada, en el
sentido de modificar el numeral segundo de la parte resolutiva, al disponer que, “ los
efectos fiscales de la reliquidación pensional serán a partir del 05 de julio de 2012, y que los
descuentos de ley ordenados se deben efectuar en la proporción que le corresponda a la accionante,
con destino al Sistema de Seguridad Social en Salud y al Fondo de Solidaridad Pensional, a partir
del 01 de abril de 1994, y a pensiones durante toda su vinculación laboral, debidamente indexados”.
55. En la sentencia cuya revisión se pretende, el Tribunal puso de presente que,
contrario a lo aducido por la entidad y el A-quo, a la señora Corchuelo Arévalo no la
cobijaba la Ley 71 de 1988, “puesto que esa norma acopia los tiempos de servicios al sector
público y al sector privado, tiempos que con anterioridad a la entrada en vigencia de la referida Ley
no se podían acumular, situación que dejaba desprotegidas a las personas que al llegar a la edad
37
Ibidem, págs. 255 y siguientes.
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Demandado: Luz Marina Corchuelo Arévalo
requerida no tenían los 20 años de servicio al Estado y tampoco cumplían con las semanas exigidas
por el Acuerdo 049 de 1990 (…)”; Sin embargo, consideró que, como en el caso concreto
la entonces accionante completó los tiempos de servicios públicos requeridos para
acceder a la pensión, su situación no encuadraba en los supuestos de la Ley 71 38.
56. Al margen de la aclaración relacionada supra, el Tribunal puso en evidencia que,
la señora Corchuelo Arévalo fue liquidada bajo los parámetros de las Leyes 100 de
1993, 71 de 1988, y el Decreto 691 de 1994, con lo cual, la entidad desconoció que
se encontraba en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y, aunado a ello,
que acreditaba más de veinte (20) años al servicio del Estado, lo que permitía que
su situación pensional se regulara por las disposiciones de la Ley 33 de 1985. Así
pues, y con sujeción a las reglas prohijadas por el Consejo de Estado en la sentencia
de unificación del cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010), reiteró, como lo hizo
el juez de instancia, que la prestación debía liquidarse en cuantía equivalente al
75% del promedio mensual de los factores devengados en el último año de servicio.
57. De conformidad con los elementos de juicio que obran en el dosier procesal39,
y que fueron valorados en el marco del proceso ordinario, la Sala constata que: (i)
la señora Corchuelo Arévalo nació el cinco (5) de diciembre de mil novecientos
cuarenta y nueve (1949), por lo que cumplió cincuenta y cinco (55) años de edad el
cinco (5) de diciembre de dos mil cuatro (2004); (ii) además, prestó sus servicios
para la Universidad Nacional de Colombia, en calidad de docente, durante veintiséis
(26) años, tres (3) meses y tres (3) días, desde el primero (1) de septiembre de mil
novecientos setenta y seis (1976), hasta el cuatro (4) de julio de dos mil doce (2012),
en distintos períodos, siendo el último cargo el de “profesora asociada - tiempo completo”.
57.1. De acuerdo con la certificación expedida el veinticuatro (24) de octubre de dos
mil catorce (2014) 40 , por la jefatura del grupo salarial y de prestaciones de la
Universidad Nacional (sede Bogotá), la señora Corchuelo Arévalo, durante el último
38
Ibidem, pág. 261.
39
Índice 00015 del Samai, 15_MemorialWeb_Respuesta-Expediente20130036(.doc) NroActua 15.
40
Índice 00003 del Samai, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3, pág. 180.
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año de servicios, es decir, entre el cinco (5) de julio de dos mil once (2011), al cuatro
(4) de julio de dos mil doce (2012), devengó los siguientes factores:
58. Pese a ello, la entidad, mediante la Resolución 0623 del veinticuatro (24) de
octubre de dos mil cinco (2005)41, reconoció una pensión de vejez por aportes a la
señora Corchuelo Arévalo, en cuantía del 75% del promedio de lo devengado en los
últimos diez (10) años de servicios, atendiendo a lo dispuesto en las Leyes 100 de
1993, 71 de 1988, el Decreto 1444 de 1992, y el Acuerdo Nº. 12 de 1986. A su turno,
en la Resolución 0299 del ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012) 42, el ente
ordenó la reliquidación de la pensión, sin incluir la totalidad de factores devengados.
Dicha decisión fue confirmada en virtud de la Resolución 0361 del diecisiete (17) de
diciembre de dos mil doce (2012), actos que, como se mencionó, fueron anulados.
59. Con base en lo expuesto, la Sala vislumbra que, las sentencias censuradas
observaron la posición jurisprudencial de esta Corporación, que se encontraba en
vigor al momento en que se profirió, esto es, la sentencia del cuatro (4) de agosto
de dos mil diez (2010), razón por la cual, no se avizora que la decisión comporte
una transgresión normativa directa, ni resulta, por sí sola, contraria al régimen legal,
como equivocadamente lo sostiene la entidad accionante, al hacer hincapié en que
los jueces de instancia inobservaron las reglas de la sentencia SU-230 de 2015.
60. Ahora bien, conforme se precisó ut supra, no basta con constatar la aplicación
de una determinada postura jurisprudencial, sino que, corresponde verificar si, en el
caso de autos, la reliquidación ordenada comportó un reconocimiento pensional
excesivo, constitutivo de abuso del derecho o fraude a la ley. Sobre este punto, la
41
Índice 00003 del Samai, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3, págs. 94 y ss.
42
Índice 00003 del Samai, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3, págs. 128 y ss.
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Sala reitera que, la acción especial de revisión se erige como una herramienta
judicial, cuyo ejercicio hace prevalecer el interés general por encima del particular,
al detener o armonizar con la ley el pago de pensiones reconocidas en exceso 43.
61. En el sub lite, se advierte que, lejos de ordenarse el pago de una suma excesiva,
o una inclusión indiscriminada de factores salariales, el Tribunal efectuó un análisis
detallado de los conceptos devengados por la señora Luz Marina Corchuelo Arévalo
durante el último año de servicios, es decir, desde el cinco (5) de julio de dos mil
once (2011), al cuatro (4) de julio de dos mil doce (2012), al punto de excluir aquellos
que, así como lo advirtió el A-quo, devenían improcedentes por no constituir factor
salarial, como fue el caso de la bonificación de bienestar universitario, las
vacaciones inter-semestrales y las vacaciones de período.
62. Tal circunstancia deja entrever que, la reliquidación pensional ordenada en sede
judicial no obedeció a un reconocimiento arbitrario, indiscriminado o caprichoso de
dichos emolumentos, sino al resultado de un ejercicio argumentativo y probatorio
sólido, encaminado a identificar aquellos factores salariales que, conforme al
precedente jurisprudencial aplicable para la fecha en que se profirió la decisión
censurada, podían integrar el ingreso base de liquidación de la prestación.
63. Vale la pena mencionar que, en cumplimiento de los fallos de instancia, el ente
universitario, a través de la Resolución 0432 del veintiuno (21) de noviembre de dos
mil dieciséis (2016)44, ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez por
aportes, en cuantía de $3.661.543, efectiva a partir del cinco (5) de julio de dos mil
doce (2012), con los respectivos descuentos de ley. A juicio de la Sala, la suma
antes relacionada, para la cual se tuvieron en cuenta los factores omitidos, no
resulta ostensiblemente desproporcionada, exorbitante, injustificada o ajena a la
historia laboral y salarial de la accionada, pues, la prestación fue calculada con
fundamento en factores efectivamente devengados por ella durante el último año.
63.1. Sobre el particular, en la sentencia del veintisiete (27) de mayo de dos mil
veintiuno (2021) 45, la Sección Segunda del Consejo de Estado indicó que, “para que
se produzca este abuso del derecho, el aumento [de la mesada pensional], se repite, debe ser
43
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de mayo de 2021. Radicado: 11001-03-25-000-
2018-01538-00. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
44
Índice 00003 del Samai, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3, págs. 224 y ss.
45
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de mayo de 2021. Radicado: 11001-03-25-000-
2018-01538-00. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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claramente desproporcionado y debe ser evidente que no corresponde a su historia laboral ”.
Entonces, se observa que, el incremento fruto de la reliquidación pensional
ordenada, no configura un pago en exceso, ni compromete el equilibrio del sistema
pensional, ni mucho menos hace nugatorio el criterio de sostenibilidad fiscal, al que
los jueces, al tenor del artículo 334 Constitucional, deben estricta observancia.
64. Sobre la base de lo expuesto en precedencia, se concluye que, la reliquidación
ordenada no constituye un abuso del derecho, ni se advierte que la prestación haya
sido reconocida con fraude a la ley, ni que implique un incremento desproporcionado
de la mesada pensional, sobre aquellos casos en los que la reclamante era
beneficiaria del régimen de transición y de la Ley 33 de 198546, como lo ha precisado
esta Subsección, en asuntos de condiciones fácticas similares47. En consecuencia,
la reliquidación fue el resultado de la correcta aplicación del régimen especial
pensional, respetando en todo momento los topes legalmente establecidos.
65. Como corolario de lo anterior, es dable sostener que, la entidad accionante no
logró acreditar los elementos constitutivos de las causales previstas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, motivo por el cual, se impone declarar
infundada la presente acción, tal como será dispuesto en la parte resolutiva.
66. Por último, la Sala precisa que, al no encontrarse configurada ninguna de las
causales de revisión invocadas, por sustracción de materia, deviene improcedente
un pronunciamiento sobre la reliquidación pensional, en los términos solicitados por
la entidad accionante, así como el pretendido reintegro de las sumas pagadas.
2.6. Condena en costas.
67. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
46
Postura que es recogida de forma emblemática dentro expediente referencia: No. 250002325000200404442 01 No.
INTERNO: 0208-2007 Autoridades nacionales, demandante: Jorge Hernández Vásquez, Consejera Ponente: Bertha Lucía
Ramírez de Páez, de fecha nueve (9) de julio de dos mil nueve (2009).
47
Consejo de estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado 11001-03-25-000-2019-00959-00 (6670-2019), sentencia
del 29 de octubre del 2025. Consejero Ponente, Jorge Edison Portocarrero Banguera
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Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por
la Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional, contra la sentencia del
nueve (9) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, mediante la
cual, se confirmó parcialmente la sentencia del tres (3) de julio de dos mil quince
(2015), proferida por el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Bogotá D.C.,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el Rad.
11001333501920130036100, atendiendo a las razones expuestas en este proveído.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias y anotaciones del caso.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente con excusa
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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