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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00232-00

Fecha
31 de agosto de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00232-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Denegar las pretensiones de la demanda de nulidad presentada por el señor Ángel Eduardo Fernández Parejo en contra de la CNSC y el Municipio de Ciénaga, Magdalena. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de octubre de 2021, rad. 11001032500020180030200 (1046-2018). 13 CPACA, art. 188: «Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». Calle 12 n.° 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001 03 25 000 2022 0023200 (0508-2022) Segundo: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las anotaciones pertinentes en los programas informáticos respectivos.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2022-00232-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

31 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001 03 25 000 2022 0023200 (0508-2022)
Demandante: Ángel Eduardo Fernández Parejo
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y otro

Temas: Excepción de inconstitucionalidad. Requisitos especiales de
participación en los procesos de selección de carrera
administrativa adelantados por la CNSC en los municipios
priorizados por el posconflicto.

Decisión: Se niegan las pretensiones de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala dicta sentencia en el proceso judicial tramitado en virtud del medio de
control de nulidad de que trata el artículo 137 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), promovido en
nombre propio por el señor Ángel Eduardo Fernández Parejo, en contra de la
CNSC y del Municipio de Ciénaga, Magdalena.

ANTECEDENTES

Pretensiones1

Ángel Eduardo Fernández Parejo formuló demanda en orden a que se inaplique
el artículo 2.2.36.2.4 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector
de Función Pública, que fue adicionado a dicho cuerpo normativo mediante el
artículo 1 del Decreto 1038 de 2018.

Que se declare la nulidad del artículo 9 del Acuerdo 20191000000186 del 15 de
enero de 2019, proferido por la CNSC, «por el cual se convoca y se establecen
las reglas del Concurso Abierto de Méritos para proveer definitivamente los
empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa

1 El texto de la demanda se encuentra en el índice 9 del expediente digital en el aplicativo Samai del Consejo

de Estado.

Radicado: 11001 03 25 000 2022 0023200 (0508-2022)

de la planta de personal de la Alcaldía de Ciénaga – Magdalena, Proceso de
Selección n.º 909 de 2018 – municipios priorizados para el posconflicto
(municipios de 5.ª y 6.ª categoría)».

Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la CNSC y al municipio de
Ciénaga, que amplíen el plazo de inscripción del concurso de méritos
reglamentado por el mencionado acuerdo, para que, personas como el actor,
puedan inscribirse y participar en él.

Ahora bien, en el auto que fijó el litigio y determinó aplicar el trámite de
sentencia anticipada2, el despacho sustanciador excluyó la tercera pretensión,
al considerar que implicaba un restablecimiento de un derecho subjetivo, lo cual
es ajeno a este medio de control. Además, indicó que el juicio de legalidad se
limitaría al artículo 9 del Acuerdo 20191000000186 del 15 de enero de 2019,
proferido por la CNSC, toda vez que, si bien en el concepto de violación de la
demanda se expresaron argumentos en contra de otros preceptos, estos no
fueron individualizados con precisión en la solicitud de nulidad.

Precisado lo anterior, se tiene que la norma acusada dispone:3

«ARTÍCULO 9.º - REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN. Los requisitos
generales de participación son:

1. Ser ciudadano(a) colombiano(a).
2. Cumplir con alguno de los requisitos especiales de participación contemplados
en el artículo 2.2.36.2.4 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el Decreto
1038 de 2018 (Criterios diferenciadores de la población por su calidad de
actores del conflicto), a saber:
• Haber nacido, en alguno de los 170 municipios priorizados que se
encuentran relacionados en el Decreto 893 de 2017.
• Acreditar, a través de certificado de vecindad, de estudio o laboral
otorgado por autoridad competente, haber tenido la calidad de
residente, estudiante o trabajador al menos dos (2) años continuos o
discontinuos en cualquiera de los 170 municipios priorizados por el
Gobierno nacional, los cuales se encuentran relacionados en el Decreto
893 de 2017.
• Estar inscrito en el Registro Único de Población Desplazada.
• Estar inscrito en el Registro Único de Víctimas.
• Estar inscrito en el Sistema de Información de la Agencia para la
Reincorporación y Normalización (ARN), antes llamada Agencia
Colombiana para la Reintegración (ACR).
3. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo que escoja el aspirante,
señalados en el artículo 2.2.36.2.1 del Decreto 1038 de 2018, teniendo en
cuenta que los títulos de las disciplinas académicas serán los que
correspondan a los núcleos básicos del conocimiento o títulos señalados en el
respectivo Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales

2 Providencia del 13 de octubre de 2022, frente a la cual no se interpuso ningún recurso. Ver índice 22

ibidem.
3 La copia del acto administrativo demandado puede ser consultada a partir de la página 10 del archivo PDF

de la demanda y sus anexos, que obra en el índice 9 ibidem.

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Radicado: 11001 03 25 000 2022 0023200 (0508-2022)

reportado en la OPEC, cargada en el aplicativo SIMO, empleos pertenecientes
a la planta de personal de la ALCALDÍA DE CIÉNAGA – MAGDALENA, según
la categoría del Municipio Priorizado.
4. No encontrarse incurso dentro de las causales constitucionales y legales de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos
públicos, que persistan al momento de posesionarse en el evento de ocupar
una posición de nombramiento como resultado del concurso abierto de
méritos.
5. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la Convocatoria.
6. Registrarse en el SIMO.
7. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias
vigentes.

PARÁGRAFO 1.º: El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta
normatividad será responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de lo
señalado en los numerales 1 al 4 de los requisitos generales de participación, será
impedimento para tomar posesión del cargo.

PARÁGRAFO 2.º: En virtud de la presunción de buena fe de que trata el artículo 83
de la Constitución Política, el aspirante se compromete a suministrar en todo
momento información veraz. Las anomalías, inconsistencias y/o falsedades en la
información, documentación y/o en las pruebas, o intento de fraude, podrá conllevar
a las sanciones legales y/o reglamentarias a que haya lugar, y/o la exclusión del
proceso de selección en el estado en que este se encuentre».

Hechos

La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que en el Acuerdo 20191000000186 del 15 de enero de 2019, reglamentario del
concurso de carrera antes indicado, la CNSC señaló que, según el Decreto Ley
894 de 2017, esa entidad debía diseñar procesos de selección y evaluación del
desempeño laboral con un enfoque diferencial y territorial, que tuviera en cuenta
las circunstancias económicas, sociales, educativas y culturales de la población.

Que dispuso igualmente que los aspirantes de la convocatoria debían cumplir con
alguno de los requisitos especiales de participación para los municipios
priorizados en la implementación del Acuerdo Final para la terminación del
conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera, previstos en el artículo
2.2.36.2.4 del Decreto 1083 de 2015, que fue adicionado a esa normatividad por
el artículo 1 del Decreto 1038 de 2018.

Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante alegó la transgresión de las siguientes normas:

• Constitución Política de 1991: artículos 13, 29, 125 y 189.
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: artículo 25.

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Radicado: 11001 03 25 000 2022 0023200 (0508-2022)

• Ley 909 de 2004 (sin indicar artículos).
• Decreto Ley 894 de 2017 (sin indicar artículos).
• Sentencia C-372 de 1999 de la Corte Constitucional.

En lo que tiene que ver con el concepto de violación, el actor expuso4 que la
disposición acusada está viciada por el desconocimiento de las normas
superiores, toda vez que los requisitos especiales que prevé para participar en el
concurso de carrera administrativa vulneran los derechos de acceso a los cargos
públicos y a la igualdad, e inobservan el principio del mérito, porque establecen
condiciones discriminatorias para los aspirantes a los empleos ofertados en la
convocatoria.

Que si bien los mencionados requisitos tienen fundamento en lo preceptuado en
el artículo 2.2.36.2.4 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 1 del
Decreto 1038 de 2018, este último debe ser inaplicado en virtud de la excepción
de inconstitucionalidad, dado que, por un lado, viola los derechos y principios
antes referidos y, por el otro, fue expedido sin competencia, en la medida en que
reglamenta un asunto relativo a la determinación de los méritos y calidades de
los aspirantes al concurso de carrera que, según el artículo 125 de la Carta, está
reservado a la ley.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La CNSC5 se opuso a las pretensiones de la demanda y pidió que se condene
en costas al demandante, fundamentada en que la norma acusada se expidió en
uso de las facultades constitucionales y legales previstas en los artículos 130 de
la Constitución, 11, 12 y 30 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto
1083 de 2015.

El municipio de Ciénaga no contestó la demanda

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante6 reiteró lo expuesto en la demanda.

La CNSC7 aseguró que el precepto demandado prevé requisitos de participación
con enfoque territorial y diferencial en los concursos de carrera administrativa en
los municipios priorizados para el posconflicto, los cuales tienen su origen legal
en lo establecido en el Decreto Ley 894 de 2017.

4 Estas razones corresponden a aquellas que resultan pertinentes respecto de las pretensiones y los
problemas jurídicos formulados en el auto que fijó el litigio.
5 Índice 18 del expediente digital.
6 Índice 33 ibidem.
7 Índice 34 ibidem.

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Radicado: 11001 03 25 000 2022 0023200 (0508-2022)

Ni el municipio de Ciénaga ni el Ministerio Público presentaron alegatos

CONSIDERACIONES

Analizado el expediente y la fijación del litigo, se tiene el problema jurídico que
se debe resolver es el de determinar si el numeral 2 del artículo 9 del Acuerdo
CNSC-20191000000186 del 15 de enero de 2019 debe ser anulado porque
reitera la exigencia de los requisitos especiales de participación para los procesos
de selección de carrera administrativa de los municipios priorizados por el
posconflicto, establecidos en el artículo 2.2.36.2.4 del Decreto 1083 de 2015,
siendo esta última norma inaplicable al asunto por virtud de la excepción de
inconstitucionalidad, dado que, según se afirma, viola el derecho de acceder a
los cargos públicos por mérito y en igualdad, y la reserva de ley consagrada en
el artículo 125 de la Carta Política sobre las condiciones para ingresar a la
carrera.

Marco normativo y jurisprudencial

El artículo 4 de la Constitución Política de 1991 consagra expresamente la
supremacía de la norma constitucional sobre las demás que conforman el
ordenamiento jurídico colombiano, de la siguiente manera:

«Artículo 4.° La Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales […]».

En el mismo sentido, para garantizar el respeto de la jerarquía normativa propia
del Estado social de derecho, el artículo 148 del CPACA consagró, en el ámbito
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el control por vía de excepción,
así:

«Artículo 148. Control por vía de excepción. En los procesos que se adelanten ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición
de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren
la Constitución Política o la ley.

La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en
relación con el proceso dentro del cual se adopte».

A partir de lo señalado en estas dos disposiciones, se infiere, entre otras cosas,
la existencia de la llamada excepción de inconstitucionalidad, la cual, tal y como
lo establece el precepto legal transcrito y la jurisprudencia sobre la materia8, solo
puede surtir efectos entre las partes del proceso en el que es aplicada, dado que,
con esta excepción, no es posible desplazar el control concentrado de

8 Corte Constitucional, sentencia C-600 de 1998, entre otras.

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Radicado: 11001 03 25 000 2022 0023200 (0508-2022)

constitucionalidad que le corresponde a la Corte Constitucional y al Consejo de
Estado mediante la acción pública de inconstitucionalidad y el medio de control
de nulidad por inconstitucionalidad, respectivamente.

Ahora bien, para que la excepción de inconstitucionalidad derive en la
inaplicación de una norma, es menester que, tal y como lo prevé el artículo 4
Superior, se presente una incompatibilidad entre la Constitución y la disposición
legal o reglamentaria, lo cual ha sido entendido por esta Corporación como la
necesidad de que la contradicción normativa sea manifiesta, palmaria o
flagrante, o en otras palabras, «que la norma constitucional y la legal riñan de tal
manera que del simple cotejo resulte absolutamente incompatible su aplicación
simultánea»9. En ese mismo sentido, la Corte Constitucional manifestó que «el
antagonismo entre los dos extremos de la proposición ha de ser tan ostensible
que salte a la vista del intérprete, haciendo superflua cualquier elaboración
jurídica que busque establecer o demostrar que existe»10.

De conformidad con lo anterior, en los eventos en los que no exista esa
incompatibilidad manifiesta entre la norma constitucional con las de inferior
jerarquía a las que se pretende aplicar la excepción en comento, estas últimas
deben ser acatadas, hasta tanto no se resuelva, con efectos generales, el
correspondiente control concentrado de constitucionalidad o, respecto de actos
administrativos, el juicio que desvirtúe su presunción de legalidad.

Resolución del caso concreto

Considera la Sala que, si bien en teoría es viable aplicar la excepción de
inconstitucionalidad en el medio de control de simple nulidad, toda vez que la
hipotética inaplicación del artículo 2.2.36.2.4 del Decreto 1083 de 2015 no
conlleva la eliminación de su vigencia con consecuencias generales, pues este
seguiría en vigor por fuera del ámbito concreto del acto administrativo acusado,
a saber, el Proceso de Selección n.º 909 de 2018 de carrera administrativa para
el Municipio de Ciénaga, Magdalena, esta no es procedente, por cuanto en este
caso no se observa una incompatibilidad manifiesta entre la aludida disposición
reglamentaria del Gobierno nacional y los preceptos invocados como violados
por el actor.

Para llegar a esa conclusión, lo primero que hay que señalar es que la norma
citada tiene fundamento legal en lo regulado en el Decreto Ley 894 de 2017,
mediante el cual se dictaron normas sobre empleo público con el fin de
implementar el «Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 11 de noviembre

de 2010, rad. 66001-23-31-000-2007-00070-01.
10 Corte Constitucional, sentencias T-614 de 1992 y C-600 de 1998.

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de una Paz Estable y Duradera», y este último, a su vez, tiene base constitucional
en el Acto Legislativo 01 de 201611.

En efecto, el artículo 4 del Decreto Ley 894 de 2017 establece:

«Artículo 4.° Procesos de selección con enfoque diferencial. Para el ingreso por
mérito al empleo público en los municipios priorizados por el Gobierno nacional para
la implementación de los planes y programas del Acuerdo de Paz, la Comisión
Nacional del Servicio Civil, en coordinación con los jefes de las respectivas
entidades, deberá diseñar los procesos de selección objetiva e imparcial con un
enfoque diferencial que tenga en cuenta las particularidades económicas,
sociales, educativas y culturales de la población». (Resaltado fuera de texto).

Como se puede ver, tal y como lo expuso la CNSC, este decreto con fuerza de
ley consagró el principio de enfoque diferencial en los procesos de selección de
carrera administrativa que le corresponde adelantar a esa Comisión en los
municipios priorizados en la implementación del Acuerdo de Paz, respecto del
cual, en la revisión automática de constitucionalidad de dicha norma, realizada
por la Corte Constitucional en la sentencia C-527 de 2017, se dijo:

«[…] La Corte advierte que las medidas legales analizadas buscan dar protecciones
especiales a las comunidades que habitan en los territorios más afectados por el
conflicto armado con la guerrilla de las FARC. Se trata de una suerte de acciones
afirmativas, que buscan superar el histórico abandono estatal al que han estado
sometidas estas personas […] Se busca afectarlos positivamente, mejorando las
condiciones para la prestación de un servicio público eficaz y adecuado, con
enfoque diferencial territorial, en las zonas afectadas por el conflicto armado, en
especial en los municipios priorizados por el Gobierno Nacional, para la
implementación de los planes y programas del Acuerdo de Paz. Se trata de proteger
derechos de comunidades que por su condición de minoría, por su baja incidencia
económica y por su baja representación política, tienen muy poca capacidad para
tramitar sus peticiones e intereses a través del Estado, el cual, precisamente, ha
estado ausente. […]

El cuarto artículo del Decreto Ley 894 de 2017 se ocupa de permitir a la Comisión
Nacional del Servicio Civil aplicar los “criterios diferenciales” en los procesos de
selección […] La Corte considera que este artículo analizado no contraviene la
Constitución. Se trata de darle la competencia a la entidad constitucionalmente
encargada de administrar y vigilar las carreras administrativas para que diseñe

11 «Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el

desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable
y duradera». Ese acto legislativo, en su artículo 2, incluyó un artículo transitorio a la Constitución Política de
1991 en el que se dispuso lo siguiente: «Facultades presidenciales para la paz. Dentro de los 180 días
siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facúltase al Presidente de la República para
expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación
y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera.
Las anteriores facultades no podrán ser utilizadas para expedir actos legislativos, leyes estatutarias, leyes
orgánicas, leyes códigos, leyes que necesitan mayorías calificada o absoluta para su aprobación, ni para
decretar impuestos.
Los decretos con fuerza de ley que se dicten en desarrollo de este artículo tendrán control de
constitucionalidad automático posterior a su entrada en vigencia. El procedimiento de revisión de
constitucionalidad de estas disposiciones deberá surtirse por parte de la Corte Constitucional dentro de los
dos meses siguientes a su expedición».

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procesos de selección con enfoque diferencial territorial, lo cual supone el respeto
por ese diseño competencial previsto en la Carta. Pero además, como ya se dijo, el
trato diferencial para los servidores públicos está justificado constitucionalmente,
porque son medidas orientadas a asegurar la prestación de un servicio público
eficaz y adecuado a las necesidades propias de una población que merece especial
protección constitucional (art. 13, CP) […]».

A partir de esto, teniendo en cuenta que los requisitos especiales de participación
en los procesos de selección de carrera administrativa para los municipios
priorizados por el posconflicto, previstos en el artículo 2.2.36.2.4 del Decreto
1083 de 2015, están dirigidos a privilegiar el acceso al empleo público en los
municipios afectados por el conflicto armado, de aquellas personas que, además
de sus méritos, tengan vínculos con esos territorios o que hayan sido víctimas o
actores reincorporados de la guerra interna colombiana, para esta Subsección,
estos, a primera vista, más que desconocer el principio y derecho subjetivo a la
igualdad en el acceso a los cargos públicos, lo que hacen es desarrollarlo con la
implementación de una diferencia de trato razonable, pues el artículo 13 de la
Carta Política consagra que es deber del Estado promover las condiciones para
que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas en favor de grupos
discriminados o marginados.

Se reitera que esos requisitos especiales no eliminan el mérito como principio de
selección de los empleados de esas entidades territoriales, pues el criterio para
acceder a esos cargos sigue siendo el de las calidades personales y
profesionales de los aspirantes a la luz de las funciones y competencias
laborales necesarias para ocuparlos, las cuales se comprueban a través de un
concurso.

Así las cosas, no se presenta una incompatibilidad manifiesta entre el precepto
reglamentario emanado del Gobierno nacional y las normas constitucionales
relativas a la materia, por lo que, frente a ellas, no hay lugar a aplicar la excepción
de inconstitucionalidad.

Por otro lado, en lo concerniente a la alegada falta de competencia del Ejecutivo
para proferir el artículo 2.2.36.2.4 del Decreto 1083 de 2015 por la violación de
la reserva de ley que establece el inciso tercero del artículo 125 de la
Constitución, frente a los requisitos y condiciones para el ingreso a los cargos de
carrera, hay que indicar que esta Subsección ha precisado que «el reglamento
no queda completamente excluido de la posibilidad de normar estos temas,
porque, una vez que sea expedida la ley, podrán dictarse aquellos que se
conocen como reglamentos ejecutivos o secundum legem (según la ley), como
los que profiere el presidente de la República en ejercicio de la potestad del

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numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, que gozarán de validez en la
medida en que tengan una adecuada cobertura legal»12.

De ese modo, reiterando que la disposición reglamentaria en estudio fue
proferida con base en lo consagrado en el artículo 4 del Decreto Ley 894 de
2017, que es una norma con fuerza material de ley, no se evidencia una violación
palmaria o flagrante de la reserva legal prevista en el artículo 125 de la Carta.
Por lo tanto, por este motivo tampoco hay lugar a aplicar la excepción de
inconstitucionalidad.

Entonces, dado que en este caso no resulta procedente inaplicar, por virtud de
la excepción de inconstitucionalidad, el artículo 2.2.36.2.4 del Decreto 1083 de
2015, tampoco hay que declarar la nulidad del numeral 2 del artículo 9 del
Acuerdo CNSC-20191000000186 del 15 de enero de 2019 en lo que tiene que
ver con los requisitos especiales que ese precepto replica de la mencionada
norma reglamentaria, y que constituyen el objeto de la demanda.

Por las anteriores consideraciones se denegarán las pretensiones de la demanda
de nulidad presentada por el señor Ángel Eduardo Fernández Parejo en contra
de la CNSC y el Municipio de Ciénaga, Magdalena.

Sobre la condena en costas solicitada por la CNSC

No se accederá a la condena en costas porque, de acuerdo con el artículo 188
del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 202113, en procesos
como este en los que se ventila un interés público, asociado a la legalidad objetiva
de un acto administrativo general, esta no es procedente si la demanda, como en
este caso, tenía un mínimo fundamento legal.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Denegar las pretensiones de la demanda de nulidad presentada por el
señor Ángel Eduardo Fernández Parejo en contra de la CNSC y el Municipio de
Ciénaga, Magdalena.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia

del 14 de octubre de 2021, rad. 11001032500020180030200 (1046-2018).
13 CPACA, art. 188: «Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Calle 12 n.° 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 25 000 2022 0023200 (0508-2022)

Segundo: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las
anotaciones pertinentes en los programas informáticos respectivos.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Los consejeros,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

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