Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00240-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00240-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00240-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad simple
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00240-00 (0590-2022)
Demandante: Andrea Carolina Arias Silva
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil1 y Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales2
Temas: Concurso de méritos. Acuerdo 285 del 10 de septiembre de 2020
Sentencia
Asunto
Decide la Sala la demanda de nulidad interpuesta por Andrea Carolina Arias Silva en
contra del Acuerdo 285 del 10 de septiembre de 2020 proferido por la CNSC en el que
se convocó y se fijaron las reglas del proceso de selección DIAN 1461 de 2020.
1. Antecedentes
1.1. Demanda
1.1.1. Las pretensiones3
1. Andrea Carolina Arias Silva presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo4, en orden a que se declarara la nulidad parcial del artículo
17 del Acuerdo 285 del 10 de septiembre de 2020, particularmente el aparte que
estableció el carácter eliminatorio del curso de formación de la fase II del concurso. La
norma el del siguiente tenor:
«CAPITULO V
PRUEBAS A APLICAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
ARTICULO 17. PRUEBAS A APLICAR, CARÁCTER Y PONDERACIÓN. De conformidad
con el numeral 28.3 del artículo 28 del Decreto Ley 71 de 2020. las pruebas a aplicar en
este proceso de selección, “(…) tienen como finalidad apreciar las competencias, aptitudes,
habilidades y potencialidades (…)” de los aspirantes a los diferentes empleos ofertados,
“(…) de acuerdo con lo requerido en los niveles jerárquicos de (…) [dichos] empleos y las
calidades laborales requeridas para desempeñar con eficiencia el empleo a cuyo ingreso
(…) se aspira (…). La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos,
que correspondan a criterios de objetividad e imparcialidad y con observancia del principio
1 En adelante CNSC.
2 A continuación, DIAN.
3 Folio 5 en el cuaderno 1.
4 En lo que sigue CPACA.
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constitucional de transparencia en el ejercicio de la función administrativa”, con parámetros
previamente establecidos.
[…]
Específicamente, en este proceso de selección, en virtud de las disposiciones de los
artículos 28, numeral 28.3, 29. 30, 56 al 59 y 61 del Decreto Ley 71 de 2020, se van a
aplicar Pruebas Escritas (impresas o informatizadas) para evaluar Competencias Básicas
u Organizacionales, Competencias Funcionales, Competencias Conductuales o
Interpersonales e Integridad y Curso(s) de Formación, según se detalla en las siguientes
tablas:
Tabla No. 2
PRUEBAS A APLICAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE INGRESO DIAN EMPLEOS DEL NIVEL
PROFESIONAL DE LOS PROCESOS MISIONALES
PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE
PESO MÍNIMO MÍNIMO MINIMO
FASE PRUEBAS CARACTER
PORCENTUAL APROBATORIO APROBATORIO APROBATORIO
PRUEBA FASE GENERAL
Prueba de
competencias
Eliminatoria
básicas u 10% 70.00
organizacionales
Fase Prueba de 70.00
I competencias
Clasificatoria No aplica 70.00
conductuales o 20%
interpersonales
Prueba de
Clasificatoria No aplica
integridad 15%
Fase Curso de
Eliminatoria 70.00 70.00
II Formación 55%
TOTAL 100%
[…]» [sic] [Se resalta]
1.1.2. Fundamentos fácticos
2. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes5:
2.1. El Decreto 71 del 21 de enero de 2020 reguló el sistema de carrera de los empleos
públicos de la DIAN y, su artículo 28, dispuso que los concursantes que obtuvieran un
puntaje aprobatorio no inferior al 70% tendrían derecho a integrar la lista de elegibles
y ser nombrados en las vacantes por la que optaron, mientras que en el artículo 29
estableció que el concurso se dividiría en 2 fases, de las cuales solo la primera sería
de carácter eliminatoria.
2.2. La CNSC y la DIAN suscribieron la convocatoria 1461 formalizada por medio del
Acuerdo 285 del 2020 en la que se ofertó la provisión de 1.500 empleos vacantes. En
el artículo 17 se estableció que tanto la fase 1 como la 2 serían eliminatorias, lo que
generó que se conformaran listas de elegibles con un número inferior de candidatos
en relación con cada empleo ofertado.
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
3. Como tales se citaron los artículos 13, 40, 53, y 125 de la Constitución Política; 2, 4
y 27 de la Ley 909 de 2004; y 28 y 29 del Decreto 71 de 2020.
4. El concepto de violación de las normas invocadas se sustentó en los siguientes
argumentos:
4.1. El artículo 29 del Decreto 71 de 2020 estableció dos fases independientes para la
provisión de los empleos del nivel profesional de la DIAN, de las cuales sólo la fase I,
5 Documento 1 del expediente digital en Samai.
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relativa a las competencias básicas y otras pruebas determinadas en la convocatoria,
tenía carácter eliminatorio. Por su parte, la fase II correspondía a un curso de formación
al que el decreto no le atribuyó naturaleza eliminatoria, característica que sí se le
asignó a través del Acuerdo 285 del 10 de septiembre de 2020 de la CNSC, lo que
implicó que esa entidad excediera las condiciones fijadas en el marco normativo del
concurso.
4.2. De acuerdo con el Decreto 71 de 2020, la lista de elegibles debía conformarse
teniendo en cuenta la sumatoria de los puntajes obtenidos en ambas fases, de manera
que fueran incluidos quienes alcanzaran un puntaje acumulado superior al 70%. Por
ello, la exclusión de quienes no obtuvieron el 70% en la fase II, pero sí superaron la
fase I y alcanzaron dicho porcentaje al sumar los resultados de ambas etapas,
desconoció las reglas legales del concurso. Los artículos 23 y 28 del Acuerdo 285
permiten corregir los resultados y modificar las listas de elegibles cuando se
compruebe un error, posibilidad que debió emplearse para incluir a los concursantes
indebidamente excluidos.
4.3. La aplicación de la fase II como etapa eliminatoria produjo que no se proveyeran
todas las vacantes ofertadas, por ejemplo, en la OPEC 127011, correspondiente a
inspector I, se ofrecieron 11 vacantes, 33 personas superaron la etapa I con una
calificación mínima del 70% y fueron convocadas al curso de la etapa II, pero
únicamente 10 integraron la lista de elegibles, por lo que quedó una vacante sin
proveer. En la OPEC 127231, correspondiente al cargo de inspector II, se ofertaron 10
vacantes y participaron 20 personas en la fase II, pero la lista de elegibles quedó
integrada únicamente por 4 aspirantes, por lo que permanecieron 6 vacantes sin
ocupar, asimismo, en la OPEC 127246, correspondiente a inspector III, se ofertaron 4
vacantes y la lista de elegibles solo incluyó a 3 personas.
4.4. Esos resultados demostraron que el carácter eliminatorio atribuido a la fase II
frustró la finalidad del concurso, pues excluyó a personas que, al acumular los
resultados de las dos fases, habrían alcanzado el puntaje requerido.
4.5. Según los artículos 125 de la Constitución y 2, 4 y 27 de la Ley 909 de 2004, los
concursos deben garantizar los principios de mérito, igualdad, imparcialidad,
transparencia y objetividad, con el propósito de seleccionar a las personas más
capacitadas para el servicio público. Así, establecer como eliminatoria la fase II
contradijo esos fines, pues impidió que fueran clasificadas personas que habían
superado la etapa eliminatoria y obtenido un resultado acumulado superior al 70%,
generando además vacantes que eventualmente tendrían que ser provistas mediante
nombramientos en provisionalidad.
4.6. La Corte Constitucional, en sentencia C-1122 de 2005, explicó que las pruebas de
conocimientos pueden tener carácter eliminatorio, pero sus resultados también deben
cumplir una función clasificatoria al momento de elaborar la lista de elegibles, pues
todas las pruebas del proceso deben contribuir a determinar el mérito de los
concursantes.
1.2. Contestación de la demanda
5. La CNSC solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda por las siguientes
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razones6:
5.1. La demandante participó en el proceso de selección DIAN 1461 de 2020 para el
empleo de gestor III, código 303, grado 3, de la oferta pública de empleo de carrera
administrativa7 identificado con el código 126572. Acreditó los requisitos mínimos y
presentó las pruebas escritas de la fase I el 5 de julio de 2021; sin embargo, no alcanzó
el puntaje mínimo aprobatorio en la prueba de competencias básicas u
organizacionales. Por ello, no fue convocada a la fase II ni realizó el curso de
formación. En consecuencia, la controversia sobre el carácter eliminatorio de esta
última fase no tuvo incidencia directa en su situación particular dentro del concurso.
5.2. El carácter eliminatorio atribuido a la fase II se ajustó al Decreto 71 de 2020, pues
esta norma no prohibió que dicha etapa tuviera esa naturaleza. Aunque el artículo 29.1
calificó expresamente como eliminatoria la fase I, la fase II correspondió a un curso de
formación sobre conocimientos específicos en asuntos tributarios, aduaneros y
cambiarios, de modo que operó como una prueba de competencias funcionales
relacionada directamente con las exigencias de los empleos misionales de la DIAN.
Además, los artículos 28.3 y 28.4 del mismo decreto previeron la aplicación de pruebas
eliminatorias y dispusieron que la lista de elegibles se conformara con los puntajes
ponderados de ambas fases, con mayor peso para la fase II.
5.3. La CNSC y la DIAN contaron con competencia para definir las reglas del proceso
de selección mediante una planeación conjunta y armónica. La CNSC tenía a su cargo
establecer los lineamientos generales, elaborar la convocatoria y realizar los procesos
de selección, mientras que la DIAN debía participar en su planeación. En ejercicio de
esas atribuciones se expidió el Acuerdo 285 de 2020, que estructuró el concurso y fijó
las condiciones aplicables a todos los participantes.
5.4. La existencia de vacantes que no fueron provistas no acreditó la ilegalidad del
carácter eliminatorio de la fase II, pues los resultados obedecieron al desempeño de
los concursantes en una prueba destinada a valorar los conocimientos técnicos,
profesionales y funcionales requeridos para el ejercicio de los empleos ofertados. En
esas condiciones, el hecho de que algunas vacantes hubieran quedado sin proveer no
conduce a que la regulación de la fase II hubiera desconocido las finalidades del
concurso.
5.5. Los mecanismos de corrección de puntajes y lista de elegibles previstos en los
artículos 23 y 28 del Acuerdo 285 estaban dirigidos a corregir errores efectivamente
comprobados, circunstancia que no se acreditó en el proceso respecto de la valoración
de la fase II o la ponderación de los resultados. Los cursos de formación ya culminaron,
las listas de elegibles perdieron vigencia y los nombramientos realizados en período
de prueba generaron situaciones jurídicas que impedían alterar posteriormente sus
efectos.
5.6. La demandante no demostró la existencia de irregularidades, vicios de forma, falsa
motivación ni desviación de poder en el acuerdo; contó con mecanismos para ejercer
los derechos de defensa y contradicción frente a los resultados de las pruebas, y las
reclamaciones presentadas se tramitaron conforme con las reglas establecidas en la
6 Documento 32.
7 En lo siguiente OPEC
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convocatoria y en el Decreto 760 de 2005. Tampoco se demostró que los fundamentos
del acto se hubieran apartado de la realidad o que las autoridades hubieran utilizado
sus competencias para alcanzar una finalidad diferente de aquella propia del proceso
de selección.
6. Finalmente, propuso las excepciones que denominó «inexistencia de una acusación
clara, cierta, concreta y verificable que le permita al decisor judicial realizar un juicio abstracto
de legalidad», «legalidad de los actos administrativos proferidos por la Comisión Nacional del
Servicio Civil», buena fe y presunción de legalidad, cumplimiento de un deber legal y
constitucional y la innominada o genérica.
7. La DIAN contestó la demanda de acuerdo con los siguientes argumentos8:
7.1. Carece de legitimación en la causa por pasiva, pues el acto administrativo cuya
nulidad se pretende fue expedido por la CNSC, autoridad constitucional y legalmente
encargada de administrar y vigilar los sistemas de carrera y de adelantar los concursos
de méritos. No intervino en la estructuración de la convocatoria, no determinó sus
fases, no definió las pruebas ni fijó sus pesos o porcentajes. Su participación se limitó
a suministrar la información requerida para el proceso, reportar los empleos vacantes,
aportar el Manual Específico de Requisitos y Funciones y asumir los costos del
concurso, en desarrollo del deber de colaboración armónica entre las entidades
públicas.
7.2. El proceso de selección DIAN 1461 de 2020 se sujetó a las etapas previstas en el
Decreto 71 de 2020 relativas a la convocatoria, reclutamiento, aplicación y evaluación
de las pruebas, conformación de la lista de elegibles y vinculación en período de
prueba. Por su parte, el Acuerdo 285 de 2020 desarrolló esas reglas y estableció los
empleos convocados, las pruebas aplicables, su carácter y ponderación. La
participación de los aspirantes no implicó su selección automática, pues debían
superar las distintas fases y obtener los puntajes exigidos para integrar la lista de
elegibles.
7.3. El Decreto 71 de 2020 fijó los parámetros generales, pero no reguló de manera
específica cada proceso de selección, por lo que la CNSC podía establecer las fases,
los instrumentos, su carácter eliminatorio o clasificatorio y su ponderación, siempre
que observara los principios de mérito, igualdad, objetividad, imparcialidad y
transparencia. En ese marco, la utilización de pruebas de competencias básicas,
conductuales o interpersonales, integridad, competencias funcionales y cursos de
formación no constituyó una irregularidad que afectara la legalidad del concurso.
8. Además de los argumentos relacionados con la falta de legitimación en la causa por
pasiva, la DIAN no propuso excepciones.
1.3. Medida cautelar
9. Con la presentación de la demanda Andrea Carolina Arias Silva solicitó, como
medida provisional, la suspensión del concurso público de méritos de la convocatoria
DIAN 1461 de 2020 hasta que se decidiera el presente medio de control. Sin embargo,
a través de memorial del 21 de noviembre de 2023 por medio del cual subsanó la
8 Documento 44.
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demanda, desistió de la medida provisional.
10. El citado desistimiento fue aceptado por medio de auto del 4 de marzo de 20249 con
fundamento en el artículo 316 del Código General del Proceso, aplicable por expresa
remisión del artículo 306 del CPACA.
1.4. Decisión sobre excepciones previas
11. Por auto del 30 de octubre de 2024 se resolvió tanto la falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por la DIAN como las excepciones señaladas por la CNSC
en la sentencia10, aquella por no impedir el pronunciamiento de fondo sobre las
pretensiones de la demanda y estas por relacionarse de manera directa con el estudio
de legalidad del acto demandado.
1.5. Trámite de sentencia anticipada
12. Mediante auto del 28 de febrero de 2025 se impartió el trámite de sentencia
anticipada11. Con esa finalidad, se admitieron todas las pruebas documentales
aportadas por las partes y se corrió traslado de ellas12. Se realizó control de legalidad
sin advertir la necesidad de adoptar medidas de saneamiento y se fijó el litigio en el
sentido de establecer ¿si el acto administrativo demandado fue expedido con
desconocimiento de las normas en las que debía fundarse y con falsa motivación?
13. Por último, se ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar
de conclusión.
1.6. Alegatos de conclusión
14. Andrea Carolina Arias Silva insistió en que el Acuerdo 285 de 2020 debió sujetarse
de manera estricta a lo indicado en el Decreto 71 de 2020 en el que solo se fijó con
carácter eliminatorio la fase I del concurso de méritos, por lo que extenderle esa
condición a la fase II excedió el marco normativo y limitó el acceso de los participantes
a los cargos ofertados13.
15. La CNSC reiteró que el carácter eliminatorio atribuido a la fase II se ajustó al Decreto
71 de 2020, pues, aunque la norma calificó expresamente como eliminatoria la fase I,
no prohibió otorgar esa naturaleza a la segunda, correspondiente al curso de formación
sobre conocimientos específicos, y además previó la aplicación de pruebas
eliminatorias y la conformación de la lista de elegibles con los resultados ponderados
de ambas fases. No se acreditaron errores en la valoración, vicios de forma, falsa
motivación ni desviación de poder y se respetaron los mecanismos de reclamación y
contradicción previstos en la convocatoria14.
16. Por su parte, la DIAN mantuvo su postura sobre la falta de legitimación en la causa
9 Documento 24.
10 Tal como se indicó en el auto del 30 de octubre de 2024. Documento 53.
11 Documento 57.
12 Índice 58 de Samai.
13 Documento 60.
14 Documento 61.
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por no ser la autoridad que profirió el acto demandado15.
1.7. El Ministerio Público
17. El Ministerio Público no rindió concepto en esta oportunidad16.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
18. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le corresponde a
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidir en única
instancia las demandas de nulidad simple interpuestas contra los actos administrativos
expedidos por las autoridades del orden nacional. Asimismo, por el criterio de
especialidad, los artículos 1317, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de
diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 18 señalan que la
Sección Segunda conoce de los asuntos de carácter laboral.
2.2. Problemas jurídicos
19. En atención a los argumentos expuestos por los sujetos procesales y sin
desconocer la fijación del litigio establecida, los problemas jurídicos se contraen a
resolver ¿si la DIAN carece de legitimación en la causa por pasiva por no ser la
autoridad que profirió el Acuerdo 258 de 2020? y ¿si la CNSC excedió sus
competencias al establecer en el artículo 17 del Acuerdo 258 de 2020 que la fase II de
la Convocatoria DIAN 1461 de 2020 era de carácter eliminatorio?
20. Para resolver los anteriores cuestionamientos se abordarán los siguientes aspectos:
i) la legitimación en la causa por pasiva; ii) el sistema específico de carrera de los
empleados públicos de la DIAN; iii) el principio de colaboración para la expedición del
acto de convocatoria a concurso de méritos; y iv) la oferta pública de empleos de
carrera. Con fundamento en lo anterior se resolverá sobre los problemas jurídicos
planteados de conformidad con los argumentos expuestos por los sujetos procesales.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Sobre la legitimación en la causa por pasiva
21. La legitimación en la causa por pasiva es la aptitud jurídica para comparecer al
proceso en calidad de demandado, en cuanto exista una relación sustancial entre el
sujeto llamado al proceso y las pretensiones formuladas. En el medio de control de
nulidad, su determinación exige establecer cuál es la entidad u órgano al que
jurídicamente resulta atribuible el acto administrativo cuya legalidad se cuestiona y,
por tanto, si está llamado a responder frente a las pretensiones derivadas de su
expedición.
15 Documento 60
16 Constancia en el documento 67.
17 Reglamento interno del Consejo de Estado.
18 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le
adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».
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22. La jurisprudencia del Consejo de Estado19 ha distinguido entre la legitimación
procesal o de hecho, que surge de los hechos narrados y las pretensiones propuestas
en la demanda, y la legitimación material, cuya existencia se establece a partir del
análisis de fondo y del acervo probatorio incorporado al proceso.
23. En el proceso contencioso-administrativo, el artículo 159 del CPACA reconoce
capacidad para comparecer como demandadas a las entidades públicas y establece
las reglas para su representación judicial. En particular, dispone que la entidad, órgano
u organismo estatal estará representado judicialmente por la persona de mayor
jerarquía en la entidad que haya expedido el acto o producido el hecho objeto de
controversia.
24. En consecuencia, tratándose de controversias dirigidas contra actos
administrativos, la legitimación en la causa por pasiva debe establecerse a partir de la
autoridad o entidad a la que jurídicamente sea atribuible el acto cuestionado y de las
pretensiones que se formulen en su contra. La sola participación de una entidad en
una actuación administrativa no determina, por sí misma, su legitimación material,
pues esta depende de la relación sustancial que exista entre sus competencias, la
actuación controvertida y las pretensiones de la demanda.
25. Así, la determinación de la legitimación por pasiva exige examinar, en cada caso,
el contenido del acto demandado, las competencias atribuidas a las autoridades que
intervinieron en su expedición y la naturaleza de las pretensiones formuladas, con el
fin de establecer si existe una correspondencia jurídica entre el sujeto demandado y el
objeto de la controversia
2.3.2. El sistema de méritos de la DIAN
26. La Ley 909 de 2004, en su artículo 4, entendió “[…] por sistemas específicos de carrera
administrativa aquellos que en razón a la singularidad y especialidad de las funciones que
cumplen las entidades en las cuales se aplican, contienen regulaciones específicas para el
desarrollo y aplicación de la carrera administrativa en materia de ingreso, capacitación,
permanencia, ascenso y retiro del personal y se encuentran consagradas en leyes diferentes
a las que regulan la función pública […], entre las cuales se previó el que tiene que ver
con el personal de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por su
parte, el Decreto Ley 71 de 2020, derogado por el Decreto Ley 927 de 2023, reguló
dicho sistema respecto de los empleados públicos y expidió normas
relacionadas con la administración y gestión del talento humano de la DIAN.
Como el acuerdo demandado se expidió en vigencia del primero, a continuación se
examinará su contenido.
27. En el artículo 1 del aludido decreto se estableció que el ingreso, la permanencia y
la movilidad se fundamentarían en el mérito, el desempeño y la acreditación de
competencias entre otros. En ese sentido, en su artículo 2 se señaló que este era «un
sistema técnico de administración del talento humano que tiene por objeto garantizar el ingreso
19 Por ejemplo, sentencias de la Sección Segunda del 29 de febrero de 2019, dentro del proceso don
radicado 76001-23-33-000-2012-00601-01; 7 de abril de 2016, radicado 08001-23-33-000-2012-00206-
01; y auto del 8 de junio de 2021, radicado 11001-03-25-000-2019-00167-00. Además, pueden
consultarse las providencias de la Sección Tercera del 17 de junio
de 2004, radicado 1993-0090 (14452); 4 de febrero
de 2010, radicado 70001-23-31-000-1995-05072-01 (17720); y del 30 de enero de 2013, radicado
25000-23-26-000-2010-00395-01(42610).
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y el ascenso a los empleos de la DIAN en igualdad de condiciones, el desarrollo y la
profesionalización en cada una de las fases de la relación laboral, legal o reglamentaria».
28. Esu artículo 7, determinó que la CNSC era el órgano competente para la
administración y vigilancia del sistema de carrera de la DIAN y que la gestión interna
de este correspondía al director general, la comisión de personal y la Escuela de
Impuestos y Aduanas, entre otras dependencias. A su vez, en su artículo 24, preceptuó
que «[e]l ingreso y el ascenso en los empleos públicos del Sistema Específico de Carrera
Administrativa de la DIAN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la
Constitución Política, se hará por concurso público».
29. En sus artículos 25 y 26 regló lo relacionado con el ingreso y el concurso de ascenso
en los siguientes términos:
«Artículo 25. Del ingreso. Para la provisión definitiva de los empleos de la DIAN, podrán
adelantarse concursos de ingreso en los cuales participarán todos los ciudadanos que
aspiren a prestar sus servicios como empleados públicos de la DIAN, y que reúnan los
requisitos exigidos para el efecto.
Artículo 26. Concurso de ascenso. Para la provisión definitiva de los empleos de la DIAN,
se podrán adelantar concursos de ascenso con la finalidad de reconocer la capacitación y
desempeño de los servidores escalafonados en el Sistema Específico de Carrera
Administrativa de la Entidad
El concurso será de ascenso cuando:
26.1 La vacante o vacantes a proveer pertenezcan a la planta de personal de la DIAN en
los niveles profesional, técnico o asistencial.
26.2 Existan servidores públicos con derechos de carrera del Sistema Específico de Carrera
Administrativa de la DIAN que cumplan con los requisitos y condiciones para el desempeño
de los empleos que se van a convocar a concurso, y
26.3 El número de los servidores escalafonados que cumplan con los requisitos y
condiciones para el desempeño de los empleos que se van a convocar a concurso es igual
o superior al número de empleos a proveer.
Si se cumple con los anteriores requisitos se podrá convocar a concurso de ascenso hasta
por el treinta por ciento (30%) de las vacantes a proveer. Las vacantes restantes se
proveerán a través de concurso de ingreso.
Si en el desarrollo del concurso de ascenso no se inscribe al menos un número igual de
servidores escalafonados en carrera por empleo a proveer, el concurso se declarará
desierto y la provisión de los cargos se realizará mediante concurso de ingreso.
Quienes se hayan inscrito inicialmente, continuarán en el concurso de ingreso sin requerir
una nueva inscripción».
30. Como se advierte del contenido de la disposición normativa, la citación al concurso
de ascenso exige el cumplimiento concomitante de los requisitos previstos en los
numerales 26.1, 26.2 y 26.3, pues es clara en indicar que «si se cumple con los anteriores
requisitos» es posible la citación de aquel hasta por el 30% de las vacantes a proveer.
Además, la norma prevé también como requisito para realizar el concurso de ascenso
que se inscriba un número igual de empleados a los cargos ofertados, so pena de
declararlo desierto. Si no se cumple lo anterior procede solo el concurso abierto.
31. A su vez, en el parágrafo del artículo 27 ibidem se regló el deber de la DIAN de
reportar en la Oferta Pública de Empleos (OPEC) los cargos a proveer a través del
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concurso de ascenso. En la norma se preceptuó que «[l]a DIAN, al reportar la Oferta
Pública de Empleos, deberá identificar los empleos que se deben proveer a través del
concurso de ascenso. La Comisión Nacional del Servicio Civil validará la información y
determinará el tipo de concurso en el acto administrativo que fije las reglas del proceso de
selección».
32. De este modo, la encargada de definir el tipo de concurso al que se cita es la CNSC,
por lo que las funciones de administración otorgadas a esta en el artículo 130
Constitucional se preservan. Así lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-
331 de 2022 al analizar el parágrafo citado y esa fue la razón por la cual consideró que
debía de declararlo exequible. Ciertamente, en la providencia se indicó lo siguiente:
«En efecto, según el parágrafo del artículo 29 de la Ley 909 de 2004, en el marco de los
concursos de ascenso, son las entidades que tienen las vacantes las que, a través del
procedimiento establecido por la CNSC, deben reportar a la Oferta Pública de Empleos los
cargos a proveer con su respectiva descripción, conforme a lo dispuesto en el manual de
funciones y competencias laborales20. La autoridad con competencia para definir si el
concurso debe ser de ingreso o de ascenso es la encargada de la administración del
respectivo concurso. Entonces, a partir del criterio de la deliberación democrática, que ha
usado esta Corporación en sentencias como la C-285 de 2015 y la C-172 de 2021 para
precisar el alcance del concepto de administración de la carrera administrativa, se concluye
que la competencia para definir el tipo de concurso en la DIAN es la CNSC. En esa medida,
el precepto acusado establece que la DIAN debe reportar a la Oferta Pública de Empleos
los empleos a proveer “a través del concurso de ascenso”, pero es la CNSC la que define
con autoridad si el concurso debe ser de ascenso o de ingreso».
33. En este punto conviene precisar que la jurisprudencia de esta corporación21 ha
acudido a las consideraciones de la Corte Constitucional que ha sido del criterio de
que los concursos de ascenso no pueden ser un obstáculo para la realización de los
abiertos o convertir estos en subsidiarios. Ello iría en contravía de los postulados de
los artículos 13, 40.7 y 125 de la Carta Política porque impide el acceso de personas
externas a la carrera administrativa y, por lo tanto, se sacrifica el principio del mérito
como fundamento para acceder a la función pública.
34. Así se consideró en la sentencia C-1262 de 2005 en la que se examinó la
constitucionalidad de varias disposiciones del derogado Decreto Ley 765 de 2005 que
regulaba la carrera administrativa de la DIAN. En este decreto el artículo 36.1
determinaba que el concurso abierto se podía convocar «cuando no proceda el concurso
de ascenso, o cuando procediendo, el número de aspirantes dentro de la entidad resulta
insuficiente para garantizar una adecuada competición para la selección de los candidatos».
La Corte concluyó que esta limitación era inconstitucional por lo siguiente:
«El anterior contenido normativo es para la Corte contrario a los artículos 13, 40.7 y 125 de
la Constitución. Éste dispone el carácter subsidiario del concurso abierto y por tanto, la
subsidiariedad también del mecanismo mediante el que puede ingresar personal nuevo a
la DIAN. De ahí, que para la provisión de cargos en esta entidad se cierre la posibilidad a
las personas externas a ella. Como se ha explicado, el hecho que el artículo 36 bajo estudio,
disponga que en los concursos de ascenso pueden participar tanto personal inscrito en
20 PARÁGRAFO. “La Comisión Nacional del Servicio Civil determinará, en el término máximo de seis
(6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el procedimiento para que las
entidades y organismos reporten la Oferta Pública de Empleos, con el fin de viabilizar el concurso de
ascenso regulado en el presente artículo”.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, radicado
11001-03-25-000-2013-01248-00 (3216-2013) MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez; y sentencia del 3 de
septiembre de 2025, radicado 11001-03-25-000-2020-01045-00 (3337), MP. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
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carrera de la entidad, como personal no inscrito, no hace que las condiciones de ingreso a
los puestos de carrera de la DIAN sean igualitarias e imparciales. Además, la redacción del
inciso bajo estudio, consistente en que entre otras, la procedencia del concurso abierto
depende de si el número de aspirantes inscritos en carrera de la entidad es o no suficiente,
sugiere a esta Sala que en el concurso de ascenso no pueden participar personas externas
a la DIAN. Con todo, el orden de prioridad en la realización de los concursos es en todo
caso inconstitucional, en la medida en que la regulación de la carrera prescribe una
distinción entre el ingreso y el ascenso, siendo más restrictiva la de ingreso. Al igual que de
conformidad con lo expuesto hasta el momento, no resultan razonables las justificaciones
sobre la constitucionalidad del aparte analizado, según las cuales la prelación de la
realización del concurso de ascenso pretende incentivar a los empleados ya inscritos en
carrera. Como se dijo, existen otros medios que atienden de mejor manera el mencionado
incentivo, y no derivan en la vulneración de derechos fundamentales de otras personas»22.
35. El Decreto 71 de 2020 en el artículo 28 determinó las etapas del proceso de
selección para el ingreso y ascenso de la siguiente manera:
«Artículo 28. Etapas del proceso de selección para ingreso y ascenso. El proceso de
selección para el ingreso o ascenso de los empleos públicos de la DIAN comprende: (i) la
convocatoria; (ii) el reclutamiento; (iii) la aplicación y evaluación de las pruebas de
selección; (iv) la conformación de la lista de elegibles y (v) la vinculación a la carrera en
período de prueba. El contenido y objeto de estas etapas se define a continuación».
36. En lo que respecta a la etapa de «aplicación y evaluación de las pruebas de
selección» la norma en el numeral 28.3 estableció lo que se cita a continuación:
«28.3 Aplicación y evaluación de las pruebas de selección. Los aspirantes al ingreso o
ascenso a los empleos públicos de la DIAN, que fueren admitidos por reunir los requisitos
exigidos en la convocatoria, deberán presentar las pruebas o instrumentos de selección
correspondientes, las cuales tienen como finalidad apreciar las competencias, aptitudes,
habilidades y potencialidades del aspirante. A los aspirantes inscritos se les podrá aplicar
primero la prueba o pruebas eliminatorias y luego hacer la verificación de requisitos a
quienes la(s) superen. Las pruebas o instrumentos de selección, así como la evaluación y
calificación de las mismas, se regirán por las siguientes reglas:
a) Se diseñarán para identificar y validar las competencias de los aspirantes, de acuerdo
con lo requerido en los niveles jerárquicos de los empleos y las calidades laborales
requeridas para desempeñar con eficiencia el empleo a cuyo ingreso o ascenso se aspira.
b) Tendrá el derecho a integrar la lista de elegibles y a ser nombrado en la vacante
convocada quien obtenga un puntaje total aprobatorio que, en ningún caso, sea
inferior al setenta por ciento (70%) del máximo posible en el concurso, y quien haya
aprobado los exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas. Sin perjuicio de lo
anterior, la convocatoria podrá establecer un puntaje total aprobatorio superior.
c) La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, que
correspondan a criterios de objetividad e imparcialidad y con observancia del principio
constitucional de transparencia en el ejercicio de la función administrativa» [Se resalta].
37. Elliteral b) resaltado fue objeto de control de constitucionalidad y declarado
condicionalmente exequible en la sentencia C-331 de 2022. En los cargos de la
demanda se alegó que exigir a los participantes la aprobación de exámenes médicos
y de aptitudes psicofísicas para integrar la lista de elegibles no se relacionaba con la
evaluación que debía hacerse de los conocimientos y las destrezas de los candidatos
para ocupar el empleo. Además, se señaló que el criterio de escogencia se basaba en
un «criterio sospechoso de discriminación» y no en la evaluación del mérito.
38. Por lo anterior, en la sentencia se fijó como problema jurídico determinar si la
22 C-1262 de 2005.
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disposición, al exigir tal requisito, era contraria al principio de transparencia orientador
de la función pública y al derecho a acceder al desempeño de empleos públicos en
condiciones de igualdad y de mérito. Para resolver la cuestión, la Corte realizó un
recuento de distintas decisiones en las que avaló que en los concursos de méritos se
pidiera a los aspirantes cumplir con ciertas condiciones psicofísicas para acceder a los
empleos como una condición de eliminación. En ellas especificó que ello era posible
si se informaba previamente a los concursantes, no implicaba una discriminación y
existía una relación de necesidad entre la aptitud física y las funciones del cargo en
términos de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad 23.
39. En virtud de lo expuesto, la Corte consideró que la literalidad del requisito
eliminatorio previsto en el literal b) del artículo 28, numeral 28.3. era inconstitucional si
se aplicaba de manera general a todos los cargos ofertados. En ese sentido declaró
su exequibilidad en los siguientes términos:
«Por las razones antes expuestas y con el objetivo de respetar el principio de conservación
del derecho que obliga a que la declaratoria de inexequibilidad de una disposición legislativa
sea el último recurso que use la Corte Constitucional, la Sala Plena declarará la
exequibilidad condicionada del literal b) del artículo 28.3 del Decreto Ley 071 de 2020 en el
entendido de que la aprobación de los exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas sólo
puede exigirse cuando los candidatos hayan sido previa y debidamente advertidos acerca
de las circunstancias de salud o sicofísicas eliminatorias, y esa exigencia tenga una relación
con las funciones a desempeñar en el cargo en términos de razonabilidad y
proporcionalidad».
40. El Decreto 71 de 2020 en su artículo 29 estableció las pruebas para la provisión de
los empleos del nivel profesional. Para tal efecto dividió en dos fases el concurso de
méritos del siguiente modo:
«Artículo 29. Pruebas para la provisión de los empleos del nivel profesional de los
procesos misionales de la DIAN bajo las modalidades de ingreso o ascenso. Para la
provisión de los empleos bajo las modalidades de ingreso o ascenso, el proceso de
selección comprenderá dos (2) fases independientes, a saber:
29.1 Fase I. La Fase I corresponde a la aplicación de competencias básicas para la DIAN
y puede comprender pruebas de integridad, polígrafo y de competencias
comportamentales, según el perfil y el nivel del cargo al que se aspira. Esta fase es de
carácter eliminatorio y su mínimo aprobatorio se definirá en la convocatoria.
29.2 Fase II. A esta fase serán llamados, en estricto orden de puntaje, y en el número que
defina la convocatoria pública, los concursantes que alcancen o superen el puntaje mínimo
aprobatorio de la Fase I.
Esta fase se cumplirá con la realización de un curso de formación que, a discreción del
director de la DIAN, se podrá adelantar a través de:
a) La Escuela de Impuestos y Aduanas con programas específicos definidos por la
Comisión Nacional del Servicio Civil y con la participación de la DIAN, o
b) Contratos o convenios interadministrativos, celebrados entre la DIAN y las universidades
o instituciones de educación superior acreditadas ante el Ministerio de Educación, cuyo
objeto será desarrollar el curso con base en programas específicos definidos por la
Comisión Nacional del Servicio Civil y con la participación de la DIAN. En este evento,
dichas universidades o instituciones de educación superior deben certificar que cuentan
con programas en materia tributaria, aduanera y/o cambiaria, según corresponda, y
23 Entre las distintas sentencias que citó se puede consultar la T-1098 de 2004, T-785 de 2013, T-438
de 2018, T-586 de 2017 y T-160 de 2018 emitidas en relación con el concurso del INPEC.
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demostrar que tienen la infraestructura y la capacidad logística para el desarrollo del curso.
En ambos escenarios, el curso de formación tendrá un número mínimo de ciento veinte
(120) horas, que será definido en el acto de convocatoria, sobre conocimientos específicos
en asuntos tributarios, aduaneros y/o cambiarios, según corresponda, en relación con las
funciones del área funcional y la categoría del empleo, para cuya provisión se hubiere
convocado el concurso.
En virtud del principio de especialidad y sin perjuicio de la planta global y flexible de la
Entidad, los programas específicos del curso de formación solamente pueden
circunscribirse al asunto tributario, aduanero y/o cambiario, según el proceso misional al
cual pertenece el empleo a proveer».
41. El artículo fue objeto de control de constitucionalidad en las sentencias C-172 de
021 y C-331 de 2022. En la primera se analizó el numeral 29.2 que regló la fase II en
lo que respecta a la atribución conferida al director de la DIAN para que definiera a
«discreción» a través de qué institución se realizaría el curso de formación. En la
demanda se alegó que tal atribución desconocía la competencia de administración
otorgada la CNSC en el artículo 130 Constitucional.
42. La Corte explicó que en virtud de la función de administración otorgada por el
artículo 130 Constitucional a la CNSC, a esta le correspondía la elección y contratación
de las entidades que desarrollaran las distintas pruebas. Asimismo, señaló que la
colaboración armónica que debían prestar las entidades beneficiadas con el concurso
no podía afectar las competencias de aquella y su autonomía. De este modo decidió
respecto del apartado «a discreción del director de la DIAN», lo siguiente:
«167. Para la Sala la decisión que se ajusta al ordenamiento jurídico es la declaratoria
de inexequibilidad del apartado demandado. Al respecto, no ignora que, por virtud del
principio de conservación del derecho, en aquellos casos en los que el enunciado
permite una lectura constitucional es adecuado acudir a un condicionamiento,
expulsando aquellos sentidos que se oponen al ordenamiento superior. Tampoco pasa
por alto que, como ocurrió en la Sentencia C-183 de 2019, en algunos casos es válido
interpretar las facultades conferidas en este contexto a la luz de los principios sugeridos
por el Ministerio Público, no obstante, la contundencia de la expresión “a discreción del
Director de la DIAN” no deja margen para concluir algo distinto a que es “su
competencia”, contrariando, se insiste, el mandato del artículo 130 de la Constitución»24.
43. En la sentencia C-331 de 2022 se examinó la constitucionalidad de los literales a) y
b) del numeral 29.2 del artículo 29 analizado en concordancia con el artículo 12.1. Este
último reguló las funciones de la «Escuela de Impuestos y Aduanas de la DIAN» y entre
ellas definió que le correspondía «desarrollar los cursos de formación que correspondan a
la Fase II de los procesos de selección para la provisión definitiva de los empleos de carrera,
de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto-ley y en el reglamento».
44. Frente a esta función, la Corte consideró que no existía una vulneración de las
competencias de la CNSC previstas en el artículo 130 Constitucional, puesto que la
norma no le otorgó a la dependencia de la DIAN la facultad de desarrollar todo el
proceso de selección, sino solo una tarea operativa consistente en dictar el curso de
formación.
45. Además, de la interpretación de la norma en concordancia con el literal a) del
24 C-172 de 2021.
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artículo 29 del Decreto Ley 71 de 2020 que preceptuó que la Escuela de Impuestos y
Aduanas podía desarrollar el curso de formación con programas específicos definidos
por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Corte concluyó que la normativa no le
concedía a tal escuela la facultad de evaluación de la segunda fase del concurso.
46. Por el contrario, consideró que esta función permaneció en cabeza de la CNSC. La
Corte agregó que la DIAN podía ejercer tal labor en virtud del principio de colaboración
armónica y eficiencia establecidos en los artículos 113 y 209 Constitucionales. No
obstante, declaró la exequibilidad condicionada del literal a) del numeral 29.2 del
artículo 29 en los siguientes términos:
«98. No obstante, la disposición analizada podría interpretarse en desmedro de las
competencias de la CNSC, porque, por ejemplo, algunos podrían asumir que la misma le
atribuye la función de evaluación de los candidatos a la Escuela de Impuestos y Aduanas
de la DIAN o que permite a la Escuela de Impuestos y Aduanas definir libremente los
lineamientos del curso de formación. Por esas razones, la Sala tomará una decisión de
constitucionalidad condicionada de manera que la norma será declarada exequible siempre
y cuando se entienda lo siguiente. Primero, que la CNSC puede intervenir en el diseño de
los cursos de formación que imparta la Escuela de Impuestos y Aduanas de la DIAN durante
la fase II de los procesos de selección. Segundo, que dicha comisión es la competente para
llevar a cabo la evaluación de los candidatos, pues esa función hace parte de la
administración de la carrera administrativa.
99. Finalmente, bajo ese entendimiento, la Corte Constitucional concluye que el artículo
12.1 es exequible porque asegura la imparcialidad de los concursos de méritos en la medida
en la que el nominador de los cargos a proveer no es el que evalúa a los candidatos.
Además, la norma no restringe la autonomía y la independencia de la CNSC. En efecto, si
la disposición analizada se interpreta en concordancia con lo señalado en el artículo 29 del
Decreto Ley 071 de 2020 y a partir de lo dispuesto en la C-172 de 2021, se infiere que la
Escuela de Impuestos y Aduanas de la DIAN debe impartir el curso de formación a partir
de los programas específicos definidos en conjunto con la CNSC y sólo si es elegida por
dicha comisión para tal fin, así como lo afirmó la Procuradora General de la Nación en su
concepto.
100. Por esos motivos, la Corte declarará la exequibilidad del artículo 12.1 del Decreto Ley
071 de 2020, siempre y cuando se entienda que la CNSC puede intervenir en el diseño de
los cursos y que la competencia para la evaluación le corresponde exclusivamente a esta,
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 071 de 2020»25.
47. Como complemento de lo anterior, en la sentencia se precisó que el literal a) del
numeral 29.2 del artículo 29 del Decreto 71 de 2020 con su expresión « con la
participación de la DIAN» no facultó a la DIAN para definir el componente técnico del
concurso. A juicio de la Corte no fue así porque la disposición preveía que el curso de
formación podrá ser adelantado por la Escuela de Impuestos y Aduanas « con
programas específicos definidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil y con la
participación de la DIAN», lo que significaba que es esta última entidad la que controlaba
el desarrollo del curso. Sin embargo, en la providencia se decidió condicionar la
constitucionalidad de la expresión «con la participación de la DIAN» para evitar otras
interpretaciones. Así lo señaló:
«106. Con todo, para evitar interpretaciones incompatibles con la Constitución, la Sala
condicionará la expresión “con la participación de la DIAN”, contenida en el literal a) del
artículo 29.2 del Decreto Ley 071 de 2020, bajo el entendido de que se deberá respetar y
reconocer la función constitucional de administración y vigilancia del Sistema Específico de
Carrera de la DIAN que corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil»26.
25 C-331 de 2022.
26 Ibidem.
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48. Finalmente, la Corte se refirió al literal b) del numeral 29.2 del artículo 29 del Decreto
71 de 2020 que otorgaba a la DIAN la potestad de contratar o suscribir convenios con
universidades o instituciones de educación superior para desarrollar el curso de
formación previsto en la fase II del concurso.
49. Sobre el particular, determinó que al haberse declarado inexequible la expresión « a
discreción del director de la DIAN» en la sentencia C-172 de 2021 que se analizó antes,
la normativa estudiada era exequible porque el literal debía entenderse como una
norma que entregaba una tarea de gestión contractual a la DIAN que debe adelantar
en los precisos términos indicados por la CNSC. En palabras de la citada corporación
«esa comisión es la entidad competente para precisar los términos en los que la DIAN debe
celebrar los contratos o convenios interadministrativos a los que se refiere el literal b) del
artículo 29.2 del Decreto Ley 071 de 2020».
50. Para evitar otras interpretaciones de literal la Corte condicionó su constitucionalidad
de la siguiente manera:
«Finalmente, la Sala Plena estima que, para evitar interpretaciones contrarias a la
Constitución, es necesario declarar la exequibilidad del literal b) del artículo 29.2 bajo el
entendido de que la competencia para la evaluación le corresponde exclusivamente a la
CNSC. Esa solución se impone debido a que, incluso cuando se celebren contratos o
convenios interadministrativos entre la DIAN y las universidades o instituciones de
educación superior acreditadas para llevar a cabo el curso de formación, el dominio de la
evaluación de los candidatos le corresponde a la CNSC. Desde esa perspectiva, esa
comisión deberá, a su discreción, llevar a cabo la evaluación directamente o fijar los
lineamientos precisos que deberán seguir las universidades o instituciones de educación
superior acreditadas que sean escogidas para evaluar a los candidatos»27.
2.3.3. El principio de colaboración para la expedición del acto de convocatoria a
concurso de méritos
51. Como se mencionó antes, la CNSC es la entidad encargada de la elaboración de
las convocatorias a concurso para el acceso al desempeño de empleos públicos de
carrera. Esta compentencia se reiteró en el artículo 30 de la Ley 909 de 2004, con la
precisión de que los costos que genere el proceso de selección estarán a cargo de la
entidad para la cual se adelante el concurso. Esta labor se desarrolla a través de
contratos o convenios interadministativos suscritos con universidades o instituciones
de educación superior acreditadas para ello.
52. De conformidad con el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, para que una persona
logre su inscripción en el escalafón de carrera administrativa, deberá superar las
etapas del concurso de méritos, estas son: convocatoria, reclutamiento, práctica de
pruebas, elaboración de lista de elegibles y nombramiento en período de prueba.
53. En lo relevante al particular, es importante precisar que el numeral 1 del citado
artículo 31 de la Ley 909 dispone: «[l]a convocatoria, que deberá ser suscrita por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es norma reguladora
de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la
realización del concurso y a los participantes». La expresión destacada ha sido objeto de
estudio por esta coporación y por la Corte Constitucional.
27 Ibidem.
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54. En relación con la suscripción de la convocatoria a concurso por parte del jefe de la
entidad como requisito de la validez del acto, en sentencia del 31 de enero de 201928
de la Sección Segunda consideró que la «ausencia formal de este requisito» podía
subsanarse. En este sentido, era necesario que con otros medios probatorios pudiera
verificarse la participación de la entidad beneficiaria del proceso de selección de
personal en el «iter administrativo que culminó con la convocatoria pública».
55. Sobre el punto, el fallo destacó que, aunque la CNSC es la encargada de
administrar los concursos públicos de méritos, el órgano beneficiario del proceso debe
participar activamente en el proceso de planeación y preparación del instrumento
jurídico. Esta intervención se considera cumplida cuando el último firma el documento
o realiza actuaciones que demuestran su colaboración activa y coordinada en su
emisión29.
56. Esta posición se reiteró en el auto del 7 de marzo de 201930. En esta providencia
esta Sección hizo un recuento de las tesis que hasta ese momento se habían expuesto
sobre la interpretación del artículo 31.1 de la Ley 909 y destacó la validez del criterio
adoptado en la sentencia del 31 de enero de ese año.
57. En esta línea, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de la
expresión «el Jefe de la entidad u organismo» en la sentencia sentencia C-183 del 8 de
mayo de 2019, en los siguientes términos:
«Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión “el jefe de la entidad u
organismo”, contenida en el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, bajo el
entendido de que, (i) el jefe de la entidad u organismo puede suscribir el acto de
convocatoria, como manifestación del principio de colaboración armónica, y (ii) en todo caso
la Comisión Nacional de Servicio Civil no puede disponer la realización de un concurso sin
que previamente se hayan cumplido en la entidad destinataria los presupuestos de
planeación y presupuestales previstos en la ley, en los términos del fundamento jurídico
4.6.2. de esta sentencia». (sic)
58. Precisamente, el fundamento jurídico 4.6.2. de la providencia en mención consideró
que pese a que la CNSC era la única competente para fijar la norma reguladora del
concurso, algunos elementos necesarios para la expedición del acto de convocatoria
correspondían a otras entidades. Entre ellos, la elaboración del plan anual de empleos
vacantes era responsabilidad del Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP) y las Unidades de Personal de las Entidades (UPE), mientras que la
financiación de los costos del concurso correspondía a cada entidad u organismo.
59. Las UPE tenían responsabilidades como determinar los perfiles de los cargos,
elaborar los planes de vacantes y los manuales de funciones, y estimar los costos de
cubrir dichos cargos. Por su parte, el DAFP se encargaba de la política, planeación y
coordinación del recurso humano, y de apoyar a la CNSC cuando fuera necesario.
60. Igualmente, la Corte destacó que la financiación adecuada era un requisito
indispensable para la realización del concurso, y la falta de disponibilidad presupuestal
podría hacer inviable el concurso. Sin embargo, el jefe de la entidad u organismo no
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 31 de enero de 2019, radicación: 11001-03-25-
000-2016-01017-00 (4574-2016), MP. César Palomino Cortés.
29 Cfr. Ibidem.
30 Op. Cit. Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 7 de marzo de 2019, radicado: 11001-03-25-
000-2017-00326-00 (1563-2017), demandante: Colegio Nacional de Inspectores de Trabajo (CNIT).
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tenía competencia sobre el contenido de la convocatoria, aunque sí debía garantizar
la financiación del concurso.
61. En suma, la convocatoria era competencia exclusiva de la CNSC y la colaboración
armónica entre las diferentes entidades es esencial para el cumplimiento de los fines
del Estado. En este sentido, la sentencia C-645 de 2017 indicó que la competencia del
jefe de la entidad (en ese caso el Inpec) para hacer la convocatoria era exequible, bajo
el entendido de que concurría «como participante para planear y presupuestar la
convocatoria, pero la competencia relacionada con asegurar la implementación y velar por el
adecuado funcionamiento de la realización del concurso, así como su administración y
vigilancia recae exclusivamente sobre la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC».
62. Finalmente, en sentencia C-183 de 2019 se concluyó que la firma de la convocatoria
por parte del jefe de la entidad u organismo no afectaba su validez, puesto que la
competencia para elaborar y administrar la convocatoria recaía exclusivamente en la
CNSC.
63. De acuerdo con lo anterior, la convocatoria al concurso de méritos supone el
ejercicio de funciones separadas e independientes de la CNSC y de las entidades
beneficiarias de aquel. Sin embargo, aquellas deben coordinarse de forma armónica
con el fin de desarrollar la actuación administrativa que permita la selección del
personal más idóneo para el desarrollo de las funciones públicas.
2.3.4. La Oferta Pública de Empleos de Carrera
64. La oferta pública de empleos de carrera31 es el acto por medio del cual la
administración le comunica al ente responsable de la elaboración del concurso de
méritos los cargos que se encuentran vacantes definitivamente, con la finalidad de que
sean provistos a través del respectivo proceso de selección. Este instrumento se
instituye en parámetro para la elaboración de las pruebas e instrumentos del proceso
de selección. A su vez deben ser proporcionales a las condiciones que se exigen para
el desempeño de cada cargo, tal y como lo prevé el artículo 2.2.6.13 del Decreto 1083
de 2015:
«ARTÍCULO 2.2.6.13 Pruebas o instrumentos de selección. Las pruebas o instrumentos
de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y potencialidad de los
aspirantes y establecer una clasificación de los mismos, respecto de las competencias
requeridas para desempeñar con eficiencia las funciones y las responsabilidades de
un cargo. La valoración de estos factores se hará mediante pruebas orales, escritas, de
ejecución, análisis de antecedentes, entrevistas, evaluación final de cursos efectuados
dentro del proceso de selección y otros medios técnicos que respondan a criterios de
objetividad e imparcialidad con parámetros de calificación previamente determinados.
En los concursos se aplicarán mínimo dos pruebas, una de las cuales será escrita o de
ejecución, dependiendo de la naturaleza de las funciones de los empleos a proveer.»
(sic) [Se resalta]
65. Una vez elaborada la lista de elegibles deben cubrirse las vacantes para las cuales
se efectuó el concurso32, aspecto que depende de la oferta de empleos remitida por la
entidad previamente a la iniciación del concurso, sin perjuicio de lo previsto para la
utilización del Banco Nacional de Listas de Elegibles.
31 En adelante OPEC.
32 Ley 909 de 2004, artículo 31, numeral 4, el cual más adelante fue modificado por el artículo 6 de la
Ley 1960 de 2019.
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66. En lo relacionado con los parámetros de su reporte, el parágrafo del artículo 29 de
la Ley 909 de 2004 señala que la CNSC es el ente responsable de dictar el
procedimiento y los lineamientos para que las diferentes entidades informen sobre las
plazas vacantes, con la finalidad de hacer viables los concursos.
67. Más adelante, el Decreto 4500 del 5 de diciembre de 200533 indicó que, tanto en la
fase de preselección como en la específica, la CNSC puede modificar cualquier
aspecto de la convocatoria «hasta antes de la fecha de iniciación de inscripciones, o de la
escogencia del empleo en la segunda fase o específica»34. Dentro de los aspectos referidos
por la norma susceptibles de modificación se incluye la OPEC de manera que no
podrán producirse concluidas las etapas allí previstas.
68. Más adelante, el Decreto 051 del 16 de enero de 2018 35, en el artículo 3, adicionó
el artículo 2.2.6.34 al Decreto 1083 de 2015, para regular la periodicidad del reporte
de vacantes de forma definitiva, según las indicaciones de la CNSC, enfatizar el
proceso planeación conjunta y armónica del concurso de méritos y la actualización de
los manuales de funciones y compentencias laborales, así:
«ARTÍCULO 2.2.6.34. Registro de los empleos vacantes de manera definitiva. Los
jefes de personal o quienes hagan sus veces en las entidades pertenecientes a los sistemas
general de carrera y especifico o especial de origen legal vigilados por la Comisión Nacional
del Servicio Civil, deberán reportar los empleos vacantes de manera definitiva, en el
aplicativo Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC de la Comisión Nacional del
Servicio Civil, con la periodicidad y lineamientos que esta establezca.
Las entidades deben participar con la Comisión Nacional de Servicio Civil en el proceso de
planeación conjunta y armónica del concurso de méritos. La convocatoria deberá ser
firmada por la Comisión Nacional de Servicio Civil y por el jefe de la entidad pública
respectiva.
Previo al inicio de la planeación del concurso la entidad deberá tener actualizado su manual
de funciones y competencias laborales y definir los ejes temáticos.
En la asignación de las cuotas sectoriales las dependencias encargadas del manejo del
presupuesto en los entes territoriales deberán apropiar el monto de los recursos destinados
para adelantar los concursos de méritos.
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 110 del Estatuto Orgánico de Presupuesto
• EOP y el techo del Marco de Gasto de Mediano Plazo, las entidades del nivel nacional
deberán priorizar el gasto para adelantar los concursos de méritos. Igualmente, los cargos
que se sometan a concurso deberán contar con el respectivo certificado de disponibilidad
presupuestal, de acuerdo con lo establecido en el EOP». (sic)
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre la legitimación en la causa por pasiva de la DIAN
69. La DIAN estructuró su defensa sobre el argumento de la falta de legitimación en la
causa por pasiva, con fundamento en que la CNSC fue la autoridad que expidió el
Acuerdo 285 de 2020 y en que no habría intervenido en la estructuración de la
convocatoria ni determinado las fases o pruebas que integraron el proceso de
selección. Bajo esa perspectiva, sostuvo que la controversia debía dirigirse
exclusivamente contra la CNSC, como autora del acto administrativo cuestionado.
33 «Por el cual se reglamenta el artículo 24 de la Ley 443 de 1998 y la Ley 909 de 2004»
34 Artículo 1, parágrafo 2, del Decreto 4500 de 2005.
35 «Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector
Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 2009».
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70. Para resolver ese argumento debe recordarse que la legitimación en la causa
constituye un presupuesto relacionado con la relación jurídica sustancial que vincula a
las partes con el objeto de la controversia. En particular, la legitimación material por
pasiva se configura cuando existe una conexión entre la parte demandada y los hechos
o la situación jurídica que sustenta las pretensiones.
71. Por ello, la legitimación en la causa por pasiva en el presente asunto no depende
exclusivamente de identificar quién expidió formalmente el acto acusado, sino de
establecer si la entidad demandada tiene una relación sustancial con la controversia y
con los efectos que eventualmente se deriven de la decisión judicial.
72. Desde ese punto no resulta suficiente para excluir a la DIAN del presente proceso
el hecho de que el Acuerdo 285 de 2020 haya sido expedido por la CNSC. Si bien esta
última entidad es la autora formal del acto administrativo demandado y tiene una
vinculación directa con la controversia, ello no significa que la DIAN carezca de toda
relación con el proceso de selección, pues, se insiste, la legitimación por pasiva no se
determina únicamente a partir de quién elaboró el acto, sino también de la participación
de la entidad en la situación jurídica que dio origen al litigio y del interés que pueda
tener en sus resultados.
73. Así, el artículo 31 de la Ley 909 de 200436 prevé un deber de colaboración entre la
CNSC y las entidades cuyos empleos deban proveerse mediante concurso, al
establecer que estas deben colaborar armónicamente con la Comisión para el
desarrollo de los procesos de selección. Esta regla adquiere particular relevancia en
el caso de la DIAN, cuyo sistema específico de carrera se encontraba regulado por el
Decreto 71 de 2020, que estableció que la convocatoria debía ser expedida por la
CNSC previa coordinación y planeación con la DIAN, lo que quiere decir que la
regulación no concibió el concurso como una actuación completamente ajena a la
entidad cuyos empleos serían provistos.
74. A ello se suma que en la expedición del acuerdo sí intervino el director general de
la DIAN, quien suscribió el acto junto con el presidente de la CNSC. Esta circunstancia
evidencia que la convocatoria correspondió a un proceso en cuya planeación y
formalización participó la entidad, sin perjuicio de que la competencia para expedir el
acto administrativo estuviera radicada en la CNSC.
75. Asimismo, el objeto del proceso de selección demuestra la existencia de una
relación sustancial de la DIAN con el presente litigio, pues el concurso convocado tuvo
por finalidad proveer empleos vacantes de la planta de personal de esa entidad
pertenecientes a su sistema específico de carrera administrativa. Por ello, las reglas
cuya legalidad se cuestiona no se relacionan exclusivamente con la CNSC, sino que
inciden directamente en la forma en que la DIAN provee sus empleos de carrera, en la
conformación de sus listas de elegibles y, eventualmente, en la vinculación de quienes
superaron el proceso de selección.
76. En ese sentido, una eventual decisión que declare la nulidad de las reglas
demandadas tendría efectos que trascienden a la autoridad que expidió formalmente
el acto. La eventual modificación de las condiciones bajo las cuales se desarrolló el
concurso podría repercutir en la provisión de los empleos de la DIAN y en las
36 En cuyo artículo 4 se previeron los sistemas específicos de carrera administrativa, como el de la DIAN.
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situaciones jurídicas derivadas de dicho proceso. Entonces, sí existe interés jurídico y
material de la entidad en las resultas del proceso que permite establecer la conexión
necesaria entre esta y la situación fáctica y jurídica aquí discutida.
77. En consecuencia, no se encontró configurada la falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por la DIAN, pues esta entidad sí tiene un interés en las resultas
del proceso y una relación directa con el concurso cuya regulación se controvierte. Por
tanto, la excepción será declarada no probada, sin perjuicio de que la responsabilidad
específica por la expedición del acto administrativo y el análisis de su legalidad deban
establecerse al resolver de fondo las pretensiones de la demanda.
2.4.2. Sobre la legalidad del artículo 17 del Acuerdo 285 de 2020
78. La parte demandante cuestionó la legalidad del artículo 17 del Acuerdo 285 del 10
de septiembre de 2020, en cuanto atribuyó carácter eliminatorio a la fase II del proceso
de selección DIAN 1461 de 2020. En concreto, sostuvo que el Decreto 71 de 2020
únicamente otorgó esa naturaleza a la fase I y que, por ello, la CNSC carecía de
competencia para extenderla al curso de formación correspondiente a la fase II. A partir
de esa premisa, planteó que la regla desconoció la forma en que el decreto ordenó
conformar la lista de elegibles, afectó el principio del mérito y condujo a que algunas
vacantes no fueran provistas, pese a que determinados concursantes habrían
alcanzado el puntaje requerido al sumar los resultados de las dos fases.
79. Como cuestión preliminar, advierte la Sala que el artículo 17 del Acuerdo 285 de
2020 ya fue objeto de examen por esta Sección en sentencia del 3 de septiembre de
202537, proferida dentro del proceso de nulidad identificado con radicado 11001-03-
25-000-2020-01045-00, en el que también se cuestionó el carácter eliminatorio de las
pruebas previstas en dicha disposición. No obstante, ese pronunciamiento no impide
abordar el cargo que ahora se formula, pues la controversia resuelta en aquella
oportunidad estuvo delimitada por un reproche sustancialmente distinto.
80. En ese proceso el cuestionamiento se dirigió a establecer si la fijación de etapas
eliminatorias en el concurso desconocía la jurisprudencia constitucional,
particularmente las sentencias C-1122 de 2005 y C-478 de 2005 de la Corte
Constitucional. El debate se centró en determinar si el ordenamiento superior impedía
que las pruebas, en general, tuvieran carácter eliminatorio y si ello afectaba el principio
del mérito. La Sala concluyó que ese reproche no estaba llamado a prosperar.
81. Para arribar a esa conclusión, se precisó que el artículo 125 de la Constitución
permite al legislador establecer las reglas de los sistemas de carrera y determinar las
condiciones de los concursos, siempre que se respeten los principios que los
gobiernan. Asimismo, se explicó que la sentencia C-1122 de 2005 no estableció una
prohibición general de las etapas eliminatorias, sino que, por el contrario, esa
providencia examinó el supuesto en el que una prueba de conocimientos tuviera un
carácter exclusivamente eliminatorio, sin que sus resultados fueran considerados para
la clasificación posterior de los aspirantes. La Corte encontró constitucionalmente
inadmisible esa interpretación porque los conocimientos acreditados por los
concursantes constituyen un elemento del mérito que debe incidir en su clasificación.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de septiembre de 2025,
radicado 11001-03-25-000-2020-01045-00 (3337), MP. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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82. A su vez, la sentencia C-478 de 2005 tampoco estableció una prohibición general
de las etapas eliminatorias. En esa oportunidad se examinó la utilización de la
entrevista como instrumento de evaluación dentro de un concurso de méritos y se
resaltó la necesidad de que su aplicación estuviera sometida a criterios de objetividad,
transparencia e igualdad. Por ello, en aquella oportunidad esta Subsección descartó
que la sola incorporación de etapas eliminatorias en el artículo 17 del Acuerdo 285
comportara, por sí misma, el desconocimiento de esa jurisprudencia constitucional.
83. El cargo que ahora se examina, sin embargo, no parte de esa premisa. La
demandante no sostiene que las etapas eliminatorias estén constitucionalmente
proscritas ni que el artículo 17 sea ilegal por desconocer, en abstracto, la
jurisprudencia constitucional sobre el principio del mérito. Su reproche obedece a que
el Decreto 71 de 2020 solamente atribuyó carácter eliminatorio a la fase I y que, al
extender esa consecuencia a la fase II, la CNSC habría desbordado las facultades que
le fueron conferidas y modificado una condición que había sido establecida
directamente por el gobierno en ejercicio de la facultad extraordinaria del legislador.
84. Ahora bien, el hecho de que una disposición haya sido objeto de un
pronunciamiento judicial previo en el que se desestimó su nulidad no impide que pueda
ser nuevamente cuestionada. El artículo 189 del CPACA estableció que la sentencia
que niegue la nulidad de un acto administrativo produce efectos de cosa juzgada erga
omnes, pero únicamente en relación con la causa petendi juzgada. De esta manera,
la cosa juzgada se circunscribe a los cargos y fundamentos de violación que fueron
efectivamente examinados por el juez, de modo que un mismo acto administrativo
puede ser sometido a un nuevo juicio de legalidad cuando el reproche planteado difiere
del que fue objeto en una decisión anterior. Postura que ha sido asumida por esta
corporación en otras oportunidades38.
85. Así las cosas, debido a que la discusión planteada por la demandante en este
asunto está relacionada con el alcance de las competencias ejercidas por la CNSC y
con la interpretación que corresponde dar a los artículos 28 y 29 del Decreto 71 de
2020, es claro que existe una diferencia sustancial entre el objeto del debate decidido
en aquella oportunidad y el que corresponde resolver ahora, razón por la cual no se
configuró la cosa juzgada respecto del cargo actualmente planteado.
86. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto la Sala debe decir que los argumentos
propuestos por la actora no están llamados a prosperar porque parten de una
interpretación aislada del artículo 29 del Decreto 71 de 2020, que señala lo siguiente:
«Artículo 29. Pruebas para la provisión de los empleos del nivel profesional de los procesos
misionales de la DIAN bajo las modalidades de ingreso o ascenso. Para la provisión de los
empleos bajo las modalidades de ingreso o ascenso, el proceso de selección comprenderá
dos (2) fases independientes, a saber:
29.1 Fase l. La Fase I corresponde a la aplicación de competencias básicas para la DIAN y
puede comprender pruebas de integridad, polígrafo y de competencias comportamentales,
según el perfil y el nivel del cargo al que se aspira. Esta fase es de carácter eliminatorio y
su mínimo aprobatorio se definirá en la convocatoria.
29.2 Fase II. A esta fase serán llamados, en estricto orden de puntaje, y en el número que
38 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2019, radicado 11001-03-25-000-2013-
01515-00 (3871-13), MP César Palomino Cortés.
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defina la convocatoria pública, los concursantes que alcancen o superen el puntaje mínimo
aprobatorio de la Fase l.
Esta fase se cumplirá con la realización de un curso de formación que, a discreción del
Director de la DIAN, se podrá adelantar a través de: […]».
87. Por su parte, el artículo 28.3 señaló lo siguiente:
Artículo 28. Etapas del proceso de selección para ingreso y ascenso. El proceso de
selección para el ingreso o ascenso de los empleos públicos de la DIAN comprende: (i) la
convocatoria; (ii) el reclutamiento; (iii) la aplicación y evaluación de las pruebas de
selección; (iv) la conformación de la lista de elegibles y (v) la vinculación a la carrera en
período de prueba. El contenido y objeto de estas etapas se define a continuación:
[…]
28.3 Aplicación y evaluación de las pruebas de selección. Los aspirantes al ingreso o
ascenso a los empleos públicos de la DIAN, que fueren admitidos por reunir los requisitos
exigidos en la convocatoria, deberán presentar las pruebas o instrumentos de selección
correspondientes, las cuales tienen como finalidad apreciar las competencias, aptitudes,
habilidades y potencialidades del aspirante. A los aspirantes inscritos se les podrá aplicar
primero la prueba o pruebas eliminatorias y luego hacer la verificación de requisitos a
quienes la(s) superen. Las pruebas o instrumentos de selección, así como la evaluación y
calificación de las mismas, se regirán por las siguientes reglas: […]» [se resalta]
88. Entonces, si bien el ordinal 29.1 de esa disposición estableció expresamente que la
fase I tenía carácter eliminatorio, de ello no se desprende que el legislador hubiera
prohibido atribuir ese efecto a las pruebas o instrumentos que integraran la fase II. Por
el contrario, el artículo 28.3 del mismo decreto previó expresamente la posibilidad de
aplicar pruebas eliminatorias dentro del proceso de selección, mientras que el artículo
29 reguló las fases que lo componían. Esta regulación debe interpretarse de manera
sistemática y no a partir de la sola circunstancia de que el gobierno nacional hubiera
calificado expresamente como eliminatoria la fase I.
89. En otras palabras, el empleo de la expresión plural « pruebas eliminatorias» en el
artículo 28.3 demuestra que se previó la posibilidad de aplicar varias pruebas de
carácter eliminatorio, sin limitarla a una sola prueba o fase del proceso de selección,
cuya definición podía establecerse en la convocatoria. Por su parte, al disponer en el
artículo 29.1 que la fase I «es de carácter eliminatorio», estableció de manera expresa e
inequívoca que dicha fase debía tener necesariamente ese efecto, pero no señaló que
fuera la única etapa susceptible de ser eliminatoria ni excluyó que otras pruebas o
instrumentos de selección pudieran revestir igual carácter. Por ello, la mención expresa
de la fase I como eliminatoria no puede entenderse, por sí sola, como una prohibición
para atribuir ese efecto a la fase II.
90. Así, de la citada norma no puede extraerse una limitación para que dentro de la
estructura del proceso se establecieran condiciones mínimas de aprobación respecto
de la fase II, particularmente cuando esta comprendía un curso de formación orientado
a los conocimientos específicos requeridos para el desempeño de los empleos de la
DIAN y cuando el mismo Decreto Ley 71 de 2020 señaló en el artículo 28.4 que la fase
II tendría mayor peso en la calificación final. Así se indicó en la norma:
«28.4 Lista de Elegibles. Para el caso de los procesos de selección para empleos del nivel
profesional de los procesos misionales, la lista de elegibles se conformará en estricto orden
de mérito de acuerdo con la sumatoria de los puntajes ponderados obtenidos por el
aspirante en la Fase 1 y en la Fase II de que trata el presente Decreto-ley, siendo en todo
caso la del curso (Fase II) la de mayor peso.» [sic] [se resalta]
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91. En esa medida, no se advierte que la CNSC excediera el marco normativo del
concurso ni extralimitara sus competencias al fijar como eliminatoria la Fase II del
concurso por 5 razones centrales a saber: i) el carácter eliminatorio expresamente
asignado a la Fase I no impuso ninguna restricción para definir así la Fase II; ii) el
artículo 29 del Decreto Ley 71 de 2020 debe interpretarse de manera sistemática con
los artículos 28.3 y 28.4 ibidem; iii) la previsión de múltiples pruebas eliminatorias; iv)
el margen de configuración concedido a la convocatoria; iv) la finalidad de la Fase II
orientada a la calificación de conocimientos específicos de los empleos; y v) el mayor
peso de calificación de la Fase II.
92. Ahora, si bien el artículo citado alude a la « sumatoria de los puntajes ponderados», lo
cierto es que dicha disposición regula la conformación de la lista de elegibles, esto es,
la ubicación que se asigna a los participantes una vez superada la etapa de aplicación
y evaluación de las pruebas. En ese orden, a la luz del artículo 28 del Decreto 71 de
2020, la ponderación invocada por la demandante resulta predicable de la fase en la
que se define el orden de mérito para efectos de los nombramientos, mas no de la
etapa de evaluación.
93. En esas condiciones, el Acuerdo 285 de 2020 no puede entenderse como un acto
mediante el cual la CNSC hubiera creado una etapa ajena al diseño legal del concurso
o hubiera sustituido la regulación contenida en el Decreto 71 de 2020. La convocatoria
desarrolló las condiciones específicas bajo las cuales debían adelantarse las fases
previstas por el legislador y determinó los efectos de los resultados obtenidos en ellas,
dentro del ámbito de sus competencias para administrar y adelantar el proceso de
selección. A ello se suma que la convocatoria fue producto de la actuación conjunta
de la CNSC y la DIAN, entidades que intervinieron en la estructuración del proceso y
fijaron sus reglas antes de su iniciación.
94. Debe recordarse que el citado carácter eliminatorio se encontraba establecido en la
convocatoria antes de que los interesados participaran en el proceso de selección. Por
tanto, quienes decidieron inscribirse conocieron de manera previa las fases que
componían el concurso, las pruebas que debían superar, los puntajes exigidos y las
consecuencias derivadas de no alcanzar los mínimos establecidos, lo que quiere decir
que esa regla no fue introducida durante el desarrollo del concurso ni aplicada de
manera diferenciada a determinados participantes, sino que constituyó una condición
general y previamente conocida que se aplicó por igual a quienes concurrieron al
proceso.
95. Esta circunstancia también permite descartar que la regla cuestionada haya
desconocido los principios de igualdad, transparencia y objetividad que gobiernan los
concursos de méritos, pues el principio de igualdad no exige que todos los
concursantes obtengan necesariamente el derecho a integrar una lista de elegibles,
sino que las condiciones de acceso y evaluación sean objetivas, previamente
establecidas y aplicadas de manera uniforme.
96. Tampoco puede acogerse el argumento según el cual la regla cuestionada
desconoció el principio del mérito por el hecho de que algunos concursantes hubieran
obtenido un puntaje acumulado superior al 70% sin alcanzar ese porcentaje en la fase
II, toda vez que la exigencia de superar un mínimo en el curso de formación no resulta
contraria al mérito, por el contrario, si esa etapa estaba dirigida a valorar conocimientos
y competencias funcionales relacionados con los empleos ofertados, exigir un nivel
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mínimo de desempeño podía constituir un mecanismo legítimo para garantizar que
quienes accedieran a los cargos acreditaran las competencias específicas requeridas
para su ejercicio.
97. De igual manera, la invocación de la sentencia C-1122 de 2005 no conduce a una
conclusión diferente. Como se explicó, esa providencia no prohibió el establecimiento
de pruebas eliminatorias, sino que cuestionó que los resultados de la prueba de
conocimientos fueran tenidos en cuenta únicamente para efectos eliminatorios, de
manera que sus resultados no fueran valorados en las etapas clasificatorias. Por
consiguiente, el precedente constitucional no permite afirmar que toda etapa que tenga
un efecto eliminatorio sea incompatible con el principio del mérito, ni demuestra que la
CNSC careciera de competencia para establecer las condiciones de aprobación de la
fase II.
98. Tampoco resulta suficiente para desvirtuar la legalidad del acto el hecho de que
algunas de las vacantes ofertadas no fueran provistas porque la finalidad del concurso
de méritos consiste en seleccionar, con fundamento en criterios objetivos, a quienes
acrediten las condiciones y competencias requeridas para desempeñar los empleos
públicos, mas no en garantizar que todas las vacantes ofertadas sean necesariamente
ocupadas, con independencia de los resultados obtenidos por los participantes. De ahí
que la existencia de vacantes desiertas no constituya evidencia de que las reglas del
concurso sean contrarias a su finalidad constitucional.
99. Además, de conformidad con los datos disponibles sobre el proceso de selección
DIAN 1461 de 202039, se ofertaron 1.500 vacantes de las cuales se declararon 74
desiertas por parte de la CNSC, se proveyeron 1.372 empleos de manera definitiva y
se profirieron «1.473» nombramientos que incluyeron 87 recomposiciones en los
niveles profesional, técnico y asistencial.
100. Así, los ejemplos planteados por la demandante respecto de las OPEC 127011,
127231 y 127246 muestran que en determinados empleos no se cubrió la totalidad de
las vacantes inicialmente ofertadas, pero no permiten extender esa situación a la
totalidad del concurso ni acreditar que este hubiera fracasado en su finalidad. Por el
contrario, la información oficial evidencia que se trató de un proceso diseñado para
proveer 1.500 vacantes y que sus resultados fueron utilizados efectivamente para
efectuar nombramientos, con un resultado satisfactorio de más del 90% de la oferta.
101. En esas condiciones, tampoco se encontró demostrado que la regla cuestionada
hubiera perseguido una finalidad distinta de aquella propia del proceso de selección o
que hubiera generado, por sí misma, un favorecimiento indebido de la provisionalidad.
La eventual existencia de cargos que permanecieron vacantes después del concurso
no demuestra una irregularidad en la formulación de las bases del concurso, pues
puede obedecer a que los participantes no alcanzaron los estándares previamente
establecidos, además de que la decisión de no incluir en las listas de elegibles a
quienes no superaron una condición eliminatoria previamente fijada no constituye una
actuación contraria al interés público.
102. En consecuencia, la Sala concluye que no se acreditó que la CNSC hubiera
39 Información recuperada en el enlace: https://www.dian.gov.co/dian/entidad/PlanEvalInstitucional/5-
Plan-Estrategico-de-Talento-Humano-2024.pdf
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excedido las competencias que le correspondían al establecer el carácter eliminatorio
de la fase II del proceso de selección DIAN 1461 de 2020. Lo anterior porque el artículo
29 del Decreto Ley 71 de 2020 no puede interpretarse en el sentido restrictivo
propuesto por la demandante, esto es, como una prohibición de establecer condiciones
eliminatorias adicionales a la fase I, pues dicha lectura desconoce el contenido del
artículo 28.3 y la estructura integral del proceso de selección. La regla fue establecida
previamente en la convocatoria, se aplicó de manera uniforme a los participantes y
estuvo orientada a valorar las competencias requeridas para los empleos ofertados.
Tampoco se acreditó que su aplicación hubiera desconocido el principio del mérito ni
que las vacantes que no fueron provistas demostraran el fracaso o la desviación de la
finalidad del concurso. Por consiguiente, y comoquiera que no prosperó el cargo de
nulidad, se negarán las pretensiones de la demanda.
2.4. Conclusión
103. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que no se acreditó que el artículo
17 del Acuerdo 285 de 2020 hubiera desconocido el Decreto 71 de 2020 en relación
con el carácter eliminatorio de la fase II del proceso de selección DIAN 1461 de 2020,
pues la CNSC y la DIAN actuaron dentro del marco de sus competencias y de las
disposiciones que regulaban el concurso de méritos. En consecuencia, se negará la
pretensión de nulidad formulada por la demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por la DIAN.
Segundo. Negar la pretensión de nulidad parcial del artículo 17 del Acuerdo 285 de
2020 proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil dentro del proceso de
selección DIAN 1461 de 2020.
Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA, previas
las anotaciones correspondientes en la plataforma digital Samai.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MLBC
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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