Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00407-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00407-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00407-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00407-00 (4174-2022)
Demandante: Angélica María Gómez Cifuentes y otros
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil–Escuela Superior de
Administración Pública- Municipio de Cunday (Tolima)
Temas: Concurso de méritos
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por la señora Angélica María Gómez Cifuentes y otros contra la
Comisión Nacional del Servicio Civil [CNSC], la Escuela Superior de Administración
Pública [ESAP] y el municipio de Cunday (Tolima).
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,1 la señora Angélica María Gómez Cifuentes y otros,2 actuando por
intermedio de apoderado, solicitaron que se anule el Acuerdo 1143 del 29 de abril
2021, proferido por la CNSC y el municipio de Cunday, «Por el cual se convoca y
se establecen las reglas del proceso de selección en la modalidad de abierto, para
proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía municipal de
Cuanday- Tolima, Proceso de Selección 2033 de 2021 – Municipios de 5ª Y 6ª
categoría».
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
3. La parte demandante señaló que el acto acusado vulnera los artículos 13, 25, 29,
53 y 125 de la Constitución Política; 4, 11, 13 y 25 del Decreto Ley 785 de 2005; y
las Leyes 909 de 2004 y 1960 de 2019.
1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2011.
2 Deybe Paul Millán Penagos Y Daniel Eduardo Alarcón Sefair.
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Demandante: Angélica María Gómez Cifuentes y otros
4. Al desarrollar el concepto de violación, los demandantes plantearon los
siguientes cargos:
i) El municipio no tuvo en cuenta la protección de personas que se encuentran
en estado de debilidad manifiesta y que gozan de una garantía de estabilidad
laboral reforzada dada su condición de pre pensionados, madres y padres cabeza
de familia y personas con discapacidad, pues ofertó los cargos ocupados por
personas que ostentaban dichas calidades.
ii) Mediante Decreto 004 del 20 de enero 2021, el alcalde de Cunday modificó
los requisitos del cargo de inspector de policía rural código 306, pues estableció
como exigencia tener terminadas y aprobadas todas las materias de la carrera
de derecho, junto a un año de experiencia profesional, a pesar de que esta última
no fue ordenada por la ley.
iii) Se vulneró el artículo 13 de la Constitución, por cuanto se negó la
participación de personas que no cumplían con los nuevos requisitos
establecidos en el cargo, pues no se tuvieron en cuenta las equivalencias entre
estudios exigidos y la experiencia, a pesar de que, de conformidad con la Ley,
pueden ser convalidados.
iv) Los cuestionarios realizados presentan irregularidades en su conformación y
no garantizan los principios de transparencia, imparcialidad u objetividad.
v) No se tomaron las medidas de seguridad pertinentes para el desarrollo de la
prueba, pues se adelantó sin tener en cuenta la prohibición expresa de continuar
con los trámites de los concursos en virtud de la existencia de la emergencia
sanitaria declarada por el Covid -19.
vi) Se vulneró el principio de igualdad y acceso a la administración pública, por
impedir la participación al concurso a quienes se encontraban en aislamiento o
incapacitadas como consecuencia de la pandemia por Covid-19.
1.2. Contestación de la demanda
5. La CNSC 3 se opuso a las pretensiones de la demanda con base en los siguientes
argumentos:
i) De acuerdo con las Circular 20191000000157 de 18 de febrero de 2019
proferida por la CNSC, las entidades públicas tienen el deber de reportar la
información de la OPEC a través del aplicativo SIMO, por lo que la
responsabilidad sobre la información reportada recae únicamente sobre el ente
territorial.
3 Índice 30 de Samai.
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Demandante: Angélica María Gómez Cifuentes y otros
ii) Los contenidos de los manuales de funciones son discrecionales y la
competencia para establecer los requisitos los empleos corresponden
únicamente a las entidades destinatarias de los concursos.
iii) Los cargos de carrera administrativa ocupados en provisionalidad gozan de
una estabilidad relativa en la medida en que pueden participar en los concursos
y gozan de estabilidad laboral condicionada al lapso de duración del proceso de
selección y hasta que sean remplazados por quien se haya hecho acreedor a
ocupar el cargo en virtud de sus méritos.
iv) Corresponde a la entidad garantizar la protección a los empleados
nombrados en provisionalidad cuando son sujetos de especial protección
constitucional, y si bien, dicha circunstancia no otorga un derecho indefinido a
permanecer en el cargo, surge una obligación constitucional de proporcionar un
trato preferencial como medida afirmativa, por lo que han de ser los últimos en
removerse y en la medida de las posibilidades, vincularse nuevamente en cargos
vacantes en forma provisional, similares a los que venían ocupando.
v) A pesar de la declaratoria de nulidad del Decreto 1754 del 22 de diciembre
de 20204, las situaciones jurídicas que se consolidaron bajo su amparo no
pueden verse afectadas, pues esta declaratoria opera hacia futuro.
vi) Se propone la excepción de caducidad del medio de control pues estimó que,
de acuerdo con el artículo 164 del CPACA, la demanda debió presentarse dentro
de los 4 meses siguientes a la expedición del acto acusado.
6. La ESAP5 se opuso a las pretensiones y propuso la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda, pues estimó que la parte demandante no explicó cómo
la «operación administrativa se configuró en algún de las causales de nulidad
establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, artículo 137».
7. El Municipio de Cunday no contestó la demanda
II. TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA
2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada
8. Por auto del 8 de septiembre de 2023, se admitió la demanda.6
4 “Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en lo relacionado con la
reactivación de las etapas de reclutamiento, aplicación de pruebas y periodo de prueba en los procesos de
selección para proveer los empleos de carrera del régimen general, especial y específico, en el marco de la
Emergencia Sanitaria”,
5 Índice 31 de Samai.
6 Índice 11 de Samai
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Demandante: Angélica María Gómez Cifuentes y otros
9. A través de auto del 27 de agosto de 2024, se negó la solicitud de medida cautelar
presentada por los actores.7
10. Mediante auto del 15 de septiembre de 2025, el despacho evidenció la posibilidad
de emitir sentencia anticipada dentro del sub-lite, en los términos del artículo 182A
del CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) negar las excepciones de ineptitud
sustantiva de la demanda y caducidad; b) prescindir de la audiencia inicial prevista
en el artículo 180 ibidem; c) resolver sobre las pruebas aportadas y solicitadas; d)
fijar el litigio; e) correr traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar
alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.8
2.2. Alegatos de conclusión
11. La CNSC9 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
12. El municipio de Cunday guardó silencio.
2.3. Ministerio Público
13. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
14. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes:
III. CONSIDERACIONES
3.1. Problema jurídico
15. En el presente asunto, la Sala examinará si el Acuerdo 1143 del 29 de abril de
2021 está viciado de nulidad por violación al ordenamiento constitucional y legal en
que debía fundarse, conforme a los cargos de nulidad expuestos por los
accionantes.
3.2. Texto del acto demandado
16. Es preciso aclarar que no se transcribirá integralmente el acto enjuiciado en razón
a su extensión. En consecuencia, únicamente se citarán los apartes relevantes al
sub-lite, cuyo tenor es el siguiente:
ACUERDO № 1143 de 2021
29-04-2021
7 Índice 45 de Samai
8 Índice 50 de Samai.
9 índice 56 de Samai
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Demandante: Angélica María Gómez Cifuentes y otros
“Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección en la modalidad
de abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema
General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía municipal de
Cuanday- Tolima, Proceso de Selección 2033 de 2021- Municipios de 5ª y 6ª categoría.”
LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo
130 de la Constitución Política, en los artículos 7, 11, 12, 29 y 30 de la Ley 909 de 2004,
modificada por la Ley 1960 de 2019, en los artículos 2.2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto 1083 de
2015, en el artículo 263 de la Ley 1955 de 2019, en los artículos 2 y 6 de la Ley 1960 de
2019 y en el artículo 2 del Decreto 498 de 2020, y
CONSIDERANDO
[…]
ACUERDA:
[…]
ARTÍCULO 1. CONVOCATORIA Convocar a proceso de selección por mérito, en la
modalidad de Abierto, para la provisión definitiva de los empleos y las vacantes a que hace
referencia el artículo 8 del presente Acuerdo, pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUNDAY -
TOLIMA, que se identificará como "Proceso de Selección No. 2033 de 2021- Municipios de
5ª y 6ª Categoría".
PARÁGRAFO, Hace parte integral del presente Acuerdo, el Anexo que contiene de manera
detallada las Especificaciones Técnicas de cada una de las etapas del proceso de selección
que se convoca. Por consiguiente, en los términos del numeral 1 del artículo 31 de la Ley
909 de 2004, este Acuerdo y su Anexo son las normas reguladoras de este proceso de
selección por mérito y obligan tanto a la entidad objeto del mismo como a la CNSC, a la
Escuela Superior de Administración Pública y a los participantes inscritos.
CAPÍTULO II
EMPLEOS CONVOCADOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN
ARTÍCULO 7. OPEC PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN, La OPEC para este proceso
de selección es la siguiente:
[…]
NIVEL NÚMERO DE EMPLEOS NÚMERO DE VACANTES
Profesional 2 2
Técnico 10 11
Asistencial 4 8
TOTAL 16 21
3.3. Generalidades del sistema de carrera administrativa
17. El artículo 125 de la Constitución Política estableció que, por regla general, los
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de
los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. Igualmente, se dispuso que los
funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
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Demandante: Angélica María Gómez Cifuentes y otros
18. Por su parte, la Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un sistema
técnico de administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de la
administración pública. A su vez, entronizó el principio del mérito como garante de
transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en el
servicio público.
19. Asimismo, el Título 6 del Decreto 1083 de 2015, «por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública», compila la
reglamentación expedida en materia de procesos de selección o concursos. En
especial, se destaca el desarrollo de los siguientes ejes: i) competencia; ii) fases; iii)
convocatoria; iv) inscripciones; v) listados de admitidos y no admitidos; vi) pruebas
o instrumentos de selección; vii) reclamaciones en las diferentes fases; viii) listas de
elegibles; ix) período de prueba; x) Oferta Pública de Empleos de Carrera-OPEC.
3.4. El caso concreto. Análisis de los cargos de nulidad
20. Acontinuación, se estudiarán en forma agrupada los cargos de nulidad
expuestos por los accionantes con miras a resolver integralmente el debate.
3.4.1. Protección del personal nombrado en provisionalidad
21. Losaccionantes reprocharon que la comisión de personal de la entidad no
informó los cargos que debían ser excluidos de la OPEC porque los servidores se
encontraban en condición de vulnerabilidad y eran sujetos de especial protección.
22. Al respecto, la Corte Constitucional ha explicado que, en el sistema de carrera
administrativa, por regla general, los cargos oficiales deben ser provistos mediante
un concurso público de méritos. De ahí que los nombramientos en provisionalidad
o encargo son una excepción.10
23. No obstante, se ha determinado que los nombramientos en provisionalidad son
transitorios y otorgan a los empleados una estabilidad laboral relativa o intermedia,
de ahí que, estos pueden ser desvinculados por medio de acto motivado11.
24. Estacorporación, con base en lo expuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-446 de 2011, ha considerado que la garantía de que gozan las
personas constitucionalmente protegidas «consiste en que deben ser los últimos en
ser desvinculados y, si es posible, nuevamente ser vinculados en forma provisional
10 Ver entre otras las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-290 de 2007, C-1177 de 2001, C-973
de 2001, C-973 de 2001, C-963 de 2003 y C-1230 de 2005.
11 Sobre el particular, en la sentencia T-245 de 2007, se explicó que «, la situación en que se encuentran estos
funcionarios está amparada por lo que se ha conocido como el ‘fuero de estabilidad’, el cual protege,
precisamente, dicha estabilidad intermedia de la que gozan estos trabajadores, la cual se opone a la posibilidad
de ser removidos sin que medie una justa causa que tenga como fundamento la calificación de desempeño, la
comisión de faltas disciplinarias o la provisión del cargo por concurso de méritos».
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Demandante: Angélica María Gómez Cifuentes y otros
en cargos vacantes de la misma jerarquía de los que venían ocupando, para lo cual
deberán acreditar su situación para la época de desvinculación o en el momento del
posible nombramiento».12
25. En consecuencia, si bien es cierto que pueden existir empleados que estén
vinculados en provisionalidad y se encuentren en situaciones particulares que los
hagan merecedores de un tratamiento diferencial, tal circunstancia no puede
desplazar el derecho que adquiere quien ha superado todas las etapas de un
concurso de méritos y debe ser nombrado en el cargo al cual aspiró. 13 De ahí que,
ofertar los cargos ocupados por personas en condiciones especiales no vicia de
nulidad la convocatoria.
3.4.2. Irregularidades en la exigencia de requisitos para ocupar los cargos
26. Los actores alegaron que, mediante el Decreto 004 del 20 de enero 2021, el
alcalde de Cunday modificó los requisitos del cargo de inspector de policía rural
código 306, en cuanto a la formación académica y experiencia profesional. Además,
a quienes venían ocupando dichos cargos no se les permitió participar por no
cumplir con los nuevos requisitos.
27. Al respecto, los actores indicaron que para ejercer el empleo se exigió tener
terminadas y aprobadas todas las materias de la carrera de derecho, junto a un año
de experiencia profesional, a pesar de que esta última no fue ordenada por la ley.
28. En ese sentido, estimaron que se vulneró el artículo 13 de la Constitución, por
cuanto se negó la participación de personas que no cumplían con los nuevos
requisitos establecidos en el cargo, pues no se tuvieron en cuenta las equivalencias
entre estudios exigidos y la experiencia, a pesar de que, de conformidad con la Ley,
pueden ser convalidados.
29. Con miras a resolver lo anteriores reparos, la Sala resalta que la Ley 909 de
2004 reguló el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública. Por
su parte, el Decreto Ley 785 de 2005, estableció el «sistema de nomenclatura,
clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades
territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004».
30. Si bien a las entidades territoriales les corresponde adoptar el Manual de
Funciones y Competencias Laborales para los empleados de su planta global de
personal, lo cierto es que, en la elaboración de dicho manual deben observarse
ciertos criterios y parámetros que fijó el legislador sobre las competencias laborales
y requisitos para acceder a los empleos.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 6 de febrero de 2025, radicado 11001-03-25-
000-2022-00266-00 (1630-2022).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de abril de 2024, radicado 11001 03 25 000
2023 00042 00 (0818-2023).
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Demandante: Angélica María Gómez Cifuentes y otros
31. En ese sentido, el alcalde del municipio de Cunday estaba obligado a expedir el
manual de funciones con sujeción al artículo 13.2.4. del Decreto Ley 785 de 2005,
el cual consagró como requisitos mínimos y máximos para el nivel técnico, al cual
está adscrito el cargo de inspector de policía rural, en las entidades territoriales de
cuarta, quinta y sexta categoría, los siguientes:
Mínimo: Terminación y aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria
y curso específico, mínimo de sesenta (60) horas relacionado con las funciones del
cargo.
Máximo: Al fijar el requisito específico podrá optar por título de formación tecnológica
y experiencia o terminación y aprobación del pénsum académico de educación
superior en formación profesional y experiencia. (Resalta la Sala).
32. Asimismo, se advierte que el artículo 206, parágrafo 3, de la Ley 1801 de 2016
dispone que «[p]ara los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Decreto 785
de 2005, la formación profesional para el desempeño de los cargos de Inspector de
Policía Urbano Categoría Especial, 1ª Categoría y 2ª Categoría, será únicamente la
de abogado, y la formación técnica para el desempeño de los cargos de Inspector
de Policía 3ª a 6ª Categoría e Inspector de Policía Rural requerirá la terminación y
aprobación de los estudios de la carrera de derecho».(Resalta la Sala).
33. En el presente asunto, se observa que se ofertaron los cargos de inspector de
policía rural, y de acuerdo con las disposiciones señaladas, el requisito de formación
académica consistía en tener título de abogado, tal como lo establece el Decreto
004 de 2021.
34. A su vez, de acuerdo con el Decreto 785 de 2005, puede exigirse como requisito
máximo para ejercer un cargo público de nivel técnico de los municipios de cuarta,
quinta, y sexta categoría, al cual corresponde el de inspector de policía rural, la
terminación y aprobación del pensum académico de formación profesional y
experiencia, por lo que la exigencia del requisito de un año de experiencia previsto
en el Decreto 004 de 2021 se encuentra dentro de los límites fijados por el legislador
y en ese sentido se ajusta a derecho.
35. Enconsecuencia, el argumento expuesto por la parte demandante no tiene
vocación de prosperidad.
3.4.3. Suspensión del proceso de selección
36. Los actores indicaron que para el desarrollo de la prueba no se tomaron las
medidas de seguridad pertinentes, pues se adelantó sin tener en cuenta la
prohibición expresa de continuar con los trámites de los concursos en virtud de la
existencia de la emergencia sanitaria declarada por el Covid -19.
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Demandante: Angélica María Gómez Cifuentes y otros
37. Al respecto, el Decreto 491 de 2020 dispuso el aplazamiento de los procesos de
selección por la pandemia del COVID-19, particularmente en el artículo 14
estableció lo siguiente:
Artículo 14. Aplazamiento de los procesos de selección en curso. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, para garantizar la participación en los concursos sin discriminación
de ninguna índole, evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento
social, se aplazaran los procesos de selección que actualmente se estén adelantando
para proveer empleos de carrera del régimen general, especial constitucional o
especifico, que se encuentren en la etapa de reclutamiento o de aplicación de
pruebas.
Las autoridades competentes deberán reanudar dichos procesos una vez se supere
la Emergencia Sanitaria.
38. La citada normativa sólo suspendió los certámenes que se encontraran en las
etapas de reclutamiento o de aplicación de pruebas.
39. A su vez, el Decreto 1754 de 2020 reactivó las etapas de reclutamiento y
aplicación de pruebas a partir del 22 de diciembre de 2020.
40. Ahora bien, advierte la Sala que, en el acápite de los hechos del escrito de la
demanda, se indicó en reiteradas oportunidades que la prueba escrita de este
certamen se practicó el 19 de diciembre de 2021, y dicha información fue confirmada
por la CNSC en el escrito de contestación de la demanda,14 por lo que no se
encuentra en discusión la fecha en la que se realizó dicha prueba.
41. De acuerdo con lo anterior, las pruebas escritas se llevaron a cabo cuando ya se
había levantado la medida se suspensión de los certámenes por lo que este
argumento no tiene vocación de prosperidad.
42. Es pertinente anotar que dicha disposición fue anulada por esta corporación,
mediante sentencia del 3 de junio de 2022,15 con la aclaración de que «los efectos
de la nulidad del Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020, operan únicamente
desde el momento de emisión de esta sentencia y hacia el futuro o ex nunc».
3.4.5. Irregularidades en las preguntas formuladas en las pruebas escritas.
43. Los demandantes señalaron que los cuestionarios realizados presentan
irregularidades y que no garantizan los principios de transparencia, imparcialidad y
objetividad; sin embargo, estas afirmaciones no están soportadas en ningún medio
de prueba.
14 Folio 18 del archivo contenido en el índice 30 de Samai.
15 Consejo de Estado, Sala Diecisiete de Decisión, sentencia del 3 de junio de 2022, radicado 11001-03-15-000-
2021-04664-00.
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Demandante: Angélica María Gómez Cifuentes y otros
44. Advierte la Sala que no se alegaron irregularidades concretas frente a una o
varias de las preguntas aplicadas a los aspirantes; por el contrario, se efectuaron
reparos genéricos que imposibilitan el análisis del despacho frente a este aspecto.
45. Así las cosas, es pertinente recordar que, si bien «la jurisdicción de lo contencioso
está facultada para interpretar la demanda, no es posible suplantar la obligación del
demandante de alegar adecuadamente sus reclamos y de probar los supuestos de
la demanda».16
3.6. Irregularidades frente a situaciones particulares
46. Los demandantes señalaron que no se permitió la participación de quienes
desempeñaban los cargos de inspector de Policía rural por no cumplir con los
requisitos revistos para estos en el Decreto 004 de 2021, sin tener en cuenta que
tales requisitos podían ser convalidados, en virtud de las equivalencias entre
estudios y experiencia.
47. Asimismo, estimaron que se vulneró el principio de la igualdad y el acceso a la
función pública por no permitir la participación de quienes en este momento se
encontraban aislados o incapacitados como consecuencia de la pandemia por
Covid-19.
48. Frente a lo descrito en los párrafos anteriores, la Sala se abstendrá de estudiar
los referidos argumentos, pues atañen a situaciones particulares cuyo análisis
escapa a la naturaleza del medio de control incoado.
49. En tal sentido, esta corporación ha explicado que la demanda de simple nulidad
se encamina a restaurar el ordenamiento jurídico que ha sido quebrantado por la
administración al expedir actos violatorios de normas superiores, mientras que la de
nulidad y restablecimiento del derecho, además de la anotada finalidad, se orienta
a restablecer un derecho subjetivo que resultó afectado por los actos de la
administración. 17
50. Bajo este contexto, la Sala carece de competencia para revisar las situaciones
particulares anotadas por los actores, pues ello no guarda congruencia con el
interés general y la salvaguarda del principio de legalidad que reivindica este medio
de control.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicado
1100103-25-000-2016-00146-00 (0658-16). En similar sentido pueden consultarse las siguientes sentencias
proferidas por esta corporación: i) del 24 de febrero de 2022, radicado: 76001-23-33-000-2013-00151-01 (4392-
2018); ii) del 3 de febrero de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2016-04361-01 (5517-2019); y iii) del 22 de
marzo de 2013, radicado 63001-23-31-000-2010-00110-01 (19136).
17 [1] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, auto del 11 de febrero de
2014, radicado 54001 23 33 000 2012 00089 01 (19830).
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R a d i c a d o : 11 0 0 1 - 0 3 - 2 5 - 0 0 0 - 2 0 2 2 - 0 0 4 0 7 - 0 0 ( 4 1 7 4 - 2 0 2 2 )
Demandante: Angélica María Gómez Cifuentes y otros
3.7. Condena en costas
51. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.
52. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada contra del
Acuerdo 1143 de 29 de abril 2021 proferido por la CNSC en atención a lo expuesto
en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo. Reconocer al abogado José Antonio Quiroga Pachón, quien se identifica
con cédula de ciudadanía 7987765818 y Tarjeta Profesional 69156, como apoderado
sustituto de la parte demandante.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
18 Certificado de vigencia 223078.
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