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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00426-00

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00426-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR configurado el fenómeno de cosa juzgada de conformidad con lo expuesto en esta providencia. Segundo. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida el 23 de octubre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado núm. 11001-03-25-000-2017-00617-00 (2965-2017). 2 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil». Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Radicación: 111001-03-25-000-2022-00426-00 (4597-2022), acumulado 11001-03-25-000- 2023-00536-00 (7179-2023) Demandantes: Daniel Felipe Vélez Bueno y Pedro Andrés Ávila Torres Tercero. Sin condena en costas. Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2022-00426-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

11 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 111001-03-25-000-2022-00426-00 (4597-2022), acumulado:
11001-03-25-000-2023-00536-00 (7179-2023)
Demandantes: Daniel Felipe Vélez Bueno y Pedro Andrés Ávila Torres
Demandada: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura

Tema: Efectos erga omnes de las sentencias de nulidad y cosa juzgada.
Decisión: Estarse a lo resuelto en la sentencia proferida el 23 de octubre
de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, radicado núm. 11001-03-25-000-2017-00617-00
(2965-2017).

Se resuelve la demanda acumulada contra el Acuerdo PCSJA22-11968 del 30 de
junio de 2022, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura «Por medio del
cual se ajusta la denominación de unos cargos a nivel nacional».

I. ANTECEDENTES

1. Los señores Daniel Felipe Vélez Bueno y Pedro Andrés Ávila Torres
promovieron por separado el medio de control de nulidad contra el acto
controvertido. Estos procesos fueron acumulados mediante auto del 5 de febrero
de 2026, por lo que en esta providencia se hará referencia de manera común a los
argumentos de ambas demandas.

Concepto de violación

2. La parte demandante considera que el acuerdo demandado al modificar la
denominación de abogado asesor grado 23 por la de profesional especializado
grado 23 incurrió en los siguientes vicios de nulidad:

i) falta de competencia del Consejo Superior de la Judicatura para modificar la
denominación del cargo de abogado asesor, debido a que el artículo 85 de la
Ley 270 de 1996 únicamente lo faculta para crear, suprimir, fusionar o trasladar
cargos, pero no para alterar su denominación;

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www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 111001-03-25-000-2022-00426-00 (4597-2022), acumulado 11001-03-25-000-
2023-00536-00 (7179-2023)
Demandantes: Daniel Felipe Vélez Bueno y Pedro Andrés Ávila Torres

ii) expedición irregular y falsa motivación del acto administrativo, por cuanto el
acuerdo demandado no expuso razones técnicas, funcionales o jurídicas
suficientes que justificaran el cambio de denominación del cargo, ni estuvo
precedido de estudios que soportaran la medida;

iii) desviación de poder, toda vez que la finalidad real del acto no habría sido
mejorar la prestación del servicio de administración de justicia, sino evitar las
reclamaciones judiciales relacionadas con la nivelación salarial de los abogados
asesores grado 23;

iv) infracción de las normas superiores en las que debía fundarse el acto, al
considerar que el cambio de denominación del empleo alteró indebidamente el
régimen salarial y prestacional fijado por el Gobierno nacional para el cargo de
abogado asesor.

Contestación de la demanda

3. El Consejo Superior de la Judicatura se opuso a las pretensiones de la
demanda y solicitó negar la nulidad del Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022. Para tal
efecto, sostuvo que contaba con competencia para ajustar la denominación del
cargo de abogado asesor grado 23, pues el artículo 85 de la Ley 270 de 1996 le
permite definir la estructura y la planta de personal de la Rama Judicial. Asimismo,
afirmó que el acto demandado estuvo sustentado en un estudio técnico adelantado
por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, orientado a armonizar las
denominaciones de los cargos con las escalas salariales y las necesidades actuales
del servicio judicial.

4. Indicó que el cambio de denominación no implicó la creación de un nuevo
empleo, ni la modificación de funciones, requisitos o asignación salarial, pues el
cargo conservó el mismo grado, perfil y régimen prestacional. En ese sentido,
aseguró que no existió desmejora salarial ni vulneración de derechos adquiridos,
razón por la cual no se configuraban los cargos de falsa motivación, desviación de
poder o infracción de normas superiores invocados por la parte actora.

5. Finalmente, en la contestación presentada dentro del proceso acumulado
7179-2023, la entidad propuso la excepción de cosa juzgada, al señalar que el
Consejo de Estado, mediante sentencia del 23 de octubre de 2024, había declarado
la nulidad del Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022, decisión que produjo efectos erga
omnes y expulsó el acto administrativo del ordenamiento jurídico. Con fundamento
en ello, solicitó dar trámite al asunto mediante sentencia anticipada y negar las
pretensiones de la demanda.

Trámite en única instancia

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Radicación: 111001-03-25-000-2022-00426-00 (4597-2022), acumulado 11001-03-25-000-
2023-00536-00 (7179-2023)
Demandantes: Daniel Felipe Vélez Bueno y Pedro Andrés Ávila Torres

6. Mediante auto del 4 de mayo de 2023 se admitió la demanda del expediente
principal. Posteriormente, en providencias del 5 de febrero de 2026, se decidió
acumular a este proceso el expediente 7179-2023, a la vez que se admitió la
demanda de esa segunda causa judicial.

7. Finalmente, mediante providencia del 9 de abril de 2026, se advirtió la
procedencia de dictar sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del
CPACA. En consecuencia, se prescindió de las audiencias inicial y de pruebas; se
decidió sobre las pruebas aportadas y solicitadas; se fijó el litigio; y se corrió traslado
a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y
concepto, respectivamente.

Alegatos de conclusión

8. La entidad demandada presentó alegatos de conclusión en los que reiteró
la solicitud de declarar la cosa juzgada porque el acto controvertido fue declarado
nulo mediante la sentencia del 23 de octubre de 2024.

9. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio

II. CONSIDERACIONES

Competencia

10. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden. A su vez, el artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019, reglamento interno del Consejo de Estado, consigna que
la Sección Segunda está facultada para decidir los procesos de simple nulidad de
actos administrativos que versen sobre asuntos laborales.

Problema jurídico

11. La Sala deberá establecer si el Acuerdo PCSJA22-11968 del 30 de junio
de 2022 incurrió en falsa motivación, desviación de poder y desconocimiento de las
normas superiores al modificar la denominación del cargo de abogado asesor grado
23 por la de profesional especializado grado 23.

12. No obstante, antes de abordar el problema jurídico formulado, se verificará
si en este caso se configura la cosa juzgada, en atención a reciente providencia
emitida en la que se estudió la legalidad del acuerdo demandado en este proceso.

Análisis del problema jurídico

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Radicación: 111001-03-25-000-2022-00426-00 (4597-2022), acumulado 11001-03-25-000-
2023-00536-00 (7179-2023)
Demandantes: Daniel Felipe Vélez Bueno y Pedro Andrés Ávila Torres

13. La Sala declarará configurado el fenómeno jurídico de la cosa juzgada,
pues mediante sentencia proferida el 23 de octubre de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso núm. 11001-03-25-
000-2017-00617-00 (2965-2017), se declaró la nulidad del Acuerdo PCSJA22-
11968 del 30 de junio de 2022. En consecuencia, se estará a lo resuelto en esa
providencia.

Sobre el fenómeno jurídico de la cosa juzgada

14. La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual las
decisiones judiciales adquieren carácter inmutable, vinculante y definitivo. Este
fenómeno impide que el juez conozca de una nueva controversia al advertir que la
misma fue resuelta previamente por otra autoridad judicial competente, mediante
decisión en firme.

15. Esta figura tiene por finalidad garantizar el principio de seguridad jurídica,
en cuanto asegura la estabilidad de las decisiones judiciales, evita la reiteración
indefinida de litigios sobre un mismo asunto y delimita la competencia del juez para
emitir un nuevo pronunciamiento de mérito. En tal sentido, la cosa juzgada cumple
una función negativa, consistente en prohibir a los funcionarios judiciales conocer,
tramitar y decidir sobre lo ya resuelto, y una función positiva, orientada a dotar de
estabilidad a las relaciones jurídicas.

16. Para que una decisión judicial adquiera el carácter de cosa juzgada se
requiere: (a). Identidad de partes, esto es, al proceso deben concurrir las mismas
partes e intervinientes que resultaron vinculados y obligados por la decisión que
constituye cosa juzgada. (b). Identidad de causa petendi, entendida como la
coincidencia de los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda y de la decisión
que hizo tránsito a cosa juzgada; (c). Identidad de objeto, lo que implica que la
demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual
se predica la cosa juzgada.

17. Asimismo, la jurisprudencia ha precisado que el requisito de la identidad de
parte demandante no resulta aplicable a los procesos de nulidad simple en la
medida en que no se promueve la defensa de un interés particular sino del
ordenamiento jurídico en general1. En efecto, todas las personas están legitimadas
para interponer demandas en salvaguardia del ordenamiento jurídico como
manifestación del derecho fundamental a la participación política, establecido en el
artículo 40 de la Constitución Política. Por ende, para declarar la cosa juzgada, no
se requiere identidad de partes, sino que se trate del mismo acto o disposición
normativa demandada y en uno y otro caso coincidan los cargos en que se
sustentan las pretensiones anulatorias.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 3 de

abril de 2025, radicado 11001-0324-000-2016-00539-00.

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Radicación: 111001-03-25-000-2022-00426-00 (4597-2022), acumulado 11001-03-25-000-
2023-00536-00 (7179-2023)
Demandantes: Daniel Felipe Vélez Bueno y Pedro Andrés Ávila Torres

18. Por otra parte, el artículo 189 del CPACA dispone que: «La sentencia que
declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa
juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga
omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada […]». Ello implica que,
una vez declarada la nulidad de un acto administrativo, esta decisión tendrá efectos
erga omnes, es decir, que será oponible a todos, por lo que no será posible efectuar
un nuevo pronunciamiento respecto del acto que judicialmente fue retirado del
ordenamiento jurídico.

19. En el presente caso se advierte que la Sección Segunda del Consejo de
Estado, a través de la sentencia del 23 de octubre de 2024, emitida dentro del
proceso de simple nulidad núm. 11001-03-25-000-2017-00617-00 (2965-2017),
declaró la nulidad del acuerdo que es objeto de demanda en el proceso de la
referencia. Expresamente indicó:

Tercero. DECLARAR la nulidad del Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 “Por medio
del cual se ajusta la denominación de unos cargos a nivel nacional”, que sustituyó la
denominación del cargo “a abogado asesor grado 23” por la de “profesional
especializado grado 23”.

20. Las principales consideraciones expuestas en la sentencia citada se
sintetizan así:

(i) Se sostuvo que, conforme al artículo 150 numeral 19 literal e)
de la Constitución Política y al artículo 1 literal b) de la Ley 4 de 1992, la
determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos constituye una competencia concurrente entre el Congreso de
la República y el Gobierno Nacional. En ese marco, al legislador le
corresponde fijar los criterios generales y obligatorios, mientras que el
Gobierno Nacional ejerce la potestad reglamentaria para establecer las
escalas salariales y las asignaciones básicas de los funcionarios de la
Rama Judicial.

(ii) Con fundamento en lo anterior, concluyó que el Consejo
Superior de la Judicatura carecía de competencia para modificar, de
manera autónoma, aspectos salariales o prestacionales mediante la
creación del «grado 23» y el cambio de denominación del cargo de
abogado asesor a «profesional especializado grado 23».

(iii) En este sentido, se precisó que las facultades conferidas por la
Ley 270 de 1996 para adoptar medidas de descongestión no incluían la
posibilidad de fijar un régimen salarial propio ni de alterar competencias
reservadas al legislador y al Gobierno Nacional.

(iv) En consecuencia, se concluyó que el acuerdo demandado
desconoció los principios de reserva legal y reglamentaria, al atribuirse
el Consejo Superior de la Judicatura competencias que constitucional y

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Radicación: 111001-03-25-000-2022-00426-00 (4597-2022), acumulado 11001-03-25-000-
2023-00536-00 (7179-2023)
Demandantes: Daniel Felipe Vélez Bueno y Pedro Andrés Ávila Torres

legalmente corresponden de manera articulada al Congreso y al
Gobierno Nacional.

21. En el presente asunto, por tratarse de un proceso de simple nulidad, la
identidad de partes se satisface únicamente al constatar que el Acuerdo PCSJA22-
11968 de 2022 es el mismo acto administrativo respecto del cual se adoptó decisión
del 23 de octubre de 2024.

22. Asimismo, se advierte identidad de causa petendi, pues en ambos procesos
el reproche se estructuró sobre la falsa motivación atribuida al acuerdo, en cuanto
modificó la denominación del cargo abogado asesor grado 23 al profesional
especializado grado 23.

23. Finalmente, concurre identidad de objeto, dado que en este caso al igual
que en el decidido previamente se pretende la declaratoria de nulidad del mismo
acuerdo.

24. En consecuencia, dado que mediante la sentencia del 23 de octubre de
2024 esta Sala de Decisión anuló el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022,
demandado en el presente proceso, debe declararse configurado el fenómeno de
la cosa juzgada. En efecto, una vez declarada la nulidad del acto administrativo
acusado, no resulta jurídicamente posible efectuar un nuevo juicio de legalidad
sobre el mismo.

Condena en costas

25. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el
que se ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA2.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

Primero. DECLARAR configurado el fenómeno de cosa juzgada de conformidad
con lo expuesto en esta providencia.

Segundo. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida el 23 de octubre de
2024 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado núm.
11001-03-25-000-2017-00617-00 (2965-2017).

2 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 111001-03-25-000-2022-00426-00 (4597-2022), acumulado 11001-03-25-000-
2023-00536-00 (7179-2023)
Demandantes: Daniel Felipe Vélez Bueno y Pedro Andrés Ávila Torres

Tercero. Sin condena en costas.

Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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