Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00490-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00490-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00490-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C, cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001 03 25 000 2022 00490 00 (4815–2022)1
Demandante: Johanna Patricia Velasco Hernández
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
E.S.E.
Temas: Causal 1 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
Decisión: Se declara infundado el recurso
SENTENCIA
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
de 21 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia dictada
por el Juzgado 57 Administrativo de Bogotá, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones dentro del proceso con radicado 11001-33-42-057-2017-00499-00.
I. ANTECEDENTES
1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2
2. La señora Johanna Patricia Velasco Hernández, por intermedio de apoderado,
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. / Hospital de Kennedy II Nivel,
con el objeto de declarar la nulidad del Oficio 378 de 16 de mayo de 2017, por medio
del cual se negó la existencia de una relación laboral y el respectivo reconocimiento
y pago de acreencias laborales.
3. Como restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento de la relación
laboral, así como el pago de diferencias salariales entre lo percibido a través de los
contratos de prestación de servicio y lo que se debió cancelar legalmente; el
reconocimiento y pago de cesantías y los respectivos intereses a las cesantías; la
cancelación de primas de carácter legal y extralegal; el pago de vacaciones; el pago
proporcional de los pagos efectuados a seguridad social en salud y pensión; así
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001032500020220
0490001100103
2 Expediente de nulidad y restablecimiento del derecho digitalizado y disponible en el índice 2 de
SAMAI.
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Demandante: Johanna Patricia Velasco Hernández
como el reconocimiento de 100 SMLMV por concepto de daño moral; y la condena
en costas a la entidad.
4. Explicó que la señora Velasco Hernández, a través de contratos suscritos con la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. / Hospital de Kennedy
II Nivel, prestó servicio de manera ininterrumpida y constante como auxiliar de
enfermería desde el 20 de agosto de 2008 hasta el 10 de enero de 2017. Además,
precisó que se cumplieron los elementos de una verdadera relación laboral, pues
percibió un salario mensual como remuneración, cumplía un horario, se sometió a
la subordinación, entre otras circunstancias.
5. Manifestó que radicó petición ante la entidad demandada con el fin de obtener el
reconocimiento de la diferencia salarial y prestacional que legalmente le
corresponde por sus años de servicio, sin embargo, a través del oficio demandado
la entidad de salud negó lo solicitado.
1.2. Sentencia de primera instancia
6. El Juzgado 57 Administrativo Oral de Bogotá, en sentencia de 12 de diciembre
de 2019, declaró la nulidad del Oficio 378 de 16 de mayo de 2017; en consecuencia,
declaró la existencia de una verdadera relación laboral entre Johanna Patricia
Velasco Hernández y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
E.S.E. / Hospital de Kennedy II Nivel como auxiliar de enfermería.
7. Por tanto, ordenó reconocer las prestaciones sociales correspondientes al
periodo del 20 de agosto de 2008 y el 10 de enero de 2017, así como el pago de la
diferencia de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social en salud
y pensiones, debidamente indexados y actualizados. Finalmente, declaró probada
parcialmente la excepción de prescripción.
8. Como sustento de la decisión, determinó que el material probatorio aportado,
principalmente los testimonios y la declaración de parte rendida, demostró que la
demandante, en su calidad de auxiliar de enfermería, cumplía turnos fijos nocturnos
impuestos por la coordinación (7:00 p.m. a 7:00 a.m.), carecía de autonomía para
disponer de su tiempo y ejecutaba funciones idénticas a las del personal de planta
bajo órdenes directas, desvirtuando así la naturaleza de los contratos de prestación
de servicios.
9. Sin embargo, respecto a los efectos económicos, el juzgado aplicó la prescripción
trienal sobre gran parte del tiempo laborado al evidenciar soluciones de continuidad,
interrupciones de 30 y 61 días en 2013 y 2014, respectivamente. En consecuencia,
limitó la condena al pago de prestaciones sociales únicamente para el periodo
comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 10 de enero de 2017, ordenando el
pago de los aportes pensionales por la totalidad del vínculo (2008-2017) dado el
carácter imprescriptible de los derechos pensionales.
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1.3. Recurso de apelación
10. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación
parcial con el propósito de desvirtuar las interrupciones temporales que
fundamentaron la prescripción decretada por el a quo. Al respecto, se remitió al
acervo probatorio para demostrar que sí existió prestación efectiva del servicio
durante el mes de abril de 2013 y el periodo de mayo a junio de 2014, esto, con la
idea de acreditar la continuidad del vínculo y extender el reconocimiento
prestacional a la totalidad del tiempo laborado.
11. Adicionalmente, solicitó modificar la forma de cumplimiento de la sentencia para
que los dineros pagados por concepto de aportes a salud y pensión sean
reconocidos a título indemnizatorio directamente a la demandante, quien asumió
dicha carga, y no girados a los fondos respectivos. Finalmente, reclamó la condena
en costas a cargo de la entidad demandada, en atención al artículo 188 del CPACA
por haber resultado vencida en el proceso.
1.4. Sentencia de segunda instancia
12. En decisión de 21 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda Subsección E, modificó los numerales tres, literal
a), esto es, determinando que el reconocimiento de los valores a cancelar por la
relación laboral es por los periodos comprendidos entre el 1 de mayo de 2013 y el
30 de abril de 2014 y entre el 1 de julio de 2014 y el 10 de enero de 2017; y quinto
del fallo de primera instancia, esto es, condenar en costas a la parte demandada.
13. Como sustento, estableció que, conforme a la reclamación del 28 de abril de
2017, el fenómeno extintivo solo operó entre el 20 de agosto de 2008 y el 31 de
marzo de 2013, por tanto, amplió el periodo de reconocimiento prestacional, en
donde declaró no prescritos los derechos causados desde el 1 de mayo de 2013 en
adelante. Asimismo, aunque advirtió la improcedencia técnica de reconocer primas
extralegales en contratos realidad y la orden de pagar aportes durante los periodos
de interrupción, se abstuvo de revocar estos puntos en virtud del principio de non
reformatio in pejus, dado que la apelante única fue la demandante.
14. Por otra parte, así mismo, negó la solicitud de devolución de dineros
correspondientes a aportes a la seguridad social en salud y pensiones asumidos
por la trabajadora. Finalmente, accedió a la pretensión sobre las costas procesales
de primera instancia.
1.5. El recurso extraordinario de revisión
15. Inconforme con la decisión del fallo de segunda instancia, el apoderado de la
señora Johanna Patricia Velasco Hernández, presentó recurso con fundamento en
la causal 1 del artículo 250 del CPACA.
16. El recurrente argumentó que la aparición sobreviniente de los extractos y
reportes de movimientos bancarios del Banco Davivienda constituye una prueba
decisiva que no pudo ser aportada en las instancias ordinarias. Sostuvo que, de
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haber obrado dichos documentos en el expediente, la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca habría sido sustancialmente diferente.
17. Precisó que la prueba recobrada demuestra inequívocamente la existencia de
pagos por concepto de nómina u honorarios durante los meses de abril de 2013 y
el periodo de mayo a junio de 2014; circunstancias que desvirtúan las interrupciones
o soluciones de continuidad sobre las cuales se edificó la prescripción trienal.
18. En su criterio, la acreditación del pago implica necesariamente la prestación
efectiva del servicio, lo que obliga a realizar una nueva valoración conjunta del
acervo probatorio, que incluyen testimonios y documentos ya existentes, para
concluir que el vínculo fue único y permanente desde el año 2008. Aunado a ello,
manifestó que la valoración probatoria no se realizó de forma conjunta y consistente,
pues de lo contrario la decisión hubiese sido la de no declarar la prescripción.
Además, cuestionó la decisión del tribunal de exigirle la existencia de los contratos
de prestación de servicios para establecer el contrato realidad, pues, afirma que la
jurisprudencia ha sido consistente en que ello se puede deducir del análisis en
conjunto de las pruebas; y que, en todo caso, esos contratos estaban en poder de
la parte demandada y por ello no los pudo aportar.
19. Así, luego de realizar un extenso análisis frente a la acreditación de los
requisitos, concluyó que si estaba probado por los periodos reclamados el vínculo
laboral y que además no operó la prescripción; por lo que solicitó revocar la
sentencia impugnada para declarar la existencia de la relación laboral sin solución
de continuidad y ordenar el reconocimiento prestacional por la totalidad del tiempo
servido.
1.6. Contestación
20. La apoderada de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
ESE, allegó escrito en el que se opuso a la prosperidad del recurso extraordinario
invocando el principio de inmediatez probatoria. Argumentó que la valoración
realizada por los jueces de instancia goza de presunción de acierto y legalidad, toda
vez que fueron ellos quienes tuvieron contacto directo con el acervo probatorio para
determinar con certeza las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ejecución
contractual, respetando la autonomía judicial en la apreciación de los hechos.
21. Frente a la pretensión de declarar la unidad del vínculo, la defensa sostuvo que
no es procedente reconocer la totalidad del periodo, dado que se encuentra
acreditada una interrupción superior a 61 días, lapso que configura una solución de
continuidad conforme a las reglas de la Sentencia de Unificación del Consejo de
Estado del 9 de septiembre de 2021, lo que valida la decisión de aplicar la
prescripción sobre los periodos anteriores a dicha interrupción.
22. El agente del Ministerio público no rindió concepto.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
23. Esta Subsección es competente para resolver el presente recurso de
revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de
2011 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, contentivo del
Reglamento Interno de esta Corporación.
2.2. Oportunidad
24. El artículo 251 del CPACA establece el termino para interponer el recurso
extraordinario de revisión; al respecto, y particularmente sobre la causal 1 del
artículo 250 indica que «el recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia.»
25. En consideración a ello, y revisado el expediente de primera instancia, se
advierte que la decisión judicial de segunda instancia que se cuestiona fue proferida
el 21 de mayo de 2021, y el escrito de revisión se radicó en el 1 de abril de 2022,
es decir, que se presentó oportunamente.
2.3. Problema jurídico
26. Se contrae a determinar si en el caso sub lite, se cumplen los presupuestos
señalados en la causal de revisión prevista en el numeral 1º del art. 250 del CPACA
para infirmar la sentencia proferida el 21 de mayo de 2021, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección E.
27. En ese sentido, esta Sala de Subsección deberá determinar si en efecto existió
una prueba encontrada o recobrada, después de dictado el fallo con la que se
hubiera podido proferir una decisión diferente, y que la recurrente no pudo aportar
al proceso por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria, tal como
dispone el numeral 1 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
28. Para resolver ese interrogante se reseñará: i) la naturaleza y objeto del
Recurso Extraordinario de Revisión y; ii) el contenido y alcance de las causales 1.°
y 2.° del artículo 250 del CPACA.
2.4 Normas y jurisprudencia aplicables
La naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión
29. El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:
«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y
subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
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30. La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que, por su naturaleza, el
Recurso Extraordinario de Revisión es un medio judicial de impugnación que, por
excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las
sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada.
31. Lo anterior, en razón a que puede ser dirigido en contra de las sentencias
ejecutoriadas proferidas por cualquiera de las autoridades que integran la
jurisdicción de lo contencioso administrativo -jueces y tribunales administrativos, así
como las subsecciones y secciones de esta Corporación-.
32. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento
de la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de
situaciones externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso
ordinario, pero que revisten tal gravedad que prohijan la superación del principio de
cosa juzgada.
33. En sentencia de 3 de marzo de 2020,3 la Sala Décima Especial de Revisión de
este Tribunal, se refirió a los aspectos generales del recurso objeto de estudio, por
un lado, frente al objeto del mismo, se sostuvo que se encamina a obtener el
restablecimiento de la justicia material de la decisión cuestionada, en la medida que
esta haya sido afectada por situaciones exógenas que fue posible ventilar en el
proceso correspondiente, pero que, en todo caso, a juicio del legislador, revisten tal
gravedad que es procedente desvirtuar el principio de cosa juzgada 4. Además, se
destacó que dicho recurso:
I) Se ha definido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado como «un medio de impugnación excepcional que permite revisar
determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante la
demostración inequívoca de ser decisiones injustas, por incurrir en alguna de las
causales que taxativamente consagra la ley».5
II) Mediante el recurso extraordinario de revisión, se pueden controvertir
sentencias ejecutoriadas proferidas por las Secciones y Subsecciones de la Sala
de Contencioso Administrativo de esta Corporación, así como las emitidas en
cualquier instancia por tribunales administrativos y por los juzgados
administrativos cuya naturaleza permita la procedencia del recurso.
III) Respecto a la naturaleza de dicho recurso, la doctrina lo estima como una
vía de impugnación que tiene la virtud de afectar de manera excepcional el
principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada,
ello, en tanto, «se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado,
siempre que se configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250
3 Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), Consejera Ponente Dra. Sandra Lisett Ibarra Vélez.
4 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15-
000-2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia de 29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes
Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014.
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del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.6»
34. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el
debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias
probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias;
iv) controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de
aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso
sometido a juicio.
35. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la
procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre una
argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente entre los
fundamentos y la causal alegada.7 En la sentencia que se viene citando, esta
Corporación expresó:
«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate
propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso
extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpretativa del
juez8 o para corregir errores «in iudicando»9, sino que fue consagrado para discutir y
ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en la decisión
mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos falsos o
adulterados10-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser determinantes para
la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición de una persona con
mejor derecho11-, o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen que esta última carezca
de razón de ser – como en el caso de la causal cuarta,12- o deben poder ser objeto de
examen judicial –como cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no
era objeto de recurso de apelación13.
6 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse
recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de
la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho
para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir
alguna de las causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo
violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base
en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia
contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.
Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y
fue rechazada».
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia
de 13 de octubre de 2020, expediente No. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV), Consejero Ponente Dr.
Alberto Montaña Plata.
8 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001-03-15-
000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia.
9 En sentencia C- 998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los errores
in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de
una norma sustancial o por interpretación errónea…».
10 Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos
falsos o adulterados».
11 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
12 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
13 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
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47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia está
limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la obligación
elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese formalismo,
debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y, especialmente, los
hechos que le sirven de fundamento y la configuran.
48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos en
que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al recurrente
realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que
soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender subsanar o
corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho de
contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa, como si se
tratara de una nueva instancia.
49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las causales
enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación
impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la sentencia, que deberá
ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito interpretativo».14
2.4. El contenido y alcance de la causal 1 del artículo 250 del CPACA
36. La causal número 1, dispone «Haberse encontrado o recobrado después de
dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir
una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.»
37. De acuerdo con el anterior dispositivo, la causal en cita se cristaliza cuando:
i) se trata de una prueba documental que; ii) preexistente a la sentencia cuestionada
en revisión; iii) es encontrada o recobrada con posterioridad a la emisión de aquella
decisión y, por tanto; iv) tiene un impacto determinante en ella, al punto que prohíja
su modificación y/o revocatoria, pero que; v) no pudo ser incorporada
oportunamente al proceso primigenio por fuerza mayor, caso fortuito y/o acción de
la contraparte.
38. Esta Corporación ha sido insistente al pregonar que la causal en referencia
solo se aplica a pruebas documentales, por lo que no es admisible frente a otro tipo
de evidencias como los testimonios o las inspecciones judiciales.15
39. Así entonces, se extiende a los elementos enlistados en el artículo 243 del
C.G.P., esto es «los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de
14 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios
pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de
27 de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: «… no
constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o
sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley,
cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)». En ese mismo
sentido, en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó
que con el recurso extraordinario especial de revisión «(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración
propio del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los
argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a
convertir el recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente
los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)».
15 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N° 19, sentencia de 19 de septiembre de
2022, expediente 11 001 03 15 000 2021 11456 00, C.P. Dr. William Hernández Gómez.
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datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas,
videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y,
en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y
las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.»
40. En cuanto a que debe tratarse de una prueba encontrada o recobrada
después de dictada la providencia objeto de revisión, la jurisprudencia de este
tribunal ha indicado que debe tratarse de una evidencia documental que,
preexistente al fallo de instancia -pero no posterior a él-, solo pudo ser obtenida por
la parte recurrente con posterioridad a la emisión de aquél.
41. Por tanto, cuando tales elementos no fueron aducidos, incorporados o
solicitados dentro de las etapas procesales pertinentes por circunstancias distintas
a las señaladas en la norma, no deviene procedente la causal.16
42. Igualmente, el documento debe poseer un nivel de persuasión tal que resulte
suficiente para incidir en el sentido de la decisión o generar en el juzgador una
convicción distinta respecto de hechos que, en el desarrollo del proceso, no
consideró debidamente acreditados.
43. En relación con el último requisito señalado, esto es, que la imposibilidad de
aportar la prueba documental obedezca a fuerza mayor, caso fortuito y/o acción de
la parte contraria, esta corporación ha indicado que:
«66. Ahora bien, es necesario que el recurrente demuestre17 que la razón por la
cual no pudo aportar el documento al proceso fue atribuible al actuar intencional
de la contraparte, orientado a impedir que la prueba se pudiera arrimar a la
actuación judicial, o una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito; sin
embargo, en torno a las dos últimas situaciones, esta Corporación ha sostenido
que solo en caso de demostrarse la fuerza mayor se podría configurar la causal:
«[…]
Empero, la jurisprudencia de esta Sala ha distinguido entre la fuerza mayor y el caso
fortuito, en el entendido que solo cuando se da la primera puede prosperar la causal, en
cuanto extraña y por ende externa a la esfera jurídica de las vinculadas a la relación
jurídica procesal, de suerte que aunque imprevisible, impone a cada quien asumir su propio
riesgo. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la propia actividad, por lo que, aún
imprevisible por parte de quien pretende beneficiarse en la prueba, tampoco conlleva
responsabilidad en cuanto cada quien está obligado a asumir su propio riesgo y a reparar por
su traslado a terceros, esto es, a quien resulta ser ajeno al mismo. De donde no puede argüirse
16 Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección B, sentencia de 11 de noviembre de 2016, expediente No.
25000-23-26-000-1996-13158-01(34697), Consejera Ponente Dra. Stella Conto Díaz del Castillo.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión; sentencia
del 7 de febrero de 2017, radicación 11001 03 15 000 2016 01440 00 (rev); M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio
«Al haber calificado expresamente la ley los motivos de la falta de la prueba documental en el proceso, “el
simple olvido, incuria o abandono de la parte”2 7 que habría sido beneficiada con la prueba no constituyen
razones válidas para promover la revisión de una sentencia. -/ También se ha dicho que “no basta con una
dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera ‘imposibilidad’ apreciada
objetivamente...” 2 8 - / De otra parte, la jurisprudencia advierte que la fuerza mayor, el caso fortuito o la obra de
la parte contraria, según el caso, deben probarse 2 9 y, además, que la prueba debe establecer que
verdaderamente fueron esas circunstancias las que hicieron imposible el aporte oportuno de los documentos. 3 0 »
(cursiva y números de cita propios del texto transcrito).
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“olvido, incuria o abandono de la parte”, 18 por parte de quien pretende beneficiarse con la
prueba, tampoco “dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera
‘imposibilidad’ apreciada objetivamente”.19
Aunado a lo expuesto, la jurisprudencia advierte que tanto la fuerza mayor, como la obra
de la parte contraria, deben probarse, 20 esto es, aportar elementos de convicción acorde
con los cuales se deje en evidencia las circunstancias que hicieron imposible el aporte
oportuno de los documentos.21
Y a más de esto, la jurisprudencia de la Corporación también ha reiterado que se debe probar la
imprevisibilidad e irresistibilidad, puesto que, en términos generales, la primera es criterio
fundamental para determinar el caso fortuito, como el suceso interno que se da dentro del campo
de actividad de quien produce el daño, mientras que la segunda, lo es de la fuerza mayor, como
un acaecimiento externo al proceder de quien produce el daño. 22.»23
67. Así las cosas, para verificar si le asiste razón a la parte recurrente cuando alega
la configuración de esta causal es necesario, en principio, verificar si los
documentos que se aducen como recobrados, en efecto, lo son, dentro de los
parámetros expuestos por la jurisprudencia y si está demostrado que la falta de
aportación de estos al proceso ocurrió por una situación de fuerza mayor o por una
causa atribuible al actuar de la parte contraria.»24
2.5. Caso concreto
44. Como quedó visto de los antecedentes descritos, la señora Johanna Patricia
Velasco Hernández estimó que en el presente asunto se configuró la causal prevista
en el numeral 1 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, pues en su entender, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca al proferir la sentencia del 21 de mayo de 2021 pudo haber dictado
una decisión diferente respecto a la prescripción y a los derechos salariales y
prestacionales de haber tenido a su alcance otras pruebas decisivas.
45. En ese orden, la parte recurrente pretende que se tenga como prueba recobrada
y decisiva dichos documentos, los cuales aporta con el recurso extraordinario de
revisión, a saber i) historia clínica intraparto, y ii) extractos bancarios de los meses
de abril y mayo de 2013, y de junio y julio de 201425.
46. Tal planteamiento no satisface los presupuestos exigidos para la configuración
de la causal invocada, en la medida en que, en primer lugar, tales documentos no
tienen la connotación de “encontrados o recobrados” porque, aunque existían
18 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18 de
febrero de 2010, Rad. 2597-07.».
19 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
de 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(rev).».
20 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias
de 20 de abril de 1998, Rad. rev-110 y 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(rev).»
21 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
de 26 de julio de 2005, Rad. 1998-00177(rev). En este caso hubo un incendio que destruyó unos registros civiles
que luego se trajeron al recurso extraordinario de revisión, pero el infortunio ocurrió mucho después de
presentada la demanda. La Sala consideró que el incendio (caso fortuito) no fue en realidad la razón que impidió
aportarlos en su momento.»
22 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, concepto de 12 de
diciembre de 2006, radicación 11001-03-06-000-2006-00119-00(1792), actor: Ministerio de Transporte.».
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de mayo de 2018, radicación: 11001-
03-25-000-2014-00329-00, número interno: 1001-14, m.p. Sandra Lisset Ibarra Velez.
24 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 18 de diciembre de
2020, expediente 11 001 03 15 000 2018 00164 00, C. P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
25 Banco Davivienda
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antes del fallo que ahora se cuestiona, véase que la historia clínica data del año
2014, mientras que los extractos bancarios de los años 2013 y 2014; la señora
Velasco Hernández no precisa cuál fue la imposibilidad para allegarlas con la
demanda o para solicitar su decreto en el curso del proceso, o las razones por las
que no las tuvo a su alcance; máxime cuando en su momento si aportó extractos
bancarios por ejemplo, de la anualidad 2016.
47. En segundo lugar, se tiene que la no aportación del citado material probatorio
al trámite de nulidad y restablecimiento del derecho no obedeció a una fuerza mayor
y/o a obra de la parte contraria; ello en consonancia con lo mencionado en párrafo
anterior, y en todo caso la parte no aportó prueba en tal sentido.
48. Cabe destacar que la señora Velasco Hernández contó con las oportunidades
probatorias contempladas en el artículo 212 del CPACA, en las cuales no aportó ni
solicitó el decreto de los documentos que ahora pretende sean valorados con
ocasión del recurso extraordinario de revisión.
49. Ahora bien, revisado la sustentación de la causal invocada, se observa que
además de los argumentos hasta ahora revisados, también se cuestiona en general
la valoración probatoria efectuada por el tribunal administrativo frente a la existencia
de la relación laboral reclamada; por ejemplo, considera que no tiene asidero
jurídico que dicha corporación exigiera el contrato de prestación de servicios, a fin
de establecer dicha relación laboral, y en su lugar desconociera otra serie de
pruebas como certificaciones y extractos bancarios; de igual forma, aduce que esos
contratos no estaban en su poder sino que debían reposar en la entidad; afirmación
está última con la que se infiere, concluye que no los obtuvo por obra de la
contraparte.
50. En torno a lo antes mencionado, la Sala considera que tales cuestionamientos
desbordan la finalidad del recurso extraordinario de la referencia, pues, se itera, este
no tiene la finalidad de reabrir un debate propio de las instancias del proceso
ordinario, tampoco está dispuesto para suplir falencias probatorias, cuestionar la
actividad interpretativa del operador jurídico y menos aún para controvertir los
fundamentos jurídicos de las providencias. De manera que, ante el carácter
extraordinario de este mecanismo judicial, se exige una argumentación rigurosa que
permita evidencias la configuración de la causal.
51. En ese orden, lo que se advierte es que se pretende utilizar el mecanismo
extraordinario de revisión como una tercera instancia para reabrir el debate
probatorio sobre la continuidad de la relación laboral, asunto que ya fue amplia y
suficientemente debatido tanto por el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo de
Bogotá como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, en donde valoraron el acervo probatorio
disponible y concluyeron, con base en su autonomía judicial, que existieron
soluciones de continuidad que dieron lugar a la declaratoria de prescripción sobre
ciertos periodos.
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52. La afirmación relacionada con que los contratos estaban en poder de la entidad,
no conllevan necesariamente a considerar que la parte no los pudo aportar por obra
de la contraparte, ello, en tanto que no hay prueba que permita concluir tal situación;
y en todo caso, el expediente administrativo fue aportado al proceso, por lo que, de
estimarse que estaba incompleto, bien pudo manifestarse en las oportunidades
procesales de rigor, solicitando que se allegara lo faltante, no obstante, revisada el
trámite procesal surtido, no se advierte ningún reproche al respecto.
53. En conclusión, el recurso extraordinario de revisión no está llamado a prosperar,
toda vez que no se acreditaron los requisitos concurrentes exigidos por el numeral
1 del artículo 250 del CPACA, evidenciándose más bien un intento de revivir una
discusión jurídica y probatoria ya clausurada por la fuerza de la cosa juzgada.
2.6. De la condena en costas
54. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en su versión original, 26 establece
que «[s]alvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por
las normas del Código de Procedimiento Civil». A su turno, el artículo 365 del
Código General del Proceso prevé que:
«Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores
a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes
reglas:
1. [s]e condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…]. ».
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación.
55. En este contexto, atendiendo a que el recurso extraordinario no prosperó, es
procedente la imposición de esta condena, por cuanto el apoderado de la entidad
intervino en este trámite a través de abogado, quien se aprestó a defender sus
intereses. Por lo que sigue, se condenará en costas y agencias en derecho al
recurrente. En cuanto a esta última se refiere, corresponderá a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente.
56. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión propuesto por
Johanna Patricia Velasco Hernández contra de la sentencia de 21 de mayo de 2021
26 Se acude a esta norma, en razón a que el recurso fue radicado en el año 2020, esto es, antes de la vigencia
de la Ley 2080 de 2021.
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proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme las
consideraciones.
SEGUNDO. Condenar en costas y agencias en derecho a la recurrente. En cuanto
a estas últimas, ascenderán a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. La
secretaría de esta Sección realizará la respectiva liquidación.
TERCERO. Se reconoce personería para actuar al abogado Camilo Andres Cruz
Bravo, identificado con la Tarjeta Profesional 162.400 del CSJ, como abogado de la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., en atención al poder
allegado vía correo electrónico y visible en el índice 28 de SAMAI.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/
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