Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00495-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00495-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00495-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
29 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00495-00 (4827-2022)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP
Demandado: Clara Idamis Salgado Usme1
Asunto: Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003
Tema: causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 a 255 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo (en adelante CPACA),
se procede a dictar sentencia en el marco de la acción especial de revisión2 prevista
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del 17 de febrero de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, que confirmó parcialmente la providencia del 18 de julio de 2018 dictada
por el Juzgado 17 Administrativo del Circuito de Bogotá, que accedió a las pretensiones
de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (en adelante, UGPP) solicita que se revoque la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca3, por cuanto considera que se incurrió en las
causales de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Sostiene que la
señora Clara Idamis Salgado Usme no tiene derecho a la reliquidación de la pensión de
jubilación con el 75 % del último año de servicios, y la inclusión de todos los factores
devengados en ese mismo periodo, dado que el IBL debe determinarse según el inciso
3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
1 Precisa la Sala que, en algunas actuaciones del medio de control 11001333501720160032800, se consigna el
nombre de la entonces demandante como Clara «Adamis» Salgado Usme; sin embargo, al revisar la integralidad
del expediente y la cédula de ciudadanía correspondiente, se advierte que el nombre correcto es Clara Idamis
Salgado Usme.
2 Así la ha denominado la jurisprudencia de esta Corporación, entre otras decisiones: Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, providencia de 27 de marzo de 2014, radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-
00(2129-12) REV, M.P. Gerardo Arenas Monsalve y Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero
de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2019- 04468-00 REV, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
3 Sentencia que a su vez fue adicionada a través de providencia del 1 de junio de 2021. Ver Samai, índice 27,
actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento
«26RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTE_11001333501720160032(.zip) NroActua 27», archivo
«03AdicionSentenciaSegundaInstancia.pdf».
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00495-00 (4827-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Clara Idamis Salgado Usme
II. ANTECEDENTES
2.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
1. La señora Clara Idamis Salgado Usme, en ejercicio del medio de control previsto en
el artículo 138 del CPACA, presentó demanda contra la UGPP, con el fin de que se
declarara la nulidad de las resoluciones núm. RDP 039892 del 29 de septiembre de
2015 y RDP 053611 del 16 de diciembre del mismo año, mediante las cuales se le negó
la reliquidación de su pensión de jubilación. En consecuencia, solicitó que se ordene
a la entidad demandada reliquidar la citada prestación con el 75 % de los factores
salariales percibidos durante el último año de servicios, conforme a la Ley 33 de 1985.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la parte
demandada reliquidar la pensión de jubilación teniendo en cuenta la totalidad de los
factores salariales devengados en el último año de servicios, liquidada con una tasa
de reemplazo del 75%, con la consecuente indexación, el pago de intereses moratorios
y la condena en costas4.
2.2. Sentencia de primera instancia
3. Para verificar los argumentos en contra de la sentencia objeto de revisión, dado que
dicha providencia resolvió la alzada interpuesta contra la decisión de primera instancia,
resulta pertinente destacar lo decidido en esta última.
4.En ese sentido, se observa que el Juzgado 17 Administrativo del Circuito de Bogotá,
en sentencia del 18 de julio de 20185, resolvió lo siguiente:
PRIMERO.- DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA la excepción de prescripción,
propuesta por la entidad demandada.
SEGUNDO.- DECLARAR la NULIDAD de las Resoluciones RDP 039892 del 29 de
septiembre de 2015 que negó la reliquidación pensional y RDP 053611 del 16 de diciembre
de 2015, que confirmó la decisión, por las razones expuestas en la parte motiva de este
proveído.
TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho, CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP a reliquidar la pensión de jubilación de la señora CLARA IDAMIS SALGADO USME,
identificada con la C.C No. […] de Bogotá D.C., en cuantía del 75% de lo percibido durante
su último año de servicios, esto es del 1 de julio de 1999 a 30 de junio de 2000, incluyendo
como factores salariales además del sueldo básico, incremento por antigüedad y
bonificación por servicios, una doceava parte (1/12) de: prima de navidad, prima de
vacaciones y prima de servicios; actualizando el valor del ingreso que sirve de base para
el reconocimiento de la pensión, según la variación del Índice de Precios al Consumidor
certificado por el DANE, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
desde el 30 de junio de 2000 hasta el 14 de mayo de 2002.
4 Samai, gestión en otros despachos, 11001333501720160032800, Juzgados Administrativos de Bogotá, índice 46,
actuación «Expediente Digital», documento «3ED_201632801_merged1pdf(.pdf) NroActua 46».
5 Samai, índice 27, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento
«26RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTE_11001333501720160032(.zip) NroActua 27», archivo
«01SentenciaPrimeraInstancia.pdf».
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Demandante: UGPP
Demandado: Clara Idamis Salgado Usme
[…]
CUARTO.- ORDENAR que una vez determinada la cuantía de la pensión reliquidada
deberá reajustarla de conformidad con la Ley para determinar el valor de las mesadas. El
pago de las diferencias que resulten del valor del reajuste de la pensión de jubilación de
que trata el numeral anterior, con los reajustes pensionales previstos en la ley sobre lo ya
liquidado y efectivamente cancelado, procederá a partir del 14 de mayo de 2012, de
acuerdo a la parte motiva de esta sentencia atendiendo la prescripción probada y
declarada sobre las mesadas pensionales causadas con anterioridad.
[…]
OCTAVO.- Negar las demás pretensiones de la demanda.
[…]6(Sic para la cita).
5. El juzgado fundamentó su decisión en que la demandante devengó, además de los
factores ya reconocidos, otros conceptos como vacaciones, bonificación especial,
primas de navidad, de servicios y de vacaciones. Luego de examinar la jurisprudencia
aplicable, concluyó que el salario correspondiente a las vacaciones y la bonificación
especial por recreación no constituían factores salariales computables para efectos
pensionales, conforme a lo establecido por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación del 4 de agosto de 2010.
6. De otra parte, determinó que las primas de navidad, de servicios y de vacaciones sí
tenían naturaleza salarial por tratarse de prestaciones de causación anual, razón por
la cual debían computarse en una doceava parte dentro del IBL. En consecuencia,
ordenó la reliquidación de la pensión con el 75 % del total de los factores salariales
efectivamente devengados durante el último año de servicios —comprendido entre el
1 de julio de 1999 y el 30 de junio de 2000—, incluyendo sueldo básico, incremento
por antigüedad, bonificación por servicios y una doceava parte de las mencionadas
primas.
7. Finalmente, declaró parcialmente probada la excepción de prescripción, anuló los
actos administrativos que negaron la reliquidación y dispuso el restablecimiento del
derecho en los términos señalados. Asimismo, ordenó actualizar el ingreso base de
liquidación conforme al índice de precios al consumidor certificado por el DANE, en
aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y se abstuvo de imponer condena en
costas.
2.3. Recursos de apelación
2.3.1. Clara Idamis Salgado Usme
8. La parte demandante, dentro del proceso ordinario, interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, por cuanto no ordenó la inclusión del factor
«bonificación especial» dentro de la base de liquidación. Asimismo, sostuvo que la
actualización de la condena se dispuso de manera errónea, al fijarse entre el 30 de
junio de 2000 y el 14 de mayo de 2002, cuando lo correcto, conforme a la prescripción
trienal, era desde el 30 de junio de 2000 hasta el 14 de mayo de 2012. Finalmente,
alegó que la orden relativa a los descuentos por concepto de aportes pensionales
carecía de precisión7.
6 Transcripción con posibles errores de ortografía y sintaxis propios del texto original.
7 Samai, gestión en otros despachos, 11001333501720160032800, Juzgados Administrativos de Bogotá, índice 46,
actuación «Expediente Digital», documento «9ED_201632810pdf(.pdf) NroActua 46», imagen 12.
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2.3.2. UGPP
9. Asimismo, en el proceso [2016-00328], la parte demandada —UGPP— interpuso
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Alegó que el régimen
de transición previsto en la Ley 100 de 1993 fue concebido únicamente para proteger
las expectativas legítimas de los afiliados respecto de los requisitos de edad, tiempo
de servicio y monto de la pensión establecidos en la normativa anterior, mas no frente
al IBL, el cual, precisó, fue regulado expresamente por la nueva ley. A su juicio, acoger
la interpretación del a quo implicaría fragmentar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y
desconocer el principio de inescindibilidad normativa.
10. Agregó que, conforme a las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395
de 2017 de la Corte Constitucional, el IBL no hace parte del régimen de transición y
debe determinarse conforme al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
aplicando las reglas del nuevo régimen general. Señaló que los factores salariales a
incluir son únicamente aquellos sobre los cuales se efectuaron aportes y, en
consecuencia, solicitó revocar la sentencia apelada y negar las pretensiones de la
demanda8.
2.4. Sentencia de segunda instancia
11. La decisión de primera instancia fue confirmada parcialmente por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en sentencia del
17 de febrero de 20209, al resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes.
Así, la decisión fue modificada en los siguientes términos:
PRIMERO: MODIFÍCASE el numeral SEXTO de la sentencia proferida 18 de julio de 2018,
por el Juzgado 17 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C, el cual quedará así:
“SEXTO. – ORDENAR a la entidad demandada descontar los aportes al sistema de
seguridad pensional, únicamente respecto de los tiempos laborados entre el 13 de
febrero de 1985 (entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985) hasta el 30 de junio de
2000 (fecha del retiro del servicio,), sobre los factores de prima de navidad, prima de
vacaciones y prima de servicios, siempre y cuando no se hayan efectuado y teniendo
en cuenta los porcentajes establecidos en los diferentes períodos”.
SEGUNDO: En todo lo demás CONFÍRMASE, la providencia impugnada.
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia10(sic para la cita).
12. El Tribunal señaló que la demandante era beneficiaria del régimen de transición
previsto en la Ley 33 de 1985. En consecuencia, resultaban pertinentes el Decreto Ley
3135 de 1968 y el Decreto 1045 de 1978. Así, en la liquidación de la pensión debían
incluirse los factores salariales devengados durante el último año de servicio
contemplados en este último decreto: asignación básica, prima de antigüedad, primas
8 Samai, gestión en otros despachos, 11001333501720160032800, Juzgados Administrativos de Bogotá, índice 46,
actuación «Expediente Digital», documento «9ED_201632810pdf(.pdf) NroActua 46», imagen 2.
9 Samai, índice 27, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento
«26RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTE_11001333501720160032(.zip) NroActua 27», archivo
«02SentenciaSegundaInstancia.pdf».
10 Transcripción literal errores ortográficos.
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de vacaciones, de servicios y de navidad, así como la bonificación por servicios.
13. No obstante, precisó que la bonificación especial por recreación (Decreto 40 de 1998)
y las vacaciones no constituyen factores salariales, por cuanto tienen naturaleza
prestacional y no se encuentran enlistadas en el Decreto 1045 de 1978. En ese sentido,
mantuvo la decisión del juzgado, que accedió parcialmente a las pretensiones,
ordenando la reliquidación de la pensión con inclusión únicamente de las primas de
navidad, de servicios y de vacaciones, además de los factores ya reconocidos por la
administración.
14. Finalmente, en cuanto a los aportes al sistema pensional, de forma mayoritaria
determinó que estos son imprescriptibles, conforme a la sentencia de unificación del
Consejo de Estado del 25 de agosto de 2010. Sin embargo, modificó el numeral sexto
de la sentencia recurrida para precisar que los descuentos por aportes solo procederán
respecto del período comprendido entre el 13 de febrero de 1985 —fecha de entrada en
vigor de la Ley 33— y el 30 de junio de 2000 —retiro del servicio—, exclusivamente
sobre los factores correspondientes a las primas de navidad, de vacaciones y de
servicios, siempre que no se hubieren efectuado con anterioridad.
2.5. Adición de la sentencia
15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, a
través de la decisión del 1 de junio de 202111, adicionó la sentencia de segunda
instancia, en los siguientes términos
PRIMERO. ADICIONAR la sentencia proferida por esta Sala el 9 de octubre de 2020, en
el proceso de la referencia, así:
MODIFÍCASE el numeral tercero de la sentencia proferida el 18 de julio de 2018 por el
Juzgado Diecisiete Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá el cual quedará así:
“TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP a reliquidar la pensión de jubilación de la señora
CLARA IDAMIS SALGADO USME, identificada con cédula de ciudadanía (…) de
Bogotá, en cuantía del 75 % de lo percibido durante su último año de servicios, esto
es del 1 de julio de 1999 a 30 de junio de 2000, incluyendo como factores salariales
además del sueldo básico, incremento por antigüedad y bonificación por servicios, una
doceava parte (1/12) de: prima de navidad, prima de vacaciones y prima de servicios,
prestación efectiva a partir del 30 de junio de 2000, pero con efectos fiscales a partir
del 14 de mayo de 2012 por prescripción trienal”.
SEGUNDO. Por Secretaría, una vez ejecutoriado el presente auto, devuélvase el
expediente al Juzgado de Origen12(sic para la cita).
III. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
11 Samai, índice 27, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento
«26RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTE_11001333501720160032(.zip) NroActua 27», archivo
«03AdicionSentenciaSegundaInstancia.pdf».
12 Transcripción con posibles errores de ortografía y sintaxis propios del texto original.
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Demandante: UGPP
Demandado: Clara Idamis Salgado Usme
3.1. Demanda
16. La UGPP, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción
especial de revisión13 contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
antes referida, invocó las causales de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797
de 200314 y formuló las siguientes pretensiones:
(i) Revocar la sentencia objeto de revisión.
(ii) Declarar que a la señora Clara Idamis Salgado Usme no le asiste derecho a
la reliquidación de la pensión de jubilación con la totalidad de los factores
salariales devengados en el último año de servicios, pues el ingreso base de
liquidación debe calcularse según el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, o el artículo 21 de la misma ley. Es decir, deben tenerse en cuenta
únicamente los factores base de cotización determinados de manera taxativa
en el Decreto 1158 de 1994 y en las demás disposiciones que expresamente
consagren esa condición de factores salariales con incidencia pensional, fijando
como monto o tasa de reemplazo el 75 %. Lo anterior, por cuanto la demandante
adquirió su estatus pensional conforme con las condiciones del régimen de
transición previsto en el sistema general de pensiones, y no con anterioridad a
su entrada en vigor.
(iii) Ordenar la reliquidación y el pago de la pensión de la accionada, de acuerdo
con las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de
2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, así como de los
autos 326 y 229 de 2014 y 229 de 2017, de la Corte Constitucional. Indicó que
la reliquidación deberá efectuarse según lo dispuesto en el inciso 3.º del artículo
36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda.
(iv) A título de restablecimiento se ordene a la parte demandada, la devolución
de todos y cada uno de los dineros que llegue a recibir por concepto de la
reliquidación de la pensión de jubilación, en cuantía del 75% de lo percibido
durante su último año de servicios, incluyendo todos los factores salariales.
17. A juicio de la parte recurrente se configura la causal a), toda vez que la orden judicial
violó el derecho al debido proceso de la UGPP, ya que la reliquidación de la pensión no
13 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_INFORMEPA_PASOALDESPACHO(.pdf) NroActua 2».
14 «artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación
de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General
de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o
extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo
código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y
además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
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Demandante: UGPP
Demandado: Clara Idamis Salgado Usme
se ajustó a derecho, pues lo procedente era interpretar correctamente los artículos 21
y 36 de la Ley 100 de 1993. Tampoco se tuvo en cuenta el artículo 1 del Decreto 1158
de 1994, en cuanto a los factores salariales. Indicó que la decisión judicial acusada se
apartó de lo establecido normativa y jurisprudencialmente y de lo debidamente
probado en el trámite judicial.
18. Por otra parte, la entidad señaló respecto a la causal b) que la cuantía del derecho
reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, comoquiera que a la accionada no
le asiste derecho a la reliquidación de la pensión con la totalidad de factores salariales
devengados en el último año de servicios, puesto que el IBL debe calcularse según el
inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta los factores
salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994.
19. Es decir, aclaró que deben respetarse las condiciones de edad, tiempo y monto del
régimen anterior, pero en cuanto a la liquidación o porcentaje del ingreso base de
liquidación sería aplicable el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario
promedio de 10 años, o el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, y los
factores salariales son los contemplados en el Decreto 1158 de 1994.
20. Resaltó que se desconoció el precedente judicial de las sentencias C-168 de 1995,
C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU -210 de 2017, SU- 395 de 2017
y SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017, proferidos
por la Corte Constitucional; así como el fallo CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de
2020 dictado dentro del proceso 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-17), por el
Consejo de Estado.
21. Afirmó que se configuró un abuso evidente del derecho, derivado de la incorrecta
interpretación de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, así como del
desconocimiento del precedente vinculante de la Corte Constitucional sobre el cálculo
del IBL en las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición. Por estas
razones, considera que la reliquidación pensional es irregular y causa un grave
detrimento al erario.
3.2. Actuaciones procesales relevantes
22. Por medio del auto del 9 de febrero de 2023 se admitió la demanda y se ordenó
notificar por estado a la entidad recurrente y personalmente a la señora Clara Idamis
Salgado Usme 15.
23. Luego de notificada esta decisión16, mediante auto del 10 de agosto de 202317, y
una vez vencido el término para que la parte accionada y el Ministerio Público se
pronunciaran sobre la admisión de la acción especial de revisión, se tuvieron como
prueba los documentos allegados con la demanda. Asimismo, se decretó la remisión
del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 11001 33 35 017 2016
00328 00, incluyendo la sentencia cuestionada. Finalmente, debido a que no contestó,
se requirió a la accionada para que constituyera apoderado judicial.
15 Samai, índice 7.
16 Samai, índice 11 y 14.
17 Samai, índice 18.
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Demandante: UGPP
Demandado: Clara Idamis Salgado Usme
24. Por auto del 11 de marzo de 202518, se requirió por segunda vez al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado 17 Administrativo del Circuito de Bogotá
para que, allegaran la totalidad del expediente identificado con el radicado número
11001333501720160032800, promovido por la señora Clara Idamis Salgado Usme.
Las anteriores autoridades judiciales suministraron respuesta, tal y como da cuenta el
índice 27, 40, y 41 del aplicativo SAMAI.
3.3. Contestación a la acción especial de revisión
25. La señora Clara Idamis Salgado Usme guardó silencio.
3.4. Concepto del Ministerio Público
26. El Procurador Delegado de Intervención Tercero ante el Consejo de Estado
consideró que el recurso debía prosperar parcialmente. Advirtió que en la sentencia
proferida por el Tribunal se condenó a la UGPP a reliquidar la mesada pensional de la
señora Clara Idamis Salgado Usme, con base en el último año de servicios y en los
factores salariales devengados durante dicho periodo, desconociendo el precedente
jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
27. Reconoció que el fallo impugnado se profirió con posterioridad a la jurisprudencia
unificada de la Corte Constitucional —sentencias SU258 de 2013, SU-230 de 2015,
SU-427 de 2016, SU-395 de 2017, entre otras—, que precisó que el IBL no forma parte
del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por lo anterior,
considera que se configuró la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
28. En consecuencia, indicó que la pensión debió calcularse con el promedio de los
salarios cotizados, conforme al inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y al
Decreto 1158 de 1994. No obstante, estimó improcedente ordenar la devolución de los
valores ya pagados dado que no se demostró mala fe de la pensionada19.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Competencia
29. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en
virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1.º, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso
2, del CPACA20.
30. La Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión,
según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201921, por
tratarse de un asunto de carácter laboral.
18 Samai, índice 15.
19 Samai, índice 35.
20 «Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por
los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por Los jueces administrativos conocerán
los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de
revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003».
21 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
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Demandante: UGPP
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4.2. Oportunidad
31. La UGPP invocó como causales de revisión las previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de manera que, teniendo en cuenta que la sentencia
objeto del recurso fue proferida y quedó ejecutoriada en vigencia del CPACA, resulta
aplicable lo dispuesto en el inciso 4.º del artículo 251 de esta normativa que precisa lo
siguiente:
[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a
partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […].
32. En el presente caso, se tiene que la sentencia objeto de revisión, proferida el 18 de
febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca quedó ejecutoriada el
18 de junio de 2021, tal y como da cuenta el certificado proferido por la Secretaría de
esa corporación22, de modo que al haberse interpuesto el recurso extraordinario de
revisión el 15 de septiembre de 202223, se presentó dentro del término previsto en la
normativa en mención.
4.3. Legitimación en la causa
33. Lalegitimación por activa y por pasiva se verifica a partir de las siguientes
circunstancias:
34. La UGPP se creó para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados
a cargo de las administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de
las entidades públicas del mismo carácter respecto de las cuales se haya decretado
su liquidación, como sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social EICE (art. 156
de Ley 1151 de 2007).
35. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 5021 de 28 de diciembre de
200924, le asignó la función de adelantar la acción prevista en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003. Este precepto fue reiterado en el Decreto 575 de 201325.
36. A su vez, la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 201626, indicó que la UGPP
tiene legitimación en la causa por activa para interponer el recurso de que trata el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, «con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho».
22 Samai, índice 27, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento
«26RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTE_11001333501720160032(.zip) NroActua 27», archivo
«03AdicionSentenciaSegundaInstancia.pdf», imagen 15.
23 Samai, índice 1, anotación: «REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL jueves, 15 de
septiembre de 2022 con secuencia: 4879».
24 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus dependencias.”
25 Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias”. De conformidad
con el numeral 6 del artículo 6 ejusdem, dentro de las funciones asignadas a la UGPP, está la de: “6. Adelantar o
asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adiciones
o modifiquen.
26 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
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37. Por su parte, la señora Clara Idamis Salgado Usme está legitimada por pasiva, dada
su condición de demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento en el
que se dictó la sentencia cuya revisión se solicita.
4.4. Problema jurídico
38. Conforme con los planteamientos expuestos en la demanda de revisión que propuso
la UGPP, corresponde a la Sala determinar si ¿la pensión de jubilación reconocida a la
señora Clara Idamis Salgado Usme, se reliquidó en sede judicial con violación al
debido proceso y/o en una cuantía superior a la prevista por la ley, teniendo en cuenta
que, a juicio de la parte actora, no se calculó de conformidad con el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y la interpretación que sobre esta norma han hecho la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado?
39. De ser afirmativa la respuesta al interior interrogante, ¿la ciudadana debe devolver
las sumas de dinero que percibió con ocasión de la sentencia del 17 de febrero de
2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, que confirmó en segunda instancia la reliquidación de su pensión?
40. En este orden de ideas, para resolver los problemas planteados, la Sala analizará
las generalidades de la acción especial de revisión, además de las causales previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, luego, estudiará el caso
concreto, para finalmente abordar lo relativo a la devolución de las sumas de dinero.
4.5. Generalidades sobre la acción especial de revisión y las causales previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reiteración de
jurisprudencia27
41. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación contra las
sentencias ejecutoriadas que constituye una excepción al principio de cosa juzgada.
Está regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, y su ámbito de acción está
restringido a las causales taxativas previstas por el legislador, las cuales no admiten
interpretaciones extensivas28.
42. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció una «acción especial»29, en la que
27 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, proceso con radicado
11001-03-15-000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
28 Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras sentencias:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV-
2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678, 12 de julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14 de
marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, Rad. REV-045 y 11 de
febrero de 1993, Rad. REV-037.
29 Cita original: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. M.P. Gerardo Arenas
Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25- 000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja
Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés “ […] En este
orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario
de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la
“acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que
se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de
control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de
obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”(subrayas de la Sala). Cfr., sentencia de 25 de febrero de
2022 dictada por la Sala Novena Especial de Decisión dentro del radicado 11001-03-15-000-2019-04468-00 REV.
M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Entre otras, Sala Novena Especial de Decisión sentencia de 22 de noviembre
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se facultó a determinadas entidades para pedir la revisión de las providencias
judiciales, transacciones o conciliaciones que ordenaron el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. La norma en
cita estableció expresamente las causales de procedencia, así:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que legalmente son aplicables.
43. La acción especial de revisión se debe tramitar a través del procedimiento señalado
para el recurso extraordinario de revisión; con todo, presenta elementos que la
caracterizan según la jurisprudencia del Consejo de Estado30 y de la Corte
Constitucional, a saber:
(i) Tiene por objeto controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con
cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en la materia31.
(ii) La legitimación en la causa por activa es limitada porque para ejercerla se
requiere de un solicitante calificado32.
(iii) No se extiende a reabrir el debate probatorio, sino a revisar el valor de las
pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social33.
(iv) No es una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a
una prestación, pues se contrae a revisar los aspectos concernientes al
reconocimiento del derecho cuando se concedió con vulneración del debido
proceso (literal a); y a la liquidación (literal b) en un valor mayor al que
corresponde34.
44. A partir de los antecedentes históricos, la acción de revisión originada en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003 es un mecanismo que hace parte de la reforma pensional
establecida en la citada ley, con el fin de reducir el déficit fiscal para así hacer viable
de 2021, radicado No. 11001-03-15- 000-2019-01749-00. M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Sala Veinticinco
Especial de Decisión de sentencia de 21 de agosto de 2020, radicación 11001-03-15-000-2019-03846-00 REV y
sentencia de 8 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2020-04141-00 REV. M.P. Martha Nubia
Velásquez Rico.
30 Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Salas Especiales de
Decisión 19 y 9, sentencia del 18 de agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000- 2020-03549-00. M.P. William
Hernández Gómez y sentencia de sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2019-
01749-00. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. M.P. William
Hernández Gómez, providencia de 10 de agosto de 2017, radicado: 25000-23-25-000-2002-05275-01
31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. M.P. William
Hernández Gómez, providencia de 10 de agosto de 2017, radicado: 25000-23-25-000-2002-05275-01.
32 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 1°
de agosto de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2016-02022-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 19, sentencia de 18
de agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2020-03549-00, demandante: UGPP. M.P. William Hernández
Gómez.
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financieramente el sistema pensional, conforme se lee en la exposición de motivos. De
modo que, sobre «[…] la revisión de providencias judiciales, transacciones,
conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocieron sumas periódicas o
pensiones, se indicó que permite ‘afrontar los graves casos de corrupción en esta
materia y evitar los graves perjuicios que pueda sufrir la Nación’»35.
45. Ahora bien, respecto a las causales establecidas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 200336, se tiene que, según la primera de ellas, la acción especial
de revisión es procedente en el evento en que la sentencia recurrida reconoce una
pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con violación al
debido proceso. Así, resulta necesario que la parte actora allegue los elementos sobre
los que sustenta su petición y acredite que el reconocimiento pensional se efectuó con
desconocimiento de las garantías constitucionales que constituyen el derecho al
debido proceso, conforme lo prevé el artículo 29 superior, esto es, (i) el derecho al juez
natural o funcionario competente; (ii) el derecho a ser juzgado según las formas de
cada juicio o procedimiento; y (iii) las garantías de audiencia y defensa37.
46. En cuanto a la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
esta corporación ha explicado lo siguiente:
[…]
El literal b) de la Ley 797 de 2003 prevé que las pensiones con cargo al erario deben ser
revisadas «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la
Ley 797 de 2003, la causal obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales
solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos
los ciudadanos […]».
En efecto, uno de los principales propósitos de esta Ley y, en particular, del artículo 20
ibídem, era el de reducir el déficit fiscal y hacer del sistema pensional un sistema posible,
realizable, en términos económicos, de tal forma que fuera posible la revisión, entre
otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía excediera lo debido de acuerdo
con las normas vigentes. En ese orden de ideas, las causales de procedencia de la acción
de revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde dicho
instrumento procesal.
En sentido similar, esta Corporación explicó que la causal se erige como una herramienta
legal útil, que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa y que permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan
los principios que orientan el Sistema General de Pensiones, en especial, el principio de
solidaridad y equilibrio financiero.
A lo anterior se suma que el sistema pensional debe ser sostenible fiscalmente, de tal
forma que garantice la estabilidad a largo plazo de las finanzas públicas y se procure el
35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, auto de 27 de marzo de 2014,
radicación No. 11001-03-25-000-2011-00561-00 (2129-2012) M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
36«[…]a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
37 Al respecto puede verse, entre otras decisiones, la sentencia dictada por la Sala Novena Especial de Decisión el
22 de noviembre de 2021, radicado No. 11001-03-15-000-2019-01749-00. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Demandante: UGPP
Demandado: Clara Idamis Salgado Usme
cumplimiento de los principios de rentabilidad, sostenibilidad y conveniencia, en cuanto
a la determinación del gasto, de tal forma que prevalezca el interés general sobre el
particular. […]”38.
47. En este orden de ideas, la acción de revisión no permite plantear nuevamente el
debate de la instancia ni subsanar falencias en la actuación, sino que su finalidad
consiste en la revisión de los reconocimientos pensionales o de prestaciones
periódicas que afectan la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones.
48. Se destaca que la causal b) al señalar que la acción especial de revisión procede
«cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido según la ley, pacto, o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables», permite que se verifique la
suma de la prestación otorgada, más no que se determine si procede o no el
reconocimiento del derecho.
4.6. Análisis del caso concreto
49. Según lo expuesto en la demanda de revisión, el problema jurídico propuesto se
formuló alrededor de si la pensión reconocida a la señora Clara Idamis Salgado Usme
se reliquidó con violación al debido proceso y en una cuantía superior a la prevista por
la ley, teniendo en cuenta que, a juicio de la parte actora, no se calculó de conformidad
con el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la interpretación que sobre
esta norma han hecho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
50. Conel objeto de resolver el interrogante planteado, en el caso concreto se
encuentran acreditados los siguientes hechos:
(i) La señora Clara Idamis Salgado Usme nació el 29 de abril de 194939 y laboró al
servicio del Instituto Nacional de Cancerología del 10 de septiembre de 1969 al 30 de
junio de 200040; el último cargo desempeñado fue «técnico operativo grado 13»41; y
adquirió el estatus pensional el 29 de abril de 199942. Durante el último año de
servicios, devengó los siguientes factores: asignación básica «sueldo»; vacaciones;
«incremento por antigüedad»; bonificación especial; bonificaciones por servicios; y
primas de navidad, de servicios y de vacaciones43.
38 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5
de febrero de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-001884-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
39 Samai, gestión en otros despachos, 11001333501720160032800, Juzgados Administrativos de Bogotá, índice
46, actuación «Expediente Digital», documento «3ED_201632801_merged1pdf(.pdf) NroActua 46», imagen 45.
40 Se desprende la Resolución núm.017614 del 2001, visible en Samai, gestión en otros despachos,
11001333501720160032800, Juzgados Administrativos de Bogotá, índice 46, actuación «Expediente Digital»,
documento «3ED_201632801_merged1pdf(.pdf) NroActua 46», imagen 9 y 30.
41 Se desprende la Resolución núm.017614 del 2001, visible en Samai, gestión en otros despachos,
11001333501720160032800, Juzgados Administrativos de Bogotá, índice 46, actuación «Expediente Digital»,
documento «3ED_201632801_merged1pdf(.pdf) NroActua 46», imagen 9.
42 Conforme se señaló en la Resolución núm. 017614 de 2001, que reliquidó la pensión y la núm. RDP 039892 del
29 de septiembre de 2015, que resolvió una solicitud de reliquidación de la pensión a la accionada. Ver en Samai,
gestión en otros despachos, 11001333501720160032800, Juzgados Administrativos de Bogotá, índice 46,
actuación «Expediente Digital», documento «3ED_201632801_merged1pdf(.pdf) NroActua 46», imagen 9 y 17,
respectivamente.
43 Según certificación expedida por el Instituto Nacional de Cancerología, vista en Samai, gestión en otros
despachos, 11001333501720160032800, Juzgados Administrativos de Bogotá, índice 46, actuación «Expediente
Digital», documento «3ED_201632801_merged1pdf(.pdf) NroActua 46», imagen 30.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00495-00 (4827-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Clara Idamis Salgado Usme
(ii) CAJANAL, a través de la Resolución núm. 067573 del 5 de mayo de 2000, reconoció
una pensión de jubilación a la señora Clara Idamis Salgado Usme, efectiva a partir del
29 de febrero de 2000, condicionada al retiro del servicio; equivalente al 75% de lo
devengado entre el 1 de abril de 1994 al 28 de febrero de 200044.
(iii) Por medio de la Resolución núm. 017614 del 10 de julio de 2001, CAJANAL reliquidó
la pensión equivalente al 75% de lo devengado entre el 1 de abril de 1994 al 30 de
junio de 2000, elevando su cuantía45.
(iv) Mediante la Resolución núm. RDP 039892 del 29 de septiembre de 201546, la UGPP
negó la solicitud de reliquidación de la pensión reconocida al accionante, negativa que
fue confirmada a través de la Resolución núm. RDP 053611 del 16 de diciembre de
201547, —actos demandados dentro del proceso objeto de revisión—.
Negó la solicitud de reliquidación de la pensión presentada por Clara Idamis Salgado
Usme, quien pretendía incluir todos los factores salariales devengados durante su
último año de servicios. La entidad concluyó que, aunque la interesada estaba
amparada por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y adquirió
su estatus pensional el 29 de abril de 1999, la liquidación debía efectuarse conforme
a los factores salariales expresamente señalados en la Ley 100 de 1993 y el Decreto
1158 de 1994, y no con todos los rubros percibidos.
51. Una vez expuestas las causales alegadas y los presupuestos fácticos del asunto, la
Sala procede a estudiar el ingreso base de liquidación de los regímenes especiales
dada la transición de la Ley 100 de 1993.
4.6.1. El ingreso base de liquidación para los beneficiarios de los regímenes de
la transición de la Ley 100 de 1993
52. La Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, en sentencia de unificación del 28
de agosto de 2018, estableció las siguientes reglas sobre el ingreso base de
liquidación, para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que
se pensionaron según la Ley 33 de 1985, así:
91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación
44 Fechas y datos se extraen de la sentencia de segunda instancia, ver Samai, índice 27, actuación «RECIBE
MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento
«26RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTE_11001333501720160032(.zip) NroActua 27», archivo
««02SentenciaSegundaInstancia.pdf»; y apartes legibles del acto administrativo de reconocimiento, Samai, gestión
en otros despachos, 11001333501720160032800, Juzgados Administrativos de Bogotá, índice 46, actuación
«Expediente Digital», documento «3ED_201632801_merged1pdf(.pdf) NroActua 46» imagen 1.
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que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento
de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a
los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones,
indudablemente, le son más favorables.
Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición
92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta
la siguiente regla jurisprudencial:
El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar
el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes
subreglas:
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
[…]
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.
[…]
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.
101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación,
en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la
Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y
no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el
último año de prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en
materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el
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servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda
a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el
entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe
el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los
principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta
Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de
su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación
pensional y a ellos se debe limitar dicha base48.
53. De acuerdo con la interpretación jurisprudencial referida, quienes siendo
beneficiarios de la transición tuviesen derecho al reconocimiento pensional en los
términos de la Ley 33 de 1985, son sujetos de esta disposición, pero solamente en
cuanto al tiempo de servicios, la edad y la tasa de reemplazo; sin embargo, el ingreso
base de liquidación es el previsto en los artículos 21 y 36 (inciso 3) de la Ley 100 de
1993, según sea el caso.
4.6.2. Verificación de las causales de revisión invocadas por la UGPP
(i) Respecto a la causal establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 - violación al debido proceso
54. En el caso bajo análisis, la UGPP sostuvo que se configuró la causal del literal a)
porque la decisión judicial acusada es contraria a la ley y la jurisprudencia, en la
medida que otorgaron un aumento en la mesada pensional sin fundamento
constitucional ni legal, por cuanto desconocieron los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de
1993, así como el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994. Agregó que, en el caso de la
demandada, como beneficiaria del régimen de transición, el ingreso base de
liquidación está regido por la normativa previamente citada.
55. En este orden de ideas, según se explicó en el acápite del marco normativo de esta
providencia, la acción especial de revisión no es una tercera instancia para reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, en tanto se limita a revisar los aspectos, en
concreto, frente a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, concernientes al reconocimiento del derecho cuando este se otorgó con
vulneración al debido proceso.
56. En tal sentido, es imperioso que la parte actora ilustre los elementos sobre los que
sustenta su petición y demuestre que el reconocimiento pensional se efectuó con
desconocimiento del referido derecho constitucional.
57. Así, revisada la demanda presentada por la UGPP se advierte que no cumplió con la
carga argumentativa que le correspondía en lo que respecta a la violación del derecho
al debido proceso, toda vez que no alude ningún elemento que deba revisar la Sala en
atención al desconocimiento de las garantías constitucionales que debieron atenderse,
como que el medio de control hubiese sido decidido por un juez sin competencia; se
hubiese desconocido el procedimiento propio del asunto; o no hubiese tenido
oportunidad de ejercer sus derechos de defensa y contradicción dentro del trámite
procesal.
48 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, radicado
número 52001-23-33-000-2012-00143-01.
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58. Lo anterior obedece a que en lugar de dar cuenta de una situación constitutiva de
una violación al debido proceso, lo que se reprocha es una presunta omisión de las
autoridades judiciales en la aplicación de las normas y la jurisprudencia que prevén los
criterios a tener en cuenta para liquidar la pensión, lo que corresponde a un aspecto
del fondo del asunto que fue debatido y decidido en el proceso ordinario.
59. Por ende, advertido que el sustento de la acción de la referencia no guarda relación
con la naturaleza del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se declarará que
no se configura la mencionada causal de revisión.
(ii) Acerca de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 - la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley
60. La UGPP alegó la causal prevista en el literal b) porque la sentencia del Tribunal,
que hizo tránsito a cosa juzgada, ordenó la reliquidación de la pensión sin tener en
cuenta que el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993 está regido por los artículos 21 y 36 ídem y el artículo 1° del
Decreto 1158 de 1994, en cuanto a los factores salariales. Igualmente, indicó que
existió un abuso palmario del derecho, dado que la reliquidación pensional fue irregular
y aumentó el monto de la pensión de la señora Clara Idamis Salgado Usme.
61. Ahora bien, se destaca que para esta Subsección lo relevante cuando se trata de
acciones especiales de revisión es analizar el criterio jurisprudencial vigente para la
época en que el Tribunal dictó la decisión censurada49. Esto, acorde con los efectos
del fallo de unificación del 28 de agosto de 201850 de la Sala Plena de lo Contencioso
–Administrativo que expresamente consideró: «debe precisarse que los casos
respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables»; así como que «las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden considerarse que lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley».
62. En el mismo sentido, en el fallo de unificación de la Sección Segunda del 11 de junio
de 2020 CE-SUJ-S2-021-2051, se explicó que los conflictos judiciales resueltos están
amparados por la cosa juzgada y son inmodificables, para garantizar la seguridad
jurídica y los principios fundamentales de la seguridad social.
63. Nótese que la Sección Segunda de esta corporación sostenía desde el año 2010
una tesis jurisprudencial en cuanto a la reliquidación pensional de los beneficiarios de
la transición de la Ley 100 de 1993, que cambió solamente con la sentencia de la Sala
Plena de lo Contencioso-Administrativo del 28 de agosto de 2018. En efecto, la
Sección Segunda, en el fallo del 4 de agosto de 2010 sostuvo, en materia de
reliquidación pensional, que los jubilados conforme a la Ley 33 de 1985, como
beneficiarios del régimen de transición regulado en la Ley 100 de 1993, tenían derecho
a la aplicación integral del régimen anterior, y, en concreto, que el artículo 3 de la Ley
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 13 de junio de 2024, radicado número 11001-
03-25-000-2018-01458-00 (4815-2018).
50 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, radicado
número 52001-23-33-000-2012-00143-01.
51 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 11 de junio de 2020, radicado
número 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017).
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33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales del ingreso base de
liquidación pensional, sino que estaban simplemente enunciados, por ello, era
procedente la inclusión de todos los conceptos devengados por el trabajador en el
último año de prestación del servicio.
64. En el presente caso, se considera pertinente precisar que, el Juzgado 17
Administrativo del Circuito de Bogotá dictó la sentencia de primera instancia el 18 de
julio de 2018, destacó el desarrollo jurisprudencial del ingreso base de liquidación en
la jurisdicción de lo contencioso–administrativo, e hizo énfasis en que compartía la
posición del tribunal de cierre, expuesta en la sentencia de unificación del 4 de agosto
de 2010 —aplicable al momento de su expedición—, respecto a que a los beneficiarios
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 se les aplicaba en su integridad el
régimen pensional anterior. Ello, en cuanto a la edad, el tiempo de servicios, el monto
de la pensión y los factores salariales percibidos por la actora de forma periódica y
como retribución directa del servicio.
65. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir el fallo de
segunda instancia del 17 de febrero de 2020, destacó en el marco jurisprudencial la
posición expuesta en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 —ya en
vigor al momento de emitir esa decisión—. No obstante, al resolver el caso concreto,
interpretó, citó y aplicó las reglas fijadas en la decisión del 4 de agosto de 2010, en el
entendido que, confirmó la providencia de primera instancia dictada por el Juzgado 17
Administrativo del Circuito de Bogotá el 18 de julio de 2018, modificando únicamente
lo relacionado con los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Para
mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
Sentencia de primera instancia del 18 Sentencia de segunda instancia del Aclaración de la sentencia
de julio de 2018 17 de febrero de 2020
PRIMERO.- DECLARAR PARCIALMENTE PRIMERO: MODIFÍCASE el numeral PRIMERO. ADICIONAR la
PROBADA la excepción de prescripción, SEXTO de la sentencia proferida 18 sentencia proferida por esta
propuesta por la entidad demandada. de julio de 2018, por el Juzgado 17 Sala el 9 de octubre de
Administrativo del Circuito Judicial de 2020, en el proceso de la
SEGUNDO.- DECLARAR la NULIDAD de Bogotá D.C, el cual quedará así: referencia, así:
las Resoluciones RDP 039892 del 29 de
septiembre de 2015 que negó la “SEXTO. – ORDENAR a la entidad MODIFÍCASE el numeral
reliquidación pensional y RDP 053611 del demandada descontar los aportes al tercero de la sentencia
16 de diciembre de 2015, que confirmó la sistema de seguridad pensional, proferida el 18 de julio de
decisión, por las razones expuestas en la únicamente respecto de los tiempos 2018 por el Juzgado
parte motiva de este proveído. laborados entre el 13 de febrero de Diecisiete Administrativo
1985 (entrada en vigencia de la Ley 33 Oral del Circuito Judicial de
TERCERO.- Como consecuencia de la de 1985) hasta el 30 de junio de 2000 Bogotá el cual quedará así:
anterior declaración y a título de (fecha del retiro del servicio,), sobre
restablecimiento del derecho, CONDENAR los factores de prima de navidad, “TERCERO.- Como
a la UNIDAD ADMINISTRATIVA prima de vacaciones y prima de consecuencia de la anterior
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y servicios, siempre y cuando no se declaración y a título de
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE hayan efectuado y teniendo en cuenta restablecimiento del
LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP a los porcentajes establecidos en los derecho, CONDENAR a la
reliquidar la pensión de jubilación de la diferentes períodos”. UNIDAD ADMINISTRATIVA
señora CLARA IDAMIS SALGADO USME, ESPECIAL DE GESTIÓN
identificada con la C.C. (…) de Bogotá D.C., SEGUNDO: En todo lo demás PENSIONAL Y
en cuantía del 75% de lo percibido durante CONFÍRMASE, la providencia CONTRIBUCIONES
su último año de servicios, esto es del 1 de impugnada. PARAFISCALES DE LA
julio de 1999 a 30 de junio de 2000, PROTECCIÓN SOCIAL
incluyendo como factores salariales TERCERO: ABSTENERSE de UGPP a reliquidar la
además del sueldo básico, incremento por condenar en costas en esta instancia. pensión de jubilación de la
antigüedad y bonificación por servicios, una (Negrillas por la Sala) señora CLARA IDAMIS
doceava parte (1/12) de: prima de navidad, SALGADO USME,
prima de vacaciones y prima de servicios; identificada con cédula de
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actualizando el valor del ingreso que sirve ciudadanía (…), en cuantía
de base para el reconocimiento de la del 75 % de lo percibido
pensión, según la variación del Índice de durante su último año de
Precios al Consumidor certificado por el servicios, esto es del 1 de
DANE, conforme a lo dispuesto en el julio de 1999 a 30 de junio de
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, desde el 2000, incluyendo como
30 de junio de 2000 hasta el 14 de mayo de factores salariales además
2002. del sueldo básico,
incremento por antigüedad y
La reliquidación ordenada estará bonificación por servicios,
condicionada a la elaboración, por parte de una doceava parte (1/12) de:
la entidad demandada, de una fórmula prima de navidad, prima de
actuarial cuya proyección permita la vacaciones y prima de
efectividad del derecho reclamado por el servicios, prestación
demandante en términos razonables, de efectiva a partir del 30 de
conformidad con las pautas expuestas en la junio de 2000, pero con
parte motiva de esta sentencia. efectos fiscales a partir del
14 de mayo de 2012 por
CUARTO.- ORDENAR que una vez prescripción trienal.”
determinada la cuantía de la pensión
reliquidada deberá reajustarla de SEGUNDO. Por Secretaría,
conformidad con la Ley para determinar el una vez ejecutoriado el
valor de las mesadas. El pago de las presente auto, devuélvase el
diferencias que resulten del valor del expediente al Juzgado de
reajuste de la pensión de jubilación de que Origen.
trata el numeral anterior, con los reajustes
pensionales previstos en la ley sobre lo ya
liquidado y efectivamente cancelado,
procederá a partir del 14 de mayo de 2012,
de acuerdo a la parte motiva de esta
sentencia atendiendo la prescripción
probada y declarada sobre las mesadas
pensionales causadas con anterioridad.
QUINTO.- ORDENAR que una vez
determinada la cuantía de la pensión
reliquidada deberá reajustarla de
conformidad con la Ley para determinar el
valor de las mesadas reajustadas.
SEXTO.- DISPONER que las mesadas
pensionales reliquidadas y reajustadas que
ahora correspondan, se deben deducir las
sumas de las mesadas pensionales ya
pagadas, y su resultado, en cada caso,
constituye las diferencias a pagar por este
concepto. Sobre estas diferencias, la
administración descontará el valor de los
aportes que ordene la ley, y que el
interesado no haya cubierto respecto de los
factores que se ordenan incluir; pues esta
es una carga del servidor público que no se
puede eludir y cuyos recursos son
fundamentales para que la entidad
responsable pueda cumplir con su
obligación de pago.
[…]
66. En virtud de lo anterior, la Sala reitera que el beneficio de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite acudir a normas anteriores en lo relativo a
los requisitos de edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo; sin embargo, el IBL en
sus componentes, periodo y factores, debe determinarse conforme a lo dispuesto en
la Ley 100 de 1993. Por consiguiente, atendiendo las disposiciones que regulan el
reconocimiento pensional, la Ley 33 de 1985 se erige como la norma anterior aplicable
a la pensión de la señora Clara Idamis Salgado Usme [aspecto que no es objeto de
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controversia en la presente acción]. En cuanto a los requisitos señalados —edad,
tiempo de servicio y tasa de reemplazo—, esta disposición establece que la
trabajadora adquiere el derecho con 50 años de edad [mujer], 20 años de servicio y
una tasa de reemplazo del 75 %.
67. Ahora, como se indicó previamente y conforme a lo dispuesto en los actos
administrativos de reconocimiento y reajuste pensional, la demandante era beneficiaria
del régimen de transición, en virtud del cual podía acudir a la normativa anterior para
acreditar el requisito de edad. Esta, como se señaló, corresponde a 50 años por
tratarse de una trabajadora del Instituto Nacional de Cancerología, quien prestó sus
servicios entre el 10 de septiembre de 1969 y el 30 de junio de 2000.
68. En ese orden de ideas, la señora Clara Idamis Salgado Usme, servidora del Instituto
Nacional de Cancerología, podía acceder a la pensión al cumplir 50 años de edad —
nació el 29 de abril de 1949—, una vez acreditado el requisito de 20 años de servicio,
—laboró 11.089 días—, conforme a lo previsto en la Ley 33 de 1985. La liquidación de
la prestación debía efectuarse con el 75 % de los factores salariales que sirvieron de
base para determinar el IBC, percibidos durante los últimos 10 años de servicio, o
durante el tiempo que hiciere falta para alcanzar la prestación a la entrada en vigor de
la Ley 100 de 1993, por cuanto el IBL no fue objeto del régimen de transición. En
consecuencia, al haber adquirido el estatus pensional el 29 de abril de 1999, esto es,
con posterioridad a la entrada en vigor de la citada ley, el tiempo restante debía
computarse para efectos de la determinación del IBL aplicable.
69. Lo anterior, por cuanto las reglas fijadas en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018 constituyen precedente vinculante y de obligatorio cumplimiento para
los asuntos que se encontraban pendientes de resolución al momento de su emisión.
En el presente caso, la sentencia de segunda instancia fue proferida el 17 de febrero
de 2020, por lo tanto, dicho precedente era el aplicable al caso objeto de estudio.
70. A pesar de lo expuesto, en la sentencia objeto de revisión el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca dispuso la reliquidación de la pensión con base en el 75 % del
promedio de los factores salariales devengados durante el último año de servicios52;
al confirmar la decisión de primera instancia, la cual sustentó su determinación en las
reglas de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, vigentes al momento en
que el Juzgado Administrativo profirió su fallo el 18 de julio de 2018, pero no a la fecha
en que el Tribunal emitió su decisión, esto es, el 17 de febrero de 2020. En todo caso,
sobre esta última providencia, la Sala tampoco advierte una argumentación mínima,
relacionada con las razones por las cuales dicha autoridad judicial se apartaba de los
parámetros unificados en la decisión del 28 de agosto de 2018.
71. En este punto, es preciso señalar que el principio de favorabilidad consagrado en el
artículo 53 de la Constitución Política no resulta aplicable en este asunto. Ello, por
cuanto —se reitera— la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ya se
encontraba definida para la fecha de expedición de la sentencia recurrida, por la
jurisprudencia de esta corporación. Conforme a dicha línea jurisprudencial, cuando la
pensionada adquirió su estatus jurídico bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993,
únicamente podía acudir a la normatividad anterior para efectos de acreditar los
requisitos de edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo, mas no para la
52 Concretamente (a) sueldo básico;(b) incremento por antigüedad; (c) bonificación por servicios; (d) prima de
navidad (1/12); (e) prima de vacaciones (1/12); (f) prima de servicios (1/12).
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determinación del ingreso base de liquidación (IBL), en lo relativo al período de
referencia y los factores salariales computables.
72. En consecuencia, la Sala advierte que la sentencia proferida el 17 de febrero de
2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F, desconoció los criterios jurisprudenciales que, para esa época, había fijado el
Consejo de Estado como máximo tribunal de lo contencioso-administrativo. Lo anterior,
por cuanto, si bien la señora Clara Idamis Salgado Usme se encontraba amparada por
el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dicha
circunstancia únicamente le permitía conservar la edad establecida en la norma
anterior, esto es, 50 años para las mujeres. En lo relativo al ingreso base de liquidación,
debía acudirse a la normativa vigente al momento de la consolidación del estatus
pensional, es decir, la Ley 100 de 1993.
73. Cabe señalar que, para el momento en que se profirió la sentencia objeto de revisión
—17 de febrero de 2020—, ya estaban vigentes las reglas de unificación
jurisprudencial adoptadas por la Sala Plena del Consejo de Estado en la decisión del
28 de agosto de 2018. En esa providencia se precisó que el IBL no forma parte del
régimen de transición previsto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Desde entonces, la corporación consolidó esta postura según la cual los factores
salariales computables para efectos pensionales deben ser aplicados de manera
taxativa.
74. La línea argumentativa antes expuesta, tal como lo destacó el Ministerio Público,
resulta consistente con la posición asumida por esta Sección en un asunto análogo en
el que se promovió una acción especial de revisión —caso en el que no se aplicaron
las reglas de unificación fijadas en la sentencia del 28 de agosto de 2018, pese a
haberse dictado con posterioridad a su vigencia—, oportunidad en la que se declaró
fundado dicho medio de control. En esa ocasión se indicó lo siguiente53:
Ahora bien, aclarado lo anterior, de acuerdo con los hechos probados y el marco
normativo y jurisprudencial expuesto, la Sala de Decisión advierte que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca al proferir la sentencia del 29 de marzo de 2019 que
definió la segunda instancia dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por el señor ALFONSO AYALA contra la UGPP, debió aplicar el
precedente jurisprudencial vigente y vinculante para el momento en que la emitió, esto
es, la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de esta
Corporación, pues a la fecha de expedición de la decisión ya habían pasado más de seis
meses desde que se había proferido, sin embargo, no lo hizo.
[…]
Lo anterior quiere decir que la sentencia del 29 de marzo de 2019 proferida por la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en la causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda
vez que está probado que al señor […] no le asistía el derecho a la reliquidación de su
pensión sobre el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de
servicio conforme con lo dispuesto en la sentencia de unificación de esta Corporación
expedida el 28 de agosto de 2018, la cual se encontraba vigente para el momento en
que se profirió la decisión cuestionada y era precedente judicial obligatorio para definir
el caso, por consiguiente el monto del derecho reconocido por el Tribunal excedió lo
debido de acuerdo con la ley.
53 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda Subsección A, sentencia del
20 de marzo de 2018, proceso 11001-03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Demandante: UGPP
Demandado: Clara Idamis Salgado Usme
75. Conforme a los argumentos expuestos, la Sala observa que la cuantía del derecho
reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley. En consecuencia, la Sala declarará
fundada la acción especial de revisión y, por consiguiente, infirmará el fallo del 17 de
febrero de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se
procederá a emitir la sentencia de reemplazo, conforme con lo establecido en el inciso
2 del artículo 255 del CPACA.
4.7. Sentencia de reemplazo
76. De acuerdo con lo expuesto, y de cara a emisión de la decisión de reemplazo, la
Sala retoma el cauce argumentativo relacionado con los recursos de apelación
interpuesto por las partes, en contra de la sentencia de primera instancia del 18 de
julio de 2018, proferida por el Juzgado 17 Administrativo del Circuito de Bogotá dentro
del proceso 11001333501720160032800, que accedió parcialmente a las
pretensiones, en los siguientes términos:
PRIMERO.- DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA la excepción de prescripción,
propuesta por la entidad demandada.
SEGUNDO.- DECLARAR la NULIDAD de las Resoluciones RDP 039892 del 29 de
septiembre de 2015 que negó la reliquidación pensional y RDP 053611 del 16 de
diciembre de 2015, que confirmó la decisión, por las razones expuestas en la parte
motiva de este proveído.
TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho, CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP a reliquidar la pensión de jubilación de la señora CLARA IDAMIS SALGADO
USME, identificada con la C.C. (…) de Bogotá D.C., en cuantía del 75% de lo percibido
durante su último año de servicios, esto es del 1 de julio de 1999 a 30 de junio de 2000,
incluyendo como factores salariales además del sueldo básico, incremento por
antigüedad y bonificación por servicios, una doceava parte (1/12) de: prima de navidad,
prima de vacaciones y prima de servicios; actualizando el valor del ingreso que sirve de
base para el reconocimiento de la pensión, según la variación del Índice de Precios al
Consumidor certificado por el DANE, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, desde el 30 de junio de 2000 hasta el 14 de mayo de 2002.
La reliquidación ordenada estará condicionada a la elaboración, por parte de la entidad
demandada, de una fórmula actuarial cuya proyección permita la efectividad del derecho
reclamado por el demandante en términos razonables, de conformidad con las pautas
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO.- ORDENAR que una vez determinada la cuantía de la pensión reliquidada
deberá reajustarla de conformidad con la Ley para determinar el valor de las mesadas.
El pago de las diferencias que resulten del valor del reajuste de la pensión de jubilación
de que trata el numeral anterior, con los reajustes pensionales previstos en la ley sobre
lo ya liquidado y efectivamente cancelado, procederá a partir del 14 de mayo de 2012,
de acuerdo a la parte motiva de esta sentencia atendiendo la prescripción probada y
declarada sobre las mesadas pensionales causadas con anterioridad.
QUINTO.- ORDENAR que una vez determinada la cuantía de la pensión reliquidada
deberá reajustarla de conformidad con la Ley para determinar el valor de las mesadas
reajustadas.
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SEXTO.- DISPONER que las mesadas pensionales reliquidadas y reajustadas que
ahora correspondan, se deben deducir las sumas de las mesadas pensionales ya
pagadas, y su resultado, en cada caso, constituye las diferencias a pagar por este
concepto. Sobre estas diferencias, la administración descontará el valor de los aportes
que ordene la ley, y que el interesado no haya cubierto respecto de los factores que se
ordenan incluir; pues esta es una carga del servidor público que no se puede eludir y
cuyos recursos son fundamentales para que la entidad responsable pueda cumplir con
su obligación de pago.
[…]
77. Ahora bien, en atención a los argumentos expuestos en los recursos de apelación,
la Sala observa que la inconformidad de la parte demandante, Clara Idamis Salgado
Usme54, respecto de la sentencia de primera instancia —que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda— se centró en tres aspectos: i) la omisión de ordenar
la inclusión del factor «bonificación especial» dentro de la base de liquidación; ii) el
período considerado para la actualización de la condena; y iii) lo dispuesto sobre los
descuentos de los aportes, toda vez que, en su criterio, la decisión no precisó el lapso
exacto para su cálculo.
78. En relación con los argumentos expuestos en el recurso de alzada interpuesto por
la demandada, UGPP55, esta sostuvo que el régimen de transición previsto en la Ley
100 de 1993 se estableció exclusivamente para salvaguardar las expectativas
legítimas de los afiliados respecto de los requisitos de edad, tiempo de servicio y monto
de la pensión conforme a la normativa anterior, mas no frente al IBL, el cual, precisó,
fue expresamente regulado por la nueva ley. A su juicio, acoger la interpretación del
juez de primera instancia implicaría desarticular el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y
desconocer el principio de inescindibilidad normativa.
79. Agregó que, conforme a las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395
de 2017 de la Corte Constitucional, el IBL no hace parte del régimen de transición y
debe determinarse conforme al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
aplicando las reglas del nuevo régimen general. Señaló que los factores salariales a
incluir son únicamente aquellos sobre los cuales se efectuaron aportes y, en
consecuencia, solicitó revocar la sentencia apelada y negar las pretensiones de la
demanda.
80. En relación con lo anterior, es preciso señalar, en primer término, que en el presente
asunto no se debate el régimen pensional aplicable a la demandante, pues el problema
jurídico se circunscribe a determinar si le asiste el derecho a que se incluyan, dentro
de su ingreso base de liquidación, todos los factores salariales percibidos en el último
año de servicios, en su condición de beneficiaria del régimen de transición previsto en
la Ley 33 de 1985.
81. De acuerdo con lo expuesto en acápites anteriores, la Sala recuerda que la señora
Clara Idamis Salgado Usme solicitó que se declarara la nulidad de las resoluciones
núm. RDP 039892 del 29 de septiembre de 2015 y RDP 053611 del 16 de diciembre del
54 Samai, gestión en otros despachos, 11001333501720160032800, Juzgados Administrativos de Bogotá, índice
46, actuación «Expediente Digital», documento «9ED_201632810pdf(.pdf) NroActua 46», imagen 12.
55 Samai, gestión en otros despachos, 11001333501720160032800, Juzgados Administrativos de Bogotá, índice
46, actuación «Expediente Digital», documento «9ED_201632810pdf(.pdf) NroActua 46», imagen 2.
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mismo año, mediante las cuales se le negó la reliquidación de su pensión y que, en su
lugar se ordenara la reliquidación de la acreencia pensional con el 75% de todos los
factores salariales devengados en el último año de servicio.
82. Así, como se explicó a lo largo de la presente providencia, la Sala Plena de lo
Contencioso-Administrativo56, por medio de sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2018, replanteó la tesis aplicada por las subsecciones de la Sección Segunda y, en
su lugar, consideró que la transición establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 solo preservó los presupuestos de edad, tiempo de servicio y porcentaje o tasa
de reemplazo dispuestos en el régimen anterior para quienes estaban próximos a
pensionarse, sin que se pueda entender que el último elemento incluye la aplicación
del periodo y factores previstos en ese régimen, por no formar parte del beneficio de
la transición.
83. En consecuencia, para el momento en que se profiere la presente sentencia de
reemplazo, se encuentra vigente la postura adoptada por esta corporación en el fallo
de unificación del 28 de agosto de 2018. Con base en dicho precedente, la Sala
concluye que, en el caso concreto, i) el IBL no puede calcularse con fundamento en lo
devengado durante el último año de servicios, como lo dispuso la decisión de primera
instancia, pues tal criterio de liquidación no se acompasa a la regla de unificación que
excluyó este parámetro para los beneficiarios del régimen de transición.
84. De igual modo, ii) respecto de los factores salariales que deben incluirse en el IBL
de los servidores públicos amparados por el régimen de transición, la Sala precisa que
solo procede incorporar aquellos sobre los cuales se efectuaron aportes o cotizaciones
al Sistema General de Pensiones, conforme lo establece la ley. En ese sentido, los
factores computables son los previstos en el Decreto 1158 de 1994, que en el caso de
la pensionada, son: la asignación básica, la prima por antigüedad y la bonificación por
servicios prestados. No obstante, la sentencia de primera instancia incluyó
indebidamente otros conceptos —como las primas de navidad, de vacaciones y de
servicios— que no están contemplados en dicha norma y, por tanto, no pueden integrar
la base de liquidación pensional.
85. Con todo, el acto acusado, que tuvo en cuenta las resoluciones de reconocimiento
y posterior reliquidación de la pensión, se fundamentó en que: i) la beneficiaria adquirió
el estatus jurídico de pensionada el 29 de abril de 1999; ii) la prestación se liquidó en
un 75 % del promedio de los factores devengados, pero no conforme al último año de
servicios, sino a partir de lo percibido desde 1 de enero de 1994 al 30 de junio de 2000;
y iii) la reliquidación incluyó la asignación básica, la bonificación por servicios
prestados y la prima de antigüedad, según consta en la Resolución núm. 017614 del
10 de julio de 2001, último acto que modificó la mencionada acreencia57.
86. De acuerdo con lo expuesto en los apartes anteriores, la Sala, con fines explicativos,
presentará un cuadro comparativo en el que se precisan, para el caso concreto, los
factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994 respecto de los cuales
procede la cotización, así como los valores efectivamente percibidos por la señora
56 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia 00143 de 28 de agosto de 2018,
exp. 2012-00143-01.
57 Según se extrae de los antecedentes del acto administrativo demandado Resolución núm. 039892 del 29 de
septiembre de 2015. Ver Samai, gestión en otros despachos, 11001333501720160032800, Juzgados
Administrativos de Bogotá, índice 46, actuación «Expediente Digital», documento
«3ED_201632801_merged1pdf(.pdf) NroActua 46», imagen 17.
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Clara Idamis Salgado Usme y aquellos considerados por la UGPP al momento de
liquidar su prestación pensional. Este examen permitirá determinar si la decisión de
primera instancia se ajusta a las reglas de unificación previamente expuestas. En los
siguientes términos se indica:
Factores salariales Consolidado de factores Resolución núm. Reconocidos en el
contemplados en el certificados cotizados 017614 del 10 de julio fallo se primera
Decreto 1158 de 1994 durante la prestación del de 200159 instancia
servicio58
«a) La asignación básica (a) asignación básica (a) asignación básica, (a) sueldo básico
mensual; «sueldo», (b) bonificación por (b) incremento por
b) Los gastos de (b) «incremento por servicios prestados antigüedad
representación; antigüedad», (c) la prima de antigüedad, (c) bonificación por
c) La prima técnica, cuando c) bonificaciones por servicios
sea factor de salario; servicios (d) prima de navidad
d) Las primas de (d) bonificación especial (1/12)
antigüedad, ascensional (e) vacaciones, (e) prima de
de capacitación cuando (f) prima de navidad, vacaciones (1/12)
sean factor de salario; (g) prima de servicios, y (f) prima de servicios
e) La remuneración por (h) prima de vacaciones (1/12)
trabajo dominical o festivo;
f) La remuneración por
trabajo suplementario o de
horas extras, o realizado en
jornada nocturna;
g) La bonificación por
servicios prestados»
87. Por las razones expuestas, y dado que al momento de resolver los recursos de
apelación se encontraba en vigor la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
la Sala concluye que los actos administrativos demandados, tuvieron en cuenta los
factores salariales correctos. Ello, por cuanto la prestación —según el último acto que
la reliquidó, esto es, la Resolución núm. 017614 del 10 de julio de 2001— incluyó como
factores salariales devengados por la demandante los siguientes: (a) asignación
básica, (b) bonificación por servicios prestados y (c) prima de antigüedad, todos
previstos en el Decreto 1158 de 1994.
88. Lo anterior, sin que pueda inferirse que otros conceptos certificados, como la (d)
bonificación especial, (e) las vacaciones, (f) la prima de navidad y (g) la prima de
servicios, hagan parte de la relación de factores contenida en el Decreto 1158 de 1994.
89. En virtud de las consideraciones desarrolladas, la Sala determina que no hay lugar
a disponer la liquidación del IBL con fundamento en todo lo devengado en el último año
de servicios de la señora Clara Idamis Salgado Usme, como lo resolvió el Juzgado 17
Administrativo del Circuito de Bogotá.
90. Asimismo, por sustracción de materia, se despacharán de manera desfavorable los
cargos expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación.
91. No obstante, la Sala considera que, aunque no era procedente el reconocimiento
pensional con base en el último año de servicios y luego de verificar que los factores
58 Según certificación expedida por el Instituto Nacional de Cancerología, vista en Samai, gestión en otros
despachos, 11001333501720160032800, Juzgados Administrativos de Bogotá, índice 46, actuación «Expediente
Digital», documento «3ED_201632801_merged1pdf(.pdf) NroActua 46», imagen 29 y 30.
59 Samai, gestión en otros despachos, 11001333501720160032800, Juzgados Administrativos de Bogotá, índice
46, actuación «Expediente Digital», documento «3ED_201632801_merged1pdf(.pdf) NroActua 46», imagen 9.
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salariales aplicados corresponden a los previstos en el Decreto 1158 de 1994, lo cierto
es que el periodo tomado para la liquidación de la pensión —del 1 de enero de 1994
al 30 de junio de 2000— debe ser examinado por el juez, a fin de determinar si se
ajusta a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.
92. Esto es así, en la medida en que se encuentra en discusión una situación jurídica
relacionada con el derecho fundamental a la seguridad social, que es irrenunciable, de
aplicación inmediata y de tutela efectiva por parte de la administración de justicia. Esto
no significa que de esta manera se quebranten los principios de justicia rogada o de
congruencia, puesto que, en todo caso, el trámite administrativo y judicial estuvo
circunscrito a los derechos pensionales de la demandante.
93. Como se precisó en renglones anteriores, la Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, estableció las
siguientes reglas sobre el periodo para liquidar la pensión para los beneficiarios del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que se pensionaron según la Ley 33 de
1985, así:
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
94. En virtud de lo anterior, la señora Clara Idamis Salgado Usme, cumplió el estatus
pensional el 29 de abril de 1999, conforme a lo previsto en la Ley 33 de 1985. La
liquidación de la prestación debía efectuarse con el 75 % de los factores salariales que
sirvieron de base para determinar el IBC, durante el tiempo que hiciere falta para
alcanzar la prestación a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, por cuanto el
IBL no fue objeto del régimen de transición. En consecuencia, al haber adquirido el
estatus pensional el 29 de abril de 1999, esto es, con posterioridad a la entrada en
vigor de la citada ley, el tiempo restante debía computarse para efectos de la
determinación del IBL aplicable.
95. Por lo expuesto, entre el 1 de abril de 1994 y el 29 de abril de 1999 [fecha que
adquirió el estatus] transcurrieron 5 años y 29 días. De otro lado, se acreditó que la
peticionaria se retiró del servicio el 30 de junio de 2000. En consecuencia, el promedio
de lo devengado durante el tiempo faltante debía calcularse respecto de los 5 años y
29 días anteriores al 30 de junio de 2000, esto es, desde el 2 de junio de 1995. No
obstante, como se indicó previamente, la liquidación se efectuó desde el 1 de enero
de 1994 hasta el 30 de junio de 2000, razón por la cual, la entidad efectuó un cálculo
erróneo que, en principio, podría ser desfavorable para la accionante, pues
comprendió un periodo mayor al que correspondía considerar, con la inclusión de un
año –1994– en el que, por ejemplo, debía tenerse una asignación inicial menor a la
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que correspondía, teniendo en cuenta que la peticionaria en 1994 percibió $245.103 y
en el siguiente, 1995, que es la anualidad inicial a tener en cuenta, devengó–
$330.40960.
96. En virtud de lo anterior, si bien los actos administrativos acusados negaron la
reliquidación pensional respecto del último año de servicios y de la inclusión de la
totalidad de los factores salariales, lo cierto es que la prestación de la demandante se
liquidó con un periodo incorrecto, comprendido entre el 1 de enero de 1994 y el 30 de
junio de 2000, cuando debió efectuarse entre el 2 de junio de 1995 y el 30 de junio de
2000. Ello, en el entendido de que el promedio de lo devengado con anterioridad al
retiro del servicio –30 de junio de 2000– debía calcularse con base en el tiempo que le
hacía falta para adquirir el derecho pensional a la entrada en vigor de la Ley 100 de
1993, esto es, entre el 1 de abril de 1994 y el 29 de abril de 1999 –fecha de adquisición
del estatus pensional–, periodo equivalente a 5 años y 29 días.
97. En consecuencia, se declarará la nulidad parcial de las resoluciones núm. RDP
039892 del 29 de septiembre de 2015 y RDP 053611 del 16 de diciembre del mismo
año, mediante las cuales se le negó la reliquidación de su pensión de jubilación, así
como de la Resolución núm. 017614 del 10 de julio de 2001, último acto que modificó
la mencionada acreencia pensional. Lo anterior, con el fin de que la prestación se
liquide con el 75 % del promedio de los factores salariales devengado, previstos en el
Decreto 1158 de 1994, entre el 2 de junio de 1995 y el 30 de junio de 2000, conforme
a lo expuesto en la presente decisión.
98. En todo caso, la Sala precisa que el reconocimiento pensional procederá en la
medida en que la liquidación efectuada conforme a los parámetros aquí determinados
resulte más favorable a la señora Clara Idamis Salgado Usme en comparación a lo
dispuesto en los actos acusados.
99. Por lo anterior, sería del caso reconocer las diferencias salariales derivadas de la
liquidación efectuada de manera precedente, para ello, se advierte que la solicitud de
reliquidación pensional fue presentada el 14 de mayo de 201561, por lo que, conforme
a los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969,
disposiciones que establecen un término de prescripción de tres (3) años, la parte
actora tendría derecho al reconocimiento de las prestaciones causadas a partir del 14
de mayo de 2012. En consecuencia, resultaría procedente la aplicación de la figura de
la prescripción en el presente caso.
100. No obstante, en consonancia con lo precisado en materia de prescripción y en
relación con las eventuales diferencias salariales y su indexación, la Sala advierte que,
en la medida en que la cuantía del derecho reconocido —reliquidación pensional
calculada con el último año de servicios e inclusión de factores adicionales a los
previstos en el Decreto 1158 de 1994— excedió lo debido conforme a la decisión objeto
de revisión, tampoco resulta procedente el pago de las prestaciones causadas a partir
del 14 de mayo de 2012, en tanto con ocasión de la sentencia del 17 de febrero de
2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
60 Samai, gestión en otros despachos, 11001333501720160032800, Juzgados Administrativos de Bogotá, índice
46, actuación «Expediente Digital», documento «3ED_201632801_merged1pdf(.pdf) NroActua 46», imagen 11.
61 Samai, gestión en otros despachos, 11001333501720160032800, Juzgados Administrativos de Bogotá, índice
46, actuación «Expediente Digital», documento «3ED_201632801_merged1pdf(.pdf) NroActua 46», imagen 31.
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Subsección F –que se infirma–, la peticionaria desde la misma fecha62, recibió una
mesada pensional en un monto mayor al que le correspondía, cuya devolución no es
procedente como se indicará en el siguiente acápite.
101. Esta circunstancia conlleva a que las diferencias derivadas de la liquidación
efectuada conforme a los parámetros correctos deban reconocerse únicamente hacia
el futuro, esto es, a partir de la ejecutoria de la sentencia, sin que ello implique, en
modo alguno, la suspensión del derecho pensional reconocido a la señora Clara Idamis
Salgado Usme.
102. En consecuencia, se impone modificar la sentencia de primera instancia, que
accedió parcialmente a las pretensiones, en el sentido de declarar la nulidad parcial
de las resoluciones núm. 017614 del 10 de julio de 2001, RDP 039892 del 29 de
septiembre de 2015 y RDP 053611 del 16 de diciembre del mismo año, y ordenar la
reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Clara Idamis Salgado Usme,
identificada con la C.C. 41.451.730 de Bogotá D.C., en cuantía del 75% de lo percibido
entre el 2 de junio de 1995 y el 30 de junio de 2000, incluyendo como factores salariales
la asignación básica, la prima de antigüedad y la bonificación por servicios.
4.8. Devolución de mesadas pensionales
103. Finalmente, atendiendo la decisión de infirmar la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 17 de febrero de 2020 y la consecuente
modificación del fallo de primera instancia del 18 de julio de 2018, derivada de la
decisión de reemplazo, la Sala considera pertinente analizar la pretensión de la acción
especial de revisión relacionada con la devolución de las diferencias originadas en la
orden de reliquidación inicial.
104. En materia de devolución de mesadas pensionales, la ley dispone que no
procede la recuperación de las prestaciones pagadas a particulares de buena fe
(artículo 164, numeral 1, literal c, del CPACA). Este principio, consagrado en el artículo
83 de la Constitución Política, se presume en las actuaciones que los ciudadanos
adelantan ante la administración. No obstante, la jurisprudencia constitucional63 ha
precisado que tal presunción admite prueba en contrario y no tiene carácter absoluto,
pues debe armonizarse con los principios de moralidad, eficacia y prevalencia del
interés general64. En consecuencia, cuando el pago irregular de una pensión obedece
a un error administrativo, no procede exigir la devolución de lo percibido; pero si el
reconocimiento proviene de una conducta dolosa o fraudulenta del beneficiario —por
ejemplo, la presentación de documentos falsos—, la entidad podrá desvirtuar la
aludida presunción y recuperar las sumas indebidamente pagadas.
105. Sobre este aspecto, la Sala no dispondrá el reintegro de las sumas percibidas
por la pensionada, toda vez que, de una parte, el incremento del monto de la prestación
se produjo en virtud de una providencia judicial, y, de otra, porque del examen de las
actuaciones surtidas dentro del proceso 11001-33-35-017-2016-00328-00 no se
advierte conducta temeraria o de mala fe atribuible a la señora Clara Idamis Salgado
62 Teniendo en cuenta que el juez de primera instancia ordenó la reliquidación con efectos fiscales desde el 14 de
mayo de 2012, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
63 Sentencia C-071 de 2004.
64 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017, expediente 73001-
23- 33-000-2015-00229-01 (0913-2017).
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Demandante: UGPP
Demandado: Clara Idamis Salgado Usme
Usme, según el artículo 164, numeral 1, literal c) del CPACA65. Lo anterior, en
congruencia con lo decidido por esta corporación66, en los siguientes términos:
No obstante, en el evento de que en cumplimiento de la sentencia emitida por dicho
tribunal y confirmada por el Consejo de Estado, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social hubiera pagado
las diferencias pensionales producto del cálculo del IBL con la normativa anterior, no se
dispondrá el reintegro de estas por parte de la pensionada, comoquiera que tales
sumas fueron recibidas de buena fe, en el entendido que fueron el producto de
una condena judicial, razón por la cual se debe aplicar lo dispuesto en la parte final
del artículo 164, numeral 1, literal c) del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (Negrillas por la Sala).
4.9. Costas
106. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prevé que «salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil», remisión que se entiende
al Código General del Proceso.
107. Por su parte, la Ley 2080 de 2021, en el artículo 47, adicionó un segundo inciso
en el sentido que «en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».
108. En este orden de ideas, en atención al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no
se condenará en costas por la naturaleza del asunto, en la medida que se ventila un
interés público, pues la entidad legitimada pretende la salvaguarda del equilibrio y
sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, propósito que motivó al
legislador de 2003 para estatuir ese mecanismo especial de revisión contra sentencias
que ordenan un reconocimiento pensional en detrimento del erario67. Por lo tanto, en
el caso concreto, no habrá lugar a imponer dicha condena.
4.10. Conclusión
109. En atención a las consideraciones desarrolladas en esta providencia, se constata
que la cuantía del derecho reconocido en la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca excede lo legalmente debido.
110. En consecuencia, se concluye que, en el caso bajo examen, la acción especial
de revisión se declara fundada, al haberse configurado la causal prevista en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Por tal razón, se infirma la decisión del 17 de
65 «[…]c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin
embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe;[…]».
66 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión, sentencia del 19
de febrero de 2021, proceso 11001-03-15-000-2018-02658-00(REV) M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
67 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 22 de noviembre de 2021, proceso con
radicado 11001-03-15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 2 de junio de 2022
proferida por la Sala Veintidós Especial de Decisión, expediente con radicación: 11001-03-15-000-2020-02983-00,
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de junio de 2023, expediente
con radicación: 11001-03-15-000-2021-06622-00, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
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febrero de 2020, y se procede a emitir la correspondiente sentencia de reemplazo.
111. En cuanto a dicha decisión de reemplazo, se recuerda que de conformidad con
las reglas de unificación fijadas por esta corporación en la providencia del 28 de agosto
de 2018, el régimen de transición preserva únicamente los requisitos de edad, tiempo
de servicio y tasa de reemplazo, sin extenderse al período ni a los factores de
liquidación del régimen anterior. Por lo tanto, si bien los actos administrativos
demandados incluyeron correctamente los factores previstos en el Decreto 1158 de
1994 —asignación básica, bonificación por servicios y prima de antigüedad— lo cierto
es que tuvieron en cuenta un período incorrecto para la determinación del ingreso base
de liquidación, razón por la cual se modificará la sentencia de primera instancia, en el
sentido de ordenar la reliquidación en los términos establecidos en la presente
providencia.
112. Finalmente, no se ordena la devolución de las sumas percibidas por la
reliquidación pensional y no se imponen costas en el proceso.
V.DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Declarar fundada la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, el 17 de febrero
de 2020, dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001 33 35
017 2016 00328 00, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.
SEGUNDO: En consecuencia, se infirma la sentencia del 17 de febrero de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, para en su lugar, disponer lo siguiente:
Modificar los ordinales segundo, tercero, cuarto y quinto de la sentencia del
18 de julio de 2018, proferida por el Juzgado 17 Administrativo del Circuito
de Bogotá, que quedarán así:
SEGUNDO. Declarar la nulidad parcial de las resoluciones núm. 017614 del 10 de
julio de 2001, RDP 039892 del 29 de septiembre de 2015 y RDP 053611 del 16 de
diciembre de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP a
reliquidar la pensión de jubilación de la señora Clara Idamis Salgado Usme,
identificada con la C.C No. 41.451.730 de Bogotá D.C., en cuantía del 75% de lo
percibido entre el 2 de junio de 1995 y el 30 de junio de 2000, incluyendo como
factores salariales la asignación básica, prima de antigüedad y bonificación por
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servicios.
El reconocimiento pensional procederá en la medida en que la liquidación efectuada
conforme a los parámetros aquí determinados resulte más favorable a la señora
Clara Idamis Salgado Usme.
CUARTO: Las diferencias que se generen con ocasión del cumplimiento de la
presente providencia tendrán efectos únicamente hacia el futuro, esto es, a partir de
la ejecutoria de esta decisión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
QUINTO: Se advierte a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP– que el cumplimiento de
la presente decisión no podrá implicar, en modo alguno, la suspensión del derecho
pensional reconocido a la señora Clara Idamis Salgado Usme.
TERCERO: Confirmar en lo demás la sentencia del 18 de julio de 2018 del Juzgado
17 Administrativo del Circuito de Bogotá.
CUARTO: Negar la cuarta pretensión de la acción especial de revisión, referida a la
devolución de las diferencias en las mesadas reconocidas a favor de la señora Clara
Idamis Salgado Usme, generadas con ocasión de la sentencia infirmada, por las
razones consignadas en esta providencia.
QUINTO: Sin condena en costas, de acuerdo con las razones expuestas en este
proveído.
SEXTO: Archivar el expediente de la acción especial de revisión, previas las
anotaciones en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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