Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00535-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00535-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00535-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00535-00 (4968-2022)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Carlos Arturo Parodi Toncel
Temas: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causal prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de
2003. Cuantía reconocida no excede lo debido. Incompatibilidad
pensional, pensión de vejez y jubilación
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia
proferida el 2 de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A2, por medio de la cual se confirmó parcialmente la
decisión del 28 de noviembre de 2017 emitida por el Juzgado Cuarenta y Ocho
Administrativo del Circuito de Bogotá que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por Carlos Arturo Parodi Toncel.
1. Antecedentes
1.1. La acción especial de revisión
1.1.1. Las pretensiones
1 En adelante Ugpp.
2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado 11001-33-42-048-2017-00088-01;
actor: Carlos Arturo Parodi Toncel, demandado: UGPP.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00535-00 (4968-2022)
Demandante: UGPP
1. En ejercicio de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, la Ugpp solicitó que se infirmara la sentencia proferida el 2 de diciembre de
2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, que confirmó parcialmente la decisión del 28 de noviembre de 2017
emitida por el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-33-42-048-2017-00088-00 [01], que accedió a las pretensiones de la
demanda presentada por Carlos Arturo Parodi Toncel y, en consecuencia, declaró:
i) la nulidad de las resoluciones RDP02958 del 15 de septiembre de 2014 y
RDP0380022 del 16 de diciembre de 2014, por medio de las cuales la entidad le
negó el reconocimiento y pago de su pensión de vejez; y ii) a título de
restablecimiento del derecho, la condenó al reconocimiento y pago de la prestación
sobre el 75% de lo devengado en el último año de servicio [8 de febrero de 1988 al
7 de febrero de 1989].
2. Como consecuencia de lo anterior solicitó i) «negar la totalidad» de las pretensiones
incoadas por Carlos Arturo Parodi Toncel dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-048-2017-00088-00 [01],
por cuanto no le asistía el derecho a la «pensión de jubilación ordenada [por el tribunal]»
por ser incompatible con la de vejez reconocida por el extinto Instituto de Seguros
Sociales3 hoy Administradora Colombiana de Pensiones4 mediante la Resolución
007147 del 14 de noviembre de 2005 «al cubrir el mismo riesgo» [sic]; ii) el reintegro
de todas las mesadas pagadas como consecuencia del acto de reconocimiento
pensional ordenado en cumplimiento de la sentencia objeto de revisión,
debidamente indexados, según lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley 1437 de
2011; iii) el pago de los intereses moratorios previstos por el artículo 192 ibidem; y
iv) la condena en costas.
3. De otra parte, como «pretensiones subsidiarias» pidió i) la declaratoria de que Carlos
Arturo Parodi Toncel no era acreedor de un derecho adquirido y por tanto no le
asistía derecho a que su pensión fuera liquidada con la totalidad de factores
devengados en el último año de servicio; ii) la reliquidación y pago de la pensión de
jubilación, según lo dispuesto en la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018 proferida por el Consejo de Estado5 «en armonía con las sentencias C-258 de
2013 y SU-230 del 2015 y SU-395 de 2017 de la Corte constitucional», es decir, con el
ingreso base de liquidación previsto en el inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21
de la Ley 100 de 1993, así como los factores base de cotización taxativamente
dispuestos en el Decreto 1158 de 1994; iii) el reintegro de todas las sumas de dinero
3 En adelante ISS.
4 En lo que sigue Colpensiones.
5 Radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
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Demandante: UGPP
pagadas en exceso «por las diferencias pensionales mensuales causadas en
cumplimiento de la sentencia objeto de revisión, y la correcta forma en que se debe liquidar
la mentada prestación» [sic], debidamente indexados, según lo dispuesto por el
artículo 187 de la Ley 1437 de 2011; y iv) el pago de los intereses moratorios
previstos por el artículo 192 ibidem.
1.1.2. Fundamentos fácticos
4. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes6:
4.1. Carlos Arturo Parodi Toncel nació el 26 de febrero de 1945 y desde el 3 de
febrero de 1964 laboró como docente en los sectores público y privado, así:
Sector público Sector privado
Desde Hasta Entidad Desde Hasta Entidad
3 de febrero 11 de abril Secretaría de 1° de abril 10 de mayo de
de 1964 de 1971 educación del de 1972 1989 -. Corporación
Distrito Universidad Libre.
27 de marzo 9 de mayo Ministerio de 23 de junio 30 de abril de -. Colegio Santa Fe
de 1971 de 1989 Educación Nacional de 1989 2006
4.2. El último cargo que ostentó fue como docente del Colegio Nacional Restrepo
Millán de Bogotá.
4.3. Durante el tiempo en el que prestó sus servicios en los sectores público y privado
realizó los siguientes aportes a pensión:
Sector público Sector privado
-. Caja de previsión social del distrito -. Instituto de seguros sociales8
-. Caja Nacional de Previsión Social7
4.4. Mediante la Resolución 007147 del 24 de noviembre de 2005, por los servicios
prestados como profesor en el sector privado, el ISS le reconoció una «pensión de
vejez», efectiva a partir del 1° de diciembre de 2005, en cuantía de $2’867.868,
según lo previsto en el Decreto 758 de 1990. La liquidación se basó en «1.725
semanas cotizadas, con ingreso base de liquidación $3’186.520,oo al cual se le aplicó una
tasa de remplazo equivalente al 90%» [sic].
4.5. Por medio del Auto 0049 del 28 de noviembre de 2005, el Fondo Nacional de
6 Para mayor comprensión los supuestos fácticos del recurso se relatarán de acuerdo con los
elementos probatorios allegados a este proceso.
7 En adelante Cajanal.
8 En lo sucesivo ISS.
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Demandante: UGPP
Prestaciones Sociales del Magisterio9 ordenó remitir «la solicitud de reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación por los servicios prestados como docente nacional» [sic] a
Cajanal, toda vez que Carlos Arturo Parodi Toncel «se desvinculó del servicio a partir
del 10/05/1989 fecha en la que no se realizaban los aportes al Fondo Prestacional del
Magisterio» [sic].
4.6. A través de la Resolución RDP009822 del 1° de marzo de 2013, la Ugpp le negó
el reconocimiento y pago de una «pensión de vejez», porque no acreditó el tiempo de
servicio prestado para tal fin «solo acreditó un tiempo de servicio de 6.432 días,
correspondientes a 918 semanas» [sic]. Además, en tanto que «verificadas las páginas
web de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y del Sistema Integral de Información
de Protección Social Registro Único de Afiliados – RUAF, se evidenci[ó] que el interesado
disfruta de una pensión de vejez del régimen de prima media mediante la Resolución 7147
del Instituto de Seguros Sociales» [sic]. Dicho acto se confirmó por medio de la
Resolución RDP01916 del 29 de abril de 2013.
4.7. El 4 de junio de 2014, por segunda vez, solicitó a la Ugpp el reconocimiento y
pago de la pensión de vejez por los servicios prestados como docente del sector
público nacional.
4.8. La anterior petición fue negada por la entidad mediante la Resolución
RDP027958 del 15 de septiembre de 2014 por ser incompatible con la reconocida
por el ISS, hoy Colpensiones. Confirmada con la Resolución RDP038022 del 16 de
diciembre de esa anualidad.
4.9. Inconforme con esa decisión, Carlos Arturo Parodi Toncel presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo10, en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones
RDP027958 del 15 de septiembre de 2014 y RDP038022 del 16 de diciembre de
esa anualidad, porque reunía los requisitos legales para ser beneficiario del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, pues por sus servicios como docente oficial
realizó aportes a Cajanal «para un total de tiempo de servicios de 24 años, 7 meses y 17
días, de naturaleza pública, razón por la cual las leyes aplicables para su reconocimiento
pensional son las leyes 33 y 62 de 1985» [sic].
4.10. El Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá en sentencia
del 28 de noviembre de 2017 declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados y ordenó a la Ugpp reconocer y pagar la «pensión de jubilación»
equivalente al 75% del promedio de todos los factores devengados entre el 8 de
9 En lo que sigue Fomag.
10 En adelante CPACA.
4
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Demandante: UGPP
febrero de 1988 y el 7 de febrero de 1989, estos son: el sueldo básico y las primas
de alimentación, de población y de navidad, pero con efectos fiscales desde el 13
de noviembre de 2009, por prescripción.
4.11. Contra la anterior decisión la entidad interpuso recurso de apelación y en sede
de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca modificó el
numeral segundo de la sentencia apelada en el sentido de i) solo reconocer los
factores enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978; ii) reconocer la
prestación con efectos fiscales a partir del 7 de marzo de 2014, por prescripción; y
iii) en lo demás confirmó.
4.12. La anterior decisión quedó ejecutoriada el 10 de marzo de 2022.
1.1.3. Sentencia objeto de revisión
5. En sentencia del 2 de diciembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A modificó el numeral segundo de la
decisión emitida el 28 de noviembre de 2017 por el Juzgado Cuarenta y Ocho
Administrativo de Bogotá en el sentido de que el pago de la pensión de jubilación
fuese con el 75% del promedio de lo devengado en el último año de prestación del
servicio, incluyendo los factores enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de
1978, con efectos fiscales a partir del 7 de marzo de 2014, por prescripción, y en lo
demás la confirmó. Para tal efecto, observó lo siguiente11:
5.1. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado 12 es posible concluir
que, tratándose del reconocimiento pensional de los docentes oficiales, la
prestación de vejez por el tiempo servido al sector privado es compatible con la de
jubilación por el tiempo laborado en entidades del sector público, siempre y cuando
el fundamento para su reconocimiento no sea el mismo periodo. Lo anterior,
comoquiera que «no tienen el mismo origen y fuente de servicio, de manera que no son
incompatibles y no se incurre en la prohibición consagrada en el artículo 128 superior» [sic].
5.2. Por virtud de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, el personal
docente nacional y nacionalizado «vinculado a partir del 1° de enero de 1981 […] y para
aquellos que se nombren a partir del 1° de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos
de ley» tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación bajo el régimen
11 Samai, índice 47, 51RECIBEMEMORIAL_11001334204820170008(.rar) NroActua 47,
11001334204820170008800T_1; folios 364 al 374.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda: sentencias del 5 de
julio de 2018. Radicado 54001-23-33-000-2013-00220-01 (4721-15); y del 1° de agosto de 2018.
Radicado: 25000-23-42-000-2013-02538-01 (2091-15).
5
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Demandante: UGPP
vigente para los pensionados del sector público nacional, esto es el previsto en la
Ley 33 de 1985.
5.3. Carlos Arturo Parodi Toncel nació el 22 de febrero de 1947 y durante los periodos
comprendidos entre el 3 de febrero de 1964 y el 11 de abril de 1971, y el 27 de
marzo de 1971 y el 8 de febrero de 1989, laboró como docente al servicio de la
Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, y «efectuó aportes a la Caja de
Previsión Social del Distrito y la Caja Nacional de Previsión Social», razón por la cual el
régimen pensional aplicable a su beneficio pensional era el previsto en la Ley 6 de
1945 y los factores salariales establecidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de
1978 «y conforme a la jurisprudencia del H. Consejo de Estado los factores que deben
incluirse para establecer el ingreso base de liquidación son todos los factores salariales
percibidos durante el último año de servicio y que se encuentren enlistados en la normativa
vigente» [sic].
5.4. Entre el periodo comprendido entre el 8 de febrero de 1988 y el 7 de febrero de
1989, devengó los siguientes factores salariales: sueldo básico, prima de
alimentación y prima de navidad, los cuales se encuentran enlistados en el artículo
45 del Decreto 1045 de 1978.
5.5. Las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 7 de marzo de 2014 se
encuentran prescritas, toda vez que las peticiones de reconocimiento pensional
fueron presentadas el 13 de noviembre de 2012 y el 4 de junio de 2014 y la demanda
fue radicada el 7 de marzo de 2017.
1.2. La causal de revisión invocada
6. La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos13:
6.1. La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al
haberse accedido al reconocimiento de una pensión de jubilación incompatible con
la de vejez otorgada por el ISS, comoquiera que «las dos se causaron con posterioridad
al entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en contravía de los dispuesto el literal j) del
artículo 13 de la Ley 100 de 1993, al cubrir el mismo riesgo de vejez, junto con la prohibición
constitucional de percibir doble asignación del tesoro público consagrada en el artículo 64
de la Constitución de 1886, y el 128 Constitución de 1991, en concordancia con el artículo
19 de la Ley 4 de 1992» [sic].
13 Samai, índice 3, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3.
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Demandante: UGPP
6.2. Las prestaciones otorgadas por vejez y jubilación son incompatibles pues, con
independencia de su origen, «surgen por las cotizaciones realizadas al sistema general
de pensiones y no constituyen en sí mismos dineros del tesoro público, sino son recursos
parafiscales del sistema y no pertenecen a la nación, es por esto que la incompatibilidad se
predica de la aplicación de los principios de integralidad, unicidad y de la características
propias del sistema, contenidas en dichas disposiciones» [sic].
6.3. Cualquier tipo de pensión otorgada en vigencia de la Ley 100 de 1993 que cubra
igual riesgo «independiente que los tiempos laborados hayan sido al sector público o
privado» [sic] resulta incompatible entre sí.
6.4. «En gracia de discusión de no prosperar las pretensiones principales, deberá accederse
a las subsidiarias» [sic], por cuanto al haberse accedido al reconocimiento pensional
con el último año de servicio está en contravía de lo dispuesto en los artículos 36 y
21 de la Ley 100 de 1993 respecto del ingreso base de liquidación (IBL).
6.5. Si bien Carlos Arturo Parodi Toncel se encontraba cobijado en el régimen de
transición de la Ley 33 de 1985, lo que le permitía pensionarse con la edad del
régimen anterior, lo cierto es que para el IBL pensional debió regirse por lo dispuesto
en la Ley 100 de 1993 y con los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de
1994 y sobre los que efectivamente realizó aportes al sistema.
6.6. La sentencia recurrida desconoció los lineamientos y reglas establecidas por el
Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 y por la
Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 del
2015, y SU-395 de 2017, que determinan que para los beneficiarios del régimen de
transición se les debe respetar las condiciones de edad, tiempo y monto de la
legislación anterior, pero el ingreso base de liquidación será el dispuesto en los
artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
7. Carlos Arturo Parodi Toncel contestó la demanda en los siguientes términos14.
7.1. Para el reconocimiento pensional efectuado por el ISS no se tuvo en cuenta
ningún aporte realizado en el sector público, sino aportes provenientes de sus
empleadores por sus servicios en el sector privado «computando en total 1739,86
semanas» [sic].
14 Samai, índice 35; 36_MemorialWeb_Respuesta-20240708131102176pd(.pdf) NroActua 35.
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Demandante: UGPP
7.2. Las pensiones que le fueron reconocidas no contrarían la prohibición contenida
en el artículo 128 de la Constitución, puesto que, de conformidad con el artículo 13
de la Ley 100 de 1993 «[l]os recursos del Sistema General de Pensiones están destinados
exclusivamente a dicho sistema y no pertenecen a la Nación, ni a las entidades que los
administran».
7.3. Antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, se encontraba afiliado
al Instituto de Seguros Sociales, por lo que era beneficiario del régimen contenido
en el Acuerdo 049 de 1990, esto es realizó cotizaciones con empleadores
privados las cuales eran suficientes para el reconocimiento de la prestación
otorgada por el ISS.
7.4. Por su origen y su fuente las prestaciones de jubilación y vejez son compatibles,
pues son reconocidas por haber cotizado como trabajador de los sectores público y
privado.
7.5. Laprovidencia recurrida hizo tránsito a cosa juzgada y no está inmersa en
ninguna causal de nulidad, toda vez que se profirió con fundamento legal y
constitucional, libre de mecanismos fraudulentos «y consolidan mediante una
sentencia judicial ejecutoriada un escenario de confianza legitima y reconocimiento de un
derecho irrenunciable» [sic].
1.4. Concepto del Ministerio Público
8. En esta oportunidad no se pronunció.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en
virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA15.
15 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de
la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala].
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Demandante: UGPP
10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
201916, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.
2.2. Oportunidad
11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del
día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.
12. Enel subjudice la sentencia objeto de revisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 2 de diciembre de 2021, quedó ejecutoriada el
10 de marzo de 202217.
13. Así
las cosas, comoquiera que la acción de revisión se presentó el 22 de
septiembre de 2022, esto es dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la
sentencia recurrida, se impone concluir que la acción se ejerció oportunamente.
2.2. El problema jurídico
14. Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que accedió a las suplicas de la demanda
presentada por Carlos Arturo Parodi Toncel se encuentra incursa en la causal de
revisión contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al haberse
ordenado el reconocimiento y pago de una prestación en una cuantía que excede
los parámetros establecidos por la ley?
2.3. Marco normativo
2.3.1. Sobre la acción especial de revisión
16 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
17 Samai, índice 47, 51RECIBEMEMORIAL_11001334204820170008(.rar) NroActua 47,
11001334204820170008800T_1; folio 408.
9
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Demandante: UGPP
15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2018 de la Ley 797 de 200319 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.
16. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
17. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen20.
18. Y en torno a la causal prevista en el literal b), esto es, «cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le
eran legalmente aplicables», se presenta cuando la sentencia reconoce una
prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente
establecido.
18 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por
el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este
en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
19 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
20 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
10
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00535-00 (4968-2022)
Demandante: UGPP
19. La finalidad de dicha causal, en esencia, es que las entidades públicas
legitimadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una
sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para
corregirla, en tanto, ha reconocido una prestación periódica cuyo monto o cuantía
excede lo legalmente previsto, con lo cual se pretende restablecer el propósito y la
sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio
financiero.
20. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes21:
«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,
así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.
21 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio
de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.
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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00535-00 (4968-2022)
Demandante: UGPP
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».
21. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las entidades
públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial
para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas
causales»22.
22. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación 23 han admitido
expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado,
según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales
se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de
caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del
12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo Cajanal».
23. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten
perjuicios de carácter patrimonial al erario»24.
2.3.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen
de transición de la Ley 33 de 1985
24. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es
decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes
acumularan 20 años de servicios y contaran con 55 años de edad, podrían acceder
a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año
de servicios.
22 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,
radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
23 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-
03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00535-00 (4968-2022)
Demandante: UGPP
25. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado
por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los
siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día
de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones de los empleados
oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan
servido de base para calcular los aportes».
26. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes
términos:
«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá
ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de
sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.
(…)
PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad a la presente Ley». (se resalta)
27. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales que
para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicios prestados de manera
continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las normas
que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no completarlos,
tendrían que acumular los 20 años de servicios y contar con 55 años de edad para
acceder a la pensión.
28. En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 es el Decreto Ley
3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En
consecuencia, esta corporación ha acudido a las disposiciones contenidas en la Ley
6 de 1945, que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así como a
las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «[a] pesar de que la Ley 33
de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, […] en este aspecto se debe aplicar
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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00535-00 (4968-2022)
Demandante: UGPP
también el régimen anterior, porque resulta más favorable al demandante»25; este último
exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es mujer»26.
27
29. Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 2020 , esta corporación28
señaló que si el servidor es del orden nacional se aplicará el Decreto Ley 3135 de
1968 y si es del orden territorial se acudiría a la Ley 6 de 1945, ello en cuanto a la
edad de jubilación. Así se indicó:
«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 194529 se aplicó para efectos de las prestaciones
sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así como a los
servidores públicos del nivel territorial […].
[…]
El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual se
dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el sector
público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de jubilación
que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y tuviera 55
años de edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley 33 consagró
un régimen de transición consistente en que los empleados oficiales que a la fecha de
su entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince (15) años
continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre
edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley» (se destaca), que
para el caso de los servidores públicos del orden nacional era el Decreto 3135 de
1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945» (se resalta)
30. Ahora bien, se advierte que ni la Ley 6 de 1945 ni el Decreto 3135 de 1968
previeron los factores a tenerse en cuenta para efectos de determinar la base de
liquidación de la pensión de jubilación, por esto, la jurisprudencia de la corporación
acudió a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior y
de carácter general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al
momento de liquidar las pensiones. Así se señaló entre otras, en las sentencias del
19 de noviembre de 200930 y del 16 de diciembre de 200931, en las que se indicó lo
siguiente:
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010,
radicación: 25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales
26 Artículo 27
27 Expediente 47001-23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017).
28 En igual sentido puede verse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
24 de marzo de 2022, expediente 11001-03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández
29 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo».
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009,
radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:
250002325000200200474 01(1754-06).
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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00535-00 (4968-2022)
Demandante: UGPP
«[…] El artículo 1º, parágrafo 2, ibidem, estableció un régimen de transición consistente
en que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la fecha de
expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del régimen anterior de
pensiones contenido en la Ley 6 de 1945 […]
Encontrándose demostrado que el régimen pensional aplicable al actor es el
contemplado en la Ley 6 de 1945, para efectos de determinar la base de liquidación de
la pensión de jubilación se acudirá a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, norma posterior de carácter general que determina los factores salariales que
deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación
[…]
Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como principio
general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de hacerlo
así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su naturaleza se pueden
tomar para poder establecer la base de liquidación […]
Es del caso aclarar que por encontrase el actor dentro del régimen de transición de la
Ley 33 de 1985 la liquidación de la pensión debe realizarse conforme a lo dispuesto en
el Decreto 1045 de 1978, por ser la norma anterior aplicable pues aplicar dos normas
legales diferentes para efectos del reconocimiento y liquidación de una misma pensión,
como lo hizo el A quo, implicaría la violación del principio de “inescindibilidad de la ley”
que prohíbe la aplicación parcial de las normas legales. […]» (se resalta)
31. El anterior antecedente evidencia que en relación con el IBL de las pensiones
reconocidas por virtud de los regímenes de transición, la jurisprudencia del Consejo
de Estado fue pacífica en considerar que se debían «garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia
laboral», y que, en consecuencia, «la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los
factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos
están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados
por el trabajador durante el último año de prestación de servicios»32.
2.4.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado
32. La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201833 fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para los beneficiarios de la Ley 33
de 1985:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 25000-23-25-
000-2006-07509-01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
33 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.
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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00535-00 (4968-2022)
Demandante: UGPP
33. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición
el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el
inciso 3 de dicha norma».
34. En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia
de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos
para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional «[t]ales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló la
Sala:
«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100
de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que
cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos
que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de
solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura
del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de
transición abarcaría varias décadas.
(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior
a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad
por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este
grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para
el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables (…)».
35. Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al
periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el
derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«(…)
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00535-00 (4968-2022)
Demandante: UGPP
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
(…)».
36. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes argumentos:
«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada
pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el
tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
las cotizaciones (…)».
37. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el IBL para
quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en el inciso tercero del
artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas
personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
38. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento
de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de
retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.
39. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente vinculante
y obligatorio34 en la resolución de «todos los casos pendientes de solución tanto en vía
34 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00535-00 (4968-2022)
Demandante: UGPP
administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los
que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.
2.4. Caso concreto
40. En consideración a los supuestos principales en que se funda la acción especial
de revisión, la Sala encuentra necesario precisar que, los argumentos expuestos
por la entidad recurrente van dirigidos a cuestionar la decisión mediante la cual el
tribunal declaró la nulidad de las resoluciones RDP027958 del 15 de septiembre de
2014 y RDP038022 del 16 de diciembre de esa anualidad, a través de las cuales la
Ugpp le negó el reconocimiento de jubilación de Carlos Arturo Parodi Toncel por ser
incompatible con la de vejez reconocida por el ISS.
41. Al respecto, la Sala se anticipa en advertir que los aspectos objeto de análisis de
la causal prevista en el literal b) parten del reconocimiento de un derecho, pues su
propósito es cuestionar una excesiva liquidación en la cuantía proveniente de una
prestación ya otorgada y respecto de la cual [en torno al derecho subjetivo y
particular] no hay discrepancias; contrario a lo ocurrido en el presente asunto, pues,
a partir de la compatibilidad pensional por tiempos públicos y privados, en la aludida
providencia se definió que Carlos Arturo Parodi Toncel había completado los
requisitos para beneficiarse de la pensión de jubilación por el tiempo que ejerció y
efectuó cotizaciones como docente oficial, de manera que la esencia de las
pretensiones del medio de control revisado no guardan relación con la forma en que
debió realizarse la liquidación de la pensión sino con la aptitud legal para
beneficiarse de la prestación.
42. En efecto, lo que se desprende de la demanda [en la acción especial de revisión]
es el cuestionamiento dirigido a provocar el estudio del cumplimiento de los
requisitos por parte de aquel docente previamente pensionado por el ISS por su
servicio en el sector privado y que pretende acceder a la pensión de jubilación por
el tiempo laborado como docente oficial, pretensión que pudo ser invocada en la
causal 7 del artículo 250 del CPACA que dispone:
«Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión:
(…)
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones (…)».
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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00535-00 (4968-2022)
Demandante: UGPP
sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida».
43. En ese sentido, la causal invocada no resulta idónea respecto de los argumentos
expuestos en el escrito de la acción de revisión y el derecho subjetivo reconocido
en la sentencia revisada.
44. Sobre el particular, la Sala encuentra pertinente precisar que el principio de la
cosa juzgada no tiene carácter absoluto, pues en su camino se encuentra el debido
proceso sustantivo o la justicia material, en el cual pueden converger hechos y
conductas que una vez consolidados desvirtúan la oponibilidad de una decisión que
ya cobró firmeza, situación para la cual se ha dispuesto la posibilidad de invalidarla
y así revivir un proceso ya fenecido, con el único fin de evitar la prevalencia de una
injusticia, todo esto mediante la acción de revisión.
45. Asimismo, ese mecanismo excepcional permite que la sentencia ejecutoriada u
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, sean objeto de enmienda con ocasión de alguna ilicitud, con el fin de
restituir el derecho al afectado y, de paso, evitar un grave perjuicio patrimonial al
erario, a través de una nueva providencia que resulte acorde con el ordenamiento
jurídico.
46. Sin embargo, lo anterior no debe entenderse como un recurso o una tercera
instancia que implique la oportunidad de reabrir debates ya concluidos en las etapas
procesales instituidas para ello, en ese orden, el legislador fijó derroteros de
procedencia de ese mecanismo excepcional de manera taxativa denominados
causales, con el fin de evitar escenarios de interpretación que den lugar a la
discrecionalidad del juzgador para encuadrar o aproximarse al marco de alguna de
ellas previstas en el ordenamiento, lo cual resulta razonable debido al alcance de la
acción, esto es, infirmar providencias amparadas por el principio de cosa juzgada35.
47. En ese orden de ideas, de los argumentos y las pretensiones expuestas en el
proceso no se evidencia que el mecanismo excepcional incoado esté dirigido a
cuestionar el cómputo de la cuantía proveniente del reconocimiento de algún
derecho, de suerte que no se encuadra en la causal de revisión invocada por la
Ugpp.
35 Sobre el particular la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación se ha expresado en
ese sentido en varias oportunidades, entre las cuales se citan las sentencias del 6 de mayo de 2021
en el proceso con radicación 11001032500020180074800 (2720-2018), expediente 70001-23-33-
000-2013-00065-01 (1908-2014) y sentencia de 17 de mayo de 2018 con radicación 11001-03-25-
000-2014-00665-00(2074-14). Por su parte la Corte Constitucional se ha pronunciado en igual
sentido en las sentencias C-520 de 2009 y C-871 de 2003.
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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00535-00 (4968-2022)
Demandante: UGPP
48. Ahora, en lo que respecta a las pretensiones subsidiarias relativas a la
configuración de la causal de revisión del literal b) Ley 797 de 2003, el ente de
previsión recurrente sostuvo que la orden proferida por el tribunal excedió lo debido
de acuerdo con la ley, en tanto se ordenó el reconocimiento pensional de Carlos
Arturo Parodi Toncel con el último año de servicio, esto, en contravía de lo dispuesto
en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto del ingreso base de
liquidación (IBL).
49. Al respecto, se advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sustentó
la decisión adoptada a través de la sentencia del 2 de diciembre de 2021 en que:
«Del certificado suscrito por la Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría de Educación, se
determina que el demandante efectuó aportes a la Caja de Previsión Social del Distrito
y la Caja Nacional de Previsión Social durante el periodo comprendido entre el 3 de
febrero de 1964 al 11 de abril de 1971 y del 27 de marzo de 1971 al 8 de febrero de
1989.
De otro lado, se acredita que el señor Carlos Arturo Parodi Toncel se vinculó a la
Secretaría de Educación del Distrito del 3 de febrero de 1964 al 11 de abril de 1971; del
27 de marzo de 1971 al 8 de febrero de 1989 para un toral de 24 años, 11 meses y 7
días y cumplió los 20 años de servicio en el año 1984.
Se concluye entonces que al momento de entrar en vigencia la Ley 33 de 1985 el
demandante tenía más de 20 años de servicios, beneficiándose del régimen de
transición de la referida norma, por lo que el régimen pensional aplicable a su caso
particular es el previsto en la Ley 6 de 1945 y los factores salariales establecidos en el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y que conforme a la jurisprudencia del H. Consejo
de Estado los factores que deben incluirse para establecer el ingreso base de liquidación
son todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicios y que se
encuentren enlistados en la normativa vigente.
Ahora bien, del certificado de factores salariales suscrito por la Institución educativa
Distrital Restrepo Millán visible a folio 13 del expediente, se observa que el demandante
en el periodo comprendido entre el 8 de febrero de 1988 al 7 de febrero de 1989, devengó
los siguientes salariales: sueldo básico, prima de alimentación y prima de navidad
factores que se encuentran enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
Teniendo en cuenta lo anterior, el demandante tiene derecho a la reliquidación de la
pensión de jubilación le sea reconocida con el 75% del promedio de los salarios
devengados durante el último año de servicio (8 de febrero de 1988 al 7 de febrero
de 1989) y que se encuentren enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.»
[sic]
50. El anterior aparte de la sentencia objeto de revisión, permite evidenciar que el
reconocimiento de la prestación se dio en aplicación del régimen previsto en la Ley
6 de 1945, de conformidad con la transición establecida en el parágrafo 2 del artículo
1 de la Ley 33 de 1985, según el cual, «los empleados oficiales que a la fecha de la
presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio,
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Demandante: UGPP
continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad a la presente Ley».
51. Previo a analizar la pretensión subsidiaria, se encuentra pertinente recordar que,
si bien el Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al FOMAG,
para lo cual dispuso:
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].
52. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200336.
53. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
54. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
36 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
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Demandante: UGPP
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La Nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La Nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG
55. Uno de de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen
prestacional con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad
anterior, por lo que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor,
los docentes nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en
adelante, estarán regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados
públicos del orden nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y
1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
56. En materia, pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
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57. Ahora bien, la sala encuentra acreditado que:
57.1. Carlos Arturo Parodi Toncel nació el 26 de febrero de 194537
57.2. Desde el 3 de febrero de 1964 hasta 9 de mayo de 1989, laboró como docente
oficial, así:
Sector público38
Desde Hasta Entidad
3 de febrero de 196439 11 de abril de 1971 Secretaría de educación del Distrito
27 de marzo de 197140 9 de mayo de 198941 Ministerio de Educación Nacional
57.3. Mediantela Resolución 007147 del 24 de noviembre de 2005 42, el ISS le
reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez, de conformidad con el Decreto
758 de 1990, en cuantía de $2’867.868. La liquidación se basó en «1.725 semanas
cotizadas, con ingreso base de liquidación $3’186.520,oo al cual se le aplicó una tasa de
remplazo equivalente al 90%» [sic].
57.3.1. Este reconocimiento se efectuó porque acreditó 1347 semanas cotizadas así43:
Entidad laboró Desde Hasta
Corpo. Universidad Libre 01/04/1972 10/05/1989
Colegio Santa Fe 23/06/1989 31/12/1994
Colegio Santa Fe 01/01/1995 31/12/1995
Colegio Santa Fe 01/01/1996 31/12/1996
Colegio Santa Fe y/o Amparo Larrzab 01/01/1997 31/12/1997
Colegio Santa Fe y/o 01/01/1998 31/12/1998
Amparo de Larrazabal y/o Colegio Sa 01/01/1999 31/12/1999
Amparo de Larrazabal y/o Colegio Sa 01/01/2000 31/01/2001
Amparo de Larrazabal y/o Colegio Santa 01/02/2001 31/12/2001
Amparo de Larrazabal y/o Colegio Santa 01/01/2002 31/01/2003
Amparo de Larrazabal y/o Colegio Santa 01/02/2003 30/06/2003
Amparo de Larrazabal y/o Colegio Santa 01/07/2003 31/01/2004
Parodi de Larrazabal Amparo 01/02/2004 31/10/2005
37 Samai, índice 3, 4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS(.pdf) NroActua 3, folios 39 y 40.
38 Ibidem, folio 43 al 46
39 De acuerdo con el certificado de información laboral, Formato No.1, expedido por la Secretaría de
educación del Distrito el 5 de mayo de 2014, visible en Samai, índice 47,
51RECIBEMEMORIAL_11001334204820170008(.rar) NroActua 47,
11001334204820170008800T_1 folio 40.
40 Mediante Resolución 4115 del 27 de agosto de 1974, fue nombrado como profesor de enseñanza
secundaria, especialidad física y matemáticas de segunda categoría, en el Colegio Nacional
Restrepo Millan de Bogotá, con efectos fiscales a partir del 27 de marzo de 1971.
41 A través de la Resolución 9874 del 8 de agosto de 1989, se aceptó la renuncia al cargo de profesor
de tiempo completo, a partir del 10 de mayo de 1989.
42 Samai, índice 3, 4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS(.pdf) NroActua 3, folio 151.
43 Ibidem, folios 151 al 156.
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Demandante: UGPP
Amparo de Larrazabal y/o Colegio Santa 01/04/2006 30/04/2006
57.4. Por medio del Auto 0049 del 28 de noviembre de 2005, el Fomag ordenó remitir
«la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por los servicios prestados
como docente nacional» [sic] a Cajanal, toda vez que Carlos Arturo Parodi Toncel «se
desvinculó del servicio a partir del 10/05/1989 fecha en la que no se realizaban los aportes
al Fondo Prestacional del Magisterio»44 [sic].
57.5. A través de la Resolución RDP009822 del 1° de marzo de 2013 45, la Ugpp le
negó el reconocimiento y pago de una «pensión de vejez», porque no acreditó el
tiempo de servicio prestado para tal fin «solo acreditó un tiempo de servicio de 6.432
días, correspondientes a 918 semanas» [sic]. Además, en tanto que «verificadas las
páginas web de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y del Sistema Integral de
Información de Protección Social Registro Único de Afiliados – RUAF, se evidenci[ó] que el
interesado disfruta de una pensión de vejez del régimen de prima media mediante la
Resolución 7147 del Instituto de Seguros Sociales» [sic]. Dicho acto se confirmó por
medio de la Resolución RDP01916 del 29 de abril de 201346.
57.6. El 4 de junio de 201447, por segunda vez, solicitó a la Ugpp el reconocimiento y
pago de la pensión de vejez por los servicios prestados como docente del sector
público nacional.
57.7. La anterior petición fue negada por la entidad mediante la Resolución
RDP027958 del 15 de septiembre de 201448 por ser incompatible con la reconocida
por el ISS hoy Colpensiones. Confirmada con la Resolución RDP038022 del 16 de
diciembre de esa anualidad49.
58. En consideración con lo anterior, la Sala advierte que el demandado resultaba
ser beneficiario del parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, porque para la
fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 [13 de febrero de 1985], contaba
con más de 15 años de servicios. Asimismo, de conformidad con lo resuelto en el
trámite del proceso ordinario, «consolidó el derecho a percibir la pensión de jubilación
desde el 26 de febrero de 2000, toda vez que nació el 26 de febrero de 194550».
59. Así las cosas, pese a que el beneficiario adquirió el estatus pensional en vigencia
44 Ibidem, folio 52.
45 Ibidem, folios 175 al 177.
46 Ibidem, folios 156 al 159.
47 Ibidem, folios 453 al 456.
48 Ibidem, folios 160 al 163.
49 Ibidem, folios 172 al 174.
50Aspecto definido en la sentencia de primera instancia y frente al cual el tribunal no efectuó
modificación alguna.
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Demandante: UGPP
de la Ley 100 de 1993, como se explicó anteriormente, de conformidad con el
artículo 279 de esta norma, Carlos Arturo Parodi Toncel era beneficiario de uno de
los regímenes exceptuados del sistema integral de seguridad social; en este punto,
se encuentra pertinente precisar que era acreedor de esa prerrogativa por el
ejercicio de la docencia oficial y no era posible exigirle la afiliación al Fomag, en
consideración a que su vinculación con el magisterio finalizó antes de la creación
de esa entidad en el año 1989. En consonancia, tampoco era dable aplicarle el
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley en mención ni de la
interpretación que de esta acogió la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado
en la sentencia del 28 de agosto de 2018, como lo pretende la Ugpp.
60. De otra parte, en relación con los factores que debían ser incluidos en el ingreso
base de liquidación de los beneficiarios del régimen aplicable a Carlos Arturo Parodi
Toncel, se advierte que ni la Ley 6 de 1945 ni el Decreto 3135 de 1968 previeron
los factores a tenerse en cuenta para efectos de determinar la base de liquidación
de la pensión de jubilación, por esto, la jurisprudencia de la corporación acudió a lo
dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior y de carácter
general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al momento de
liquidar las pensiones. Así se señaló entre otras, en las sentencias del 19 de
noviembre de 200951 y del 16 de diciembre de 200952, en las que se indicó lo
siguiente:
«[…] El artículo 1º, parágrafo 2, ibidem, estableció un régimen de transición consistente
en que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la fecha de
expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del régimen anterior de
pensiones contenido en la Ley 6 de 1945 […]
Encontrándose demostrado que el régimen pensional aplicable al actor es el
contemplado en la Ley 6 de 1945, para efectos de determinar la base de liquidación de
la pensión de jubilación se acudirá a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, norma posterior de carácter general que determina los factores salariales que
deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación
[…]
Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como principio
general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de hacerlo
así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su naturaleza se pueden
tomar para poder establecer la base de liquidación […]
Es del caso aclarar que por encontrase el actor dentro del régimen de transición de la
Ley 33 de 1985 la liquidación de la pensión debe realizarse conforme a lo dispuesto en
el Decreto 1045 de 1978, por ser la norma anterior aplicable pues aplicar dos normas
legales diferentes para efectos del reconocimiento y liquidación de una misma pensión,
como lo hizo el A quo, implicaría la violación del principio de “inescindibilidad de la ley”
51 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009,
radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
52 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:
250002325000200200474 01(1754-06).
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que prohíbe la aplicación parcial de las normas legales. […]» (se resalta)
61. En línea con lo anterior, el tribunal ordenó incluir para la liquidación de la pensión
de la prestación «el sueldo básico, prima de alimentación y prima de navidad», los cuales
se encuentran enunciados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. Por lo
expuesto, se concluye que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A no fue caprichosa y, por el
contrario, respetó los derroteros jurisprudenciales y el régimen jurídico del que era
beneficiario Carlos Arturo Parodi Toncel.
62. Asimismo, de conformidad con lo expuesto en líneas anteriores, la Sala observa
que, de los documentos obrantes en el expediente no se evidenció que la cuantía
del derecho reconocido excediere lo debido, puesto que, al contrario, se otorgó de
conformidad con las normas y jurisprudencia aplicable.
63. Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia del 2 de diciembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A no incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b) de la Ley
797 de 2003 y, por lo tanto, se declarará infundada la acción de revisión interpuesta
por la Ugpp.
2.5. Costas
64. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no se dispondrá sobre
la condena en costas por la naturaleza del asunto, lo cual releva de hacer el estudio
de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.
3. Conclusión
65. Con fundamento en lo en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de la causal invocada, esto es la señalada en el literal b) del artículo
20 de la ley 797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal
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Demandante: UGPP
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección A, el 2 de
diciembre de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.
Segundo. No condenar en costas.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT
27
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