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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00549-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00549-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión presentada por la Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional con el fin de que se infirme la sentencia del 29 de agosto de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo Sala de Descongestión, Sede Bogotá, que confirmó la providencia del 21 de junio de 2013, dictada por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Cali, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 76001-33- 31-706-2011-00112-01. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Archivar el expediente de la acción especial de revisión, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2022-00549-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de febrero de 2025

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00549-00 (4995-2022)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional
Demandado: Luz Marina Velásquez Vela

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00549-00 (4995-2022)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional
Demandado: Luz Marina Velásquez Vela
Asunto: Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003

Tema: causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 a 255 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se procede
a dictar sentencia en el marco de la acción especial de revisión1 prevista en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, contra el fallo del 29 de agosto de 2016 proferido por el
Tribunal Administrativo Sala de Descongestión, Sede Bogotá2, que confirmó la
providencia del 21 de junio de 2013, dictada por el Juzgado Sexto Administrativo de
Descongestión de Cali, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional solicita que se infirme la
sentencia del Tribunal Administrativo Sala de Descongestión, Sede Bogotá antes
mencionada, porque considera que incurrió en la causal del literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, toda vez que la señora Luz Marina Velásquez Vela no tiene
derecho a la reliquidación de la pensión de vejez, que le fue sustituida en calidad de
cónyuge supérstite del causante Diosdado Baena García, con la inclusión en el ingreso
base de cotización de todos los factores salariales devengados durante el último año
de servicios, puesto que aquel (el IBL) debe establecerse según el inciso 3° del artículo
36 de la Ley 100 de 1993.

1 Así la ha denominado la jurisprudencia de esta Corporación, entre otras decisiones: Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Segunda, providencia de 27 de marzo de 2014, Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-
00(2129-12) REV, M.P. Gerardo Arenas Monsalve y Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero
de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2019- 04468-00 REV, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
2 M.P. Beatriz Teresa Gálvis Bustos, demandante: Diosdado Baena García, demandado: Universidad Nacional de

Colombia- Fondo Pensional, Rad. 76001-33-31-706-2011-00112-01.
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00549-00 (4995-2022)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional
Demandado: Luz Marina Velásquez Vela

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1. El señor Diosdado Baena García, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85
del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda contra la Universidad
Nacional de Colombia - Fondo Pensional con el fin de que se declarara la nulidad de
la Resolución CPS 0216 del 7 de julio de 2009 y el Oficio No. CPS-0886 del 27 de
agosto de 2009, a través de los cuales se le reconoció una pensión de vejez.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la parte
demandada reliquidar la pensión de vejez, equivalente al 75% del valor de los factores
salariales devengados durante el último año de servicios, esto es, los previstos en los
Acuerdos Nos. 12 de 1980, 68 de 1978, 20 de 1990 y 109 de 1991, expedidos por el
Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, de
conformidad con las leyes 33 y 62 de 1985; que las sumas reconocidas se actualizaran
de acuerdo con el índice de precios al consumidor; se pagaran los intereses moratorios
causados; y se condenara al pago de costas.

2.2. Sentencia de primera instancia3

3. El Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Cali, en sentencia del 21 de
junio de 2013, declaró la nulidad parcial de la resolución acusada y la nulidad del oficio
demandado. En consecuencia, ordenó a la Universidad Nacional de Colombia, una vez
se acreditara el retiro del servicio del señor Diosdado Baena García, reliquidar su
pensión de vejez, equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicios.

4. Lo anterior, luego de definir que como el actor era beneficiario del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, le era aplicable el régimen pensional previsto en la Ley
33 de 1985; de manera que, tenía derecho a que su pensión de vejez se liquidara de
conformidad con el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, con inclusión de todos los factores
percibidos de manera periódica y habitual, con fundamento en lo expuesto en la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 4
de agosto de 2010.

2.3. Sentencia de segunda instancia4

5.El Tribunal Administrativo Sala de Descongestión, Sede Bogotá en sentencia el 29
de agosto de 2016, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, confirmó el fallo del 21 de junio de 2013 proferido por el Juzgado Sexto
Administrativo de Descongestión de Cali. En tal sentido, resolvió lo siguiente:

6.El tribunal indicó que de conformidad con la postura desarrollada en las sentencias
C-258 de 2013 y SU 230 de 2015, proferidas por la Corte Constitucional, el ingreso
base de liquidación no fue un aspecto sometido a la transición de que trata el artículo
36 de la Ley 100 de 1993.

3 Samai, índice 03, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3, págs. 465 a 485.
4 Samai, índice 03, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3, págs. 487 a 515.

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Demandante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional
Demandado: Luz Marina Velásquez Vela

7. Señaló que, contrario a lo anterior, según las reglas jurisprudenciales del Consejo
de Estado, expuestas en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, a los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 debe aplicárseles en su
integridad el régimen anterior, en virtud de los principios de inescindibilidad de la ley y
favorabilidad; es decir, edad, tiempo de servicios y monto de la pensión.

8. Adujo que el accionante al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993 contaba con más de 40 años y estaba amparado por el régimen de transición de
tal ley; de modo que su pensión debía reconocerse con fundamento en las leyes 33 y
62 de 1985, que exigían 20 años de servicio público y 55 años de edad.

9. Precisó que, como el actor cumplió con los anteriores requisitos, la pensión de vejez
debió liquidarse con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicios, teniendo en cuenta los siguientes factores
salariales: asignación básica; gastos de representación docente; bonificación por
servicios prestados; primas de servicios, de navidad y de vacaciones.

III. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

3.1. Demanda5

10. La Universidad Nacional, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de
la acción especial de revisión contra la sentencia del Tribunal Administrativo Sala de
Descongestión, Sede Bogotá antes referida, invocó la causal del literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 20036 y formuló las siguientes pretensiones:

(i) Infirmar la sentencia proferida el 29 de agosto de 2016 por el Tribunal Administrativo
Sala de Descongestión, Sede Bogotá.

(ii) Ordenar la reliquidación de la pensión de vejez del señor Diosdado Baena García,
calculando el IBL con el promedio de lo percibido en los últimos diez años de servicios,
de conformidad con las reglas establecidas en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de
2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU -210 de 2017, SU- 395 de 2017, SU- 631
de 2017 y T-039 de 2018, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017, proferidos por la Corte
Constitucional; así como el fallo SU-52001-23-33-000-2012-00143-01 del 28 de agosto
de 2018 dictado por la Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo del Consejo de
Estado.

(iii) Ordenar a la demandada reintegrar la totalidad de las sumas percibidas en exceso
5 Samai, índice 03, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3, págs. 2 a 48.
6 «artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza

pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o
extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo
código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y
además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
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por la reliquidación de la mesada pensional, en virtud de las órdenes impartidas en la
sentencia a revisar.

11. A juicio de la parte recurrente se configura la causal b), atinente a que la cuantía
del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, comoquiera que a la
accionada no le asiste derecho a la reliquidación de la pensión de vejez, que le fue
sustituida, con la totalidad de factores salariales devengados en el último año de
servicios, puesto que el IBL debe calcularse con el promedio de los salarios percibidos
durante los últimos diez años de servicios, de conformidad con los artículos 21 y 36 de
la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores previstos en el Decreto 1158 de
1994, específicamente, aquellos sobre los cuales se hubiesen efectuado cotizaciones.

3.2. Actuaciones procesales relevantes

12. Por medio de auto del 9 de febrero de 2023 se admitió la demanda y se ordenó
notificar por estado a la entidad recurrente y personalmente a la accionada7.

13. En proveído del 10 de agosto de 2023, vencido el término previsto para que la parte
accionada y el Ministerio Público se pronunciaran sobre la admisión del recurso
extraordinario de revisión, se tuvieron como pruebas los documentos allegados con la
demanda y se prescindió del periodo máximo probatorio8.

3.3. Contestación a la acción especial de revisión9

14. La señora Luz Marina Velásquez Vela se opuso a las pretensiones del recurso,
argumentando que la sentencia objeto de revisión se encuentra debidamente
fundamentada en la interpretación que de la normativa pertinente efectuaba el Consejo
de Estado para el momento en el que se profirió.

15. Sostuvo que no hay lugar a devolver las sumas pagadas por concepto de la
reliquidación pensional, pues estas fueron recibidas en ejercicio del derecho
reconocido en una sentencia debidamente ejecutoriada.

3.4. Concepto del Ministerio Público

16. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio10.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia

17. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en
virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso
2, del CPACA11.
7 Samai, índice 05.
8 Samai, índice 13.
9 Samai, índice 11, RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_49952022(.pdf) NroActua 11.
10 Samai, índice 17.
11 «Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por

los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por Los jueces administrativos conocerán
los Tribunales Administrativos.
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18. La Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión,
según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 12, por
tratarse de un asunto de carácter laboral.

4.2. Oportunidad

19. El Fondo Pensional de la Universidad Nacional invocó como causal de revisión la
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de manera que, teniendo
en cuenta que la sentencia objeto del recurso fue proferida y quedó ejecutoriada en
vigencia del CPACA, resulta aplicable lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 251 de
esta normativa que precisa lo siguiente:

En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a
partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

20. En el presente caso, si bien la sentencia del 29 de agosto de 2016 del Tribunal
Administrativo Sala de Descongestión, Sede Bogotá quedó ejecutoriada el 25 de abril
de 201713 y la acción especial de revisión se presentó el 4 de agosto de 202214, lo
cierto es que se tiene por interpuesto dentro de la oportunidad prevista en la normativa
en mención, por cuanto los términos judiciales estuvieron suspendidos a partir del 16 de
marzo y hasta el 30 de junio de 2020, por motivos de salubridad pública con ocasión de
la pandemia COVID-19, según lo dispuso el Consejo Superior de la Judicatura15.

4.3. Legitimación en la causa

21. La Ley 797 de 2003, al reformar algunas disposiciones del sistema general de
pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, estableció en el artículo 20 que los sujetos
activos de la acción especial de revisión son el gobierno, por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el
contralor general de la República y el procurador general, que pueden ejercerla con el
propósito de lograr la revisión de las providencias judiciales que «impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza», con sustento en dos causales: La
primera, prevista en el literal a), para los eventos en que el reconocimiento se haya
obtenido con violación al debido proceso. La segunda, descrita en el literal b), para los
casos en los cuales la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo

Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de
revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003».
12 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
13 Samai, índice 03, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3, pág. 527.
14 Samai, índice 03.

• Se aclara que como para el 16 de marzo de 2020 habían transcurrido 2 años, 10 meses y 21 días desde la
ejecutoria de la sentencia, el término máximo para presentar la acción especial de revisión se extendió hasta el 10
de agosto de 2022, teniendo en cuenta que este se reanudó el 1 de julio de 2020, momento en el que faltaban 2
años, 1 mes y 9 días, para que operara la caducidad.
15 Mediante Acuerdos PCSJA20 11517 de 15 de marzo, 11518 de 16 de marzo, 11519 de 16 de marzo, 11521 de

19 de marzo, 11526 de 20 de marzo, 11527 de 22 de marzo, 11528 de 22 de marzo, 11529 de 25 de marzo, 11532
de 11 de abril, 11546 de 25 de abril, 11549 de 7 de mayo, 11556 de 22 de mayo y 11567 de 5 de junio, todos de
2020.
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con la ley.

22. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-417 de 2016, expuso que la
Constitución no reguló la titularidad para interponer la referida acción y que, en ese
sentido, se debía entender que esta también recaía, además de los sujetos de derecho
previstos en el artículo antedicho, en «las administradoras de pensiones encargadas
del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular», en la
medida en que «son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional
a velar por su buen funcionamiento financiero».

23. Así las cosas, como al Fondo Pensional de la Universidad Nacional le corresponde
el pago del pasivo pensional de la institución educativa16, la Sala considera que se
encuentra legitimado en la causa por activa para ejercer la acción especial de revisión
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 200317.

24. Por su parte, la señora Luz Marina Velásquez Vela también se encuentra legitimada
en la causa por pasiva, por cuanto actúa en calidad de beneficiaria de la sustitución de
la pensión del causante señor Diosdado Baena García, quien fungió como
demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que culminó con
la providencia objeto de la acción especial de revisión, dictada por el Tribunal
Administrativo Sala de Descongestión, Sede Bogotá el 29 de agosto de 2016.

4.4. Problema jurídico

25. Conforme con los planteamientos expuestos en la demanda de revisión que propuso
el Fondo Pensional de la Universidad Nacional, corresponde a la Sala determinar si:
¿La pensión de vejez reconocida al señor Diosdado Baena García, sustituida a la
señora Luz marina Velásquez Vela, se reliquidó en una cuantía superior a la prevista
por la ley, teniendo en cuenta que, a juicio de la parte actora, no se calculó de
conformidad con el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la interpretación
que sobre esta norma han hecho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado?

26. Para resolver el problema planteado, la Sala analizará las generalidades de la
acción especial de revisión, además de las causales previstas en los literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y luego, resolverá el caso concreto.

16 Ley 1371 de 2009, artículo 2. «Fondos para el pago del pasivo pensional. Las universidades objeto de la
aplicación de la presente ley deberán constituir un fondo para el pago del pasivo pensional, el cual será una cuenta
especial, sin personería jurídica, de la respectiva universidad, cuyos recursos serán administrados por una
entidad fiduciaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, en forma independiente, mediante
patrimonio autónomo. Los recursos y los rendimientos tendrán destinación específica para pagar el pasivo
pensional, así como los gastos de administración del patrimonio autónomo».
17 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, en la sentencia del 3 de mayo de 2021, proceso con

número de radicado 11001-03-15-000-2020-04801-00, consideró que el Fondo Pensional de la Universidad
Nacional se encontraba legitimado para formular la acción especial de revisión establecida en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, de conformidad con la jurisprudencia unificada de la Corte Constitucional (sentencia SU-417 de
2016). // En igual sentido se pueden consultar las siguientes decisiones: (i) Sala de lo Contencioso – Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de mayo de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2020-00827-00 (2512-
2020) (AER); (ii) Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia 13 de julio
de 2023, Rad. 11001-03-25-000-2020-00828-00 (2513-2020); (iii) Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de octubre de 2023, Rad. 11001-03-25-000-2022-00664-00 (5984-2022);
(iv) Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, 12 de diciembre de 2023, Rad.
11001-03-25-000-2020-00786-00 (2399-2020).
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4.5. Generalidades sobre la acción especial de revisión y las causales previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reiteración de
jurisprudencia18

27. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación contra las
sentencias ejecutoriadas que constituye una excepción al principio de cosa juzgada.
Está regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, y su ámbito de acción está
restringido a las causales taxativas previstas por el legislador, las cuales no admiten
interpretaciones extensivas19.

28. Ahora bien, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció una «acción especial» 20,
en la que se facultó a determinadas entidades para pedir la revisión de las providencias
judiciales, transacciones o conciliaciones que ordenaron el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. La norma en
cita estableció expresamente las causales de procedencia, así:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que legalmente son aplicables.

29. La acción especial de revisión se debe tramitar a través del procedimiento señalado
para el recurso extraordinario de revisión; con todo, presenta elementos que la
caracterizan según la jurisprudencia del Consejo de Estado21 y de la Corte
Constitucional, a saber:

(i) Tiene por objeto controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen sumas

18 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-

000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
19 Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras sentencias:

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV-
2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678, 12 de julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14 de
marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, Rad. REV-045 y 11 de
febrero de 1993, Rad. REV-037.
20 Cita original: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda., providencia del 27

de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25- 000-2012-00561-00(2129-12), M.P. Gerardo Arenas Monsalve en la
que se indicó: “[…] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento
del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que
las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan
una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y
a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el
proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el
patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”(subrayas de la Sala).
Cfr., Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero de 2022, Rad. 11001-03-
15-000-2019-04468-00 REV, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Consejo de Estado, Sala Novena Especial de
Decisión, sentencia de 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15- 000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena
Hernández. Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia de 21 de agosto de 2020, Rad.
11001-03-15-000-2019-03846-00 REV, M.P. Martha Nubia Velásquez Rico. Consejo de Estado, Sala Veinticinco
Especial de Decisión, sentencia de 8 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-04141-00 REV., M.P.
Martha Nubia Velásquez Rico.
21 Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especial de Decisión

Diecinueve, sentencia del 18 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-03549-00. M.P. William Hernández
Gómez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especial de Decisión Nueve,
sentencia de sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, providencia de 10

de agosto de 2017, Rad. 25000-23-25-000-2002-05275-01, M.P. William Hernández Gómez.
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periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro
público y contrarrestar los casos de corrupción en la materia22.

(ii) La legitimación en la causa por activa es limitada porque para ejercerla se requiere
de un solicitante calificado23.

(iii) No se extiende a reabrir el debate probatorio, sino a revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el
equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los
recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema
de Seguridad Social24.

(iv) No es una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una
prestación, pues se contrae a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del
derecho (literal a) cuando se concedió con vulneración del debido proceso; y a la
liquidación (literal b) en un valor mayor al que corresponde25.

30. A partir de los antecedentes históricos, la acción de revisión originada en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003 es un mecanismo que hace parte de la reforma pensional
establecida en la citada ley, con el fin de reducir el déficit fiscal para así hacer viable
financieramente el sistema pensional, conforme se lee en la exposición de motivos. De
modo que, sobre «[…] la revisión de providencias judiciales, transacciones,
conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocieron sumas periódicas o
pensiones, se indicó que permite ‘afrontar los graves casos de corrupción en esta
materia y evitar los graves perjuicios que pueda sufrir la Nación’»26.

31. Ahora bien, respecto a las causales establecidas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 200327, se tiene que, según la primera de ellas, la acción especial
de revisión es procedente en el evento en que la sentencia recurrida reconoce una
pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con violación al
debido proceso. Así, resulta necesario que la parte actora allegue los elementos sobre
los que sustenta su petición y acredite que el reconocimiento pensional se efectuó con
desconocimiento de las garantías constitucionales que constituyen el derecho al
debido proceso, conforme lo prevé el artículo 29 superior, esto es, (i) el derecho al juez
natural o funcionario competente; (ii) el derecho a ser juzgado según las formas de
cada juicio o procedimiento; y (iii) las garantías de audiencia y defensa 28.

32. En cuanto a la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
esta corporación ha explicado lo siguiente:

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, providencia de 10

de agosto de 2017, Rad. 25000-23-25-000-2002-05275-01, M.P. William Hernández Gómez.
23 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 1°

de agosto de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2016-02022-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 19, sentencia de 18

de agosto de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-03549-00, demandante: UGPP. M.P. William Hernández Gómez.
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, auto de 27 de marzo de 2014,

Rad. 11001-03-25-000-2011-00561-00 (2129-2012), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
27«[…]a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
28 Al respecto puede verse, Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 22 de noviembre

de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2019-01749-00. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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[…]

El literal b) de la Ley 797 de 2003 prevé que las pensiones con cargo al erario deben ser
revisadas «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la
Ley 797 de 2003, la causal obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales
solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos
los ciudadanos […]».

En efecto, uno de los principales propósitos de esta Ley y, en particular, del artículo 20
ibídem, era el de reducir el déficit fiscal y hacer del sistema pensional un sistema posible,
realizable, en términos económicos, de tal forma que fuera posible la revisión, entre
otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía excediera lo debido de acuerdo
con las normas vigentes. En ese orden de ideas, las causales de procedencia de la acción
de revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde dicho
instrumento procesal.

En sentido similar, esta Corporación explicó que la causal se erige como una herramienta
legal útil, que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa y que permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan
los principios que orientan el Sistema General de Pensiones, en especial, el principio de
solidaridad y equilibrio financiero.

A lo anterior se suma que el sistema pensional debe ser sostenible fiscalmente, de tal
forma que garantice la estabilidad a largo plazo de las finanzas públicas y se procure el
cumplimiento de los principios de rentabilidad, sostenibilidad y conveniencia, en cuanto
a la determinación del gasto, de tal forma que prevalezca el interés general sobre el
particular. […]”29.

33. En este orden de ideas, la acción de revisión no permite plantear nuevamente el
debate de la instancia ni subsanar falencias en la actuación, sino que su finalidad
consiste en la revisión de los reconocimientos pensionales o de prestaciones
periódicas que afectan la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones.

34. Se destaca que la causal b) al señalar que la acción especial de revisión procede
«cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido según la ley, pacto, o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables», permite que se verifique la
suma de la prestación otorgada, más no que se determine si procede o no el
reconocimiento del derecho.

4.6. Análisis del caso concreto

35. Según lo expuesto en la demanda de revisión, el problema jurídico propuesto se
formuló alrededor de si la reliquidación de la pensión de vejez sustituida a la accionada
se obtuvo en una cuantía superior a la prevista por la ley, porque a juicio de la parte
actora, la pensión no se liquidó de conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley
100 y la interpretación que sobre esta norma han hecho la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado.

29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5

de febrero de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-001884-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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36. Ahora bien, con el objeto de resolver el interrogante planteado, en el caso concreto
se encuentran acreditados los siguientes hechos:

(i) El señor Diosdado Baena García nació el 6 de octubre de 195230, prestó sus
servicios a la Universidad Nacional – Sede Palmira del 19 de abril de 1976 al 31 de julio
de 201331; y adquirió el estatus pensional el 6 de octubre de 200732. Durante el último
año de servicios, el causante devengó los siguientes factores: asignación básica;
gastos de representación docente; bonificación bienestar universitario; bonificación por
servicios prestados; primas de servicios, navidad y de vacaciones; vacaciones
intersemestrales y de periodo; compensación vacaciones por retiro; primas de navidad
y de vacaciones por retiro; y bonificación por productividad33.

(ii) La Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia, a través de la
Resolución CPS 0216 del 4 del 7 de julio de 2009, reconoció una pensión de vejez al
señor Diosdado Baena García, efectiva a partir del retiro definitivo del servicio34.

(iii) En Oficio No. CPS-0886 del 27 de agosto de 2009, la entidad negó la reliquidación
de la pensión de vejez35.

(iv) Por medio de la Resolución FP 0398 del 3 de diciembre de 2013, el Fondo
Pensional de la Universidad Nacional de Colombia reliquidó la pensión, con efectos a
partir del 1 de agosto de 2013, por retiro definitivo del servicio36.

(v) A través de la Resolución FP 058 del 17 de febrero de 2014 se confirmó el anterior
acto administrativo, al resolverse el recurso de reposición interpuesto en su contra37.

(vi) Mediante la Resolución FP 0372 del 18 de septiembre de 2017, la parte actora, en
cumplimiento de la sentencia objeto de revisión, reliquidó la pensión de vejez con la
inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios y
ordenados en el fallo, a saber: asignación básica; gastos de representación docente;
bonificación por servicios prestados; primas de servicios, de navidad y de vacaciones,
efectiva a partir del 1 de agosto de 201338.

(vii) Mediante la Resolución FP 0008 del 23 de enero de 2019, el Fondo Pensional de
la Universidad Nacional de Colombia reconoció una pensión definitiva de
sobrevivientes a favor de la señora Luz Marina Vásquez Vela, en calidad de cónyuge
supérstite del pensionado, Diosdado Baena García, a partir del 2 de diciembre de
201839.

30 De conformidad con el registro civil visible en Samai, índice 03, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3,

pág. 76.
31 Samai, índice 03, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3, págs. 84, 179, 181 - 183.
32 Conforme se señaló en la Resolución CPS 0216 del 7 de julio de 2009, que reconoció una pensión de vejez al

señor Diosdado Baena García, que obra en Samai, índice 03, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3, págs.
89 a 90.
33 Según certificado emitido por la División de Talento Humano de la Sede de Palmira de la Universidad Nacional

de Colombia, visto en Samai, índice 03, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3, págs. 193, 194, 195.
34 Samai, índice 03, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3, págs. 89 – 90.
35 Samai, índice 03, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3, págs. 101 – 102.
36 Samai, índice 03, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3, págs. 227 – 228.
37 Samai, índice 03, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3, págs. 231 – 232.
38 Samai, índice 03, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3, págs. 557 – 566.
39 Samai, índice 03, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3, págs. 721 – 722.

10

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37. Una vez expuesta la causal alegada y los presupuestos fácticos del asunto, la Sala
procede a estudiar el ingreso base de liquidación y el régimen de transición de la Ley
100 de 1993.

4.6.1. El ingreso base de liquidación para los beneficiarios de los regímenes de
la transición de la Ley 100 de 1993

38. La Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo, en sentencia de unificación del 28
de agosto de 2018, estableció las siguientes reglas sobre el ingreso base de
liquidación, para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que
se pensionaron según la Ley 33 de 1985, así:

91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación
que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento
de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a
los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones,
indudablemente, le son más favorables.

Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición

92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta
la siguiente regla jurisprudencial:

El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar
el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes
subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

[…]
11

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96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.

[…]
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.

101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación,
en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la
Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y
no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el
último año de prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en
materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el
servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda
a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el
entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe
el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los
principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta
Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de
su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación
pensional y a ellos se debe limitar dicha base40.

39. De acuerdo con la interpretación jurisprudencial referida, quienes siendo
beneficiarios de la transición tuviesen derecho al reconocimiento pensional en los
términos de la Ley 33 de 1985, son sujetos de esta disposición, pero solamente en
cuanto al tiempo de servicios, edad y tasa de reemplazo; sin embargo, el ingreso base
de liquidación es el previsto en los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993,
según sea el caso.

4.6.2. Verificación de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 - la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo
con la ley

40. El Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia alegó la causal
prevista en el literal b) porque la sentencia del Tribunal Administrativo Sala de
Descongestión, Sede Bogotá, que hizo tránsito a cosa juzgada, ordenó la reliquidación
de la pensión de vejez sin tener en cuenta que el ingreso base de liquidación de los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 está regido por los
artículos 21 y 36 idem y el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, en cuanto a los
factores salariales.

41. Ahora bien, se destaca que para esta Subsección lo relevante cuando se trata de
acciones especiales de revisión es analizar el criterio jurisprudencial vigente para la

40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, Rad.

52001-23-33-000-2012-00143-01.
12

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época en que el Tribunal dictó la sentencia del 29 de agosto de 201641. Esto, acorde
con los efectos del fallo de unificación del 28 de agosto de 201842 de la Sala Plena de
lo Contencioso – Administrativo que expresamente consideró «debe precisarse que
los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio
de seguridad jurídica, resultan inmodificables»; así como que «las pensiones que han
sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis
que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden considerarse que
lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley».

42. En el mismo sentido, en el fallo de unificación de la Sección Segunda del 11 de junio
de 2020 CE-SUJ-S2-021-2043, se explicó que los conflictos judiciales resueltos están
amparados por la cosa juzgada y son inmodificables, para garantizar la seguridad
jurídica y los principios fundamentales de la seguridad social.

43. Nótese que la Sección Segunda de esta corporación sostenía desde el año 2010
una tesis jurisprudencial en cuanto a la reliquidación pensional de los beneficiarios de
la transición de la Ley 100 de 1993, que cambió solamente con la sentencia de la Sala
Plena de lo Contencioso - Administrativo del 28 de agosto de 2018. En efecto, la
Sección Segunda, en el fallo del 4 de agosto de 2010 sostuvo, en materia de
reliquidación pensional, que los jubilados conforme la Ley 33 de 1985, como
beneficiarios del régimen de transición regulado en la Ley 100 de 1993, tenían derecho
a la aplicación integral del régimen anterior, y, en concreto, que el artículo 3 de la Ley
33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales del ingreso base de
liquidación pensional, sino que estaban simplemente enunciados, por ello, era
procedente la inclusión de todos los conceptos devengados por el trabajador en el
último año de prestación de servicio.

44. En el presente caso, en efecto, el Tribunal Administrativo Sala de Descongestión,
Sede Bogotá dictó la sentencia el 26 de agosto de 2016, en la que expuso el desarrollo
jurisprudencial del ingreso base de liquidación en la jurisprudencia y señaló que
compartía la posición del tribunal de cierre de la jurisdicción de lo contencioso -
administrativo, expuesto en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,
respecto a que a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 se
les aplicaba en su integridad el régimen pensional anterior. Ello, en cuanto a la edad,
tiempo de servicios, monto de la pensión y los factores salariales percibidos por la
actora de forma periódica y como retribución directa del servicio.

45. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del Tribunal
Administrativo Sala de Descongestión, Sede Bogotá, que confirmó el fallo del Juzgado
Sexto Administrativo de Descongestión de Cali, que accedió a las pretensiones de la
demanda del señor Diosdado Baena García, causante de la pensión sustituida a la
señora Luz Marina Velásquez Vela, en el sentido de incluir en la reliquidación
pensional todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, siguió
la línea jurisprudencial vigente y aplicable para el asunto particular, por tanto,
prevalece la fuerza de cosa juzgada.

41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 13 de junio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-

2018-01458-00 (4815-2018).
42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, Rad.

52001-23-33-000-2012-00143-01.
43 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 11 de junio de

2020, Rad. 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017).
13

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46. Con lo anterior, en manera alguna se desconoce que para el momento en que se
dictaron la sentencia objeto de revisión y con posterioridad, la Corte Constitucional, en
las providencias relacionadas en la demanda de la referencia44, defendía una tesis
contraria a la entonces sostenida por la Sección Segunda del Consejo de Estado; no
obstante, como se destacó con antelación, en el margen de la autonomía funcional, el
Tribunal Administrativo Sala de Descongestión, Sede Bogotá decidió acogerse a la
postura del máximo tribunal de lo contencioso – administrativo, lo que resulta
razonable y no es constitutivo de una circunstancia que permita predicar la
configuración de la causal excepcional que se estudia.

47. Por otra parte, se indica que la procedencia de las causales de revisión debe
interpretarse atendiendo la facultad de revisión de los reconocimientos pensionales,
que afectan los principios de solidaridad y sostenibilidad financiera del Sistema
General de Pensiones. A su turno, el Acto Legislativo 01 de 2005 refiere que procede
la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento
de los requisitos legales, acorde con el procedimiento establecido por el legislador,
pero que a la fecha no ha sido expedido.

48. Sobre el punto, la Corte Constitucional, en sentencia C-258 de 201345, precisó que
«los incrementos significativos de los ingresos del servidor en sus últimos años de
servicios –incremento que escapa el sendero ordinario de su carrera salarial-
conducen a una pensión que no guarda ninguna relación con los aportes que acumuló
en su vida laboral y que, por tanto, imponen al Estado la obligación de proveer un
subsidio muy alto para poder pagar la pensión reconocida».

49. En este contexto, se revisa la historia laboral del causante para verificar si se está
frente a un incremento desproporcionado o injustificado de la mesada pensional. Así
pues, se encuentra que en el expediente administrativo obra la certificación expedida
por el jefe de División de Talento Humano Sede Palmira de la Universidad Nacional de
Colombia, según la cual el señor Diosdado Baena García devengó en el último año de
servicios los siguientes emolumentos: asignación básica; gastos de representación
docente; bonificación bienestar universitario; bonificación por servicios prestados;
primas de servicios, navidad y de vacaciones; vacaciones intersemestrales y de
periodo; compensación vacaciones por retiro; primas de navidad y de vacaciones por
retiro; y bonificación por productividad46.

50. A su vez, se advierte que la reliquidación de la pensión de vejez no excedió lo debido
de acuerdo con la ley, pues se demostró que el causante i) era beneficiario del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que nació el 6
de octubre de 1952, por lo que tenía más de 40 años de edad al 1 de abril de 199447;
ii) acreditó más de 20 años de servicios; y iii) durante el último año percibió los factores
respecto de los cuales el tribunal ordenó la reliquidación de la pensión.

51. En este orden de ideas, el Fondo Pensional de la Universidad Nacional no acreditó

44 C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU -210 de 2017, SU- 395 de 2017 y SU-

631 de 2017, T-039 de 2018, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017, proferidos por la Corte Constitucional.
45 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
46 Samai, índice 03, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3, págs. 193, 194, 195.
47 De acuerdo con el registro civil de nacimiento que obra en Samai, índice 03, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf)

NroActua 3, pág. 76.
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Demandante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional
Demandado: Luz Marina Velásquez Vela

en el presente proceso que el incremento de la mesada pensional dispuesto en la
providencia censurada hubiese aumentado significativamente el valor de la pensión
sin guardar relación con los salarios recibidos por el señor Diosdado Baena García
(causante) en su vida laboral.

52. Por el contrario, acorde con los hechos probados se resalta que el señor Baena
García prestó sus servicios en la Universidad Nacional - Sede Palmira, del 19 de abril
de 1976 al 31 de julio de 2013; su último año de servicios transcurrió del 1 de agosto
de 2012 al 31 de julio de 201348. Además, el acto administrativo que cumplió la orden
judicial, contenido en la Resolución FP 0372 del 18 de septiembre de 2017, en el
artículo 4°, ordenó descontar del retroactivo neto a pagar, por concepto de pensión a
favor del fondo pensional, la suma de $15.811.282, por concepto de aportes para
pensión de factores de salario no cotizados49.

53. En consecuencia, no se configura la causal en mención y, por ende, se declarará
infundada la acción especial de revisión.

4.7. Costas

54. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prevé que «salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil», remisión que se entiende
al Código General del Proceso.

55. Por su parte, la Ley 2080 de 2021, en el artículo 47, adicionó un segundo inciso en
el sentido que «en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».

56. En este orden de ideas, en atención al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se
condenará en costas por la naturaleza del asunto, de un lado, en la medida que se
trata de una acción especial en la que se ventila un interés público, pues la entidad
legitimada pretende la salvaguarda del equilibrio y sostenibilidad financiera del sistema
general de pensiones, propósito que motivó al legislador de 2003 para estatuir ese
mecanismo especial de revisión contra sentencias que ordenan un reconocimiento
pensional en detrimento del erario50; de otro, porque no se evidencia que la demanda
se haya presentado con manifiesta carencia de fundamento legal.

4.8. Conclusión

57. En consideración a lo expuesto, la Sala declarará infundada la acción especial de
revisión porque no se configuró la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
48 Al señor Diosdado Baena García se le aceptó renuncia al último cargo de profesor titular en dedicación exclusiva,

a partir del 1 de agosto de 2013, mediante la Resolución 0519 del 14 de junio de 2013, vista en Samai, índice 03,
2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3, págs. 181 – 183.
49 Samai, índice 03, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3, págs. 557 – 566.
50 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-

15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de
Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
Consejo de Estado, Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de junio de 2023, Rad. 11001-03-15-000-
2021-06622-00, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
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Demandado: Luz Marina Velásquez Vela

Ley 797 de 2003.

58. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión presentada por
la Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional con el fin de que se infirme la
sentencia del 29 de agosto de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo Sala de
Descongestión, Sede Bogotá, que confirmó la providencia del 21 de junio de 2013,
dictada por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Cali, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 76001-33-
31-706-2011-00112-01.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Archivar el expediente de la acción especial de revisión, previas las
anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

TAP/JCBB

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