Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00644-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00644-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00644-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00644-00 (5894-2022)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Demandado: Gilberto Ossa Borrero
Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causal de revisión prevista
en el literal b). Ingreso base de liquidación de beneficiario del
régimen de transición. DECLARA INFUNDADA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide la acción de revisión que interpuso1 la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) en contra la sentencia del diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
proferida por el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo de Bogotá, para lo cual se
invocó la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
1. Que el señor Gilberto Ossa Borrero nació el 11 de mayo de 1945 y prestó sus
servicios en la Contraloría General de la Nación entre el 11 de abril de 1961 y el 30
de abril de 1970; en la Universidad de Caldas entre el 1.° de mayo de 1970 y el 31
de enero de 1984; en Prosocial entre el 6 de marzo de 1985 y el 20 de noviembre
de 1986; en el Ministerio de Trabajo entre el 16 de junio de 1987 y el 30 de mayo
de 1988 y; en la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) entre el 1.° de junio
de 1988 y el 11 de marzo de 1991.
2. Que, mediante la Resolución 31814 del 12 de noviembre de 2002, CAJANAL le
reconoció una pensión de jubilación equivalente al 75% del promedio de lo
devengado entre el 1.º de octubre de 1995 y el 30 de octubre de 2000, incluyendo
como factores de liquidación únicamente la asignación básica y la bonificación por
servicios prestados, en cuantía de $877.863, efectiva a partir del 11 de mayo de
2000.
3. Que dicha decisión fue revocada mediante la Resolución 1482 del 14 de marzo
de 2003, por la cual se reconoció la prestación con el 75% del promedio de lo
1 La presentación de la acción se efectuó el 11 de octubre de 2021 ante el Juzgado Cuarenta y Ocho
Administrativo de Bogotá y fue remitida por competencia a esta Corporación por parte del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca mediante auto del 15 de septiembre de 2022.
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devengado durante el último año de servicios, comprendido entre el 11 de marzo de
1990 y el 10 de marzo de 1991, teniendo en cuenta los mismos factores salariales,
con lo cual la cuantía de la pensión se incrementó a $1.178.177,08, efectiva a partir
del 11 de mayo de 2000, condicionada a la acreditación del retiro definitivo del
servicio.
4. La UGPP, mediante la Resolución RDP 16301 del 26 de mayo de 2014, negó la
solicitud de reliquidación por retiro definitivo del servicio con la inclusión de todos
los factores salariales devengados durante el último año de servicios, entre ellos el
auxilio de alimentación y las primas de servicios, de navidad y de vacaciones. Esta
decisión fue confirmada mediante las Resoluciones RDP 20143 del 27 de junio de
2014 y RDP 025477 del 20 de agosto de 2014, que resolvieron, respectivamente,
los recursos de reposición y de apelación interpuestos contra el acto inicial.
5. Que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento contra los anteriores
actos con el fin de que su pensión fuera reliquidada con el 75% de la totalidad de
los factores salariales devengados en el último año de servicio.
6. El Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá, en sentencia
del 10 de noviembre de 2016 ordenó la reliquidación de la pensión con la inclusión
del auxilio de alimentación y las primas de servicios, de navidad y vacaciones, con
efectos fiscales a partir del 11 de abril de 2011, por prescripción trienal.
7. Que se interpuso recurso de apelación contra dicha decisión, el cual fue
declarado desierto mediante auto del 17 de enero de 2017.
8. En cumplimiento de dicha orden la UGPP, expidió la Resolución 039732 de 19
de octubre de 2017; decisión que fue modificada por la Resolución 037496 de 9 de
diciembre de 2019 en el sentido de que determinó de manera correcta las entidades
obligadas al pago de aporte pensionales.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
9. En providencia del 10 de noviembre de 20162, el Juzgado Cuarenta y Ocho
Administrativo del Circuito de Bogotá ordenó la reliquidación de la pensión y dispuso
que el ingreso base de liquidación se determinara con el 75 % de los factores
salariales que sirvieron de base para los aportes durante el último año de servicios,
comprendido entre el 11 de marzo de 1990 y el 10 de marzo de 1991.
10. Aunque en un apartado de la decisión se sostuvo que el demandante se
encontraba amparado por el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993,
pues al momento de la entrada en vigencia de dicha norma acreditaba más de 15
años de servicio, superando así el umbral exigido (28 años y 4 días), en otros
apartes se indicó que el artículo 36 de esa ley no le resultaba aplicable, debido a
que para la fecha de su entrada en vigencia ya había consolidado su derecho
2 Véase folios 165-173 del archivo «9RECIBE MEMORIAL_EXPEDIENTE_11001334204820160037(.pdf)
NroActua 29» disponible en el índice 00029 de SAMAI.
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pensional al cumplir los requisitos previstos en la Ley 33 de 1985. Con fundamento
en esta última consideración, concluyó que correspondía aplicar íntegramente el
régimen anterior, tanto en lo relativo a la edad, el tiempo de servicios y el monto de
la prestación, descartando la aplicación de las reglas del régimen de transición,
incluida la prevista en el inciso tercero del artículo 36 sobre el ingreso base de
liquidación.
11. En consecuencia, indicó que, al momento de efectuar la liquidación pensional,
debía aplicarse lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, conforme a la cual la pensión
debe reconocerse en una cuantía equivalente al 75 % del promedio de lo devengado
en el último año de servicios, incluyendo los factores salariales sobre los cuales se
realizaron aportes, señalados en el artículo 3.º de dicha ley, modificado por el
artículo 1.º de la Ley 62 de 1985.
12. Expresa que, al reconocer la prestación, la entidad determinó el IBL con
fundamento en el promedio de lo devengado durante el último año de servicios, pero
incluyó únicamente la asignación básica y la bonificación por servicios prestados,
con apoyo en el Decreto 1158 de 1994. Consideró que dicha actuación era contraria
a derecho, por cuanto la liquidación debía efectuarse con los factores salariales
previstos en la Ley 62 de 1985 devengados entre el 11 de marzo de 1990 y el 10 de
marzo de 1991, lo que implicaba incluir, además de los ya reconocidos, el auxilio de
alimentación y las doceavas partes de las primas de servicios, de Navidad y de
vacaciones.
13. Como sustento de esa decisión, hizo referencia a la jurisprudencia del Consejo
de Estado, en particular a la sentencia del 4 de agosto de 2010, en la que se
concluyó que la Ley 33 de 1985 no establece de manera taxativa los factores
salariales que integran la base de liquidación pensional, sino que estos son
meramente enunciativos, lo que permite incluir otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de servicios. Precisó que acogía dicho criterio, al
considerar que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no resultaba aplicable al caso,
por haber entrado en vigencia con posterioridad a la consolidación de la situación
jurídica del demandante.
14. Condenó a la UGPP al pago de las diferencias pensionales existentes entre las
sumas efectivamente reconocidas y las que correspondía reconocer, en los
términos del artículo 187 del CPACA. También ordenó actualizar los valores
reconocidos mediante la Resolución 31814 del 12 de noviembre de 2002, con
efectos a partir del 11 de mayo de 2000, al considerar que tales sumas habían
perdido su poder adquisitivo; declaró prescritas las mesadas causadas con
anterioridad al 10 de abril de 2011, en razón de que la solicitud de reliquidación fue
presentada el 10 de abril de 2014; y dispuso efectuar los descuentos
correspondientes al sistema pensional, en caso de no haberse realizado.
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
15. La UGPP fundamentó la acción en que, si bien el señor Gilberto Ossa Borrero,
por ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
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de 1993, tiene derecho al reconocimiento de la pensión conforme a las condiciones
de edad, tiempo de servicios y monto —entendido este último como la tasa de
reemplazo— previstas en la Ley 33 de 1985, el ingreso base de liquidación (IBL) se
encuentra regulado por el artículo 21 y el inciso tercero del artículo 36 de esa misma
ley, por lo que debía determinarse con fundamento en el tiempo que le hacía falta
para adquirir el derecho pensional y no con el promedio del último año de servicios,
como lo dispuso el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá.
16. Consideró que la inclusión de todos los factores devengados en el último año
desconoce el precedente fijado por la Corte Constitucional3 en relación con la
interpretación que debe otorgarse al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según la
cual el IBL no constituye un elemento del régimen de transición, criterio de
obligatorio acatamiento.
17. Sostuvo que los emolumentos utilizados para calcular la mesada pensional
debían corresponder únicamente a los conceptos taxativamente previstos como
factores salariales en el Decreto 1158 de 1994, en concordancia con la Ley 33 de
1985, esto es, la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, y no a
la aplicación integral del régimen pensional anterior, como, a su juicio, lo asumió el
juez de instancia.
18. Afirmó que al apartarse el juez de instancia de la interpretación de la Corte
Constitucional y del tenor literal de la norma vigente – artículos 21 y 36 de la Ley
100 de 1993–, respecto a la aplicación del IBL para los beneficiarios del régimen de
transición, otorgó un derecho sin el cumplimiento de los requisitos legales,
lesionando gravemente el erario, pues le corresponde a la Nación asumir los
recursos para cubrir una prestación, los que son indispensables para la financiación
del Sistema General de Seguridad Social en pensiones.
Contestación a la acción de revisión
19. El curado ad litem de la parte demandada4 se opuso a las pretensiones, al
considerar que la pensión de vejez del señor Gilberto Ossa Borrero fue reconocida
de buena fe y con observancia de los requisitos previstos en la normativa laboral y
pensional aplicable, razón por la cual viene percibiendo dicha prestación.
Concepto del Ministerio Público
20. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado conceptuó5 que
la acción especial de revisión, por su carácter extraordinario, no puede fungir como
una tercera instancia para reabrir debates probatorios o de fondo, por lo que las
pretensiones deben dirigirse exclusivamente a demostrar la configuración de la
causal invocada.
3
Citó las siguientes sentencias proferidas por la Corte Constitucional C-168 de 1995, SU-427 de 2016, SU-258
de 2013, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2018, T-661 de 2017, T-039 de 2018,
T-034 de 2018, T-212 de 2018 y T-018 de 2018 y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017.
4 Véase índice 00075 de SAMAI.
5 Véase índice 00023 de SAMAI. Concepto 066 del 115 de marzo de 2024.
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21. Expresó que no existe discusión respecto de que el accionado es beneficiario
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por
la cual el régimen aplicable para el reconocimiento de su pensión es el consagrado
en las Leyes 33 y 62 de 1985, que establecen una tasa de reemplazo del 75 %
sobre el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio, y no sobre el promedio de los 10 años, como lo plantea la UGPP.
22. Que para la fecha en que se profirió la sentencia objeto de revisión, se
encontraban vigentes las sentencias de unificación del 4 de agosto de 2010 (Exp.
2006-07509 [0112-2009]) y del 25 de febrero de 2016 (Exp. 2013-01541 [4683-
2013]), proferidas por esta Corporación, en las que se precisó que la pensión de los
beneficiarios del régimen de transición debía liquidarse conforme a lo dispuesto en
la Ley 33 de 1985, esto es, sobre el ingreso salarial del último año de servicios y
aplicando el porcentaje previsto por la ley, que por regla general corresponde al 75
%.
23. En apoyo de esa conclusión, citó la sentencia del 24 de noviembre de 2016,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado (Exp.
11001-03-25-000-2013-01341-00), en la que se reiteró dicho criterio.
24. Además, indicó que en el proceso se encontraba acreditado que el señor
Gilberto Ossa Barreto devengó durante el último año de servicios el auxilio de
alimentación y las primas de servicios, de navidad y de vacaciones, razón por la
cual tales factores debían incluirse en la reliquidación de su pensión.
25. Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
26. La Subsección deberá analizar si, en la sentencia proferida por el Juzgado
Cuarenta y Ocho Administrativo de Bogotá el 10 de noviembre de 2016, se configura
la causal de revisión alegada por la entidad demandante. En particular, si la orden
de reliquidación de la pensión del señor Gilberto Ossa Borrero, que incluyó el 75%
de todos los factores salariales del último año de servicio, excedió la cuantía prevista
por la ley.
27. Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidades de la acción especial
de revisión, ii) Causal de revisión invocada; iii) Caso concreto.
Generalidades de la acción especial de revisión
28. El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 20031 habilitó al Gobierno para
que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador
general de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
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pensiones6 formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o
pensiones de cualquier naturaleza.
29. Así, el legislador creó este mecanismo extraordinario para las condenas
emitidas exclusivamente por sumas periódicas o pensiones o los emolumentos que
se le asemejen, dada la afectación sustancial que con éstas se genera en las
finanzas públicas en el caso de ser ordenadas desconociendo la normatividad y
jurisprudencia aplicable, lo cual excluye otros conceptos, así sean conexos al
derecho pensional.
30. Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de
revisión tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada.
31. Aunque es cierto que la acción de revisión contemplada por el artículo 20, por
expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso
extraordinario de revisión, al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa ha
sido considerada como un mecanismo especial7 por al menos tres razones: la
calificación en quien está habilitado para ejercer la acción, su finalidad y las
causales para su procedencia.
32. Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social8, así como el principio de
universalidad que lo inspira9 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.
Causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
33. La Ley 797 de 2003 consagró dos causales de revisión, a saber: i) la prevista
en el literal a), que se configura cuando se acredita la violación del debido proceso
en el reconocimiento pensional, y ii) la establecida en el literal b), según la cual
procede la revisión cuando «la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
7 Para tales efectos esta Corporación en providencia del 27 de marzo de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2012-
00561-00 (2129-12), C.P. Gerardo Arenas Monsalve, estableció: «es claro que las particularidades de la “acción
especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se
refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de
control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario
cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con
el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]».
8 Esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a las entidades públicas pagadoras de pensiones
y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos
pensionales que se encuadren en dichas causales (…)». Ibidem.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia
del 1.° de agosto de 2017. Exp. 11001-03-15-000-2016-02022-00 (REV). C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
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de acuerdo con la ley, el pacto o la convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
34. En este sentido, este mecanismo extraordinario se instituyó no solo como un
instrumento orientado a la lucha contra la corrupción, sino también como una
herramienta destinada a salvaguardar el interés general, al detener o armonizar con
la ley el pago de pensiones reconocidas en exceso, bien sea por error, ignorancia
o desconocimiento del funcionario judicial o administrativo de las disposiciones
reguladoras de la pensión, o ya sea por adoptarse una interpretación indefendible
o desconectada de la jurisprudencia consolidada de los máximos tribunales de
cierre.
35. En lo que atañe al control de las decisiones judiciales mediante las cuales se
reconoce o reliquida una pensión con fundamento en el ingreso base de liquidación
correspondiente al último año de servicios, a favor de servidores públicos cobijados
por regímenes especiales anteriores a la Ley 100 de 1993 y beneficiarios del
régimen de transición, esta Corporación ha examinado tales providencias a la luz
de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en la
medida en que se cuestiona que el beneficio otorgado resulte desproporcionado
frente a lo que jurídicamente correspondía.
36. En estos eventos, la controversia se centra en la interpretación normativa
asumida por las autoridades judiciales respecto del cálculo del ingreso base de
liquidación, materia en la cual han coexistido, en distintos momentos, diversas
líneas jurisprudenciales. Por ello, la determinación de un eventual exceso en las
sumas reconocidas o pagadas exige valorar si la cuantía reconocida deriva de una
lectura jurídica razonable y aceptada al momento del fallo.
Justicia rogada dentro de la acción especial de revisión
37. Esta Corporación ha sido enfática en establecer que no es suficiente una
censura de carácter general acerca del contenido del proceso para estructurar
alguna de las causales de revisión extraordinaria, sino que «[…] como esta figura
procesal está limitada a las causales previstas por el legislador […] quien las
invoque tiene la carga argumentativa y probatoria de explicar cuáles son los motivos
que la soportan y, especialmente, los hechos que sirven de fundamento para su
configuración»10.
38. Al igual como sucede en el estudio de las causales del recurso extraordinario
de revisión, los motivos para pretender que se infirme la sentencia que ha
reconocido el derecho a una prestación periódica a cargo del tesoro de la Nación,
«[…] son de análisis restringido y riguroso frente a los cargos endilgados, pues
tampoco le está permitido al juzgador aproximarse a una causal que no fue
10Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia del 13 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00. C.P. Alberto Montaña Plata.
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planteada en la demanda o efectuar una revisión integral del fallo, pues su
naturaleza no es de ser una tercera instancia»11.
39. De tal manera, por el carácter excepcional y rogado que identifica la acción de
revisión, se exige del demandante la carga de demostrar la configuración clara e
indiscutible de la causal o causales alegadas. Así se han precisado los alcances de
este mecanismo:
«Ciertamente el carácter eminentemente rogado de la jurisdicción contenciosa
administrativa impide examinar pretensiones a la luz de disposiciones diferentes
a las invocadas en la demanda, es decir, que sus providencias se circunscriben
solo a lo que allí se ha planteado, por el libelo demandatorio un marco de
referencia necesario para que el operado jurídico emita su pronunciamiento
judicial»12
40. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
41. En cuanto a la causal invocada, la Sala observa que los argumentos de la acción
están orientados a demostrar la presunta afectación al patrimonio público derivada
de la orden judicial de reliquidación pensional del señor Gilberto Ossa Borrero, con
base en el 75% de lo percibido en el último año de servicios.
42. Aunque la UGPP no establece expresamente la diferencia monetaria existente
entre el monto sobre el cual fue reconocida la prestación periódica y aquel sobre el
que debió haber sido liquidada, entre los planteamientos de la acción se encuentra
la explicación de la afectación patrimonial, en tanto la inclusión nuevos conceptos
que, a su juicio, debía ser tomados como factor salarial —como las primas de
navidad, vacaciones y servicios y el auxilio de alimentación— habría incrementado
el valor de la mesada respecto del monto que realmente correspondía y que fue
reconocido inicialmente por la entidad porque en este solo se tuvo en cuenta los
factores de asignación básica y bonificación por servicios prestados.
43. En efecto, la inclusión nuevos factores, por sí sola, generó un aumento en el
valor de la prestación, lo cual permite tener por cumplido el requisito de exposición
razonada de la causal alegada.
44. Además, del contenido de los hechos sexto13 y decimocuarto14 de la demanda y
por la Resolución RDP 039732 de 19 de octubre de 2017, aportada con ella,
11 Consejo de Estado, Sentencia 24 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2017-00296-00 (1449-2017).
C.P. César Palomino Cortés.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del
27 de octubre de 2011. Exp. 02270-05. C.P. Alfonso Vargas Rincón.
13 «6. Inconforme con la decisión, el señor GILBERTO OSSA BORRERO, apeló el anterior acto administrativo,
el cual fue resuelto por la extinta CAJANAL mediante Resolución No. 1482 de 14 de marzo de 2003, revocando
la misma, y en consecuencia reliquidó la pensión de vejez, aumentado la cuantía a $1.178.177.08, efectiva a
partir de 11 de mayo de 2000, condicionado a demostrar el retiro definitivo del servicio» (negrillas para enfatizar).
14 «(…) La UGPP dio cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito
de Bogotá, Sección Segunda, a través de la Resolución No. RDP. No. 039732 de 19 de octubre de 2017.». Al
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mediante la cual la UGPP dio cumplimiento a la sentencia cuestionada se puede
inferirse también en qué consiste dicha afectación. En efecto, al comparar el valor de
la mesada inicial con el resultado de la reliquidación ordenada judicialmente, se
evidencia un incremento aproximado de $207.216 lo cual permite considerar
cumplido el requisito de exposición razonada de la causal alegada, habilitando así el
análisis por parte de esta Corporación.
45. El reproche de la UGPP se dirige a cuestionar que el Juzgado hubiera
descartado la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y, en
consecuencia, no se hubiera sujetado en lo relativo al monto y a la base de
liquidación a lo previsto en los artículos 21 y 36 de dicha ley y a los factores
taxativamente enlistados en el Decreto 1158 de 1994.
46. De tal forma, para la Sala es claro que la entidad recurrente estructuró su
censura sobre un supuesto normativo distinto del que realmente sirvió de
fundamento a la decisión cuestionada. En efecto, edificó su inconformidad en torno
a la aplicación de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1158 de
1994, pero pasó por alto que el Juzgado sustentó su razonamiento en una
interpretación normativa integral de las Ley 33 y 62 de 1985, respecto de los cuales
no formuló reparo alguno concreto.
47. En relación con el contenido y la forma en la que deben presentarse las
demandas en sede de revisión, esta Corporación ha considerado en varios de sus
pronunciamientos que:
«Para su formulación deben atenderse los requisitos de las demandas
ordinarias indicados en el artículo 252 del CPACA. Especialmente, el recurrente
deberá señalar con precisión y justificar la causal o las causales en que se funda
el recurso y aportar las pruebas necesarias.
La técnica del recurso exige real correspondencia entre los argumentos
en que se fundamenta y la causal invocada, de forma tal que el recurrente
prescinda de elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas
o los juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia
recurrida, así como de la intención de corregir errores u omisiones de la
propia parte, como si se tratara de una nueva instancia.
En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia. Antes bien, es riguroso en cuanto a su procedencia, pues se
restringe a las causales enlistadas en el mencionado artículo 250 del CPACA y
a las previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la
demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión
confrontar esta afirmación con el anexo de la resolución allí mencionada, se advierte que la cuantía de la
prestación fue incrementada en $1.385.393, con efectos a partir del 11 de mayo de 2000 y efectos fiscales
desde el 11 de abril de 2011, en aplicación de la prescripción trienal. Cfr. folio 391 del archivo digital denominado
«03Prueba1», disponible en la carpeta «ED_25000234200020210085(.zip) NroActua 2» del índice 0002 de
SAMAI.
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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00644-00 (5894-2022)
de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y
delimitado ámbito interpretativo»15. (Resaltado para enfatizar).
48. En ese contexto, al no haberse cuestionado de manera directa y precisa el
sustento jurídico que apoyó la decisión del Juzgado, no resulta posible adelantar el
estudio pretendido, por cuanto ello implicaría exceder la delimitación fijada por la
propia entidad al formular la causal de revisión.
49. Para la Sala debe existir una relación directa y coherente entre los argumentos
que estructuran el recurso, la causal invocada y el aspecto específico de la
sentencia que se controvierte, pues solo de esa manera es posible verificar si el
supuesto excepcional alegado realmente se configura. De lo contrario, el recurso
carecería de objeto, en la medida en que no se dirigiría de manera concreta contra
los fundamentos que sustentan la decisión cuya invalidez se pretende.
50. Por estas razones, la Sala declarará infundada la acción al no encontrarse
satisfechos los términos estrictos y excepcionales que gobiernan la procedencia de
este mecanismo.
Condena en costas
51. Dado que esta Sección16 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca la prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, se abstendrá de
imponer condena en costas en la medida que la actuación tuvo por objeto
controvertir providencias judiciales para salvaguardar el interés público.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por
la UGPP contra la sentencia del diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
proferida por el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo de Bogotá, por la causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión. Sentencia
del 5 de febrero de 2019. Exp: 11001-03-15-000-2018-01884-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto de 2024. Exp:
11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
16 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23
de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022,
Exp. 11001-0325-000-2020-00026 CO (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00644-00 (5894-2022)
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y ARCHÍVESE el expediente de la
acción especial de revisión.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JUAN CAMILO MORALES T.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
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