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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00683-00

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00683-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de los artículos décimo y décimo tercero del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, expedido por el Consejo Superior de 11 Al respecto el artículo 70 de la Ley 2430 de 2024 agregó el siguiente parágrafo al artículo 134 de la Ley 270 de 1996: «Parágrafo 2. Para efectos de lo dispuesto en los numerales 3 y 4, el concepto de traslado tendrá en cuenta, entre otros factores, la última evaluación de servicios en firme, que la persona a trasladar haya prestado servicios por lo menos por tres (3) años en el cargo actual y que garantice que prestará igual tiempo de servicio en el cargo para el cual será trasladada». Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Radicación: 11001-03-25-000-2022-00683-00 (6208-2022) Demandante: José Noé Barrera Sáenz la Judicatura, respecto de la expresión «la última evaluación de servicios en firme respecto del cargo y despacho desde el cual solicita el traslado». SEGUNDO. Sin condena en costas. TERCERO. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2022-00683-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00683-00 (6208-2022)
Demandante: José Noé Barrera Sáenz
Demandada: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Tema: Extralimitación de la facultad reglamentaria del Consejo Superior
de la Judicatura.
Decisión: Accede a las pretensiones y declara la nulidad parcial de las
disposiciones acusadas.

La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra los artículos décimo y
décimo tercero (parcial) del Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de
20171, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. Se solicitó la nulidad parcial de las siguientes disposiciones del acuerdo
demandado:

ARTÍCULO DÉCIMO. Traslados recíprocos. Cuando lo soliciten en forma recíproca
funcionarios o empleados de carrera de diferentes sedes territoriales, en cuyo caso
sólo procederá previo concepto de los Consejos Superior o Seccional de la
Judicatura. Cuando el traslado deba hacerse entre cargos cuya nominación
corresponda a distintas autoridades, sólo podrá llevarse a cabo previo acuerdo entre
éstas. Para efectos del concepto de traslado se tendrá en cuenta entre otros factores,
la última evaluación de servicios en firme respecto del cargo y despacho desde el
cual solicita el traslado.

[…]

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Evaluación y concepto. Presentada la solicitud,
la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, o el Consejo Seccional de la
Judicatura, según sea la competencia, efectuará la evaluación sobre la situación del
solicitante, teniendo en cuenta entre otros criterios la última evaluación de servicios
en firme respecto del cargo y despacho desde el cual solicita el traslado.
(se resalta el aparte demandado)

1 «Por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales y se dictan otras disposiciones en la materia».

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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00683-00 (6208-2022)
Demandante: José Noé Barrera Sáenz

2. El actor afirmó que el Consejo Superior de la Judicatura excedió la potestad
reglamentaria prevista en el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, al exigir que, para
el trámite de los traslados de funcionarios y empleados de carrera, se tuviera en
cuenta la última evaluación de servicios en firme del solicitante y el despacho desde
el cual se solicita el traslado.

3. Indicó que el artículo 134 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 1
de la Ley 771 de 2002, establece los requisitos para el traslado de los servidores
judiciales y no contempla la evaluación de servicios como presupuesto para su
procedencia. Por tanto, la entidad demandada únicamente tenía competencia para
desarrollar los aspectos operativos de procedimiento, mas no para modificar el
contenido de la ley ni imponer condiciones que restringieran el ejercicio de ese
derecho.

4. Sostuvo que los apartes acusados vulneran, además, el artículo 29 de la
Constitución Política, pues la imposición de requisitos no previstos por el legislador
para el trámite de los traslados desconoce las garantías del debido proceso
administrativo.

5. En esa misma línea, advirtió que los apartes demandados desconocen la
Sentencia C-295 de 2002, mediante la cual la Corte Constitucional declaró
«exequible el tema de los traslados teniendo en cuenta únicamente el factor
objetivo».

6. Finalmente, añadió que mediante el Oficio CJO22-3473 del 7 de septiembre
de 2022, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial emitió concepto
desfavorable a su solicitud de traslado recíproco, debido a que no contaba con la
última evaluación de servicios en firme exigida por el artículo décimo tercero del
Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017.

Contestación de la demanda

7. La Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se
opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda argumentando, en
primer lugar, que el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017 fue expedido en ejercicio de
las competencias atribuidas por los artículos 256 y 257 de la Constitución Política
y 85 de la Ley 270 de 1996, disposiciones que facultan al Consejo Superior de la
Judicatura para administrar y reglamentar la carrera judicial.

8. Explicó que el artículo 134 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo
1 de la Ley 771 de 2002, regula únicamente los eventos en que proceden los
traslados de los servidores judiciales, mientras que los requisitos para su trámite
deben ser definidos por el Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de su
potestad reglamentaria.

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9. También adujo que la exigencia de aportar la última evaluación de servicios
en firme constituye un criterio objetivo que permite emitir el concepto previo sobre
la solicitud de traslado y garantizar la eficacia, idoneidad y eficiencia del servicio de
administración de justicia.

10. Manifestó que la Sentencia C-295 de 2002, al estudiar la exequibilidad de
la Ley 771 de 2002, estableció que las decisiones sobre traslados deben fundarse
en elementos objetivos, entre ellos las condiciones de ingreso a la carrera y los
resultados de las evaluaciones del desempeño de los solicitantes. En ese sentido,
sostuvo que la evaluación de servicios no constituye un requisito adicional, sino un
criterio para emitir el concepto previo y aportar al nominador los elementos de juicio
necesarios para decidir la solicitud de traslado.

11. Propuso como excepción la improcedencia del medio de control de simple
nulidad, al considerar que el verdadero propósito de la demanda era obtener el
restablecimiento automático del derecho del actor mediante la invalidación indirecta
del concepto desfavorable emitido frente a su solicitud de traslado y solicitó la
condena en costas.

Trámite de sentencia anticipada

12. Mediante auto del 5 de mayo de 2026 se dispuso el trámite de sentencia
anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, al evidenciarse la
concurrencia de las causales previstas en los literales a), b) y c) del numeral 1 de
esa disposición. En consecuencia, se resolvió sobre el decreto de pruebas, se fijó
el litigio y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para rendir concepto.

Alegatos de conclusión

13. La Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. En síntesis,
sostuvo que el Consejo Superior de la Judicatura tenía competencia para
incorporar, dentro del trámite de evaluación de las solicitudes de traslado, el criterio
relacionado con la última evaluación de servicios en firme respecto del cargo y
despacho del solicitante.

14. Insistió en que la Constitución Política y la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia le atribuyen la facultad de administrar y reglamentar la
carrera judicial, lo que comprende la definición de los criterios y procedimientos
necesarios para evaluar las solicitudes de traslado.

15. Señaló que el artículo 134 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo
1 de la Ley 771 de 2002, no desarrolló los criterios objetivos ni los mecanismos
administrativos para evaluar dichas solicitudes, aspecto que fue reglamentado
mediante el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017.

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16. Añadió que la calificación de servicios constituye un criterio objetivo
relacionado con la idoneidad, eficiencia y desempeño del servidor judicial, en
consonancia con la Sentencia C-295 de 2002, que reconoció la posibilidad de
valorar las condiciones de ingreso a la carrera y los resultados de las evaluaciones
de desempeño de los solicitantes.

17. Por último, indicó que el Acuerdo PSAA16-10618 de 20162 incluyó entre los
efectos de la evaluación integral de servicios el análisis de la procedencia o
improcedencia de los traslados, lo que demuestra que no se trata de una exigencia
ajena al régimen de carrera ni de un requisito creado exclusivamente por las
disposiciones acusadas.

18. El actor y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

19. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.

Problemas jurídicos

20. De conformidad con los argumentos planteados por las partes, Sala deberá
abordar si con el presente asunto se persigue el restablecimiento automático de un
derecho subjetivo del actor derivado del concepto desfavorable emitido por la
entidad demandada frente a una solicitud de traslado, razón por la cual el proceso
debía tramitarse mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

21. Resuelto lo anterior, se deberá determinar si el Consejo Superior de la
Judicatura excedió la potestad reglamentaria que le atribuyen la Constitución
Política y la Ley 270 de 1996, al disponer, en los artículos décimo y décimo tercero
del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, que para evaluar las solicitudes de traslado
se tendría en cuenta la última evaluación de servicios en firme respecto del cargo
y despacho del solicitante, criterio no previsto en el artículo 134 de la Ley 270 de
1996, modificado por el artículo 1 de la Ley 771 de 2002.

Análisis de los problemas jurídicos

2«Por medio del cual se reglamenta el sistema de evaluación de servicios de funcionarios y
empleados de carrera de la Rama Judicial».

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22. Es importante empezar resaltando que el medio de control de simple
nulidad no está instituido para resolver controversias relacionadas con derechos
subjetivos ni para satisfacer intereses patrimoniales individuales, sino para
defender el ordenamiento jurídico mediante el control objetivo de legalidad de los
actos administrativos.

23. La Sala no comparte el planteamiento de indebida escogencia del medio
de control porque en este caso las pretensiones se circunscriben a obtener la
nulidad parcial de los artículos décimo y décimo tercero del Acuerdo PCSJA17-
10754 de 2017, por considerar que el Consejo Superior de la Judicatura excedió la
potestad reglamentaria que le atribuyen la Constitución Política y la Ley 270 de
1996. Por tanto, el litigio recae sobre la legalidad objetiva de disposiciones de
carácter general y no sobre una situación jurídica particular.

24. Si bien el actor señaló en la demanda que, mediante el Oficio CJO22-3473
del 7 de septiembre de 2022 la Unidad de Administración de la Carrera Judicial
emitió concepto desfavorable frente a su solicitud de traslado recíproco, esa
circunstancia fue expuesta únicamente como antecedente fáctico. En efecto, las
pretensiones no comprendieron la nulidad de dicho acto administrativo, no se
formuló solicitud alguna de restablecimiento y el concepto de la violación tampoco
se sustentó en la ilegalidad de esa decisión particular.

25. Así las cosas, el presente proceso tiene por objeto el control abstracto de
legalidad de las disposiciones de contenido general demandadas. Por tanto, lo que
se resuelva no tendrá ningún efecto sobre la situación particular expuesta por el
demandante.

26. Aclarado lo anterior, la Sala anticipa que declarará la nulidad de los apartes
acusados de los artículos demandados porque el Consejo Superior de la Judicatura
excedió la potestad reglamentaria que le atribuyen la Constitución Política y la Ley
270 de 1996 al incorporar, como criterio para valorar las solicitudes de traslado, la
última evaluación de servicios en firme, pese a que ese elemento no fue previsto
por el legislador.

Potestad reglamentaria del Consejo Superior de la Judicatura

27. Los artículos 2563 y 2574 de la Constitución Política atribuyen al Consejo
Superior de la Judicatura la administración de la carrera judicial y la facultad de
dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la
administración de justicia, en los aspectos no previstos por el legislador.

3 Artículo 256. Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura y de acuerdo a la ley, las
siguientes atribuciones: 1. Administrar la carrera judicial. […] 7. Las demás que le señale la ley.
4 Artículo 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes

funciones: […] 3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la
administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los
distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los
despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador. […] 5. Las demás que le señale
la ley.

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28. En desarrollo de esas disposiciones, el artículo 85 de la Ley 270 de 19965,
Estatutaria de la Administración de Justicia, confiere a la «Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura» la facultad de administrar la carrera judicial de
acuerdo con las normas constitucionales y legales, así como de reglamentarla.

29. Los actos administrativos que expide el Consejo Superior de la Judicatura
en ejercicio de esa atribución constituyen reglamentos que desarrollan la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia, razón por la cual su actividad normativa
debe sujetarse a la Constitución y a esa ley habilitante. En ese sentido, el alcance
de esa potestad reglamentaria depende del grado de precisión con que el legislador
haya regulado la materia.

30. En esa misma línea, esta Corporación ha precisado que el reglamento
desarrolla la ley y la completa en aquellos detalles y particularidades necesarias
para su aplicación, pero que en ningún caso puede modificar, ampliar o restringir
en cuanto a su contenido o alcance. Por ello, cuando la autoridad reglamentaria
desborda esos límites e incursiona en materias reservadas al legislador, el acto
administrativo compromete su validez6.

31. En ese marco, para determinar si el Consejo Superior de la Judicatura se
extralimitó en el ejercicio de su potestad reglamentaria, es necesario establecer el
contenido y alcance de la norma habilitante, esto es, el artículo 134 de la Ley 270
de 1996, modificado por el artículo 1 de la Ley 771 de 20027.

32. La referida disposición regula los presupuestos generales y los eventos en
los que procede el traslado de los funcionarios y empleados de carrera de la Rama
Judicial. Para este análisis interesan el encabezado de la norma y sus numerales 2
y 3, relativos al traslado recíproco y al solicitado por un servidor de carrera para
ocupar un cargo vacante en forma definitiva, modalidades desarrolladas en los
artículos décimo y décimo tercero del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017. Estos
disponen:

ARTÍCULO 134. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 771 de 2002. El nuevo
texto es el siguiente:> Se produce traslado cuando se provee un cargo con un
funcionario o empleado que ocupa en propiedad otro de funciones afines, de la misma
categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos, aunque tengan distinta sede
territorial. Nunca podrá haber traslados entre las dos Salas de los Consejos Seccionales
de la Judicatura.

Procede en los siguientes eventos:
[…]

5 Artículo 85. Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura: […] 17.

Administrar la carrera judicial de acuerdo con las normas constitucionales y la presente ley; […] 22.
Reglamentar la carrera judicial.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia del 27 de junio de 2019, radicado 11001-03-25-000-2014-01014-00 (3094-14).
7 Norma vigente al momento de expedirse el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017.

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2. Cuando lo soliciten por escrito en forma recíproca funcionarios o empleados de
diferentes sedes territoriales, en cuyo caso sólo procederá previa autorización de la Sala
Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura.

Cuando el traslado deba hacerse entre cargos cuya nominación corresponda a distintas
autoridades, sólo podrá llevarse a cabo previo acuerdo entre éstas.

3. Cuando lo solicite un servidor público de carrera para un cargo que se encuentre
vacante en forma definitiva, evento en el cual deberá resolverse la petición antes de
abrir la sede territorial para la escogencia de los concursantes.
[…]

33. De acuerdo con el encabezado de la disposición, el traslado supone la
provisión de un cargo con un funcionario o empleado que ocupa en propiedad otro
de funciones afines, de la misma categoría y para el cual se exigen los mismos
requisitos para su desempeño. Estas condiciones constituyen los presupuestos
generales que deben cumplirse, cualquiera sea la modalidad de traslado invocada.

34. A su vez, el numeral 2 condiciona el traslado recíproco a que sea solicitado
por escrito por los funcionarios o los empleados de diferentes sedes territoriales
interesados y cuente con la autorización de la autoridad administrativa competente.
Cuando la nominación de los cargos corresponde a distintas autoridades, exige
además el acuerdo entre ellas.

35. Por su parte, el numeral 3 permite al servidor de carrera solicitar el traslado
a un cargo vacante en forma definitiva y ordena resolver la petición antes de abrir la
sede territorial para la escogencia de los concursantes.

36. Al confrontar la norma superior con la disposición acusada, la Sala advierte
que el artículo décimo del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017 ordena valorar, para
emitir concepto sobre el traslado recíproco, «entre otros factores, la última
evaluación de servicios en firme respecto del cargo y despacho desde el cual solicita
el traslado».

37. Este criterio no encuentra respaldo en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996.
Su encabezado exige que el servidor ocupe en propiedad un cargo de funciones
afines, de la misma categoría y para el cual se requieran iguales requisitos. A su
vez, el numeral 2 dispone que el traslado sea solicitado por escrito y en forma
recíproca por funcionarios o empleados de diferentes sedes territoriales, y que
cuente con la autorización correspondiente. Si los cargos dependen de distintas
autoridades nominadoras, también exige el acuerdo entre ellas. Ninguna de estas
condiciones comprende la evaluación de servicios.

38. Lo mismo ocurre con el artículo décimo tercero del acuerdo acusado, que
incorpora ese criterio para evaluar las solicitudes de traslado a un cargo vacante en
forma definitiva. Para esta modalidad, además de los presupuestos generales
señalados, el numeral 3 del artículo 134 exige que la solicitud provenga de un
servidor de carrera, que el cargo esté vacante en forma definitiva y que la petición
se resuelva antes de abrir la sede territorial para la escogencia de los concursantes.

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Tampoco incluye la evaluación de servicios como criterio para decidir sobre el
traslado.

39. Ahora bien, el carácter enunciativo con el que las disposiciones
demandadas incorporaron la evaluación de servicios no excluye la extralimitación
de la potestad reglamentaria. Aunque no se presenta como una condición única o
excluyente, su valoración incide en la emisión del concepto sobre la solicitud de
traslado y puede determinar su procedencia. De este modo, la autoridad
demandada introdujo un elemento sustancial que no fue previsto en los numerales
2 y 3 del artículo 134 de la Ley 270 de 1996.

40. Esta Sección ha sostenido que el reglamento es la herramienta normativa
llamada a garantizar la cumplida ejecución de la Ley 270 de 1996. Por esa razón, el
Consejo Superior de la Judicatura no podía, en ejercicio de esa potestad,
«contradecir lo dispuesto por el legislador o prescribir sobre aquello que le está
privativamente reservado a este»8.

41. En consecuencia, la exigencia de la última evaluación de servicios en firme,
incorporada en los artículos décimo y décimo tercero del Acuerdo PCSJA17-10754
de 2017, no encuentra respaldo en la norma habilitante. Se trata de un elemento
adicional y ajeno a las condiciones fijadas por el legislador estatutario para el
traslado recíproco y para el traslado a un cargo vacante en forma definitiva.

42. Esta conclusión encuentra un antecedente directamente relacionado con el
objeto del presente proceso en la sentencia del 24 de abril de 2020 9, mediante la
cual esta Corporación declaró la nulidad del artículo décimo octavo del Acuerdo
PCSJA17-10754 de 2017, disposición que exigía, para los traslados de servidores
de carrera por razones del servicio y recíprocos, que el interesado «hubiera logrado
en la última evaluación de servicios que se encuentra en firme, una calificación igual
o superior a 80 puntos».

43. En esa oportunidad, la Sala precisó que ni la Constitución ni la Ley 270 de
1996, modificada por la Ley 771 de 2002, facultan al Consejo Superior de la
Judicatura para establecer requisitos adicionales a los previstos por el legislador en
materia de traslados. Asimismo, concluyó que la intervención atribuida a ese órgano
en el trámite de las solicitudes no le permite fundamentar su decisión en exigencias
no contempladas por el legislador ni sustituir la competencia de la autoridad
nominadora.

44. Esa misma regla conduce a la nulidad de la expresión aquí demandada.
Aunque los artículos décimo y décimo tercero del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017
no exigen una calificación mínima de 80 puntos, mantienen la última evaluación de
servicios en firme como criterio para emitir concepto sobre las solicitudes de

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 22 de mayo de 2025, radicado 11001-03-25-000-2023-00263-00 (3240-2023).
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

Sentencia del 24 de abril de 2020, radicado 11001-03-25-000-2015-01080-001(4748-15).

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traslado. Ese elemento tampoco fue previsto por el artículo 134 de la Ley 270 de
1996 vigente para el momento en que se profirió el acto acusado, de manera que el
Consejo Superior de la Judicatura carecía de competencia para incorporarlo
mediante reglamento.

45. La regla aplicada en la sentencia de 2020 ya había sido fijada por esta
Sección en la providencia del 21 de noviembre de 201310, mediante la cual declaró
la nulidad del aparte acusado del artículo décimo tercero y del artículo décimo
octavo del Acuerdo PSAA10-6837 de 2010, así como del Acuerdo PSAA11-7688 de
2011, disposiciones que antecedieron al reglamento ahora examinado. En ese
asunto, las normas demandadas establecían la antigüedad y una permanencia
mínima de tres años en el cargo y en la sede territorial desde la cual se solicitaba el
traslado, condiciones no previstas en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996.

46. En esa providencia, la Sala reconoció que si bien el Consejo Superior de la
Judicatura está facultado para administrar y reglamentar la carrera judicial, así como
para regular los trámites administrativos necesarios para el eficaz funcionamiento
de la administración de justicia, «no puede establecer requisitos adicionales a los
impuestos en la Ley, porque ello desborda la competencia atribuida al Consejo
Superior de la Judicatura como órgano administrativo» e invade una competencia
propia del legislador.

47. Tampoco desvirtúa esta conclusión la Sentencia C-295 de 2002 invocada
por la entidad demandada. En esa providencia, la Corte Constitucional, al estudiar
la exequibilidad del artículo 1 de la Ley 771 de 2002, sostuvo que, cuando concurran
varias solicitudes de traslado respecto de una misma vacante, la selección del
servidor beneficiario debía fundarse en criterios objetivos. No obstante, esa
consideración fue formulada para resolver un problema jurídico distinto al aquí
analizado y no tuvo por objeto definir el alcance de la potestad reglamentaria del
Consejo Superior de la Judicatura ni establecer los criterios que dicha autoridad
podía incorporar mediante reglamento para decidir las solicitudes de traslado.

48. En efecto, la referencia a las condiciones de ingreso a la carrera judicial y a
los resultados de las evaluaciones del desempeño fue realizada por la Corte
Constitucional al examinar la hipótesis en que concurren varios servidores
interesados en ocupar una misma vacante definitiva, con el propósito de destacar
que la decisión administrativa debía fundarse en parámetros objetivos y no en
criterios discrecionales. Así, ese pronunciamiento respondió a un supuesto
específico y no al análisis de la legalidad de un reglamento que estableciera, con
carácter general, criterios para la evaluación de todas las solicitudes de traslado.

49. De este modo, el precedente constitucional no habilitó al Consejo Superior
de la Judicatura para incorporar, de manera general y abstracta, criterios adicionales
a los previstos por el legislador. La Corte únicamente resaltó que, ante la
concurrencia de varias solicitudes sobre una misma vacante, la decisión

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Sección.

Sentencia del 21 de noviembre de 2013, radicado 11001-03-25-000-2010-00198-00 (1502-10).

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Demandante: José Noé Barrera Sáenz

administrativa debía sustentarse en parámetros objetivos. Esa exigencia, sin
embargo, no supone que la autoridad reglamentaria pueda crear nuevos criterios
para resolver las solicitudes de traslado cuando el legislador estatutario ya reguló la
materia.

50. En este orden, la referencia efectuada por la Corte Constitucional a las
evaluaciones del desempeño no puede entenderse de manera aislada ni como una
autorización para que el Consejo Superior de la Judicatura complemente el régimen
legal de los traslados mediante reglamento. Por el contrario, dicha consideración
debe interpretarse como un criterio a tener en cuenta por la Administración en los
eventos que existan varios interesados en el traslado a la misma vacante.

51. Por tanto, la facultad del Consejo Superior de la Judicatura para regular el
trámite e intervenir en la evaluación de las solicitudes de traslado no lo habilitaba
para incorporar la última evaluación de servicios en firme como criterio general para
decidir sobre su procedencia.

52. Para finalizar, la Sala considera oportuno resaltar que el Congreso de la
República solo estableció el requisito de la evaluación de servicios para efectos de
acceder a la solicitud de traslado con las modificaciones realizadas a la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia mediante la Ley 2430 de 202411. Este
hecho permite reafirmar la tesis sostenida en esta providencia que el único
competente para establecer este tipo de criterios es el legislador.

53. Por consiguiente, se declarará la nulidad de la expresión «la última
evaluación de servicios en firme respecto del cargo y despacho desde el cual solicita
el traslado», contenida en los artículos décimo y décimo tercero del Acuerdo
PCSJA17-10754 de 2017.

Condena en costas

54. En atención a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, no se condenará en
costas a la parte vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de los artículos décimo y décimo
tercero del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, expedido por el Consejo Superior de

11 Al respecto el artículo 70 de la Ley 2430 de 2024 agregó el siguiente parágrafo al artículo 134 de

la Ley 270 de 1996: «Parágrafo 2. Para efectos de lo dispuesto en los numerales 3 y 4, el concepto
de traslado tendrá en cuenta, entre otros factores, la última evaluación de servicios en firme, que la
persona a trasladar haya prestado servicios por lo menos por tres (3) años en el cargo actual y que
garantice que prestará igual tiempo de servicio en el cargo para el cual será trasladada».

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la Judicatura, respecto de la expresión «la última evaluación de servicios en firme
respecto del cargo y despacho desde el cual solicita el traslado».

SEGUNDO. Sin condena en costas.

TERCERO. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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