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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00696-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00696-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada contra el Acuerdo 20201000003606 del 30 de noviembre de 2020, proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, y el Acuerdo 5 del 25 de junio de 2019, expedido por el Instituto Departamental de Salud de Nariño, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2022-00696-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00696-00 (6294-2022)
Demandante: Bárbara Maricela Pascuza Dulce y otros
Demandado: Nación-Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) - Instituto
Departamental de Salud de Nariño (IDSN)

Temas: Concurso de méritos

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

1.Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por la señora Bárbara Maricela Pascuza Dulce y otros contra la
Nación-Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el Instituto Departamental de
Salud de Nariño (IDSN).

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,1 la señora Bárbara Maricela Pascuza Dulce y otros,2 actuando por
intermedio de apoderada, solicitaron que se anulen los siguientes actos, proferidos
por la CNSC y el IDSN, respectivamente: i) Acuerdo 20201000003606 del 30 de
noviembre de 2020, «por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso
de selección en las modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer los empleos
en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa
de la planta de personal del Instituto Departamental de Salud de Nariño -
Convocatoria No. 1524 de 2020»; y ii) el manual de funciones correspondiente al
Acuerdo 5 del 25 de junio de 2019 «por medio del cual se actualiza el Manual de
Funciones y Competencias Laborales del Instituto Departamental de Salud de
Nariño».

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2011.
2 Liliam Emilce Burbano Burbano, Yefre Ausberto Quiñones Arizala, Juan Miguel Guerron Montenegro, Ivonni

Avila Diaz, Nestor Eduardo Hidalgo Muñoz, Claudia Janeth Almeida Guano, Vivian Rosario Narváez Delgado,
Sadith Trejo Moncayo, Claudia Magali Vela Valencia, Andrés Alexander Benavides Salazar y Luceny Del Rosario
González Mejia

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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00696-00(6294 -2022)
Demandante: Bárbara Maricela Pascuza Dulce y otros

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. La parte demandante señaló que los actos acusaron vulneran los artículos 2, 3,
4, 6, 13, 23, 25, 28, 53, 58, 113, 115, 121, 125, 189, 209, 218, 230 y 241 de la
Constitución Política; 7,11, 28 y 29 de la Ley 909 de 2004; 2 de la Ley 1960 de 2019;
4 del Decreto 498 de 2020; y 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015 (adicionado por el
artículo 3 del Decreto 51 de 2018).

4. Al desarrollar el concepto de violación, los demandantes plantearon los
siguientes cargos:

i) El IDSN omitió socializar el manual de funciones con sus empleados y el
sindicato.

ii) El estudio técnico requerido para la promulgación del manual de funciones
no tuvo en cuenta las competencias del empleo, formación académica,
experiencia, número de cargos, ni fue elaborado por una entidad idónea.

iii) El certamen presentó inconsistencias en la disponibilidad, registro y/o
ejecución presupuestal para su financiamiento. De manera que el concurso se
convocó sin que el IDSN contara con los recursos para asumir los costos.

iv) En la aplicación de pruebas escritas «se vislumbran en los textos de las
preguntas que no se siguieron normas convenciones, formales, semánticas y
gramaticales del español, muchas de las expresiones en los textos resultaron
poco claras, inconclusas, ambiguas y desconectadas, por ende, las respuestas
pueden ser confusas o inconexas».

v) La valoración de antecedentes inobservó el cumplimiento de los requisitos
mínimos exigidos.

vi) El Consejo de Estado anuló el Decreto 1754 de 2020, porque la reactivación
del concurso de méritos, en un periodo de emergencia sanitaria y social,
desconoce la Constitución Política y vulnera el principio del mérito en la función
pública.

vii) La comisión de personal de la entidad no informó los cargos que debían ser
excluidos de la OPEC porque los servidores que los venían ocupando tenían
situaciones especiales, a saber: personas en condición de discapacidad o con
enfermedades laborales o graves, integrantes de comunidades étnicas, madres
o padres cabeza de familia sin alternativa económica, prepensionados, víctimas
de la violencia, mujeres embarazadas y fuero sindical.

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1.2. Contestación de la demanda

5. La CNSC se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes
argumentos:

i) De acuerdo con las Circulares CNSC 20161000000057 de 2016 y 017 de
2017, la última emitida por la Procuraduría General de la Nación, las entidades
públicas tienen el deber de reportar la OPEC3 a través del aplicativo SIMO, dentro
de los plazos señalados por la CNSC, por lo que la responsabilidad sobre la
información reportada recae únicamente sobre dichas entidades.

ii) Los contenidos de los manuales de funciones son discrecionales y la
competencia para establecer los requisitos los empleos corresponden
únicamente a las entidades empleadoras.

iii) Las pruebas realizadas se ajustan a la calidad necesaria para el correcto
desarrollo de los fines y objetivos de la entidad destinataria del concurso, por lo
que se encaminan a valorar las capacidades, conocimientos y aptitudes de los
aspirantes de cara a los requerimientos del empleo al cual se presentan.

iv) Los cargos de carrera administrativa ocupados en provisionalidad gozan de
una estabilidad relativa en la medida en que pueden participar en los concursos
y su vinculación está condicionada a la duración del proceso de selección y hasta
que sean remplazados por quien apruebe todas las etapas.

v) Corresponde a la entidad garantizar la protección a los empleados
nombrados en provisionalidad cuando son sujetos de especial protección
constitucional, y si bien, dicha circunstancia no otorga un derecho indefinido a
permanecer en el cargo, surge una obligación constitucional de proporcionar un
trato preferencial como medida afirmativa, por lo que han de ser los últimos en
removerse y, en la medida de las posibilidades, vincularse nuevamente en cargos
vacantes en forma provisional, similares a los que venían ocupando.

vi) A pesar de la declaratoria de nulidad del Decreto 1754 del 22 de diciembre
de 20204, las situaciones jurídicas que se consolidaron bajo su amparo no
pueden verse afectadas, pues esta declaratoria opera hacia futuro.

vii) Se proponen las excepciones de indebida escogencia del medio de control,
caducidad e improcedencia del medio de control de nulidad contra actos de
trámite.

3 Oferta Pública de Empleos de Carrera.
4 “Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en lo relacionado con la
reactivación de las etapas de reclutamiento, aplicación de pruebas y periodo de prueba en los procesos de
selección para proveer los empleos de carrera del régimen general, especial y específico, en el marco de la
Emergencia Sanitaria”,

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6. El IDSN solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda por las
siguientes razones:

i) Las actuaciones administrativas para la realización del concurso de méritos
adelantadas por la CNSC y el IDSN se rigieron por el marco legal y constitucional.

ii) No era requisito que para la realización del concurso que se actualizara el
manual de funciones, así como tampoco que se contara con las disponibilidades
presupuestales, ni su registro.

7.La CNSC y el IDSN propusieron las excepciones de indebida escogencia del
medio de control, caducidad e improcedencia del medio de control de nulidad contra
actos de trámite.

II. TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA

2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada

8. Por auto de 8 de septiembre de 2023, se admitió la demanda y de ordenó correr
traslado de la medida cautelar solicitada por la parte demandante.5

9. A través de auto del 27 de agosto de 2024, se negó la solicitud de medida cautelar
presentada por los actores.6

10. Mediante auto de 19 de septiembre de 2025, el despacho evidenció la posibilidad

de emitir sentencia anticipada dentro del sub-lite, en los términos del artículo 182A
del CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) negar las excepciones de indebida
escogencia del medio de control, caducidad e improcedencia del medio de control
de nulidad contra los actos de trámite; b) prescindir de la audiencia inicial prevista
en el artículo 180 ibidem; c) resolver sobre las pruebas aportadas y solicitadas; d)
fijar el litigio; e) correr traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar
alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.7

2.2. Alegatos de conclusión

11. La CNSC y el IDSN guardaron silencio.

2.3. Ministerio Público

12. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

5 Índice 6 de Samai
6 Índice 39 de Samai
7 Índice 44 de Samai.

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13. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir

previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

3.1. Presentación del caso y metodología de decisión

14. En el presente asunto, la Sala examinará si el Acuerdo 20201000003606 del 30

de noviembre de 2020 y el Acuerdo 5 del 25 de junio de 2019 están viciados de
nulidad por violación al ordenamiento constitucional y legal en que debían fundarse.

15. Para acometer dicho propósito, se abordarán los siguientes aspectos relevantes:

i) texto del acto acusado; ii) el caso concreto-problemas jurídicos-análisis de los
cargos de nulidad; y iii) costas y agencias en derecho.

3.2. Texto de los actos demandados

16. Es preciso aclarar que no se transcribirá integralmente los actos enjuiciados en

razón a su extensión. En consecuencia, únicamente se citarán los apartes
relevantes al sub lite, cuyo tenor es el siguiente:

ACUERDO № 0360 DE 2020 de 30-11-2020

“Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las
modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal
del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO identificado como
Proceso de Selección No. 1524 de 2020 - Territorial Nariño”

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el
artículo 130 de la Constitución Política, en los artículos 7, 11, 12, 29 y 30 de la Ley
909 de 2004, en los artículos 2.2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, en el artículo
263 de la Ley 1955 de 2019, en los artículos 2 y 6 de la Ley 1960 de 2019 y en el
artículo 2 del Decreto 498 de 2020, y
[…]
ACUERDA:
[…]

ARTÍCULO 1. CONVOCATORIA Convocar a proceso de selección, en las
modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer las vacantes definitivas referidas en
el artículo 8 del presente Acuerdo, pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
SALUD DE NARIÑO, que se identificará como “Proceso de Selección No. 1524 de
2020- Territorial Nariño”.

PARÁGRAFO. Hace parte integral del presente Acuerdo, el Anexo que contiene de
manera detallada las Especificaciones Técnicas de cada una de las etapas del
proceso de selección que se convoca. Por consiguiente, en los términos del numeral

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1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, este Acuerdo y su Anexo son normas
reguladoras de este proceso de selección y obligan tanto a la entidad objeto del
mismo como a la CNSC, a la Institución de Educación Superior que lo desarrolle y a
los participantes inscritos.

CAPÍTULO II
EMPLEOS CONVOCADOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN

ARTÍCULO 8. OPEC PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN. La OPEC para este
proceso de selección es la siguiente:

TABLA No. 1
OPEC PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN EN LA MODALIDAD DE ASCENSO

NIVEL NÚMERO DE EMPLEOS NÚMERO DE VACANTES
Profesional 20 20
Técnico 9 11
Asistencial 12 12
TOTAL 41 43

TABLA No. 2
OPEC PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN EN LA MODALIDAD ABIERTO

NIVEL NÚMERO DE EMPLEOS NÚMERO DE VACANTES
Profesional 33 35
Técnico 4 4
Asistencial 6 119
TOTAL 43 158
[…]

ACUERDO 05 DE 25 DE JUNIO DE 2019

“Por el cual se actualiza, modifica y compila el Manual de Funciones y Competencias
Laborales del Instituto Departamental de Salud de Nariño.”

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DEPARTMENTAL DE SALUD DE
NARIÑO

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el Decreto 401 de
1993
[…]

DECRETA:

Artículo primero. Actualizar, modificar y compilar el Manual Especifico de Funciones
y Competencias Laborales del Instituto Departamental de Salud de Nariño, así:

[…]

3.3. Generalidades del sistema de carrera administrativa

17. El artículo 125 de la Constitución Política estableció que, por regla general, los

empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de

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los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. Igualmente, se dispuso que los
funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

18. Por su parte, la Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un sistema

técnico de administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de la
administración pública. A su vez, entronizó el principio del mérito como garante de
transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en el
servicio público.

19. Asimismo, el Título 6 del Decreto 1083 de 2015, «por medio del cual se expide el

Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública», compila la
reglamentación expedida en materia de procesos de selección o concursos. En
especial, se destaca el desarrollo de los siguientes ejes: i) competencia; ii) fases; iii)
convocatoria; iv) inscripciones; v) listados de admitidos y no admitidos; vi) pruebas
o instrumentos de selección; vii) reclamaciones en las diferentes fases; viii) listas de
elegibles; ix) período de prueba; x) Oferta Pública de Empleos de Carrera-OPEC.

3.4. El caso concreto. Problema jurídico-análisis de los cargos de nulidad
20. En el presente asunto, la Sala examinará si los actos acusados están viciados de

nulidad por violación al ordenamiento constitucional y legal en que debían fundarse,
conforme a los cargos de nulidad expuestos por el accionante, los cuales serán
agrupados con el fin de facilitar el estudio del presente debate.

3.4.1. Irregularidades del manual de funciones

21. Los actores alegaron que el IDSN omitió socializar el manual de funciones con

sus empleados y el sindicato.

22.Sobre el particular, el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015,
norma vigente para la fecha de expedición del Acuerdo 5 del 25 de junio de 2019,
«Por el cual se actualiza, modifica y compila el Manual de Funciones y
Competencias Laborales del Instituto Departamental de Salud de Nariño»,
estableció lo siguiente:

Parágrafo 3. En el marco de lo señalado en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, las entidades deberán publicar, por el término señalado en su
reglamentación, las modificaciones o actualizaciones al manual especifico de
funciones y de competencias laborales. La administración, previo a la expedición del
acto administrativo lo socializará con las organizaciones sindicales. Lo anterior sin
perjuicio de la autonomía del jefe del organismo para adoptarlo, actualizarlo o
modificarlo.

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23. Teniendo en cuenta lo anterior, antes de la expedición del acto administrativo que

adopte, modifique o actualice el manual especifico de funciones y competencias
laborales, la administración debe llevar a cabo un proceso de consulta con los
sindicatos, es decir, socializarlo y ponerlo en su conocimiento.

24. Sobre este punto, la Sala advierte que el Acuerdo 05 de 25 de junio de 2019

señaló que el proceso de actualización, modificación y compilación del Manual
Específico de Funciones y Competencias Laborales del Instituto Departamental de
Salud de Nariño se socializó con los sindicatos SINCRISAN y ANTOC.

25. Como prueba de que dicho acuerdo se socializó con los Sindicatos del IDSN, la

Sala observa que a través de Oficio OAP 18010914-18 de 16 de octubre de 2018,
proferido por el jefe de la Oficina Asesora de Planeación del IDSN, se citó a los
representantes de SINCRISAN y ANTOC a un taller de rediseño institucional, para
el cual se requirió la siguiente información:

• Propuestas de Modificación a la estructura, planta de personal, funciones y procesos
(todas las áreas)
• Actos administrativos que establecen la actual estructura organizacional (Dirección)
• Manual de Funciones, plan de cargos, estructura orgánica (talento humano)

26. A su vez, en acta de reunión del 26 de marzo de 2021 del IDSN suscrita, entre

otros, por los presidentes de los Sindicatos ANTHOC8 y SINCRISAN9, quedó
consignada la afirmación de que al interior de la entidad se estableció un comité,
del cual hicieron parte los representantes de los sindicatos, con miras a expedir el
manual de funciones ahora demandado. Para mayor claridad la Sala transcribirá los
siguientes apartes del acta:

La doctora Adriana Moreno, presidente del Sindicato ANTHOC, pregunta cuando se
realizó el ajuste al perfil de este cargo, la doctora Martha Cecilia Acosta, profesional
universitario de la Oficina de Talento Humano, manifiesta que fue en la modificación del
año 2019 donde se encontraba como secretario General el doctor Cesar Leonel Rosero
Ruano e informa que ella jamás ha tomado la potestad para hacer cambios o
modificaciones en el manual de funciones, que la metodología que se utiliza cuando se
van a realizar cambios en el manual de funciones o perfiles, es solicitar a los
subdirectores y jefes de oficina den a conocer las modificaciones trabajadas con sus
respectivos equipos de trabajo, para este casi estaba como secretario General el doctor
César Ruano Rosero, quien pidió modifiquen los cargos de técnico operativo de archivo
para que se ajuste con el perfil y profesional universitario de Tesorería que en reunión
del 5 de marzo, se realizó cambio al cargo de profesional universitario de Tesorería que
inicialmente estaba como jefe inmediato el secretario general y pasó a hacer jefe
inmediato el tesorero.

Adriana Moreno, manifiesta que a través de negociaciones sindicales se estableció un
comité para revisión de manual de funciones donde estaban representantes de los dos
sindicatos y que también se estableció que se debía informar previamente a los

8 Adriana Moreno Castillo
9 Freddy Caicedo

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funcionarios afectados sobre los cambios que se iban a realizar en los manuales de
funciones a de los cargos. […].

27. Las pruebas mencionadas permiten a la Sala inferir que el IDSN socializó las

modificaciones adelantadas al manual de funciones con sus empleados y
sindicatos, lo cual se acompasa con el citado parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del
Decreto 1083 de 2015, en tanto determinó que dicha socialización se llevaría a cabo
«sin perjuicio de la autonomía del jefe del organismo para adoptarlo, actualizarlo o
modificarlo».

28. En tal sentido, la corporación ha determinado que «la administración es la
encargada de expedir el acto administrativo definitivo, debido a que tiene la
atribución legal, así como la capacidad técnica para determinar los perfiles de los
empleos, especialmente su denominación, nivel y grado; requisitos de formación
académica y experiencia para ocuparlos; deberes y funciones».10

29. Por otra parte, los actores manifestaron que el estudio técnico que precedió al

manual de funciones no fue elaborado por una entidad idónea y no tuvo en cuenta
las competencias del empleo, formación académica, experiencia, número de
cargos, lo cual viciaba de nulidad el certamen demandado.

30. Sin embargo; dicho planteamiento resulta genérico, ya que no se contrastaron

los empleos y perfiles que, en sentir de los actores, desconocieron los requisitos
previstos por el legislador para su desempeño, por lo que no es posible ahondar en
razonamientos frente a este reparo.

31. En consecuencia, no está llamado a prosperar el cargo de anulación basado en

que el Acuerdo 5 de 25 de junio de 2019, incurrió en irregularidades y que aquellas
impactaron la convocatoria al concurso de méritos

3.4.2. Protección del personal nombrado en provisionalidad

32. Losaccionantes reprocharon que la comisión de personal de la entidad no
informó los cargos que debían ser excluidos de la OPEC porque los servidores se
encontraban en condición de vulnerabilidad y eran sujetos de especial protección.

33. Al respecto, la Corte Constitucional ha explicado que, en el sistema de carrera

administrativa, por regla general, los cargos oficiales deben ser provistos mediante
un concurso público de méritos. De ahí que los nombramientos en provisionalidad
o encargo son una excepción.11

34. No obstante, se ha determinado que los nombramientos en provisionalidad son

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 31 de agosto de 2023, radicado: 11001-

03-25-000-2019-00098-00 (0517-2019).
11 Ver entre otras las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-290 de 2007, C-1177 de 2001, C-973

de 2001, C-973 de 2001, C-963 de 2003 y C-1230 de 2005.

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transitorios y otorgan a los empleados una estabilidad laboral relativa o intermedia,
de ahí que, estos pueden ser desvinculados por medio de acto motivado12.

35. Estacorporación, con base en lo expuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-446 de 2011, ha considerado que la garantía de que gozan las
personas constitucionalmente protegidas «consiste en que deben ser los últimos en
ser desvinculados y, si es posible, nuevamente ser vinculados en forma provisional
en cargos vacantes de la misma jerarquía de los que venían ocupando, para lo cual
deberán acreditar su situación para la época de desvinculación o en el momento del
posible nombramiento».13

36. En consecuencia, si bien es cierto que pueden existir empleados que estén
vinculados en provisionalidad y se encuentren en situaciones particulares que los
hagan merecedores de un tratamiento diferencial, tal circunstancia no puede
desplazar el derecho que adquiere quien ha superado todas las etapas de un
concurso de méritos y debe ser nombrado en el cargo al cual aspiró. 14 De ahí que,
ofertar los cargos ocupados por personas en condiciones especiales no vicia de
nulidad la convocatoria.

3.4.3. Suspensión del proceso de selección

37. Los actores indicaron que el Consejo de Estado anuló el Decreto 1754 de 2020,

porque la reactivación del concurso de méritos, en un periodo de emergencia
sanitaria y social, desconoce la Constitución Política y vulnera el principio del mérito
en la función pública.

38. Al respecto, el Decreto 491 de 2020 dispuso el aplazamiento de los procesos de

selección por la pandemia del COVID-19, particularmente en el artículo 14
estableció lo siguiente:

Artículo 14. Aplazamiento de los procesos de selección en curso. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, para garantizar la participación en los concursos sin
discriminación de ninguna índole, evitar el contacto entre las personas y propiciar el
distanciamiento social, se aplazaran los procesos de selección que actualmente se
estén adelantando para proveer empleos de carrera del régimen general, especial
constitucional o especifico, que se encuentren en la etapa de reclutamiento o de
aplicación de pruebas.

Las autoridades competentes deberán reanudar dichos procesos una vez se supere
la Emergencia Sanitaria.
12 Sobre el particular, en la sentencia T-245 de 2007, se explicó que «, la situación en que se encuentran estos

funcionarios está amparada por lo que se ha conocido como el ‘fuero de estabilidad’, el cual protege,
precisamente, dicha estabilidad intermedia de la que gozan estos trabajadores, la cual se opone a la posibilidad
de ser removidos sin que medie una justa causa que tenga como fundamento la calificación de desempeño, la
comisión de faltas disciplinarias o la provisión del cargo por concurso de méritos».
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 6 de febrero de 2025, radicado 11001-03-25-

000-2022-00266-00 (1630-2022).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de abril de 2024, radicado 11001 03 25 000

2023 00042 00 (0818-2023).

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39. En ese sentido, la normativa sólo suspendió los certámenes que se encontraran

en las etapas de reclutamiento o de aplicación de pruebas.

40. A su vez, el Decreto 1754 de 2020 reactivó las etapas de reclutamiento y
aplicación de pruebas a partir del 22 de diciembre de 2020.

41. Al respecto, la Sala advierte que el acuerdo demandado fue proferido el 30 de

noviembre de 2020.15

42. Asimismo, se observa que dicho acuerdo fue modificado por el Acuerdo 2044 de

2021, que fue proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el 23 de junio de
2021 y en este se indicó que «la etapa de inscripciones del proceso de selección
aún no había iniciado1».16

43. Lo anterior permite a la Sala concluir que durante el período que se encontraban

suspendidos los concursos en virtud del Decreto 491 de 2020, esto es, entre el 28
de marzo de 2020 y el 22 de diciembre de 2020, el proceso de selección demandado
aún no se encontraba en las etapas de reclutamiento o aplicación de pruebas, pues
a junio de 2021, cuando se expidió el Acuerdo 2044, el concurso no había siquiera
iniciado la etapa de inscripción.

44. En ese sentido, la suspensión prevista en el Decreto 491 de 2020 no resultaba

aplicable al caso concreto, razón por la cual este argumento no tiene vocación de
prosperidad.

45. Es pertinente anotar que dicha disposición fue anulada por esta corporación,

mediante sentencia del 3 de junio de 2022,17 con la aclaración de que «los efectos
de la nulidad del Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020, operan únicamente
desde el momento de emisión de esta sentencia y hacia el futuro o ex nunc».

3.4.4. Disponibilidad presupuestal

46. Losaccionantes afirmaron que el certamen presentó inconsistencias en la
disponibilidad, registro y/o ejecución presupuestal para su financiamiento. De
manera que el concurso se convocó sin que la entidad contara con los recursos
para asumir los costos.

47. Ahora bien, omitieron indicar cuáles fueron las resoluciones que establecieron los

montos en que debía concurrir la entidad pública para financiar las plazas ofertadas,
tampoco indicaron si se sufragaron o no dichos dineros y mucho menos si se

15 Archivo 05 contenido en el índice 3 de Samai.
16 Archivo 06 contenido en el índice 3 de Samai.
17 Consejo de Estado, Sala Diecisiete de Decisión, sentencia del 3 de junio de 2022, radicado 11001-03-15-000-

2021-04664-00.

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consideraba que los costos eran superiores o inferiores a los indicados por la CNSC
o si se vulneraron los principios orientadores del gasto público como los de
planificación, especialización, legalidad o moralidad administrativa.

48. Enrelación con el anterior motivo de inconformidad, esta corporación ha
expresado lo siguiente:18

[…] en la realización de un concurso convergen diferentes competencias, resaltando
el despacho que en cuanto al costo que genera la realización del concurso, dado que
este debe ser cubierto por el presupuesto de la entidad u organismo que requiera de
la provisión de cargos (art. 30 de la Ley 909 de 2004), sin perjuicio de la financiación
prevista en los artículos 74 de la Ley 998 de 2005 y 9 de la Ley 1033 de 2006, debe
destacarse que el jefe de dicha entidad u organismo tiene un importante rol en la
realización del concurso, como es el de asegurar su financiación, como un
presupuesto necesario para dicha realización, pues, no tendría ningún sentido el
convocar a un concurso que, en la práctica no pueda realizarse, por no haber
presupuesto para ello, ya que aunque esta circunstancia no es, en rigor, de aquellas
que hace parte del contenido de la convocatoria, si es una condición necesaria para
la viabilidad del concurso.19

En ese sentido, corresponde entonces a las unidades de personal de las entidades
estimar anualmente los costos del eventual concurso (art. 17.1, c de la Ley 909 de
2004). Esta estimación debe ser considerada e incluida en los presupuestos de cada
entidad u organismo. Con base en esta estimación y en lo que resulte asignado
efectivamente dentro del presupuesto de cada entidad u organismo, su jefe, para
efectos de realizar el concurso, deberá entregar a la CNSC, en tanto es un
presupuesto para la realización del concurso, el correspondiente certificado de
disponibilidad presupuestal, ya que, sin este certificado, dicha entidad u organismo
no puede comprometer recursos para financiar la realización del concurso.

[...] el certificado de disponibilidad presupuestal no es requisito de validez del acto de
convocatoria para proveer cargos de carrera por medio de concursos de méritos y,
por tal motivo, su ausencia no conlleva inevitablemente a la suspensión o anulación
del proceso de selección, principalmente porque, la financiación de los costos del
concurso como se señaló anteriormente es competencia de cada entidad u organismo
ofertante, con cargo a su presupuesto y, por tanto, la responsabilidad de tramitar lo
pertinente y obtener el certificado de disponibilidad presupuestal, es de su resorte,
más no de la CNSC.

En consonancia, los certificados de disponibilidad presupuestal para financiar los
costos de los procesos tienen el carácter de acto preparatorio de la convocatoria, pero
no es un elemento integrante de esta, y su expedición son de competencia de cada
entidad u organismo y su ausencia no tiene la entidad de suspender el proceso de
selección, ni la resolución demandada, que tiene como finalidad asegurar los recursos
para financiar los costos del proceso de selección.

49. Bajo
esta línea de intelección, la ausencia del certificado de disponibilidad
presupuestal no constituye una irregularidad sustancial que derive necesariamente
en la nulidad o suspensión de la convocatoria a concurso de méritos para la

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 25 de julio de 2023, radicado 11001-03-25-

000-2018-00531-00 (1902-2018). En similar sentido puede consultarse la sentencia del 4 de mayo de 2023,
radicado 11001-03-25-000-2019-00835-00 (6080-2019).
19 Sobre el particular, se puede consultar la sentencia C-183 de 2019.

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provisión de cargos de carrera,20 por lo cual no están llamados a prosperar los
argumentos encaminados a invalidar el acuerdo enjuiciado por la falta de recursos
para financiar el certamen.

3.5.5. Irregularidades en las preguntas formuladas en las pruebas de
competencias básicas, funcionales y comportamentales, así como, en la etapa
de valoración de antecedentes

50. Losdemandantes señalaron que en la aplicación de pruebas escritas «se
vislumbran en los textos de las preguntas que no se siguieron normas
convenciones, formales, semánticas y gramaticales del español, muchas de las
expresiones en los textos resultaron poco claras, inconclusas, ambiguas y
desconectadas, por ende, las respuestas pueden ser confusas o inconexas»; sin
embargo, estas afirmaciones no están soportadas en ningún medio de prueba.

51. En tal sentido, se echa de menos un documento que permita contrastar la prueba

escrita con los parámetros lingüísticos que se estiman desconocidos, tampoco se
alegaron irregularidades concretas frente a una o varias de las preguntas aplicadas
a los aspirantes; por el contrario, se efectuaron reparos genéricos que imposibilitan
el análisis del despacho frente a este aspecto.

52. Así las cosas, es pertinente recordar que, si bien «la jurisdicción de lo contencioso

está facultada para interpretar la demanda, no es posible suplantar la obligación del
demandante de alegar adecuadamente sus reclamos y de probar los supuestos de
la demanda».21

53. En esta misma línea de intelección, se observa que los demandantes se limitaron

a expresar que la valoración de antecedentes inobservó el cumplimiento de los
requisitos mínimos exigidos, pero no indicaron cuáles eran los requerimientos
académicos o de experiencia que fueron desconocidos en dicha etapa y mucho
menos aportaron pruebas tendientes a soportar tales censuras, por lo que estos
razonamientos tampoco tienen vocación de prosperidad.

3.5. Condena en costas

54. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se

ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020, radicado: 11001

03 25 000 2014 00025 00 (0064-14).
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicado
1100103-25-000-2016-00146-00 (0658-16). En similar sentido pueden consultarse las siguientes sentencias
proferidas por esta corporación: i) del 24 de febrero de 2022, radicado: 76001-23-33-000-2013-00151-01 (4392-
2018); ii) del 3 de febrero de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2016-04361-01 (5517-2019); y iii) del 22 de
marzo de 2013, radicado 63001-23-31-000-2010-00110-01 (19136).

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55. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada contra el
Acuerdo 20201000003606 del 30 de noviembre de 2020, proferido por la Comisión
Nacional del Servicio Civil, y el Acuerdo 5 del 25 de junio de 2019, expedido por el
Instituto Departamental de Salud de Nariño, en atención a lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

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