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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00009-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00009-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada contra del Acuerdo 20191000001946 del 4 de marzo de 2019 proferido por la CNSC y el Decreto 134 del 4 de abril de 2016 expedido por el municipio de Chinú en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00009-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00009-00 (0134-2023)
Demandante: Oscar Miguel Bettin Almaza y otros
Demandado: Nación-Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) –
Municipio de Chinú (Córdoba)

Temas: Concurso de méritos

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
1.Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por la señora Oscar Miguel Bettin Almaza y otros contra la
Nación-Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el municipio de Chinú
(Córdoba).
I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,2 el señor Oscar Miguel Bettin Almaza y otros,3 actuando por intermedio de
apoderada, solicitaron que se anulen los siguientes actos, proferidos por la CNSC y
el municipio de Chinú respectivamente: i) Acuerdo 0191000001946 del 4 de marzo
de 2019, «Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de
selección por mérito para proveer definitivamente los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la Alcaldía de Chinú (Córdoba) – Convocatoria No. 1089 de 2019 -
Territorial 2019»; y ii) del Decreto 134 del 4 de abril de 2016, correspondiente al

1 Archivo 02 contenido en el índice 3 de Samai.
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2011.
3 Jorge Armando Ruiz González, Roger Simón Martínez Rivero, Ramiro del Cristo Romero Otero, Carlos Mario

Lozano Tirado, Juan Carlos Díaz Martínez, Katty del Carmen Vélez Álvarez, Ángela del Rosario Dejanon López,
Judith Soledad Paniza Agamez, Luz Marina Pupo Morales, Bercelys del Carmen Domínguez Naranjo, Carmen
Julia Lozano Álvarez, Leida del Carmen Abuabara Barrios, Giomar del Carmen Amaris Payares, María José
Hernández Soto, Raúl Alberto Sibaja Flórez, Lizaida Margarita Buelvas Naranjo, Naiby Patricia Montiel Peralta,
Catrina Lucía Mendoza López, Mariam Ayala Barrientos, Carmen Teresa Vásquez Prasca y Luis Miguel Solano
Naranjo

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Demandante: Oscar Miguel Bettin Almaza y otros

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Alcaldía de Chinú
(Córdoba).

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. La parte demandante señaló que los actos acusaron vulneran los artículos 2, 3,
4, 6, 13, 23, 25, 28, 53, 58, 113, 115, 121, 125, 189, 209, 218, 230 y 241 de la
Constitución Política; 7,11, 28 y 29 de la Ley 909 de 2004; 2 de la Ley 1960 de 2019;
4 del Decreto 498 de 2020; y 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015 (adicionado por el
artículo 3 del Decreto 51 de 2018).

4. Al desarrollar el concepto de violación, los demandantes plantearon los
siguientes cargos:

i) El Municipio de Chinú omitió socializar el manual de funciones con sus
empleados y el sindicato.

ii) El estudio técnico requerido para la promulgación del manual de funciones
no tuvo en cuenta las competencias del empleo, formación académica,
experiencia, número de cargos, ni fue elaborado por una entidad idónea.

iii) El certamen presentó inconsistencias en la disponibilidad, registro y/o
ejecución presupuestal para su financiamiento. De manera que el concurso se
convocó sin que el ente territorial contara con los recursos para asumir los costos.

iv) En la aplicación de pruebas escritas «se vislumbran en los textos de las
preguntas que no se siguieron normas convenciones, formales, semánticas y
gramaticales del español, muchas de las expresiones en los textos resultaron
poco claras, inconclusas, ambiguas y desconectadas, por ende, las respuestas
pueden ser confusas o inconexas».

v) La valoración de antecedentes inobservó el cumplimiento de los requisitos
mínimos exigidos.

vi) El Consejo de Estado anuló el Decreto 1754 de 2020, porque la reactivación
del concurso de méritos, en un periodo de emergencia sanitaria y social,
desconoce la Constitución Política y vulnera el principio del mérito en la función
pública.

vii) La comisión de personal de la entidad no informó los cargos que debían ser
excluidos de la OPEC porque los servidores que los venían ocupando tenían
situaciones especiales, a saber: personas en condición de discapacidad o con
enfermedades laborales o graves, integrantes de comunidades étnicas, madres
o padres cabeza de familia sin alternativa económica, prepensionados, víctimas

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Demandante: Oscar Miguel Bettin Almaza y otros

de la violencia, mujeres embarazadas y fuero sindical.

1.2. Contestación de la demanda

5. La CNSC 4 se opuso a las pretensiones de la demanda, ya que los actos
administrativos enjuiciados se suscribieron con base a las disposiciones
constitucionales y legales vigentes al momento de su expedición, se motivaron y
fueron proferidos por la autoridad competente.

6.El Municipio de Chinú 5 solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda
por las siguientes razones:

i) Las actuaciones adelantadas por la CNSC y el municipio de Chinú para la
realización del concurso de méritos se rigieron por el marco legal y constitucional.

ii) No era requisito que para la realización del concurso que se actualizara el
manual de funciones, pues dicho manual estaba vigente y en concordancia con
las disposiciones legales y reglamentarias.

iii) La obligación de priorizar y apropiar recursos para financiación del concurso
se adelantó conforme a lo previsto en los convenios interadministrativos y
respaldo presupuestal correspondiente.

iv) De acuerdo con la sentencia del 5 de noviembre de 2020,6 proferida por el
Consejo de Estado, el certificado de disponibilidad presupuestal no puede
generar la nulidad del acto de convocatoria concurso de méritos para la provisión
de cargos de carrera administrativa.

v) La parte demandante no demostró las irregularidades alegadas frente a la
redacción o formulación de las pruebas escritas.

vi) Los actos demandados fueron expedidos antes del inicio de la emergencia
sanitaria ocasionada por el Covid-19, por lo que no se encuentran comprendidos
en el ámbito de aplicación del Decreto 1754 de 2020, ni de la sentencia que
declaró su nulidad y aunque algunas etapas del proceso que se ejecutaron
durante y después de la declaratoria de emergencia se desarrollaron conforme a
las directrices sanitarias expedidas por el gobierno.

vii) Se propone la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, pues los
actores no precisaron con claridad por qué las normas invocadas fueron
vulneradas por los actos acusados.

4 Índice 67 de Samai.
5 Índice 66 de Samai.
6 Radicado 11001-03-25-000-2014-00025-00 (0064-14).

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Demandante: Oscar Miguel Bettin Almaza y otros

1.3. Intervenciones de los coadyuvantes

7. Los coadyuvantes de la parte demandada presentaron los siguientes
argumentos:

i) No era necesario actualizar el manual de funciones para la realización del
concurso y, además, el municipio no tiene asociaciones sindicales con las que
tuviera que socializarse.

ii) La parte demandante no demostró que se presentaran deficiencias en la
aplicación de las pruebas escritas.

iii) De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el certificado de
disponibilidad presupuestal es un acto preparatorio y su ausencia no genera la
nulidad de la convocatoria.

iv) No se encuentra probado que los demandantes gozaran de estabilidad
laboral reforzada.

II. TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA

2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada

8. Por auto de 20 de mayo de 2025, se admitió la demanda.

9. Por auto de 15 de septiembre de 2025, se negó la solicitud de medida cautelar
presentada por los actores y se reconoció a los coadyuvantes de la parte
demandada en el proceso.

10. Mediante auto del 24 de octubre de 2025, el despacho evidenció la posibilidad de

emitir sentencia anticipada dentro del sub-lite, en los términos del artículo 182A del
CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) negar la excepción de ineptitud sustantiva
de la demanda b) prescindir de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem;
c) resolver sobre las pruebas aportadas y solicitadas; d) fijar el litigio; e) correr
traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión y
concepto, respectivamente.

2.2. Alegatos de conclusión

11. La CNSC7 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

12. El municipio de Chinú guardó silencio.

7 índice 84 de Samai

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Demandante: Oscar Miguel Bettin Almaza y otros

i) Los coadyuvantes de la parte demandante reiteraron los argumentos expuestos
en su intervención y agregaron que: a) la pretensión de nulidad resultaba
improcedente ante la finalización del concurso de méritos, pues quienes superaron
todas las etapas ya habían adquirido derechos de carrera; b) no existe respaldo
probatorio relacionado con la calidad y redacción de las pruebas, por lo que no se
demostró que estas fueran ambiguas.

2.3. Ministerio Público

13. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

14. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir

previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

3.1. Presentación del caso y metodología de decisión

15. En el presente asunto, la Sala examinará si el Acuerdo 20191000001946 del 4

de marzo de 2019 y el Decreto 134 del 4 de abril de 2016 el están viciados de
nulidad por violación al ordenamiento constitucional y legal en que debía fundarse.

16. Para acometer dicho propósito, se abordarán los siguientes aspectos relevantes:

i) texto del acto acusado; ii) el caso concreto-problemas jurídicos-análisis de los
cargos de nulidad; y iii) costas y agencias en derecho.

3.2. Texto de los actos demandados

17. Es preciso aclarar que no se transcribirá integralmente los actos enjuiciados en

razón a su extensión. En consecuencia, únicamente se citarán los apartes
relevantes al sub-lite, cuyo tenor es el siguiente:

ACUERDO № CNSC - 20191000001946 de 04-03-2019

“Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección por merito para
proveer definitivamente los empleos vacantes definitiva pertenecientes al Sistema General
de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de Chinú- Cordoba-
Convocatoria 1089 de 2019 - Territorial 2019”

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo
130 de la Constitución Política, en los artículos 11, 12, y 30 de la Ley 909 de 2004, en los
artículos 2.2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO QUE:
[…]
ACUERDA:

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5

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Demandante: Oscar Miguel Bettin Almaza y otros

[…]

ARTÍCULO 1. CONVOCATORIA Convocar a proceso de selección para proveer de manera
definitiva quince (15) vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa
de la planta de personal la Alcaldía de Chinú que se identificará como “Convocatoria No.
1089 de 2019 Territorial 2019”.

CAPÍTULO II
EMPLEOS CONVOCADOS

ARTÍCULO 7. EMPLEOS CONVOCADOS. Loe empleos vacantes de la oferta pública de
empleos de carrera OPEC que se convocan para este proceso de selección son

NIVEL DENOMINACION CÓDIGO GRADO NUMERO NUMERO
DE DE
EMPLEOS VACANTES
PROFESIONAL Comisario de familia 202 10 1 1
Líder de programa 206 10 1 1
Profesional universitario 219 9 1 1
Profesional universitario 219 5 1 5
Profesional universitario 237 5 1 1
Area salud
TECNICO Agentes de tránsito 340 3 1 2
Inspector de Policía 3ª y 303 12 1 1
6ª categoría
Inspector de tránsito y 312 12 1 1
transporte
Técnico administrativo 367 3 1 1
Técnico Area de la 323 7 1 1
Salud
técnico operativo 314 7 2 6
ASISTENCIAL Auxiliar Administrativo 407 8 2 10
Secretario ejecutivo del 438 8 1 1
despacho del alcalde
TOTAL 15 32
[…].

DECRETO No.134 DE 4 DE ABRIL DE 2016

“POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES
Y COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE
PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHINÚ,
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.”

EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHINÚ - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 13 y 32 del Decreto Ley
785 de 2005.

CONSIDERANDO
[…]

DECRETA:

Artículo 1. °: Establece el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales
para los empleos que conforman la Planta de Personal del Municipio de Chinú,

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Demandante: Oscar Miguel Bettin Almaza y otros

Departamento de Córdoba, las cuales deberán ser cumplidas por los funcionarios con
criterios de eficiencia, eficacia y efectividad en orden al logro de la misión, visión,
objetivos Institucionales y funciones así:
[…]

3.3. Generalidades del sistema de carrera administrativa

18. El artículo 125 de la Constitución Política estableció que, por regla general, los

empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de
los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. Igualmente, se dispuso que los
funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

19. Por su parte, la Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un sistema

técnico de administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de la
administración pública. A su vez, entronizó el principio del mérito como garante de
transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en el
servicio público.

20. Asimismo, el Título 6 del Decreto 1083 de 2015, «por medio del cual se expide el

Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública», compila la
reglamentación expedida en materia de procesos de selección o concursos. En
especial, se destaca el desarrollo de los siguientes ejes: i) competencia; ii) fases; iii)
convocatoria; iv) inscripciones; v) listados de admitidos y no admitidos; vi) pruebas
o instrumentos de selección; vii) reclamaciones en las diferentes fases; viii) listas de
elegibles; ix) período de prueba; x) Oferta Pública de Empleos de Carrera-OPEC.

3.4. El caso concreto. Problema jurídico-análisis de los cargos de nulidad
21. En el presente asunto, la Sala examinará si los actos acusados están viciados de

nulidad por violación al ordenamiento constitucional y legal en que debían fundarse,
conforme a los cargos de nulidad expuestos por los accionantes, los cuales serán
agrupados con el fin de facilitar el estudio del presente debate.

3.4.1. Irregularidades del manual de funciones

22. Los actores alegaron que el Municipio de Chinú omitió socializar el manual de

funciones con sus empleados y el sindicato.

23. Sobre el particular, se verificará el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015,
norma vigente para la fecha de expedición del Decreto 134 del 4 de abril de 2016
«por medio del cual se ajusta el manual especifico de funciones y de competencias
laborales para los empleos de la planta de personal de la administración central del
municipio de Chinú, departamento de Córdoba». En lo relevante al presente asunto,
la norma dispuso:

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Demandante: Oscar Miguel Bettin Almaza y otros

Expedición. Los organismos y entidades a los cuales se refiere el presente Título
expedirán el manual específico de funciones y de competencias laborales
describiendo las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal
y determinando los requisitos exigidos para su ejercicio.

La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se efectuará
mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de acuerdo con las
disposiciones contenidas en el presente Título.

Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo
o entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o
adición del manual de funciones y de competencias laborales y velar por el
cumplimiento de las disposiciones aquí previstas.

24. En ese sentido, al momento de expedición del manual especifico de funciones, el

municipio de Chinú no tenía el deber de socializar con las organizaciones sindicales
el acto administrativo que lo adoptara, al amparo de la normativa invocada por los
demandantes.

25.Al respecto, es pertinente anotar que un acto administrativo solamente puede
vulnerar una disposición superior que se encuentre vigente al momento de su
expedición, pero esta condición no se cumple en el sub lite, toda vez que el acto
administrativo enjuiciado fue suscrito el 4 de abril de 2016, mientras que la norma
invocada como quebrantada se publicó en el diario oficial el 16 de enero de 2018,8
por lo tanto, no es válido sostener que la convocatoria cuestionada debía acatar
unos mandatos que no habían nacido a la vida jurídica.

26. Por otra parte, los actores manifestaron que el estudio técnico que precedió al

manual de funciones no fue elaborado por una entidad idónea y no tuvo en cuenta
las competencias del empleo, formación académica, experiencia, número de
cargos, lo cual viciaba de nulidad el certamen demandado.

27.Sin embargo; dicho planteamiento resulta genérico, ya que no se contrastaron
los empleos y perfiles que, en sentir de los actores, desconocieron los requisitos
previstos por el legislador para su desempeño, por lo que no es posible ahondar en
razonamientos frente a este reparo.

28. En consecuencia, no está llamado a prosperar el cargo de anulación basado en

que el Decreto 134 del 4 de abril de 2016 incurrió en irregularidades y que aquellas
impactaron la convocatoria al concurso de méritos.

3.4.2. Protección del personal nombrado en provisionalidad

29. Los accionantes reprocharon que la comisión de personal de la entidad no

8 Al respecto, el Decreto 051 de 2018 que estableció el requisito de socializar con las organizaciones
sindicales el manual de funciones o su modificación, se publicó en el diario oficial 50.478 del 16 de enero de
2018.

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Demandante: Oscar Miguel Bettin Almaza y otros

informó los cargos que debían ser excluidos de la OPEC porque los servidores se
encontraban en condición de vulnerabilidad y eran sujetos de especial protección.

30. Al respecto, la Corte Constitucional ha explicado que, en el sistema de carrera

administrativa, por regla general, los cargos oficiales deben ser provistos mediante
un concurso público de méritos. De ahí que los nombramientos en provisionalidad
o encargo son una excepción.9

31. No obstante, se ha determinado que los nombramientos en provisionalidad son

transitorios y otorgan a los empleados una estabilidad laboral relativa o intermedia,
de ahí que, estos pueden ser desvinculados por medio de acto motivado10.

32. Estacorporación, con base en lo expuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-446 de 2011, ha considerado que la garantía de que gozan las
personas constitucionalmente protegidas «consiste en que deben ser los últimos en
ser desvinculados y, si es posible, nuevamente ser vinculados en forma provisional
en cargos vacantes de la misma jerarquía de los que venían ocupando, para lo cual
deberán acreditar su situación para la época de desvinculación o en el momento del
posible nombramiento».11

33. En consecuencia, si bien es cierto que pueden existir empleados que estén
vinculados en provisionalidad y se encuentren en situaciones particulares que los
hagan merecedores de un tratamiento diferencial, tal circunstancia no puede
desplazar el derecho que adquiere quien ha superado todas las etapas de un
concurso de méritos y debe ser nombrado en el cargo al cual aspiró. 12 De ahí que,
ofertar los cargos ocupados por personas en condiciones especiales no vicia de
nulidad la convocatoria.

3.4.3. Suspensión del proceso de selección

34. Los actores indicaron que el Consejo de Estado anuló el Decreto 1754 de 2020,

porque la reactivación del concurso de méritos, en un periodo de emergencia
sanitaria y social, desconoce la Constitución Política y vulnera el principio del mérito
en la función pública.

9 Ver entre otras las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-290 de 2007, C-1177 de 2001, C-973

de 2001, C-973 de 2001, C-963 de 2003 y C-1230 de 2005.
10 Sobre el particular, en la sentencia T-245 de 2007, se explicó que «, la situación en que se encuentran estos

funcionarios está amparada por lo que se ha conocido como el ‘fuero de estabilidad’, el cual protege,
precisamente, dicha estabilidad intermedia de la que gozan estos trabajadores, la cual se opone a la posibilidad
de ser removidos sin que medie una justa causa que tenga como fundamento la calificación de desempeño, la
comisión de faltas disciplinarias o la provisión del cargo por concurso de méritos».
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 6 de febrero de 2025, radicado 11001-03-25-

000-2022-00266-00 (1630-2022).
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de abril de 2024, radicado 11001 03 25 000

2023 00042 00 (0818-2023).

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Demandante: Oscar Miguel Bettin Almaza y otros

35. Al respecto, el Decreto 491 de 2020 dispuso el aplazamiento de los procesos de

selección por la pandemia del COVID-19, particularmente en el artículo 14
estableció lo siguiente:

Artículo 14. Aplazamiento de los procesos de selección en curso. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, para garantizar la participación en los concursos sin discriminación
de ninguna índole, evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento
social, se aplazaran los procesos de selección que actualmente se estén adelantando
para proveer empleos de carrera del régimen general, especial constitucional o
especifico, que se encuentren en la etapa de reclutamiento o de aplicación de
pruebas.

Las autoridades competentes deberán reanudar dichos procesos una vez se supere
la Emergencia Sanitaria.

36. En ese sentido, la normativa sólo suspendió los certámenes que se encontraran

en las etapas de reclutamiento o de aplicación de pruebas.

37. A su vez, el Decreto 1754 de 2020 reactivó las etapas de reclutamiento y
aplicación de pruebas a partir del 22 de diciembre de 2020.

38. Para la Sala, los accionantes no explicaron a detalle ni aportaron pruebas de

cuáles etapas se surtieron en contravía del decreto que suspendió el desarrollo de
los concursos mientras estuviera vigente el aludido Estado de excepción, por lo cual,
se carece de los elementos probatorios que acrediten en cuáles fechas se adelantó
el proceso de selección.

39. Además, teniendo en cuenta que el control de legalidad de los actos
administrativos se efectúa con base en la normativa superior vigente al momento de
su expedición,13 se observa que para la fecha en que se profirió el acto de
convocatoria, 4 de marzo de 2019, la administración no había expedido los Decretos
491 de 2020 y 1754 de 2020.

40. Es pertinente anotar que dicha disposición fue anulada por esta corporación,

mediante sentencia del 3 de junio de 2022,14 con la aclaración de que «los efectos
de la nulidad del Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020, operan únicamente
desde el momento de emisión de esta sentencia y hacia el futuro o ex nunc».

3.4.4. Disponibilidad presupuestal.

41. Losaccionantes afirmaron que el certamen presentó inconsistencias en la
disponibilidad, registro y/o ejecución presupuestal para su financiamiento. De

13 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 27 de marzo de 2003, radicado 11001-03-24-000-2001-

0171-01 (7095).
14 Consejo de Estado, Sala Diecisiete de Decisión, sentencia del 3 de junio de 2022, radicado 11001-03-15-000-

2021-04664-00.

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Demandante: Oscar Miguel Bettin Almaza y otros

manera que el concurso se convocó sin que la entidad contara con los recursos
para asumir los costos.

42. Ahora bien, omitieron indicar cuáles fueron las resoluciones que establecieron los

montos en que debía concurrir la entidad pública para financiar las plazas ofertadas,
tampoco indicaron si se sufragaron o no dichos dineros y mucho menos si se
consideraba que los costos eran superiores o inferiores a los indicados por la CNSC
o si se vulneraron los principios orientadores del gasto público como los de
planificación, especialización, legalidad o moralidad administrativa.

43. Enrelación con el anterior motivo de inconformidad, esta corporación ha
expresado lo siguiente:15

[…] en la realización de un concurso convergen diferentes competencias, resaltando
el despacho que en cuanto al costo que genera la realización del concurso, dado
que este debe ser cubierto por el presupuesto de la entidad u organismo que
requiera de la provisión de cargos (art. 30 de la Ley 909 de 2004), sin perjuicio de la
financiación prevista en los artículos 74 de la Ley 998 de 2005 y 9 de la Ley 1033
de 2006, debe destacarse que el jefe de dicha entidad u organismo tiene un
importante rol en la realización del concurso, como es el de asegurar su financiación,
como un presupuesto necesario para dicha realización, pues, no tendría ningún
sentido el convocar a un concurso que, en la práctica no pueda realizarse, por no
haber presupuesto para ello, ya que aunque esta circunstancia no es, en rigor, de
aquellas que hace parte del contenido de la convocatoria, si es una condición
necesaria para la viabilidad del concurso.16

En ese sentido, corresponde entonces a las unidades de personal de las entidades
estimar anualmente los costos del eventual concurso (art. 17.1, c de la Ley 909 de
2004). Esta estimación debe ser considerada e incluida en los presupuestos de cada
entidad u organismo. Con base en esta estimación y en lo que resulte asignado
efectivamente dentro del presupuesto de cada entidad u organismo, su jefe, para
efectos de realizar el concurso, deberá entregar a la CNSC, en tanto es un
presupuesto para la realización del concurso, el correspondiente certificado de
disponibilidad presupuestal, ya que, sin este certificado, dicha entidad u organismo
no puede comprometer recursos para financiar la realización del concurso.

[...] el certificado de disponibilidad presupuestal no es requisito de validez del acto
de convocatoria para proveer cargos de carrera por medio de concursos de méritos
y, por tal motivo, su ausencia no conlleva inevitablemente a la suspensión o
anulación del proceso de selección, principalmente porque, la financiación de los
costos del concurso como se señaló anteriormente es competencia de cada entidad
u organismo ofertante, con cargo a su presupuesto y, por tanto, la responsabilidad
de tramitar lo pertinente y obtener el certificado de disponibilidad presupuestal, es
de su resorte, más no de la CNSC.

En consonancia, los certificados de disponibilidad presupuestal para financiar los
costos de los procesos tienen el carácter de acto preparatorio de la convocatoria,
pero no es un elemento integrante de esta, y su expedición son de competencia de

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 25 de julio de 2023, radicado 11001-03-25-

000-2018-00531-00 (1902-2018). En similar sentido puede consultarse la sentencia del 4 de mayo de 2023,
radicado 11001-03-25-000-2019-00835-00 (6080-2019).
16 Sobre el particular, se puede consultar la sentencia C-183 de 2019.

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Demandante: Oscar Miguel Bettin Almaza y otros

cada entidad u organismo y su ausencia no tiene la entidad de suspender el proceso
de selección, ni la resolución demandada, que tiene como finalidad asegurar los
recursos para financiar los costos del proceso de selección.

44. Bajo esta línea de intelección, la ausencia del certificado de disponibilidad
presupuestal no constituye una irregularidad sustancial que derive necesariamente
en la nulidad o suspensión de la convocatoria a concurso de méritos para la
provisión de cargos de carrera,17 por lo cual no están llamados a prosperar los
argumentos encaminados a invalidar el acuerdo enjuiciado por la falta de recursos
para financiar el certamen.

3.5.5. Irregularidades en las preguntas formuladas en las pruebas de
competencias básicas, funcionales y comportamentales, así como en la etapa
de valoración de antecedentes

45. Losdemandantes señalaron que en la aplicación de pruebas escritas «se
vislumbran en los textos de las preguntas que no se siguieron normas
convenciones, formales, semánticas y gramaticales del español, muchas de las
expresiones en los textos resultaron poco claras, inconclusas, ambiguas y
desconectadas, por ende, las respuestas pueden ser confusas o inconexas»; sin
embargo, estas afirmaciones no están soportadas en ningún medio de prueba.

46. En tal sentido, se echa de menos un documento que permita contrastar la prueba

escrita con los parámetros lingüísticos que se estiman desconocidos, tampoco se
alegaron irregularidades concretas frente a una o varias de las preguntas aplicadas
a los aspirantes; por el contrario, se efectuaron reparos genéricos que imposibilitan
el análisis del despacho frente a este aspecto.

47. Así las cosas, es pertinente recordar que, si bien «la jurisdicción de lo contencioso

está facultada para interpretar la demanda, no es posible suplantar la obligación del
demandante de alegar adecuadamente sus reclamos y de probar los supuestos de
la demanda».18

48. En esta misma línea de intelección, se observa que los demandantes se limitaron

a expresar que la valoración de antecedentes inobservó el cumplimiento de los
requisitos mínimos exigidos, pero no indicaron cuáles eran los requerimientos
académicos o de experiencia que fueron desconocidos en dicha etapa y mucho
menos aportaron pruebas tendientes a soportar tales censuras, por lo que estos
razonamientos tampoco tienen vocación de prosperidad.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020, radicado: 11001

03 25 000 2014 00025 00 (0064-14).
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicado
1100103-25-000-2016-00146-00 (0658-16). En similar sentido pueden consultarse las siguientes sentencias
proferidas por esta corporación: i) del 24 de febrero de 2022, radicado: 76001-23-33-000-2013-00151-01 (4392-
2018); ii) del 3 de febrero de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2016-04361-01 (5517-2019); y iii) del 22 de
marzo de 2013, radicado 63001-23-31-000-2010-00110-01 (19136).

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R a d i c a d o : 11 0 0 1 - 0 3 - 2 5 - 0 0 0 - 2 0 2 3 - 0 0 0 0 9 - 0 0 ( 0 1 3 4 - 2 0 2 3 )
Demandante: Oscar Miguel Bettin Almaza y otros

3.5. Condena en costas

49. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se

ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.

50. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada contra del
Acuerdo 20191000001946 del 4 de marzo de 2019 proferido por la CNSC y el
Decreto 134 del 4 de abril de 2016 expedido por el municipio de Chinú en atención
a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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