Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00019-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00019-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00019-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00019-00 (0457-2023)
Demandante: Jennifer Paola Ospina Galeano y otros
Demandado: Nación-Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) –
Municipio de Ricaurte (Cundinamarca)
Temas: Concurso de méritos
Decisión: Negar las pretensiones de la demanda
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
1.Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por la señora Jennifer Paola Ospina Galeano y otros contra la
Nación-Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), y el municipio de Ricaurte
(Cundinamarca).
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,2 la señora Jennifer Paola Ospina Galeano, y otros,3 actuando por
intermedio de apoderada, solicitaron que se anulen los siguientes actos, proferidos
por la CNSC y el municipio de Ricaurte respectivamente: i) Acuerdo
20191000006396 del 17 de junio de 2019, «por el cual se convoca y se establecen
las reglas del proceso de selección para proveer los empleos en vacancia definitiva
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la Alcaldía de Ricaurte - Convocatoria No. 1352 de 2019»; y ii) el
Decreto 270 de 24 de octubre de 2017 «por el cual se modifica y adopta el manual
1
Archivo 02 contenido en el índice 3 de Samai.
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2011.
3 Martha Lucía Martínez Roncancio, Luis Fernando Cortés Perdomo, Astrid Johana Reyes Bernal, Sorany Marnell Ortega
Delgadillo, Cindy Sthephani Arias Ávila, Yamile Santos Carvajal, Gustavo Trujillo Sáenz, Maricela Hernández Cortés, Ana
Silvia Matta Gutiérrez, Yuli Magali Hernández Estrella, Jhon Édison Ortiz Salguero, Diana Marcela Hernández Bernal, Sandra
Bibiana Cruz Rojas, Ana Sofía Rodríguez Cortés, Doris Barbosa Cruz, Luz Adriana González Buitrago, Yobany García
Carvajal, Ana Elvia Ortiz Martínez, Haner Ulises Ortiz Botero, Yadira García Salazar, Ximena Paola Perdomo Arias, Erika
Tatiana Ávila Guerrero, Stephanni Carolina Olaya Jiménez, Adriana Exneried Ardila Echeverry, Luz Marina Ávila Abril, Diego
Mauricio Ricaurte Sánchez, Germán Reyes Patiño, Marcela Díaz Mur, Diana Marcela Hernández Bernal, Maira Fernanda Leal
Murillo, Nancy Durán Núñez, Jazmín Amanda Palacios Rodríguez, Carol Susana Godoy Barragán, Ángel Alexis Vergara
Triana, José Ernesto Ortiz Salazar, Ferney Carvajal Calderón, Feliciano Godoy Bonilla, Cleiber Rodrigo García Ortiz, Andrea
Clementina Medina Triana, Sandra Milena Reyes Villareal y Paula Alejandra Vargas Acosta
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Demandante: Jennifer Paola Ospina Galeano y otros
específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de
personal de la Alcaldía de Ricaurte- nivel central».
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
3. La parte demandante señaló que los actos acusados vulneran los artículos 2, 3,
4, 6, 13, 23, 25, 28, 53, 58, 113, 115, 121, 125, 189, 209, 218, 230 y 241 de la
Constitución Política; 7,11, 28 y 29 de la Ley 909 de 2004; 2 de la Ley 1960 de 2019;
4 del Decreto 498 de 2020; y 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015 (adicionado por el
artículo 3 del Decreto 51 de 2018).
4. Al desarrollar el concepto de violación, los demandantes plantearon los
siguientes cargos:
i) El municipio de Ricaurte omitió socializar el manual de funciones con sus
empleados y el sindicato.
ii) El estudio técnico requerido para la promulgación del manual de
funciones no tuvo en cuenta las competencias del empleo, formación
académica, experiencia, número de cargos, ni fue elaborado por una entidad
idónea.
iii) El certamen presentó inconsistencias en la disponibilidad, registro y/o
ejecución presupuestal para su financiamiento. De manera que el concurso se
convocó sin que el municipio de Ricaurte contara con los recursos para asumir
los costos.
iv) En la aplicación de pruebas escritas «se vislumbran en los textos de
las preguntas que no se siguieron normas convenciones, formales, semánticas
y gramaticales del español, muchas de las expresiones en los textos resultaron
poco claras, inconclusas, ambiguas y desconectadas, por ende, las respuestas
pueden ser confusas o inconexas».
v) La valoración de antecedentes inobservó el cumplimiento de los
requisitos mínimos exigidos.
vi) El Consejo de Estado anuló el Decreto 1754 de 2020, porque la
reactivación del concurso de méritos, en un periodo de emergencia sanitaria y
social, desconoce la Constitución Política y vulnera el principio del mérito en
la función pública.
vii) La comisión de personal de la entidad no informó los cargos que
debían ser excluidos de la OPEC porque los servidores que los venían
ocupando tenían situaciones especiales, a saber: personas en condición de
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Demandante: Jennifer Paola Ospina Galeano y otros
discapacidad o con enfermedades laborales o graves, integrantes de
comunidades étnicas, madres o padres cabeza de familia sin alternativa
económica, prepensionados, víctimas de la violencia, mujeres embarazadas y
fuero sindical.
1.2. Contestación de la demanda
5. La CNSC se opuso a las pretensiones de la demanda, en razón a que los actos
administrativos enjuiciados se suscribieron con base en las disposiciones
constitucionales y legales vigentes al momento de su expedición, se motivaron y
fueron proferidos por la autoridad competente. Al respecto, planteó los siguientes
argumentos:
i) La parte demandante no logró desarrollar una acusación clara, cierta y
específica que le permita al juez realizar un juicio abstracto de legalidad. En ese
sentido, no logró demostrar la existencia de un vicio sustancial en la formación
de los actos demandados, ni desvirtuar su presunción de legalidad.
ii) Los manuales de funciones y la convocatoria al concurso de méritos no
forman un acto administrativo complejo, por lo que el cargo relacionado con las
presuntas omisiones en la construcción del manual de funciones no está llamado
a prosperar.
iii) La CNSC en el desarrollo de funciones relacionadas con la responsabilidad
frente a la carrera administrativa y las que tienen que ver con la vigilancia de la
aplicación de las normas sobre la misma, desarrolló junto a la entidad territorial,
tareas legítimas, idóneas, necesarias y eficaces para garantizar el principio al
mérito.
6.El municipio de Ricaurte4 solicitó que se negaran las pretensiones de la
demanda por las siguientes razones:
i) La demanda no fue clara ni precisa en la formulación de los hechos y
pretensiones, además, omitió formular cargos concretos que controviertan la
legalidad de los actos administrativos
ii) La parte actora no acreditó fáctica o jurídicamente la existencia de
circunstancias específicas, claras y determinantes que conduzcan a la
declaratoria de nulidad de los actos demandados, pues sus afirmaciones resultan
genéricas, carentes del sustento técnico y jurídico necesario para desvirtuar la
presunción de legalidad que los cobija.
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Índice 42 de Samai.
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Demandante: Jennifer Paola Ospina Galeano y otros
II. TRAMITE EN ÚNICA INSTANCIA
2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada
7. Por auto de 20 de mayo de 2025 se admitió la demanda. 5
8. En auto de 15 de septiembre de 2025, se negó la solicitud de medida cautelar
presentada por los actores.6
9. Mediante auto de 9 de diciembre de 2025, el despacho evidenció la posibilidad
de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A
del CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) negar las excepciones de ineptitud de
la demanda por defectos formales e insuficiencia del concepto de violación; b)
prescindir de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem; c) resolver sobre
las pruebas aportadas y solicitadas; d) fijar el litigio; e) correr traslado a las partes y
al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión y concepto,
respectivamente.7
2.2. Alegatos de conclusión
10. La parte demandante guardó silencio.
11. La CNSC y el municipio de Ricaurte reiteraron los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda.
2.3. Ministerio Público
12. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
13. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes:
III. CONSIDERACIONES
3.1. Problema jurídico
14. En el presente asunto, la Sala examinará si el Acuerdo 20191000006396 del 17
de junio de 2019 y el Decreto 270 de 24 de octubre de 2017 están viciados de
nulidad por violación al ordenamiento constitucional y legal en que debían fundarse,
en los términos alegados por la parte actora.
5
Índice 24 de Samai
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Índice 49 de Samai
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Índice 62de Samai
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Demandante: Jennifer Paola Ospina Galeano y otros
3.2. Texto de los actos demandados
15. Es preciso aclarar que no se transcribirá integralmente los actos enjuiciados en
razón a su extensión. En consecuencia, únicamente se citarán los apartes
relevantes al sub lite, cuyo tenor es el siguiente:
ACUERDO № 20191000006396 del 17-06-2029
«Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección para
proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la planta de personal la Alcaldía de Ricaurte- Convocatoria
No.1352 de 2019- Territorial 2019-II»
LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el
artículo 130 de la Constitución Política, en los artículos 11, 12 y 30 de la Ley 909 de
2004, en los artículos 2.2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, y
[…]
ACUERDA:
[…]
ARTÍCULO 1. CONVOCATORIA Convocar a proceso de selección para proveer de
manera definitiva sesenta y seis (66) empleos con ochenta y cinco (85) vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal
de la Alcaldía de Ricaurte - Cundinamarca, que se identificará como “Convocatoria
No. 1352 de 2019 -Territorial 2019- II”.
PARÁGRAFO. Hace parte integral del presente Acuerdo, el Anexo que contiene de
manera detallada las Especificaciones Técnicas de cada una de las etapas del
proceso de selección que se convoca. Por consiguiente, en los términos del numeral
1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, este Acuerdo y su Anexo son normas
reguladoras de este proceso de selección y obligan tanto a la entidad objeto del
mismo como a la CNSC, a la Institución de Educación Superior que lo desarrolle y a
los participantes inscritos.
CAPÍTULO II
EMPLEOS CONVOCADOS
ARTÍCULO 8. EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de la OPEC que
se convocan para este proceso de selección son los siguientes:
NIVEL NÚMERO DE EMPLEOS NÚMERO DE VACANTES
Profesional 38 38
Asistencial 28 47
TOTAL 66 85
[…].
DECRETO 270 DE 24 DE OCTUBRE DE 2017
“Por el cual se modifica y adopta el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal de la alcaldía de Ricaurte – nivel
central”
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Demandante: Jennifer Paola Ospina Galeano y otros
EL ALCALDE MUNICIPAL DESIGNADO DE RICAURTE- CUNDINAMARCA, En
ejercicio de las facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas en
el numeral 7 del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de
1994, Ley 909 de 2004, Ley 1551 de 2012, Decreto 2884 de 2014, el Decreto 1083
de 2015, y
[…]
DECRETA:
Artículo 1. Modificar y Adoptar el Manual Especifico de Funciones y Competencias
Laborales, para los empleos que conforman la Planta de Personal de la Alcaldía
Municipal de Ricaurte.
[…].
3.3. Generalidades del sistema de carrera administrativa
16. El artículo 125 de la Constitución Política estableció que, por regla general, los
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de
los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. Igualmente, se dispuso que los
funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
17. Por su parte, la Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un sistema
técnico de administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de la
administración pública. A su vez, entronizó el principio del mérito como garante de
transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en el
servicio público.
18. Asimismo, el Título 6 del Decreto 1083 de 2015, «por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública», compila la
reglamentación expedida en materia de procesos de selección o concursos. En
especial, se destaca el desarrollo de los siguientes ejes: i) competencia; ii) fases; iii)
convocatoria; iv) inscripciones; v) listados de admitidos y no admitidos; vi) pruebas
o instrumentos de selección; vii) reclamaciones en las diferentes fases; viii) listas de
elegibles; ix) período de prueba; x) Oferta Pública de Empleos de Carrera-OPEC.
3.4. El caso concreto
19. En el presente asunto, la Sala examinará si los actos acusados están viciados de
nulidad por violación al ordenamiento constitucional y legal en que debían fundarse,
conforme a los cargos de nulidad expuestos por el accionante, los cuales serán
agrupados con el fin de facilitar el estudio del presente debate.
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Demandante: Jennifer Paola Ospina Galeano y otros
3.4.1. Irregularidades del manual de funciones
20. Los actores alegaron que el municipio de Ricaurte omitió socializar el manual de
funciones con sus empleados y el sindicato.
21.Sobre el particular, el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, norma vigente
para la fecha de expedición del el Decreto 270 de 24 de octubre de 2017, «por el
cual se modifica y adopta el manual específico de funciones y competencias
laborales para los empleos de la planta de personal de la Alcaldía de Ricaurte- nivel
central», estableció lo siguiente:
Expedición. Los organismos y entidades a los cuales se refiere el presente Título
expedirán el manual específico de funciones y de competencias laborales describiendo
las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal y determinando
los requisitos exigidos para su ejercicio.
La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se efectuará
mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de acuerdo con las
disposiciones contenidas en el presente Título.
Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo o
entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición
del manual de funciones y de competencias laborales y velar por el cumplimiento de las
disposiciones aquí previstas.
22.En ese sentido, al momento de expedición del manual especifico de funciones,
el municipio de Ricaurte no tenía el deber de socializar con las organizaciones
sindicales el acto administrativo que lo adoptara.
23. Al respecto, es pertinente anotar que un acto administrativo solamente puede
vulnerar una disposición superior que se encuentre vigente al momento de su
expedición, pero esta condición no se cumple en el sub lite, toda vez que el acto
administrativo enjuiciado fue suscrito el 24 de octubre de 2017 mientras que la
norma invocada como quebrantada se publicó en el diario oficial el 16 de enero de
20188, por lo tanto, no es válido sostener que la convocatoria cuestionada debía
acatar unos mandatos que no habían nacido a la vida jurídica.
24.Por otra parte, los actores manifestaron que el estudio técnico que precedió al
manual de funciones no fue elaborado por una entidad idónea y no tuvo en cuenta
las competencias del empleo, formación académica, experiencia, número de
cargos, lo cual viciaba de nulidad el certamen demandado.
8
Al respecto, el Decreto 051 de 2018 que estableció el requisito de socializar con las organizaciones sindicales el manual de
funciones o su modificación, se publicó en el diario oficial 50.478 del 16 de enero de 2018.
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Demandante: Jennifer Paola Ospina Galeano y otros
25. Sin embargo; dicho planteamiento resulta genérico, ya que no se contrastaron
los empleos y perfiles que, en sentir de los actores, desconocieron los requisitos
previstos por el legislador para su desempeño, por lo que no es posible ahondar en
razonamientos frente a este reparo.
26.En consecuencia, no está llamado a prosperar el cargo de anulación basado en
que el Decreto 270 de 24 de octubre de 2017 incurrió en irregularidades y que
aquellas impactaron la convocatoria al concurso de méritos.
3.4.2. Protección del personal nombrado en provisionalidad
27. Losaccionantes reprocharon que la comisión de personal de la entidad no
informó los cargos que debían ser excluidos de la OPEC porque los servidores se
encontraban en condición de vulnerabilidad y eran sujetos de especial protección.
28. Al respecto, la Corte Constitucional ha explicado que, en el sistema de carrera
administrativa, por regla general, los cargos oficiales deben ser provistos mediante
un concurso público de méritos. De ahí que los nombramientos en provisionalidad
o encargo son una excepción.9
29. No obstante, se ha determinado que los nombramientos en provisionalidad son
transitorios y otorgan a los empleados una estabilidad laboral relativa o intermedia,
de ahí que, estos pueden ser desvinculados por medio de acto motivado10.
30. Estacorporación, con base en lo expuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-446 de 2011, ha considerado que la garantía de que gozan las
personas constitucionalmente protegidas «consiste en que deben ser los últimos en
ser desvinculados y, si es posible, nuevamente ser vinculados en forma provisional
en cargos vacantes de la misma jerarquía de los que venían ocupando, para lo cual
deberán acreditar su situación para la época de desvinculación o en el momento del
posible nombramiento».11
31. En consecuencia, si bien es cierto que pueden existir empleados que estén
vinculados en provisionalidad y se encuentren en situaciones particulares que los
hagan merecedores de un tratamiento diferencial, tal circunstancia no puede
desplazar el derecho que adquiere quien ha superado todas las etapas de un
9
Ver entre otras las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-290 de 2007, C-1177 de 2001, C-973 de 2001, C-973
de 2001, C-963 de 2003 y C-1230 de 2005.
10
Sobre el particular, en la sentencia T-245 de 2007, se explicó que «, la situación en que se encuentran estos funcionarios
está amparada por lo que se ha conocido como el ‘fuero de estabilidad’, el cual protege, precisamente, dicha estabilidad
intermedia de la que gozan estos trabajadores, la cual se opone a la posibilidad de ser removidos sin que medie una justa
causa que tenga como fundamento la calificación de desempeño, la comisión de faltas disciplinarias o la provisión del cargo
por concurso de méritos».
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 6 de febrero de 2025, radicado 11001-03-25-000-2022-
00266-00 (1630-2022).
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Demandante: Jennifer Paola Ospina Galeano y otros
concurso de méritos y debe ser nombrado en el cargo al cual aspiró. 12 De ahí que,
ofertar los cargos ocupados por personas en condiciones especiales no vicia de
nulidad la convocatoria.
3.4.3. Suspensión del proceso de selección
32. Los actores indicaron que el Consejo de Estado anuló el Decreto 1754 de 2020,
porque la reactivación del concurso de méritos, en un periodo de emergencia
sanitaria y social, desconoce la Constitución Política y vulnera el principio del mérito
en la función pública.
33. Al respecto, el Decreto 491 de 2020 dispuso el aplazamiento de los procesos de
selección por la pandemia del COVID-19, particularmente en el artículo 14
estableció lo siguiente:
Artículo 14. Aplazamiento de los procesos de selección en curso. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, para garantizar la participación en los concursos sin
discriminación de ninguna índole, evitar el contacto entre las personas y propiciar el
distanciamiento social, se aplazaran los procesos de selección que actualmente se
estén adelantando para proveer empleos de carrera del régimen general, especial
constitucional o especifico, que se encuentren en la etapa de reclutamiento o de
aplicación de pruebas.
Las autoridades competentes deberán reanudar dichos procesos una vez se supere
la Emergencia Sanitaria.
34. En ese sentido, la normativa sólo suspendió los certámenes que se encontraran
en las etapas de reclutamiento o de aplicación de pruebas.
35. A su vez, el Decreto 1754 de 2020 reactivó las etapas de reclutamiento y
aplicación de pruebas a partir del 22 de diciembre de 2020.
36. Ahora bien, del informe técnico de 15 de septiembre de 2025,13 proferido por la
CNSC, allegado por la entidad con la contestación de la demanda, y de acuerdo con
las publicaciones contenidas en la página web de la CNSC,14 se encuentra
demostrado que:
i) La etapa de adquisición de los derechos de participación e inscripciones se
llevó a cabo del 19 de septiembre de 2019 al 31 de octubre de 2019.
ii) En comunicación de 24 de marzo de 2020, la CNSC informó a la ciudadanía
que la Universidad Sergio Arboleda, como operador de la convocatoria solicitó la
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de abril de 2024, radicado 11001 03 25 000 2023 00042
00 (0818-2023).
13
Índice 59 de Samai.
14
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R a d i c a d o : 11 0 0 1 - 0 3 - 2 5 - 0 0 0 - 2 0 2 3 - 0 0 0 1 9 - 0 0 ( 0 4 5 7 - 2 0 2 3 )
Demandante: Jennifer Paola Ospina Galeano y otros
suspensión del contrato para desarrollar el proceso de selección demandado, en
cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional con relación a
la emergencia económica, sanitaria y ecológica derivada del Covid -19, y dicha
suspensión fue aprobada por la Sala Plena de Comisionados.
iii) En comunicación del 29 de septiembre de 2020, la CNSC informó que el
contrato se reanudó a partir del 22 de septiembre de 2020.
iv) El 1 de marzo de 2021, se informó a los aspirantes que el 14 de marzo de
2021 se realizarían las pruebas escritas.
37. Lo anterior, permite a la Sala concluir que durante el periodo que se encontraban
suspendidos los concursos en virtud del Decreto 491 de 2020, esto es, entre el 28
de marzo de 2020 y el 22 de diciembre de 2020, el Proceso de Selección No. 1352
de 2019 no se encontraba en las etapas de reclutamiento o aplicación de pruebas.
38. Espertinente anotar que el Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020 fue
anulado por esta corporación, mediante sentencia del 3 de junio de 2022,15 con la
aclaración de que los efectos de la nulidad «operan únicamente desde el momento
de emisión de esta sentencia y hacia el futuro o ex nunc».
3.4.4. Disponibilidad presupuestal
39. Losaccionantes afirmaron que el certamen presentó inconsistencias en la
disponibilidad, registro y/o ejecución presupuestal para su financiamiento. De
manera que el concurso se convocó sin que la entidad contara con los recursos
para asumir los costos.
40. Ahora bien, omitieron indicar cuáles fueron las resoluciones que establecieron los
montos en que debía concurrir la entidad pública para financiar las plazas ofertadas,
tampoco indicaron si se sufragaron o no dichos dineros y mucho menos si se
consideraba que los costos eran superiores o inferiores a los indicados por la CNSC
o si se vulneraron los principios orientadores del gasto público como los de
planificación, especialización, legalidad o moralidad administrativa.
41. Enrelación con el anterior motivo de inconformidad, esta corporación ha
expresado lo siguiente:16
[…] en la realización de un concurso convergen diferentes competencias, resaltando
el despacho que en cuanto al costo que genera la realización del concurso, dado que
este debe ser cubierto por el presupuesto de la entidad u organismo que requiera de
15
Consejo de Estado, Sala Diecisiete de Decisión, sentencia del 3 de junio de 2022, radicado 11001-03-15-000-2021-04664-
00.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 25 de julio de 2023, radicado 11001-03-25-000-2018-00531-
00 (1902-2018). En similar sentido puede consultarse la sentencia del 4 de mayo de 2023, radicado 11001-03-25-000-2019-
00835-00 (6080-2019).
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R a d i c a d o : 11 0 0 1 - 0 3 - 2 5 - 0 0 0 - 2 0 2 3 - 0 0 0 1 9 - 0 0 ( 0 4 5 7 - 2 0 2 3 )
Demandante: Jennifer Paola Ospina Galeano y otros
la provisión de cargos (art. 30 de la Ley 909 de 2004), sin perjuicio de la financiación
prevista en los artículos 74 de la Ley 998 de 2005 y 9 de la Ley 1033 de 2006, debe
destacarse que el jefe de dicha entidad u organismo tiene un importante rol en la
realización del concurso, como es el de asegurar su financiación, como un
presupuesto necesario para dicha realización, pues, no tendría ningún sentido el
convocar a un concurso que, en la práctica no pueda realizarse, por no haber
presupuesto para ello, ya que aunque esta circunstancia no es, en rigor, de aquellas
que hace parte del contenido de la convocatoria, si es una condición necesaria para
la viabilidad del concurso.17
En ese sentido, corresponde entonces a las unidades de personal de las entidades
estimar anualmente los costos del eventual concurso (art. 17.1, c de la Ley 909 de
2004). Esta estimación debe ser considerada e incluida en los presupuestos de cada
entidad u organismo. Con base en esta estimación y en lo que resulte asignado
efectivamente dentro del presupuesto de cada entidad u organismo, su jefe, para
efectos de realizar el concurso, deberá entregar a la CNSC, en tanto es un
presupuesto para la realización del concurso, el correspondiente certificado de
disponibilidad presupuestal, ya que, sin este certificado, dicha entidad u organismo
no puede comprometer recursos para financiar la realización del concurso.
[...] el certificado de disponibilidad presupuestal no es requisito de validez del acto de
convocatoria para proveer cargos de carrera por medio de concursos de méritos y,
por tal motivo, su ausencia no conlleva inevitablemente a la suspensión o anulación
del proceso de selección, principalmente porque, la financiación de los costos del
concurso como se señaló anteriormente es competencia de cada entidad u organismo
ofertante, con cargo a su presupuesto y, por tanto, la responsabilidad de tramitar lo
pertinente y obtener el certificado de disponibilidad presupuestal, es de su resorte,
más no de la CNSC.
En consonancia, los certificados de disponibilidad presupuestal para financiar los
costos de los procesos tienen el carácter de acto preparatorio de la convocatoria, pero
no es un elemento integrante de esta, y su expedición son de competencia de cada
entidad u organismo y su ausencia no tiene la entidad de suspender el proceso de
selección, ni la resolución demandada, que tiene como finalidad asegurar los recursos
para financiar los costos del proceso de selección.
42. Bajo esta línea de intelección, la ausencia del certificado de disponibilidad
presupuestal no constituye una irregularidad sustancial que derive necesariamente
en la nulidad o suspensión de la convocatoria a concurso de méritos para la
provisión de cargos de carrera,18 por lo cual no están llamados a prosperar los
argumentos encaminados a invalidar el acuerdo enjuiciado por la falta de recursos
para financiar el certamen.
3.4.5. Irregularidades en las preguntas formuladas en las pruebas de
competencias básicas, funcionales y comportamentales, así como en la
etapa de valoración de antecedentes
43. Losdemandantes señalaron que en la aplicación de pruebas escritas «se
vislumbran en los textos de las preguntas que no se siguieron normas
17
Sobre el particular, se puede consultar la sentencia C-183 de 2019.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020, radicado: 11001 03 25 000
2014 00025 00 (0064-14).
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Demandante: Jennifer Paola Ospina Galeano y otros
convenciones, formales, semánticas y gramaticales del español, muchas de las
expresiones en los textos resultaron poco claras, inconclusas, ambiguas y
desconectadas, por ende, las respuestas pueden ser confusas o inconexas»; sin
embargo, estas afirmaciones no están soportadas en ningún medio de prueba.
44. En tal sentido, se echa de menos un documento que permita contrastar la prueba
escrita con los parámetros lingüísticos que se estiman desconocidos, tampoco se
alegaron irregularidades concretas frente a una o varias de las preguntas aplicadas
a los aspirantes; por el contrario, se efectuaron reparos genéricos que imposibilitan
el análisis del despacho frente a este aspecto.
45. Así las cosas, es pertinente recordar que, si bien «la jurisdicción de lo contencioso
está facultada para interpretar la demanda, no es posible suplantar la obligación del
demandante de alegar adecuadamente sus reclamos y de probar los supuestos de
la demanda».19
46. Bajo dicho entendido, se observa que los demandantes se limitaron a expresar
que la valoración de antecedentes inobservó el cumplimiento de los requisitos
mínimos exigidos, pero no indicaron cuáles eran los requerimientos académicos o
de experiencia que fueron desconocidos en dicha etapa y mucho menos aportaron
pruebas tendientes a soportar tales censuras, por lo que estos razonamientos
tampoco tienen vocación de prosperidad.
3.5. Condena en costas
47. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.
48. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada contra del
Acuerdo 20191000006396 del 17 de junio de 2019, proferido por la CNSC y del
Decreto 270 del 24 de octubre de 2017, expedido por el municipio de Ricaurte, en
atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicado 1100103-25-000-
2016-00146-00 (0658-16). En similar sentido pueden consultarse las siguientes sentencias proferidas por esta corporación: i)
del 24 de febrero de 2022, radicado: 76001-23-33-000-2013-00151-01 (4392-2018); ii) del 3 de febrero de 2022, radicado:
25000-23-42-000-2016-04361-01 (5517-2019); y iii) del 22 de marzo de 2013, radicado 63001-23-31-000-2010-00110-01
(19136).
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R a d i c a d o : 11 0 0 1 - 0 3 - 2 5 - 0 0 0 - 2 0 2 3 - 0 0 0 1 9 - 0 0 ( 0 4 5 7 - 2 0 2 3 )
Demandante: Jennifer Paola Ospina Galeano y otros
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la
gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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