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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00045-00

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00045-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que Colpensiones presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 30 de enero de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo. No condenar en costas. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. VMT 23

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00045-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00045-00 (0854-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones1
Demandada: Samuel Darío Quintero Guerrero

Tema: Causal de revisión literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Sentencia de única instancia
_________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por Colpensiones contra la
sentencia proferida el 30 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá2, por medio de la cual se confirmó la decisión del 26 de abril de 2018
emitida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Duitama que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Samuel
Darío Quintero Guerrero contra esa entidad de previsión social.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
Colpensiones solicitó que se infirmara la sentencia proferida el 30 de enero de
2019 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de la cual se confirmó la
decisión del 26 de abril de 2018 emitida por el Juzgado Segundo Administrativo
Oral del Circuito de Duitama dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 15238-33-33-002-2016-00175-00(01),
que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Samuel Darío

1 En adelante Colpensiones.
2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado: 15238-33-33-002-2016-00175-
00(01); demandante: Samuel Darío Quintero Guerrero, demandado: Administradora Colombiana
de Pensiones (Colpensiones).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00045-00 (0854-2023)
Demandante: Colpensiones

Quintero Guerrero contra Colpensiones, encaminadas al reconocimiento de la
reliquidación de una pensión vejez con la inclusión de todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicio.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó la revocatoria de la aludida sentencia
y, en su lugar, la declaratoria de que a Samuel Darío Quintero Guerrero no le
asistía el derecho a la reliquidación de la pensión vejez con inclusión del factor de
la prima de riesgo «la cual no tiene carácter salarial computable para la pensión de los
servidores del INPEC» [sic].

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:

3.1. Samuel Darío Quintero Guerrero nació el 23 de marzo de 1969 y desde el 12
de enero de 1994 hasta el 30 de junio de 2014 prestó sus servicios en el INPEC.

3.2. Mediante la Resolución GNR 40482 del 20 de febrero de 2015, Colpensiones
le reconoció una pensión de vejez, cuya liquidación se efectuó sobre el 75% del
promedio de lo devengado en el último año de servicio, esto es entre el 1º de julio
de 2013 y el 30 de junio de 2014, efectiva a partir del 1º de julio de 2014, por valor
de $1’181.983.

3.3. A través de las resoluciones GNR 15109 del 22 de abril de 2016 y VPB 27625
del 30 de junio de 2016, Colpensiones le negó la reliquidación de la prestación con
la inclusión de todo lo devengado durante el último año de servicio, esto es:
asignación básica, sobresueldo, bonificación por servicios prestados, subsidio de
alimentación, auxilio de transporte, bonificación por recreación y las primas de
navidad, de servicio, de riesgo, de vacaciones y de unidad familiar.

3.4. Inconforme con lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4 en orden a que
se declarara su nulidad porque Colpensiones no había incluído la totalidad de los
factores salariales devengados durante el año anterior al retiro definitivo del
servicio.

3.5. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Duitama en sentencia

3 Para efectos prácticos se sintetizaron los hechos según loe elementos probatorios allegados.
4 En adelante CPACA.

2

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00045-00 (0854-2023)
Demandante: Colpensiones

del 26 de abril de 2018 declaró la nulidad de los actos demandados y en
consecuencia ordenó la reliquidación de la prestación reconocida en cuantía del el
75% de todo lo devengado durante el último año de servicio, es decir entre el 1º de
julio de 2013 y el 30 de junio de 2014, con inclusión de además de la asignación
básica, los siguientes factores: subsidio de alimentación, auxilio de transporte,
prima de riesgo, 1/12 de la bonificación por servicios, 1/12 de la prima de
vacaciones, la 1/12 de la prima de navidad y la 1/12 de la prima de servicios.

3.6. Contra la anterior providencia Colpensiones interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia del
30 de enero de 2019, en la cual se confirmó la providencia recurrida.

3.7. En cumplimiento de lo resuelto en la segunda instancia, Colpensiones profirió
la Resolución SUB 229452 del 26 de octubre de 2020.

3.8. El 19 de enero de 2021, el pensionado solicitó «1.Realizar un nuevo estudio para
que se adiciones o modifique la Resolución SUB 229352 del 26 de octubre de 2020, en
relación con el valor reconocido de la pensión reliquidada en cumplimiento [del] fallo […]
donde se condena a la esta entidad a RELIQUIDAR la pensión del demandante con la
inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio o sea de
los doce meses, efectiva a partir del 01 de julio de 2014. Que dichas sumas sean
debidamente indexadas tal como lo ordena la sentencia ya referida y se paguen los
intereses allí ordenados» [sic].

3.9. Colpensiones negó la petición de modificación presentada por el pensionado,
mediante la Resolución SUB124140 del 26 de mayo de 2021. Dicha decisión fue
recurrida por el interesado y por medio de la Resolución SUB173766 del 29 de julio
de 2021, la entidad previsional realizó una nueva liquidación en cuantía de
$1’739.466 a partir del 1º de julio de 2014, con el retroactivo $57’314.485.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 30 de enero de 2019, el Tribunal Administrativo de Boyacá, al
resolver recurso de apelación interpuesto por Colpensiones, confirmó la decisión
emitida el 26 de abril de 2018 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Duitama, mediante la cual se ordenó la reliquidación de la pensión
vejez, sobre el 75% del promedio de todos los factores salariales percibidos
durante el último año de servicio [entre el 1º de julio de 2013 y el 30 de junio de
2014].

3

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00045-00 (0854-2023)
Demandante: Colpensiones

5. Para tal efecto, concluyó lo siguiente5:

5.1. No es objeto de estudio que Samuel Darío Quintero Guerrero hubiese laborado
en el INPEC, ni que era beneficiario del régimen de transición previsto en el
Decreto 2090 de 2000 en consonancia con el parágrafo transitorio 5 del Acto
Legislativo 01 de 2005, toda vez que para el 28 de julio de 2003 este estaba
vinculado a la mencionada institución.

5.2. En cuanto a la reliquidación de la prestación le correspondía con el 75% del
promedio de todo lo devengado durante el último año de servicio [esto es entre el
1º de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014], con inclusión de los siguientes
factores: asignación básica, subsidio de alimentación, auxilio de transporte,
bonificación por servicios prestados y las primas de riesgo, de vacaciones, navidad
y servicios, sin tener en cuenta la bonificación por recreación al no encontrarse
enlistada en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

5.3. Aunque la prima de riesgo no se encuentra prevista en el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978, lo cierto es que «debe ser tenida en la base pensional siguiendo el
precedente jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado en sentencia del 7 de mayo de
2015, donde indicó que la prima de riesgo constituye factor salarial» [sic].

1.2. La causal de revisión invocada

6. La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos6:

6.1. La causal se configuró porque la cuantía del derecho reconocido excedió lo
debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión
de jubilación en contravía de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y en la jurisprudencia «quien en reiteradas oportunidades a establecido el
alcance o interpretación que debe darse al régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
para quienes ostentan la calidad de beneficiarios del mismo disponiendo para efectos de
la determinación del Ingreso Base de Liquidación una regla acorde con principios
constitucionales y legales vigentes que atienden entre otras cosas a la sostenibilidad
financiera del sistema pensional» [sic].

5 Índice 13 de Samai, actuación
denominada:RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_22SENTENCIADESEGRECI
BEMEMORIALESPORC (.pdf) NroActua 13.
6 Índice 3 de Samai, actuación: denominada 2_DemandaWeb_Demanda-
ESCRITODEDEMANDA(.pdf) NroActua 3.

4

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00045-00 (0854-2023)
Demandante: Colpensiones

6.2. Asimismo, no es posible entender el IBL como un aspecto de transición, sino
propio de la Ley 100 de 1993; de manera que al promediar la base de liquidación
debe tenerse en cuenta ese régimen, pues lo que está sujeto a la transición son
aspectos como la edad, el monto y las semanas de cotización, lo cual se explica
en el inciso 3 de la norma citada en el párrafo anterior, en el sentido de que aclara
y adiciona el concepto de ingreso base de liquidación, como un factor diferente del
monto pensional de que trata el inciso 2, pues este hace parte de la tasa de
remplazo que continúa rigiendo y que debe tomarse del régimen anterior.

6.3. El Tribunal confirmó la decisión de acceder a las pretensiones de la demanda
con total desconocimiento de las disposiciones de la normatividad aplicable y las
fijadas en los numerosos pronunciamientos de la Corte Constitucional, respecto
del ingreso base de liquidación, que indican que «con independencia del régimen que
se aplique, las pensiones de los servidores públicos beneficiarios del régimen de
transición» [sic] lo correcto es aplicar el promedio de los últimos 10 años de servicio
con los factores salariales sobre los cuales se realizaron aportes «y no con el
promedio de todos los factores salariales percibidos en el último año de servicio, porque
como lo determinó la Corte Constitucional, este aspecto no hace parte de las reglas de la
transición» [sic].

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. Samuel Darío Quintero Guerrero se opuso a las pretensiones de la demanda,
con fundamento en que era beneficiario del régimen especial previsto para los
trabajadores que ejercían funciones de alto riesgo, como en su caso lo fue la
custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelario, según
el Acto Legislativo 001 de 2005, la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994. Motivo
por el cual, también resultaba eximido de la aplicación del artículo 36 de la Ley 100
de 19937.

1.4. Concepto del Ministerio Público

8. En esta oportunidad no se pronunció.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

7 Índice 33 de Samai, actuación denominada: 53_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTACIONDEMANDA(.pdf) NroActua 33.

5

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00045-00 (0854-2023)
Demandante: Colpensiones

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA8.

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
20199, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

12. En el subjudice la sentencia objeto de revisión fue notificada por estado el 1º de
febrero de 2019 y aunque no fue allegada la constancia de ejecutoria, lo cierto es
que fue enviada al juzgado de origen el 7 de febrero de 201910 y por medio del auto
del 2111 de ese mes y año el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Duitama dispuso obedecer lo resuelto por el ad quem.

13. Así las cosas, comoquiera que la acción de revisión se presentó el 15 de febrero
de 202312, esto es dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia
recurrida, se impone concluir que la acción se ejerció oportunamente.

2.3. El problema jurídico

14. Se circunscriben a establecer lo siguiente: ¿si la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá que confirmó la sentencia proferida en la

8 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer
de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003» (se resalta).
9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
10 Samai, índice 41, actuación denominada: 62_MemorialWeb_OFICIO_LINK_EXPEDIENTE(.pdf)

NroActua 41. EXPEDIENTE 2016-0175, folio 282.
11 Ibidem, folio 284.
12 Samai, índice 1.

6

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Demandante: Colpensiones

primera instancia, en la cual se accedió a las súplicas de la demanda presentada
por Samuel Darío Quintero Guerrero permitió el reconocimiento de una prestación
en una cuantía que excede los parámetros establecidos en la ley, y por tanto, se
configuran los supuestos de la causal enlistada en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2013 de la Ley 797 de 200314 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias.

16. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

17. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal
prevista en el literal b), esto es, «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables», se presenta cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto

13 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de

fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión
por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para
este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
14 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».

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Demandante: Colpensiones

que no corresponde a lo legal o convencionalmente establecido.

18. La finalidad de dicha causal, en esencia, es que las entidades públicas
legitimadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una
sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para
corregirla, en tanto ha reconocido una prestación periódica cuyo monto o cuantía
excede lo legalmente previsto, con lo cual se pretende restablecer el propósito y la
sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio
financiero.

19. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes15:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación
de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley,
o en un valor mayor al que corresponde.

15 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio

de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.

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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00045-00 (0854-2023)
Demandante: Colpensiones

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

20. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que « las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»16.

21. Por lo que, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir
causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas,
se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»17.

2.4.2. Régimen pensional especial para actividades de alto riesgo de los
empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)

22. La Ley 32 de 198618 reguló todo lo relativo al ingreso, formación, capacitación,
ascensos, traslados, retiros, administración y régimen prestacional del personal de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional. Esta ley, en su artículo 96, estableció
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación de la siguiente manera:

«Artículo 96. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación
al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la
Guardia Nacional sin tener en cuenta su edad».

23. Luego, fue expedida Ley 65 de 199319, en la que se le otorgaron facultades
extraordinarias al gobierno nacional para dictar normas con fuerza de ley, entre otros
aspectos, sobre el régimen salarial, prestacional y pensional del personal de

16 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,

radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
18 «Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y vigilancia».
19 «Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario».

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Demandante: Colpensiones

seguridad del INPEC, oportunidad en la que el legislador precisó que las nuevas
disposiciones no podían desmejorar los derechos y garantías de quienes para ese
momento ya prestaban sus servicios al instituto.

24. En desarrollo de dichas facultades, el gobierno nacional expidió el Decreto 407 de
199420, norma que en su artículo 168 dispuso:

«Artículo 168. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren
prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán
derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo
96 de la Ley 32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá
en cuenta para estos efectos.

Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por el
Gobierno Nacional.

Parágrafo 1o. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este decreto, al
Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho a
una pensión de vejez en los términos que establezca el Gobierno Nacional, en
desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.

Parágrafo 2o. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas
establecidas en la Ley 100 de 1993».

25. Así las cosas, los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria
y Carcelaria del INPEC que, para el 21 de febrero de 1994, fecha de entrada en
vigencia del Decreto 407 de 1994, se encontraran prestando sus servicios a la
entidad tendrían derecho a gozar de la pensión de vejez en los términos
establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.

26. Cabe señalar que la Ley 100 de 1993, en su artículo 139, numeral 2, estableció
que el gobierno nacional debía determinar cuáles eran las actividades de alto
riesgo que requerían de un tratamiento especial respecto del número de semanas
cotizadas y el monto de la pensión, y fue así como en el artículo 140 ibidem dispuso
lo siguiente:

«Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De
conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los
servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta
una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o
ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo

20«Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario».

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para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos
adquiridos.

El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización
a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad».

27. Este artículo, catalogó la actividad desarrollada por el Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria del INPEC como de alto riesgo y dispuso
nuevamente que será el gobierno nacional quien debía expedir un régimen para
este tipo de servidores, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un
número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos.

28. En relación con los trabajadores que hacen parte de ese cuerpo, el artículo 126
del citado decreto señaló que «(e)l Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional está compuesto por Oficiales, Suboficiales, Dragoneantes, Alumnos y
los Bachilleres Auxiliares que presten el servicio militar en la Institución».

29. Al respecto, esta Sección señaló que, con fundamento en esta norma, era
evidente que las disposiciones contenidas en la Ley 100 «no se les aplican a los
trabajadores comprendidos en esa clasificación»21.

30. El presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
otorgadas en el artículo 17, numeral 222, de la Ley 797 de 2003, que reformó
«algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993
y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales»,
expidió el Decreto 2090 de 200323, el cual en su artículo 2, numeral 7, enlistó como
actividad de alto riesgo para la salud del trabajador la desarrollada en el INPEC de
la siguiente manera:

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2020,
radicado 20001-23-39-000-2015-00434-01(4589-18), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
22 «Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150

numeral 10 de la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República
de facultades extraordinarias para:
(…)
2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que
laboran en actividades de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las
condiciones, requisitos y beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y
criterios actuariales de medición de disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las tasas
de cotización hasta en 10 puntos, siempre a cargo del empleador, con el objeto de preservar el
equilibrio financiero del sistema
(…).»
23 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican

y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades».

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«Artículo 2o. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran
actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:

(…)

7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del personal
dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión
carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal
que labore en las actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios,
con excepción de aquellos administrados por la fuerza pública».

31. En los artículos 3 y 4 ibidem se establecieron las condiciones y requisitos para
ser beneficiario de la pensión especial de jubilación, así:

«Artículo 3. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de Prima
Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen
en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior,
durante el número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial
durante por lo menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán
derecho a la pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en
el artículo siguiente.

Artículo 4. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial
de vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797de 2003.

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por
cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en
el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta
(50) años».

32. El artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, dispuso un régimen de transición de la
siguiente forma:

«Artículo 6. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización
especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas
exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida
en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo.

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto

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cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán
cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el
artículo 36 de la Ley 100 de1993, modificado por el artículo 1824 de la Ley 797 de
2003».

33. Sobre esta norma, corresponde realizar las siguientes precisiones:

34.i) El primer inciso de esta última norma fue declarado exequible de manera
condicionada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-633 del 29 de
agosto de 200725, «en el entendido de que para el cómputo de las ‘500 semanas de
cotización especial’, se podrán acreditar las semanas de cotización efectuadas en
cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».

35. ii)El Decreto 2090 de 2003 estableció un régimen de transición para los
servidores públicos que ejercen actividades de alto riesgo, consistente en que
quienes al 28 de julio de 2003 hubieren cotizado por lo menos 500 semanas,
tendrían derecho a que una vez cumplidas el mínimo de semanas cotizadas
exigidas en la Ley 797 de 200326, la pensión de vejez les sea reconocida en las
mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo.

36. Al respecto, si bien el Decreto 2090 de 2003 dispuso requisitos para la transición
de un régimen pensional especial de riesgo y a su vez requisitos para ser
beneficiario del régimen de transición general, lo cierto es que esta corporación ha
señalado que la interpretación que más favorece al trabajador es la que permite la
aplicación preferente de la regla de transición de la norma especial. Sobre el
particular esta Subsección señaló:

«En criterio de la Sala, entender que a partir de la literalidad de la norma que el
régimen especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6
del Decreto 2090 de 2003, además del requisito de las 500 semanas de cotización
especial, exige para el caso del demandante el cumplimiento adicional de los
requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado
y más gravoso, pues el señor (…) cumple con el requisito especial de las 500
semanas (…).

Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en asuntos
similares al presente, debe señalar la Sala que las exigencias adicionales a las que

24 Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03
25 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
26 «Artículo 9º de la Ley 797 de 2003. A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas
se incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta
llegar a 1.300 semanas en el año 2015».

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se refiere el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 colocan en una
situación desventajosa, en virtud del tránsito legislativo, al demandante que se
encontraba próximo a cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez en las
condiciones previstas en el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994.

La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador establezca un
sistema de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no
afecten a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión por no haber
cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese
derecho.

Los regímenes de transición, en consecuencia, (i) recaen sobre expectativas
legítimas de los asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el
de salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho
específico de conformidad con el régimen anterior y (iii) su propósito es el de evitar
que la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte
excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la
posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas
y los cambios legislativos a través de un régimen de transición»27.

37. iii) En relación con el requisito de cumplir con «el número mínimo de semanas
exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión», esto es, que se debe atender
lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 9 de la aludida Ley 797 que modificó el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993, debe señalarse que de acuerdo con la
interpretación que ha realizado esta Corporación y la Corte Constitucional de la
norma, este requisito equivale a 1000 semanas de cotización bajo el entendido de
que es condición necesaria para ser beneficiario del régimen de transición y no
como un requisito para acceder al derecho pensional. Así se ha señalado28:

«La Sala debe precisar que la hermenéutica del inciso primero del artículo 6 del
Decreto 2090 de 2003 en el que se fijan los requisitos o condiciones del régimen de
transición especial para actividades de alto riesgo, permite señalar: i) que son
beneficiarios del régimen de transición especial quienes a 28 de julio de 2003, fecha
de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 200329, hubieren cotizado cuando menos
500 semanas en cualquier actividad que haya sido calificada jurídicamente como de
alto riesgo; ii) estas personas deben cumplir con “el número mínimo de semanas
exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión”, esto es, un mínimo de
1000 semanas, como lo establece el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
Este mínimo de 1000 semanas de cotización debe entenderse como requisito
necesario para ser beneficiario de la transición y no como un requisito para
acceder al derecho pensional; iii) una vez cumplido el número mínimo de mil
semanas de cotización, tendrán el derecho a que la pensión les sea reconocida en

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de marzo de 2021,
radicado 20001233900020140031801 (1362-16) M.P. César Palomino Cortés.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2017,

radicado 08001 23 33 000 2012 00082 01 (0391-14), M.P. César Palomino Cortés.
29 Publicación en el Diario Oficial 45.262

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las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo, que para el caso de los servidores públicos es el Decreto
1835 de 1994, artículo 6º» (Resalta la Sala).

38. Así las cosas, se ha entendido que como el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003
establece unos supuestos para la transición de un régimen especial y al mismo
tiempo para un régimen general, se debe dar la interpretación que más favorezca
al servidor, es decir, la que permite la aplicación preferente de la regla de transición
que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de jubilación, con
fundamento en el principio de favorabilidad, previsto en el artículo 53 de la
Constitución Política, para lo cual se destaca el siguiente aparte de la mencionada
sentencia C-663 de 2007:

«en el hipotético caso en que en una situación concreta un trabajador se vea
amparado por ambos regímenes de transición, el de la Ley 100 y el del Decreto 2090
de 2003-, lo cierto es que al existir dos normas vigentes y aplicables para una misma
situación, debe prevalecer a la luz de la Constitución aquel régimen que resulte
más favorable y benéfico para el trabajador involucrado, por tratarse de
disposiciones pensionales» (Resalta la Sala).

39. Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 1950 de 2005 dispuso que a partir de la
entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, a los miembros del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen
de alto riesgo allí establecido; sin embargo precisó que «con anterioridad a dicha
fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón
de los riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986,
para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes de conformidad con
el Decreto-ley 407 de 1994 en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994».

40. Por su parte, el parágrafo 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005,
estableció lo siguiente:

«Artículo 1. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la
Constitución Política:

(…)

Parágrafo transitorio 5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley
100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este
último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el
mismo. A quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el
régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los
riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986,

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para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes» (Resalta la
Sala).

41. De acuerdo con lo anterior, basta con acreditar que la vinculación del servidor
del INPEC se hubiese dado con anterioridad al 28 de julio de 2003, por ser fecha
de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, para que tenga derecho a las
prerrogativas señaladas en la Ley 32 de 1986.

42. En pronunciamiento más reciente, la Corte Constitucional en sentencia T-012
de 2022, sostuvo lo siguiente:

«7.12 La Sala advierte que la interpretación que permite materializar los principios de
supremacía constitucional (artículo 4° Superior) y favorabilidad laboral (artículo 53
Superior) en el caso concreto es aquella que le da primacía al Acto Legislativo 01 de
2005, parágrafo 5° del artículo 1°, con base en el cual se aplica la Ley 32 de 1986 a
los funcionarios del INPEC que hubieren ingresado a la entidad antes de la entrada
en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, es decir, el 28 de julio de 200330».

43. En ese orden de ideas, los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria del INPEC vinculados antes del 28 de julio de 2003,
tienen derecho a que la pensión de vejez les sea reconocida en los términos
establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.

44. En consecuencia, se colige que: i) la Ley 32 de 1986 corresponde al régimen
pensional especial respecto del régimen general previsto en la Ley 33 de 1985 para
los servidores oficiales; ii) la especialidad de ese régimen obedeció a los riesgos
inherentes a la función de custodia y vigilancia de los internos en las cárceles y
penitenciarias nacionales, de manera que el requisito para su causación se
circunscribió a 20 años de servicios, continuos o discontinuos, en ejercicio de esa
función; y iii) el régimen de personal, salarial, prestacional y pensional del INPEC,
adoptado por el Decreto Ley 407 de 1994, conservó la pensión especial en
comento, expresamente para los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia por
remisión expresa de los artículos 114 de la Ley 32 de 1986 y 184 del Decreto 407
de 1994.

2.5. Caso concreto

45. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,

30 «Sobre la fecha exacta en la que inició la vigencia del Decreto Ley, se destaca que su artículo 11

se refiere: “El presente decreto regirá a partir de su publicación (…)” Y el Decreto Ley 2090 de 2003
fue publicado en el Diario Oficial No. 45.262 del 28 de julio de 2003».

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la Sala advierte lo siguiente:

46. En relación con la causal de revisión establecida en el literal b) de la norma en
que se funda la acción, la Sala encuentra necesario precisar que el Tribunal
Administrativo de Boyacá profirió la decisión con sustento en la Ley 32 de 1986,
régimen propio de los servidores del INPEC, comoquiera que a la entrada en
vigencia de los Decretos 407 de 1994 y 2090 de 2003, Samuel Dario Quintero
Guerrero prestaba sus servicios a dicha entidad. Además, porque a dicho régimen
no se llegó por virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 sino por virtud de lo previsto por el parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo
01 de 2005, según el cual a quienes se vincularon antes de la entrada en vigor del
Decreto 2090 de 2003 les resultaba aplicable ese régimen pensional.

47. Respecto de los factores salariales, determinó que correspondía al 75% del
promedio mensual de lo percibido en el último año de servicio, según las
disposiciones de la Ley 4 de 1966 y el Decreto 1045 de 1978, en virtud de lo
establecido en los artículos 114 de la Ley 32 de 1986, 184 del Decreto 407 y 45
del Decreto 1045 de 1978, aplicable por remisión de los artículos 114 de la
mencionada Ley 32 y 184 del Decreto 407 de 1994. De otra parte, con fundamento
en la sentencia del 7 de mayo de 2015, consideró que debía incluirse en el IBL la
prima de riesgo.

48. Al respecto, la entidad recurrente sostuvo que Samuel Darío Quintero Guerrero
era beneficiario del régimen de transición únicamente respecto de la edad, el
tiempo y el monto, pero como el IBL no hacía parte del régimen de transición se
regía por las reglas de la Ley 100 de 1993. Lo anterior, toda vez que adquirió el
derecho pensional con posterioridad al 1° de abril de 1994, esto es, a la entrada
en vigencia de la aludida norma.

49. Al respecto, se advierte que el Tribunal Administrativo de Boyacá sustentó su
decisión en una de las interpretaciones jurisprudenciales vigentes, en ese sentido
señaló que esta se encontraba acorde con las sentencias del 1º de agosto de 2013,
12 de mayo de 2014 y del 7 de mayo de 2015, proferidas por la Sección Segunda
del Consejo de Estado dentro de los expedientes con radicado 44001-23-31-000-
2008-00150-01, 50001-23-31-000-2008-00239-01 y 11001-03-15-000-2015-
00729-00, respectivamente. Por lo anterior, la Sala considera que la sentencia
proferida el 30 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Boyacá no fue
caprichosa y, por el contrario, respetó la normativa aplicable para el asunto
particular, que a su vez concuerda con la línea jurisprudencial de la época.

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50. Lo anterior es así, toda vez que para concluir que el IBL también hacía parte del
régimen de transición se fundamentó en lo siguiente:

51. i) Samuel Darío Quintero Guerrero era beneficiario del régimen de transición
previsto en el Decreto 2090 de 2003 en consonancia con el parágrafo transitorio 5
del Acto Legislativo 01 de 2005, lo que le permitía pensionarse de acuerdo con las
disposiciones contenidas en la Ley 32 de 1986 y el Decreto 1045 de 1978.

52. ii) Pese a que la norma de transición de la Ley 32 de 1986 no señaló nada en
cuanto a la liquidación de la pensión, esto es, factores salariales o base de
liquidación, de acuerdo con el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado
contenido en las sentencias del 10 de agosto de 2006, del 22 de febrero de 2007,
y de 3 de marzo de 201131, entre otras, prohíbe escindir la normativa, de suerte
que resulta inviable aplicar una disposición legal anterior en cuanto a la edad y otra
nueva para determinar la base de liquidación de la pensión.

53. En relación con lo anterior, igualmente se advierte que el Tribunal, al afirmar
que la lista de factores establecida en el Decreto 1045 de 1978 no supone la
negación de cualquier otro factor que cause el trabajador, siguió lo dispuesto en la
línea jurisprudencial fijada en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,
que en lo particular dispuso:

«De acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en
materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos,
normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba
a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales
que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están
simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por
el trabajador durante el último año de prestación de servicios.

[…]

Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices
jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores
públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es
decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como
contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que
se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica,
dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación
por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios,
entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba

31 Radicados internos 3146- 05, 4193-04 y 0277-09, respectivamente.

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el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a
título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del
servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el
trabajador se puede ver enfrentado». [Negrillas del original].

54. En efecto, el criterio del Consejo de Estado solo se modificó con la expedición
de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, pues previo a ese
pronunciamiento la posición era que las pensiones de los servidores públicos
debían liquidarse teniendo en cuenta todos los factores constitutivos de salario,
bajo la consideración de que la aplicación del régimen de transición debía respetar
el principio de la inescindibilidad de la norma.

55. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó que la pensión de
Samuel Darío Quintero Guerrero se reliquidara con la inclusión de los siguientes
factores: asignación básica, subsidio de alimentación, auxilio de transporte,
bonificación por servicios prestados y las primas de riesgo, de servicio, de navidad
y de vacaciones.

56. En cuanto a la inclusión de la prima de riesgo en el IBL, el criterio adoptado por
el Tribunal guardó armonía con la jurisprudencia imperante en el órgano de cierre
de lo contencioso administrativo, según la cual dicho factor debía ser incluido en la
liquidación pensional por su carácter habitual, periódico y remuneratorio.

57. Precisamente, esta subsección en reciente pronunciamiento concluyó 32:

«Frente a la inclusión de la prima de riesgo en el ingreso base de liquidación de los
funcionarios del INPEC, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha reconocido su
habitualidad y periodicidad como fundamento para su integración en la base pensional,
pero en otras ocasiones la ha excluido con base en el artículo 11 del Decreto 446 de
1994.

62. Así, la Subsección A de la Sección Segunda ha adoptado ambos criterios. En la
sentencia del 7 de noviembre de 201333 determinó que la prima de riesgo debía incluirse
en la liquidación pensional, por ser un factor periódico y remuneratorio. En contraste, el
30 de septiembre de 202134, al resolver una demanda de nulidad contra la expresión
«sin carácter salarial» contenida en el artículo 11 del Decreto 446 de 1994, denegó la
pretensión del apartado que excluye la prima de riesgo del IBL, al considerar que no

32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025,
expediente: 11001-03-25-000-2021-00247-00 (1452-2021). M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A MP. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren,

radicado: 68001-23-31-000-2010-00831-01 (0527-2013).
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A MP. Rafael Franciso Suárez Vargas,

radicado: 11001-03-25-000-2014-00103-00 (0209-2014).

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todo ingreso recibido por el servidor público debe integrar la base de liquidación
pensional.

63. Por su parte, la Subsección B de la Sección Segunda, en la sentencia del 11 de
abril de 201935, afirmó que la prima de riesgo no constituye factor de salario para la
liquidación pensional, por no tener carácter salarial y no haber sido reconocida como
factor computable para esa prestación. Por su parte, en la sentencia del 2 de mayo de
202436, al estudiar un recurso extraordinario de revisión, la Sala reconoció que no existe
un criterio unificado en la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el carácter salarial
de la prima de riesgo y, en consecuencia, concluyó que para la fecha en que fue dictada
la decisión objeto de revisión (15 de octubre de 2014), la inclusión de la prima de riesgo
era compatible con la jurisprudencia imperante en ese momento, por lo que no podía
declararse su nulidad.

64. La mayoría de las providencias que han analizado expresamente el régimen
pensional del INPEC coinciden en que la transición aplicable es la prevista en el Decreto
2090 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005, consistente en que para quienes se
encontraban vinculados a ese instituto antes del 28 de julio de 2003, los rige la Ley 32
de 1986, tomando como IBL el promedio de lo devengado durante el último año. En
relación con los factores salariales computables en la liquidación pensional, se
presentan dos posturas: que se incluyan los factores enlistados en el Decreto 1045 de
197837 o los previstos en el Decreto 407 de 199438.

65. Bajo este marco jurisprudencial, es válido afirmar que la sentencia objeto de acción
especial dictada el 13 de agosto de 2020 no incurrió en la causal de revisión prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al determinar que el señor Gilberto
Campos Polanía debía pensionarse conforme a la Ley 32 de 1986, aplicando los
factores enlistados en el Decreto 1045 de 1978, pues esa tesis estaba en línea con la
jurisprudencia de la Sección vigente en esa época y, en relación con la prima de riesgo
acogió una de las posturas existentes en la jurisprudencia vigente para el momento de
su emisión, concluyendo que esta constituía factor salarial. Vale decir, además, que la
sentencia objeto de revisión fue dictada antes de la sentencia del 30 de diciembre de
2021 que negó la pretensión de nulidad de la expresión «sin carácter salarial» de la
prima de riesgo, señalada en el Decreto 446 de 1994».

58. En virtud de lo anterior, se encuentra que en el expediente administrativo obra
lo siguiente:

35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicado:

11001-03-25-000-2013-01111-00 (2630-2013).
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A MP. César Palomino Cortés, radicado:

11001-03-25-000-2016-00236-00.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A MP. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren,

radicado: 68001-23-31-000-2010-00831-01 (0527-2013).
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A MP. César Palomino Cortés, radicado:

11001-03-25-000-2016-00236-00.

20

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00045-00 (0854-2023)
Demandante: Colpensiones

59. Samuel Darío Quintero Guerrero nació el 23 de marzo de 1969, según consta
en la copia de la cédula de ciudadanía39.

60. Prestó sus servicios en el INPEC desde el 12 de enero de 1994 hasta el 30 de
junio de 2014 [al momento del retiro ejercía el cargo de dragoneante]40, entre el 30
de junio de 2013 y el 30 de junio de 2014 [último año de servicio] devengó los
siguientes factores: asignación básica, subsidio de alimentación, auxilio de
transporte, bonificación por servicios prestados y las primas de riesgo, de servicio,
de navidad y de vacaciones41.

61. Mediante la Resolución GNR 40482 del del 20 de febrero de 2015,
Colpensiones le reconoció una pensión de vejez, cuya liquidación se efectuó sobre
el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio, esto es entre el
1º de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014, efectiva a partir del 1º de julio de 2014,
por valor de $1’181.983.

62. A través de la Resolución GNR 115109 del 22 de abril de 2016 Colpensiones
negó la reliquidación de la prestación. Por medio de la Resolución VPB 27625 del
30 de junio de 2016 confirmó la anterior decisión.

63. Mediante la Resolución SUB 229452 del 26 de octubre de 2020 Colpensiones
dio cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Duitama y por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho No. 5 y
reliquidó la prestación, para lo cual tuvo en cuenta los siguientes factores:
asignación básica, auxilio de transporte, subsidio de alimentación, 1/12 prima de
servicio, 1/12 prima de vacaciones, 1/12 prima de navidad, 1/12 bonificación por
servicios, prima de riesgo42.

39 Índice 41 de Samai, actuación denominada:
62_MemorialWeb_OFICIO_LINK_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua 41.
40 Certificado emitido el 28 de septiembre de 2016, índice 41 de Samai, actuación denominada:

62_MemorialWeb_OFICIO_LINK_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua 41.
41 Certificado de valores pagados del 27 de enero de 2015, índice 41 de Samai, actuación

denominada: 62_MemorialWeb_OFICIO_LINK_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua 41.
42 Índice 3 de Samai, actuación denominada: 4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS(.pdf)

NroActua 3.

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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00045-00 (0854-2023)
Demandante: Colpensiones

64. Por medio de la Resolución SUB 124140 del 26 de mayo de 2021, Colpensiones
negó la petición de modificación y declaró que con la Resolución SUB 229452 del
26 de octubre de 2020 se dio cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial43.

65. Mediante la Resolución SUB 173766 del 29 de julio de 2021, Colpensiones
revocó el ordinal segundo de la Resolución SUB 124140 del 26 de mayo de 2021
y dio alcance a la Resolución SUB 229452 del 26 de octubre de 2020 y reliquidó la
prestación del 1º de julio de 2015 en $1’803.130.

66. Expuesto lo anterior, se tiene que la diferencia que resulta entre el valor definido
antes de presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y el
establecido en la reliquidación efectuada en cumplimiento de la orden impartida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá corresponde a la suma de $621.147.

67. En consecuencia, la liquidación de la pensión de Samuel Darío Quintero
Guerrero, no excedió lo debido de acuerdo con la ley, pues se demostró que i) el
demandado era beneficiario del régimen previsto en la Ley 32 de 1986, toda vez
que prestó sus servicios en el INPEC entre 12 de enero de 1994 y el 30 de junio
de 2014, esto es, ingresó antes de la entrada en vigor del Decreto 2090 de 2003
[28 de julio]; ii) acreditó más de 20 años de servicios y 55 años de edad y ii) durante
el último año percibió los factores respecto de los cuales el Tribunal ordenó la
reliquidación de la pensión.

68. Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia del 30 de enero de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá no incurrió en la causal de
revisión prevista en el literal b) de la Ley 797 de 2003 y por lo tanto se declarará
infundada la acción de revisión interpuesta por Colpensiones.

2.6. Costas

69. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no se dispondrá
sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto, lo cual releva de hacer el
estudio de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.

3. Conclusión

70. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la

43 Índice 3 de Samai, actuación denominada: 4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS(.pdf)
NroActua 3.

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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00045-00 (0854-2023)
Demandante: Colpensiones

configuración de la causal invocada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que Colpensiones
presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el
30 de enero de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de la
providencia.

Segundo. No condenar en costas.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

VMT

23

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