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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00085-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00085-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada contra el Acuerdo CNSC 2017000000416 del 28 de noviembre de 2017 expedido por la CNSC y del Acuerdo 009 del 15 de abril de 2016 suscrito por INFIVALLE, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00085-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001032500020230008500 (1153-2023)
Demandante: Antonio José Ayala Silva y otro
Demandado: Nación-Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) e Instituto
Financiero para el Desarrollo del Valle (INFIVALLE)

Temas: Concurso de méritos

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

1.Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por el señor Antonio José Ayala Silva y otro contra la Nación-
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el Instituto Financiero para el
Desarrollo del Valle (INFIVALLE).

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA, 1 el señor Antonio José Ayala Silva y otro, 2 actuando por intermedio de
apoderada, solicitaron que se anulen los siguientes actos, proferidos por la CNSC
e INFIVALLE, respectivamente: i) Acuerdo CNSC 2017000000416 del 28 de
noviembre de 2017, «por el cual se establecen las reglas del Concurso abierto de
méritos para proveer definidamente los empleos vacantes pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal del Instituto
Financiero para el Desarrollo del Valle-INFIVALLE, “Proceso de Selección No. 437
de 2017-Valle del Cauca”»; y ii) Acuerdo 009 del 15 de abril de 2016, «por medio
del cual se ajusta la estructura organizacional del Instituto Financiero para el
Desarrollo del Valle-INFIVALLE y se fijan las funciones generales de sus
dependencias».

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.
2 César Augusto Matallana Mina.

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Demandante: Antonio José Ayala Silva y otro

3. Los actores alegaron que los actos acusaron conculcaron los artículos 2, 3, 4, 6,
13, 23, 25, 28, 53, 58, 113, 115, 121, 125, 189, 209, 218, 230 y 241 de la
Constitución Política; 7,11, 28 y 29 de la Ley 909 de 2004; 2 de la Ley 1960 de 2019;
4 del Decreto 498 de 2020; y 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015 (adicionado por el
artículo 3 del Decreto 51 de 2018).

4. Al desarrollar el concepto de violación, los demandantes plantearon los
siguientes cargos:

i) INFIVALLE omitió socializar el manual de funciones con sus empleados y el
sindicato.

ii) El estudio técnico requerido para la promulgación del manual de funciones
no tuvo en cuenta las competencias del empleo, formación académica,
experiencia, número de cargos, ni fue elaborado por una entidad idónea.

iii) El certamen presentó inconsistencias en la disponibilidad, registro y/o
ejecución presupuestal para su financiamiento. De manera que el concurso se
convocó sin que INFIVALLE contara con los recursos para asumir los costos.

iv) En la aplicación de pruebas escritas «se vislumbran en los textos de las
preguntas que no se siguieron normas convenciones, formales, semánticas y
gramaticales del español, muchas de las expresiones en los textos resultaron
poco claras, inconclusas, ambiguas y desconectadas, por ende, las respuestas
pueden ser confusas o inconexas».

v) La valoración de antecedentes inobservó el cumplimiento de los requisitos
mínimos exigidos.

vi) El Consejo de Estado anuló el Decreto 1754 de 2020, porque la reactivación
del concurso de méritos, en un periodo de emergencia sanitaria y social,
desconoce la Constitución Política y vulnera el principio del mérito en la función
pública.

vii) La comisión de personal de INFIVALLE no informó los cargos que debían ser
excluidos de la OPEC porque los servidores que los venían ocupando tenían
situaciones especiales, a saber: personas en condición de discapacidad o con
enfermedades laborales o graves, integrantes de comunidades étnicas, madres
o padres cabeza de familia sin alternativa económica, prepensionados, víctimas
de la violencia, mujeres embarazadas y fuero sindical.

1.2. Contestación de la demanda

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5. La CNSC se opuso a las pretensiones de la demanda, en razón a que los actos
administrativos enjuiciados se expidieron con base en las disposiciones
constitucionales y legales vigentes al momento de su expedición, se motivaron y
fueron proferidos por la autoridad competente.

6. INFIVALLE solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda por las
siguientes razones:

i) El Acuerdo 009 del 15 de abril de 2016 se elaboró con fundamento en las
facultades otorgadas en la Ley 909 de 2004, así como en los Decretos 760 de
2005 y 1083 de 2015.

ii) La ausencia del «acta de motivación» no afecta la validez del manual de
funciones, dado que se presume legal y en contra de este no se allegaron
pruebas de la ocurrencia de alguna irregularidad en su elaboración ni del diseño
de la oferta pública de empleos-OPEC.

iii) La CNSC convocó al concurso de méritos con fundamento en la OPEC
remitida por la entidad territorial, para lo cual se activó el procedimiento
establecido en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios.

iv) Se propone las excepciones de ineptitud de la demanda por indebida
escogencia del medio de control, indebida acumulación de pretensiones y
ausencia de requisitos formales, caducidad, falta de agotamiento de la
conciliación y falta de legitimación en la causa.

II. TRAMITE EN ÚNICA INSTANCIA

2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada

7. Por auto del 30 de mayo de 2025, se admitió la demanda.

8. A través de auto del 22 de agosto de 2025, se negó la solicitud de medida cautelar
presentada por los actores.

9. Mediante auto del 24 de octubre de 2025, el despacho evidenció la posibilidad de
emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A del
CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) negar las excepciones de ineptitud de la
demanda por indebida escogencia del medio de control, indebida acumulación de
pretensiones y ausencia de requisitos formales, caducidad y falta de agotamiento
de la conciliación; b) diferir para el momento de dictar la sentencia correspondiente,
la resolución de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
propuesta por INFIVALLE; c) prescindir de la audiencia inicial prevista en el artículo

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180 ibidem; d) resolver sobre las pruebas aportadas y solicitadas; e) fijar el litigio; f)
correr traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos de
conclusión y concepto, respectivamente.

2.2. Alegatos de conclusión

10. La CNSC e INFIVALLE reiteraron los argumentos expuestos en la contestación

de la demanda. La parte actora guardó silencio en esta etapa procesal.

2.3. Ministerio Público

11. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

12. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir

previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

3.1. Cuestión previa - Falta de legitimación en la causa

13. Mediante auto del 24 de octubre de 2025, el despacho ponente difirió para el

momento de dictar sentencia la resolución de la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva, propuesta por INFIVALLE.

14. Al respecto, la entidad pública aseguró que no diseñó ni ejecutó el concurso y los

demandantes no demostraron «el interés público abstracto sobre el asunto».

15. Ahora bien, la legitimación en la causa se ha entendido como el vínculo de los

sujetos procesales frente a la pretensión, es decir, que concierne a la posibilidad de
formular u oponerse a las pretensiones de la demanda, según se trate del sujeto
activo o pasivo «con interés en la relación jurídica sustancial debatida en el
proceso».3

16. En este caso se encuentra acreditado que el concurso de méritos demandado se

dirigió a proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema
general de carrera administrativa de la planta de personal de INFIVALLE.

17. Por lo tanto, la entidad es la legitimada en la causa por pasiva para ejercer la

defensa en el presente proceso, ya que, fue la destinataria del concurso y en la
parte considerativa del Acuerdo 2017000000416 del 28 de noviembre de 2017 se
indicó que aquella participó en la planeación y configuración de la convocatoria.

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia del 25 de septiembre de 2013, radicado: 25000 23 26 000

1997 5033 01 (20.420).

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18. De otro lado, en lo concerniente a la falta de demostración de los accionantes de

un interés para actuar en el proceso, se hace hincapié en que conforme al numeral
6 del artículo 40 de la Constitución Política 4 los ciudadanos podrán interponer
acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley.

19. En tal sentido, esta corporación ha explicado que el artículo 137 del CPACA

denota que el legislador, bajo el entendido de que el medio de control de nulidad
busca la protección en abstracto del ordenamiento jurídico, estableció una
legitimación en la causa por activa ampliada, pues cualquier persona, sea natural o
jurídica, pública o privada, puede interponerlo. 5 De ahí que, los demandantes
ostentan legitimación en la causa por activa dentro del proceso de la referencia.

20. En los anteriores términos, se resuelve desfavorablemente la excepción de falta

de legitimación en la causa formulada por INFIVALLE.

3.2. Presentación del caso y metodología de decisión

21. En el presente asunto, la Sala examinará si los Acuerdos CNSC-2017000000416

del 28 de noviembre de 2017 y 009 del 15 de abril de 2016 están viciados de nulidad
por violación al ordenamiento constitucional y legal en que debía fundarse.

22. Para acometer dicho propósito, se abordarán los siguientes aspectos relevantes:

i) texto de los actos acusados; ii) el caso concreto-problemas jurídicos- análisis de
los cargos de nulidad; y iv) costas y agencias en derecho.

3.3. Texto de los actos demandados

23. Es preciso aclarar que no se transcribirá integralmente los actos enjuiciados en

razón a su extensión. En consecuencia, únicamente se citarán los apartes
relevantes al sub lite, cuyo tenor es el siguiente:

ACUERDO No. CNSC-2017000000416 DEL 28-11-2017

"Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección para
proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la planta de personal del INSTITUTO FINANCIERO PARA
EL DESARROLLO DEL VALLE-INFIVALLE, “Proceso de Selección No. 437 de
2017-Valle del Cauca”

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC

4 ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder

político. Para hacer efectivo este derecho puede:

[…]

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de abril de 2024, radicado

11001032500020180020200 (0704-2018) y acumulados.

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Radicado: 11001032500020230008500 (1153-2023)
Demandante: Antonio José Ayala Silva y otro

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el
artículo 130 de la Constitución Política, en los artículos 11 y 30 de la Ley 909 de 2004,
y en los artículos 2.2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
[…]
ACUERDA:
[…]

ARTÍCULO 1. PROCESO DE SELECCIÓN. Adelantar el concurso abierto de méritos
para proveer de manera definitiva nueve (9) vacantes pertenecientes al Sistema
General de Carrera Administrativa de la planta de personal del INSTITUTO
FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE-INFIVALLE, que se identificará
como “Proceso de Selección No. 437 de 2017-Valle del Cauca”

ARTÍCULO 10. EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de la Oferta
Pública de Empleos de Carrera-OPEC del INSTITUTO FINANCIERO PARA EL
DESARROLLO DEL VALLE-INFIVALLE, que se convocan por este Concurso abierto
de méritos son:

NIVEL NÚMERO DE EMPLEOS NÚMERO DE VACANTES
Profesional 2 2
Técnico 2 2
Asistencial 5 5
TOTAL 9 9
[…].

CONSEJO DIRECTIVO
ACUERDO NO. 009
(15 DE ABRIL DEL 2016)
T.R.D. 200.02.01

Por medio del cual se ajusta la estructura organizacional del Instituto Financiero para
el Desarrollo del Valle del Cauca-INFIVALLE y se fijan las funciones generales de sus
dependencias”

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO FINANCIERA PARA EL
DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA-INFIVALLE, en uso de sus facultades
legales y en especial las que confiere el literal f) del artículo 282 del Decreto Ley 1222
de 1986 y las contenidas en su Estatuto Orgánico y,

CONSIDERANDO:

[…]

Que INFIVALLE realizó los estudios técnicos pertinentes para adelantar su
modernización, conforme a las metodologías del Departamento Administrativo de la
Función Pública-DAFP, que le han permitido definir su nueva estructura
organizacional y el papel de sus dependencias.

Que mediante Acuerdo N° 034 del 05 de septiembre de 2014, se adoptó la Estructura
Organizacional de INFIVALLE, con el fin de alcanzar la vigilancia especial de la
Superfinanciera, calificadora de riesgos y obtener la certificación de calidad con
ICONTEC.

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Demandante: Antonio José Ayala Silva y otro

[…]

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1. Adoptase la siguiente estructura organizacional para el Instituto Financiera
para el Desarrollo del Valle del Cauca-INFIVALLE
[…].

3.4. Generalidades del sistema de carrera administrativa

24. El artículo 125 de la Constitución Política estableció que, por regla general, los

empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de
los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. Igualmente, se dispuso que los
funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

25. Por su parte, la Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un sistema

técnico de administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de la
administración pública. A su vez, entronizó el principio del mérito como garante de
transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en el
servicio público.

26. Asimismo, el Título 6 del Decreto 1083 de 2015, «por medio del cual se expide el

Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública», compila la
reglamentación expedida en materia de procesos de selección o concursos. En
especial, se destaca el desarrollo de los siguientes ejes: i) competencia; ii) fases; iii)
convocatoria; iv) inscripciones; v) listados de admitidos y no admitidos; vi) pruebas
o instrumentos de selección; vii) reclamaciones en las diferentes fases; viii) listas de
elegibles; ix) período de prueba; x) Oferta Pública de Empleos de Carrera-OPEC.

3.5. El caso concreto. Problema jurídico-análisis de los cargos de nulidad

27. En el presente asunto, la Sala examinará si los actos acusados están viciados de

nulidad por violación al ordenamiento constitucional y legal en que debían fundarse,
conforme a los cargos de nulidad expuestos por los accionantes, los cuales serán
agrupados con el fin de facilitar el estudio del presente debate.

3.5.1. Irregularidades del manual de funciones

28. Los actores alegaron que INFIVALLE omitió socializar el manual de funciones

con sus empleados y el sindicato.

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29. En primer lugar, se verificará el artículo 2.2.2.6.1. del Decreto 1083 de 2015,

norma vigente para la fecha de expedición Acuerdo 009 del 15 de abril de 2016,
«por medio del cual se ajusta la estructura organizacional del Instituto Financiero
para el Desarrollo del Valle-INFIVALLE y se fijan las funciones generales de sus
dependencias». En lo relevante al presente asunto, la norma dispuso:

Expedición. Los organismos y entidades a los cuales se refiere el presente Título
expedirán el manual específico de funciones y de competencias laborales
describiendo las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal
y determinando los requisitos exigidos para su ejercicio.

La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se efectuará
mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de acuerdo con las
disposiciones contenidas en el presente Título.

Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo
o entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o
adición del manual de funciones y de competencias laborales y velar por el
cumplimiento de las disposiciones aquí previstas.

30. En ese sentido, al momento de expedición del manual especifico de funciones,

INFIVALLE no tenía el deber de socializar con las organizaciones sindicales el acto
administrativo que lo adoptara, al amparo de la normativa invocada por los
demandantes.

31. Al respecto, es pertinente anotar que un acto administrativo solamente puede

vulnerar una disposición superior que se encuentre vigente al momento de su
expedición, pero esta condición no se cumple en el sub lite, toda vez que el acto
administrativo enjuiciado fue suscrito el 15 de abril de 2016, mientras que la norma
invocada como quebrantada se publicó en el diario oficial el 16 de enero de 2018 6,
por lo tanto, no es válido sostener que la convocatoria cuestionada debía acatar
unos mandatos que no habían nacido a la vida jurídica.

32. Por otra parte, los actores manifestaron que el estudio técnico que precedió al

manual de funciones no fue elaborado por una entidad idónea y no tuvo en cuenta
las competencias del empleo, formación académica, experiencia, número de
cargos, lo cual viciaba de nulidad el certamen demandado.

33. Sin embargo; dicho planteamiento resulta genérico, ya que no se contrastaron

los empleos y perfiles que, en sentir de los actores, desconocieron los requisitos
previstos por el legislador para su desempeño, por lo que no es posible ahondar en
razonamientos frente a este reparo.

6 Al respecto, el Decreto 051 de 2018 que estableció el requisito de socializar con las organizaciones sindicales

el manual de funciones o su modificación, se publicó en el diario oficial 50.478 del 16 de enero de 2018.

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34. En consecuencia, no está llamado a prosperar el cargo de anulación basado en

que el Acuerdo 009 del 15 de abril de 2016 incurrió en irregularidades y que aquellas
impactaron la convocatoria al concurso de méritos.

3.5.2. Protección del personal nombrado en provisionalidad

35. Losaccionantes reprocharon que la comisión de personal de INFIVALLE no
informó los cargos que debían ser excluidos de la OPEC porque los servidores se
encontraban en condición de vulnerabilidad y eran sujetos de especial protección.

36. Al respecto, la Corte Constitucional ha explicado que, en el sistema de carrera

administrativa, por regla general, los cargos oficiales deben ser provistos mediante
un concurso público de méritos. De ahí que los nombramientos en provisionalidad
o encargo son una excepción.7

37. No obstante, se ha determinado que los nombramientos en provisionalidad son

transitorios y otorgan a los empleados una estabilidad laboral relativa o intermedia,
de ahí que, estos pueden ser desvinculados por medio de acto motivado8.

38. Estacorporación, con base en lo expuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-446 de 2011, ha considerado que la garantía de que gozan las
personas constitucionalmente protegidas «consiste en que deben ser los últimos en
ser desvinculados y, si es posible, nuevamente ser vinculados en forma provisional
en cargos vacantes de la misma jerarquía de los que venían ocupando, para lo cual
deberán acreditar su situación para la época de desvinculación o en el momento del
posible nombramiento».9

39. En consecuencia, si bien es cierto que pueden existir empleados que estén
vinculados en provisionalidad y se encuentren en situaciones particulares que los
hagan merecedores de un tratamiento diferencial, tal circunstancia no puede
desplazar el derecho que adquiere quien ha superado todas las etapas de un
concurso de méritos y debe ser nombrado en el cargo al cual aspiró. 10 De ahí que,
ofertar los cargos ocupados por personas en condiciones especiales no vició de
nulidad la convocatoria.

40. De otro lado, en el parágrafo del artículo 54 del Acuerdo CNSC 2017000000416

7 Ver entre otras las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-290 de 2007, C-1177 de 2001, C-973

de 2001, C-973 de 2001, C-963 de 2003 y C-1230 de 2005.
8 Sobre el particular, en la sentencia T-245 de 2007, se explicó que «, la situación en que se encuentran estos

funcionarios está amparada por lo que se ha conocido como el ‘fuero de estabilidad’, el cual protege,
precisamente, dicha estabilidad intermedia de la que gozan estos trabajadores, la cual se opone a la posibilidad
de ser removidos sin que medie una justa causa que tenga como fundamento la calificación de desempeño, la
comisión de faltas disciplinarias o la provisión del cargo por concurso de méritos».
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 6 de febrero de 2025, radicado 11001-03-25-

000-2022-00266-00 (1630-2022).
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de abril de 2024, radicado 11001 03 25 000

2023 00042 00 (0818-2023).

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del 28 de noviembre de 2017 sobre la firmeza de las listas de elegibles, estableció
que se utilizarían únicamente para proveer los empleos reportados en la OPEC y
con fundamento a lo contemplado en el Decreto 1894 de 2012, mientras éste se
encuentre vigente.

41. En efecto, el parágrafo 2 del artículo 1 del citado Decreto determinó lo siguiente:

Artículo 1°. Modifícase el artículo 7° del Decreto número 1227 de 2005, el cual
quedará así:

“Artículo 7°. La provisión definitiva de los empleos de carrera se efectuará teniendo
en cuenta el siguiente orden:

[…]
Parágrafo 2°. Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado de un proceso
de selección esté conformada por un número menor de aspirantes al de empleos
ofertados a proveer, la administración, antes de efectuar los respectivos
nombramientos en período de prueba y retirar del servicio a los provisionales, deberá
tener en cuenta el siguiente orden de protección generado por:

1. Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad.

2. Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos
señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.

3. Ostentar la condición de prepensionados en los términos señalados en las
normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.

4.Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical.

42. En los anteriores términos, contrario a lo argumentado por los accionantes, el

Acuerdo NSC 2017000000416 del 28 de noviembre de 2017 estableció una garantía
de protección a las personas nombradas en provisionalidad que padecieran una
enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad, al padre o madre cabeza de
familia, los prepensionados y los empleados con fuero sindical.

3.5.3. Suspensión del proceso de selección

43. Los actores indicaron que el Consejo de Estado anuló el Decreto 1754 de 2020,

porque la reactivación del concurso de méritos, en un periodo de emergencia
sanitaria y social, desconoce la Constitución Política y vulnera el principio del mérito
en la función pública.

44. Al respecto, el Decreto 491 de 2020 dispuso el aplazamiento de los procesos de

selección por la pandemia del COVID-19, particularmente en el artículo 14
estableció lo siguiente:

Artículo 14. Aplazamiento de los procesos de selección en curso. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y

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Demandante: Antonio José Ayala Silva y otro

Protección Social, para garantizar la participación en los concursos sin discriminación
de ninguna índole, evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento
social, se aplazaran los procesos de selección que actualmente se estén adelantando
para proveer empleos de carrera del régimen general, especial constitucional o
especifico, que se encuentren en la etapa de reclutamiento o de aplicación de
pruebas.

Las autoridades competentes deberán reanudar dichos procesos una vez se supere
la Emergencia Sanitaria.

45. En ese sentido, la normativa sólo suspendió los certámenes que se encontraran

en las etapas de reclutamiento o de aplicación de pruebas.

46. A su vez, el Decreto 1754 de 2020 reactivó las etapas de reclutamiento y
aplicación de pruebas a partir del 22 de diciembre de 2020.

47. Nótese que los accionantes no explicaron con detalle ni aportaron pruebas de

cuáles etapas se surtieron en contravía del decreto que suspendió el desarrollo de
los concursos mientras estuviera vigente el aludido Estado de excepción, por lo cual,
se carece de los elementos probatorios que acrediten en cuáles fechas se adelantó
el proceso de selección.

48. Además, teniendo en cuenta que el control de legalidad de los actos
administrativos se efectúa con base en la normativa superior vigente al momento de
su expedición, 11 se observa que para la fecha en que se profirió el acto de
convocatoria, 28 de noviembre de 2017, la administración no había expedido los
Decretos 491 de 2020 y 1754 de 2020.

49. Es pertinente anotar que la última disposición fue anulada por esta corporación,

mediante sentencia del 3 de junio de 2022,12 con la aclaración de que «los efectos
de la nulidad del Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020, operan únicamente
desde el momento de emisión de esta sentencia y hacia el futuro o ex nunc».

3.5.4. Disponibilidad presupuestal

50. Losaccionantes afirmaron que el certamen presentó inconsistencias en la
disponibilidad, registro y/o ejecución presupuestal para su financiamiento. De
manera que el concurso se convocó sin que INFIVALLE contara con los recursos
para asumir los costos.

51. Ahora bien, omitieron indicar cuáles fueron las resoluciones que establecieron los

montos en que debía concurrir la entidad pública para financiar las plazas ofertadas,
tampoco indicaron si se sufragaron o no dichos dineros y mucho menos si se
11 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 27 de marzo de 2003, radicado 11001-03-24-000-2001-

0171-01 (7095).
12 Consejo de Estado, Sala Diecisiete de Decisión, sentencia del 3 de junio de 2022, radicado 11001-03-15-000-

2021-04664-00.

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consideraba que los costos eran superiores o inferiores a los indicados por la CNSC
o si se vulneraron los principios orientadores del gasto público como los de
planificación, especialización, legalidad o moralidad administrativa.

52. Enrelación con el anterior motivo de inconformidad, esta corporación ha
expresado lo siguiente:13

[…] en la realización de un concurso convergen diferentes competencias, resaltando
el despacho que en cuanto al costo que genera la realización del concurso, dado que
este debe ser cubierto por el presupuesto de la entidad u organismo que requiera de
la provisión de cargos (art. 30 de la Ley 909 de 2004), sin perjuicio de la financiación
prevista en los artículos 74 de la Ley 998 de 2005 y 9 de la Ley 1033 de 2006, debe
destacarse que el jefe de dicha entidad u organismo tiene un importante rol en la
realización del concurso, como es el de asegurar su financiación, como un
presupuesto necesario para dicha realización, pues, no tendría ningún sentido el
convocar a un concurso que, en la práctica no pueda realizarse, por no haber
presupuesto para ello, ya que aunque esta circunstancia no es, en rigor, de aquellas
que hace parte del contenido de la convocatoria, si es una condición necesaria para
la viabilidad del concurso.14

En ese sentido, corresponde entonces a las unidades de personal de las entidades
estimar anualmente los costos del eventual concurso (art. 17.1, c de la Ley 909 de
2004). Esta estimación debe ser considerada e incluida en los presupuestos de cada
entidad u organismo. Con base en esta estimación y en lo que resulte asignado
efectivamente dentro del presupuesto de cada entidad u organismo, su jefe, para
efectos de realizar el concurso, deberá entregar a la CNSC, en tanto es un
presupuesto para la realización del concurso, el correspondiente certificado de
disponibilidad presupuestal, ya que, sin este certificado, dicha entidad u organismo
no puede comprometer recursos para financiar la realización del concurso.

[...] el certificado de disponibilidad presupuestal no es requisito de validez del acto de
convocatoria para proveer cargos de carrera por medio de concursos de méritos y,
por tal motivo, su ausencia no conlleva inevitablemente a la suspensión o anulación
del proceso de selección, principalmente porque, la financiación de los costos del
concurso como se señaló anteriormente es competencia de cada entidad u organismo
ofertante, con cargo a su presupuesto y, por tanto, la responsabilidad de tramitar lo
pertinente y obtener el certificado de disponibilidad presupuestal, es de su resorte,
más no de la CNSC.

En consonancia, los certificados de disponibilidad presupuestal para financiar los
costos de los procesos tienen el carácter de acto preparatorio de la convocatoria, pero
no es un elemento integrante de esta, y su expedición son de competencia de cada
entidad u organismo y su ausencia no tiene la entidad de suspender el proceso de
selección, ni la resolución demandada, que tiene como finalidad asegurar los recursos
para financiar los costos del proceso de selección.

53. Bajo
esta línea de intelección, la ausencia del certificado de disponibilidad
presupuestal no constituye una irregularidad sustancial que derive necesariamente
en la nulidad o suspensión de la convocatoria a concurso de méritos para la

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 25 de julio de 2023, radicado 11001-03-25-

000-2018-00531-00 (1902-2018). En similar sentido puede consultarse la sentencia del 4 de mayo de 2023,
radicado 11001-03-25-000-2019-00835-00 (6080-2019).
14 Sobre el particular, se puede consultar la sentencia C-183 de 2019.

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provisión de cargos de carrera, 15 por lo cual no están llamados a prosperar los
argumentos encaminados a invalidar el acuerdo enjuiciado por la falta de recursos
para financiar el certamen.

3.5.5. Irregularidades en las preguntas formuladas en las pruebas de
competencias básicas, funcionales y comportamentales, así como en la etapa
de valoración de antecedentes

54. Losdemandantes señalaron que en la aplicación de pruebas escritas «se
vislumbran en los textos de las preguntas que no se siguieron normas
convenciones, formales, semánticas y gramaticales del español, muchas de las
expresiones en los textos resultaron poco claras, inconclusas, ambiguas y
desconectadas, por ende, las respuestas pueden ser confusas o inconexas»; sin
embargo, estas afirmaciones no están soportadas en ningún medio de prueba.

55. En tal sentido, se echa de menos un documento que permita contrastar la prueba

escrita con los parámetros lingüísticos que se estiman desconocidos, tampoco se
alegaron irregularidades concretas frente a una o varias de las preguntas aplicadas
a los aspirantes; por el contrario, se efectuaron reparos genéricos que imposibilitan
el análisis del despacho frente a este aspecto.

56. Así las cosas, es pertinente recordar que, si bien «la jurisdicción de lo contencioso

está facultada para interpretar la demanda, no es posible suplantar la obligación del
demandante de alegar adecuadamente sus reclamos y de probar los supuestos de
la demanda».16

57. En esta misma línea de intelección, se observa que los demandantes se limitaron

a expresar que la valoración de antecedentes inobservó el cumplimiento de los
requisitos mínimos exigidos, pero no indicaron cuáles eran los requerimientos
académicos o de experiencia que fueron desconocidos en dicha etapa y mucho
menos aportaron pruebas tendientes a soportar tales censuras, por lo que estos
razonamientos tampoco tienen vocación de prosperidad.

3.6. Condena en costas

58. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se

ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020, radicado: 11001

03 25 000 2014 00025 00 (0064-14).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicado

1100103-25-000-2016-00146-00 (0658-16). En similar sentido pueden consultarse las siguientes sentencias
proferidas por esta corporación: i) del 24 de febrero de 2022, radicado: 76001-23-33-000-2013-00151-01 (4392-
2018); ii) del 3 de febrero de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2016-04361-01 (5517-2019); y iii) del 22 de
marzo de 2013, radicado 63001-23-31-000-2010-00110-01 (19136).

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59. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada contra el
Acuerdo CNSC 2017000000416 del 28 de noviembre de 2017 expedido por la
CNSC y del Acuerdo 009 del 15 de abril de 2016 suscrito por INFIVALLE, en
atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

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