Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00094-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00094-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00094-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00094-00 (1277-2023)
Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia
Demandado: Deyanira Pulido de Pfeiffer
Tema: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causal prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Cuantía
reconocida excede lo debido
Sentencia de única instancia
_______________________________________________________________
Asunto
La Sala decide la acción de revisión interpuesta por el Fondo Pensional de la
Universidad Nacional de Colombia contra la sentencia proferida el [15] de agosto de
2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E1, que confirmó parcialmente la sentencia del 31 de mayo de 2016
emitida por el Juzgado 7 Administrativo del Circuito de Bogotá, la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Deyanira Pulido de
Pfeiffer.
1. Antecedentes
1 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado 11001333500720140065400 (01),
actor: Deyanira Pulido de Pfeiffer, demandado: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de
Colombia.
Radicado: 11001-03-25-000-2023-00094-00 (1277-2023)
Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional
1.1. La acción especial de revisión
1.1.1. Las pretensiones
1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Fondo
Pensional de la Universidad Nacional de Colombia solicitó la revisión de la sentencia
proferida el 15 de agosto de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, que confirmó parcialmente la decisión del 31 de
mayo de 2016 emitida por el Juzgado 7 Administrativo del Circuito de Bogotá, la
cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por
Deyanira Pulido de Pfeiffer, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-007-2014-00654-00 (01),
encaminada a la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos
los factores salariales devengados en el año anterior al retiro del servicio.
2. Como consecuencia de lo anterior solicitó i) la anulación de la sentencia del [15]
de agosto de 2017; ii) la reliquidación y pago de la pensión concedida a Deyanira
Pulido de Pfeiffer con una base de liquidación de lo devengado en los 10 últimos
años de servicios, conforme con lo previsto por la Corte Constitucional,
especialmente en las providencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, auto 326 de
2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, auto 229 de 2017, SU-
395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018 y por el Consejo de Estado en el
fallo de unificación del 28 de agosto de 2018; iii) la devolución de los mayores
valores que se pagaron producto de lo decidido por el tribunal de instancia,
ajustados según lo dispuesto en el artículo 187 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2; y iv) la condena en costas y
agencias en derecho a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho Deyanira
Pulido de Pfeiffer presentó demanda contra la Universidad Nacional de Colombia
en orden a que se declarara la nulidad parcial de las resoluciones CPS 0232 del 8
2 En lo que sigue CPACA.
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Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional
de junio de 2007, a través de la cual el fondo pensional de esa entidad le reconoció
una pensión de vejez en cuantía de $2.759.028 condicionada al retiro de servicio;
CPS 0168 del 30 de mayo de 2008, por medio de la cual se reajustó la prestación
en la suma de $2.932.447, efectiva a partir del 1° de marzo de 2008; y FP 0228 del
26 de julio de 2011, mediante la cual le negó la solicitud de reliquidación de la
prestación con el 75% de todos los factores de salario que percibió en el último año
de servicio, según las leyes 33 y 62 de 1985.
3.2. El Juzgado 7 Administrativo del Circuito de Bogotá, en sentencia del 31 de mayo
de 2016, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en
consecuencia, declaró la nulidad parcial de los actos administrativos acusados.
Asimismo, ordenó la liquidación de la pensión de vejez en cuantía equivalente al
75% del promedio de salarios devengados en el último año de servicio, esto es,
entre el 28 de febrero de 2007 y el 1° de marzo de 2008, con la inclusión, además
de los factores ya reconocidos, de las primas de servicios, de navidad y de
vacaciones, a partir del 16 de junio de 2008 por prescripción trienal.
3.2.1.Lo anterior, con fundamento en que Deyanira Pulido de Pfeiffer era beneficiaria
del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, razón por la cual le
resultaba aplicable en su integridad las leyes 33 y 62 de 1985. Señaló que una
interpretación distinta desconocería el principio de inescindibilidad de la norma, toda
vez que tales disposiciones establecían que la liquidación pensional debía
efectuarse con base en los factores legalmente autorizados y devengados en el
último año de servicio, y no sobre el promedio de lo recibido en los 10 años
anteriores a la desvinculación.
3.2.2.En relación con la bonificación de bienestar universitario, concluyó que no
procedía su inclusión, por carecer de una fuente legal de reconocimiento, pues
había sido creada por el Consejo Superior Universitario, autoridad que no tenía
competencia para ello. Finalmente, como la liquidación ordenada implicaba la
inclusión de factores respecto de cuales no se habían efectuado aportes y, con el
fin de evitar una afectación al fondo de pensiones de la universidad, dispuso el
descuento correspondiente a las cotizaciones no realizadas.
3.3. La anterior decisión fue apelada por el Fondo Pensional de la Universidad
Nacional de Colombia y, a través de la sentencia recurrida, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, confirmó
parcialmente el fallo de primera instancia y precisó que, para efectos de la
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Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional
liquidación pensional, además de los factores reconocidos (asignación básica,
gastos de representación docente y bonificación por servicios prestado), debían
incluirse las primas de servicios, de navidad y de vacaciones, pero estos últimos
tres de forma proporcional a una doceava parte (1/12), efectiva a partir del retiro del
servicio, con efectos desde el 16 de junio de 2008, por prescripción trienal.
Asimismo, añadió que no era procedente la inclusión de las vacaciones y de la
asignación por permiso remunerado, porque no eran factores salariales que
incrementaran la remuneración ordinaria para efectos pensionales y, en cuanto al
último, en todo caso, no se percibió en el último año de servicio. Precisó que era
procedente la condena en costas en ambas instancias y que el descuento de los
aportes correspondientes debía ser de manera indexada.
1.1.3. Sentencia objeto de revisión
4. En sentencia del 15 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, confirmó parcialmente la decisión
del 31 de mayo de 2016 emitida por el Juzgado 7 Administrativo del Circuito de
Bogotá, en los siguientes términos:
«PRIMERO. - CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 31 de mayo de 2016, por
el Juzgado Séptimo (7°) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones anotadas en la presente
decisión.
SEGUNDO-. Modificar los numerales 4°, 7° y 8° de la sentencia del 31 de mayo de 2016,
el cual quedará de la siguiente manera:
“4.- Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, se CONDENA a la CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL, a reliquidar la pensión de jubilación de la demandante
DEYANIRA PULIDO DE PFEIFFER, identificada con cédula de ciudadanía No.
41.576.857 de Bogotá D.C., en cuantía equivalente al 75% del promedio mensual que
hubiere devengado durante el último año de servicios, es decir, entre el 2 de marzo de
2007 al 1 de marzo de 2008, la cual debe comprender como factores salariales, además
de los ya reconocidos (asignación básica, gastos representación docente y bonificación
por servicios prestados), la prima de servicios, la prima de navidad y la prima de
vacaciones estas últimas tres de forma proporcional a una doceava parte, a partir del 1
° de marzo de 2008 por retiro del servicio, pero con efectos fiscales desde el 16 de junio
de 2008, por prescripción trienal de las diferencias de las mesadas pensiónales.
Al efectuarse el reconocimiento de la pensión a la demandante, la CAJA DE PREVISION
SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, deberá reajustar la pensión mes a mes
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según sean los incrementos que se hayan dispuesto en virtud de la Ley y estas cifras a
su vez serán ajustadas en su valor, siguiendo para ello el procedimiento a que se refiere
la siguiente fórmula:
R RH Índice final
Índice inicial
En la que el valor (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH), que es la suma
adeudada al demandante, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios
al consumidor certificado por el DAÑE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta decisión,
por el índice inicial de precios vigente en la fecha en que debió efectuarse el pago de
cada mensualidad y así sucesivamente.
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por
mes para cada mesada pensional, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente
al momento de causación de cada una de ellas.
7.- La CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, efectuara los
descuentos correspondientes a aportes referentes a los factores que fueron reconocidos
en esta sentencia si sobre los mismos no se efectúo deducción legal, de forma indexada,
en virtud de la nueva reliquidación si hubiere lugar a ello y en el porcentaje que le
corresponde al trabajador.
8.- Condenar en costas en primera instancia a la parte demandada. Estas costas serán
liquidadas siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 366 del C.G.P., fijando
como agencias en derecho la suma de setecientos mil ($700.000.00) pesos, en
concordancia con lo establecido en el Acuerdo 1887 de 2003.’
TERCERO.- Se confirman los demás numerales de la sentencia de primera instancia.
CUARTO.- Condenar en costas en segunda instancia la parte demandada. Estas costas
serán liquidadas por el Juzgado de primera instancia siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 366 del C.G.P. Fijar como agencias en derecho la suma de
quinientos mil ($ 500.000.00) pesos. (…)» (sic).
5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos 3:
5.1. Deyanira Pulido de Pfeiffer nació el 28 de enero de 1952 y acreditó los requisitos
para ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y, como consecuencia, le era aplicable la Ley 33 de 1985. Este aspecto
no fue objeto de controversia; la discusión se circunscribió a la procedencia de
liquidar la pensión con el 75% del promedio de lo devengado durante el último año
de servicio. Al respecto, con fundamento en los lineamientos fijados por la Corte
3 Samai, índice 40, archivo «47RECIBEMEMORIAL_11001333500720140065(.rar) NroActua 40»,
carpeta y 11001333500720140065400.pdf, páginas 289 a 312.
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Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional
Constitucional en la sentencia SU 427 de 2016 y por el Consejo de Estado en la del
4 de agosto de 20104, debían tenerse en cuenta para efectos de la liquidación de la
pensión los factores salariales efectivamente devengados por la demandante en el
último año de servicios, debidamente certificados y reconocidos como factores de
naturaleza salarial, entendiéndose por salario todo lo que el empleado recibe como
contraprestación por sus servicios.
5.2. Por su parte, Deyanira Pulido de Pfeiffer acreditó haber percibido, durante dicho
periodo, asignación básica, asignación de permiso remunerado, gastos de
representación docente, bonificación por servicios prestados, bonificación de
bienestar universitario, prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones
y vacaciones del período.
5.3. No obstante, la bonificación de bienestar universitario no era factor salarial,
porque, si bien la devengó en el último año de servicios, fue creada por el Consejo
Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia que carecía de
competencia, pues la facultad para fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos correspondía al gobierno nacional, conforme con los criterios
establecidos por el legislador mediante la ley marco. De igual forma, no era
procedente incluir las vacaciones, porque estas no integran la base de liquidación
pensional pues corresponden al descanso remunerado del trabajador y bajo el
mismo criterio, la compensación monetaria que se le otorga al servidor cuando no
disfruta de ellas. Además, al liquidarse la pensión se tuvo en cuenta la asignación
básica devengada sin que esta hubiese sido modificada durante el periodo que
disfrutó de las vacaciones.
5.4. Tampoco procedía la inclusión de la asignación por permiso remunerado, toda
vez que corresponde a una situación administrativa que no alteró la remuneración
ordinaria del trabajador y, en todo caso, este fue pagado por fuera del periodo
correspondiente al último año de servicio.
1.2. La causal de revisión invocada
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 25000 23 25
000 2006 07509 01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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6. La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos5:
6.1. La sentencia recurrida desconoció que el precedente fijado por la sentencia SU
230 de 2015 la cual «debe ser aplicada de forma inmediata, de forma obligada por ser
precedente y prevalente a todos los procesos en los que se ventilan pretensiones de
reliquidación de la pensión de vejes con lo devengado en el último año de servicio conforme
a la ley 33 de 1985» (sic). No obstante, la prestación que fue reconocida a Deyanira
Pulido de Pfeiffer se reliquidó en consideración a todos los emolumentos de salario
devengados en el último año de servicio, criterio que se apartó de la regla
establecida en la mencionada providencia. Esta situación, ocasionó un detrimento
patrimonial y un impacto «en las finanzas públicas con incidencia en la sostenibilidad
fiscal del Estado» (sic).
6.2. De acuerdo con las providencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de
2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-
395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018, aunque a los beneficiarios del
régimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993 les resultaba aplicable la
Ley 33 de 1985 en cuanto a los requisitos de edad, tiempo de servicio y cuantía o
porcentaje de la pensión, el IBL debía determinarse con base en los artículo 21 y 36
de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto 1158 de 1994. En
consecuencia, la pensión de Deyanira Pulido de Pfeiffer debía liquidarse sobre el
promedio devengado durante los últimos 10 años de servicios y no con lo
devengado en el último año, como se dispuso en la sentencia objeto de revisión.
Esta postura también fue posteriormente acogida por la Sala Plena del Consejo de
Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.
6.3. Por tanto, si bien Deyanira Pulido de Pfeiffer tenía derecho al reconocimiento
pensional bajo las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto previstas en la
Ley 33 de 1985, el IBL debía regirse por los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993
y por el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994. Sin embargo, la sentencia objeto de
revisión dio lugar al pago de sumas que excedieron las legalmente debidas, de
modo que la pensionada pasó a percibir una mesada para el año 2008 por valor de
$ 3.196.321, con la consecuente afectación del erario y del sistema pensional de la
universidad.
5 Samai, índice 3, documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», páginas 2 a 55.
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6.4. Lareliquidación de la pensión ordenada repercutió negativamente en las
finanzas públicas, lo que tuvo incidencia en la sostenibilidad fiscal del Estado, en
especial la pensional.
6.5. Así entonces, la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo
con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en
contravía de lo dispuesto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto
del IBL.
1.3. Contestación de la acción especial de revisión
7. Deyanira Pulido de Pfeiffer se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las
razones que se expresan a continuación6:
7.1. Se configuró la caducidad del recurso extraordinario de revisión se configuró,
toda vez que, de acuerdo con el artículo 251 del CPACA, el término para interponer
tal recurso es dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. En
efecto, la «Sentencia(s) del 15 de agosto del 2017 proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “E”,
mediante la cual confirmó la Sentencia del 31 de mayo del 2016 proferida por el JUZGADO
SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, cobró ejecutoria el 30 DE
AGOSTO DE 2017. Quiere significar lo anterior que, es a partir de dicha fecha que se
contabiliza el término para acudir ante esta Honorable Corporación a efectos de interponer
el Recurso Extraordinario y que, si la Entidad hubiese acudido a estas causales, bajo el
imperio de la Ley 1437 del 2011 (C.P.A.C.A), el plazo venció el 30 DE AGOSTO DE 2018»
(sic).
7.2. El Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia promovió el recurso
extraordinario de revisión con el propósito de obtener el reintegro de las sumas
pagadas en cumplimiento de una sentencia judicial proferida por el juez contencioso
administrativo competente. Tal pretensión desconoció la reiterada jurisprudencia
que ha sostenido que los pagos recibidos de buena fe por quienes hayan sido
beneficiarios de decisiones judiciales no generan la obligación de su devolución, ni
pueden ser objeto de recaudo a través de este mecanismo extraordinario.
6 Samai, índice 30, documento «29_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
ContestacionRecEx(.pdf) NroActua 30».
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7.3. Lo anterior, en concordancia con el artículo 83 de la Constitución Política, que
contiene el principio de la buena fe y establece que las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deben regirse por tal postulado. En
consecuencia, los pagos que cuestionó la entidad demandante fueron recibidos en
cumplimiento de una orden judicial debidamente ejecutoriada. Asimismo, tal
decisión fue proferida bajo los criterios jurídicos y jurisprudenciales vigentes para la
época, dentro de un proceso que se tramitó con observancia de las garantías de
contradicción y defensa, sin que se hubiese evidenciado «fraude ni colusión», que
permitiera desvirtuar la presunción de buena fe que amparaba a las partes y a las
providencias judiciales.
7.4. En la sentencia proferida el [15] de agosto de 2017 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, se aplicó el criterio
jurisprudencial vigente al momento de su expedición, esto es la sentencia del 4 de
agosto de 2010, que interpretó de forma favorable el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y en coherencia con los principios de inescindibilidad normativa, favorabilidad
laboral y legalidad.
7.5. En cuanto a la aplicación de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el
28 de agosto de 2018, en la que se fijaron las reglas jurisprudenciales según las
cuales el IBL no se encontraba cobijado por las normas de la transición y que debía
determinarse de conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
así como que la liquidación debía efectuarse con la inclusión de los factores
salariales sobre los cuales se hubiesen realizado aportes, también se precisó que
sus efectos eran de carácter retrospectivo, esto es, aplicables a los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial en procesos
ordinarios, supuesto en el que no se encontraba. Por consiguiente, se aplicó el
criterio jurisprudencial vigente para la época en la que se profirió la sentencia objeto
de revisión7.
1.4. Concepto del Ministerio Público
8. En esta oportunidad no se pronunció.
2. Consideraciones
7 Sentencias proferidas dentro de los procesos con radicados: 11001032500020200085100;
11001032500020200086400; y 11001032500020200082800.
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2.1. Competencia
9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo8, que estableció:
«Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
20199, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.
2.2. Oportunidad
11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.
12. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 4 de
septiembre de 2017 de conformidad con la constancia allegada con la demanda10.
En ese sentido y comoquiera que la entidad demandante presentó la acción
extraordinaria de revisión por «ventanilla virtual» el 16 de diciembre de 2022, tal y
como consta en el índice 3 de Samai11 en el que se indicó, además, que es esa la
fecha de la «actuación»12, se encuentra que esta fue allegada dentro del término
establecido en la ley, es decir, dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la
sentencia pues el plazo para presentar la demanda fenecía el 11 de enero de 2023,
en tanto los términos judiciales estuvieron suspendidos en todo el país desde el 16
8 En lo que sigue CPACA.
9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
10 Índice 3, Samai. Documento anexo a la demanda. Folio 162.
11 Así también se indica en el ítem «Presentada la demanda el: 16/12/2022» de la pestaña «Asunto»
de Samai.
12 Tal y como se advirtió en el auto admisorio del 29 de noviembre de 2023, visible a índice 7 de
Samai.
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Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional
de marzo de 2020 y hasta el 30 de junio del mismo año a causa de la pandemia
global del Covid-19, lo que permite concluir que se presentó en oportunidad.
2.3. El problema jurídico
13. Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿la cuantía del derecho reconocido a
Deyanira Pulido de Pfeiffer excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse
accedido a la reliquidación de la pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuraron los supuestos
del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?
2.4. Marco normativo
2.4.1. Sobre la acción especial de revisión
14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 13 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.
15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal
prevista en el literal b), esto es, «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables», se presenta cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto
que no corresponde a lo legal o convencionalmente establecido.
13 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
11
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17. La finalidad de dicha causal, en esencia, es que las entidades públicas
legitimadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una
sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para
corregirla, en tanto ha reconocido una prestación periódica cuyo monto o cuantía
excede lo legalmente previsto, con lo cual se pretende restablecer el propósito y la
sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio
financiero.
18. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes14:
«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,
así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en
un valor mayor al que corresponde.
14 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio
de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.
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v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».
19. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que « las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»15.
20. Por lo que, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir
causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas,
se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»16.
2.4.2. En torno al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen
previsto en la Ley 33 de 1985
21. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es
decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes
acumularan 20 años de servicios y contaran con 55 años de edad, podrían acceder
a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año
de servicio.
22. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado
por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los
siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las
15 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,
radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
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pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán
sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes».
23. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes
términos:
«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial,
podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad
de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el
Gobierno.
(…)
PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad a la presente Ley» (se resalta).
24. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales
que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicios prestados de
manera continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las
normas que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no
completarlos, tendrían que acumular los 20 años de servicio y contar con 55 años
de edad para acceder a la pensión.
25. En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 era el Decreto Ley
3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En
consecuencia, esta corporación ha acudido a las disposiciones contenidas en la Ley
6a de 194517 , que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así como
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008, radicado
25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
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a las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «(a) pesar de que la Ley
33 de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, (…) en este aspecto se debe
aplicar también el régimen anterior, porque resulta más favorable al demandante»18;
este último exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es mujer»19.
26. Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 2020 20, esta corporación21
señaló que si el servidor era de orden nacional se aplicará el Decreto Ley 3135 de
1968 y si era de orden territorial se acudiría a la Ley 6 de 1945, ello en cuanto a la
edad de jubilación. Así se indicó:
«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 194522 se aplicó para efectos de las prestaciones
sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así como a los
servidores públicos del nivel territorial (…).
(…)
El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual
se dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el
sector público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de
jubilación que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y
tuviera 55 años de edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley
33 consagró un régimen de transición consistente en que los empleados oficiales que a
la fecha de su entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince (15)
años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones
sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley» (se destaca),
que para el caso de los servidores públicos del orden nacional era el Decreto 3135
de 1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945» (se resalta).
27. Ahora bien, se advierte que ni la Ley 6.ª de 1945 ni el Decreto 3135 de 1968
previeron los factores a tenerse en cuenta para efectos de determinar la base de
liquidación de la pensión de jubilación, por esto, la jurisprudencia de la corporación
acudió a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior y
de carácter general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al
momento de liquidar las pensiones. Así se señaló entre otras, en las sentencias del
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010,
radicación: 25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales
19 Artículo 27.
20 Expediente 47001-23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017).
21 En igual sentido puede verse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
24 de marzo de 2022, expediente 11001-03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
22 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo».
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19 de noviembre de 200923 y del 16 de diciembre de 200924, en las que se indicó lo
siguiente:
«El artículo 1º, parágrafo 2, ibidem, estableció un régimen de transición consistente en
que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la fecha de
expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del régimen anterior de
pensiones contenido en la Ley 6 de 1945 (…).
Encontrándose demostrado que el régimen pensional aplicable al actor es el
contemplado en la Ley 6 de 1945, para efectos de determinar la base de liquidación de
la pensión de jubilación se acudirá a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, norma posterior de carácter general que determina los factores salariales que
deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación
(…)
Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como principio
general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de hacerlo
así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su naturaleza se pueden
tomar para poder establecer la base de liquidación (…).
Es del caso aclarar que por encontrase el actor dentro del régimen de transición de la
Ley 33 de 1985 la liquidación de la pensión debe realizarse conforme a lo dispuesto en
el Decreto 1045 de 1978, por ser la norma anterior aplicable pues aplicar dos normas
legales diferentes para efectos del reconocimiento y liquidación de una misma pensión,
como lo hizo el A quo, implicaría la violación del principio de “inescindibilidad de la ley”
que prohíbe la aplicación parcial de las normas legales (…)» (se subraya).
28. El anterior antecedente evidencia que en relación con el IBL de las pensiones
reconocidas por virtud de los regímenes de transición, la jurisprudencia del Consejo
de Estado fue pacífica en considerar que se debían «garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia
laboral», y que, en consecuencia, «la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los
factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos
están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados
por el trabajador durante el último año de prestación de servicios»25.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009,
radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:
250002325000200200474 01(1754-06).
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 25000-23-25-
000-2006-07509-01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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2.4.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado
29. La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201826, fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el ingreso base de
liquidación (IBL) en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
30. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición
el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso
3 de dicha norma».
31. En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia
de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos
para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional. «[t]ales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló la
Sala:
«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de
1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría
con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban
próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad,
universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema
General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición
abarcaría varias décadas.
(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
26 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.
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en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a
dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo
poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el
Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables (…)».
32. Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al
periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el
derecho conforme con las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa
de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos.
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE».
33. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes argumentos:
«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden
incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones (…)».
34. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el ingreso base
de liquidación (IBL) para quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en
el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según
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corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa
de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
35. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento
de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de
retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.
36. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente
vinculante y obligatorio27 en la resolución de «todos los casos pendientes de solución
tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.
2.5. Caso concreto
37. En torno a la causal de revisión del literal b) de la norma en que se funda la
acción, la Sala encuentra que para el momento en que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, profirió la decisión objeto de
revisión, el criterio que acogía el Consejo de Estado en relación con el IBL de las
pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición de las leyes 33 de
1985 y 100 de 1993, era el expuesto en la sentencia del 4 de agosto de 201028,
antes referida, según la cual, la expresión «monto», contenida en el artículo 36
ibidem, comprendía «aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y
periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la
27 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto órganos
de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y jurisdiccional
disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades judiciales deben
acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente iguales. Pero
dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la negación
completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en el ejercicio
de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las
autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el precedente judicial
emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de determinadas condiciones»
(sic).
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 4 de agosto de 2010, radicado 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09).
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denominación que se les dé».
38. Al respecto, el ente de previsión recurrente sostuvo que la Corte Constitucional
de tiempo atrás ha fijado reglas según las cuales el IBL no hace parte del régimen
de transición. En efecto, dicha regla fue decantada por la Corte Constitucional a
partir del año 2013 con la sentencia C-258 de manera específica para el caso de las
pensiones de los congresistas y altos dignatarios del Estado. Sin embargo, la
demandante no tiene tal condición, pues se desempeñó como de «profesora»,
adscrita al Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina, en dedicación de
tiempo completo.
39. Empero, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional realizaron
interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL
aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto, la Sala
considera que la sentencia de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca del 15 de agosto de 2017 no fue caprichosa y, por
el contrario, respetó los derroteros jurisprudenciales que para la época había
trazado el Consejo de Estado como máximo tribunal de lo Contencioso
Administrativo y órgano de cierre de la jurisdicción.
40. Lo anterior es así, toda vez que para concluir que el IBL también hacía parte del
régimen de transición se fundamentó en la referida sentencia del 4 de agosto de
2010 que señaló que «cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir a la
normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer ninguno de los aspectos
inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho», especialmente, cuando ello
resulta más favorable para el beneficiario de la prestación; de manera que fue
respetuosa de la tesis jurisprudencial que había decantado la Sección Segunda del
Consejo de Estado para la época.
41. En efecto, el criterio del Consejo de Estado sólo se modificó con la expedición
de la sentencia de unificación del año 2018, por lo que es claro que para la época
en que se profirió la sentencia recurrida [15 de agosto de 2017], la posición era que
las pensiones de los servidores públicos debían liquidarse teniendo en cuenta todos
los factores constitutivos de salario, bajo la consideración de que la aplicación del
régimen de transición debía respetar el principio de la inescindibilidad de la norma.
42. Ahorabien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, ordenó que la pensión de jubilación de Deyanira Pulido de Pfeiffer
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se reliquidara con la inclusión de los factores: «además de los ya reconocidos
(asignación básica, gastos representación docente y bonificación por servicios prestados),
la prima de servicios, la prima de navidad y la prima de vacaciones estas últimas tres de
forma proporcional a una doceava parte». Por su parte, los tenidos en cuenta en el
reconocimiento pensional efectuado mediante las resoluciones CPS 0232 del 8 de
junio de 2007 y CPS 0168 del 30 de mayo de 2008, así como la FP 0228 del 26 de
julio de 2011, mediante la cual le negó la solicitud de reliquidación de la prestación,
correspondieron al «75% del promedio de los factores salariales definidos en el Decreto
1158 de 1994, sobre los cuales cotizó la afiliada en los últimos 10 años» (sic).
43. En relación con lo anterior, se advierte que el tribunal siguió la línea
jurisprudencial fijada en la aludida sentencia del 4 de agosto de 2010, que en lo
particular dispuso:
«De acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en
materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos,
normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a
la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales
que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicios.
[…]
Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices
jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores
públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir
aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como
contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que
se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica,
dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación
por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios,
entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba
el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a
título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del
servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el
trabajador se puede ver enfrentando» [negrillas del original].
44. En virtud de lo anterior, se encuentra que en el expediente obra certificado de
factores devengados expedido el 22 de abril de 2013 por el jefe del grupo salarial y
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prestacional de la Universidad Nacional, sede Bogotá29, según el cual, Deyanira
Pulido de Pfeiffer devengó en el último año de servicio [1° de marzo de 2007 al 29
de febrero de 2008] los siguientes factores: i) asignación básica; ii) asignación
permiso remunerado; iii) gastos de representación docente; iv) bonificación
bienestar universitario; v) bonificación servicios prestados; vi) prima de servicios; vii)
prima de navidad; viii) vacaciones del periodo; y ix) prima de vacaciones.
45. Ahora bien, en la sentencia del 15 de agosto de 2017 se precisó que la
bonificación de bienestar universitario no constituía factor salarial por haber sido
creada por el Consejo Superior Universitario sin competencia legal para establecer
los emolumentos salariales y prestacionales para los empleados públicos del orden
nacional. En cuanto a la asignación permiso remunerado y vacaciones del periodo
señaló que tampoco constituían factores salariales que incrementaran la asignación
ordinaria de Deyanira Pulido de Pfeiffer para efectos pensionales; además, la
asignación «permiso remunerado» fue percibido por fuera del último año de servicio
que se debía tener en cuenta para la liquidación de la pensión.
46. Así entonces, contrario a lo alegado por la entidad recurrente, el juez de
conocimiento aplicó el criterio jurisprudencial adecuado y desarrollado por el
Consejo de Estado, máximo órgano de lo Contencioso-Administrativo, luego de
considerar la obligatoriedad del precedente vertical y la sujeción al superior
funcional, preceptos allí contenidos que se acompasaban en mayor medida con los
principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formas,
inescindibilidad normativa y favorabilidad en materia de derechos laborales. Por lo
tanto, no se advierte una actuación caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por
el contrario, se encuentra razonablemente sustentada y fundamentada.
47. Ahora bien, la sala encuentra acreditado que:
47.1. Deyanira Pulido de Pfeiffer nació el 28 de enero de 195230.
29 Samai, índice 3, documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», página 120.
30 De conformidad con la cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento. Samai, índice 3,
documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», páginas 71 y 72.
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47.2. Laboró al servicio de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, desde
el 3 de abril de 198731 hasta el 1 de marzo de 2008, cuando le fue aceptada la
renuncia a través de la Resolución 225 del 15 de febrero de 200832. El último cargo
que ocupó fue el de «profesora», adscrita al Departamento de Nutrición de la
Facultad de Medicina, en dedicación de tiempo completo.
47.3. Por medio de la Resolución CPS 0232 del 8 de junio de 200733, la directora de
la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia le reconoció
una pensión de jubilación, en consideración al cumplimiento de los requisitos de la
Ley 33 de 1985, equivalente al «75% del promedio de los factores salariales definidos
en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales ha cotizado la afiliada en los últimos diez
años», en cuantía de $2.759.028, sin embargo, el disfrute quedó condicionado al
retiro definitivo del servicio.
47.4. Mediante la Resolución 0168 del 30 de mayo de 200834, suscrita por la directora
de la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia, se reliquidó
la prestación otorgada por el retiro del servicio de la beneficiaria. La cuantía resultó
en $2.932.447, efectiva a partir del 1° de marzo de 2008.
47.5. A través de escrito del 16 de junio de 201135, Deyanira Pulido de Pfeiffer le
solicitó a la Universidad Nacional la reliquidación de la pensión de jubilación en
consideración a la totalidad de emolumentos de salario percibidos en el último año
de servicio, en aplicación de la sentencia del 4 de agosto de 2010.
47.6. A través de la Resolución FP 0228 del 26 de julio de 201136, la directora del
fondo pensional señaló que «no es posible incluir en la liquidación de la pensión factores
distintos a los señalados expresamente en la Ley 33 de 1985, que además coinciden con
los que sirvieron de base para efectuar los aportes para pensión en nombre de la
peticionaria, conforme a lo ordenado por el Decreto 1158 de 1994, que los delimitó». En
torno al régimen de transición de la Ley 100 de 1993 «[e]sta misma norma dispone
que las demás condiciones, distintas a la edad, el tiempo de servicio y el monto, estarán
31 De acuerdo con el certificado de tiempo de servicio expedido por la jefe de División Nacional
Salarial y Prestacional. Samai, índice 3, documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3»
página 74.
32 Samai, índice 3, documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3» páginas 79 y 80.
33 Samai, índice 3, documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3» páginas 77 y 78.
34 Samai, índice 3, documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3» páginas 85 y 86.
35 Samai, índice 3, documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3» página 87.
36 Samai, índice 3, documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3» páginas 90 a 93.
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regulados por la generalidad de la Ley 100 de 1993; razón por la cual, en el caso de los
factores para liquidar la pensión de los beneficiarios del régimen de transición, la norma
aplicable sería el Decreto 1158 de 1994, que señala los factores sobre los cuales deben
aportar los empleados públicos. (…) Es preciso observar que los factores fijados en el
artículo 3° de la Ley 33 de 1985 coinciden con los señalados en el Decreto 1158 de 1994,
de tal modo que, aplicando cualquier teoría, la de la no inclusión de los factores en el
régimen de transición o la teoría de la inescindibilidad, los factores son los mismos, siendo
imposible desde el punto de vista legal cotizar sobre otros factores no contemplados en la
ley, y en consecuencia, también imposible incluirlos en la posterior liquidación de pensión,
lo cual resulta concordante con la Constitución Política» (sic).
47.7. Pormedio de la Resolución 0373 del 18 de septiembre de 201737 en
cumplimiento del fallo objeto de revisión, el Fondo Pensional de la Universidad
Nacional de Colombia reliquidó la pensión de jubilación y, por ende, el monto de la
mesada pensional aumentó a $3.196.321, efectiva a partir del 1° de marzo de 2008,
pero con efectos fiscales a partir del 16 de junio de igual año, por prescripción trienal.
48. Expuesto lo anterior, se tiene que la diferencia que resulta entre el valor que
Deyanira Pulido de Pfeiffer recibía antes de presentar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho ($2.932.447) y la reliquidación efectuada en
cumplimiento de la orden impartida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, ($3.196.321) corresponde a la suma de $263.874.
49. Adicionalmente, se encuentra acreditado que Deyanira Pulido de Pfeiffer laboró
al servicio de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, por más de 20
años, periodo en el que ocupó como último cargo el de «profesora», adscrita al
Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina, en dedicación de tiempo
completo, sin que sea posible establecer que en ese tiempo ocupó otros cargos,
pues la entidad no lo planteó en la presente acción de revisión y, de las pruebas
que reposan en el plenario, no se puede determinar con certeza, pues solo dan
constancia del tiempo y del ejercicio de dicho cargo en esa dependencia del ente
universitario.
50. Asimismo, que en el acto administrativo que dio cumplimiento a la sentencia se
dispuso el descuento por aportes en salud, pensión y solidaridad sobre los
conceptos incluidos en la reliquidación y que no se hubieran realizado,
37 Samai, índice 3, documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3» páginas 195 a 203.
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específicamente, sobre aquellos «no señalados en la Ley 33 de 1985» esto es, las
primas de servicios, de navidad y de vacaciones, así:
«ARTÍCULO 3° Del valor del retroactivo bruto a pagar por concepto de las diferencias
pensionales, equivalente a la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS
VEINTINUEVE MIL CUATROSCIENTOS SESENTA PESOS ($45.529.460), se ordenará
el pago por concepto de aportes a salud la suma de CINCO MILLONES CINCUENTA Y
SIETE MIL PESOS ($5.057.000) a favor del UNISALUD.
ARTÍCULO 4° Del valor del retroactivo neto a pagar generado en el artículo anterior,
equivalente a la suma de CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS
MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($40.472.460), se ordenará el pago por
concepto de aportes retroactivos de seguridad social no aplicados a los factores
extralegales, en los siguientes valores:
Por pensión, a favor del Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia, una
suma de NUEVE MILLONES CIEN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
($9.100.831,00).
Por Solidaridad, a favor del Fondo de Solidaridad Pensional, una suma de DOS
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES PESOS ($2.643.483,00)» (sic).
51. En el anterior acto se aclaró que en relación con los factores legales no se
realizaría ningún descuento porque los mismos ya habían sido efectuados por la
universidad.
52. Así las cosas, la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, sobre
la pensión de vejez reconocida a Deyanira Pulido de Pfeiffer, no evidenció un
incremento desproporcionado o que no guardara relación con su trayectoria laboral.
53. En consecuencia, la liquidación de la pensión no excedió lo debido de acuerdo
con la ley, pues se demostró que i) era beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que al 1 de abril de 199438
contaba con más de 40 años de edad; ii) prestó sus servicios por más de 20 años
en la Universidad Nacional de Colombia; y iii) durante el último año de servicio
percibió las primas de servicios, de navidad y de vacaciones, de las cuales el
tribunal ordenó la reliquidación de la prestación.
38 Fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del
orden nacional.
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54. Lo anterior, se armoniza con la tesis jurisprudencial del 4 de agosto de 2010,
vigente para ese momento según la cual el IBL hacía parte del régimen de
transición y se debían incluir todos los factores salariales devengados. Esta posición
permite salvaguardar pilares y principios superiores tales como la seguridad
jurídica39.
55. Finalmente, valga señalar que en la sentencia del 28 de agosto de 2018 40 la Sala
Plena del Consejo de Estado precisó que las referidas reglas de unificación serían
obligatorias para los casos en discusión en sede administrativa y judicial, por lo que
resultan inmodificables aquellas decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada,
en garantía del principio de seguridad jurídica, pues «[n]o puede entenderse, en
principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o
fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de
revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez,
en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada».
56. Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia del 15 de agosto de 2017
proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b) de la Ley
797 de 2003 y por tanto se declarará infundada la acción de revisión interpuesta por
el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia.
2.6. Costas
57. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se
dispondrá sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto y porque no se
advierte que el recurso se presentara con manifiesta carencia de fundamento legal.
39 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes
para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver:
Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación:
11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión,
sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante:
Cajanal EICE en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de
2019, radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018,
expediente 52001 23 33 000 2012 00143 01 (IJ).
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3. Conclusión
58. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de la causal invocada, esto es, la señalada en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que el Fondo Pensional
de la Universidad Nacional de Colombia presentó contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el
15 de agosto de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva de la
providencia.
Segundo. No condenar en costas.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
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Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
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