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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00096-00

Fecha
12 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00096-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. SEGUNDO. DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio del Trabajo. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Radicación: 11001-03-25-000-2023-00096-00 (1304-2023) Demandante: Asociación Colombiana de Ciudades Capitales TERCERO. NEGAR las pretensiones de la demanda. CUARTO. Sin condena en costas. QUINTO. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00096-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00096-00 (1304-2023)
Demandante: Asociación Colombiana de Ciudades Capitales
Demandados: Nación – Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación
Nacional, Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República

Temas: Potestad reglamentaria del Gobierno nacional. Distribución de
competencias entre las entidades territoriales certificadas en
educación y el FOMAG para el reconocimiento, liquidación y
pago de las cesantías de los docentes.

Decisión: Negar las pretensiones de la demanda.

La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra el Decreto 942 de 2022,
«[p]or el cual se modifican algunos artículos de la Sección 3, Capitulo 2, Título 4,
Parte 4, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector
Educación- sobre el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras
disposiciones», expedido por las autoridades accionadas.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (en adelante,
ASOCAPITALES) indicó que el acto acusado se expidió con desconocimiento de
los artículos 150, numerales 4 y 19, literal e), 151, 288, 334 y 356 de la Constitución
Política.

2. En relación con el artículo 356, afirmó que el decreto demandado en sus
artículos 2 y 3 trasladó a las entidades territoriales la obligación de reconocer y
liquidar las cesantías de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (en adelante, FOMAG), así como la responsabilidad de
tramitar y resolver las solicitudes de reconocimiento y pago de la sanción moratoria
generada por el pago tardío de dicha prestación, sin prever la asignación previa de
los recursos fiscales necesarios para financiarla. En su criterio, ello desconoce la

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Demandante: Asociación Colombiana de Ciudades Capitales

prohibición constitucional de descentralizar competencias sin garantizar su
correspondiente financiación.

3. Respecto del artículo 334, señaló que el Gobierno nacional no efectuó el
análisis del impacto fiscal que exige el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 frente a
toda norma que ordene un gasto adicional, requisito que también vincula a los
decretos presidenciales que atribuyan cargas económicas a las entidades
territoriales. Añadió que esa omisión desconoció el principio de sostenibilidad fiscal
que orienta la actuación de las autoridades públicas.

4. En cuanto al numeral 4 del artículo 150, manifestó que la atribución de
competencias a las entidades territoriales es una materia reservada de manera
exclusiva al Congreso de la República en ejercicio de su cláusula general de
competencia legislativa, motivo por el cual consideró que el Gobierno nacional
extralimitó su potestad reglamentaria al asignar a las secretarías de educación
territoriales la decisión sobre el reconocimiento y liquidación de las cesantías de los
docentes y el pago de la sanción moratoria, materia que, a su juicio, correspondía
fijar al legislador.

5. Frente al literal e) del numeral 19 del artículo 150, adujo que corresponde al
Congreso de la República, mediante ley marco, dictar las normas generales y
señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional
para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. A su juicio,
el Decreto 942 de 2022 excedió esa facultad al alterar el esquema legal de
reconocimiento y pago de las cesantías de los docentes, pues trasladó a las
entidades territoriales una competencia que las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005
habían atribuido al FOMAG.

6. En lo relativo al artículo 151, mencionó que la distribución de competencias
entre la Nación y las entidades territoriales está sometida a reserva de ley orgánica,
razón por la cual no podía efectuarse mediante el Decreto 942 de 2022.

7. Finalmente, en relación con el artículo 288 sostuvo que el acto demandado
desconoció los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad porque
las entidades territoriales no fueron consultadas ni vinculadas durante su
expedición, ni se evaluó su capacidad institucional y financiera para asumir las
obligaciones que les fueron atribuidas.

Contestaciones de la demanda

8. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (en
adelante, DAPRE) alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, al sostener
que no debía comparecer como demandado ni asumir la defensa judicial del
decreto acusado. Explicó que, cuando se controvierte la legalidad de actos
expedidos por el Gobierno nacional con la firma del presidente de la República y de
los ministros, la representación judicial de la Nación corresponde a estos últimos,
en su condición de responsables de su contenido y no al DAPRE.

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9. Sin perjuicio de lo anterior, expuso que el Decreto 942 de 2022 fue expedido
con fundamento en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en
el artículo 16 de la Ley 91 de 1989, que faculta al presidente de la República para
reglamentar los aspectos necesarios para el funcionamiento del FOMAG.

10. Mencionó que, contrario a lo sostenido por la parte actora, el decreto
desarrolló el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, que asignó a las secretarías de
educación de las entidades territoriales el reconocimiento y liquidación de las
cesantías de los docentes, conservó su pago a cargo del FOMAG y estableció la
responsabilidad de las entidades territoriales por la sanción moratoria cuando el
pago extemporáneo les fuera imputable.

11. Afirmó que el acto acusado no modificó el régimen prestacional de los
docentes ni atribuyó nuevas competencias a las entidades territoriales, sino que
reglamentó y armonizó las funciones previstas en la Ley 91 de 1989, la Ley 962 de
2005, la Ley 1071 de 2006 y, especialmente, en el artículo 57 de la Ley 1955 de
2019, con el propósito de optimizar el procedimiento para el reconocimiento y pago
de las prestaciones económicas a cargo del FOMAG.

12. Finalmente, señaló que el Gobierno nacional actuó dentro de los límites de
la potestad reglamentaria, pues el Decreto 942 de 2022 se limitó a desarrollar las
disposiciones legales que regulan el reconocimiento y pago de las cesantías de los
docentes, sin invadir materias reservadas al legislador.

13. El Ministerio del Trabajo argumentó que carecía de legitimación en la
causa por pasiva porque el Decreto 942 de 2022 regula el reconocimiento y pago
de las prestaciones económicas de los docentes afiliados al FOMAG y la
distribución de funciones entre las entidades territoriales certificadas en educación
y la sociedad fiduciaria que administra sus recursos, asuntos propios del sector
educativo.

14. Agregó que, conforme al artículo 2 del Decreto Ley 4108 de 2011, sus
funciones se circunscriben a la formulación, dirección y evaluación de las políticas
relacionadas con el trabajo, el empleo, las pensiones y las demás materias
atribuidas al sector administrativo del trabajo. En consecuencia, sostuvo que el
contenido del acto demandado era ajeno a sus atribuciones y que no le
correspondía pronunciarse sobre los cargos formulados contra este.

15. El Ministerio de Educación Nacional se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda. En primer lugar, indicó que el Decreto 942 de 2022
fue expedido en ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en el numeral 11 del
artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 16 de la Ley 91 de 1989 y en
desarrollo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

16. Explicó que esta última disposición atribuyó a las secretarías de educación
territoriales el reconocimiento y liquidación de las cesantías de los docentes,

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mantuvo su pago a cargo del FOMAG y responsabilizó a las entidades territoriales
por la sanción moratoria cuando el retraso les fuera imputable.

17. En ese contexto, aseguró que el acto demandado no creó competencias ni
modificó el régimen prestacional de los docentes, sino que reglamentó el
procedimiento para el reconocimiento y pago de sus cesantías y armonizó las
funciones de las entidades territoriales certificadas en educación y de la sociedad
fiduciaria encargada de administrar los recursos del FOMAG.

18. En cuanto al presunto desconocimiento del artículo 356 de la Constitución
Política, señaló que el decreto no descentralizó nuevas competencias ni impuso
obligaciones distintas de las previstas en la ley. En esa misma línea, sostuvo que
la sanción moratoria no constituye un gasto impuesto por el acto acusado, pues
solo se genera cuando la entidad territorial incumple los plazos establecidos para
el reconocimiento de las cesantías, razón por la cual tampoco se vulneró el artículo
334 superior.

19. Respecto de los numerales 4 y 19 del artículo 150 de la Constitución
Política, manifestó que el Gobierno nacional no invadió competencias del
Congreso, porque el decreto no facultó a las entidades territoriales para modificar
la ley ni alteró el régimen salarial o prestacional de los docentes.

20. Por último, añadió que no se desconocieron los artículos 151 y 288
superiores, pues la función de reconocer y liquidar las cesantías ya había sido
asignada a las entidades territoriales por la Ley 91 de 1989, la Ley 962 de 2005 y
el Decreto 2831 de 2005.

Trámite de sentencia anticipada

21. Mediante auto del 7 de mayo de 2026 se dispuso el trámite de sentencia
anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, al evidenciarse la
concurrencia de las causales previstas en los literales a), b) y c) del numeral 1 de
esa disposición. En consecuencia, se resolvió sobre el decreto de pruebas, se fijó
el litigio y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para rendir concepto.

Alegatos de conclusión

22. ASOCAPITALES reiteró los argumentos expuestos en la demanda y
solicitó acceder a las pretensiones. Añadió que el Decreto 942 de 2022 impuso a
las entidades territoriales siete (7) deberes relacionados con la gestión de las
solicitudes prestacionales, amplió los supuestos de responsabilidad por el pago de
la sanción moratoria a los términos para resolver de fondo, para notificar y para
decidir recursos, y creó un procedimiento para tramitar y resolver esas solicitudes.

23. También señaló que ni la motivación del decreto ni sus antecedentes
administrativos contienen un análisis sobre los costos de implementación, las

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contingencias derivadas de la sanción moratoria, las fuentes de financiación o la
capacidad institucional y financiera de las entidades territoriales para asumir las
obligaciones impuestas.

24. Adujo que el Gobierno nacional excedió el artículo 57 de la Ley 1955 de
2019, al extender a prestaciones distintas de las cesantías el trámite de aprobación
previa a cargo de la sociedad fiduciaria, con la consecuente exposición de los
servidores territoriales a responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal, e imponer
obligaciones cuyo cumplimiento depende de la plataforma tecnológica dispuesta
por la Fiduprevisora.

25. Asimismo, sostuvo que el decreto modificó el régimen prestacional del
magisterio, al trasladar a las entidades territoriales funciones que correspondían al
FOMAG y a la sociedad fiduciaria. Por último, agregó que esa distribución de
competencias estaba sometida a reserva de ley orgánica y desconoció el principio
de coordinación.

26. El Ministerio del Trabajo insistió en que se declarara probada la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva.

27. El Ministerio de Educación Nacional solicitó negar las pretensiones de la
demanda. Precisó que el Decreto 942 de 2022 no creó las competencias discutidas,
sino que se limitó a reglamentar, en ejercicio de la potestad prevista en el numeral
11 del artículo 189 de la Constitución Política, la distribución de funciones que el
artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 estableció entre las secretarías de educación
territoriales y el FOMAG.

28. Con fundamento en esa premisa, sostuvo que el decreto no desconoció los
artículos 356 y 334 de la Constitución Política, porque no creó nuevas
competencias ni obligaciones fiscales, sino que reglamentó la distribución de
funciones y la responsabilidad por la sanción moratoria previstas en la ley.

29. Aseguró que tampoco vulneró el numeral 4 ni el literal e) del numeral 19 del
artículo 150 superior, pues no sustituyó al legislador ni modificó el régimen
prestacional de los docentes, sino que reguló aspectos operativos del trámite.

30. Finalmente, afirmó que no se desconocieron los artículos 151 y 288 de la
Constitución, dado que la asignación de funciones provenía de la ley y el proyecto
de decreto fue publicado y socializado para recibir observaciones. Como respaldo
de su postura, citó el auto que negó la medida cautelar y solicitó declarar ajustado
a derecho el Decreto 942 de 2022.

31. El DAPRE y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

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32. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.

Problemas jurídicos

33. La Sala deberá determinar, en primer lugar, si el DAPRE y el Ministerio del
Trabajo carecen de legitimación en la causa por pasiva para comparecer como
demandados en este proceso.

34. Definido lo anterior, deberá establecer si el Decreto 942 de 2022
desconoció el artículo 356 de la Constitución Política, al atribuir a las entidades
territoriales la competencia para reconocer y liquidar las prestaciones económicas
de los docentes afiliados al FOMAG, así como para tramitar las solicitudes de
reconocimiento y pago de la sanción moratoria causada por el pago tardío de las
cesantías, sin asignarles previamente los recursos fiscales suficientes para atender
esas obligaciones.

35. Asimismo, se examinará si el decreto acusado vulneró el artículo 334 de la
Constitución Política, al asignar competencias a las entidades territoriales sin
determinar los costos fiscales asociados ni las fuentes necesarias para financiarlas,
en desconocimiento del principio de sostenibilidad fiscal.

36. La Sala también resolverá si el acto demandado desconoció el numeral 4
del artículo 150 superior, por haber atribuido competencias a las entidades
territoriales en una materia reservada al legislador.

37. De igual manera, se estudiará si el decreto enjuiciado desconoció el literal
e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, al exceder la potestad
reglamentaria del Gobierno nacional y modificar el régimen prestacional de los
docentes mediante el traslado a las entidades territoriales de funciones que, según
la parte actora, correspondían al FOMAG.

38. Por último, deberá determinarse si el Decreto 942 de 2022 desconoció los
artículos 151 y 288 de la Constitución Política, porque la asignación de
competencias a las entidades territoriales solo podía efectuarse mediante ley
orgánica y porque se habría vulnerado el principio de coordinación, al no
consultarlas ni vincularlas durante el trámite de expedición del decreto ni evaluar su
capacidad institucional y financiera para asumir las obligaciones atribuidas.

Análisis de los problemas jurídicos

39. La Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por el DAPRE porque no le corresponde integrar la parte

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demandada ni asumir la defensa judicial de los decretos acusados, en la medida
en que estos fueron suscritos por el presidente de la República y por los ministros
de Trabajo y de Educación, en quienes recae la representación del Gobierno
nacional por expreso mandato de los artículos 115 de la Constitución Política y 159
del CPACA.

40. En cambio, declarará no probada la excepción formulada por el Ministerio
del Trabajo, pues esa cartera intervino en la expedición del decreto y la materia
regulada guarda relación directa con sus competencias, por lo que está llamada a
responder por su legalidad.

41. Por otra parte, se negarán las pretensiones de la demanda porque los
cargos parten de la premisa equivocada de que el Decreto 942 de 2022 atribuyó a
las entidades territoriales la función de reconocer y liquidar las cesantías de los
docentes y la responsabilidad por el pago de la sanción moratoria. Sin embargo,
esas determinaciones fueron adoptadas directamente por el artículo 57 de la Ley
1955 de 2019, mientras que el acto acusado se limitó a reglamentar los términos,
el procedimiento y los instrumentos para su aplicación. En consecuencia, el decreto
no descentralizó competencias sin recursos, no invadió materias reservadas al
Congreso ni modificó el régimen prestacional del magisterio. Tampoco le eran
exigibles el análisis de impacto fiscal ni las condiciones propias del trámite
legislativo mediante el cual se efectuó la distribución de competencias cuestionada.

Falta de legitimación en la causa por pasiva del DAPRE y el Ministerio del
Trabajo

42. El DAPRE y el Ministerio del Trabajo propusieron la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva. El primero sostuvo que no le corresponde
integrar la parte demandada ni asumir la defensa judicial del Decreto 942 de 2022,
pues este fue suscrito por el presidente de la República y los ministros del Trabajo
y de Educación Nacional. El segundo afirmó que el contenido del acto acusado es
ajeno a las funciones que el artículo 2 del Decreto Ley 4108 de 2011 atribuye al
Ministerio del Trabajo.

43. Al respecto, el inciso tercero del artículo 115 de la Constitución Política
dispone que «El Presidente y el Ministro o Director de Departamento
correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno». Asimismo,
la norma dispone que son los ministros los responsables de los actos que expida el
Gobierno nacional. A su turno, el artículo 159 del CPACA señala que la Nación
estará representada judicialmente por los ministros o directores de los
departamentos administrativos.

44. De esas disposiciones se desprende que, cuando se demanda la legalidad
de un acto administrativo expedido por el Gobierno nacional, la parte pasiva está
integrada por la Nación, representada judicialmente por el ministro o director de
departamento administrativo que intervino en la expedición de la norma.

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45. En el presente asunto, el Decreto 942 de 2022 fue suscrito por el presidente
de la República y los ministros del Trabajo y de Educación Nacional. En
consecuencia, la representación judicial de la Nación frente al control de legalidad
promovido corresponde a esos ministerios.

46. Por tanto, la Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva propuesta por el DAPRE.

47. Distinta conclusión se impone respecto de la excepción formulada por el
Ministerio del Trabajo. Aunque esa cartera sostuvo que el contenido del decreto es
ajeno a sus funciones, lo cierto es que intervino en su expedición y que la materia
regulada guarda relación directa con las competencias de los ministerios del
Trabajo y de Educación Nacional.

48. En efecto, el Decreto 942 de 2022 regula el reconocimiento y pago de
prestaciones económicas de los docentes afiliados al FOMAG, así como la
responsabilidad derivada del pago tardío de las cesantías, asuntos que
comprometen competencias de ambas carteras. Por esa razón, en lo que concierne
a la expedición del acto acusado, fue conformado por los dos ministerios y por ende
ambas se encuentran llamadas a responder por su juridicidad.

49. En consecuencia, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio del Trabajo.

Facultad reglamentaria del Gobierno nacional

50. El numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política prevé que el
presidente de la República ejerce «la potestad reglamentaria, mediante la
expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida
ejecución de las leyes». Esta facultad, de carácter permanente y exclusivo, tiene
por objeto desarrollar y hacer operativas las disposiciones legales, esto es, que el
carácter general, impersonal y abstracto de la ley pueda ser concretizado en reglas
y parámetros que permitan su adecuada ejecución.

51. En ese sentido, la potestad reglamentaria no habilita al Ejecutivo para crear,
modificar o derogar el contenido material de la ley, sino que se encuentra
estrictamente subordinada a esta, de modo que su ejercicio debe limitarse a
precisar los aspectos necesarios para su aplicación, sin desbordar el marco
normativo fijado por el legislador.

52. En esa línea, el Consejo de Estado ha precisado que el grado de amplitud
o detalle con que el legislador haya regulado un asunto determina el margen de
actuación del ejecutivo. Por ende, «ante menos cantidad de materia regulada en la
ley, existe un mayor campo de acción para el ejercicio de la potestad reglamentaria,
y viceversa. De hecho, el alcance de la potestad reglamentaria depende de la
valoración política que el Legislador haga de la materia que desarrolla pues puede
regular íntegramente una materia sin dejar margen alguna a la reglamentación, o

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abstenerse de reglar algunos aspectos, que el Presidente la reglamente para su
debida aplicación»1.

53. De lo anterior se desprende que cuando el ejecutivo traspasa esos límites
e introduce regulación que el legislador no previó o que contradice lo que este
dispuso, incurre en una extralimitación de la potestad reglamentaria que vicia de
nulidad el acto expedido.

54. En ese marco, para determinar si el Gobierno nacional se extralimitó en el
ejercicio de su potestad reglamentaria, es necesario establecer el contenido y
alcance de la norma habilitante, esto es, el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, a fin
de precisar si el legislador delimitó la materia objeto de reglamentación y señaló
parámetros suficientes para su desarrollo por parte del Ejecutivo.

55. El artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, dispuso lo siguiente:

Artículo 57. Eficiencia en la administración de los recursos del fondo nacional de
prestaciones sociales del magisterio. Las cesantías definitivas y parciales de los docentes
de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación
de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán
reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte
de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la
Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El
acto administrativo de reconocimiento de la pensión se hará mediante resolución que llevará
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.

Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo deberá aplicar
el principio de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago
de las obligaciones definidas por la ley, con excepción de los recursos provenientes del Fondo
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). En todo caso, el Fondo debe
priorizar el pago de los servicios de salud y de las mesadas pensionales de los maestros.

Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo podrán
destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a
sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá decretarse el pago de
indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los recursos del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Parágrafo. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago
de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como
consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la
solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.
[…]

56. Como se observa, el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 definió
expresamente la distribución de funciones entre las secretarías de educación
territoriales y el FOMAG en materia de cesantías de los docentes. En particular,
atribuyó a las primeras el reconocimiento y liquidación de esa prestación, mantuvo

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 11 de

junio de 2020, radicado: 11001-03-24-000-2004-00343-01.

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su pago a cargo del FOMAG y estableció los eventos en los que la entidad territorial
debe asumir el pago de la sanción moratoria.

57. En consecuencia, la ley determinó las competencias de cada uno de los
sujetos que intervienen en ese trámite y delimitó el ámbito dentro del cual podía
ejercerse la potestad reglamentaria del Gobierno nacional. Corresponde entonces
establecer si el Decreto 942 de 2022 se limitó a desarrollar esas previsiones legales
o si, por el contrario, creó competencias u obligaciones que el legislador no
contempló.

58. El artículo 2 del decreto demandado modificó varias disposiciones del
Decreto 1075 de 2015 relacionadas con el reconocimiento y pago de las
prestaciones económicas de los docentes afiliados al FOMAG. En lo relevante para
este proceso, reglamentó la forma en que las entidades territoriales certificadas en
educación debían ejercer la función de reconocimiento y liquidación ya prevista en
el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, precisando el trámite de recepción y
radicación de solicitudes, la certificación de la información pertinente y el término
de quince días hábiles para resolver, así como el término de cuarenta y cinco días
hábiles dentro del cual la sociedad fiduciaria debía efectuar el pago de las cesantías
reconocidas.

59. El mismo artículo 2 modificó el artículo 2.4.4.2.3.2.28, referente a la sanción
moratoria ya prevista en el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, que la
hacía exigible cuando el pago extemporáneo se generara por el incumplimiento de
los plazos de radicación o entrega de la solicitud ante el FOMAG. El decreto precisó
que esa sanción también se generaría por el incumplimiento de los términos fijados
en el propio decreto para resolver la solicitud de reconocimiento, notificar el acto
administrativo y resolver los recursos que se interpongan en su contra.

60. El artículo 3, a su turno, subrogó el artículo 2.4.4.2.3.2.29 y reglamentó el
trámite de las solicitudes encaminadas a obtener el reconocimiento y pago de esa
sanción, fijando en quince días hábiles el término con que cuenta la entidad
territorial certificada para pronunciarse de fondo sobre su responsabilidad.

61. De la comparación entre el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto
942 de 2022 se advierte que este último no creó la función de reconocer y liquidar
las cesantías ni estableció originalmente la responsabilidad de las entidades
territoriales por el pago de la sanción moratoria. Estas determinaciones fueron
adoptadas directamente por el legislador, mientras que el acto demandado reguló
los términos, el procedimiento y los instrumentos tecnológicos para su aplicación.

62. Bajo esa premisa, corresponde estudiar si el acto demandado desconoció
las siguientes normas invocadas:

Artículo 356 de la Constitución Política

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63. La parte actora sostuvo que el Decreto 942 de 2022 desconoció el artículo
356 de la Constitución Política porque trasladó a las entidades territoriales
funciones relacionadas con el reconocimiento y liquidación de las cesantías de los
docentes, así como la responsabilidad por el pago de la sanción moratoria, sin
asignarles previamente los recursos fiscales necesarios para asumirlas.

64. El tercer inciso del artículo 356 de la Constitución Política dispone que «no
se podrá descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos
fiscales suficientes para atenderlas». La aplicación de esta regla presupone que la
norma cuestionada haya trasladado una competencia de la Nación a una entidad
territorial.

65. Como se estableció, el Decreto 942 de 2022 no trasladó a las entidades
territoriales certificadas en educación la función de reconocer y liquidar las
cesantías de los docentes ni la responsabilidad por el pago de la sanción moratoria
en el supuesto previsto en el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, pues
esas determinaciones ya habían sido adoptadas por el legislador antes de la
expedición del acto acusado, el cual se limitó a reglamentar el procedimiento, los
términos y los instrumentos tecnológicos para su cumplimiento.

66. En esas condiciones, el cargo no está llamado a prosperar porque el
presupuesto exigido por el artículo 356 superior, esto es, que el acto acusado haya
descentralizado una competencia, no se configura respecto del Decreto 942 de
2022. La eventual obligación de asignar previamente los recursos fiscales recaía
sobre la Ley 1955 de 2019, que efectuó la distribución de funciones entre las
entidades territoriales y el FOMAG, y no sobre el decreto reglamentario que
desarrolló esa disposición.

Artículo 334 de la Constitución Política

67. ASOCAPITALES señaló que el Gobierno nacional no efectuó el análisis del
impacto fiscal que exige el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 frente a toda norma que
ordene un gasto adicional, exigencia que, en su criterio, también vincula a los
decretos presidenciales que atribuyan cargas económicas a las entidades
territoriales. Añadió que esa omisión desconoció el principio de sostenibilidad fiscal
que orienta la actuación de las autoridades públicas.

68. El tercer inciso del artículo 334 de la Constitución Política dispone que «la
sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro
de sus competencias, en un marco de colaboración armónica». Por su parte, el
artículo 7 de la Ley 819 de 20032 impone al Congreso de la República, en el trámite

2 Artículo 7. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de

cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios
tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias
de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada
para el financiamiento de dicho costo.

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de todo proyecto de ley que ordene un gasto o conceda un beneficio tributario, el
deber de considerar expresamente sus costos fiscales y la fuente de ingreso
adicional para su financiamiento, y establece que corresponde al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público rendir concepto sobre esa consistencia.

69. Esa exigencia recae sobre el trámite legislativo, pues es en ese momento
donde el Congreso, con el concepto previo del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, decide si autoriza el gasto o el beneficio tributario propuesto y con qué
alcance. Por esa razón, el deber de evaluar el impacto fiscal se predica del acto
que ordena el gasto, esto es, de la ley, y no de los actos posteriores que se limitan
a reglamentar su ejecución sin crear una obligación económica distinta de la ya
autorizada por el legislador.

70. En el presente caso, fue el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 el que asignó
a las entidades territoriales certificadas la función de reconocer y liquidar las
cesantías de los docentes y la responsabilidad por la sanción moratoria en el evento
allí previsto. El Decreto 942 de 2022, según se explicó, no creó esas cargas, sino
que se limitó a reglamentar su ejecución.

71. En ese sentido, el deber de análisis de impacto fiscal recaía sobre el trámite
legislativo de la Ley 1955 de 2019, y no sobre el decreto reglamentario demandado
en este proceso, por lo que este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.

Artículo 150 de la Constitución Política

72. ASOCAPITALES aseguró que el Decreto 942 de 2022 desconoció el
artículo 150 de la Constitución Política porque el Gobierno nacional ejerció
competencias reservadas al Congreso de la República. Frente al numeral 4, afirmó
que el reglamento atribuyó a las entidades territoriales funciones que solo podían
ser establecidas por la ley y, respecto del literal e) del numeral 19, indicó que
modificó el régimen prestacional de los docentes al trasladarles competencias que
las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 habían asignado al FOMAG.

73. El numeral 4 del artículo 150 de la Constitución Política atribuye al
Congreso de la República la función de «fijar las bases y condiciones para crear,
eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus
competencias». Por su parte, el literal e) del numeral 19 del mismo artículo dispone
que corresponde al Congreso «dictar las normas generales, y señalar en ellas los

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el
Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el
inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano
Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso.
Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una reducción
de ingresos, deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o
aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva
Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces.

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objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno» para «fijar el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos […]».

74. Ambos reproches parten de que el Decreto 942 de 2022 fue la fuente de la
asignación de funciones cuestionada. Sin embargo, como se estableció, fue el
artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 el que atribuyó a las entidades territoriales
certificadas en educación el reconocimiento y liquidación de las cesantías de los
docentes y determinó su responsabilidad por la sanción moratoria en el supuesto
allí previsto. El decreto acusado reguló los términos, el procedimiento y los
instrumentos para el cumplimiento de esas disposiciones.

75. Por consiguiente, el Gobierno nacional no invadió la competencia legislativa
prevista en el numeral 4 del artículo 150 ni modificó mediante el reglamento el
régimen prestacional al que se refiere el literal e) del numeral 19, pues las
determinaciones cuestionadas fueron adoptadas previamente por el Congreso.

Artículo 151 y 288 de la Constitución Política

76. La parte actora manifestó que el Decreto 942 de 2022 desconoció el
artículo 151 de la Constitución Política porque la asignación de competencias a
las entidades territoriales solo podía efectuarse mediante ley orgánica y no a través
de un decreto presidencial.

77. Asimismo, sostuvo que el acto acusado vulneró el artículo 288 superior,
pues desconoció los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad al
no consultar ni vincular a las entidades territoriales durante su expedición, ni evaluar
su capacidad institucional y financiera para asumir las obligaciones que les fueron
atribuidas.

78. El artículo 151 de la Constitución Política dispone que el Congreso expedirá
leyes orgánicas relativas, entre otras materias, «a la asignación de competencias
normativas a las entidades territoriales». Por su parte, el artículo 288 establece que
la ley orgánica de ordenamiento territorial definirá la distribución de competencias
entre la Nación y las entidades territoriales y que estas serán ejercidas conforme a
los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

79. Ambos reproches parten de la premisa de que el Decreto 942 de 2022 fue
la norma que asignó a las entidades territoriales las funciones cuestionadas. No
obstante, como se explicó, esa distribución fue efectuada por el artículo 57 de la
Ley 1955 de 2019, mientras que el acto acusado reguló los términos, el
procedimiento y los instrumentos necesarios para su ejecución.

80. Por consiguiente, si la asignación de esas competencias estaba sometida
a reserva de ley orgánica y debía adoptarse con observancia de los principios
previstos en el artículo 288 superior, tales exigencias recaían sobre el trámite de
expedición de la Ley 1955 de 2019 y no sobre el decreto reglamentario, que no fue
la fuente de la distribución funcional cuestionada.

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81. Así las cosas, ninguno de los cargos formulados contra el Decreto 942 de
2022 está llamado a prosperar, por lo que la Sala negará las pretensiones de la
demanda.

Condena en costas

82. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.

83. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla
general, no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de
interés público; y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este
escenario cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal.
La norma hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo
particular al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser
promovidos por cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos
subjetivos en favor de un sujeto determinado.

84. En el caso concreto, se tiene que la demanda fue incoada en ejercicio del
medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general
al abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por cualquier
persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente de
fundamento legal, toda vez que se plantearon cuestionamientos jurídicos contra el
acto administrativo demandado que debieron ser analizados en la sentencia. En
consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en el presente proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República.

SEGUNDO. DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por el Ministerio del Trabajo.

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TERCERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.

CUARTO. Sin condena en costas.

QUINTO. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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