Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00113-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00113-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00113-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00113-00 (1479-2023)
Demandante: Flor Marina Vargas Velásquez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Causal 5. ° del artículo 250 de la Ley 1137 de 2011.
Presupuestos de configuración. Debido Proceso. Principio de
congruencia.
Decisión: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión.
I. ASUNTO
1. Se decide el recurso extraordinario de revisión consagrado en el artículo 248
y siguientes de la Ley 1137 de 2011, presentado por la señora Flor Marina Vargas
Velásquez en contra de la sentencia del 19 de julio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “F”
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-33-35-010-2017-00089-01.
II. ANTECEDENTES
2.1 Proceso ordinario inicial.1
2.1.1 La demanda.
2. La señora Flor Marina Vargas Velásquez, por intermedio de apoderado,
instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo
contra el Ministerio de educación - FOMAG, con el objetivo de obtener, en
síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:
• Se declare la nulidad parcial de las Resoluciones 04929 del 22 de agosto
de 2003 y 01270 del 30 de marzo de 2004, y la nulidad de la Resolución
7896 del 31 de octubre de 2016 expedidas por el Fondo Nacional de
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“020RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_01FOLIO1AFOLIO208PD.pdf” página 61-118.
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Recurso Extraordinario de Revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00113-00 (1479-2023)
Radicado: Flor Marina Vargas Velásquez
Prestaciones Sociales del Magisterio - Secretaría de Educación de
Bogotá, a través de las cuales se reconoció una pensión de invalidez, se
ajustó la misma, y, se negó la inclusión de la bonificación remunerativa
especial de ruralidad en la liquidación de la prestación, respectivamente.
• A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene a la entidad
reliquidar la pensión de invalidez con el 100% del último ingreso salarial
devengado, con la inclusión de todos los factores salariales devengados,
especialmente, la bonificación remunerativa especial de ruralidad, así
como el pago de las diferencias causadas, con los correspondientes
ajustes de ley, desde la fecha de adquisición del estatus de pensionada;
el pago de intereses moratorios de conformidad con el artículo 192 de la
Ley 1437 de 2011, y a dar cumplimiento a la condena en los términos de
ley y condenar en costas y agencias en derecho a la entidad accionada
2.1.2 Hechos Relevantes
3. Señaló que la señora Flor Marina Vargas Velásquez se vinculó al servicio como
docente mediante el Decreto 0141 del 6 de febrero de 1984, expedido por la Secretaría
de Educación de Bogotá, y fue retirada del servicio por la Resolución 1301 del 5 de mayo
de 2003, quedando en condición de pensionada desde el 14 de mayo de 2003.
4. Desde esa fecha recibe una pensión de invalidez liquidada en base al 100%
del salario devengado en el último mes de servicio.
5. Para el momento de estructuración de la invalidez -14 de mayo de 2003-,
afirma que devengaba, entre otros, los siguientes factores: asignación básica,
sobresueldo del 10%, prima de alimentación, prima especial, prima de navidad y
prima de vacaciones, los cuales fueron considerados en la liquidación inicial de
la prestación.
6. Adicionalmente, expone que mediante sentencia del Juzgado Treinta
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá del 17 de junio de 2011 se ordenó
el reconocimiento y pago de la bonificación remunerativa especial de ruralidad
por el período comprendido entre el 1.° de enero de 2002 y el 13 de mayo de
2003, decisión que fue cumplida por la administración salvo su inclusión en la
liquidación de la pensión como factor salarial, la cual equivale a un salario anual
o la proporción correspondiente a cada mes.
7. El 16 de agosto de 2016 solicitó la reliquidación de la prestación incluyendo
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Radicado: Flor Marina Vargas Velásquez
dicha bonificación, pero la petición fue negada mediante la Resolución 7896 del
31 de octubre de 2016.
2.1.3 Normas violadas y concepto de violación
8. Como disposiciones vulneradas, adujo que el acto administrativo acusado,
desconoció los artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 48, 53, 83, 84, 95, 209 y 228 de la
Constitución Política de Colombia y las Leyes 5ª de 1969, 91 de 1989, 50 de
1990, 100 de 1993, 238 de 1995, 489 de 1998, 700 de 2001, 812 de 2003, 962
de 2005; el Código Civil, el Código Sustantivo del Trabajo, el Código de Comercio
y los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 410 de 1971, 1045 de 1978, 2277
de 1979, 1421 de 1991, 707 de 1996 y 2831 de 2005.
9. En cuanto al concepto de violación, sostuvo en síntesis que las reglas
aplicables a la reliquidación de su pensión de invalidez deben estar bajo las
prerrogativas de la Ley 91 de 1989, que remiten al régimen anterior del sector
público, siendo estos la Ley 33 de 1985, Ley 62 de 1985 y Ley 4a de 1966, de
los que deriva que la mesada debe liquidarse con base en la totalidad de los
salarios devengados durante el último año de servicios.
10. En ese sentido la bonificación remunerativa especial de ruralidad debe
considerarse factor salarial, dado que retribuye de manera directa el servicio
prestado en condiciones especiales, razón por la cual debe integrar el ingreso
base de liquidación de la pensión de invalidez. En respaldo de esa postura, indicó
que, al ser reconocida y pagada a su favor por cumplimiento de un fallo judicial,
es soporte suficiente para exigir su incorporación en la liquidación pensional.
2.1.4 Sentencia de primera instancia2.
11. Mediante sentencia de 1.° de marzo de 2021, el Juzgado Décimo
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, negó las pretensiones de la demanda
bajo los siguientes argumentos.
12. Indicó, en primer lugar, que la demandante ingresó al servicio docente en
febrero de 1984, y que mediante la Resolución 04929 de 22 de marzo de 2003
se le reconoció la pensión de invalidez equivalente al 100% del último salario,
incluyendo como factores, la asignación básica, sobresueldo, primas de
alimentación, especial, de vacaciones y de navidad; a partir del 8 de mayo de
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“028RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_11SENTENCIA5_DemandaWeb_Demanda.pd
f”.
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Radicado: Flor Marina Vargas Velásquez
2003, reconocimiento que luego fue ajustado por la Resolución 01270 de 2004
con efectos desde el 14 de mayo de 2003.
13. Al producirse su vinculación a la docencia antes de la vigencia de la Ley 812
de 2003, se le aplicaba lo establecido en la Ley 91 de 1989, que remite al régimen
general de la Ley 33 de 1985.
14. Por lo anterior, y con las pruebas aducidas al dossier apreció que, en el
período de mayo de 2002 a mayo de 2003, la señora Vargas Velásquez percibió
determinados emolumentos, pero cotizó únicamente sobre algunos de ellos
siendo estos, el sueldo, sobresueldo, prima de alimentación y prima de
vacaciones.
15. Finalmente, frente a la inclusión de la bonificación remunerativa especial de
ruralidad en la reliquidación, ese despacho judicial precisó que, aunque esa
bonificación fue reconocida y pagada por cumplimiento de una sentencia previa,
la misma no puede integrar el IBL pensional dado que no retribuye directamente
las funciones o calidades del beneficiario, sino que busca compensar
circunstancias especiales del servicio como eventuales riesgos del docente.
16. Además, conforme al marco normativo que la consagra y la jurisprudencia
citada del Consejo de Estado, dicha bonificación no constituye factor salarial ni
prestacional para ningún efecto, por tanto, concluyó que no era legalmente
incorporable para calcular la prestación de la señora Vargas Velásquez.
2.1.5. Recurso de apelación.3
17. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la parte demandante
interpuso recurso de apelación ante la anterior decisión, con los siguientes
argumentos:
18. Señaló en síntesis, que el fallo de primera instancia: (i) aplicó indebidamente
el régimen general en vez del régimen docente, pues la señora Flor Marina
Vargas Velásquez dedicó su vida al magisterio; (ii) negó sin razón suficiente el
carácter salarial de la bonificación remunerativa especial, contrariando el
precedente constitucional de la sentencia C-1218-2001; y (iii) utilizó la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-SE-2019 que, para el caso en concreto, sería
impertinente, omitiendo la jurisprudencia contenciosa que respalda la inclusión
de todos los factores salariales en el IBL de la pensión de invalidez docente.
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“030RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_13RECURSODEAPELACION.pdf”.
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2.1.6. Sentencia objeto de revisión.4
19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección
“F”, mediante providencia del 19 de julio de 2022 confirmó la sentencia apelada.
20. El tribunal, luego de verificar que la señora Flor Marina Vargas Velásquez se
vinculó a la docencia con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003,
determinó que es destinataria del régimen previsto en la Ley 91 de 1989,
remitente al Decreto 3135 de 1968 y al Decreto 1848 de 1969, de modo que la
pensión de invalidez debió liquidarse con el último sueldo mensual devengado,
incluyendo las doceavas partes de los factores del artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, junto con aquellas sumas que constituyan salario devengadas en el año
anterior al retiro.
21.En ese estudio, el Tribunal verificó que el FOMAG reconoció la pensión de
invalidez mediante la Resolución 04929 de 2003 con el 100% del último salario,
e incluyó como factores, la asignación básica, el sobresueldo, las primas de
alimentación, especial, de vacaciones y de navidad; luego, la Resolución 01270
de 2004 ajustó la prestación, conservando los mismos factores y modificando la
fecha de efectividad al 14 de mayo de 2003. A partir de esas pruebas, concluyó
que la entidad sí liquidó la prestación con los emolumentos del año anterior y
conforme a las reglas del régimen docente aplicable, lo que descarta un yerro de
legalidad en la determinación inicial del IBL.
22. Ahora bien, frente a la pretensión de adicionar al IBL la bonificación
remunerativa especial de ruralidad, reconocida a la demandante en cumplimiento
de una sentencia del año 2011 por el periodo comprendido entre el 1.º de enero
de 2002 y el 13 de mayo de 2003. Frente a ello, el Tribunal reiteró que, según el
marco normativo vigente, la bonificación de ruralidad está expresamente definida
como una bonificación que no constituye factor salarial ni prestacional para
ningún efecto, razón suficiente para negar su incidencia en la liquidación de
cualquier prestación, incluida la aquí debatida. Además, no retribuye de forma
directa el cargo, las funciones o calidades del docente, sino que busca
compensar circunstancias especiales como zonas de difícil acceso o riesgos, lo
cual refuerza que no se trate de un factor salarial computable para el IBL.
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“033RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_16SEGUNDAINSTANCIAP.pdf”
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2.2. Del Recurso extraordinario de revisión.5
23. La causal invocada. La señora Flor Marina Vargas Velásquez, a través de
apoderado, señaló que en este asunto se configuró la causal de revisión
contenida en el numeral 5. ° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, la cual, por
su importancia aquí, se transcribe a continuación:
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación […]».
24. Los fundamentos del recurso. Para el recurrente, la providencia impugnada
vulneró el derecho al debido proceso, al principio de congruencia que debe
revestir toda sentencia judicial, lo cual sustento bajo los siguientes argumentos:
25. Explicó que la sentencia objeto de estudio careció de congruencia externa e
interna, al fundamentar la primera señaló que no pretende reabrir el debate de
fondo ni corregir apreciaciones probatorias, sino demostrar fácticamente la
irregularidad procesal que vició la sentencia, en cuanto el defecto es
determinante y, de no haberse presentado, la decisión habría podido ser distinta.
26. A partir de ese marco, reconstruyó los hechos relevantes, siendo estos que
la demandante estuvo vinculada como docente entre 1983 y 2003, y durante su
relación laboral adquirió y percibió efectivamente la bonificación remunerativa
especial, reconocida a partir de actos administrativos y del cumplimiento de una
decisión judicial en 2011, por lo que afirma que se trata de un derecho adquirido.
26. Luego, sostuvo que, aunque algunas normas que soportaban dicha
bonificación fueron derogadas, ello no elimina los derechos consolidados durante
su vigencia, porque la derogatoria produce efectos hacia el futuro y no puede
operar retroactivamente para desconocer situaciones jurídicas ya incorporadas
al patrimonio del trabajador; en esa línea, invocó jurisprudencia que reconoce
que las fuentes formales pueden desaparecer, pero el derecho laboral adquirido
se mantiene mientras subsista el vínculo e incluso con posterioridad cuando
produjo efectos prestacionales.
27. Según adujo, la bonificación tiene naturaleza salarial, apoyándose en
5 Índice 3 del aplicativo SAMAI. Archivo “2_DemandaWeb_Demanda-.pdf”
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pronunciamientos constitucionales y en criterios según los cuales integra salario
aquello que se paga habitual y periódicamente como retribución del servicio; esto
dado que fue entendida como una retribución pecuniaria habitual y periódica y,
por ello, subsumible en la noción de salario. Sobre esa base, concluyó que la
sentencia impugnada incurre en incongruencias al desconocer normas
preexistentes relevantes para el caso que, según su criterio, debían aplicarse al
juzgamiento del derecho pensional y omitir su aplicación involucraría vulneración
del debido proceso.
28. Frente la falta de congruencia interna señaló que la providencia impugnada
analizó la inclusión de la bonificación como factor salarial e incluso expuso
fundamentos que respaldarían su carácter salarial, pero terminó resolviendo lo
contrario, esto es, declarando que la bonificación no es factor salarial; allí ubica
la contradicción entre la motivación y la parte resolutiva, que denomina
incongruencia interna.
29. Finalmente, precisó que el cambio normativo posterior, no debería tener
inferencia en la reliquidación pensional, porque esa modificación operaría hacia
el futuro, por ello insiste en que, al menos hasta el retiro del servicio de la
demandante, la bonificación mantenía efectos jurídicos como derecho adquirido
con incidencia salarial para la liquidación de la prestación.
30. Insistió en que el recurso se orientaba en demostrar que la sentencia
impugnada es nula por vulnerar el debido proceso al incurrir en incongruencia,
especialmente por la contradicción entre lo argumentado y lo decidido respecto
del carácter salarial de la bonificación y su incidencia en el ingreso base de
liquidación.
2.2.1. Pretensiones. El recurrente solicitó dejar sin efectos la sentencia
impugnada y, en consecuencia, dictar sentencia en derecho, para que se acceda
a las pretensiones incoadas en el libelo introductorio.
2.2.2. Contestación
31. Tanto la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio como el procurador delegado ante esta
Corporación guardaron silencio en esta instancia.
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia.
32. Esta Subsección es competente para resolver el recurso de revisión, de
conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 y en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, contentivo del Reglamento
Interno de esta Corporación.
3.2. Oportunidad para interponer el recurso.
33. De conformidad con lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011,
cuando el recurso se fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral
5°, entre otras, podrá presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia».
34. En el presente asunto, la providencia objeto de revisión fue proferida el 19 de
julio de 2022. Por tanto, la Sala concluye que el recurso, radicado a través del
correo electrónico de la secretaría de esta Sección el 19 de enero de 2023, fue
presentado dentro de la oportunidad legal.
3.2. Problema jurídico.
35. De acuerdo con lo planteado en el recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si ¿la sentencia de 19 de octubre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
subsección “F” vulneró el principio de congruencia y con ello, el derecho al debido
proceso de la señora Flor Marina Vargas Velásquez?
36. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del
Recurso Extraordinario de Revisión; ii) el contenido y alcance de la causal 5 del
artículo 250 del CPACA y; iii) Principio de congruencia.
3.3. Normas y jurisprudencia aplicables.
3.3.1. La naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión.
37. El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:
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«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los
Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
38. La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que, por su naturaleza, el
recurso extraordinario de revisión es un medio judicial de impugnación que, por
excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las
providencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada.
39. Lo anterior, en razón a que puede ser dirigido en contra de las sentencias
ejecutoriadas proferidas por cualquiera de las autoridades que integran la
jurisdicción de lo contencioso administrativo -jueces y tribunales administrativos,
así como las subsecciones y secciones de esta Corporación-.
40. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento
de la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de
situaciones externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso
ordinario, pero que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio
de cosa juzgada.
41. En sentencia de 3 de marzo de 2020,6 la Sala Décima Especial de Revisión
de este Tribunal, expresó:
«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.
43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI
Capítulo I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –Ley 1437 de 2011-, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de
impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la
cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones
injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la
ley».7
44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir
las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en
cualquier instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces
Administrativos cuya naturaleza permita la interposición del recurso. En
consecuencia, el recurso extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es
6 Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), Consejera Ponente Dra. Sandra Lisett Ibarra
Vélez.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes
Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014.
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considerado por la doctrina8 como un medio de impugnación con la virtud de
afectar de manera excepcional el principio de inmutabilidad de las sentencias que
hacen tránsito a cosa juzgada, pues con este se abre la posibilidad de controvertir
un fallo ejecutoriado, siempre que se configure alguno de los eventos consagrados
en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.9
45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión
tiene por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión
controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas
que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del
legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa
juzgada […]».10
42. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el
debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias
probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las
providencias; iv) controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los
errores por falta de aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al
momento de resolver el caso sometido a juicio.
43. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la
procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre
una argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente
entre los fundamentos y la causal alegada.11 En la sentencia que se viene
citando, esta Corporación expresó:
«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate
propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso
extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad
8 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016,
Pág. 884.
9 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse
recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir
una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con
mayor derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al
tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia,
o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que
declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado
la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su
expedición. // 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se
propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».
10 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15-
000-2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia de 29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión,
sentencia de 13 de octubre de 2020, expediente No. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV), Consejero
Ponente Dr. Alberto Montaña Plata.
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interpretativa del juez12 o para corregir errores «in iudicando»13, sino que fue
consagrado para discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron
indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el
caso de los documentos falsos o adulterados14-, o no pudieron ser tenidos en
cuenta a pesar de ser determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas
recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho15-, o fueron
sobrevinientes a la decisión y hacen que esta última carezca de razón de ser –
como en el caso de la causal cuarta,16- o deben poder ser objeto de examen judicial
–como cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de
recurso de apelación17-.
47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia
está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la
obligación elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de
ese formalismo, debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y,
especialmente, los hechos que le sirven de fundamento y la configuran.
48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los
argumentos en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es
dable al recurrente realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas
o los juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida
ni pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el
ejercicio del derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos
ordinarios de defensa, como si se tratara de una nueva instancia.
49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder
la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la
sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo».18
12 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001-03-
15- 000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia.
13 En sentencia C- 998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los
errores in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación
indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea…».
14 Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos
falsos o adulterados».
15 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
16 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de
la sentencia.
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5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
18 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios
pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia
de 27 de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: «…
no constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate
probatorio o sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales
señaladas en la ley, cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo.
(....)». En ese mismo sentido, en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia
López Díaz, se manifestó que con el recurso extraordinario especial de revisión «(...) No se trata de
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3.3.2. El contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA.
44. El numeral 5.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo dice, a la letra, que:
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación».
45. De acuerdo con el anterior dispositivo, los presupuestos para su
configuración son los siguientes: i) que exista nulidad procesal y; ii) que esta se
origine en una sentencia que ponga fin al proceso y contra la cual no proceda el
recurso de apelación.
46. En relación con las causales de invalidación que pueden invocarse en contra
de la sentencia, se han identificado dos posiciones principales al interior de esta
Corporación. En la primera de ellas, se ha defendido la tesis de la legalidad y la
taxatividad de las nulidades, pregonando que solo pueden emplearse las
enlistadas en el Código General del Proceso y aquellas que impliquen la
vulneración del derecho al debido proceso contenido en el artículo 29 superior.19
47. Por su parte, en la segunda teoría, se ha señalado que la causal en estudio
no se configura únicamente con situaciones taxativas, sino también a través de
otras circunstancias que el juez, basado en criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y adecuación, identifique y revele en cada caso concreto como
contrarias a los mandatos constitucionales que necesariamente conlleven a
controvertir el juicio de valoración propio del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes
adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas anteriores del
proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo
de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)».
19 Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 3 de febrero de 2015, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión, Radicación 11001-03-15-000- 1998-00157-01(REV),
Actor: Sociedad de Mejoras Publicas de Cali; del 1 de octubre de 2019 radicación 11001-03-15-000-2017-
00811-00(REV), actor: Odilio Fernández Sánchez y otros; del 3 de diciembre de 2019, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, radicación 11001-03-15-000-2014-01303-
00(REV), actor: Panadería La Victoria S.A.
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infirmar la decisión judicial.20 A partir de esta última tesis se ha sostenido que:21
«[…] En esta última corriente, que admite hipótesis no contempladas en forma
expresa como causales de nulidad, la jurisprudencia ha identificado, a modo
enunciativo, ciertos casos de afectación del derecho al debido proceso, al igual
que del de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva,
admitiendo que hay lugar a revisar la sentencia de instancia por vía extraordinaria
cuando la decisión (i) es inhibitoria; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii)
transgrede el principio de la no reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que
no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que
no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi)
se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (vii) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (viii) desconoce el principio de congruencia22 bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita.
Visto lo anterior, la presente decisión acoge los planteamientos que expuso la
sentencia de unificación del 8 de mayo de 201823 proferida por la Sala Plena de
la Corporación, de manera que adhiere a la tesis que defiende la no taxatividad
de las causales de nulidad que configuran el supuesto del artículo 250 numeral 5
del CPACA. En ese orden de ideas, la nulidad predicable de la sentencia de
instancia se estructura por:
• El acaecimiento de alguna de las hipótesis que regula el artículo 133 del
CGP;
• La existencia de irregularidades que afecten sustancialmente el derecho
al debido proceso;
• Otros vicios que, sin estar relacionados con el ejercicio de valoración
probatoria y jurídica que efectuó la providencia, tengan la entidad suficiente
para que, en sede de revisión y luego de un estudio que consulte parámetros
de ponderación, razonabilidad y mesura, el juez concluya que la sentencia
objetada quebrantó la legalidad y la justicia.
En efecto, la Subsección considera que esta tesis resulta más coherente con los
valores que busca proteger el ordenamiento superior pues, de un lado, satisface
20 A esta postura se adscriben, entre otras, las siguientes decisiones judiciales adoptadas por esta
Corporación: sentencia del 8 de mayo de 2018, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación
11001-03-15-000-1998-00153-01, actor: Julio César Mancipe Estupiñán; sentencia del 7 de octubre de
2019, Sección Tercera, Subsección B, radicación 11001-33-31-035-2008-00180- 01(52615); actor: Ferney
Darío Lis Fula y otros; sentencia del 24 de octubre de 2019, Sección Segunda, Subsección A, radicación
11001-03-25-000-2014-00325-00(0997-14), actor: Carlos Januario Montero Pérez.
21 Sobre el particular se puede consultar, entre otras, la sentencia de 26 de agosto de 2021, proferida por
esta Subsección dentro del expediente con radicado 11001-03-25-000-2017-00852-00(4598-17).
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación
REV 2014-00440-00.
23 Expediente 1998-00153. La decisión sostuvo que se configura la nulidad originada en la sentencia i)
cuando se presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en
que se dictó el fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión, (actualmente artículo 133 del
Código General del Proceso) y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como
expresamente lo reconoció esta Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-
00150 y la Corte Constitucional en la Sentencia C-739 de 2001. Pero además, determinó que un fallo
inhibitorio no justificado es causal de nulidad constitucional por violación de los derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia y a una tutela judicial efectiva.
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la finalidad a la que responde el recurso extraordinario de revisión, permitiendo
que decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, pero también
garantiza el principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal
a situaciones excepcionales, en las que el peso de la anomalía sea tal que se
transgreda el núcleo esencial de derechos que se caracterizan por tener una
marcada relevancia constitucional24 y que se configuren en la sentencia».
48. Corolario, se tiene que las causales de nulidad que se pueden pregonar frente
a las sentencias ejecutoriadas no son taxativas sino enunciativas, entendidas
estas últimas como aquellas irregularidades que afecten con magnitud y
gravedad las garantías esenciales del derecho fundamental al debido proceso.
3.3.3. El principio de congruencia de las providencias judiciales.
49. En el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 se establece que la sentencia,
amén de ser motivada, debe referenciar brevemente la demanda y su
contestación y, además, plasmar el análisis crítico frente a las pruebas
legalmente recaudadas y los razonamientos que determinan la adopción de las
decisiones insertas en ella.
50. En un contexto similar, el artículo 280 del Código General del Proceso afirma
que la sentencia «[…] deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una
de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver
sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y
demás asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código
[…]».
51. A renglón seguido, en el artículo 281 ejusdem se concibió el principio de
congruencia como el ingrediente principal de este tipo de providencias, principio
que demanda que la sentencia esté «[…] en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este
código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley […]».
52. En otras palabras, se exige que esta providencia esté armónicamente ligada
con las pretensiones de la demanda y sus respectivos fundamentos fácticos y
jurídicos, así como también en consonancia con los planteamientos fijados en la
correspondiente oposición “esto es, la contestación de la demanda”.
24 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sala Especial de Decisión N.° 19, sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2017-
02369-00, demandante: Pedro José Vaca López.
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53. Por tales razones, al juez le está prohibido imponer condenas que excedan
lo pedido por el demandante «ultra petita» y/o para conceder pretensiones que
no fueron pedidas por él «extra petita».
54. Sobre el particular, en sentencia de unificación 150 de 2021,25 la Corte
Constitucional expresó:
«[…] 90. Sobre el particular, cabe mencionar que el principio de congruencia de
la sentencia previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso26, exige
que la decisión judicial debe estar acorde con los hechos y las pretensiones
esgrimidas en la demanda. Se trata de una garantía del derecho al debido
proceso que tienen las partes involucradas en una litis, que opera como mandato
general de protección en los distintos procedimientos judiciales, por el cual se
concibe que el juez solo decidirá respecto de lo discutido en el proceso y tendrá
vedado pronunciarse sobre asuntos diferentes o que no hubiesen conocido los
extremos procesales.
91. Precisamente, la jurisprudencia de esta corporación ha definido el principio
de congruencia “como uno de los elementos constitutivos del derecho
fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política, en la medida que impide determinadas decisiones[,] porque su
justificación no surge del proceso[,] [al] no responder [a] lo que en él se pidió,
debatió, o probó”27. Además, se ha establecido que cuando existe falta de
congruencia en una providencia judicial, es posible alegar la configuración de un
defecto procedimental que torne procedente la acción de tutela […]».
55. Así mismo, esta Corporación28 ha pregonado que el principio de congruencia
detenta dos matices, una interna, referida a la relación inescindible que debe existir
entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia y, una externa, que exige
conexidad entre la decisión adoptada y lo planteado tanto en la demanda como en
la respectiva contestación.
56. En oportunidad más reciente, la Sección Segunda, Subsección B de este
Tribunal29 concluyó:
«[…] En suma, lo expuesto se colige que el principio de congruencia se erige como
una verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes en
el proceso judicial, en el sentido que al juez de la causa solo le resulta permitido
emitir pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado
25 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
26 “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y
en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley (…)”.
27 Corte Constitucional, sentencia T-714 de 2013.
28 Sección Cuarta, sentencia de 14 de agosto de 2013, expediente N° 73001-23-31-000-2006-01785-
01(18580), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
29 Sentencia de 26 de octubre de 2017, expediente N° 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15), C.P.
Cesar Palomino Cortés.
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dentro del mismo, sin que sea dable dictar sentencias por fuera (extra) o por más
(ultra) de lo pedido (petita), y en caso de omitir pronunciarse sobre solicitado como
pretensión tiene el deber de explicar de forma clara las razones de tal omisión
[…]».
57. En esencia, el principio en estudio exige el respeto, la armonía y la
correspondencia entre lo pedido, lo probado y lo sustentado por las partes y la
decisión judicial que se deba adoptar en un momento determinado.
58. Pues bien, conforme con lo analizado, la Sala resolverá el problema jurídico
planteado en precedencia.
3.4. Caso concreto.
59. Interrogante único: ¿La sentencia de 19 de julio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, vulneró el principio de congruencia y
con ello el debido proceso, de la señora Flor Marina Vargas Velásquez?
60. Es de recordar que lo solicitado por la recurrente es que se deje sin efectos
la sentencia del 19 de julio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “F”, mediante la cual se confirmó
la sentencia de primera instancia, que negó la reliquidación pensional de la
señora Flor Marina Vargas Velásquez con la inclusión de la bonificación de
remuneración especial de ruralidad.
61. En ese contexto, el apoderado de la señora Flor Marina Vargas Velásquez
sostuvo que el Tribunal no adelantó un examen riguroso sobre la inclusión de la
bonificación remunerativa especial, y que, además, excedió los límites que la
norma le impone en materia de congruencia de las providencias judiciales. Según
lo afirmó, si bien el fallador realizó una valoración normativa sobre la bonificación
deprecada y concluyó que la misma constituye factor salarial, en la parte
resolutiva no dispuso la reliquidación solicitada; por el contrario, negó las
pretensiones de la demanda y confirmó la sentencia de primera instancia.
62. Ahora bien, previa resolución del planteamiento antes enunciado advierte la
Sala que los reproches planteados como incongruencia externa se encaminan,
en realidad, a controvertir la normativa que, a juicio del recurrente, debía aplicar
el sentenciador. Es por ello, que los mismos no tienen vocación de prosperar, en
tanto, como ya se explicó en acápites anteriores, este medio extraordinario no
habilita el debate sobre el criterio con el cual el juez interpretó o aplicó el derecho
en la sentencia; por ello la Sala se abstendrá de abordar dicho planteamiento.
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63. Por otro lado, el apoderado alega la vulneración del principio de congruencia
interna, al considerar que, a partir de la normativa sustancial aplicable, se imponía
incluir en el IBL la bonificación remunerativa especial de ruralidad, pero la
conclusión a la cual llego del Tribunal resultó contraria a lo analizado. Esta
censura, para la Sala, tampoco está llamada a prosperar, por las razones que se
exponen a continuación.
64. La sentencia objeto de revisión, tras efectuar una valoración normativa sobre
la pensión de invalidez de los docentes, el régimen aplicable a aquellos, y los
factores para la obtención del IBL concluyó lo siguiente : (Cita in extenso por su
importancia para resolver el problema juridico):
«5.4.3.- Conclusiones.
Como compendio de todo lo antedicho, en lo que hace al ingreso base de
liquidación, la Sala se permite derivar las siguientes conclusiones, a manera de
subreglas de interpretación normativa:
i. El ingreso base de liquidación de las pensiones de invalidez de los
docentes afiliados al FOMAG, en su aspecto temporal, refiere a la norma
aplicable a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial. Así,
quienes se rigen por la Ley 91 de 1989, tienen derecho a que su pensión se
liquide con el ingreso base correspondiente al último sueldo mensual
devengado por el empleado oficial con la inclusión de las doceavas partes de
los emolumentos percibidos durante el año inmediatamente anterior al retiro.
Por otra parte, quienes se rigen por la Ley 812 de 2003 y ostentan los derechos
de régimen de prima media, tienen derecho a una pensión liquidada sobre los
últimos 10 años o toda la vida laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley
100 de 1993.
ii. Los docentes beneficiarios del régimen pensional previsto en la Ley 91 de
1989, tienen derecho a que la pensión de invalidez sea liquidada de
conformidad con los factores previstos en el artículo 45 del decreto 1045 de
1978, junto con aquellas sumas constitutivas de salario.
iii. Los docentes destinatarios de la Ley 812 de 2003, tienen derecho a que
su pensión de invalidez sea liquidada sobre los factores de cotización
señalados en el Decreto 1158 de 1994 y en las normas de tipo legislativo o
reglamentario que modifiquen o adicionen ese listado.
5.4.4.- Bonificación remunerativa especial de ruralidad (Zonas de Difícil
acceso) – posición jurisprudencial del H. Consejo de Estado frente a si
constituye o no factor de salario para liquidar prestaciones sociales.
El artículo 134 de la Ley 115 de 1994, estableció en favor de determinados
docentes una bonificación remunerativa especial en los siguientes términos:
[…]
Posteriormente, fue expedido el Decreto 707 de 19969 a través del cual
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reglamentó el contenido de la norma señalada en precedencia, y la que se indicó
lo siguiente frente a la bonificación:
[…]
Con la entrada en vigencia de la Ley 715 de 2001, se derogaron las disposiciones
contenidas en el artículo 134 de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 707 de 1996,
sin embargo, se extendieron los beneficios de la mencionada bonificación para
los docentes que laboraran en zonas rurales de difícil acceso, y para el efecto
consagró lo siguiente:
[…]
Finalmente, el Decreto 1171 de 200411 advirtió en su artículo 5, que la
bonificación remunerativa especial de ruralidad sería reconocida en un
equivalente al 15 % del salario que los docentes y directivos docentes
devenguen, y en ningún caso constituirá factor salarial ni prestacional:
Como se observa, la normativa en cita es diáfana al indicar que la bonificación
remunerativa especial de ruralidad, no constituye factor salarial ni prestacional
para ningún efecto, lo que significa que no es posible tener dicho emolumento
para la liquidación de cualquier prestación social, incluida la pensión.
Ahora bien, desde antaño, el H. Consejo de Estado, ha fijado su posición frente
a que la bonificación plurimencionada no constituye factor de salario; al respecto
la Subsección A, de la Sección Segunda de dicha corporación, mediante
sentencia proferida el 14 de abril de 2005, con ponencia del Consejero Alberto
Arango Mantilla, en el proceso con radicación núm. 73001-23-31-000-2001-
00730-01, señaló:
[…]
Esta posición fue reiterada recientemente por la Subsección A de la Sección
Segunda de la misma corporación, quien al estudiar la inclusión de la bonificación
remunerativa especial de ruralidad para efectos de liquidar prestaciones sociales
de docentes señaló:
[…]
Conforme a la jurisprudencia en cita, mutatis mutandis, para la Sala resulta claro
que el factor denominado bonificación remunerativa especial de ruralidad, no solo
no constituye factor salarial ni prestacional por mandato legal, sino porque tal
emolumento no tiene relación directa ni con el cargo, ni con las funciones o
calidades profesionales del beneficiario, sino que pretende compensar las
especiales circunstancias en que se presta el servicio, es decir, que está
encaminada a cubrir las contingencias o eventuales riesgos en que pueda
encontrarse el docente por laborar en dichas zonas, y así lo interpretó la máxima
corporación de lo Contencioso Administrativo.»
65. Lo expuesto permite afirmar, con claridad, que el sentenciador expuso las
razones por las cuales la bonificación reclamada en el libelo demandatorio
carecía de vocación de prosperar. En efecto, sostuvo con apoyo no solo en la
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normativa aplicable, sino también en la línea jurisprudencial de esta Corporación,
que el rubro deprecado no era susceptible de incluirse en la liquidación pensional
de los docentes. Y con ello, confirmar el fallo de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.
66. Por otro lado, frente a la inaplicabilidad de la sentencia C - 1218 de 2001, se
aprecia que el Tribunal adujo que:
«[…] Para finalizar, es importante precisar que si bien el apoderado del
demandante solicita tener en cuenta la sentencia C - 1218/01, en la que se indicó
que la bonificación remunerativa especial de ruralidad, constituye una retribución
pecuniaria que se otorga en forma habitual y periódica, y por estas razones se
subsume dentro de la definición de salario, lo cierto es que el estudio que se
realizó en esa providencia, buscaba determinar la exequibilidad del contenido del
artículo 134 de la Ley 115 de 1994, norma que posteriormente fue derogada,
cuando entró en vigencia la Ley 715 de 2001, y el Decreto 1171 de 2004, esta
última normativa que dispuso específicamente que dicho emolumento no
constituiría factor salarial o prestacional, luego no es posible afirmar válidamente
que las consideraciones realizadas por la Corte en aquella ocasión, tiene la
capacidad de desconocer el mandato previsto en el Decreto 1171 de 2004, y la
posición del H. Consejo de Estado frente al tema en discusión.
Además de esto, lo señalado por la H. Corte Constitucional en la sentencia C -
1218/01, no es vinculante, pues si bien fue reseñado en el obiter dicta de la
providencia, lo cierto es que únicamente se efectuó con el objeto de establecer
si la norma estaba o no conforme a la Constitución, pero en ningún caso lo realizó
con el fin de establecer específicamente que el factor mencionado constituía
salario, y mucho menos extendió sus efectos en la parte resolutiva de tal
providencia. […]»
67. De lo transcrito se observa que el Tribunal fue enfático en precisar las razones
por las cuales la providencia invocada no podía producir efectos en la
reliquidación pretendida. Ello, en atención a que dicha decisión se limitó a
examinar la exequibilidad del precepto, esto es, en determinar si el artículo 134
de la Ley 115 de 1994 se ajustaba o no a la Constitución Política, sin que de allí
pudiera derivarse, en modo alguno, la regla según la cual ese concepto constituía
un factor computable para la liquidación pensional.
68. Con fundamento en las consideraciones precedentes, resulta evidente que
los planteamientos de la recurrente no están llamados a prosperar, en la medida
en que la sentencia cuestionada preservó el principio de congruencia y, en
consecuencia, el derecho al debido proceso de la señora Flor Marina Vargas
Velásquez. En efecto, como se advirtió, el fallador expuso de manera suficiente
las razones que lo condujeron a concluir que la bonificación remunerativa
especial de ruralidad no debía ser incluida en la prestación reconocida.
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Recurso Extraordinario de Revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00113-00 (1479-2023)
Radicado: Flor Marina Vargas Velásquez
69. En consecuencia, comoquiera que lo expuesto por el Tribunal de
Cundinamarca, guarda relación con lo debatido y decidido en las instancias
procesales correspondientes, se declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión.
3.5. Condena en costas
70. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en su versión original, 30 establece
que «[s]alvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil».
71. A su turno, el artículo 365 del Código de Procedimiento Civil prevé que:
«Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará
a las siguientes reglas:
1. [s]e condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código.
[…]. ».
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación.
72. En este contexto, atendiendo a que el recurso extraordinario no prosperó,
seria procedente la imposición de esta sanción. Sin embargo, como la Nación –
Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
no intervino en este trámite, no se condenará en costas a la recurrente.
73. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión formulado
30 Se acude a esta norma, en razón a que el recurso fue radicado en el año 2020, esto es, antes de la
vigencia de la Ley 2080 de 2021.
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Recurso Extraordinario de Revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00113-00 (1479-2023)
Radicado: Flor Marina Vargas Velásquez
por la señora Flor Marina Vargas Velásquez en contra de la sentencia de segunda
instancia proferida el 19 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “F”, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-010-2017-
00089-01, de conformidad con lo señalado en la parte motiva.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión, archivar el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del Consejo
de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes
del Código General del Proceso.
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